El pasado 29 de agosto la poeta Arabella Salaverry fue invitada para participar del Festival Internacional de Poesía de Medellín 2020.
Para más información, puede acceder en las siguientes redes sociales del Festival. También adjuntamos el comunicado de prensa del evento.
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La Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos le invita este miércoles 6 de septiembre a las 6 p.m. (Centroamérica), 7 p.m. (Panamá), al Webinar: “Una aproximación a los temas del desarrollo desde la interseccionalidad”.
La actividad estará a cargo de Cristian Otey Águila y con la moderación de Rodrigo Campos.
Para más información ver la siguiente imagen.
Durante la celebración oficial del 80 aniversario de la UCR, la representante del sector estudiantil compartió sus palabras
A 80 años de la fundación de la Universidad de Costa Rica, es imposible imaginar todos sus procesos transformadores sin la valentía, la rebeldía y el ímpetu del Movimiento Estudiantil. Nuestro papel activo y crítico como jóvenes y estudiantes no se limita al contexto universitario. Si bien, constantemente exigimos una Universidad más inclusiva, al servicio de los sectores más vulnerabilizados, y creadora de mayores y mejores oportunidades para todas las personas, gran parte de nuestras luchas las hemos dado fuera de las aulas.
Hace 50 años, en conjunto con movimientos populares y en las calles, logramos que se archivara un proyecto de Ley que le permitía a la empresa estadounidense Alcoa explotar yacimientos de bauxita en Pérez Zeledón, generando consecuencias sociales y ambientales devastadoras para el país. En el año 2000, el Movimiento Estudiantil, liderado por Eva Carazo, y en conjunto con sindicalistas, colegiales, agrupaciones ambientalistas y cívicas, impedimos la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad. En el 2007, nos unimos a las manifestaciones en oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; un tratado que, sin duda alguna, ha provocado mayor desigualdad en este país. En la actualidad, seguimos reinventando nuestras formas de lucha por la defensa de la educación superior pública, la autonomía universitaria y la permanencia del estudiantado dentro de esta casa de enseñanza en un contexto de pandemia.
Las y los estudiantes no tememos poner el cuerpo para defender las causas nobles y la dignidad humana. Abrimos camino a las grandes luchas sociales que impulsan cambios estructurales y sistemáticos en busca de sociedades más justas e igualitarias. Señalamos y combatimos las problemáticas de la sociedad y el mundo, llenamos de colores los espacios grises y ajenos, alzamos la voz y denunciamos toda forma de opresión. Incomodamos a los grupos privilegiados que sostienen sus intereses a costa de la multiplicación y normalización de las condiciones precarias de vida y la pobreza. Transgredimos las normas de control y dominación, que buscan alienarnos en una sociedad cada vez más urgente de cambio.
En la Universidad, somos la consciencia de la consciencia: demandamos una UCR que teja vínculos más estrechos y horizontales con las comunidades, que fortalezca y amplíe su sistema de regionalización, que reconozca los derechos laborales de las y los profesores interinos, que garantice espacios universitarios libres de violencia contra las mujeres.
Por ocho décadas, la Universidad de Costa Rica ha acogido nuestros sueños, nuestra diversidad, nuestras sensibilidades y conocimiento. Mediante profesionales altamente capacitados y capacitadas, nos ha enseñado de luchas y sueños colectivos, de la importancia de la solidaridad en una sociedad cada día más individualista. Nos ha permitido encontrarnos, abrazarnos, reinventarnos y hacer de cada espacio una oportunidad para aprender y construir comunidad.
Como movimiento estudiantil, tenemos la responsabilidad histórica de seguir asumiendo un papel político transformador de la realidad, siempre en busca de la justicia social y de clase. Es necesaria la construcción de un movimiento estudiantil aún más crítico, beligerante, valiente, inquieto, más lejano a los espacios de poder y control nacional, más presente, propositivo, más incómodo, más sensible. Nuestra deuda no es solo con las generaciones que lucharon y resistieron para heredarnos una UCR robusta y fortalecida; nuestra deuda es con las próximas generaciones, porque allí afuera hay intereses contrarios a los principios humanistas y solidarios de nuestra Universidad, que buscan arrebatarle a otras y otros su derecho a soñar, estudiar y a seguir escribiendo historia.
Ana Catalina Chaves Arias
Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Montesquieu señala en su libro clásico “El espíritu de las Leyes” el problema de la esclavitud de los negros, indicando que era imposible suponer “que esas criaturas son seres humanos, porque si concedemos que lo son, en seguida sospecharíamos que nosotros mismos estamos lejos de ser cristianos” sobre la base, de lo que se consideraba en aquellos años, que los negros correspondían a una especie de subhumanos, o que siendo de la raza humana lo eran de una capa inferior. Igualmente se daba por hecho que los negros habían nacido para ser esclavos, que la propia naturaleza los había hecho así, y por supuesto, que en esa condición estaban acostumbrados y lo disfrutaban.
