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Autor: María José Ferlini Cartín

Feria de la Salud de la Mujer-edición 2020 llegará a los hogares de forma virtual

En el marco de la tercera edición de la campaña: cambien el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres MUSADE organiza por primera vez de forma virtual este año 2020, la feria de la salud de la mujer

Ser mujer en una sociedad patriarcal es un factor de riesgo para su salud. Las mujeres enfrentan una serie de problemas de salud que tienen una base sociocultural que afecta su salud integral por la doble o triple jornada de trabajo, la violencia y el estar históricamente sometidas a presiones sociales y sobrecarga de las labores de cuido y del hogar.

Estas relaciones sociales de distribución sexual de las tareas, ha hecho que los cuerpos de las mujeres, su mente y todo su ser, estén en constante presión, situación que se agudiza cuando además deben enfrentar un sistema de salud, que carece de sensibilidad y de un enfoque de derechos que violenta y somatiza. Bajo esta óptica, es fundamental accionar para contribuir en poner en la agenda de las mujeres y de la sociedad en general la discusión sobre lo que pasa con la salud de las mujeres, pero desde la perspectiva de derechos y de género, -a veces olvidada- a la salud integral, física y mental de las mujeres de todas las edades.

Traer las voces y experiencias de las mujeres sobre la forma como están entendiendo y viviendo su salud física y mental es fundamental para reconocer sus derechos ganados y por conquistar en esta área de su vida, a veces olvidada o atendida de forma marginal.

La organización de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), en el marco de la Campaña “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres” ha decidido incorporar en su agenda, una Feria de la Salud de la Mujer, que incorpora un conjunto de actividades a realizarse días 2,3,4, y 5 de septiembre del presente año.

¡Les invitamos a que nos acompañen, participen! ¡Compartan sus vivencias y propuestas!

Los detalles de la campaña puede consultarlos en la página: http://campanna2020.musade.org/

Melissa Cruz Cordero 8451 1510.

Resultados del Foro Agropecuario: alerta roja en el agro costarricense

German Masís

Se realizó ayer miércoles en el Colegio de Periodistas el Foro Alerta Roja en el Agro Costarricense, con la participación de: Guido Vargas Secretario General de Upanacional, Mainor Cruz, Gestor de la Corporación Arrocera Nacional, Martín González, Presidente de la Corporación Hortícola Nacional, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería y Welmer Ramos, Diputado y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

La moderada ubicó el foro en la perspectiva de la importancia de la actividad agrícola, que genera en la actualidad, 233.500 empleos según el INEC y aporta el 40% de las exportaciones y en la que la pequeña producción representa 93 mil fincas agrícolas de acuerdo al último Censo agropecuario, así como en la urgencia de encontrar soluciones a los tradicionales problemas del agro costarricense.

Guido Vargas, planteó de inicio que la seguridad alimentaria del país está en alerta roja y que los políticos y dirigentes no lo entienden.  Mencionó que los pequeños agricultores son sobrevivientes de las políticas económicas de liberalización y apertura que desde hace varias décadas los han afectado y que los tratados de libre comercio (como el TLC USA-CA) han ido en la misma dirección de poner en peligro la producción nacional.

Indicó que nadie defiende a los agricultores, como los productores de plátano, que al igual de los de otros productos, tienen que vender su producto barato a los comerciantes y empresas.  Dijo que los precios de los productos agrícolas debieran regularse para hacerlos más justos, porque el mercado no se regula sólo.

Recordó que las organizaciones desde hace varias décadas han hecho propuestas de reactivación productiva, para favorecer a los pequeños productores, con políticas de producción, de agroindustrialización y de comercialización, pero no han sido atendidas por los Gobernantes. Además, agregó que a veces se olvida que el deterioro de los productores agrícolas afecta a los consumidores que adquieren los alimentos.

Mainor Cruz de CONARROZ, indicó que en la actividad arrocera participan más de 500 productores, que ésta genera más de 33 mil empleos directos e indirectos y provee el 45% del consumo nacional de este producto, por lo que afirmó que cualquier acuerdo sobre la producción de arroz es fundamental para el país.

Mencionó que los acuerdos a que llegaron recientemente los diferentes actores de la actividad arrocera son muy importantes para el fortalecimiento del sector arrocero, entre ellos:

  1. El mecanismo de regulación del precio es beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado que ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable.
  2. Mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que éste pueda continuar en la actividad, ya que la liberalización del precio desmantelaría la estructura productiva existente.
  3. Es importante la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo.
  4. Es necesario mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, todos los países tienen aranceles para proteger su producción.
  5. El impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.

Concluyó que debemos cuidar la producción local, debemos apoyar la producción de granos básicos, porque la producción de alimentos es estratégica para el país.

Martín González de la Corporación Hortícola, manifestó que la agricultura es gran generadora de empleo, de más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, por eso en esta pandemia se debiera decretar emergencia nacional la actividad agrícola.

Afirmó que son necesarias varias acciones de apoyo a esta actividad, como respaldar a las organizaciones en sus esfuerzos productivos y por una comercialización más justa de sus productos, reestructurar el PIMA-Cenada que está manipulado por unos pocos grandes comerciantes y permitir más agricultores oferentes, buscar una flexibilización de los seguros agrícolas, con la creación de un régimen especial para los agricultores, facilitar créditos accesibles a los agricultores, permitir la inscripción de nuevos insumos con moléculas mejoradas para ayudar a los productores.

González mencionó que el productor necesita: crédito viable, ventas justas y claras, seguros de cosechas e insumos más efectivos; luego se debe pensar en la agricultura de precisión y en la agricultura con valor agregado.

Recordó que la Corporación ha incluido todos estos aspectos en las propuestas que ha presentado a las autoridades del sector y que ésta organización es un ejemplo como experiencia de manejo postcosecha y comercialización de productos hortícolas.

Renato Alvarado expuso que entiende las desventajas que vive la pequeña producción nacional y que es claro que no ha habido una política que incluya la agenda de necesidades de este sector, y que no se ha dado la discusión sobre los problemas de los productores nacionales para competir con los productores de otros países que reciben subsidios de los Gobiernos, como por ejemplo el programa FARM Bill de los Estados Unidos, que subsidia a los productores de ese país y tiene un subsidio directo al seguro de cosecha de los agricultores.

Mencionó que hay discusiones que tenemos que dar, sobre los subsidios y aclarar que ningún productor nacional recibe subsidios y que por el contrario tiene que vender sus productos por debajo del costo.  También sobre la disparidad en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial existentes en los tratados comerciales y sobre los bajos precios que reciben los agricultores de comerciantes y empresas.

