La Cátedra Seguridad y Convivencia Democrática invita a la mesa de análisis: El conflicto EEUU – Irán: Orígenes, Consecuencias y Escenarios Probables, este próximo jueves 16 de enero a las 3 p.m.
Más detalles en la siguiente imagen.
Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Sea parte de SURCOS:
Parece mentira que un ateo haya sido la primera gran víctima de la singular libertad religiosa que promueven ciertas sectas evangélicas en la agenda política nacional través de sus curules legislativa convertidas en púlpitos, y con el apoyo cómplice, tácito y explícito, de una pintoresca élite política que reúne líderes sindicales y gremios empresariales que están dispuestos a sacrificar el estado de derecho con tal de no ver disminuidos sus privilegios.
El problema político en Costa Rica no es entre evangélicos, católicos y no creyentes. Tampoco es entre heterosexuales y homosexuales, ni entre empleados públicos y empleados privados, ni siquiera entre estado y mercado; es entre una élite política que reúne intereses económicos contradictorios, y por tanto actúan para impedir cualquier solución en las que ellas pierden privilegios. Estos sectores son, de hecho, los enemigos públicos de cualquier reforma fiscal.
Entre el culto a la fe evangélica, y su origen protestante, y las prácticas de algunos cultos devenidos en sectas religiosas existen abismales diferencias, la primera y más importante que hay que reconocerles, es reintroducir el tema de la ética y los valores en la política nacional. La época de la tecnocracia en la administración pública, inaugurada en América Latina como reestructuración luego de la crisis de la deuda en los 80’s, ha llegado a su fin, y el variopinto origen de los diputados del bloque evangélico-que ha despertado un elitismo no menos sectario entre partidarios del gobierno-revela el desgaste de ese modelo político en Costa Rica, y la región. Incluso algunos economistas políticos norteamericanos, como Kotz (2017), consideran que la estructura social de acumulación neoliberal en EEUU llegó a su fin con el gobierno de Trump, iniciando una nueva etapa histórica, aunque todavía nos encontremos en el momento de los regímenes de ruptura o anti sistema, pero que apuntan al resurgimiento de regímenes fascistas en potencias mundiales.
Sin embargo, acompañado de esta introducción de la ética en la política, las sectas religiosas reproducen sus propias prácticas organizativas dentro de la vida política, particularmente las relacionadas con el verticalismo (inherente a la teología cristiana) y la represión psicológica y física de la conducta individual. Es decir, buscan replicar sus prácticas de control del recurso humano a lo interno de su secta como mecanismo político de control de la sociedad, y la lucha por la destitución de Edgar Mora como ministro de educación es un ejemplo claro de esta práctica, como se desprende de las declaraciones del trailero autoproclamado “un costarricense más” que participó como representante en la mesa de negociación (Miranda, 2019).
El proyecto de ley 19.009 autoproclama que busca promover la libertad religiosa porque ratifica que la interpretación del artículo 75 de la Constitución Política, de que no se puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas. Es promovido principalmente por los diputados del bloque cristiano y minorías conservadoras, así como del apoyo menos decidido de un sector el PUSC, del PLN y del PAC. Sin embargo, es precisamente todo lo contrario a lo que pusieron en práctica en el caso del exministro Mora, quien era estigmatizado por haber admitido públicamente ser ateo, y a quien convenientemente parecen aplicarle las excepciones del 75 Constitucional, (el ateísmo como un culto que se opone la moral universal y o a las buenas costumbres), y por tanto, creer, en dicho términos del artículo 6 de dicho proyecto de ley: «ideas puramente filosóficas y humanistas ajenas a la religión» (Gaceta, Alcance 121)
¿Qué clase de contradicción gobierna la voluntad de un líder religioso para legislar en favor de la libertad religiosa y al mismo tiempo oponerse a la libertad de no practicar algún credo teológico? Pues lo que pasa es que dicho proyecto de ley lo que busca es otorgarle ciertos privilegios jurídicos a las organizaciones religiosas que hoy no gozan.
No debe quedar duda que cuando existen contradicciones tan hilarantes y desvergonzadas entre el discurso y la práctica, es porque buscan ocultar dobles y hasta terceras intenciones, muchas de ellas tan perversas como las de Nasson García, quien a pesar de predicar la renuncia a los placeres corporales, mantenía esclavas sexuales entre sus fieles, práctica que comparte con la secta laica de Keith Raniere. Lo cual muestra que el problema no es la religión sino el sectarismo, el cual se caracteriza por la hipocresía de imponer reglas morales a otros, que ni su líder es capaz de someterse.
Así el sectarismo es, de hecho, no predicar con el ejemplo, y por tanto absolutamente todo lo contrario al cristianismo. Por lo que a pesar que muchos políticos se autoproclamen cristianos, finalmente son los actos y no las palabras lo que cuenta en la teología cristiana. Por ejemplo, el personaje de A Puerta Cerrada – de J.P. Sartre- va a al infierno, a pesar de argumentar retóricamente que no se puede juzgar toda una vida por un solo acto. Así, para ser cristiano las palabras no bastan, como no le bastan a Dante para entrar al cielo como le hace ver San Pedro (Canto XXIV) cuando le pide mostrar sus actos virtuosos como moneda de cambio para ingresar al paraíso.
Así, la contradicción que acompaña la ley de libertad religiosa de las sectas religiosas y el denudo público del exministro Mora por reconocerse ateo, es en realidad una grosera evidencia de que tras los pastores de pueblo que hoy se sientan en la Asamblea legislativa hay una élite política, que como los mercaderes del templo que expulsó Jesús, utilizan la fe de los creyentes para enriquecerse, y buscan proteger y aumentar a toda costa sus privilegios.
La presencia de pastores evangélicos en el congreso costarricense hasta el 2018 podría resumirse en la defensa de los intereses económicos del proyecto 19.099. Sin embargo, su radicalización a partir de entonces no fue una casualidad, ya que como insiste Villalta en hacer notar, se nutre del desamparo y la desigualdad crecientes en el país, por lo que entre más pase el tiempo, su estructura política se seguirá fortaleciendo, ya que además, y contrario a sus valores socialdemócratas fundacionales, hoy el PLN ha decidido seguir la estrategia de aliarse moralmente con los valores de las sectas religiosas, y es evidente que ha decidido que las elecciones municipales sean la primera evaluación de resultados, y dejando claro que lo que le interesa es la disputa por el poder y no el buen gobierno y el bienestar del país.
