Ante el Estado de emergencia decretado por el gobierno SINAE AFINES solicita suspender visitas domiciliarias de los ATAP.
Son más de 1000 funcionarios que no tienen equipo de protección y se exponen al Covid-19.
Compartimos comunicado.
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Enviado por Auxiliadora Zúñiga.
Sea parte de SURCOS:
Dada la emergencia sanitaria por el COVID-19, la UNA solicita a sus estudiantes responder la encuesta formulada por esta universidad para conocer las posibilidades de acceso a tecnologías, para así poder obtener apoyo en clases remotas.
ENLACE: http://bit.ly/encuestaUNA
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Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.
Sea parte de SURCOS:
La Universidad de Costa Rica (UCR) inició desde el pasado 12 de marzo la aplicación del trabajo remoto para aquellas funcionarias y funcionarios cuyas labores se podrían realizar desde sus hogares, es decir, sin afectar servicios esenciales de la institución. Esta es una de las primeras medidas adoptadas por la UCR ante la pandemia del COVID-19 que afecta al país y al mundo entero.
La UCR atiende todas la directrices emanadas del Ministerio de Salud y del Gobierno de la República, y adoptaó acciones que evitan las aglomeraciones y el contacto entre las personas, como forma de librarse del contagio de esta enfermedad.
Según estadísticas oficiales de la UCR, al 20 de marzo, 5 171 funcionarias y funcionarios llenaron el formulario de trabajo remoto elaborado por la Oficina de Recursos Humanos; esta Universidad cuenta con cerca de 9 600 trabajadores entre docentes y administrativos, es decir un 54 % ya se encuentra formalmente inscritos en esta nueva modalidad.
Para gestionar esta nueva opción laboral, la Oficina de Recursos Humanos diseñó con rapidez los contenidos del formulario y el Centro de Informática lo habilitó en una plataforma virtual. La persona funcionaria de la UCR al ingresar con sus datos a la plataforma virtual y completar el formulario, firma una adenda a su contrato, en la que se especifica el cambio a la modalidad de trabajo remoto, las tareas y funciones que va a desarrollar, así como el cumplimiento de las condiciones que requiere en su casa para poder trabajar.
Cabe destacar que la Universidad contaría ahora con dos modalidades de trabajo a distancia: el trabajo remoto y el teletrabajo. Este último se viene desarrollando desde hace varios años a través de un programa institucional al que previamente se han inscrito funcionarias y funcionarios.
El formulario para trasladarse al trabajo remoto se encuentra en la página Portal.ucr.ac.cr, al que se ingresa mediante la cuenta de correo institucional y su contraseña.
Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La organización laboral estima que » las autoridades universitarias están siendo negligentes en la toma de decisiones preventivas para asegurar el derecho universal a la salud del personal a cargo en la UNED». Así lo expresan en esta carta el rector:
Por este medio, le externamos un cordial saludo.
A la vez, le expresamos nuestra preocupación por las medidas institucionales sanitarias tomadas en los diferentes acuerdos del Consejo de Rectoría de la UNED hasta el día de hoy. Ya que pese a que el aumento de la cantidad de personas contagiadas en Costa Rica con el virus COVID-19 no cesa, desde el primer caso confirmado el 06 de marzo hasta la fecha del día de hoy 18 de marzo son 69 personas, y aunque las medidas que está tomando el Gobierno de Costa Rica, cada vez son más drásticas, la UNED se niega a establecer un periodo de cuarentena perentorio para salvaguardar la salud y la vida de las personas que laboran en la universidad, de sus familias y de todo el círculo de personas que hacen uso de los servicios de la institución.
De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Salud, la institución rectora en el tema y líder en esta emergencia sanitaria, las medidas de cuidado de no exposición en espacios públicos se deben de incrementar, y la universidad no está considerando seriamente esta disposición, el periodo de cuarentena recomendado por esta institución en diferentes conferencias de prensa son de al menos 15 días para que las personas estén en sus casas.
Como gremio no estamos solicitando que se detengan por periodo indefinido las funciones de la institución, sin embargo, consideramos imprudente el no establecer la cuarentena recomendada por el Ministerio de Salud, para que las personas en la universidad se aíslen en sus casas y no se expongan al contagio en el trayecto que duran desde el traslado de sus casas hasta el centro de trabajo y en su interacción con las personas dentro y fuera de la UNED.