Reconoció que hay que dar un debate sobre la situación estructural del sector, sobre el modelo desarrollo agropecuario vigente, sobre los costos asociados a la actividad en seguridad social, combustible, electricidad, etc., que encarecen la producción, en relación a los de otros países con los que compiten los agricultores.

Dijo que el Ministerio de Agricultura ha estado desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades del sector, en producción de semillas, tecnología de producción, comercio, acceso al crédito y readecuación de deudas, generación de mercados directos, territoriales e inteligentes.

Según el Ministro, se está trabajando en otros aspecto como el aumento de las compras públicas agrícolas, mediante el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional(PAI) y una mayor participación de los pequeños agricultores en las ventas de ese programa,  el des trabamiento del registro de insumos agrícolas que debe considerar los factores de salud, ambiente y efectividad en el uso(y evitar la compra de insumos no autorizados a altos precios), el establecimiento de un seguro de cosechas que vincule riesgos, seguro y avales, porque el seguro actual del INS es muy caro para los agricultores.

Alvarado concluyó que desde el MAG se ha implementado la transformación del agro y se ha garantizado que el sector siga produciendo a pesar de la pandemia.

Welmer Ramos afirmó que no hay una retribución justa al trabajo del agricultor, que hasta ahora cualquier esfuerzo para aumentar la productividad en las actividades agrícolas, se queda en la comercialización final que está en manos de unos pocos, así por ejemplo el Cenada está tomado por unos pocos comerciantes “tagarotes”, que no permiten el ingreso de más agricultores.

Se preguntó por qué eso no ocurre en las actividades de leche, café o caña de azúcar y dijo que es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización que garantiza la participación justa de todos los actores, mientras que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos, reiteró.

Es necesario dijo, juntarnos todos para prohibir pagar a los agricultores por debajo del costo, que haya seguros agropecuarios, fortalecer la asociatividad para aumentar la escala de producción, crear cadenas de comercialización, fortalecer las compras públicas agrícolas a los pequeños agricultores y establecer centros de valor agregado para integrar los procesos de producción.

Según el Diputado Ramos, el problema ha sido que el Ministerio de Agricultura depende del Ministerio de Hacienda que ha impuesto sus políticas neoliberales que no favorecen a la pequeña agricultura.

La moderación del foro, insistió en la urgencia de definir cuándo habrá soluciones para la agricultura nacional, ante lo que el Ministro de Agricultura señaló que la próxima semana se reunirá con las organizaciones agrícolas para identificar soluciones a los problemas del sector.

Al cierre del evento, unos de los productores que también participó de manera virtual realizó un comentario que resume las preocupaciones expuestas, al decir que “los agricultores teníamos problemas y ahora estamos peor”, revelando la cruda realidad de la agricultura nacional y en especial la difícil situación de la pequeña producción.

LOS EMBUSTES DE #FIFCO (tercera entrega y última por ahora)

Embuste: “mentira disfrazada con artificio” (DRAE)

FIFCO: Florida Ice and Farm Company S.A., más conocida como la Cervecería Costa Rica.

Seguimos con estos comentarios críticos a un video que hace unas semanas publicó #FIFCO con el título “El que nada debe nada teme”.

En la primera entrega señalé el engaño de FIFCO al plantear que todas y todos los costarricenses podemos acceder a las declaraciones de impuesto sobre la renta de sus empresas o simplemente llamar a la central de Ministerio de Hacienda para verificar los montos que han pagado.

En la segunda, cuestioné la supuesta transparencia fiscal del holding (eufemísticamente comparada en su video con una abuelita que no paga impuestos) pues presentan cifras que no se pueden comprobar; cifras engañosas sobre el total de impuesto pagados, donde incluyen tributos que en sentido estricto no son pagados por las empresas sino por las y los consumidores, como es el caso del IVA; y porque omiten datos sobre la última amnistía tributaria.

Podríamos señalar otras inconsistencias y exageraciones contenidas en ese video. De igual forma, reconocer que presentan algunas aclaraciones pertinentes, como la diferencia entre un representante legal de una empresa y el capital de las personas accionarias.

Pero la pregunta es: si se trata de una empresa tan grande, asentada entre otras cosas en la explotación casi gratuita del equivalente tico a un pozo petrolero (nuestras fuentes de agua); que es de las que pagan más impuestos por el volumen de sus operaciones; empresa que se presenta como modelo y seguramente lo es en diferentes aspectos; que le da trabajo a tanta gente y en buena hora si lo hacen con responsabilidad social; que presume de sostenibilidad y transparencia, etc. etc. etc….¿POR QUÉ NECESITA RECURRIR A EMBUSTES PARA “DEFENDERSE”?

He aquí el tercero

  1. LA IDEALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS Y LA IMPRECISIÓN EN DATOS SOBRE EMPLEO

Según FIFCO, la abuelita, sus hijos y sus nietos son parte de algo así como un mundo maravilloso, el de las empresas privadas, del que debemos estar orgullosos y que “en este momento, más que nunca, están cuidando a 9 de cada 10 familias en el país …” !!!

Fantasía, propaganda, mentira descarada, no sé….cada quien póngale el nombre que quiera. Lo cierto es que esa idealización dista mucho de los dramáticas situaciones de desempleo, sub-empleo, precarización del empleo, informalidad, pobreza y pobreza extrema, que ya existían desde antes de la pandemia y que se han agudizado con la misma. Igualmente, son imprecisos los datos en cuanto los segmentos de trabajadoras y trabajadores independientes (no asalariados) y a la distribución entre sector público y privado.

Entonces, sugerencia respetuosa para doña Gisela Sánchez y para #FIFCO: si quieren hablar con la verdad y con precisión sobre empleo en Costa Rica, denle aunque sea un vistazo general a los datos del INEC o del Estado de la Nación sobre el tema. La propaganda sobre este tema está de más y resulta ofensiva en el contexto de la actual crisis social, económica y sanitaria que vivimos.

Y al mismo tiempo preguntarles: ¿de cuáles empresas privadas debemos estar orgullosas y orgullosos?

¿De las piñeras y otras mono-cultivadoras; o empresas de construcción y otros sectores que explotan mano de obra de migrante bajo condiciones precarias y hasta infra-humanas?

¿De las que incumplen derechos laborales básicos que son parte de nuestro Estado Social de Derecho?

¿De las empresas que depredan y contaminan nuestros recursos naturales?

¿De las que evaden, eluden impuestos y/o viven del contrabando?

¿De las que se niegan a una contribución solidaria en el contexto de la actual crisis?

¿De las que tienen grandes privilegios fiscales en zonas francas, operando en gran desigualdad respecto las que trabajan fuera de esos paraísos fiscales locales?

¿De las que participan del lavado de dinero en nuestra economía, actividad que alcanza niveles multimillonarios señalados recientemente por el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves?