Sin embargo, todos los aliados políticos de los fundamentalistas cristianos no pueden perder de vista que el carácter sectario de esas estructuras se traduce en regímenes políticos totalitarios y represores, a imagen y semejanza de la gobernanza interna de los cultos, y como lo fuera la Iglesia Católica en la época que se escribió La Divina Comedia. Sindicalistas, estudiantes, pescadores, traileros, desempleados, funcionarios públicos empresarios y partidos políticos, que hoy guardan relaciones cordiales con estos grupos religiosos, serán el enemigo mañana si cuestionan la autoridad religiosa que la secta sigue ciegamente, como sucede con Rony Chaves y Fabricio Alvarado.
Esto pasa en países con regímenes abiertamente teocráticos, como Irán, y por eso es absolutamente irresponsable que Costa Rica salga del periodo neoliberal para ingresar a uno totalitario religioso solo para proteger los intereses económicos de una élite política compuesta de sindicalistas y empresarios incapaces de ceder de sus privilegios, y cuya práctica es cada vez más incompatible con las formas republicanas de estado.
De esta forma, el verdadero adversario de la democracia costarricense es hoy esa élite política, compuesta por igual de líderes sindicales como gremios empresariales, y no la religión evangélica, ni la católica ni sus cultos. Tampoco lo son los migrantes, ni los funcionarios públicos, ni los pescadores, ni los traileros, ni la comunidad LGTBIQ, ni los campesinos, ni los sufridos emprendedores, ni los desempleados, ni los estudiantes, ni las familias conservadoras, ni las feministas. El famoso problema de ingobernabilidad que otrora denunciara la tristemente célebre expresidenta Chinchilla consiste en el poder de veto dentro de la política nacional que del que pueden disponer algunas coaliciones lideradas por ciertos sindicalistas y del que gozan algunos gremios empresariales, y cuyo lobby legislativo y en otros poderes de la República ha sido evidenciado y ampliamente documentado por casos como la mina Crucitas, La Trocha Fronteriza o el Cementazo, por mencionar algunos casos recientes.
Por eso es indispensable aceptar la invitación de los cultos evangélicos para regir la vida política de acuerdo con valores, y no solo por argumentos tecnocráticos cuya eficacia es cuestionable y sus efectos adversos socialmente muy costosos.
Una solución equilibrada entre libertad y justicia, tanto en sus acepciones laicas como seculares, al problema político en Costa Rica permitirá la convivencia pacífica y la prosperidad, pero hay que saber de antemano, que no agradará a la élite política que se fortalece del caos y la desidia, y la cual no solo se apoya en una interpretación maniquea de La Biblia, sino también de La Divina Comedia, y por eso repiten que cuando San Pedro le pide a Dante sus actos virtuosos como moneda para ingresar al cielo, la moneda es solo una metáfora, sino que hay que pedírsela a los fieles a cambio de la salvación, ya sea individual en diezmo, o pública como en exoneraciones fiscales y remuneraciones laborales financieramente insostenibles para cualquier organización pública.
Kotz, David (2017) Social Structure of acummulation, marxist theory and system information. En «Stability and Change in Capitalism».
Union for Radical Political Economics. Chicago, EEUU: ASSA Convention.
La Gaceta (2017) Proyecto de ley para la libertad religiosa y de culto. Expediente 19.099, texto sustitutivo. Poder legislativo. República de Costa Rica. Diario oficial La Gaceta, Alcance 121. San José: Imprenta Nacional.
Hulda, Miranda (2019) El sacrificio de un alfil sigue sin resolver el caos. Semanario Universidad, San José: Universidad de Costa Rica. Disponible en <https://semanariouniversidad.com/pais/el-sacrificio-de-un-alfil-sigue-sin-resolver-el-caos/> (Consultado 6/7/2019)
Enviado a SURCOS por el autor.
Sea parte de SURCOS:
La operación militar desde un dron de combate realizada por Estados Unidos en territorio iraquí para eliminar físicamente al general iraní Ghassem Soleimani el pasado 2 de enero ¿constituye o no una violación a las normas del derecho internacional público? Es lo que se intentará brevemente exponer en las líneas que siguen.
Como es sabido, un dron de combate es un vehículo no tripulado de combate aéreo — también conocido por sus siglas en inglés «UCAV, unmanned combat air vehicle«.
Con relación a la cuestionable práctica de algunos Estados que consiste en eliminar físicamente desde un dron militar a personas (una técnica moderna a la cual recurren Estados como Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia, Israel, Pakistán, Reino Unido, Rusia y Turquía en particular en Medio Oriente, pero también más recientemente en el desierto del Sahel – caso de Francia), esta práctica se ha concentrado en eliminar a personas o grupos de personas sospechosas de pertenecer a entidades armadas consideradas como terroristas.
Es una conducta muy cuestionable en la medida en que, a partir de información militar o de servicios de inteligencia, los Estados establecen listas de personas a ejecutar de manera sumaria, lo cual es prohibido por la normativa internacional en materia de derechos humanos. Precisamente, en su informe del 2010 (véase texto completo), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias refiere a la práctica detallada de Israel, Estados Unidos y Rusia (pp.5-9).
Sobre la práctica cuestionada de Estados occidentales en esta precisa materia, una obra colectiva publicada en el 2018 incluye este muy completo artículo del profesor Nicolas Haupais (Francia), titulado «Drones et kill lists. Remarques sur les exécutions extra-judiciaires«, en el que el autor señala lo siguiente:
«Les Etats occidentaux tuent les individus qui semblent faire peser sur eux une menace, voilà un point qui paraît acquis. La notion d’imminence, toujours accolée au terme « menace » renvoie moins à un déterminant temporel qu’à la désignation d’un profil à haut risque. Il ne s’agit pas d’établir qu’une attaque va être lancée de manière imminente mais seulement qu’il faut de manière imminente neutraliser un individu dont on pense, au regard de ses antécédents, qu’il a la capacité de le faire. Encore faut-il déterminer en quoi consiste cette capacité. Les personnes qui sont éliminées en Syrie ne sont évidemment pas celles qui commettraient elles- mêmes l’action terroriste«.
No obstante, y salvo error de nuestra parte, el ataque realizado por Estados Unidos en la noche del 2 de enero del 2020 en Irak se distingue de ataques similares anteriores: nunca un dron de combate usado por un Estado había eliminado físicamente a un alto funcionario perteneciente al aparato militar de otro Estado.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Téhéran sert un avertissement à Trump après ses menaces», La Presse (Canada), edición del 5/01/20120
La actual Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (véase cuenta en twitter) hizo ver inmediatamente que la justificación oficial de la operación contra la vida de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos es poco sólida al señalar que:
«#Pentagon statement on targeted killing of #suleimani: 1. It mentions that it aimed at “deterring future Iranian attack plans”. This however is very vague. Future is not the same as imminent which is the time based test required under international law. (1)«
No cabe duda que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos y su particular interpretación de las reglas imperantes serán objeto de fuertes debates en los círculos jurídicos especializados, así como en futuras sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entre muchas opiniones, referimos al análisis crítico del profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham), titulado «The Soleimani Strike and Self-Defence Against an Imminent Armed Attack» (EJIL-Talk, edición del 7/01/2019).