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”
Además, en el voto 005560-2019 de la Sala Constitucional, se indica que: “El derecho a la salud y el derecho internacional de derechos humanos. La preponderancia de la vida y de la salud, como valores supremos de las personas, está presente y señalada como de obligada tutela para el Estado, no sólo en la Constitución Política, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el país como la Declaración Universal de Derechos Humanos…” (Sentencia 005560-19).
También, de acuerdo a la Constitución Política, en el Título V: Derechos y garantías sociales, Capítulo Único. Artículo 66, “Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo”. Y en esta situación coyuntural extraordinaria, ni siquiera la universidad está asegurando que el personal que se está presentando a laborar durante este periodo, ni la comunidad universitaria y la población usuaria de los servicios universitarios en general, tenga para su acceso alcohol en gel y otros productos para la desinfección de los lugares visitados y espacios de trabajo.
Por esto, reiteramos que consideramos que las autoridades universitarias están siendo negligentes en la toma de decisiones preventivas para asegurar el derecho universal a la salud del personal a cargo en la UNED como institución de educación superior pública, de la comunidad universitaria y la población usuaria de los servicios universitarios, para así mitigar la propagación del virus COVID-19 y les hacemos responsables por no tomar las medidas necesarias preventivas a tiempo para minimizar el riesgo a ser contagiado en la UNED como institución pública de educación superior.
Enviado por Rafael López Alfaro.
Sea parte de SURCOS:
En una resolución emitida el jueves 19 de marzo, el Tribunal Electoral Universitario (TEU) acordó declarar la suspensión del proceso electoral para la Rectoría 2020-2024, de manera indefinida, hasta que no haya alguna variación en las condiciones actuales de emergencia que enfrenta el país ante la pandemia del COVID-19, que garantice un proceso seguro y democrático.
El periodo de propaganda estaba programado para iniciar el 18 de marzo y que la elección se llevara a cabo el 17 de abril.
La decisión se tomó al considerar que los procesos electorales son eventos masivos potencialmente bioinfecciosos, ya que son acontecimientos en los que el contacto social resulta inevitable.
Asimismo argumentan que debido a los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones Universitarias y la situación que atraviesa el país, se ha constatado la inviabilidad de realizar en este momento, una reprogramación para que el 19 de mayo de 2020, se haya elegido a la persona que ocupará el cargo de la Rectoría.
“Este análisis y las medidas que el Gobierno de Costa Rica y la institución han difundido en el marco de una situación en constante cambio, lo prudente es suspender de manera indefinida la elección, hasta que se tenga un panorama claro sobre la evolución de la pandemia en la población costarricense y las directrices que se emitirán”, explica la resolución.
Se acordó también mantener la convocatoria a la Asamblea Plebiscitaria y la ratificación de las candidaturas que corresponden a Orlando Arrieta Orozco, Ralph García Vindas, Gustavo Gutiérrez Espeleta, Lizbeth Salazar Sánchez y José Ángel Vargas Vargas.
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), se pronuncian sobre la propuesta de legislación que está presentando el Gobierno de la República mediante el proyecto de ley denominado “Ley que autoriza la reducción de jornadas ante la declaratoria de emergencia nacional por emergencia sanitaria ocasionada a causa de una pandemia”, el cual afecta considerablemente a la clase obrera.
Es importante resaltar que esta misma propuesta había sido ya planteada en el proyecto de ley 18.080 denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en los tiempos de crisis”, mismo que se tramitó, sin éxito, en la Asamblea Legislativa durante la Administración de Laura Chinchilla Miranda, con el apoyo decidido de las cámaras empresariales.
Ahora, aprovechando el contexto de la actual crisis que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, el empresariado nacional y su Gobierno, retoman la iniciativa de ley que nos la presentan como una medida “necesaria” para proteger el empleo.