James Otis, en 1764, señaló en su libro “Derechos en las colonias británicas”, que el derecho a la Libertad por el que se luchaba, alcanzaba inevitablemente a los negros, que la Libertad les era inalienable. Del mismo modo señalaba que el derecho a la Libertad de las colonias era igualmente el derecho de los negros a la suya, o en su lugar el derecho de los negros a la rebelión contra sus amos, y que esta rebelión no podía considerarse un crimen o un delito.
En 1772 el Reverendo Isacc Skilman, en “La oración sobre las bellezas de la Libertad”, exigía la abolición de la esclavitud, considerando además que el derecho a la rebelión contra la esclavitud era un derecho acorde con las Leyes de la Naturaleza.
Benjamín Franklin, uno de los grandes Padres Fundadores, como se le considera, de los Estados Unidos, por su participación en la lucha emancipadora, por lo demás gran científico, uno de los redactores del Acta de Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos, fue un gran abolicionista, llegando a ser Presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud.
A la lucha de Benjamín Franklin se unió Benjamín Rush, de tradición presbiteriana, médico de esos años, también vinculado intensamente al proceso independentista de las colonias, quien llegó a ser Presidente de la primera Sociedad Antiesclavista que se fundó en los Estados Unidos, quien atacaba en sus intervenciones y escritos la trata de esclavos y la esclavitud como sistema.
También se le unió a Benjamín Franklin y a Benjamín, Rush, el educador Anthony Benezet, quien también en Pensilvania había impulsado sociedades abolicionistas, entre ellas la Sociedad de Pensilvania para la Abolición de la Esclavitud.
La esposa de John Adams, también redactor del Acta de Independencia, Abigail, manifestó que si era válido luchar por la Independencia igualmente era válido luchar por la libertad de los negros, que gozaban del mismo derecho a la libertad.
El gran revolucionario Thomas Paine, el 8 de marzo de 1775, escribió en un periódico de Filadelfia, el artículo “La Esclavitud africana en América”, exigiendo la abolición de la esclavitud, pidiendo que se les concedieran tierras ya en condición de libertos, para que “pudieran ganarse la vida”.
A estos personajes se sumaron, durante los años de resistencia y de guerra independentistas, grupos de religiosos bautistas, metodistas y de manera sobre saliente los cuáqueros, opinando y actuando de manera antiesclavista. Los cuáqueros hacia 1785 habían eliminado la esclavitud en sus hogares y familias, llegando a plantear en el propio Congreso de la Unión que se legislara en ese sentido, y hacia 1783 se solicitó se declarara ilegal la esclavitud, con el apoyo de la Sociedad Amigos de Pensilvania y New Jersey.
En los gobiernos de cada una de las colonias se presentaron solicitudes y acciones en igual sentido. En Rhode Island, por influencia cuáquera, se llegó a aprobar una declaración, en 1774, en la cual se afirmaba que cualquier negro que se introdujera como esclavo sería o quedaría libre. Para ellos era un problema esencial, la lucha por la libertad de los blancos era a la vez una lucha de todas las personas, y la libertad de los blancos debía extenderse a todas las personas. Esta disposición no liberó a los negros, hasta que, cuando se incorporaron al Ejército, para luchar contra Inglaterra, se emancipó a los que participaron militarmente de esa lucha.
La patriotas y revolucionarios, principalmente, eran abolicionistas. Muchos gobernadores blancos no lo eran defendiendo el negocio que significaba el tráfico de negros. En Baltimore, en 1774, se logró acordar abstenerse del comercio de esclavos y sabotear a los comerciantes de esclavos. En 1776 en Massachusetts se declaró ilegal la trata de esclavos. Así se estableció, también, en 1776, en la Constitución de Delaware. En 1776, en New York, se avanzó con una ley, en el Congreso Provincial del Estado, que establecía una emancipación gradual, lo que no se aprobó ese año, sino hasta 1798.
En 1777 en la Constitución de Vermont se prohibió la esclavitud de cualquier persona, nacido o no en los Estados Unidos. En 1780 en Pensilvania se aceptó una ley contra la esclavitud, redactada por Thomas Paine y George Bryan. Este mismo año en Connecticut se impulsó una ley similar que se terminó de aprobar hasta 1784, año en que también Rhode Island aprobó una ley de abolición gradual, año en que la Constitución de New Hampshire la abolió.
En 1781, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Commonwealth vs. Jenninson, condenó a un blanco por haber azotado a un negro diciendo que “era su esclavo”, multándolo, sobre la base de que la Constitución estatal señala que todos los hombres nacen libres e iguales, y de que todas las personas tienen derecho a la libertad, destacando que la esclavitud no armoniza con la Constitución.
En 1804 el Estado de New Jersey abolió la esclavitud, por influencia de los cuáqueros.
En 1782, en Virginia, se establecieron, por un breve plazo, mecanismos para la manumisión de esclavos, bajo el impacto de la recién proclamada Independencia en 1776.