¿De las que participan en prácticas de corrupción que desangran los recursos públicos? ¿O es que la corrupción en el sector público no tiene una contraparte en el privado?

A ver, si ustedes en FIFCO dicen ser una empresa modelo de sostenibilidad y responsabilidad social, como muchas otras empresas del país, deben por ello tener claro que el mundo de las empresas privadas no es homogéneo ni tan romántico como lo pintan en su video, como tampoco lo es el sector público donde muchas cosas deben mejorar. Es decir, hay empresas modelo y en buena hora. Pero esa característica no es aplicable a la totalidad.

Hay empresas inmensas con grandes ventajas, pero la mayoría son pequeñas o medianas que con costos subsisten.

Pero en todo caso, ¿para qué seguir alimentando esa oposición entre lo público y lo privado a partir de generalizaciones maniqueas donde unos son los buenos (casi héroes) y los otros son los malos (casi villanos)?

En lo personal, participo de una visión de complementariedad entre el sector público y el privado, reforzada con una economía social y solidaria robusta, para dinamizar nuestro desarrollo. Y que bajo condiciones de igualdad y equidad, tenga claras exigencias de responsabilidad social, ambiental y fiscal, para todos pero donde los que más tienen más contribuyan.

Por eso, esa generalización romántica sobre las empresas privadas me resulta ofensiva en un contexto en que, ni desde el mundo privado ni desde el público, se han logrado detener la creciente desigualdad, pobreza, informalidad y desempleo que sufren grandes segmentos de la población, como resultado de un modelo que favorece la acumulación para pocos y ha debilitado los mecanismos de distribución para las grandes mayorías.

Pero bueno, a lo mejor lo que FIFCO quería era hacer propaganda, como la que hacen para vender agua (pura, te-ñida o fermentada) a precios de hidrocarburos o superiores. Pero entonces no presuman verdad y transparencia. Porque con tantos embustes, son ustedes mismos los que ponen en duda su reputación, frente a una ciudadanía cada vez más informada y crítica.

Por eso, a quienes aplaudieron y se creyeron acríticamente el cuento de la abuelita, cabe recordarles un fragmento de otro: “Abuelita ¡que dientes tan grandes tienes!”.

Y como pueden ver en la foto que adjunto como ilustración (tomada del Reporte Integrado 2016-2017), se trata de una “familia” integrada por gente bien acaudalada. La acumulación de riquezas no es un cuento, es una cruda realidad frente una crecientes pobreza y desigualdad. Por eso merece toda nuestra atención, reflexión y análisis como ciudadanos y ciudadanas.

Estudiantes de la UCR asisten el diseño de protocolos para la eventual apertura del deporte en tiempos del COVID-19

Los protocolos se adecuaron a los más de 70 deportes y actividades recreativas que se realizan en el país

Los protocolos específicos realizados por estudiantes de la UCR, involucran los tres tipos de actividades: entrenamiento, recreación y competencia; y en tres momentos: el antes, el durante y el después. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

¿Qué medidas se deben seguir en las instalaciones deportivas y de actividades recreativas cuando abran al público?

Establecerlas, es una tarea que han asumido estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), debido al cierre de estos espacios en marzo por la pandemia del COVID-19.

En Costa Rica se realizan más de 70 deportes y actividades recreativas, para las cuales los alumnos del Trabajo Comunal Universitario de la Escuela de Ingeniería Industrial “TC-487 Estrategias interdisciplinarias para el fortalecimiento de la gestión de actores sociales” han colaborado en el diseño del Protocolo Específico para Actividades Deportivas y Recreativas, de acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Salud.

El cierre de las instalaciones deportivas y de recreación en el país incluyó parques, polideportivos y centros municipales, entre otros. Sin embargo, ante su eventual apertura, las instalaciones deben contar con lineamientos que se ajusten al tipo de deporte, la cantidad de personas involucradas y la condición de la edificación. Por esta razón, los universitarios contribuyeron en la versión estándar del protocolo para cada una de las prácticas.

“Agradezco muchísimo la participación de la UCR, porque permite que nuestro trabajo sea cada vez mejor. Para nosotros estos protocolos son muy importantes,ya que no solo evaluamos la apertura de las actividades, sino que nos ayudan para las negociaciones respectivas y además, generan datos que nos van orientar en la toma de decisiones”.

Hernán Solano, Ministro de Deporte.

La participación de los estudiantes del TC-487 ha significado un aporte a la política pública de Costa Rica con procesos de sistematización, estructuración y trazabilidad adaptados a la nueva normalidad para la ejecución por parte del despacho del Ministro del Deporte (Midepor) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Estas instituciones siguieron de cerca dicho proceso, brindando acompañamiento y retroalimentación constante a los estudiantes, a través de reuniones virtuales. En ellas, también participan la Comisión Técnica Asesora integrada por profesionales de la Escuela Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional (UNA), Asetec-ITCR y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Para nosotros ha sido un proceso muy enriquecedor. Hicimos un protocolo desde la perspectiva del usuario, en el que se integran a las personas, tomando en cuenta el rol de los diferentes actores involucrados desde el equipo técnico, los auxiliares, etc.”, señaló María Laura Arguedas, estudiante de Ingeniería Industrial de la Sede Interuniversitaria de Alajuela de la UCR.

Este trabajo se deriva del esfuerzo conjunto que han hecho docentes de la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Geografía y la Escuela de Ingeniería Industrial junto con Instituto Nacional de Normas Técnicas (Inteco) en la creación del Documento Normativo que contiene los requisitos para la creación de los Protocolos Sectoriales de Salud.

En dichos protocolos sectoriales, también participan miembros del TC-487, al que pertenecen estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, Contaduría Pública, Medicina, Ingeniería Eléctrica y Antropología de la UCR.

Deporte y prevención

Entre las características que se destacan del Protocolo Específico para Actividades Deportivas y Recreativas, está la inclusión de una Matriz de Riesgos, donde se valora qué tan seguro es que una actividad física se desarrolle en un espacio cerrado o abierto, dependiendo si tiene contacto físico o no.

“La matriz va a ser un insumo para que los Comités Cantonales, junto con el Midepor y el Icoder, decidan si aprobar la apertura de un deporte en esa instalación, según las etapas de evolución de la pandemia en el país. También, ayudará a definir si se puede pasar a un nivel de competencia o si quedarse en el entrenamiento”, comentó Georgina González, docente de Ingeniería Industrial y encargada del TC-487.

Asimismo, cuentan con la incorporación de la Big Data por medio de un Registro Electrónico para el control y la trazabilidad de las personas que practican deporte en caso de contraer COVID-19. De tal forma que, funcionará como un gran repositorio para el Icoder.