La ANEP y el SITRAP ven con buenos ojos cualquier medida tendente a proteger el empleo, pero hace ver que, en orden de prioridad, se debe proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Desde esta perspectiva, criticamos este proyecto de ley, precisamente, porque lejos de proteger a las personas trabajadoras, no hace otra cosa que precarizar las condiciones de trabajo, pero sí favorece los intereses económicos de las empresas
En nuestra opinión, el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos por ayudar a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas; dándoles facilidades para que puedan enfrentar la crisis, pero sin cargar la factura a los trabajadores y a las trabajadoras que es lo que, a la postre, hace este proyecto de ley. Además, de que el contenido de este último adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.
Para empezar, como es ya estilo en todas las propuestas de reforma legal al marco jurídico que regula las relaciones laborales del país que promueven los grupos de poder económico y las cámaras empresariales; el proyecto omite, por completo, tener en cuenta la negociación colectiva como instrumento idóneo para resolver los problemas del mundo del trabajo.
La propuesta de ley parte de la visión autoritaria y unilateralista de las relaciones de trabajo, donde la participación de los trabajadores y de las trabajadoras, así como la representación sindical, no tienen cabida.
El proyecto de ley no prevé, si quiera, la posibilidad de que la reducción de la jornada sea negociada con los trabajadores y con las trabajadoras en aquellas empresas donde existe organización sindical que, si bien es cierto son pocas en el país, las hay. Es la visión antisindical que prevalece en el Gobierno.
A parte de lo anterior, nos preocupa puntualmente ver que los requerimientos exigidos en el artículo 3 del proyecto para la autorización de la reducción de la jornada, son muy laxos.
Basta con que el empresario presente una declaración jurada manifestando afectación en sus ingresos y que aporte “los datos correspondientes”, para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), otorgue la autorización. Si bien el artículo prevé que dichos datos pueden ser verificados por el MTSS, la consabida limitada capacidad de gestión que tiene este ministerio, nos permite entender que el sistema de control no funcionará y las autorizaciones serán dadas de manera automática.
Consideramos pertinente que, cuando menos, se exija al empresario solicitante de la autorización que, aparte de la declaración jurada, deberá demostrar la reducción de los ingresos mediante un estudio contable debidamente certificado por un profesional competente, y que éstos sean debidamente verificados por la autoridad competente, previo a emitir la autorización.
De igual forma, echamos de menos en el proyecto la participación del Consejo Nacional de Salarios (CNS). Al considerar que la reducción de la jornada implica, en esencia, una reducción drástica de los salarios pues esto constituye el corazón de la medida; y dado que el proyecto no posibilita la participación obrera por medio alguno, cuando menos debería dársele participación al CNS a fin de que este órgano, que es de conformación tripartita, sea el que emita los lineamientos que deben seguirse para la implementación de una medida como la planteada; y que estos lineamientos respondan a criterios más técnicos y según la realidad puntual que tenga cada sector productivo frente a la crisis.
Nos preocupa, también, que se establezca la posibilidad de reducir la jornada en un 75 % en aquellos casos en los que se aduzca la reducción de ingresos al 60 %. Llama la atención ver cómo los proponentes del proyecto, en la versión definitiva del texto, han socado aún más el torniquete sobre el cuello de los trabajadores y de las trabajadoras, pues en la versión original del proyecto, la medida quedaba limitada al sector turismo y la reducción de la jornada no sobrepasaba el 70 %. Ahora, se propone como regla general que aplicaría a favor de cualquier empresa y reduciendo el salario de los trabajadores apenas al 25 %.
Esta medida, a todas luces desproporcionada, no toma en cuenta que reducir el salario de los trabajadores y de las trabajadoras a una cuarta parte, implicaría condenar a los perjudicados a una situación calamitosa, pues con el ingreso percibido no podrían atender siquiera las necesidades más elementales de subsistencia.
Esta medida, violenta de manera grosera las medidas de protección al salario previstas en la legislación laboral, y viola el derecho fundamental que tiene toda persona trabajadora a devengar un salario que le permita una existencia digna, según lo ordena el artículo 57 de nuestra Constitución Política.
Una reducción del salario como la que se plantea en este proyecto de ley, ni siquiera permitiría a la persona trabajadora sufragar los gastos que le demanda la actividad laboral como lo son la alimentación, el transporte o la vestimenta.