Mientras esto se expresaba en los Estados, en el Gobierno Federal no tenía igual eco. Las leyes que se promulgaron en esos años eran más antibritánicas que antiesclavistas. La propuesta de Jefferson, denunciando, en el Borrador del Acta de Independencia, la esclavitud, y su tráfico, “del rey cristiano de Gran Bretaña”, fue eliminada a solicitud de los representantes de Georgia y Carolina del Sur, y de otros Estados todavía esclavistas.
De esta forma está claro que durante los años de la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, durante su desarrollo y en los años posteriores hubo importantes movimientos antiesclavistas y emancipadores de los negros en Estados Unidos.
¿Qué pasó con esta lucha contra la esclavitud y el racismo en Estados Unidos que se inició en los mismos días de la lucha por la Independencia? ¿Por qué se mantuvo y acentuó el racismo, la discriminación y se impuso la supremacía blanca, en los valores dominantes de los Estados Unidos, en muchos Estados a mediados del siglo XX, con gran virulencia, que vuelve a resurgir hoy?
No se puede entender y comprender la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, sin tener en cuenta el importante papel que los negros jugaron en ella. Para los negros fue una Revolución inconclusa. Para ellos, y para los abolicionistas, la lucha por la Libertad continuó y continúa.
Los negros en la cultura y la sociedad norteamericana han significado un enorme papel, y prestigio, para esa gran Nación en todos los campos. No casualmente hoy así se reconoce en la propia ciudad de Washington, cerca de la Casa Blanca y del Congreso, con el Museo que recoge la herencia y el aporte de los negros a la cultura de los Estados Unidos. Museo construido en la Administración de Barak Obama, primer Presidente negro, con el cual parecía que se había superado este sustrato racista y supremacista blanco.
No fueron suficientes, pero sí importantes, todos los movimientos políticos y de resistencia de los negros de los Estados Unidos, especialmente a partir de la década de 1960. Sus símbolos emblemáticos, entre muchos, de esos años, fueron Rosa Parks, Martin Luther King, a quien por su lucha se le reconoció con el Premio Nobel de 1964, Ella Baker, Casius Clay, los atletas olímpicos Tommie Smith y John Carlos, Angela Davis, Malcon X, Stokely Carmichael, Harry Haywood, Thurgood Marshall, el primer Juez negro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, el propio Presidente Barak Obama, primer Presidente negro norteamericano, las actuales activistas Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse Cullors creadoras e impulsoras del hashtag, en las redes sociales, #BlackLivesMatter, “Las vidas de los negros importan”.
Los impactos que se están produciendo en Estados Unidos, con la eliminación de algunos monumentos de esclavistas, y militares confederados, y de cambiarle el nombre a instalaciones militares, que exaltan y recuerdan esos esclavistas, son hoy parte de este renacer cultural, de replantear los valores históricos culturales, de esta nueva conciencia social que adquiere fuerza moral, en Estados Unidos, con repercusiones importantes en el mundo, de propugnar por un mundo más humanista, más incluyente, sin discriminaciones y exclusiones de ningún tipo, por una revaloración de los Derechos Humanos.
Artículo compartido con SURCOS por el autor y publicado en https://wsimag.com/es/economia-y-politica/63237-mas-sobre-el-racismo-en-ee-uu
El Decanato de Ciencias Sociales, el Programa de Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica y en vinculación con el Instituto Nacional de Aprendizaje de la Región Chorotega, desde marzo de 2020 han iniciado un proceso de diagnóstico comunitario con la finalidad de conocer los impactos e implicaciones que la pandemia ha tenido en diversos territorios del país y en organizaciones de comunales.
Las docentes coordinadoras de dicho proyecto, Dylanna Rodríguez y Rebeca Gu de los proyectos TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio-ambientales específicos en el territorio nacional y TC-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas y respectivamente, señalan que el contexto de pandemia en el que se encuentra el país desde hace ya 5 meses, ha presentado diversos desafíos para la sociedad y como Universidad Pública, de ahí la importancia de esta iniciativa de diagnóstico comunitario, el cual tiene con fin “el conocer cómo distintos territorios costeros, indígenas, transfronterizos y campesinos, enfrentan la pandemia, así como las diversas implicaciones a nivel familiar, laboral, comunitario, organizativo, educativo que esta situación ha generado”, enfatizó Gu.
Desde que esta iniciativa dio sus primeros pasos, se le ha externado la invitación de participar a diversos proyectos de Acción Social, lo que ha dado como resultado la vinculación de 11 Proyectos de esta índole, 2 Programas y 1 práctica profesional de la carrera de Trabajo Social así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de la Región Chorotega, “hacen que sea posible abarcar una mayoritaria parte de territorios y generar insumos, propuestas y líneas de acción que respondan a las realidades y necesidades de esos territorios diversos, cultural, socioeconómica y organizativamente” señaló Rodríguez.