¿Cuál es la rutina de un deportista? Sale de su casa (zona que representa su descanso o recuperación física), se traslada al centro de entrenamiento, practica y regresa a su hogar. Este fue solo uno de los aspectos tomados en cuenta para la elaboración de los protocolos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Los estudiantes del TC-487 construyeron estos documentos al poner en práctica sus habilidades y conocimientos académicos. Además, realizaron una investigación profunda de los protocolos deportivos que se aplican en otros países, con el fin de analizar si habían lineamientos que podrían aplicarse en Costa Rica.

“Los alumnos desarrollan su pensamiento crítico, la capacidad de recibir retroalimentación y a la vez, se apropian del aprendizaje de la carrera, porque practican la desapropiación de su trabajo, sabiendo que hay que modificarlo si es necesario”, comentó González.

De acuerdo con la docente, una vez entregada la versión final de los protocolos específicos, el equipo del TC-487 tiene interés de crear una aplicación que consolide todos los protocolos del sector para el acceso de los posibles usuarios, y que le facilite al Icoder la trazabilidad y el seguimiento de su implementación en cada Comité Cantonal.

Además, de una campaña de comunicación pregrabada para que esté presente en los Comités Cantonales del país.

“El objetivo de la campaña será que toda persona que llegue a un polideportivo conozca estos protocolos, los cumpla y que se conviertan en parte de su ADN. También, estamos pensando en que los estudiantes hagan capacitaciones para que los funcionarios tengan clara toda la información y sepan cómo se ejecuta”, indicó González.

En setiembre, los estudiantes de este Trabajo Comunal Universitario asistiran la realización de protocolos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y para la Unidad Estratégica de Negocios de Administración de Proyectos de la Unidad Técnica de Perforación de Pozos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de manera que se adapten a la coyuntura actual de pandemia y garanticen la seguridad sanitaria de los establecimientos en ambas instituciones.

 

Valeria García Bravo
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Alternativas: Repensando la educación

Este viernes 28 de agosto en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre el tema: “Repesando la educación”, con la participación de Henry Quesada, Pedro Venegas, Luis Angel Salazar, Isabel Román y Claudio Monge.

Podrá sintonizarlo al 1590 AM, o bien a través de Facebook Live.

Mapa de radios de América Latina y el Caribe

Compartimos el libro: Mapa de radio de América Latina y el Caribe, en el cual se resalta la existencia durante 100 años de la radio y 35.000 emisoras en América Latina y el Caribe.

“Conocer el número de radios en América Latina y el Caribe, sobre todo en el año 2020, cuando este medio de comunicación cumple 100 años desde su primera transmisión, resulta pertinente y necesario para analizar su estado, su existencia, no solo en datos y cifras, sino en su calidad de vida. Las cifras aquí presentadas resultan reveladoras. Por momentos favorecen a un tipo de emisoras que crecen en el tiempo, pero también marcan preocupaciones para otras tantas que se evaporan en el cuadrante.

El deseo de censar las emisoras en la región fue el punto de partida de este ejercicio colaborativo realizado por primera vez en 2012 en el que participaron radialistas de 19 países. El trabajo, publicado en un documento digital, fue coordinado por el comunicador social colombiano Tito Ballesteros López y su blog Radios de América. Los datos recogidos fueron aportados por colegas de México (Claudia Segura), Guatemala (Amalia Jiménez), El Salvador (Guillermo Ramos), Costa Rica (Otto Chinchilla Coto), Nicaragua (Wendy Quintero), Panamá (Eunice Meneses), Colombia (Mónica Valdés), Venezuela (Elvis Castillo), Ecuador (Santiago García), Perú (Carlos Rivadeneyra), Bolivia (Rubén D. Choque), Brasil (Arthur William), Chile (Natacha Gómez), Uruguay (Carlos Castillos), Paraguay (Haydeé Galeano), Argentina (Jorge Arabito), Cuba (Fabio Bosh), y República Dominicana (Ana Bélgica Güichardo).

Para 2014 y 2017, Santiago García Gago, de RadiosLibres.net, se sumó a la iniciativa para trabajar en la diagramación de los mapas, 10 actualización y procesamiento de los datos. Entonces, el texto digital en PDF cambió su diseño, fue actualizado y presentado en sociedad.

Ahora, en 2020, no solo se censan las emisoras, sino que se contextualizan y precisan los datos oficiales con informes de comunicadoras y académicos de 19 países que transmiten el modo de ver y sentir la radiodifusión desde sus territorios. Cada uno de los autores y autoras ha realizado una lectura detallada de los datos del mapa y su evolución desde 2012. Casi después de una década radiofónica, se toma una nueva foto para describir la realidad actual y, a partir de ella, analizar el contexto en el que cada día se habilitan las palabras desde los micrófonos.

El libro avanza de apartado en apartado para ingresar a niveles de análisis cada vez más particulares. Cada autor, desde su visión personal, respondió a los cuestionamientos que le planteaban las cifras oficiales de las radios en su país. Cada mirada local alimentó la visión regional contenida en esta obra.

¿Corresponden los datos citados en los informes con la realidad de cada país? ¿Cómo están clasificadas las radios en cada rincón de nuestro continente? ¿Cuántas son las emisoras de AM y FM en cada uno de los 19 países que aquí se citan? ¿Qué lectura hacer al descender o aumentar el número de emisoras de AM en algún país de la región? ¿Cuál es el estado de salud del medio? ¿Cuáles son sus principales logros y necesidades? En los informes aparecen preguntas, respuestas, provocaciones, temas de discusión, acuerdos y, seguramente también, desacuerdos que usted podrá discutir con el texto. El mapa es un producto inacabado con un sello inconfundible: está en proceso. Es, además, la esencia misma de los datos. Cifras que crecen y disminuyen, que mutan y se mueven, que están vivas, al igual que las radios en América Latina y el Caribe.

Los autores que aportaron su análisis en la presente edición fueron: Adriana Solórzano (México), Edgar Zamora Orpinel (Guatemala), Oscar Pérez (El Salvador), Santos Gálvez Martínez (Honduras), Juan Carlos Duarte Sequeira (Nicaragua), Sebastián Fournier Artavia (Costa Rica), Alfredo Calzadilla (Panamá), Ana Teresa Badía Valdés (Cuba), María Eugenia del Pozo (República Dominicana), Andrés Barrios (Colombia), Javier Barrios (Venezuela), Jorge Guachamín (Ecuador), Alejandro Cornejo Montibeller (Perú), Javier Aliaga (Bolivia), Nair Prata (Brasil), Carlos Montenegro Armijo (Chile), Javier Pérez 11 Seveso (Uruguay), Salustiana Caballero (Paraguay), Francisco Godinez Galay (Argentina).

Les agradecemos enormemente su esfuerzo, mucho más cuando el estudio estuvo atravesado por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Una situación que evidenció, una vez más, el trascendente papel que ha desarrollado la radio para ayudarnos a sobrellevar las medidas de confinamiento impuestas en la mayoría de países alrededor del planeta. Situación que, sin duda, será profundamente estudiada en los próximos años y que nos plantea nuevos retos y renovados interrogantes.

La democratización de cualquier ecosistema de medios pasa por la tenencia de los mismos y no solo por la recepción de mensajes. Entonces, ¿en manos de quiénes están las más de 35.000 emisoras extendidas en nuestros pueblos? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Es suficiente el número de radios en un país? ¿La mayoría de emisoras en la región son universitarias, comunitarias o comerciales? ¿Cómo es la evolución de las dos bandas principales de radiodifusión, AM y FM? Estas son algunas de las preguntas planteadas en el texto y que se intentan responder con este estudio.

Les invitamos a examinar los datos del Mapa de Radios de América Latina y el Caribe y hacer un análisis pormenorizado para nutrir la discusión radial”.

Ingrese en el siguiente enlace para descargar el libro.

Compartido con SURCOS por Voces Nuestras,

Caravana vehicular de relevos por la defensa de los derechos de los costarricenses

Del 7 al 11 y 15 de setiembre a partir de las 7 a.m. varias organizaciones del movimiento sindical y social invitan a unirse a la “Caravana vehicular de relevos” por la defensa de nuestro país.

Se exigirá:

  • Un impuesto al patrimonio, rentas y utilidades al 10% más rico del país
  • Eliminación del pago del IVA a la canasta básica, medicinas, servicios de agua y electricidad residencial
  • Defensa y no privatización de la CCSS
  • Defensa del INA
  • No a la agenda legislativa antilaboral
  • No al cese de los contratos laborales del sector público y privado
  • No al endeudamiento con el FMI

“La patria no se vende. La patria se defiende”

Palabras de José María Gutiérrez al recibir el Premio Rodrigo Facio Brenes, otorgado por la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 2020

Mis primeras palabras son de gratitud para nuestra querida institución, la Universidad de Costa Rica, que celebra hoy su octogésimo aniversario, para el Consejo Universitario por otorgarme este reconocimiento y, muy especialmente, para las y los colegas de la Escuela de Filosofía, quienes generosamente postularon mi nombre para el premio Rodrigo Facio Brenes que mucho me honra por su significado. Agradezco también a mis compañeras y compañeros con quienes he compartido mi vida profesional, en el Instituto Clodomiro Picado, en la Facultad de Microbiología, y en otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, así como a colegas, estudiantes y muchas otras personas de nuestro país y de otras latitudes, con quienes he transitado por rutas académicas, sociales y políticas a lo largo de muchos años. Lo que yo haya podido construir ha sido siempre en estos entornos colectivos, con gente muy valiosa. Y, por supuesto, expreso una enorme gratitud a mi querida familia, a mi esposa Irma y mis hijos Mauricio y Alberto, a mi hermana y hermanos y, más allá, a mi madre y mi padre, ausentes físicamente hace tiempo, pero siempre presentes.

La ocasión, y las circunstancias de nuestro tiempo, invitan a la reflexión. Vivimos, sin duda, una crisis que va mucho más allá del trágico escenario sanitario, social y económico asociado con la pandemia de Covid-19. La pandemia se expandió por un mundo que ya de por sí cargaba enormes contradicciones de carácter sistémico; la Covid-19 no ha hecho sino evidenciar y agravar de manera dramática las aristas de esa realidad. Se trata de una crisis generada por las formas predominantes de relacionarnos entre las personas y con el ambiente, una crisis de un modelo hegemónico de concebir el desarrollo y el bienestar. Se nos abre una gran oportunidad de reflexionar a profundidad sobre los rumbos del presente y del futuro, y de construir un entorno que garantice la dignidad de las personas y el bienestar de la vida. Se trata de una coyuntura única que no debemos malograr. Es tiempo de emprender, en palabras de Erich Fromm, una revolución de la esperanza.

Las opciones que han prevalecido en la mayor parte del planeta, sobre todo a partir de la década de 1980, han estado marcadas por una alarmante inequidad entre las personas y los países. Se ha generado una enorme riqueza, pero la misma se distribuye de formas muy desiguales. Un porcentaje minúsculo de personas detenta ganancias que superan lo que reciben millones de seres humanos, y el tejido social, por lo consiguiente, se ha deshilachado drásticamente. Es evidente que un crecimiento económico continuo y acelerado es inviable ambientalmente. La desregulación desmedida del capital transnacional ha venido aparejada del debilitamiento de las instituciones públicas a cargo de las políticas sociales, con el consecuente impacto negativo en las condiciones de vida de millones de personas.

Se le ha conferido un papel protagónico al mercado en la regulación de las interacciones entre las personas y los países y se han consolidado patrones culturales centrados en el individualismo, el mercantilismo y la banalidad. Los bienes comunes han sido privatizados aceleradamente. Los espacios de participación democrática se han estrechado y se han afirmado en muchos países tendencias autoritarias de variado cuño. El entorno natural es degradado por políticas depredadoras, generándose alteraciones ecológicas sin precedentes que ponen en entredicho la misma viabilidad de la existencia humana tal como la conocemos, y la de muchas otras especies. Si seguimos por ese camino no encontraremos salidas que aseguren una vida digna para todas y todos de cara al futuro.

Al mismo tiempo, las fuerzas vivas de la humanidad, centradas sobre todo en las enormes reservas morales, culturales, sociales y políticas que se mueven en la base social, comunitaria e institucional en todo el planeta, disputan la hegemonía global, aunque en condiciones desiguales, con estas tendencias dominantes de carácter regresivo y excluyente. Son esas fuerzas vivas las que, gracias a un permanente espíritu de reflexión, creatividad y solidaridad, mantienen encendida la luz de esperanza de que otro mundo es posible.

 La pandemia de Covid-19, que ha agudizado la crisis planetaria y humanitaria que ya vivíamos, ha dado paso a profundos procesos de cuestionamiento, imaginación y génesis de propuestas alternativas de convivencia y existencia, surgidas de múltiples sectores y colectivos, desde ópticas diversas, como una enorme fuente de riqueza solidaria. A manera de ejemplo, en nuestra América Latina un proceso colectivo vigoroso ha dado lugar al llamado ‘pacto ecosocial del sur’, una propuesta para un nuevo consenso social, ecológico, económico e intercultural en nuestro continente. Esfuerzos similares se gestan también en Costa Rica, los cuales promueven la confluencia de amplios sectores para edificar un futuro mejor.

Estas propuestas plantean, entre muchas acciones, la transformación tributaria solidaria y progresiva, la construcción de una nueva arquitectura financiera global, la gestación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ubiquen la sostenibilidad de la vida como un eje fundamental de nuestras sociedades, el fortalecimiento de las instituciones del estado social de derecho, el establecimiento de una renta básica universal, la priorización de la soberanía alimentaria, el tránsito hacia matrices energéticas renovadas, desmercantilizadas y democráticas, que pongan freno a las políticas extractivistas y de despojo de la tierra, la defensa de los bienes comunes, el fortalecimiento de dinámicas de comunicación que den voz a amplios colectivos de la sociedad, la procura de la autonomía y la sostenibilidad de las comunidades locales, y la búsqueda de relaciones internacionales centradas en la solidaridad, con formas de intercambio comercial más horizontales y multilaterales. Se trata de agendas centradas en el cuidado de la vida, de las personas y del ambiente en el más amplio sentido de la palabra. Es por esos senderos que debemos transitar.

En esta enorme tarea de hacer virar el rumbo que lleva la humanidad y, en nuestro caso, Costa Rica, tenemos cabida una infinidad de protagonistas, incluyendo las instituciones públicas de educación superior del continente. Desde la histórica Reforma de Córdoba, en 1918, las universidades latinoamericanas se han consolidado y enriquecido, y han asumido roles esenciales en nuestras sociedades. Por un lado, son vías de movilidad social que han nutrido a los sectores público y privado de amplios contingentes de profesionales. Además, constituyen los principales reservorios de generación de conocimiento en la región, mediante la investigación en todos los ámbitos del saber. También mantienen vínculos permanentes con muy diversos sectores de la sociedad, contribuyendo a la equidad y al bienestar colectivos, además de ser centros de análisis crítico de la realidad. Valga la ocasión del octogésimo aniversario de la Universidad de Costa Rica para aquilatar el valor enorme de nuestra institución en el país y la región. Por su misma naturaleza, por los pilares filosóficos y éticos que sustentan su accionar, por ser instituciones que procuran la excelencia y el bien común, las universidades públicas de la región están llamadas a jugar un importante papel en las agendas transformadoras que nos convocan.

Ello conlleva una enorme responsabilidad por parte de nuestras comunidades universitarias, ante lo cual debemos revisar críticamente nuestra labor y transformar diversos aspectos de nuestro quehacer. El conformismo y la autocomplacencia, el débil sentido autocrítico que muchas veces nos caracteriza, y el acomodo a tendencias de carácter mercantil y privatizante que se asoman aquí y allá en el horizonte institucional, nos obligan a repensarnos, a problematizarnos, y a depurarnos, para así a asumir mejor los grandes compromisos que tenemos con la sociedad.

Una tarea urgente en nuestra universidad es abandonar la indiferencia política e ideológica que prevalece en algunos sectores de la institución, indiferencia que con frecuencia desemboca en asumir tácitamente como válidos e inmutables los postulados que sostienen la inequidad. La Universidad de Costa Rica debe ser un nicho de reflexión crítica permanente sobre la sociedad y sobre sí misma. Debe preguntarse constantemente cómo puede contribuir a gestar una sociedad marcada por la equidad, el respeto a la diversidad y la procura del desarrollo de las potencialidades de todas las personas. Y esto implica acciones renovadas en docencia, investigación, acción social, administración y vida estudiantil.

Es imperativo defender la esencia misma de lo que es una universidad pública, que sufre embates aquí y en todo el planeta. Nuestra institución debe reafirmar, en el discurso y en los hechos, la visión de que la educación es un bien público y no una mercancía, lo que implica que su financiamiento debe ser principalmente estatal y tener ese carácter en su filosofía y funcionamiento, y en su proyección a la sociedad. Debe ser genuinamente autónoma y procurar el desarrollo académico integral y la búsqueda del bien común. Debe estar, en suma, al servicio de toda la sociedad y, muy especialmente, de los sectores más vulnerables. Aunque parezcan verdades de perogrullo, lo cierto es que estos valores esenciales están siendo cuestionados y requieren ser defendidos y fortalecidos.

Nos encontramos en medio de un acoso sin precedentes a la autonomía, un valor consustancial al sentido mismo de universidad. La autonomía nos permite establecer nuestra propia estructura y gobierno, así como marcar las pautas del desarrollo institucional. También garantiza la libertad de cátedra y de pensamiento y la potestad de decidir sobre el uso de los recursos que nos provee el estado. Algunos sectores políticos y económicos buscan debilitar este elemento esencial universitario, en asocio con una fuerte campaña mediática de desprestigio. Es imprescindible comprender que, sin autonomía, la misión de la universidad pública se desdibuja radicalmente. La defensa a ultranza de la autonomía universitaria y de lo que esta representa es un espacio de análisis y acción urgentes, no solo por parte de las comunidades universitarias, sino de la sociedad en su conjunto.

El aporte de la universidad a la gestación de un mundo mejor pasa por la reflexión permanente sobre la formación que estamos ofreciendo al estudiantado. La reforma universitaria de los años 50, liderada por Rodrigo Facio Brenes y sus colegas, promovió una enseñanza general amplia, que fomenta el interés por campos del conocimiento variados, lo cual abre las puertas a una visión de mundo más ancha e invita a la interacción productiva con personas de otras disciplinas. La formación humanista tiene también el objetivo de estimular el pensamiento creativo y crítico, un elemento clave en la forja de una ciudadanía reflexiva y participativa en procesos democráticos. El aprendizaje integral del estudiantado también vela por la adquisición de una visión socialmente crítica, comprometida con las necesidades de los sectores vulnerables de la sociedad. Cabe preguntarse si estos valores centrados en la visión humanista y el compromiso social se han mantenido y enriquecido o si, más bien, se han debilitado al calor de corrientes individualistas y mercantilistas. Somos testigos de tendencias globales que empujan hacia una visión universitaria centrada en la instrucción de profesionales técnica y académicamente competentes, pero con escasa impronta humanista y con un débil compromiso social. Esto constituye lo que Martha Nussbaum ha denominado la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo.

Debemos asir con firmeza los principios del humanismo, para formar profesionales no solo bien preparados académicamente, sino también críticos, creativos y solidarios, capaces de gestar entornos generosos en su quehacer profesional y ciudadano. Para ello requerimos fortalecer no solo los espacios formales de educación humanista y solidaria, que incluyen actividades de acción social, sino extenderlos a los programas de estudios de las carreras particulares y, más aún, forjar nichos informales en la vida institucional que fomenten esa formación integral, en lo cual el estudiantado desempeña un papel central. En este punto quisiera enfatizar en la importancia de las ciencias sociales y las humanidades como elementos de nuestro universo académico. Estos ámbitos, que sufren embates de quienes consideran que las universidades únicamente deben formar profesionales para determinados sectores del mercado, requieren ser fortalecidos, pues alimentan esa integralidad institucional a la que nos referimos.