No es la primera vez que una administración norteamericana ignora algunas de las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, causando estupor e indignación en diversas latitudes, ante una acción militar como la acaecida el pasado 2 de enero (y cuyas consecuencias son impredecibles y se extienden más allá del Medio Oriente).
En primer lugar, las autoridades de Irak no fueron consultadas por parte de Estados Unidos, desconociendo así Estados Unidos la soberanía territorial de Irak y la obligación, que tiene todo Estado, de consultar a las autoridades de otro Estado y contar con su consentimiento previo a cualquier acción en su territorio. Es muy posible que esta violación flagrante a la soberanía de Irak lleve a sectores políticos en Irak a ordenar a sus autoridades el retiro de las fuerzas norteamericanas de su territorio, estimadas en unos 5.200 efectivos.
En segundo lugar, el intentar justificar esta acción aduciendo que Estados Unidos ejerció su «legítima defensa» contradice la letra del mismo Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945: la idea de ejercer la legítima defensa de manera «preventiva» constituye una peligrosa deriva interpretativa, que Estados Unidos usó de forma groseramente falaz para justificar su agresión a Irak en abril del 2003. La Carta de Naciones Unidas no da margen alguno para una acción militar de un Estado contra otro Estado basada en una legítima defensa «preventiva» o «anticipada«.
De alguna manera, Estados Unidos ha optado con esta acción por poner a prueba a toda la comunidad internacional, y ello explica el repudio generalizado a esta acción militar, considerada por las autoridades de Irán como una verdadera «declaración de guerra«. Esta decisión pone en alerta máxima a todas las embajadas norteamericanas en Medio Oriente, a sus bases militares y a sus empresas; así como a los aliados de Estados Unidos en varias partes del mundo y a sus nacionales, como por ejemplo el Reino Unido (véase nota de prensa titulada «Iran crisis: ‘We will not lament Soleimani’s death,’ Boris Johnson says» del 5/01/2020). Francia y Paises Bajos han también solicitado a sus nacionales en Medio Oriente reforzar todas las medidas de seguridad.
Cabe señalar que el único Estado en celebrar y felicitarse por la realización de esta acción militar norteamericana fue Israel, mediante declaraciones oficiales brindadas a la prensa por su Primer Ministro. En octubre del 2019, el jefe de los servicios de inteligencia israelí había declarado en medios de prensa que Ghassem Soleimani podría ser el blanco de una futura operación de sus servicios (véase nota del Times of Israel titulada «Mossad chief: Iran’s Soleimani ‘knows his assassination is not impossible’ «, edición del 11/10/2019).
Resulta de interés señalar que en su comunicado oficial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos consideró oportuno precisar que la acción se hizo siguiendo órdenes del Presidente de Estados Unidos. En efecto, se lee en el texto que:
«At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani«.
Se trata de una precisión raramente incluida en comunicados oficiales del Departamento de Defensa, y que podría indicar que el Pentágono no estaba de acuerdo en escoger esta opción militar y que desea hacer ver que la entera responsabilidad de esta acción, y en particular sus consecuencias, recaen en el Presidente (véase comunicado del Departamento de Defensa, disponible en este enlace).
Los próximos días y semanas permitirán saber cuán acertada (o desacertada) fue la opción escogida por el actual ocupante de la Casa Blanca para responder a los daños sufridos por la Embajada de Estados Unidos en Irak por parte de manifestantes enardecidos el 31 de diciembre del 2019. Como bien se sabe, esta legación diplomática (cuya sede fue inaugurada en enero del 2009 y es la más grande que posea Estados Unidos, con una superficie mayor a la del Vaticano) está ubicada en la Zona Verde de máxima seguridad en la capital iraquí.
Con esta operación militar realizada con un dron de combate, Estados Unidos desafía nuevamente al resto de la comunidad internacional, y sienta un peligroso precedente que violenta las reglas fundacionales del ordenamiento jurídico internacional: esta acción militar norteamericana en Irak amerita una condena generalizada firme y sin ambigüedades por parte de todos los integrantes de la comunidad internacional.
En cuanto a los efectos a corto y mediano plazo, la profesora norteamericana Mary Ellen O´Connell (Universidad de Notre Dame) concluye su artículo titulado «The Killing of Soleimani and International Law» publicado en EJIL-Talk este 6 de enero (y cuya lectura completa recomendamos) indicando que:
«In the event the Iraqis failed to take adequate steps, the U.S. can keep its people safe by evacuating them from Iraq. Ironically, that is what the U.S. is busy doing now as the danger to Americans has grown exponentially following the killing of Soleimani. The Iraqi Parliament has voted for U.S. forces to leave in the wake of the violation of their sovereignty. The unlawful use of force has not aided the U.S«
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
Los historiadores Víctor Hugo Acuña, José Manuel Cerdas y Carlos Hernández se refieren a los 100 años de las huelgas por la jornada de trabajo de 8 horas en Costa Rica, que se cumplieron el 2 de febrero de 2020. Es una producción de la Universidad Nacional (UNA).
Compartido con SURCOS por Isabel Ducca Durán.
Sea parte de SURCOS:
El pasado 20 de diciembre del 2019, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que, luego de estudiar la demanda presentada en el 2015 por parte de las autoridades palestinas contra Israel debido a exacciones cometidas en diversas partes de su territorio ocupado, ha procedido a iniciar formalmente una investigación.
Este anuncio fue considerado por la ONG Amnesty International (AI) como un «paso histórico» (véase comunicado de prensa), y desde Naciones Unidas se indicó que constituye un «paso trascendental en la búsqueda de la rendición de cuentas en los cinco decenios de ocupación israelí» (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas del último día del 2019). Mientras tanto, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters): ello como parte de las vociferaciones y gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí, que ya no impresionan mayormente.
Como bien se recordará, Palestina es parte, como Estado, al Estatuto de Roma (instrumento internacional adoptado en 1998 que crea la CPI) desde el mes de enero del 2015: véase notificación del Secretario General de Naciones Unidas, actuando en su calidad de depositario del Estatuto de Roma.