“Los medios de comunicación se han encargado de mantenernos al instante, minuto a minuto, en relación con aquello que acontece sobre todo en el valle central, pero poco se habla de los territorios campesinos, transfronterizos, indígenas y costeros, a menos que sea para criminalizar, revictimizar y vulnerabilizar a sus poblaciones, principalmente si se trata de personas migrantes” señalan las coordinadoras del proyecto.
Para Rodríguez y Gu, este proyecto representa una alternativa para posicionar reflexiones que se tejen desde los territorios y permitan visibilizar las realidades negadas y, a la vez, responder al gran desafío que implica para la Acción Social, la Investigación y la docencia el vínculo que se genera desde su quehacer con esos territorios. Asimismo, este diagnóstico permite visibilizar y concientizar sobre las violencias que se siguen gestando en los territorios, y que se hacen más evidentes en este contexto.
Algunos de los primeros resultados del diagnóstico, se dan a conocer a través de un video https://www.youtube.com/watch?v=UOK9IHbJj50&feature=youtu.be
Para mayor información, comunicarse al correo electrónico: tcukioscossocioambientales@gmail.com
La cooperación no reembolsable por 500 000 dólares estadounidenses para el Instituto Clodomiro Picado de la UCR, que comunicó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 13 de agosto de 2020, finalmente se concretó este viernes 28 de agosto con la firma oficial del documento.
Con la firma de esa cooperación, que se llevó a cabo durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, se consolida la entrega del aporte económico que ayudará al avance de las investigaciones para producir una formulación terapéutica de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Con ese posible fármaco se pretende tratar a los pacientes con COVID-19.
En la firma participó el Oficial Jefe de País, Mauricio Chacón, y la delegada ejecutiva de la FundaciónUCR, la M.B.A. Isabel Martínez Fonseca.
“Esta inyección económica significa un gran aporte tanto para los investigadores del ICP-UCR en la continuidad de sus labores, como para la comunidad costarricense en la búsqueda de soluciones para la salud pública frente a la pandemia COVID-19. Desde la FundaciónUCR extendemos un agradecimiento al apoyo brindado por la presidencia de la república de Costa Rica y por la representación del BCIE”, indicó la FundaciónUCR en su comunicado de prensa.
El logro de esta donación se da después de que el Gobierno de Costa Rica se dedicara a buscar fondos para fortalecer la producción de las formulaciones que el Instituto está realizando.
De acuerdo con el presidente de la República, Carlos Alvarado, el medio millón de dólares optimizará el proceso de producción para la formulación de anticuerpos equinos. Además, mencionó que se está gestionando un presupuesto adicional a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para llegar a producir 25 000 frascos.
“Queremos pasar de tener alrededor de seis caballos a tener unos 30; y pasar de una producción de 600 frascos a una cerca de 25 000”, detalló Alvarado.
El Dr. Adrián Pinto, vicerrector de Investigación, aprovechó el espacio otorgado en la conferencia de prensa para agradecer al Sr. Carlos Alvarado su visión de invertir íntegramente esta donación del BCIE en la producción de un posible medicamento con sello nacional.
También, agradeció al Micitt y al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), por su apoyo continuo desde el arranque del proyecto.
“Invertir en investigación es invertir en desarrollo y esperanza. En este contexto recogemos los frutos de esa inversión con múltiples iniciativas que desde las universidades se llevan a cabo para combatir la pandemia, y sus efectos, en todas las áreas del conocimiento”, afirmó el Dr. Pinto.
Desde inicios de la pandemia en marzo, el BCIE puso en marcha el “Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica” para los países socios. Este programa incluye desde donaciones económicas y de implementos médicos, hasta nuevos mecanismos de financiamiento adaptados a los sectores más golpeados por la crisis.
“Agradecemos profundamente al Gobierno de la República permitirnos contribuir en los esfuerzos para hacerle frente a esta difícil coyuntura, lo que nos permite ratificar nuestro compromiso de ser el brazo financiero de los países de la región”, recalcó Chacón.
Para el Dr. Alberto Alape Girón, investigador del ICP-UCR, este aporte permitirá optimizar los rendimientos a miras de lograr el escalamiento que el país necesita, indicó.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.
Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.
Un cargo de elección popular es irrenunciable
Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.
Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.
En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.
Renunciar es defraudar
Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.
Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.
Se trata de suplir faltas absolutas o relativas
El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.
No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.
Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.
También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.
No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación
Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).
La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).
De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.
Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.
El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.
Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.
Conclusión
Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
A SURCOS llegó esta nota escrita por Mario Cabrera Burgos en la cual refiere sobre la vida de este compañero.
«Hasta la victoria siempre, queridísimo compañero Manuel, seguirás en la memoria de nuestras luchas populares, siempre jovial, siempre alegre, siempre crítico y dispuesto a organizar y educar a tu clase.
Dirigente popular juvenil y comunitario en Concepción de Alajuelita y los Barrios del Sur a través de la Coordinadora de Barrios (CoBa), dirigente sindical en Anep – Municipalidad de San José, trabajador en APSE en los últimos años.