Mucho más preocupante es ver cómo el proyecto de ley ni siquiera establece excepciones a la reducción de la jornada, como medida para proteger a las personas más vulnerables, o a aquellas en estado de necesidad especial.
Permitir que sea el empleador quien, de manera autoritaria, unilateral y discrecional, decida a qué contratos se le aplica la reducción de la jornada sin condicionamientos de ningún tipo, es poner en manos del empleador una potestad desproporcionada que puede fomentar todo tipo de abusos.
Por las mismas razones antes expuestas, consideramos inaceptable que en el proyecto de ley se establezca, como se hace en el artículo 7, la posibilidad de aplicar la reducción de la jornada incluso a trabajadores aforados o trabajadoras aforadas, pues tal medida socava y deja sin efecto la protección especial que el ordenamiento jurídico prevé para este tipo de personas trabajadoras.
Piénsese en la grave situación en que quedarían, por ejemplo, las trabajadoras en estado de embarazo o en período de lactancia, mismas que verían sus ingresos reducidos drásticamente cuando sus familias, mayor seguridad y estabilidad económica requieren.
En definitiva, en nuestra opinión, este proyecto de ley, lejos de darnos una solución al problema que enfrenta el país, viene a agravarlo, por cuanto no hace más que trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras los riesgos de empresa frente a una crisis que ni es culpa de ellos ni de ellas; sino que, además, frente a tal crisis son estas personas trabajadoras las más vulnerables y, por tanto, quienes mayor protección requieren por parte del Estado.
Finalmente, apuntamos una omisión que no por obvia resulta innecesaria. El proyecto de ley no contempla ninguna medida compensatoria a favor de los trabajadores perjudicados y de las trabajadoras perjudicadas con la rebaja de sus salarios.
Si la intención real del proyecto es proteger el empleo, resulta absolutamente indispensable establecer medidas especiales y reales de protección a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, como lo podría ser la prohibición del despido injustificado a las personas que se les aplique la reducción de la jornada y su consecuente rebaja de salario; o limitar las facultades del ius variandi, de manera que el empleador, a parte de la reducción de la jornada, no pueda introducir en paralelo ninguna otra modificación a las condiciones de trabajo que hagan más gravosa la condición del trabajador o de la trabajadora.
En concordancia con lo anterior, nos preguntamos: ¿por qué no pensar, también, en medidas de carácter económico como podría ser la suspensión de pagos por deudas crediticias o readecuación de cuotas a todas aquellas personas trabajadoras que tienen créditos y se vean afectadas con la pérdida de salario que acarrea la reducción de la jornada que plantea el proyecto de ley, entre otras? En fin, existe infinidad de posibilidades para lograr una propuesta más balanceada. Desde esta perspectiva, hay que decir que el desequilibrio de intereses que se plasma en el proyecto de ley resulta algo más que odioso.
Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades políticas y de Gobierno para que desistan de esta iniciativa de ley. En su lugar, se convoque a los representantes del sector productivo y sindical a discutir mejores alternativas que nos permitan enfrentar la crisis con medidas más justas y equitativas, que protejan los intereses de todas las partes y no sólo los de índole económica.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Didier Leitón Valverde, Secretario General SITRAP
Con la asesoría profesional del:
Dr. Esteban Calvo Rodríguez, Especialista en Derecho Laboral
Sea parte de SURCOS:
Como representantes de los trabajadores en atención a la emergencia por el COVID-19, en busca del dialogo y solución de la crisis nacional entregamos 17 puntos al gobierno de la república para SALVAR VIDAS, MANTENER LOS EMPLEOS y ESTABILIZAR LA ECONOMIA.
Finalmente aplaudimos la labor de las trabajadoras y trabajadores públicos que están al frente de las acciones sanitarias del país, que junto con las instituciones del Estado han demostrado hoy más que nunca que la defensa de la institucionalidad pública es garante de la aplicación de los derechos humanos.
Gracias compañeras y compañeras de las instituciones del Estado:
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
Benemérita Cruz Roja Costarricense
Benemérito Cuerpo de Bomberos Ministerio de Seguridad Pública (MSP)
Ministerio de Salud (MS)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
Fábrica Nacional de Licores (FNL)
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
Instituto Nacional de Seguros (INS)
Informes Secretarios Generales:
Mario Rodríguez: 71-05-25-87
Mario Vílchez: 83-07-32-21
Olman Chinchilla: 88-45-64-06
Sol Salas: 88-90-41-00
Imagen ilustrativa, UCR.