Por su parte, Israel se resiste siempre a ser Parte a este tratado internacional (véase lista de Estados Partes en este enlace oficial de la CPI). Siguiendo el inédito ejemplo de Estados Unidos, Israel procedió incluso, en agosto del 2002, a «retirar su firma» a dicho instrumento: una verdadera innovación en derecho internacional público, al no haberse nunca pensado que un Estado pudiera retirar una firma a un acuerdo al que no es parte. Se lee en este enlace oficial sobre notificaciones recibidas por Naciones Unidas que:
«Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty» (según consta en la Nota 4 situada al final).
En diciembre del 2014, la Asamblea de Estados Partes a la CPI acordó reconocerle a Palestina el estatuto de Estado observador, causando temores (fundados) en Israel (Nota 1). En su nota oficial sobre la aceptación de la jurisdicción de la CPI enviada en enero del 2015 (véase documento oficial), Palestina solicitó que se extendiera a actos ocurridos desde el 13 de junio del 2014, de manera que la ofensiva israelí en Gaza del 2014 pueda también ser examinada por la CPI.
Con relación a esta última operación militar, un informe de una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de más de 180 páginas, presentado en junio del 2015, titulada “Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1” (disponible en este enlace) confirma las escalofriantes cifras dadas en su momento a conocer sobre el saldo en víctimas mortales de esta operación israelí en el verano del 2014: 3 civiles y 67 militares del lado israelí; y 2,251 muertes palestinas, de las cuales 1,462 correspondiente a civiles, entre las cuales 299 mujeres y 551 niños.
En este otro enlace oficial de la CPI se pueden revisar los diversos documentos correspondientes a las distintas etapas procesales por las que se ha tramitado la demanda contra Israel presentada decididamente por las autoridades palestinas.
Cabe recordar que varios años antes de lograr ser reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas como «Estado No miembro Observador» (noviembre del 2012), Palestina había reconocido, en enero del 2009, la jurisdicción de la CPI para que esta pueda investigar las diversas exacciones cometidas por Israel contra la población civil palestina a finales del 2008 (Nota 2). Este primer intento se frustró, al decidir la Oficina del Fiscal de la CPI en abril del 2012, que no le compete a la CPI ni a su órganos determinar la calidad de Estado, la cual debe ser examinada y resuelta por los órganos competentes de Naciones Unidas. En la nota de la Oficina del Fiscal de abril del 2012, se puede leer que:
«However, the current status granted to Palestine by the United Nations General Assembly is that of “observer”, not as a “Non‐member State”. The Office understands that on 23 September 2011, Palestine submitted an application for admission to the United Nations as a Member State in accordance with article 4(2) of the United Nations Charter, but the Security Council has not yet made a recommendation in this regard. While this process has no direct link with the declaration lodged by Palestine, it informs the current legal status of Palestine for the interpretation and application of article 12«.
Desde noviembre del 2012, luego de un acalorado voto, Palestina logró finalmente ser reconocida como «Estado No Miembro Observador» por la Asamblea General de Naciones Unidas, permitiéndole desde entonces suscribir, en calidad de Estado, una gran cantidad de instrumentos internacionales auspiciados por Naciones Unidas.
En su comunicado oficial del 20 de diciembre del 2019 (reproducido en su integralidad al final de esta misma nota en inglés y en francés), la Fiscal de la CPI precisa que:
«I am satisfied that there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine, pursuant to article 53(1) of the Statute. In brief, I am satisfied that (i) war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip («Gaza») (for specifics, see paras. 94-96); (ii) potential cases arising from the situation would be admissible; and (iii) there are no substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice«.
«Je suis convaincue qu’il existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête dans la situation en Palestine en application de l’article 53‑1 du Statut. En résumé, je suis convaincue : i) que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l’être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza (« Gaza ») (pour plus de détails, voir par. 94-96 de la requête) ; ii) que les affaires susceptibles de résulter de la situation en cause seraient recevables ; et iii) qu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser que l’ouverture d’une enquête desservirait les intérêts de la justice«.
En su solicitud hecha a la primera instancia de la CPI (véase texto completo), la Fiscal aduce que:
«17. Based on the above, and countless resolutions and pronouncements rendered by the international community over the years, the Prosecution considers that the Occupied Palestinian Territory is “the territory [where] the conduct in question occurred” within the terms of article 12(2)(a).23 Accordingly, the Court has jurisdiction over alleged crimes committed in that territory. This determination is made strictly for the purposes of determining the Court’s ability to exercise its jurisdiction and the scope of such jurisdiction, and is without prejudice to any final settlement, including land-swaps, potentially to be agreed upon by Israel and Palestine«
Como se recordará, en setiembre del 2018, la CPI «tomó nota» de las amenazas proferidas en su contra por el Consejero Principal en materia de Seguridad del Presidente de Estados Unidos: remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que publicamos en su momento titulada «Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos«, en la que nos permitimos señalar que:
«Al parecer, hay una preocupación latente de este alto funcionario norteamericano con relación a lo que puede haber encontrado la CPI con respecto a actuaciones de militares y de jefes militares israelíes. Esta preocupación recuerda una infidencia – pocamente divulgada – que se lee en un cable diplomático secreto del 2010 dado a conocer por Wikileaks. Durante una conversación con diplomáticos norteamericanos (véase cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv) se lee lo siguiente por parte del Coronel Liron Libman: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman es un alto funcionario israelí conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional, al haber ostentado durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF)«.
Resulta oportuno recordar también que el 19 de junio del 2018, Estados Unidos se retiró formalmente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: ello después de una votación en la que se decidió crear un órgano de investigación para examinar las exacciones cometidas por las fuerzas de seguridad de Israel contra los manifestantes que participaron a la denominada «Marcha del Retorno» desde el 30 de marzo (Nota 3).
Foto de la delegada de Estados Unidos saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el representante de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018)
Este anuncio decembrino, hecho por parte de la Fiscal de la CPI en la víspera de los días en que se celebra la Navidad, constituye una esperanzadora señal en Palestina. En particular para muchas familias palestinas que esperan ansiosas, y desde muchos años, que la justicia penal internacional se interese por las diversas exacciones cometidas por los altos mandos militares israelíes en contra de la población civil palestina.
—-
Comunicado oficial de la CPI según se desprende de este enlace oficial de la CPI:
Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction
«Today, I announce that following a thorough, independent and objective assessment of all reliable information available to my Office, the preliminary examination into the Situation in Palestine has concluded with the determination that all the statutory criteria under the Rome Statute for the opening of an investigation have been met.
I am satisfied that there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine, pursuant to article 53(1) of the Statute. In brief, I am satisfied that (i) war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip («Gaza») (for specifics, see paras. 94-96); (ii) potential cases arising from the situation would be admissible; and (iii) there are no substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice.
As there has been a referral from the State of Palestine, there is no requirement to seek Pre-Trial Chamber’s authorisation before proceeding to open an investigation, and I do not seek to do so.
However, given the unique and highly contested legal and factual issues attaching to this situation, namely, the territory within which the investigation may be conducted, I deemed it necessary to rely on article 19(3) of the Statute to resolve this specific issue.
Earlier today, I therefore requested from Pre-Trial Chamber I a jurisdictional ruling on the scope of the territorial jurisdiction of the International Criminal Court («ICC» or the «Court») under article 12(2)(a) of the Rome Statute in Palestine.
Specifically, I have sought confirmation that the «territory» over which the Court may exercise its jurisdiction, and which I may subject to investigation, comprises the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza. Such determination is made strictly for the purposes of determining the Court’s ability to exercise its jurisdiction and the scope of such jurisdiction under the Statute.
As I have observed in my submissions before the Chamber, determining where I can investigate in the unique circumstances of this situation should be resolved before I commence an investigation, and not settled only later by judges after my investigations are completed. This foundational question should be decided now, and as swiftly as possible in the interests of victims and affected communities; potential witnesses and their related protection needs and obligations as well as the conduct of the investigations and the efficiency of the judicial proceedings, not to mention providing clarity for the States concerned. As such, as a prosecuting office, we believe this is the responsible step to take in the circumstances of this situation.
By seeking this ruling, I have invited the Chamber to rule expeditiously, while also permitting victims, relevant States, and others to participate in these proceedings, as appropriate. By engaging in an open and transparent manner in obtaining a ruling on this important issue, I hope that the process would not only assist the Chamber in its determination, but also endow its decision, and my ensuing investigation, with greater clarity and reinforced legitimacy.
It is necessary for this specific matter before the Chamber to be resolved without undue delay so that my Office can take the appropriate next steps accordingly«.
Texte du communiqué oficiel de la CPI tel que publié sur ce lien officiel de la CPI
Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, à propos de la clôture de l’examen préliminaire de la situation en Palestine, et de sa requête auprès des juges de la Cour afin qu’ils se prononcent sur la compétence territoriale de la Cour
«Je souhaite annoncer, aujourd’hui, qu’au terme d’un examen préliminaire approfondi, mené en toute indépendance et objectivité, de l’ensemble des renseignements fiables qui sont en la possession de mon Bureau à propos de la situation en Palestine, ce dernier est parvenu à la conclusion que tous les critères définis dans le Statut de Rome (le « Statut ») pour l’ouverture d’une enquête étaient remplis.
Je suis convaincue qu’il existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête dans la situation en Palestine en application de l’article 53‑1 du Statut. En résumé, je suis convaincue : i) que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l’être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza (« Gaza ») (pour plus de détails, voir par. 94-96 de la requête) ; ii) que les affaires susceptibles de résulter de la situation en cause seraient recevables ; et iii) qu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser que l’ouverture d’une enquête desservirait les intérêts de la justice.
Puisque l’État de la Palestine a déféré la situation en cause, il n’est pas nécessaire de demander à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, et je n’ai pas l’intention de le faire.
Cependant, compte tenu du caractère unique et hautement controversé des questions juridiques et factuelles liées à cette situation, à savoir le territoire au sein duquel l’enquête peut être menée, j’ai estimé qu’il était nécessaire d’invoquer l’article 19‑3 du Statut pour résoudre cette question spécifique.
Plus tôt dans la journée, j’ai donc demandé à la Chambre préliminaire I de se prononcer quant à la portée de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour ») dans la situation en Palestine, conformément à l’article 12‑2‑a du Statut de Rome.
En particulier, je lui ai demandé de se prononcer quant au « territoire » sur lequel la Cour peut exercer sa compétence, et qui peut faire l’objet d’une enquête, à savoir s’il comprend la Cisjordanie, notamment Jérusalem-Est, et Gaza. Cette décision ne portera que sur la capacité de la Cour à exercer sa compétence en vertu du Statut et sur la portée de cette dernière.
Comme je l’ai indiqué dans les observations que j’ai présentées à la Chambre, compte tenu du caractère unique de la situation en cause, il est impératif que les juges se prononcent sur la question du territoire sur lequel je peux enquêter avant même que je ne commence l’enquête, et non une fois que celle-ci sera finie. Les juges doivent trancher cette question fondamentale dès à présent, le plus rapidement possible, dans l’intérêt des victimes et des communautés touchées, des témoins potentiels et de leurs besoins en matière de protection, compte tenu des obligations de la Cour en la matière, de la conduite des enquêtes ainsi que de l’efficacité de la procédure judiciaire, sans oublier le souci de clarté pour les États concernés. Ainsi, en tant qu’organe chargé des poursuites, nous sommes convaincus qu’il s’agit là d’une mesure raisonnable et nécessaire au vu des circonstances propres à cette situation.
Dans ma requête, j’ai prié la Chambre de se prononcer dans les plus brefs délais, tout en donnant la possibilité aux victimes, aux États concernés et aux autres participants à la procédure, de présenter leurs observations, le cas échéant. En demandant ouvertement et en toute transparence à la Chambre de statuer sur cette question importante, j’espère faciliter la tâche de cette dernière mais aussi renforcer la légitimité de sa décision et de l’enquête que je vais mener et apporter plus de clarté à l’ensemble du processus.
Il est crucial que la Chambre tranche cette question spécifique dont elle est saisie sans retard excessif afin que mon Bureau puisse prendre les mesures appropriées en conséquence«.
— Notas —
Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Palestina: estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI)«, publicada en DIPúblico, edición del 11/12/2014 y disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto: PELLET A. «The Palestinian Declaration and the Jurisdiction of the International Criminal Court«, Volume 8, Journal of International Criminal Justice (2010), pp. 981-999, disponible en este enlace.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«) disponible en este enlace.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
“Las personas con discapacidad cognitiva solo necesitaban una oportunidad”. Con esa afirmación, la coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de la Persona con Discapacidad Cognitiva (Proin), María Gabriela Campos Soto, resumió el éxito alcanzado con esta segunda graduación, el pasado 18 de diciembre.