Sin duda un valioso compañero con gran disposición y habilidades para la educación popular participativa, la organización y movilización de familias empobrecidas en su lucha por el reasentamiento y la construcción de comunidades integrales atendiendo las mejoras en vivienda, atención en salud, educación pública, consumo popular e integración al trabajo comunitario de niños, niñas, jóvenes y mujeres, además de los varones. Una persona de gran calidad moral y política, así le seguiremos guardando en la memoria de nuestras luchas. Que descanses en paz: Manuel Calderón Campos».
El funeral fue este viernes 28 de agosto a las 10 a.m. en el cementerio Bosques de Paz, en Alajuelita.
La crisis mundial y nacional actual (con sus componentes político, económicos y sanitarios) nos presenta enormes retos y nos brinda también posibilidades. Saldremos de ella, implementando una agenda ecologista, social justa y solidaria, y no una agenda capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista.
Por lo tanto, proponemos:
1) Apoyar la re-activación de un amplio Movimiento Nacional, constituido por sectores sociales y políticos que impidan la destrucción de las conquistas sociales del pueblo costarricense, alcanzadas a un alto precio y con muchos esfuerzos. La unidad y las alianzas son imprescindibles ante enemigos poderosos.
2) La base de la reactivación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de pueblos ancestrales. Hemos visto con crudeza, pero también con claridad en estos meses, qué es lo estrictamente necesario para sobrevivir. Proponemos abandonar la economía de supuesta abundancia que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente, tanto para la humanidad como para los seres animales y vegetales que coexisten en nuestro planeta.
3) Tierra para quien que quiera trabajarla y producir alimentos: Con extrema urgencia el campesinado sin tierra debe recibirla, además, se debe reconocer el derecho a la tierra de las mujeres que la están habitando y trabajando, construyendo redes de apoyo mutuo, en producción y comercialización, fortaleciendo relaciones campo-ciudad, de manera bidireccional.
4) No es el monocultivo, plagado de pesticidas y uniforme, el que nos garantizará la sobrevivencia. Debemos impulsar de manera masiva la producción agroecológica de alimentos, tanto en la ciudad como en el campo, considerando las necesidades humanas y las de seres polinizadores y dispersores (insectos, aves, mamíferos). Debemos proteger y dispersar nuestras semillas nativas, criollas, y fomentar el intercambio de conocimiento de prácticas agroecológicas. Producir lo que comemos y comer lo que producimos, reduciendo progresivamente las cadenas de dependencia alimentaria del exterior.
5) Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que nuestras posibilidades de sobrevivencia se reducen si no contamos con buena salud. Se debe rechazar de manera radical todo lo que nos enferma y nos condena: comidas y bebidas basura, que son origen de diversas patologías y factores de riesgo como diabetes e hipertensión, sobrepeso, obesidad, etc.
6) No es solo con una producción y un consumo más racional y más local que sobreviviremos, sino que también es necesaria otra realidad de producción y consumo basada en la economía social solidaria, en la autogestión de los recursos verdaderamente cooperativa, basada en la organización local, tanto rural como urbana.
7) Debemos conducirnos hacia un modelo de verdadera democracia participativa y de control y defensa del territorio local y nacional, incluido el de nuestros propios cuerpos. Existe una necesidad de constituir unidades locales de poder real para la toma de decisiones políticas sobre los usos del territorio y sus recursos, para potenciar un bienestar integral y distribuido equitativamente, por sobre los procesos de acumulación por desposesión que trata de validar el desarrollismo globalista, amparado en estructuras institucionales centralizadas y con jerarquías complejas cooptadas por el poder hegemónico.
8) Nos comprometemos a luchar contra la implementación del programa neoliberal que propone esta administración, basado en el desmantelamiento de las conquistas sociales de nuestro pueblo, el ultra-endeudamiento y la venta de activos estatales y empresas públicas. Todo abuso, todo privilegio insultante debe ser eliminado. Aspiramos a una sociedad caracterizada por la ecosuficiencia, la ecoeficiencia y una distribución social de la riqueza que asegure una vida digna a todas las personas y no opulenta para unas pocas.
9) Rechazamos la falsa premisa que el desarrollo minero y petrolero será una solución económica para los problemas del país y sus pueblos. No es con más destrucción y más contaminación que lograremos una sociedad ambientalmente sana y socialmente justa. Urge un diálogo real sobre la matriz energética que necesitamos. El futuro no es el oro ni el petróleo.
10) El pueblo debe tener acceso a una renta básica universal, como derecho humano. La riqueza, inmoralmente súper acumulada durante las décadas pasadas en manos de una pequeña élite, debe ser redistribuida. Un nuevo pacto social se hace necesario. Es la única forma de evitar un derrotero violento.
11) Nos unimos al llamado de otros movimientos sociales de impulsar una Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria.