Enviado por Juan Carlos Durán Castro y Carlos Cabezas.
Sea parte de SURCOS:
El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha infectado a nuestra comunidad costarricense y de acuerdo a la alerta colocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo es a nivel mundial. Luego de haberse reportado por primera vez en Wuhan, Hubei, China, el 31 de diciembre de 2019, se estima que los primeros casos empezaron a emerger al inicio de diciembre o antes, esto de acuerdo al estudio publicado en la Revista de New England Journal of Medicine el 28 de febrero de 2020 (Guan, et al. 2020).
El día 10 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud de Costa Rica se da a la tarea de analizar 179 casos sospechosos. Al 18 de marzo se contabilizaron 69 casos y se da el primer fallecimiento. Nicaragua hoy reporta su primer caso. Panamá reportó el primer fallecimiento el 11 de marzo de 2020, para un total de 8 casos.
En este momento, tenemos la información que se ha compartido por diferentes medios de comunicación, plataformas web, las cifras oficiales de la OMS y la información de cada diagnóstico realizado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).
Dado que es un virus que no conocíamos hasta finales del 2019, la información en este momento podría estar subregistrando de manera considerable los casos en Costa Rica. Sin embargo, en este momento no podemos contar con ese dato tan necesario para gestionar la atención médica de manera precisa.
Emprender la investigación ciudadana más apropiada que podamos elaborar como país. Esto significa tomar conciencia de la resciliencia necesaria para enfrentar un período considerable y que en este momento identificamos una elevada incertidumbre para la toma de decisiones a nivel de salud poblacional y política económica.
A nivel científico. Podemos emprender un estudio observacional para describir el comportamiento clínico y comunitario en Costa Rica. Además de diseñar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades en salud poblacional y en política económica.
Nos enfrentamos a una situación que merece maximizar nuestros recursos y administrar el tiempo de investigación con sabiduría.
A nivel ciudadano. Podemos ser parte del equipo científico. Observando nuestra condición y teniendo cuidado con las decisiones que permitan cultivar mi salud física, mental y además Salud Comunitaria.
A nivel de toma de decisiones. Podemos ampliar nuestra mirada por medio de la ciencia ciudadana y asegurarnos de proponer las mejores acciones para nuestro propio bienestar.
A nivel de acción social. Podemos sincronizar nuestros esfuerzos y articularnos para ser parte de una nueva condición de salud y poder fortalecerla. Debemos emprender sobre las oportunidades de un cambio en la salud poblacional.
El patrón de crecimiento de casos es muy similar al que tuvo Inglaterra hasta el 4 de marzo de 2020. Después de esa fecha estamos 16 casos abajo.
Por lo tanto, hasta el momento estamos manejando la situación de una manera extraordinaria, pues el sistema de salud en Costa Rica se rige bajo dinámicas muy similares a las inglesas. Sin embargo, el riesgo que nos guarda el día de hoy en nuestras casas, más que todo se concentra en la necesidad de aprender a nivel social, a nivel de país para superar la pandemia. Lo que podría significar el esfuerzo para superar la desigualdad social en términos de priorización de los servicios de salud. Un dilema que hemos tenido presente desde nuestra existencia, pero que, ante la situación, se observa de manera más aguda y visibilizando el riesgo.
Debemos considerar un escenario en el que el sistema podría colapsar, dada la necesidad de atender a una gran cantidad de personas. Esta es la diferencia que tenemos con Inglaterra, nuestra capacidad es menor, pero nuestra población también es mucho menor. Y sobre todo ante las preguntas de investigación que surgen en relación al comportamiento del virus en el ambiente costarricense, lo mejor es seguir las indicaciones del Ministerio de Salud.
Las probabilidades de contagio en este momento no se conocen con precisión, dado que, al ser desconocido el virus, emergen preguntas en relación a la dinámica de comportamiento o bien cuáles son las causas y los efectos en la salud poblacional.
Cuando se habla de estadística puede significar diferentes conceptos desde la perspectiva con la que se observe. La estadística es el registro de la experiencia o fenómeno de interés. La transmisión comunitaria es como se le está llamando al fenómeno natural de emergencia de una nueva condición de salud, y este cambio de salud no considerado anteriormente por la gestión de la salud pública, pone en perspectiva la posibilidad de una saturación de la seguridad social y por tanto la población se vulnerabiliza. Es decir, acá todos estamos en riesgo.
Aunque el COVID-19 en dado caso, represente un riesgo elevado para la población mayor de 60 años, si el sistema no pudiese gestionar la emergencia del primer brote, se podría generar un efecto dominó muy doloroso. Sin embargo, Costa Rica, primero debe resolver el estado de salud de las personas que estamos dentro en este momento.
En cuanto al manejo de la información, es sumamente importante aprender a distinguir fuentes confiables y válidas de las que no lo son. En este caso, la infografía que publica el Ministerio de Salud puede referenciarse como la fuente más confiable y válida. Actualmente, el brote más importante parece estar localizado en Alajuela con 15 casos confirmados y le sigue San José con 10 casos. El brote está afectando principalmente adultos entre 18 y 60 años, siendo menos frecuentemente detectado en adultos mayores (7 casos) y en niños y niñas (5 casos).
Ampliando nuestra perspectiva de observación, cuidando de nuestro espacio y recurso, diagnosticándonos a tiempo y manejando con precaución. Atendiéndonos de manera integral y no sólo enfocarse en el virus, sino también en cuidarnos y disfrutar al máximo el tiempo que estamos compartiendo en familia y en casa.
En la Escuela de Estadística tenemos a disponibilidad una lista de correos para invitar a cualquier persona que quiera ser parte de esta discusión socio-científica.
Para inscribirse pueden enviar un correo a: escuela_de_estadistica@listas.ucr.ac.cr Adicionalmente mis estudiantes del curso de Estadística para Biología II, organizaron un formulario para diagnosticar la situación estudiantil en relación al acceso a recursos tecnológicos y las necesidades de adaptación del sistema educativo superior durante este periodo crítico. https://forms.gle/bht3GeoAZsS1Lq178
Con gusto puedo seguir haciendo notas informativas cada semana, por lo que pueden hacerme llegar preguntas que surjan de la experiencia de incertidumbre a nivel de salud poblacional. Esto puede ser por medio de comentarios de las personas en la plataforma donde se coloca la nota.
Referencias 1. Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., … & Du, B. (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England Journal of Medicine.
Dra. Milena Castro
Investigadora y Docente en la Escuela de Estadística UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La Coordinadora de Lucha Sur Sur informa:
El domingo 15 de marzo en la comunidad conocida como la Fortuna de Salitre, al ser las 10 a.m., dos indígenas fueron atacados y amenazados.
El agresor se presentó al terreno donde los indígenas se encontraban y les amenazó y les comenzó a perseguir, a uno de los indígenas le rasgo la camisa con un machetazo, y antes de irse les dijo que los iba a estar esperando.
Los agredidos llamaron a la Fuerza Pública, cuando llegaron el agresor ya se había ido.
El agresor es reincidente en molestar, hostigar y amenazar a los indígenas y a sus familias, por lo anterior ya tenía medidas cautelares de no molestar, ni acercarse a las víctimas, sin embargo, constantemente incumple esas medidas.
La impunidad ante la violencia, agresiones y amenazas sufridas por los Pueblos Originarios es responsabilidad del Estado por omisión y ha estimulado la ola de violencia incontrolada contra estos pueblos, que se ha incrementado en los últimos días.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur, recuenta 4 incidentes contra los pueblos originarios de la Zona Sur en la semana del 9 de marzo al 15 de marzo. Los incidentes se exponen a continuación:
Sea parte de SURCOS:
Hacemos de conocimiento público esta carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el aniversario del asesinato de Sergio Rojas. La carta fue recibida por la CIDH con otras como parte del expediente de las medidas cautelares.
La CIDH por su parte hizo este comunicado público.
Foto extraída de nota de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
Enviado por Marcos Guevara.
Sea parte de SURCOS: