Un logro más de la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, hacemos oficial el protocolo sectorial del Sector del Cuidado Bienestar e Imagen Personal.
“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio en atención de la Directriz N° 082-MP-S “Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19” pone a disposición del público los protocolos que esta cartera Ministerial conforme sus competencias legales le corresponde aprobar.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio en atención de la Directriz N° 082-MP-S “Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19” pone a disposición del público los protocolos que esta cartera Ministerial conforme sus competencias legales le corresponde aprobar.
En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del COVID-19 y dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del virus, se han definido medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de esta fase de respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo.
Los documentos que aquí se presentan han sido elaborados de forma conjunta con el Sector Privado para precisar los elementos con los que debe cumplir los procedimientos que deben implementar las empresas de los diversos Sectores y Subsectores para elaborar sus propios protocolos.
Conforme con la Directriz N° 082-MP-S las medidas contempladas en los protocolos podrán ser modificadas, aclaradas o eliminadas por el Ministerio de Salud, según el criterio técnico-epidemiológico sobre el riesgo de contagio del COVID-19 en la respectiva actividad, servicio o centro de trabajo. Asimismo, la verificación del cumplimiento del protocolo la realizará el Ministerio de Salud por medio de inspecciones aleatorias para la verificación del cumplimiento específico, así como de los lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Salud por el COVID-19”.
Compartimos la carta abierta que la organización Forest Peoples Programme (FPP) envía a las autoridades de Costa Rica, llamando la atención no solo sobre el incumplimiento de las Medidas Cautelares impuestas a Costa Rica, sino sobre la impunidad alarmante y la inacción de los órganos de justicia que deben velar por su cumplimiento. FPP es quien representa a los beneficiarios de las Medidas Cautelares, bribris de Salitre y brörán de Térraba ante la CIDH.
Según comunicado enviado a SURCOS con respecto a la designación del nuevo jerarca ambiental de Costa Rica, ésta “es una decisión de indudable trascendencia, pues luego de varios años de dar tumbos, se presenta la oportunidad de corregir el rumbo equivocado. Son muy diversas las funciones que se derivan de la Ley Orgánica del Ambiente, pero dentro de ellas, es un hecho que los PARQUES NACIONALES, ese gran tesoro nacional, necesitan fortalecer su administración, pero dentro de un esquema estrictamente estatal. No vaya a repetirse lo sucedido hace 14 años cuando un agrónomo que por un par de años fue viceministro en la administración Calderón Fournier, se sintió con poder suficiente como para proponer la mutación del Servicio de Parques Nacionales, en una especie de sociedad anónima, con la función de «Formular y ejecutar la política del Estado en materia de parques nacionales, donde participarían «representantes» de instituciones PRIVADAS y directivos EXTRANJEROS, (…). Después de ese felizmente fracasado proyecto de ley, el caballero volvió a la carga con otro proyecto que alteraba sustancialmente la Ley de Biodiversidad, mediante el cual eliminaba los once directores de las Áreas de Conservación, para trasladar sus muy diversas y particulares funciones, A UN SOLO FUNCIONARIO de confianza del ministro de Ambiente”. Freddy Pacheco León.
Por lo tanto, “Esperamos que el o la nueva ministra del MINAE, sea una persona que nos devuelva la confianza y que respete la legislación ambiental como los Tratados Internacionales para la protección de la vida silvestre, cosa que a la fecha no lo hemos visto, todo lo contrario, la entrega del agua, un desorden en la protección de la vida silvestre, el abandono a su suerte (…), de las Áreas Silvestres Protegidas, entre otros. (…)”. Ma. Elena Fournier.
Ante esta situación, “(…) merecemos un buen ministro de Ambiente, siendo ese uno de los ministerios más importantes. La gestión del ex Ministro Rodríguez dejó mucho que desear. La nula atención a lo que sucede en Crucitas, la falta de claridad en la protección del ambiente hace entrar en contradicción una supuesta política de descarbonización, mientras la expansión piñera, la contaminación de ríos, la externalización de los costos ambientales, la pésima Ley de Aguas que pretenden pasar (que es más de lo mismo y que de nuevo la haremos caer pues contiene los mismos vicios que las anteriores…).