12) Con los pueblos indígenas, hacemos un llamado a sumarse respetuosamente a sus agendas de trabajo en pro de la recuperación y defensa de sus tierras y territorios, el empoderamiento del recurso hídrico, el respaldo a las prácticas culturales de producción e intercambio de trabajo, apoyo a los sistemas de uso tradicional de los recursos naturales (para alimento, medicina, materiales), a las fincas multicultivos (por su diversidad de productos), y al manejo comunitario de los bosques desde su cosmovisión.
13) Es momento de hacer rupturas claras con el orden impuesto que por más de 30 años ha corroído la institucionalidad del Estado. Las dificultades del gobierno para atender en lo económico las necesidades más básicas de la población en media pandemia, es una clara muestra de los efectos nocivos del desmantelamiento institucional y el sobreendeudamiento público. Sin resolver las condiciones básicas para la estabilidad social en el país, es políticamente inviable iniciar un diálogo.
14) Como movimiento ecologista creemos que el diálogo es necesario y urgente, pero con condiciones claras: requerimos de espacios transparentes, respetuosos, efectivos, participativos, que lleven soluciones en distintos niveles (corto, mediano y largo plazo), y no con agendas definidas con anterioridad y a la medida de los grandes grupos de poder económico. Un diálogo que nos lleve a disminuir las desigualdades históricas, y camine hacia una justicia social, ambiental y de género.
RESUMEN DE LA INTERVENCION DE MANUEL HERNANDEZ VENEGAS, EN REPRESENTACION DE BUSSCO, REALIZADA EL 25/ AGOSTO/2020
Señor Víctor Morales Mora, Presidente
Señores Diputados y Diputadas
Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración
Estimados señores y señoras diputadas:
En representación del BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL COSTARRICENSE (BUSSCO), atendemos la audiencia que se nos concedió acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, N° 21366.
A manera de introducción, permítasenos hacer la siguiente acotación, de previo a referirnos a los 4 aspectos sustanciales que vamos a desarrollar en esta exposición:
CUESTION INTRODUCTORIA:
Este texto que se nos consultó, corresponde a una versión sustitutiva del proyecto original, cuya redacción fue asesorada por OCDE y el Banco Mundial.
BUSSCO denuncia que en la redacción de este texto sustitutivo, no tuvieron ninguna participación las organizaciones sindicales que representan los legítimos intereses de las y los servidores públicos.
Esta iniciativa legislativa, impulsada por el Gobierno de la República, se enmarca, por una parte, dentro de aquella lógica neoliberal que desplaza la responsabilidad de la crisis fiscal contra las personas que laboran en el sector público, y por otra parte, se corresponde con la gobernanza que caracteriza a la actual Administración, de corte unilateralista, excluyente de la participación oportuna de los agentes sociales en la discusión de las cuestiones laborales, sociales y profesionales que resultan de su legítimo interés.
Por contrario, a una política de gobierno democrática, como lo ordena la reforma del artículo 9 de la Constitución Política (CO POL), que promueva la participación efectiva y oportuna de la ciudadanía, este proyecto de ley, y otros que están al hilo en la corriente legislativa, se han impulsado dejando a los sindicatos totalmente excluidos, sin la menor posibilidad de incidir en el contenido de estas insidiosas iniciativas legislativas.
Ese estilo de gestión política refleja un altísimo déficit de gobernanza democrática.
OBSERVACIONES AL PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO
A continuación desarrollaremos, de manera sistemática, cuatro observaciones acerca de este proyecto de ley.
1.- El proyecto de ley parte de una premisa constitucionalmente infundada
En primer lugar, tenemos que señalar que este proyecto parte de la premisa que de “conformidad con el imperativo constitucional [solo es pertinente] un único régimen general de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno”.
Esta premisa es inexacta, no se corresponde con los alcances que tiene el artículo 191, en relación con el artículo 192 CO POL.
La Sala Constitucional interpretó estas normas constitucionales, definiendo, por un lado, que configuran un sistema de principios que tutelan los derechos de los servidores públicos, y por otro lado, garantizan la eficiencia de la prestación del servicio público. Pero, de ninguna manera impiden que puedan coexistir en la Administración Pública, una pluralidad de regulaciones normativas, como efectivamente existen, en materia de empleo público, siempre que se correspondan con aquellos principios que se derivan de las normas constitucionales señaladas (Ver entre otras, sentencia N° 6240-93 de Sala Constitucional).
El establecimiento de un régimen exclusivo de empleo en la función pública, configurado legalmente, que discipline preceptivamente de manera unitaria todos los componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, que comprenda uniformemente todos los Poderes del Estado y sus instituciones, no se concilia con el corpus iuris de la Constitución.
2.- El proyecto vulnera la autonomía constitucional de CCSS, universidades públicas y municipalidades
El artículo 2° delimita el ámbito de cobertura del proyecto, que comprende las relaciones de empleo de las personas que prestan sus servicios en los Poderes de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, sector público descentralizado, instituciones autónomas, universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social, empresas públicas estatales y las municipalidades.
Es decir, su ámbito se extiende prácticamente a toda la Administración Pública, central y descentralizada, salvo muy pocas excepciones (entes públicos no estatales, instituciones públicas que operan en un ambiente de competencia).
Aquí el proyecto contiene otra grave incoherencia, porque desprecia que nuestro constituyente configuró un diseño político-constitucional que articula la Administración central y la descentralizada.
Este esquema constitucional implicó la creación de un conjunto de instituciones públicas, a las que se les reconoció autonomía, en diferentes grados.
Así por ejemplo, en un segundo grado de autonomía, tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social, que se le reconoció autonomía de gobierno y administración de los seguros sociales, de conformidad con el artículo 73 de CO POL.
En un nivel superior, tenemos las universidades públicas, que tienen autonomía plena (Voto N° 1313-93), y también a las municipalidades.
Tratándose del alcance de estas autonomías, la jurisprudencia constitucional establece que esas instituciones tienen competencia propia para dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio, para garantizar la prestación eficiente del servicio público encomendado, dentro de cuya potestad constitucional pueden establecer las disposiciones reglamentarias concernientes del régimen de empleo de sus servidores (Voto N° 3403-1994, Voto N°6256-94, Voto N° 2011-15655).
En el caso particular de la autonomía universitaria, la Sala Constitucional estableció que comprende el “poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución No.495-92).”
Entonces, la autonomía de la CCSS, las universidades y las municipalidades, marca una barrera constitucional infranqueable, que impide que estas instituciones queden sometidas a la rectoría política y normativa de MIDEPLAN, salvo que sea a contrapelo de aquellas normas constitucionales.
3.- MIDEPLAN se trasmuta en un mega-ministerio
La centralidad del proyecto radica en la gobernanza unilateral que se le atribuye a MIDEPLAN de todo el conjunto del sistema de empleo público: la gestión del empleo, reclutamiento y selección de personal, desarrollo, la compensación (remuneraciones), rendimiento, evaluación del desempeño y la gestión de las relaciones laborales.
Con esta finalidad se atribuye a MIDEPLAN amplísimas competencias, materiales y funcionales, de muy variada naturaleza jurídica, que se desarrollan a lo largo de un kilométrico artículo, de carácter reglamentista, el artículo 7, que contiene 15 incisos que desarrollan las múltiples atribuciones que se le confieren a ese Ministerio.
En términos generales, las competencias que se otorgan a MIDEPLAN van desde la emisión de políticas, directrices y lineamientos reguladores del empleo público, hasta normas preceptivas y resoluciones administrativas, que, además, le atribuyen el establecimiento e implantación de un único régimen de remuneración en la función pública: la columna salarial global, aplicable a nuevos empleados, cuyo modelo y metodología, es absolutamente opaco, incomprensible e impresentable.
MIDEPLAN se transforma en un supra-ministerio, que gobierna, dirige, regula, disciplina y prácticamente administra todo el conjunto del sistema de empleo público, cuyas políticas, directrices y resoluciones son vinculantes, las cuales deben ser ejecutadas por todas las unidades de recursos humanos, sometidas a su mandato inexorable.
Más allá de una relación de rectoría o dirección política, congruente con el artículo 25 de la Ley General de Administración Pública, el proyecto le atribuye a MIDEPLAN potestades exorbitantes, que lo configuran como un Mega-ministerio de Recursos Humanos, que deja a las instituciones cubiertas en una situación de subordinación jerárquica, situación que no se concilia con la naturaleza jurídica de la rectoría o potestad de dirección del Poder Ejecutivo.
4.- La destrucción de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo en la función pública
Además, que el proyecto de ley centraliza la gobernanza política y normativa del empleo en MIDEPLAN, cierra todo espacio a la negociación colectiva de las condiciones de empleo en la función pública.
Nos interesa resaltar que el proyecto original, en el artículo 3, concerniente a los Principios rectores, contempló el principio de negociación colectiva:
(…) Principio de negociación colectiva: El derecho de negociación colectiva corresponde a empleadores y sus organizaciones por una parte y las organizaciones de personas trabajadoras por otra (sindicatos, federaciones y confederaciones), de conformidad con el artículo 688 y siguientes del Código de Trabajo.”
Asimismo, el último inciso de este mismo artículo remitió supletoriamente a los “principios de la legislación laboral”
Pues bien, el texto sustitutivo no sólo eliminó, de un plumazo, esta disposición, lo cual no es nada sospechoso, sino que viene a reforzar un esquema autoritario de gobernanza de la función pública, que excluye absolutamente la participación de los sindicatos en la determinación de las condiciones de empleo, en una hoja de ruta muy peligrosa, de abierta afrenta y confrontación de los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.
En este análisis de dicho proyecto, nos interesa citar un reciente pronunciamiento de la última REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE OIT (CEACR), celebrada en febrero de este año (2020).
El informe estableció acerca del (…) Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1960) lo siguiente:
(…)
Artículo 4.- Negociación colectiva en el sector público (…)
(…) La Comisión subraya que desde hace numerosos años viene examinando una serie de obstáculos a la plena aplicación del artículo 4 del Convenio en el sector público del país.
