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Autor: María José Ferlini Cartín

SALITRE

“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.

En Salitre

la ignominia impunemente arrasa,

se pavonea,

tala y hace pedazos las mañanas,

las sonrisas, los árboles, las siembras,

la cotidianidad de un pueblo que no cede

ante siglos y siglo de abandono.

 

En Salitre

la muerte y sus secuaces,

el gobierno y sus frases desinfladas,

la retórica oscura,

las excusas…

 

En Salitre

la ira recorre los caminos,

el miedo tomar atajos,

la rabia hace buen rato que no encuentra razón de seguir ocultándose.

 

Gerardo Cascante V.

 

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Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico contiene varias regresiones ambientales

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL, CONCEPCION SAN RAFAEL HEREDIA

COMUNICADO PÚBLICO

Considerando que el agua es un elemento primordial de la naturaleza, imprescindible tanto para asegurar la vida y salud de los seres vivos como para el desarrollo del comercio, agricultura e industria, la Asociación de Desarrollo Integral de Concepción de San Rafael de Heredia, manifiesta oponerse al Proyecto de Ley 20.212 denominado Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, por contener varias regresiones ambientales y omisiones, considerando principalmente las siguientes:

  1. El proyecto de ley 20.212 le sustrae las funciones técnicas que hoy tiene SENARA, en la protección y fiscalización del recurso hídrico subterráneo, para trasladárselas y concentrarlas en la Dirección Nacional de Aguas, ente el cual su jerarca será un subordinado del Ministro de Ambiente, por lo que las decisiones en la tutela de uno de los principales recursos que tenemos los seres vivos, no estarán exentas de que se tomen siguiendo criterios políticos-económicos y no técnicos.
  2. En el proyecto, se prioriza el consumo humano ante la sostenibilidad ecológica en situaciones de crisis o conflicto por el abastecimiento de agua (Artículo 94), lo que puede ser contraproducente al estar atentándose contra los caudales ecológicos los cuales son necesarios e imprescindibles para asegurar a mediano y largo plazo el recurso hídrico de manera constante y de calidad, tanto para el consumo humano como los seres vivos propios del ecosistema.
  3. El proyecto es regresivo en tanto obliga sola la reposición de la cobertura arbórea en sólo 5 metros del cuerpo de agua, independientemente de si el área de protección es de 10, 15, 50, 100 o 200 metros.
  4. El proyecto disminuye con respecto a lo que tenemos hoy día, que en principio son 40 metros, a sólo 10 metros el área de retiro de seguridad operacional de un pozo, lo que expone a las aguas subterráneas que se vean afectadas por contaminación.
  5. No se regula de manera alguna el embotellamiento de agua, sea para consumo local o exportación, lo que ante la crisis por la cantidad de agua disponible, es inaceptable tal omisión, lo que revela un afán de favorecimiento a la mercantilización del recurso hídrico de los costarricenses.

25 de febrero del 2020

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONCEPCIÓN DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

Correo electrónico: asodic397@gmail.com

 

Imagen ilustrativa de la UCR.

Enviado por Isabel Ducca Durán.

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El sonado caso de la UPAD de Zapote

Un señuelo perfecto para buscar consolidar un jaque mate a la democracia y a la institucionalidad

Ciertamente el tema, nada menor, que se destapa a raíz de la Unidad Presidencial de Administración de Datos (UPAD), es sumamente longevo y ha sido puesto en escena en distintas formas, para distintos fines, en coyunturas políticas diversas y en sistemas democráticos o no, en tal sentido esta arista del hecho en pleno desarrollo no nos sorprende para nada, por tanto ahí no centraremos la mirada, ya que los y las que se rasgan hoy día las vestiduras en nombre de la defensa del pueblo, conocen bien como el PLN y el PUSC tenían su propia Gestapo Presidencial y son curiosamente los que recientemente aprobaron el antihumano combo fiscal o bien la inconstitucional e ilegal ley anti huelgas.

Ahora bien, nuestra malicia indígena nos conduce a preguntarnos ¿qué puede haber detrás de este gigantesco juego de pólvora pensado desde las mentes retorcidas de las elites del sector financiero, empresarial y político? ¿Por qué tiene lugar un circo romano así a la mitad del mandato de la tristemente célebre administración Alvarado Quesada? y ¿por qué estas marionetas electorales de la Asamblea Legislativa se agarran de inmediato a esta tabla de salvación de la UPAD, al punto de volverse la noche a la mañana en los paladines de la libertad y del derecho a la intimidad de toda la ciudadanía?

Nuestra humilde experticia nos lleva a fijar algunas hipótesis iniciales sobre el particular, en primer término, más allá de los yerros sindicales que hemos formulado de forma verbal y por escrito con relación a la conducción política de la huelga contra el combo fiscal en 2018, lo concreto, es que existe la ley 9635 y que está en aplicación, aunque se encuentre a la espera de diversos desenlaces jurídicos. Pero es igualmente cierto, que esta ley es en la historia reciente del país la primera movida de ajedrez de los sectores más adinerados de tiquicia (los que no están en la Asamblea, pero mandan), constituyendo esta ley en lo concreto, uno de los pasos más grandes de la agenda hegemónica neoliberal de los últimos 40 años, lo cual la convierte en el mayor y mejor cartucho de dinamita colocado contra las garantías sociales.

La consolidación de ese primera movida dejo sembradas las condiciones para lo venidero, que sin duda debía estar inscrito en la lógica de destruir el Estado y fortalecer el mercado, esto para que las tasas de ganancia de los sectores más favorecidos del TLC no paren de crecer exponencialmente y así seguir hablando de un “bueno o sostenido crecimiento económico”, aunque en la práctica se concentre más la riqueza, crezca la pobreza y el empleo mantenga su tendencia a la informalización, lo cual deja al desnudo la farsa y el fracaso de un discurso y de un modelo, mientras tanto sin duda seguiremos esperando que caiga del cielo el mana que llaman “reactivación económica” y nuestros jóvenes sigan ingenuamente asoleándose y presentando sus atestados en las innumerables ferias de empleo.

Finiquitada la ley 9635, era tiempo de dar el segundo paso y se requería que el Ejecutivo (Don Carlos Alvarado Quesada), convocara los proyectos de ley que los ricos ocupaban, para ello la matriz informativa debía seguir atacando ferozmente a los empleados públicos como generadores únicos y elementales del déficit fiscal e igualmente meter en la fibra óptica popular enfoques parcializados de la huelga 2018, sobre todo lo relacionado con pérdida de citas y exámenes, toma de salas de operaciones, perdida de lecciones, bloqueos, falta de gasolina, no tener red, cortes de agua y de electricidad, en fin envenenar con un buen aditivo de odio a la opinión pública y de paso aceitar la máquina de acumular dinero para que no pase nada antidemocrático en la fábrica llamada Costa Rica y todo funcione a la perfección.

Así las cosas, lo prioritario era cercenar los derechos humanos de organización, expresión y protesta, el resto ya lo conocemos, con los votos necesarios las marionetas operadoras del poder de la Asamblea (esas figuras risibles e hipócritas que hoy se rasgan las vestiduras en defensa del pueblo), aprobaron la ley anti huelgas, norma que sin duda consolida la segunda movida de ajedrez de los que realmente están detrás de toda esta pirotecnia politiquera electoral montada a raíz del no menor tema de la UPAD, caso que sin duda debe ser investigado bajo las normas técnicas y legales previstas, garantizando además la más absoluta transparencia, ética y probidad, pues un correcto manejo del caso desde el cuestionado Poder Judicial podría servir para lavarle la cara.

Consolidadas estas dos fases del plan (las cuales incluyen los enormes yerros sindicales del 2018), y habiendo ensalzado y utilizado al aprendiz de mandatario del “gobierno nacional” en la era del bicentenario, es evidente que el tema de la UPAD, resulta ser la excusa perfecta para realizar la tercera jugada de ajedrez que consiste en tres pasos vitales : el primero montar todo el circo “informativo” alrededor de la UPAD y así distraer la opinión pública de la agenda que no les conviene que sea posesionada por los movimientos sociales, el segundo iniciar un proceso de alejamiento inteligente de una debilitada figura presidencial que ya no da buenas garantías y además cabe la posibilidad riesgosa de un giro de timón inesperado, pues todo parece indicar que el tanque de oxígeno político se le acabo al joven Presidente y un tercer paso arrancar la etapa exploratoria de los aliados que ocupan para el 2022, de ahí las movidas calculadoras de actores como Eli Feinzaig, Daniel Succher, Otto Guevara, Pedro Muñoz y Mario Redondo, que junto a otras figuras del PLN, del PUSC, evangélicos y cristianos, etc., buscaran de nuevo engañarnos y convencernos de votar por su “ nueva y patriótica” empresa partidaria.

Tenemos en primer término por asentado que los verdaderamente ricos de Costa Rica en contubernio escandaloso con los apátridas de los barriecitos institucionales de Zapote, Cuesta de Moras y el Barrio González Lahmann, tienen la partida a su favor pues ostentan dos jugadas de ajedrez consolidadas en los dos primeros años de la administración Alvarado Quesada y acaban de dar el banderazo de salida para el inicio del tercer paso de la tercera jugada de ajedrez , la cual incluye afianzar aliados políticos desde ya para el 2022 y concretar todas las leyes que puedan, como la de empleo público, flexibilización de las jornadas y todas aquella a favor de los negocios que no han podido consolidar relacionados con el agua, el medio ambiente, parques nacionales, seguridad social, educación, energía, telecomunicaciones, hidrocarburos, etc.

En conclusión, creemos desde este lado de la acera que estos sectores poderosos trabajaran arduamente para la consolidación de esta tercera movida de su ajedrez, para lo cual sus aliados, Canal 7, Repretel, La Nación, La Republica, Doña Amelia, los trolls contratados y pagados para las redes y otros medios, reimpulsaran una campaña de desinformación voraz y deformativa, para reconstruir en el imaginario colectivo una suerte de paraíso ficticio que tarde o temprano estallara como Chile, pues la realidad nos indica que el campesinado nacional más temprano que tarde saldrá a las calles a exigir dignidad, los pueblos indígenas ante eventos deplorables como el asesinato de dos hermanos que defendían sus tierras ancestrales van a actuar pronto y no dudamos en creer que el país iniciara un tránsito acelerado hacia la confrontación social hasta sepultar de nuevo la ley totalitaria 9808.

Y para el colorín colorado, este cuento que hemos contado, al final nos compromete a dejar planteado un llamado respetuoso, pero urgente y necesario, para que los movimientos sociales en general (incluido el sindical), y todas sus expresiones organizativas, abandonen sus egos, sus mezquindades, sus agendas personales, gremiales, sectoriales y apuesten de forma decidida a salvar la patria colocando la primera piedra de un gigantesco muro de peones y alfiles verdaderamente patrióticos que dé pie a la edificación de un pacto unitario que evite que los apátridas neoliberales, neo pentecostales, evangélicos y cristianos ( con las excepciones y separaciones correspondientes para cada caso), consoliden eficazmente la tercera movida de ajedrez y sus tres pasos malévolos.

Caso contrario debemos ser claros y sinceros, toda esta respetable dirigencia sin exclusión alguna, pasara a la historia como la dirigencia que facilito las condiciones para el entierro del estado social de derecho, pues su falta de madurez política los inclino torpemente a perder una de las partidas de ajedrez más estratégicas de la historia reciente del país, en consecuencia si nos permitimos morder el anzuelo de la UPAD, podríamos colocarnos como un actor sociopolítico que facilito la consolidación del jaque mate más letal a la democracia y a la institucionalidad patria y esto sin duda no es cualquier cosa, ya que este hecho marcara el rumbo del país para los próximos 50 años.

Juan Carlos Duran Castro

Secretario de Seguridad Social

CTRN 27/02/2020.

Aclaración: El contenido de este artículo de opinión lo hacemos en el marco de nuestro derecho constitucional de expresión y el mismo no representa la posición oficial de la CTRN. Solo es un aporte de cara a la profundización del dialogo sindical en Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Juan Carlos Durán Castro.

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Programa Gestión Local, UNED sobre el asesinato del líder indígena Bröran Jerhy Rivera

Pronunciamiento

El Programa de Gestión Local repudia el asesinato del líder Bröran Jerhy Rivera, estudiante del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios del Pacífico Sur en el año 2010.

Jerhy Rivera se caracterizaba por su espíritu de lucha y compromiso con la causa ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.

La falta oportuna de acción por parte de las autoridades Estatales, hoy nos dejan una víctima más del conflicto de tierras en el cantón de Buenos Aires.

Denunciarnos públicamente la corresponsabilidad que han tenido los medios de comunicación en agravar el conflicto de tierras en Buenos Aires; en especial los recientes reportajes de la televisora Teletica titulados «Continúa la lucha entre finqueros y grupos indígenas en Salitre», los cuales carentes de la información oportuna y veraz, fomentaron discursos de: odio, racismo y violencia.

Evidenciamos la violación al derecho de respuesta por parte de la cadena Teletica. El sábado 15 de febrero 2020 el Consejo Ditsö lrira AjKönuk Wakpa de Salitre entregó un oficio formal a la televisora con un manifiesto sobre la información inexacta trasmitida en los reportajes. No obstante, Teletica omitió la información e incluso alegó la falta de una persona encargada para recibir el oficio. Este derecho lo ampara el artículo 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Exigimos que se implementen los mecanismos que el Estado costarricense tiene para salvaguardar la integridad y los derechos de los pueblos indígenas, así como las medidas cautelares dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015.

Las acciones de toma de tierra son legítimas, pertinentes y urgentes para la salvaguarda de los Pueblo Originarios. Se amparan en La ley Indígena N 6172 de 1977, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.

Demandamos una correcta rendición de cuentas a las comunidades indígenas por parte del INDER y el Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) que inició desde el año 2015. Así como, acciones inmediatas a corto plazo que permitan generar avances en el tema de la tenencia de tierra.

¡No más impunidad! Exigimos al Ministerio de Justicia y Paz que entregue a los pueblos originarios un informe detallado sobre los avances de la investigación del asesinato del líder indígena cabécar Sergio Rojas. Así como, las acciones a seguir para la investigación del asesinato del líder indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera.

Hacemos un llamado a las instituciones, el movimiento social y las fuerzas vivas de las comunidades para generar procesos de sensibilización e información en miras de evitar la reproducción de discursos racistas, xenofóbicos y violentos que validen nuevas acciones de agresión entre personas no-indígenas e indígenas.

El equipo de Programa de Gestión Local se solidariza con la familia Rivera y el pueblo Bröran.

Conferencia de presa UCR luego de agresión a Jerhy Rrivera, 2013

Fotografía: Ricardo Araya Rojas.

Enviado por Rafael López Alfaro.

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ALTO AL ATROPELLO DE DERECHOS HUMANOS

Los pueblos indígenas en Costa Rica continúan en guerra

Este lunes 24 de febrero asesinaron al compañero de lucha RECUPERANTE INDÍGENA BRÓRA JHERY RIVERA del territorio Térraba.

Consideramos inaceptable, inhumano e irresponsable que en nuestro presente, los pueblos indígenas sufran esta serie de atropellos, pues, precisamente queremos recalcar que no es la primera vez que esto sucede.

En este sentido, queremos en primera instancia hacer un llamado a la comunidad universitaria a unirse en la exigencia de que se cumplan los derechos, convenios y acuerdos firmados por el bienestar y vida digna para los pueblos indígenas.

Segundo, les instamos a no caer en la desinformación, a generar no solo hoy en el contexto de una noticia tan grave, sino que en cada momento de nuestra vida académica, espacios de diálogo, investigación e información de nuestros hermanos y hermanas indígenas para que busquemos ese cambio en el pensamiento colectivo; debemos revisarnos y reconocer que los pueblos indígenas son comunidades vivas en el país, y que son pilar fundamental de nuestra historia, cultura y vida.

Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

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A propósito del asesinato reciente de un líder indígena en Costa Rica: algunos apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El 24 de febrero del 2020, en Costa Rica, Jerhy Rivera Rivera, un líder indígena de la zona de Térraba, fue asesinado con cinco disparos: véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr y esta nota publicada en el Semanario Universidad. La noticia fue inmediatamente referida en varios medios internacionales: véase, a modo de ejemplo, está muy completa nota publicada en The Guardian en el Reino Unido.

En menos de un año, dos asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica

La ubicación geográfica de la muerte de Jerhy Rivera coincide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro líder indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricenses: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase nota con audio de Voces Nuestras).

Habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos hechos a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR).

Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas hechos en marzo del 2019 buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, cuya lectura completa recomendamos).

El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el líder indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal: remitimos a nuestra breve nota publicada en mayo del 2015 en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre el alcance de estas medidas ordenadas el 30 de abril del 2015 a Costa Rica por este órgano interamericano.

Identificar responsables de asesinatos de líderes comunitarios: ¿una tarea imposible para el Estado costarricense?

Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.

Esta incapacidad estatal no es para nada nueva y forma parte de una larga serie de episodios sumamente violentos contra poblaciones indígenas que se mantienen impunes: por ejemplo, la quema de varios ranchos ocupados por mujeres indígenas en julio del 2014, justo mientras la selección nacional de fútbol de Costa Rica jugaba contra Países Bajos en el Mundial en Brasil, persiste sin ningún responsable identificado y/o sancionado por parte de las autoridades policiales costarricenses.

La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses), cuyos legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.

Cabe precisar que unos pocos días antes del 24, la prensa internacional refirió – la nacional, mucho menos – a otro hecho de violencia en Salitre cometido en contra de otro líder indígena, Mainor Ortíz Delgado, herido con disparos (véase nota de The Guardian, en su edición del 17/02/2020): no se tiene claro si las autoridades costarricenses a cargo de esta zona geográfica del país percibieron que este hecho podría constituir una primera alerta, conllevando acciones inmediatas de su parte para contener el clima de violencia en la región de Salitre.

En declaraciones públicas, la representante de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase nota de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quienes defienden a las comunidades indígenas:

«Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos«.

Foto extraída de nota de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

A modo de conclusión

El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ningún mecanismo de sanción contra la incitación al odio en contra de un determinado grupo. Un vacío legal señalado en diversos informes de entidades internacionales al examinar la situación de los derechos humanos en Costa Rica, y que puede explicar la facilidad con la que un determinado sector puede emprenderla públicamente contra una población en situación de vulnerabilidad (migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, población sexualmente diversa por ejemplo) y azuzar los ánimos sin verse frenado en lo más mínimo.

El ordenamiento jurídico costarricense tampoco prevé protección especial alguna para proteger a líderes sociales que son objeto de ataques, intimidaciones o bien de amenazas de muerte. La total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del joven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013 (el cual contabilizaba los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense con su grupo de voluntarios), demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr identificar a los responsables de este tipo de asesinatos.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica UCR

Enviado por el autor.

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Otro defensor de los derechos indígenas es asesinado en Costa Rica menos de un año

UNIVERSIDAD NACIONAL

Programa Pueblos Indígenas

Proyecto Tierra Encantada

Repudiamos: la violencia organizada y criminal que asesinó a Jhery Rivera líder indígena Brörán hecho ocurrido la noche del día 24 de febrero del 2020 en San Antonio territorio Térraba. Violencia de carácter no ocasional sino que viene ocurriendo repetidamente. Así, el 18 de marzo del 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre del clan Uniwak, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, asesinato que continúa impune; el 10 de febrero en Río Azul, territorio Bribri de Salitre, hirieron en una pierna a Mainor Ortiz Delgado del Clan Tubölwak; en la tarde del 23 de febrero del 2020 se reportó y avisó como alerta temprana la movilización de dos grupos de hombres armados vinculados a finqueros que reclaman posesión en el territorio Térraba. Este último evento culminó con el asesinato de Jhery y con el apedreamiento de otras personas recuperantes de tierra en ese territorio.

Repudiamos otros eventos generadores de violencia como el racismo y la discriminación inducido en reportajes televisivos sesgados donde se presenta a los indígenas como usurpadores de tierras. Además, las Asociaciones de Desarrollo (ADIs) se comportan como agencias del Estado, no luchan por tierra y desamparan a las personas recuperadoras de tierra.

Repudiamos la inefectividad de las políticas públicas del Estado costarricense que no logra sanear los territorios de usurpadores. El resultado es de incredulidad, desconfianza y la convicción de que el Estado no ha cumplido y no cumple con garantizar el derecho a la tierra. Es sabido que dentro de los territorios existen usurpadores y poseedores de buena fe y cada uno tiene un trato diferenciado según el derecho. La inacción del Estado empuja a familias enteras a acciones de recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas por finqueros y esto es un detonante del conflicto.

Exigimos el respeto a la ley indígena 6172 de Costa Rica y al derecho nacional e internacional. “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos” (Artículo 13, Convenio 169). También recordamos que: “Los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan” (Art. 3, Ley 6172).

Exigimos que el Estado/Gobierno de Costa Rica implemente las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321 – 12 – 2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.

Reafirmamos nuestra esperanza en los valores humanitarios como la justicia, el respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad cultural que nos constituye como país.

Heredia, 25 de febrero del 2020

 

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Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la UCR apuesta por un nuevo formato

Actividad se ha realizado por 33 años continuos

La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido uno de los proyectos más constantes y motivadores en estos campos para miles de estudiantes y profesores de primaria y secundaria de Costa Rica a lo largo de 33 años.

Tras una exitosa trayectoria de más 33 años la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, un Proyecto de Acción Social de la Escuela de Formación Docente de la UCR, valora un nuevo modelo de feria que supera su calidad actual al ampliar las experiencias de aprendizaje de sus participantes.

El nuevo modelo facilitará que los estudiantes participantes, de primaria y de secundaria de diferentes zonas del país, además de exponer los resultados de sus investigaciones, contar con la posibilidad de participar en talleres y experiencias de aprendizaje mediadas por expertos en diferentes áreas de las ciencias. También contarán con experiencias tanto académicas como culturales, todo lo que en su conjunto potenciará a la feria como un proceso integral que respaldará aún más los aprendizajes.

Este cambio en el formato de feria es el resultado de las evaluaciones de las ediciones anteriores, aunado a los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje que promueve el Ministerio de Educación Pública (MEP) donde se integran dichas experiencias en el currículo para primaria y secundaria.

Estudiantes de primaria y secundaria de muchas zonas del país han expuesto durante 33 años de existencia de la feria proyectos con temas muy variados y que han evolucionado con el paso de los años: energía geotérmica, polinización, temperatura ambiental, dispositivos para personas con alguna discapacidad, salud, aplicaciones robóticas, cultivos, las TIC, las redes sociales; entre otros.

Al incorporar la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología al currículo del sistema educativo, se amplía su alcance y principalmente su visibilidad, destaca su coordinador el profesor Silas Martínez Sancho, pues ahora más docentes podrán ver en la Caja de Herramientas del MEP el nuevo Manual 2020 de la feria (en proceso) que incluirá formularios, lineamientos, alcances y otros aspectos relevantes de esta iniciativa.

El proyecto mantiene la cobertura, democratización y la calidad que lo han caracterizado como proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica y, además, fortalece y extiende dichos aspectos con los cambios propuestos por el nuevo modelo; los cuales podrían incidir en el mejoramiento de la calidad de los procesos de investigación en las instituciones educativas del país. A esto se suma que se integran de forma más efectiva los aportes de todas las instituciones involucradas.

La feria continuará siendo coordinada por la Facultad de Educación de la UCR, a cargo del profesor Martínez Sancho, quien destaca también la importancia de esta nueva etapa y el trabajo colaborativo y coordinado para que el nuevo modelo sea una realidad. Un nuevo formato que se trabaja junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Miciit, a través de su Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, el cual integra los esfuerzos de las cinco universidades públicas, el MEP, y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

Los espacios sobre ciencia y tecnología que la UCR ha venido creando representan una oportunidad de adquirir conocimientos para miles de involucrados: estudiantes, profesores, tutores, empresas privadas, o público que asiste a ellos.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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De Buenos Aires de Puntarenas a la Amazonia: el parecido no es mera coincidencia

De Buenos Aires de Puntarenas a la Amazonia: el parecido no es mera coincidencia. Criterios de la Exhortación del Papa Francisco

Fray Jorge Arturo Chaves Ortiz

Al asesinato de Sergio Rojas Ortiz se une, casi un año después, un nuevo crimen que ha quitado la vida a Jhery Rivera. Ambos líderes indígenas, ambos luchadores por los derechos de sus pueblos sobre tierras que les pertenecen. Coincidentemente, apenas han pasado poco más de veinte días desde que el Papa Francisco publicara su Exhortación Apostólica “Querida Amazonia”, dirigida “Al Pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad”. La ha escrito, dice el Papa, con la esperanza de que “toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación, y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad.” Desde el corazón amazónico, y a partir de la experiencia de los pueblos originarios que pueblan esa región, quiere que, en otros países como el nuestro, examinemos si existen situaciones similares a las que él denuncia en su Documento y tratemos de resolverlas aplicando los criterios de análisis y de acción que nos aporta. Veamos inicialmente algunas de sus visiones y de estos criterios.

Participa, en primer lugar, del sueño es de una Amazonia que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un “buen vivir”. Pero está claro que para lograrlo “hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres”.  En un planteamiento que nos hace pensar en el orgullo costarricense por la protección del ambiente, precisa el concepto diciendo, “un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres»”. ¿Y cuál es el primer obstáculo para lograr esa justicia? Sin rodeos lo afirma Francisco, “Injusticia y crimen. Los intereses colonizadores que expandieron y expanden —legal e ilegalmente— la extracción de madera y la minería, y que han ido expulsando y acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, provocan un clamor que grita al cielo” (n.9). Vale la pena notar que, para él, los intereses colonizadores, aún vigentes, también se expanden por vías legales. ¿No hay mucho de esto manifestado en la situación que padecen en Cabagra y en Salitre?

Citando testimonios de indígenas víctimas de dicha expansión, Francisco menciona como responsables de las prácticas injustas a diversos actores económicos, —entre ellos, madereros, ganaderos y otros … que implementan un modelo ajeno en nuestros territorios. Y concluye el párrafo haciendo suya una frase lapidaria de otro dirigente indígena, “Somos una región de territorios robados”. Buscando las raíces de ese comportamiento neocolonizador, comparte un pensamiento del Papa anterior, Benedicto XVI, quien ya había señalado que muchos dramas vividos por los pueblos originarios, “estuvieron relacionados con una falsa ‘mística amazónica’. Notoriamente desde las últimas décadas del siglo pasado, la Amazonia se presentó como un enorme vacío que debe ocuparse, como una riqueza en bruto que debe desarrollarse, como una inmensidad salvaje que debe ser domesticada. Todo esto con una mirada que no reconoce los derechos de los pueblos originarios o sencillamente los ignora como si no existieran o como si esas tierras que ellos habitan no les pertenecieran.”  Es decir, neocolonizadores que penetran en los territorios de los pueblos originarios, como si se tratara de tierras sin dueño, y falsificando ¡la realidad al presentar a los moradores indígenas como si éstos fueran los invasores de sus propias tierras!

Y, ¿qué decir de las autoridades y gobiernos locales? Trágicamente denuncia que “también poderes locales, con la excusa del desarrollo, participaron de alianzas con el objetivo de arrasar la selva —con las formas de vida que alberga— de manera impune y sin límites. Los pueblos originarios muchas veces han visto con impotencia la destrucción de ese entorno natural que les permitía alimentarse, curarse, sobrevivir y conservar un estilo de vida y una cultura que les daba identidad y sentido. La disparidad de poder es enorme, los débiles no tienen recursos para defenderse, mientras el ganador sigue llevándoselo todo,” …

Uno podría esperar que, ante esa situación de frecuente desamparo, la Iglesia podría desempeñar un papel claro y valiente. Francisco reconoce que muchos misioneros han llegado a esos territorios “con el Evangelio, dejando sus países y aceptando una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos”. Pero, al mismo tiempo, afirma, “no podemos negar que el trigo se mezcló con la cizaña y que no siempre los misioneros estuvieron del lado de los oprimidos, me avergüenzo y una vez más pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios…”

Por todo esto, Francisco nos insiste que “Es necesario indignarse, como se indignaba Moisés (cf. Ex 11,8), como se indignaba Jesús (cf. Mc 3,5), como Dios se indigna ante la injusticia (cf. Am 2,4-8; 5,7-12; Sal 106,40). No es sano que nos habituemos al mal, no nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social…”   Y para evitarlo ve el importante papel de los propios indígenas: “A los miembros de los pueblos originarios, les doy gracias y les digo nuevamente que «ustedes con su vida son un grito a la conciencia […]. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa común».

No termina ni se reduce a estos principios la Exhortación Apostólica del Papa, de la que tendremos que seguir extrayendo párrafos claves. Pero iniciando con estos aquí incluidos se puede confiar en que las “personas de buena voluntad” en Costa Rica, creyentes y no creyentes, no nos crucemos de brazos y nos esforcemos, animados por Francisco, por crear una actitud generalizada de construcción de una comunidad fraterna, que destierre de una vez por todas la violencia y exclusión que padecen los pueblos originarios de nuestro país.

 

Compartido con SURCOS por Jorge Arturo Chaves Ortiz.

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