(…)
Un ministro o ministra de Ambiente debe ser un ecologista o ambientalista íntegro, que entienda que hoy día cuidar el ambiente no se reduce a cuidar animalitos del bosque o dejar de talar, hoy día es un asunto de la supervivencia de la especie humana. (…)”Flora Fernández Amón.
ASUNTO: Solicitud de convocatoria amplia y participativa para abordar el tema del IVM y de la problemática de recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.
Debido a la delicada situación financiera que enfrenta la CCSS y ante la posibilidad de modificación del Régimen del IVM sin tomar en cuenta la participación activa de sectores sociales en la toma de decisiones que eventualmente les podría afectar, es que la Junta Directiva de FRENASS envía la siguiente carta dirigida a dicha institución, la cual compartimos.
Labor de los últimos 10 años ha permitido que 32 cantones cuenten con inventarios completos de sus puentes
Inspección en el puente sobre la quebrada Carreta, en Nicoya. Foto cortesía LanammeUCR.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), a través de la Unidad de Gestión Municipal (UGM) del Programa de Infraestructura del Transporte, ha inspeccionado un total de 118 puentes entre el año 2019 y el primer semestre del año 2020.
Está labor se ha llevado a cabo en siete cantones como parte de los convenios establecidos con esos municipios, además de las evaluaciones que se han realizado por solicitudes puntuales de inspección.
La inspección de puentes vehiculares dentro de la red vial cantonal es una de las tareas encomendadas al LanammeUCR por medio de las leyes 8114 y 9329 a través de la figura de los convenios con las municipalidades, lo que permitió que en un periodo de casi diez años se realizará la inspección en 718 estructuras, y que se visitaran más de 800 puentes cantonales en todo el país con fines de evaluación de su condición funcional y estructural.
Estos procesos de inspección responden a la necesidad que tienen las municipalidades de conocer mejor la condición de sus puentes; dentro de la información recolectada y procesada se destacan temas referentes a factores básicos de inventario (ubicación, tipología, materiales), hasta su condición funcional (identificación de daños y posibles intervenciones).
Inspección en el puente sobre el río Paires, en Esparza. Foto cortesía LanammeUCR.
Con base en la información que se recaba en las inspecciones, los gobiernos locales tienen la oportunidad de realizar procesos de gestión vial más efectivos, adicionalmente las bases de datos suministradas permiten priorizar las estructuras que deben intervenirse, con lo también se puede lograr que las inversiones tengan un mayor impacto en la condición de la red vial cantonal.
La inspección de puentes constituye un elemento más del ámbito de acción de la UGM de forma paralela a los otros trabajos que se hacen relacionados a estas estructuras, como capacitaciones a los ingenieros y personal municipal, colaboraciones en planes de gestión e intervención de puentes en condición crítica.
Con el trabajo realizado hasta la fecha, se ha logrado trabajar de forma conjunta con 53 gobiernos locales en procesos de inspección de puentes y asesorías sobre la condición de estructuras de este tipo.
Trabajo en conjunto entre el LanammeUCR y las municipalidades
En el periodo comprendido entre el año 2019 y el primer semestre de 2020 se realizaron inspecciones en las siguientes municipalidades:
Inspección en el puente Calle Toro, del río Trojas en Sarchí. Foto cortesía LanammeUCR.
Municipalidad de Sarchí: 11 puentes Municipalidad de Coronado: 15 puentes Municipalidad de Montes de Oca: 15 puentes Municipalidad de Esparza: 8 puentes Municipalidad de Goicoechea: 10 puentes Municipalidad de Tarrazú: 25 puentes Municipalidad de Nicoya: 34 puentes
Cabe mencionar que en algunos casos las inspecciones realizadas corresponden a puentes que ya se habían visitado anteriormente, es decir, se dio un proceso de reinspección.
Principales hallazgos
Para el caso de las inspecciones realizadas en los puentes cantonales en las municipalidades antes mencionadas, durante el periodo 2019-2020, se ha mantenido la tendencia vista en el resto del país en cuanto al tipo de daños que se ha logrado identificar, los cuales son:
Problemas con las barandas (faltantes, en malas condiciones, no brindan un adecuado nivel de contención).
Problemas de socavación en fundaciones de bastiones (problema recurrente y que puede generar desplazamientos del puente y atentar contra su estabilidad).
Oxidación de vigas metálicas (esto a causa de las pocas labores de mantenimiento rutinario que se realizan en estas estructuras).
Una de las principales recomendaciones que se hacen a las municipalidades es la implementación de programas de mantenimiento y aplicar medidas correctivas para el mejoramiento de barandas y ejecución de obras anti-socavación.
El perfil general de los puentes se mantiene dentro del estándar de vías cantonales, es decir, puentes de longitudes promedio de 15 metros con superestructuras simplemente apoyadas en los extremos y subestructuras de tipo bastión. En muchos de los casos, se mantiene la tendencia de contar unicamente con un carril para el paso de vehículos, lo cual propicia conflictos de seguridad vial.
El Vancouver Latin American Film Festival anuncia su primera sección de Cine en Construcción (Work in Progress), dirigido a directores afro-descendientes y/o indígenas, de la región latinoamericana, para largometrajes que estén en etapa de post-producción (en corte final avanzado), que se llevará a cabo de manera virtual, del 23 al 25 de noviembre del 2020.
La finalidad de esta convocatoria “Voces Afro Indígenas Voices” es dar a conocer a programadores de festivales, expositores de salas independientes, distribuidores, agentes de venta y canales de televisión de Canadá, lo que se está realizando en la región latinoamericana por directores de comunidades indígenas y afro-descendientes, para así además crear un vínculo entre las audiencias canadienses y estas voces latinoamericanas.
Requisitos:
La convocatoria se abre a partir de esta publicación y cierra el 30 de octubre de 2020.
La postulación será completamente gratuita a través de FilmFreeway, empezando el 1 de agosto:
Se considerarán largometrajes de ficción, animación o documental de directores indígenas y/o afro-descendientes con películas que se encuentren en su fase final y tengan un corte de al menos 60 minutos de duración y con un corte final avanzado. En caso de que el proyecto/película esté en un idioma distinto al español (Portugués, Aymara, Quechua, Guaraní, etc.), enviarlo con subtítulos en inglés.
Se seleccionarán siete finalistas que formarán parte de las asesorías virtuales y competirán por el premio único de $3,000 USD.
Premio
$3,000 USD al proyecto seleccionado ganador.
Asesorías virtuales de profesionales del cine y televisión en Canadá a los proyectos seleccionados (con fecha del 23-25 de noviembre, 2020).
El jurado estará conformado por especialistas y profesionales de la industria canadiense.
Este 31 de julio a las 6 p.m., en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre “Realidad Económica Costarricense”, con la participación de Sofía Guillén, Economista; Ernesto Alfaro, MBA. Banca y Finanzas y Jonathan Acuña, Economista, asesor legislativo.
Se estará presentando vía Facebook Live, o bien, sintonizando la frecuencia 1590am.
Miércoles 29 de julio de 2020. En horas de la mañana funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica realizaron una inspección y recolectaron indicios para determinar los daños arqueológicos y posibles delitos, provocados por una invasión en Crun Shurin, terreno recuperado del Territorio Brorän de Térraba.
El pasado lunes 27 de julio Hilda Granados, su hija y Yoiner Mora Campos invadieron la parcela del Mayor Brorän Vinicio Navas Nájera, causando diversos daños ambientales y arqueológicos y Mora Campos amenazó de muerte al recuperador Brorän Pablo Sibas Sibas.
La diligencia del Museo Nacional se llevó a cabo sin incidentes de violencia, en presencia de las y los recuperadores Brorän de Crun Shurin; los invasores hoy no se hicieron presentes al lugar de los hechos.
Las y los recuperadores Brorän de Crun Shurin solicitan que las diferentes instancias públicas realicen las investigaciones y diligencias requeridas para establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes con los delitos cometidos por los invasores.
Recuperadoras/es Brorän de Crun Shurin. Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Luis Paulino Vargas Solís Economista. Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista
Dos preguntas básicas animan este artículo: ¿qué asuntos nos preocupan respecto del abordaje de la crisis económica y sus consecuencias sociales y humanas? ¿Qué respuestas alternativas deberían darse?
Es desatinado debilitar la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública, a través de la reducción de jornadas, el recorte de gastos y la aplicación de la regla fiscal:
Ahora, más que nunca, resulta necesario dotar a esa institucionalidad del músculo y la capacidad de respuesta, requeridas para atender la multiplicación de necesidades y demandas que la crisis trae consigo.
Por lo tanto, es desatinado y debe retirarse la propuesta de reducción de jornadas, que limitaría la disponibilidad de personal, incluso en áreas críticas como las de las instituciones de atención de la pobreza o las de implementación de las políticas de vivienda popular.
Debe asimismo desaplicarse la regla fiscal. Resulta irracional que, en medio de una crisis de tal gravedad, esa regla se mantenga en pie, en vista de las rigideces y restricciones que impone.
Deben reconsiderarse las políticas de austeridad fiscal. Se necesita más eficiencia y compromiso, no menos recursos. Y, sobre todo, el sector público tiene el deber de aportar un impulso positivo a la economía, en vez de sumar fuerzas contractivas, como resultaría de las políticas austeritarias.
Es claro que el reparto de los costos de la crisis sigue siendo inequitativo.
Es indispensable desarrollar un esquema muy progresivo de tributos y subsidios, bajo el criterio de que deben contribuir todos y todas quienes puedan hacerlo, y cada quien según sus posibilidades materiales, y de que se debe apoyar a todas y todos quienes realmente lo necesiten.
Un esquema tributario progresivo, apropiadamente diseñado, no desestimulará la inversión productiva y la generación de empleos, aunque sí el despilfarro, los lujos extravagantes, la especulación y las actividades ambientalmente dañinas.
Bajo las actuales condiciones de profunda recesión económica, un esquema muy progresivo de subsidios, dará poder adquisitivo a los sectores más carenciados, y ayudará así a activar el mercado interno y aliviar la recesión.
Este esquema de subsidios progresivos –que bajo el actual gobierno tiene el nombre de Bono Proteger, el cual urge ampliar y reforzar– debe ser el primer paso hacia el establecimiento de una “renta básica universal”.
Debe haber pasos firmes y una acción vigorosa de combate a todas las formas de fraude fiscal, bien si resultan de la evasión directa, o de los mecanismos, mucho más sofisticados y agresivos, de la elusión. En concordancia con lo anterior, debe haber un avance efectivo hacia la revisión y supresión de las exoneraciones (incluyendo las de zonas francas), de modo que se mantengan solo las que tienen justificaciones sociales muy sólidas.
Se habla de reactivación pero las propuestas en esa materia parecen naufragar en la indefinición. Por ejemplo: las cifras tan significativas dadas a conocer el 4 de mayo, acerca de los presuntos programas de inversión pública que se pondrían en marcha (en el orden de alrededor del 5% anual como proporción del Producto Interno Bruto, PIB), siguen sin tener ningún aterrizaje claro.
Entre otras acciones muy importantes, debe definirse prioridades y calendarios precisos del programa de inversiones a desarrollar, incluyendo un componente de corto plazo, de fácil ejecución, con gran potencial de generación de empleos (incluyendo explícitamente el empleo de mujeres), y beneficio para las regiones más rezagadas del país.
Confiarse a la “reapertura” para lograr la reactivación es engañoso: la incertidumbre y desaliento son hoy tan extendidos, y las fuerzas que deprimen la economía, tan poderosas, que se necesita un empuje mucho más vigoroso, el cual solo puede darse desde el Estado.
Se requiere, como ya se dijo, un programa de inversiones muy vigoroso y una serie de otras acciones cuyo liderazgo compete que sea ejercido desde el sector público. De ahí lo desatinado de las medidas recortistas que mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública-estatal.
En concordancia con lo antes indicado, y bajo las actuales circunstancias depresivas y de gran incertidumbre que rodean la economía, ni el crédito ni, más en general, la política monetaria, pueden ser eficaces en grado apreciable, para reactivar la inversión empresarial y la generación de empleos.
No obstante lo anterior, sí es urgente canalizar financiamiento en condiciones muy favorables, para proporcionar flujo de caja y capital de trabajo a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, e incluso algunas grandes empresas, que lo requieren con urgencia. Ello no puede hacerse con arreglo a la actual normativa del sistema financiero. Se necesita poner en marcha mecanismos muy innovadores, incluyendo un amplio programa de avales y garantías.
Se insiste en recurrir a deuda externa para abaratar el costo asociado al pago de intereses, no obstante que hay mecanismos internos que podrían utilizarse con el mismo fin, sin incurrir en el riesgo cambiario y político asociado a una deuda externa incrementada.
En este, como en otros aspectos (inclusive el indicado en el punto 5 anterior), es urgente que el Banco Central se sacuda de la modorra que lo paraliza, y empiece a dar la contribución necesaria para estabilizar la economía, aliviar los efectos negativos derivados de la crisis y contribuir a crear condiciones para la posterior recuperación.
La crisis ha sacado a relucir los gravísimos problemas de exclusión y marginalidad existentes, lo mismo en zonas rurales –por ejemplo, en las plantaciones agroindustriales de la zona norte– que en áreas urbanas, en las cuarterías y en barriadas empobrecidas densamente pobladas. Esa realidad, que por tanto tiempo ha sido tercamente ignorada y negada, ha salido a luz dramáticamente, empujada por el Covid-19 y la pandemia.
En el contexto de la crisis actual, es urgente que desde el Estado se movilicen recursos que permitan atender esas situaciones de carencia y privación, primero, por razones morales y de compromiso humanitario y solidario, y, segundo, porque ello es indispensable para frenar el contagio del Covid-19.
Más allá de la crisis actual, y en perspectiva de mediano y largo plazo, el país debe reformular a profundidad sus estrategias de desarrollo, en relación con el empleo, la atracción de inversiones, la inversión pública, el impulso al desarrollo regional y las áreas o actividades productivas prioritarias.
Es un error confiarse a las exportaciones y el turismo como los mecanismos que saquen a la economía de la recesión. Ninguno de los dos tendrá una fácil ni rápida recuperación. En el caso del turismo será seguramente mucho más lenta.
Por lo tanto, es preciso reconocer que, al menos por un período que podría ser relativamente considerable, los mecanismos dinamizadores de la economía deben surgir desde dentro de ésta.
Lo cual significa recuperar, al menos en parte y con las reformulaciones que sean necesarias, la noción de “desarrollo hacia dentro”, originalmente planteada por la CEPAL.
Ello, a su vez, tiene dos implicaciones: primero, deben retomarse los objetivos de justicia social e igualdad, que en Costa Rica han quedado en abandono.
Y, segundo, implica revalorizar el mercado interno, y convertirlo en motor de dinamización de la economía nacional.
En concordancia con lo anterior, y aparte los programas de inversión pública propuestos, debe extirparse la retórica, comprobadamente hueca, para hacer efectivas y eficaces las políticas de fomento e impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de emprendimientos solidarios, asociativos y cooperativos.
Tener una economía de alta productividad, diversificada, con densos encadenamientos productivos, que aproveche inteligentemente la dotación de recursos de que disponemos, es una meta de mediano y largo plazo, que en lo más inmediato pasa por un mercado interno fortalecido, mejores salarios y más justicia y equidad distributiva.
Con esta crisis han emergido los temores ante la posibilidad de desabastecimiento alimentario, lo cual, a su vez, refleja el abandono histórico de la agricultura tradicional productora de alimentos para el mercado interno.
Es necesario que el país redefina sus políticas en materia de soberanía y seguridad alimentaria, y reivindique el lugar que le corresponde a nuestra agricultura tradicional, y a nuestras agricultoras y agricultores. Un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore medidas de ejecución inmediata, y con perspectiva de mediano y largo plazo, debe ponerse en marcha, incluyendo un componente que garantice la compra por parte de las instituciones del Estado, como la Caja del Seguro Social.
El Covid-19 y la necesidad del confinamiento, han venido a resaltar las inequidades de género que comporta la división sexual del trabajo, con el recargo de doble o triple jornada que ha debido sobrellevar la mujer trabajadora que hace teletrabajo, pero que es un problema generalizado, históricamente puesto sobre las espaldas de las mujeres.
Las políticas de cuido deben reforzarse y ampliarse, incluyendo la ampliación de la infraestructura de cuido, y la disponibilidad de más personal adecuadamente capacitado. El cuido debe ser una responsabilidad socialmente asumida, y no una obligación asignada, en casi su totalidad, a las mujeres.