Por otra parte, debemos también centrar nuestra atención en la generación de nuevo conocimiento, mediante la investigación, pues este aspecto del quehacer universitario constituye un elemento clave en la comprensión de la realidad y en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la vida. La crisis de Covid-19 nos ha mostrado cuán importante es contar con una base de conocimiento endógeno en nuestras universidades. Pese a que la Universidad de Costa Rica es el principal centro de investigación del país, es necesario ver las sombras y no solo las luces de esta faceta de nuestro trabajo. Existe una gran asimetría en el desarrollo de la investigación entre áreas y disciplinas, con una notoria debilidad en algunas de nuestras sedes institucionales. Buena parte del personal docente, sobre todo el interino, tiene pocas oportunidades de realizar investigación.

Con frecuencia predominan las visiones uni-disciplinares en el abordaje de los temas. La gestación de ideas novedosas alrededor de grandes tópicos y problemas invita al trabajo inter- y trans-disciplinario, en dinámicas de respeto epistémico y de mutuo aprendizaje, en los que prevalezca la generosidad y la cooperación por sobre el individualismo. En este sentido tiene especial valor el hecho de que la candidatura al premio Rodrigo Facio de una persona del ámbito de las ciencias biomédicas y naturales haya sido propuesta por la asamblea de la Escuela de Filosofía, pues refleja los puentes que hemos podido establecer a lo largo de los años. Debo decir que una faceta harto estimulante de mi trabajo universitario ha sido el contacto enriquecedor con colegas de disciplinas diversas, de quienes he aprendido muchísimo.

La universidad debe ver con criticidad las posturas que centran la atención únicamente en temas de investigación que tengan réditos económicos, para dar paso a visiones integrales que fomenten todos los campos del conocimiento, más allá de su impacto de rentabilidad inmediata. Aparejado a lo anterior, la generación de conocimiento pertinente y relevante debe acompañarse del fortalecimiento del posgrado, así como de políticas internacionales renovadas, que fomenten la cooperación con el norte, pero también con el sur global, en un marco filosófico y ético de solidaridad e interlocución horizontal.

Quisiera ilustrar algunos de estos principios con base en una experiencia en el colectivo del Instituto Clodomiro Picado. Recuerdo vívidamente cuando, a inicios de la década del 2000, se nos planteó, por parte del Ministerio de Salud de Nigeria y de colegas ingleses, la posibilidad de producir un antiveneno para dicho país africano, donde existe un serio desabastecimiento de ese producto, lo cual tiene hondas repercusiones en la salud pública. Nuestro instituto atravesaba por diversos problemas en esa época y había suficientes razones para no asumir este reto. Pero se comprendió lo relevante de esta posibilidad y el impacto humanitario que tendría. Mediante un enorme esfuerzo de grupo se asumió la tarea y se logró desarrollar un nuevo antiveneno que hoy día se distribuye a varios países del continente africano, salvando miles de vidas cada año. Al tomarse esta decisión se trascendió los estrechos criterios de rentabilidad económica, pues esta tarea se concibió desde una perspectiva integradora de racionalidad social y académica, en el marco de un ethos de solidaridad. Al cabo del tiempo, este proyecto también ha traído réditos económicos para la universidad, pero la decisión inicial se centró en una lógica humanitaria que dio pie a una cooperación sin precedentes con el África sub-Sahariana. Al recordar hoy este proceso, rindo un sentido tributo al colectivo del Instituto Clodomiro Picado, al cual me enorgullezco en pertenecer.

En su relación con el resto de la sociedad, la universidad debe comprometerse con una visión de país y de mundo que emerge de perspectivas centradas en la excelencia y la procura del bien común. En este contexto, la acción social constituye un eje central del trabajo universitario, al cual se le debe dar mayor atención de la que históricamente ha tenido; de los tres pilares académicos, la acción social es sin duda el menos reconocido en el imaginario institucional, algo que debe cuestionarse y transformarse. La respuesta universitaria ante la crisis de Covid-19 ha mostrado el enorme potencial de nuestra institución para responder a necesidades apremiantes del país, pero debemos ir más allá. La universidad requiere renovar y profundizar su relación con muy diversos ámbitos de la sociedad y de maneras muy variadas, y debe hacerlo con una filosofía dialógica, horizontal, de mutuo aprendizaje y en el contexto de lo que Boaventura de Sousa Santos llama la ecología de saberes. 

La construcción del conocimiento, y su aplicación al mejoramiento de la vida, es una tarea de carácter colectivo que trasciende el ámbito estrictamente académico. Requerimos forjar sistemas de vasos comunicantes multifacéticos, que nos permitan integrarnos profundamente al entorno colectivo que nos sostiene y al cual nos debemos. Tenemos mucho que aprender. Más allá de lo académico y lo técnico, acá tenemos un elemento ético de enorme significado. En este ámbito, la atención a la mayor accesibilidad de los sectores sociales más vulnerables del país a la educación superior pública es una tarea de primer orden. La institución ha dado pasos importantes en este campo, pero hay que avanzar mucho más.

En la actual coyuntura, y en la época post Covid-19, no podemos dejar pasar la oportunidad histórica de dar un viraje de timón a niveles global, nacional, institucional y personal. El mundo y nuestra universidad no serán los mismos después de la pandemia. La crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos nos exige realizar cambios cualitativos y profundos en nuestro accionar, en procura de edificar un mundo donde priven la equidad y la dignidad de las personas.

Las universidades públicas de América Latina debemos, a un tiempo, mantener y fortalecer los valores esenciales de nuestra misión y propósito, a la vez que realizar transformaciones en todos los ámbitos de nuestro quehacer, con sentido autocrítico y con profundo compromiso con un medio social que nos conmina a dar mucho más. Es necesario mejorar nuestro trabajo hacia adentro y hacia afuera. A lo interno, cabe preguntarnos: ¿cómo lograr una verdadera integración entre docencia, investigación y acción social, de manera que estas operen como un todo integrado?, ¿cómo fortalecer cualitativamente los procesos de regionalización para impactar en todo el país?, ¿cómo generar esquemas administrativos que faciliten en lugar de entrabar las funciones académicas esenciales?, ¿cómo dinamizar los cambios curriculares y la creación de nuevas opciones de carreras, en permanente adaptación a los requerimientos de la sociedad?, ¿cómo reducir el interinazgo, a la vez que se ofrezcan condiciones laborales y políticas salariales de mayor equidad?, ¿cómo lograr que la universidad sea más accesible a los sectores sociales más vulnerables?, ¿cómo estimular entornos creativos  y no burocráticos en toda la institución?, ¿cómo desterrar prácticas que atentan contra la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad?. Estas y muchas otras interrogantes convocan a procesos colectivos de reflexión y creación permanentes para que esta institución sea cada vez mejor.

De cara a la sociedad, entre muchos retos pendientes, es necesario fortalecer nuestro encuentro con el enorme abanico de necesidades, urgencias, angustias, procesos creativos e iniciativas cargadas de imaginación y solidaridad que existen en nuestra sociedad, y nos invitan a formar parte de esa energía transformadora, en el marco de una visión de cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Ojalá sepamos sumarnos a esta efervescencia y continuemos aportando a la construcción de ese otro mundo posible. Se trata, parafraseando a Eduardo Galeano, de enriquecer el horizonte de la utopía, el cual, aunque se nos aleje cada vez que damos un paso, nos ayuda a continuar la marcha.

Impactos ambientales del endeudamiento con el FMI

¡Que la crisis no la pague la naturaleza ni las comunidades!

(FECON, 27-08/2020). El avance del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $508 millones tramitado en la Asamblea Legislativa significa una serie de consecuencias que debería preocupar a las personas defensoras de la naturaleza y los ecosistemas.

Este empréstito tiene una dimensión ambiental que es ignorada incluso por los mismos diputados y diputadas. Esto gracias a que la estrategia de invisibilizar las externalidades negativas de las transacciones financieras es muy eficiente. Pero la experiencia de otros países endeudados don el FMI nos da un panorama claro de cuál será su impacto, sobre todo si el Poder Ejecutivo está negociando un “Acuerdo de Derecho de Giro” conocido como Stand-By con el mismo FMI.

Una consecuencia conocida de estos procesos de Stand-By ha sido la privatización de las empresas públicas estratégicas, principalmente en sectores relacionados con los recursos naturales, especialmente energéticos y minerales. Además, también se impulsan procesos de liberalización del sector financiero y bancario, recortes de los derechos laborales, sociales y culturales.

De hecho, dentro de las “recomendaciones” (1) del FMI para este primer empréstito está impulsando la apertura en el sector eléctrico por parte de entidades privadas. Lo que llevaría en la práctica a que empresas de hidroelectricidad represen más ríos de manera innecesaria, puesto que la demanda de energía en el país está cubierta e incluso en la actualidad el Instituto Costarricense de Electricidad se ve obligado a comprarle energía a estas empresas aún sin necesitarla debido a leyes escritas a conveniencias de las empresas privadas.

La poca información que ha revelado el gobierno sobre las negociaciones con el FMI hace que no se puedan saber muchas de las consecuencias este tipo de endeudamiento con entidades financieras que han promovido la minería, las represas y el agronegocio al rededor del globo. Pero por esta razón, desde la óptica ambiental el incremento del endeudamiento público hace que Costa Rica pierda soberanía para tomas sus propias decisiones sobre los recursos naturales nacionales y los deja vulnerables.

Notas:

1. Costa Rica: Request for Purchase Under the Rapid Financing Investment-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Costa Rica https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/01/Costa-Rica-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Investment-Press-Release-Staff-49388

 

Foto: Semanario Universidad

Denuncian a abogado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial

Marco Antonio Castillo Rojas informó a SURCOS, que fue presentada ante la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas una denuncia contra un afiliado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial. Este es el documento de la denuncia (se suprimen nombres por respeto a la identidad de las personas):

San José, 14 de agosto de 2020.

Señor
Lic. Carlos Villegas Méndez
Fiscal¨
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Ciudad.

Estimado señor:

Yo, … interpongo una denuncia por irrespeto a mi identidad de género en un proceso judicial por parte del Lic…

El irrespeto se dio en un proceso judicial donde él asesoraba a mi esposa. En sus escritos usó frases antiéticas y que riñen con el respeto que se me debe como persona con dignidad.

Mi documento de identidad claramente indica mi nombre femenino, conforme a las últimas regulaciones sobre identidad acordadas por el Registro Civil, y así he litigado. El mismo abogado … en el nombre del proceso usó mi nombre femenino. Sin embargo, insistentemente en su libelo usa las siguientes frases y alocuciones: “el mismo demandado”, “el demandado unilateralmente”, “adquirido por el demandado”, “el progenitor”, “el señor …”, “pues él también ejerce libremente”, “el rubro que él debe cubrir”, “ha sido el señor … quien ha”, “don … asumió”, “Fue don … quien me”, “A pesar que el señor … de mala fe”, “él se obligó a otros rublos más”, “comodidades a que don …”, “el principal obligado lo es el demandado”, “incumplimiento del demandado”, “el señor … se ha ocupado”, “EL OBLIGADO TIENE LA CAPACIDAD DE SOBRA”, “del incidentado”, “mi esposo”, “y que él sigue llevando”; además solo se refiere a mi cambio de género como una condición para sustentar sus peticiones: “Prueba de sus altos ingresos (…) se ha realizado cirugías de enorme valor para adecuar su fisonomía a su cambio de género”.

Anexo fotocopias del documento de recurso de revocatoria y apelación subsidiaria del … de este año presentado en el proceso de pensión alimentaria con expediente …, no creo necesario certificarlo porque el denunciado reconocerá su propio escrito.

Considero infringido el CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO, en los artículos 7, 8, 13,15, 17 y 38.

Veamos:

El Artículo 7: El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.

Aquí el Lic. … no procuró situar su relación profesional en marco de amabilidad, tolerancia, cortesía.

Artículo 8: El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Aquí el Lic. … no respetó mi dignidad humana.

Artículo 12: Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente.

El Lic. … demostró su falta de conocimiento de las actuales disposiciones administrativa de respeto a la identidad de género.

Artículo 15: El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los términos que utilizó el Lic…. en el escrito cuya fotocopia presento lo señalan como irrespeto a este artículo.

Artículo 17: El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe.

El Lic. … no actuó de acuerdo a este artículo pues no aplicó la buena fe ni la veracidad.

Artículo 38: Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales.

Me parece que el Lic. … tampoco respetó esta disposición.

Pido que esa Fiscalía aplique la sanción que corresponda al Lic. ….

Al Lic. … se le notificará en su Bufete, dirección que anoté arriba o al correo electrónico … o al teléfono ….

Mis notificaciones las recibiré al correo electrónico marcocastillo@ice.co.cr

Sírvase proceder como mejor haya lugar.

Cordialmente,
Es auténtica:
Marco Castillo Rojas
Abogado con carné 3580