Autor: María José Ferlini Cartín

Isabel López Ulloa*

Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.

Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.

Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).

En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.

¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).

A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.

A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.

En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.

Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.

Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.

Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.

Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.

En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.

Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.

Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.

¡Desmitifiquemos la violencia!

* Trabajadora Social

Referencias

Academia Americana de Pediatría (2015). Las experiencias infantiles adversas y las consecuencias del trauma para toda la vida. Disponible en https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf

Código de niñez y adolescencia (2003). Disponible en https://www.acnur.gorg/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9503.pdf

Observatorio de violencia de genero contra las mujeres y acceso a la justicia (2020). Violencia doméstica. Disponible en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

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