A este respecto, la Comisión recuerda que todos los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado (por ejemplo, los empleados de empresas públicas, los empleados municipales y los de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de los transportes) deben poder gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones y que, si bien las singularidades de la Administración Pública hacen necesario cierto grado de flexibilidad, existen mecanismos que permiten compaginar el respeto de las disponibilidades presupuestarias, por una parte, y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, por otra.
Recordando sus observaciones anteriores, la Comisión confía en que, en consulta con las organizaciones sindicales representativas del sector, el Gobierno [de Costa Rica] tomará todas las medidas a su alcance para reforzar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios (…)”
En lugar de fortalecer la negociación colectiva, como lo reconvino el informe CEACR, el proyecto suprime toda instancia de negociación de las condiciones de empleo de las y los funcionarios de la Administración Pública, incluyendo las remuneraciones.
Desde luego que no podríamos pasar esta audiencia dejando inadvertido el Memorando Técnico del Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza de OIT, rendido a solicitud de esa comisión legislativa, que usted, don Víctor, tiene el honor de presidir.
BUSCCO celebra la decisión tan acertada de esa Comisión Legislativa de consultar este proyecto a OIT.
¿Pero que estableció dicho Memorando de OIT?
El memorial advierte serias inconsistencias en las normas transitorias del proyecto, relacionadas con los derechos adquiridos o en curso de adquisición y además, en materia de igualdad y no discriminación, como medidas que se echan de menos para corregir la brecha salarial que tanto afecta a las mujeres.
De este memorando nos interesa resaltar dos aspectos, que si nos queda tiempo, al final, trataremos de volver acerca de estas observaciones:
En primer lugar, destaca que el proyecto no se refiere a los derechos colectivos, particularmente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.
Se recomienda, por mínimo, incluir una referencia de los derechos colectivos de las y los servidores y sus organizaciones sindicales, que podría ser un reenvío a las disposiciones normativas pertinentes.
Además, recomienda que se aclare la articulación entre el nuevo mecanismo de fijación de las remuneraciones (la denominada “columna salarial global”) y los procesos de negociación colectiva, actualmente aplicables en el sector público, de manera que se cumpla el Convenio N° 98 OIT.
En segundo lugar, advierte que el proyecto tampoco contempla espacios de consulta con las organizaciones de las personas servidoras públicas, en los asuntos que son de su legítimo interés, de conformidad con los principios de libertad sindical, Recomendación N° 113 OIT y Convenio N° 151 OIT.
El Memorando de OIT viene así a confirmar la consistente posición de los sindicatos, que denunciaron el carácter autoritario, excluyente, discriminatorio y antisindical del Proyecto Marco de Empleo Público, redactado en los consistorios secretos de OCDE y el BANCO MUNDIAL, que dejó en estado de absoluta interdicción la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de consulta y participación de los sindicatos en las cuestiones que son de su legítimo interés.
Por otra parte, la misma Procuraduría General de la República, cuya posición conservadora es de sobra conocida, advirtió que la regulación de las remuneraciones contemplada en el proyecto de ley, cuya escala global única la fijará exclusivamente MIDEPLAN, puede violentar el C.98 OIT:
“(…) no puede desconocerse que vía decreto se creó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, como una instancia de negociación con organizaciones sindicales y gremiales, en relación con los ajustes salariales de dicho sector y sus componentes (Decreto No. 35730-MTSS de 14 de enero de 2010) y que, por disposición legal expresa, sus acuerdos son vinculantes (art. 695 del Código de Trabajo vigente, introducido por la Reforma Procesal Laboral). De modo que habría que valorar las implicaciones que las reformas propuestas tendrían, por un lado, de cara a un eventual incumplimiento de los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, y recomendaciones 159 y 163, por desestimular el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Y por el otro, el eventual roce de constitucionalidad al atribuir al Consejo de Gobierno funciones que son propias del Poder Ejecutivo –stricto sensu “(OJ-107-2020 DE 20 DE JULIO DE 2020).
El Gobierno de la República de Costa Rica y las autoridades políticas no pueden seguir el camino desenfrenado de continuar desatendiendo los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.
Nuestra adhesión a la OIT implica la obligación que tiene el Estado costarricense de observar estos pronunciamientos y adecuar nuestra legislación a los convenios internacionales.
En resumen, se trata de un proyecto un proyecto impresentable, fallido jurídicamente, constitucionalmente inviable, inasumible, insubsanable, que se vuelve contra los estándares de OIT en materia de Libertad Sindical y los estándares de los Estados democráticos modernos.
Por los anteriores motivos, BUSSCO se opone a este lesivo proyecto de ley, un verdadero Frankenstein jurídico, solicitando, en consecuencia, que sea dictaminado negativamente y, en definitiva, rechazado por esa Comisión.
¡Muchas gracias!
Manuel Hernández Venegas
*Imagen ilustrativa.