Este es el resultado del Proyecto de Cursos Libres de Capacitación Laboral (Procala), en colaboración con el Consejo de la Política de la Persona Joven, del Ministerio de Cultura y Juventud. En el proceso, los 29 graduados cumplieron una serie de requisitos, por ejemplo, asistencia a lecciones por un período de 3 años, cumplimiento de trabajos, tareas y evaluaciones, así como pasantías laborales, en instituciones extrauniversitarias. Eso es parte de su formación en las áreas de asistente de clínicas veterinarias, asistente de restaurante y asistente de teatro.
La coordinadora destacó también la autodeterminación alcanzada por los graduados, así como la confianza y apoyo de sus familias, como pilares fundamentales para concretar esta segunda graduación, la cual es resultado de una alianza que inició en el año 2015 con una oferta de cursos de capacitación dirigida específicamente a estudiantes del Proin de la UCR.
Durante el acto de graduación, el director ejecutivo del Consejo de la Política de la Persona Joven, Diego Zúñiga Céspedes, señaló que el 42 % de la población del país está conformado por personas jóvenes, y que la alianza gestada con la UCR en el 2015 es una muestra de que se cree en la aptitud de las personas con discapacidad cognitiva para alcanzar su autonomía social, cultural, y económica, por medio de la capacitación laboral como herramienta para más y mejores oportunidades en el logro de esa independencia.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, al dirigirse a los graduados, destacó “este es uno de los logros más importantes durante su vida y más al ser de la UCR, que es todo un referente regional y mundial en este tema”. Mencionó también en su mensaje que una cultura organizacional más justa e inclusiva se logra al incorporar a las personas con discapacidad en las empresas.
Rodríguez resaltó el papel fundamental que juega la UCR en los objetivos de Procala para disminuir la brecha educativa y hacer valer el derecho al trabajo de las personas con discapacidad cognitiva.
El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, reconoció al estudiantado que su logro al graduarse los convierte en ejemplos de superación, en medio de concepciones sociales que han sido estigmatizadoras y excluyentes en el acceso al trabajo. El empleo también es un derecho de las personas con discapacidad y esto demanda acceso a la educación y a la capacitación. Respecto a ese derecho, Jensen enfatizó que la UCR es líder en América Latina en la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en la educación universitaria.
Finalmente, Jensen resaltó ante los asistentes al acto de graduación que en la diversidad hay mucho poder. “La riqueza que ustedes le brindan a la UCR nos hace más sensibles y más atentos a tender puentes de inclusión y hacen que la UCR sea una mejor institución y una puerta hacia oportunidades para ser mejores”.
María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
En el futuro cercano, los insectos podrían convertirse en un alimento más de nuestra dieta. Su alto contenido de proteína, que puede sustituir otras fuentes tradicionales como la carne de res, y su producción sostenible animan a más consumidores para que los incorporen en su alimentación.
En Costa Rica, aunque solo una pequeña parte de la población los ha probado, existe una actitud positiva hacia su consumo. El 61,4 % de los habitantes estarían dispuestos a comer insectos o productos elaborados a base de ellos.
Así lo constató la Encuesta Actualidades 2019 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual indagó la actitudes hacia el consumo de insectos en el país, en una muestra probabilística de 1 215 personas de 18 años y más, residentes de zonas urbanas y rurales de todo el país, así como su opinión sobre otros ocho temas de actualidad nacional.
La encuesta se aplicó en el mes de octubre cara a cara por estudiantes del curso de Diseño de Encuestas por Muestreo de la Escuela de Estadística. El grupo conformado por Gustavo Murillo Murillo, Mónica Quirós Arroyo y David Venegas Rojas realizó el módulo relacionado con el tema de insectos comestibles.
El consumo de insectos, o entomofagia, es una práctica habitual en algunos países como México donde este alimento forma parte de su tradición. En nuevos mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa los insectos han ganado fuerza en el último quinquenio ya que constituyen una opción para suplir las proteínas en la dieta de una forma amigable con el medio ambiente.
En Costa Rica este mercado apenas comienza a germinar. Por eso, los datos que aporta esta encuesta son de gran valor para el equipo de investigación del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA-UCR) que desarrolla actualmente el proyecto «Consumo de insectos y su aplicación en matrices alimentarias en Costa Rica: retos y oportunidades de una estrategia potencial para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional», ya que uno de sus objetivos es conocer la disposición de las personas a consumir insectos o productos elaborados con ellos.
LEER MÁS: CITA-UCR impulsa la producción de alimentos a base de insectos en Costa Rica.
Como parte del estudio se han identificado las empresas y personas relacionadas con las producción y comercialización de este nuevo alimento en el país. A la fecha las investigadoras del CITA-UCR han encontrado al menos 7 empresas que se dedican a la cría de insectos para consumo humano. Estas son Costa Rica Come Insectos, Insectario Orgánico Juicy Ant, Gricket House, KTL Pro, Costa Rican Insect Company, Grillos en Costa Rica y Gusanos de Harina & Grillos-Costa Rica.
Actualmente, más de 90 compañías alrededor del mundo comercializan productos a base de insectos para consumo humano y se estima que esta cifra aumentará. Según el informe “Cadena de valor de insectos” elaborado por Fundes para la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), se espera que el mercado mundial de insectos comestibles aumentará a una tasa compuesta anual del 24.4 % de 2019 a 2030 para llegar a USD 1,181.6 millones en 2023 y USD 7,960 millones en 2030. (Meticulous Research. (2019).
A pesar de que aumenta el interés de los consumidores a nivel mundial, el asco o desagrado es la mayor barrera que inhibe a las personas de probar y consumir regularmente insectos comestibles. Esto ocurre también en Costa Rica donde la Encuesta Actualidades reveló que un 73.6 % de la población no consumiría insectos por esta razón. Sin embargo, la disposición aumenta cuando las personas se enteran de los beneficios que aportan los insectos comestibles para su salud y la sostenibilidad ambiental.
A las personas encuestadas se les explicó que a los insectos se les considera la proteína del futuro porque su producción es más sostenible y son igual o más nutritivos que otras fuentes de proteína tradicionales como la carne de res. Sabiendo esto, la disposición de consumirlos aumentó de un 45.2 % a un 61.4 %. En ambos casos, los hombres son los que manifestaron mayor disposición 59.4 % y 72.0 %, respectivamente.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) promueve la ingesta de insectos, ya que éstos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado. Diversos estudios han comprobado que contienen altos niveles de proteína cruda de 40-75%, contienen todos los aminoácidos esenciales, son ricos en ácidos grasos y tienen una alta proporción de fibra dietética. Además, son densos en calorías (Yi, 2015).
Para superar la barrera del “desagrado o asco” que sienten las personas poco habituadas a los insectos comestibles la incipiente industria en este campo está generando una gran variedad de productos elaborados a base de insectos molidos como ingrediente principal en la formulación de galletas, panes, barritas, tortillas, queques y batidos, etc. De esta forma, el consumidor obtiene los beneficios del alimento pero en presentaciones más prácticas y agradables.
Así lo ha comprobado el joven emprendedor y estudiante de Contaduría Pública de la UCR Andrés Muñoz, quien junto a su socia Mónica Solano, produce y comercializa barritas a base de polvo de grillo desde el 2018 bajo la marca Gricket House. “Vimos que la forma más viable para introducir los insectos en Costa Rica era a través de barritas porque veíamos que para muchas personas era la merienda más fácil de llevar a cualquier lado. Entonces, dijimos ¿qué tal si lo asimilan como una merienda normal pero que sea de grillos y así les dé menos miedo probarlo?” recordó Andrés.
La encuesta constata que los consumidores nacionales tienen mayor disposición al consumo de insectos procesados en pan o galletas elaborados con harina de insecto (31,4 %) mientras que solo un 16,1 % estaría dispuesto a consumir insectos enteros cocinados con condimentos o acompañados de otros alimentos.
Finalmente, la encuesta demuestra que existe una opinión mayoritaria de que el consumo de insectos aumentará en Costa Rica en el futuro (61.3 %). Con esta opinión coincide la investigadora del CITA-UCR Ana María Quirós, quien asegura que desde el año 2015 a la fecha se ha visto un gran aumento en el interés de los consumidores por estos nuevos alimentos. Además, cada vez más emprendedores se lanzan a la cría y producción de insectos comestibles, así como a la creación de nuevos productos con valor agregado.
«Una fuente de alimentos nueva como esta que resulta ser sostenible tiene todas las de ganar, tiene todo para que los consumidores puedan empezar a preferirlo y eso ya está pasando» aseguró la investigadora. Este impulso, aunado al interés de empresas grandes que están invirtiendo en nuevas ideas de fuentes de alimentos, hace que esta sea una actividad con grandes oportunidades, tanto para los consumidores como para los emprendedores costarricenses.
La Asociación de Desarrollo Integral Santa Rosa está promoviendo el taller que será impartido por el Tribunal Supremo de Elecciones en el que se tratarán los siguientes temas:
Este taller tendrá lugar en el Salón Comunal de Santa Rosa, este próximo 11 de enero de 9 a.m. a 12 m.d.
Imagen ilustrativa de la UCR.
Enviado a SURCOS por Maribel Azofeifa Brenes.
Sea parte de SURCOS:
El pasado viernes 20 de diciembre del 2019 día del cierre institucional, las personas docentes de Kioscos no recibimos notificación sobre nuestros nombramientos para el año 2020. Desde el 6 de enero, día que la Universidad inicia este año lectivo, las y los docentes del Programa nos hemos hecho presentes a cumplir nuestro horario laboral, sin embargo, al día de hoy, jueves 9 de enero seguimos sin recibir ninguna noticia oficial sobre nuestro nombramiento.
Además de la situación laboral que hemos atravesado de manera injusta y arbitraria, también nos preocupa muchísimo los compromisos que tenemos con las y los estudiantes y en las comunidades y organizaciones con las cuales estamos trabajando y acompañando procesos importantes. Son casi 150 estudiantes que participan al año en cursos, seminarios, TCU, proyectos finales de graduación y asistencias del Programa y más de 500 personas en comunidades que se ven directamente beneficiadas de los proyectos que coordinamos. Estos vínculos se encuentran también ante la incertidumbre de no tener clara la forma en la cual podrían o no continuar, es decir, que además de la situación laboral, también desconocemos los recursos con los que se contará como Programa de Acción Social.
Recordamos que el año pasado, los Programas de Acción Social nos dimos cuenta de un reglamento, que ingresó a consulta al Consejo Universitario el 17 de diciembre del 2019 y pretende limitar la existencia de los programas entre 4 a 8 años máximo.
Ante esta situación hacemos un llamado a todas las personas cuyos proyectos y condiciones laborales se están viendo afectadas por modificaciones o decisiones de la administración que vulnerabilizan, debilitan o cierran sus procesos, para que unamos esfuerzos visibilizando y tomando acciones para defender la educación pública. Pueden escribirnos al correo kioscosambientales@gmail.com o buscar a representantes del SINDEU.
Agradecemos a todas las organizaciones comunitarias e instancias académicas nacionales e internacionales, comisiones de Acción Social, redes, colectivos y personas individuales, que han enviado comunicados, pronunciamientos, cartas, correos electrónicos y mensajes personales de solidaridad con la situación que estamos viviendo y manifestando su preocupación por los recortes que están sucediendo en las universidades públicas.
¡Universidad para las comunidades! ¡Por la defensa de la Universidad Pública!
Enviado por Dylanna Rodríguez-Muñoz.
Sea parte de SURCOS:
Durante el año 2019 el nombre de la adolescente Greta Thunberg ha resonado en distintos lugares del mundo, siendo una nueva voz para la juventud, y una voz que ahora se encuentra al frente de la exigencia por la justicia ambiental y la toma de conciencia ante el cambio climático. Su mensaje se ha hecho viral, y ha provocado la desobediencia civil con las huelgas de los viernes en colegios, así como campamentos internacionales de estudiantes en Europa. En estos espacios, jóvenes de distintos países se organizan y se reúnen para discutir sobre cambio climático.
Si bien este mensaje y las movilizaciones planteadas representan un espacio de resistencia entre las juventudes de los países de Europa; en América, y sobre todo en NuestrAmerica, la realidad es muy distinta. En países del primer mundo, como Suecia, desobedecer a la obligación básica de no asistir al colegio puede interpretarse como un acto simbólico de resistencia entre la juventud; sin embargo, en muchos de nuestros países completar la escolaridad no es ni siquiera materialmente posible entre las familias más pobres.
No es la idea de este texto desvirtuar las movilizaciones de la juventud por el cambio climático, ni presentar argumentos adulto centristas, pero no deja de llamar la atención que algunos medios de comunicación ensalcen el efecto que ha tenido el fenómeno Thunberg sobre las juventudes latinoamericanas. Este discurso lanzado por los medios de comunicación no hace más que reforzar el eurocentrismo histórico que aún se mantiene vivo y toma fuerza en las sociedades latinoamericanas.
Los Global Climate Strikes (Huelgas Globales por el Clima) impulsados por Greta y por el movimiento Fridays for Future fueron generalmente apoyados por las ONG, distintas empresas, grupos académicos y algunos gobiernos locales. En el caso de Costa Rica, se organizó la “Marcha Nacional por el Ambiente” el domingo 18 de agosto. La marcha hizo un recorrido desde el Parque Metropolitano la Sabana hasta la Plaza de la Democracia, y contó con el apoyo del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Municipalidad de San José y distintas ONG y Asociaciones Ambientales como: Green Wolf Costa Rica, Movimiento Tortuga, Eco Runners, EcoGrecia, Coalición Ambiental, Ríos Pura Vida, entre otros. Al ser domingo y contar con los debidos permisos municipales, más que marcha o paro, este evento tuvo tintes de desfile.
Después de un inicio difícil y atribulado por el descontento masivo en Chile, la COP 25 (Conferencia de las Partes) finaliza en Madrid como la COP más larga de la historia y en la que no fue posible lograr prácticamente ningún acuerdo novedoso o necesario. Hubo fuertes desencuentros entre los participantes respecto a los Mercados de Carbono, tema insigne del capitalismo verde de nuestros días y por demás controversial. La duración e ineficiencia de esta COP no hace más que provocar pensar en una cosa: el desperdicio enorme de recursos. Recursos materiales y humanos, además de ambientales; todo lo que se supone que los líderes y diplomáticos presentes en la COP quieren evitar. Es así como esta conferencia se va transformando en un evento donde asisten delegaciones de los gobiernos para lucir sus logros climáticos y proyectarse internacionalmente, sin embargo, en el fondo, sus alcances son nulos.
Como invitada especial de esta COP 25, Greta brindó un discurso emotivo y político, bien estructurado y acertado. La activista increpó a los líderes y gobiernos presentes en la conferencia por no haber hecho lo suficiente ante la crisis climática que se vive hoy. También enfatizó en que la fuerza está en la gente, que la gente está cambiando y está tomando conciencia, lo cual da esperanza para revertir el desastre ambiental al que hemos llegado. En lo medular, este discurso recuerda las palabras dadas por la líder lenca Berta Cáceres, durante la entrega del premio Goldman en reconocimiento a su labor en el año 2015. Además de haber sido una mujer indígena y un ejemplo para el mundo entero, Berta era una líder ecologista y feminista en su comunidad. Durante la entrega del galardón, Berta otorgó unas palabras magistrales en las que culpó a la depredación capitalista, racista y patriarcal de exterminar los recursos naturales y los ríos de su tierra, dinamitando los ejes espirituales de su cultura. Aboga a la rebeldía, e indica que la Madre Tierra nos exige actuar. A diferencia de Greta, Berta dio su discurso en torno a su cosmovisión, rescatando las diversidades naturales, étnicas y culturales de un país tan desconocido internacionalmente como lo es Honduras. Como parte de sus palabras, Berta proclamó:
¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!
En contraposición a Greta Thunberg, Berta no tuvo voz en espacios tan diplomáticos y de corte tan internacional como son las Conferencias de las Partes; sin embargo, su ejemplo resultó ser tan peligroso para el gran capital y el Estado militar de Honduras, que en marzo 2016 pagó con la muerte sus acciones de protección a la vida.
Mientras tanto, en otro país cercano a Honduras, Costa Rica, se asiste a la COP 25 con una delegación de más de 80 personas. A pesar de sus contradicciones socio ambientales internas, Costa Rica insiste en resaltarse como un ejemplo a seguir a nivel mundial. Desde afuera, la percepción de Costa Rica en cuanto a su economía y política ecológica resulta positiva. Este balance, además de haber sido impulsado con una fuerte plataforma mediática, es alimentado en la idiosincrasia costarricense. El desarrollo de la actividad turística en el país desde la década de los noventa (con campañas que hoy día son tan fuertes como “Esencial Costa Rica”) ha impulsado un discurso ecológico y ambientalista que se ha insertado en el imaginario de los y las costarricenses, pero que a la vez resulta contraproducente a la hora de que la población actúe o haga exigencias a las autoridades en cuanto al cambio climático.
Los movimientos ecologistas en Costa Rica cuentan con una larga historia, son diversos y presentan distintas estrategias y formas de proceder. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, comparten ciertas demandas con el objetivo de mejorar las relaciones humanas con la naturaleza.
Lo peligroso de asumir el discurso impulsado por Greta como modelo para el ecologismo o ambientalismo en América Latina y en Costa Rica, es el de caer en el olvido o la negación de las luchas y resistencias ecologistas pasadas y presentes que se dan día a día desde distintas trincheras en nuestros países. En Latinoamérica, más que discursos en eventos magnos o huelgas con permisos institucionales para alzar la voz por la naturaleza, la lucha por la conservación y la protección de los recursos naturales es un asunto de vida o muerte para los principales líderes de la región, es decir, un asunto de sobrevivencia. Por ejemplo, en Colombia, mueren asesinadas personas activistas en comunidades costeras y rurales casi todos los días.
No podemos, hoy más que nunca, darnos el lujo de olvidar todo el camino recorrido. No hay que ir muy lejos para corroborar que en este país -Costa Rica-, la protección de la naturaleza y de la vida de quienes la defienden se encuentra bajo constante amenaza. En marzo del año 2020 se cumplirá un año del asesinato político del líder indígena Sergio Rojas, quien lideró y ejerció, junto con la comunidad bribri, su derecho autónomo a la toma y protección de sus tierras. Evidentemente, Sergio no se alineaba con lo normalizado por el Estado, tanto que en vida sufría constantes amenazas y criminalizaciones que lo buscaban desprestigiar. Al día de hoy, este delito sigue impune.
Entonces, no es posible hablar (al menos todavía) de justicia ambiental en un país como este. Un país que no respeta la diversidad de cosmovisiones y formas de relación ancestral con la naturaleza de sus pueblos originarios. Un país donde se minimiza el efecto de las extensiones de monocultivos de piña sobre la seguridad de los ecosistemas y de las personas que viven en ellos.
Por lo tanto, Greta no constituye, y no debe de constituir, la voz de la juventud latinoamericana en cuanto acciones en pro del medio ambiente, sobre todo porque no vive y no representa la realidad que de este lado del mundo se vive. Ejemplos como los de Berta y Sergio son un constante a lo largo y ancho de Latinoamérica y para comenzar a hablar de justicia ambiental debemos primero reconocer su trabajo; para luego hacerlo visible, reivindicarlo y reproducirlo.
Margarita Loría y Fernando Bermúdez (Organización Política Carmen Lyra)- Costa Rica
Imagen ilustrativa tomada de civilsocietyreview.org
Fuente original: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263737
Compartido con SURCOS por Fernando Bermúdez.
Sea parte de SURCOS: