Las organizaciones sindicales se reunieron con Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de plantear la situación nacional en torno a la libertad sindical y el derecho a huelga dado el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa que busca limitar esos derechos.
SURCOS comparte los dos documentos que dan cuenta de las dos reuniones realizadas: una con ANEP, FIT-ICE (ASDEICE y SIICE) y UPINS; y la otra con varias centrales sindicales y que fue difundida por el SEC.
[1] Consigna pintada por estudiantes, después de la última toma del edificio de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica.
Hasta ahora la violencia parecía haber ganado en Colombia. El ejército justificó a la guerrilla y viceversa; los paramilitares[1] a otras formas populares de auto defensa; los «vándalos» a la policía, de donde ha surgido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prever motines, aunque también los provoca. Por eso aparecen los encapuchados que defienden a los manifestantes. Todos comparten que el fin justifica los medios y que la violencia se combate con violencia. El narcotráfico suma guardaespaldas y sicarios a ese coctel. Así, la «maldita violencia» parecía haberse enquistado en la cultura, reforzando los comportamientos patriarcales[2]. Sus principales víctimas han sido los más vulnerables: niños, jóvenes, mujeres y ancianos[3]. ¿Un ejemplo emblemático? Dilan Cruz, él luchaba por su educación, haciendo valer su derecho constitucional, cuando un arma del ESMAD le alcanzó en la cabeza. ¿Cómo se llama un policía que asesina a quien debe proteger? El alto mando tendrá que hacer milagros para justificarlo[4]. Un joven soldado se suicidó a raíz de ese conflicto. Por décadas, Colombia ha visto morir y partir a demasiada gente inocente.
Y, a pesar de todo, la gente sigue sonriendo, amando, bailando y conquistando cimas deportivas. La alegría, las bellas canciones, la extraordinaria ironía, tanto como la crítica, son modos cotidianos de resistencia. Uno de los países más felices del mundo es también el más desigual de la OCDE y el segundo de América Latina con media fuerza laboral en la informalidad. Por eso, hoy una inmensa mayoría defiende su derecho a vivir en paz. Solo una minoría prefiere mantener el estatus quo que beneficia al 1% de la población y a sus socios extranjeros, en perfecta sintonía con el autoritarismo neoliberal, propio del «capitalismo salvaje».
El pasado 21 de noviembre, el pueblo respondió masivamente al llamado de las organizaciones sociales en todo el país. Había más de cien razones para protestar y más de mil para defender la vida. La primera es el derecho a indignarse. El senador Gustavo Bolívar contaba 247 líderes sociales asesinados, 77 en lo que va del año. En enero pasado, la ONU urgió al Gobierno sobre la matanza de líderes indígenas. Hace pocas semanas, el ejército bombardeó un campamento guerrillero y mató a 8 niños (los lugareños dicen que podrían ser más). El Ministro de Defensa tuvo que renunciar. Son goterones en un vaso que ya estaba relleno con los 2248 «falsos positivos»[5], tema por el que se indaga judicialmente a Álvaro Uribe. Así que a nadie extraña la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.
En Boyacá, donde el gobernador no permitió la entrada del ESMAD, la multitud protestó en forma pacífica[6]. La prensa independiente jugó un papel crucial en la divulgación. En todas partes la asistencia fue multitudinaria, pese a las provocaciones y amenazas del «uribismo» y los desplantes militares del nuevo Ministro de Defensa. Después, un ruido espontáneo de cacerolas, que se oyó en todas partes, dijo ¡basta! Los colombianos exigen que se cumplan los acuerdos de paz y se oponen a más proyectos confiscatorios. Los jóvenes dicen que les han quitado la salud, la educación, el empleo, el futuro; incluso les han quitado el miedo. Ahí está la clave de esta coyuntura. Por eso se está desplomando el «uribismo», incluso en Medellín.
La reacción del presidente Iván Duque ha agravado las cosas. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, le dijo cómo aplacar la protesta. Entre otras cosas, que era momento de ser humildes, reconocer errores y hacer concesiones. Pero el presidente no entiende qué es «diálogo social», o se hace el desentendido[7]. Tras la gran marcha, reconoció el derecho a protestar y dijo estar escuchando, pero solo habló de «vándalos» para alabar a sus «héroes»: los policías. En plena desobediencia civil, siete días después se había reunido con los ministros, con los alcaldes, con los empresarios, pero no con el Comité del paro nacional. ¿Esperaba que la gente se cansara? Luego, propuso «conversar» sectorialmente (divide y vencerás), lo que fue rechazado.
El presidente no entiende que debe rendir cuentas a quienes pagan su salario, igual que policías y militares; no solo a su partido político. Ganar una elección no da derecho a usurpar el poder. El «uribismo» se tapa los oídos para insistir en una maniobra desestabilizadora y pirómana de sus oponentes. Al presidente nadie le había pedido la renuncia, sino que asumiera su responsabilidad, pero dijo que quieren arrebatarle «con violencia» lo que no pudieron ganarle en las urnas, como si su victoria hubiera sido brillante. Ahora, procura ignorar que muchos de sus electores se han convertido en manifestantes. Ha reprobado en lectura política, en empatía, en liderazgo, cuando ya rondaba el 70% de desaprobación.
Las protestas no cesan, el pueblo ha multiplicado su unidad y solidaridad, su fuerza pacífica crece con arte en las plazas; su participación plantea el dilema democracia o neofascismo[8]. ¿Quién manda en una democracia: la ciudadanía o el gobierno; los representantes o los representados? ¿Para qué sirve la violencia del Estado: para proteger a los ciudadanos o para aterrorizarlos? En uno de los países más violentos de América Latina, el pueblo ha izado la no-violencia en el asta más alta de la patria. Según Diana Uribe, se celebra la historia, es decir, la evolución incesante de la sociedad y la cultura. Una multitud sin miedo revive la idea de Mahatma Ghandi con yoga y música en la calle. En Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, la «hiperpotencia» popular en estado de rebelión está reuniendo la fuerza marítima de quienes digna y creativamente exigen justicia y paz[9]. Si sigue firme obligará a evacuar, cuando menos, a los corruptos del gobierno, el ejército y la policía. Por el bien de todos y el futuro de los que vienen, hay que derrotar pacíficamente a los violentos ¡Basta ya y nunca más!
[1] Se trata de mercenarios que actúan en la ilegalidad donde la represión del Estado aún no alcanza.
[2] Ver: Betancur, JM (2000) Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934. Santa Fé de Bogotá, Ministerio de cultura.
[3] Colombia también tiene una alta tasa de femicidios con una impunidad encima del 90%.
[4] Álvaro Uribe, líder del «uribismo», ya intentó justificar el bombardeo de niños y los actos represivos del ESMAD. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, publicó de manera expedita: Dilan era un vándalo.
[5] Así se llama a los muertos presentados por el ejército como guerrilleros para mejorar sus resultados. Esas «ejecuciones extrajudiciales» son una práctica de lesa humanidad conocida por Estados Unidos cuando menos desde 1984.
[6] Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también pidió al ESMAD no intervenir, pues no era necesario (#LAVIDAESSAGRADA).
[7] Algo que atizó la indignación fue ver al presidente evadir a un periodista, que le preguntaba sobre los niños bombardeados, diciéndole: «¿De qué me hablas, viejo?»
[8] Neoliberalismo + represión = Neofascismo. ¿El paradigma? Augusto Pinochet.
[9] Dussel, E (2016 ) 10 tesis de política. México: Siglo XXI y CREFAL. Tesis 12, pág. 94.
Conversatorio sobre Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense
La educación en derechos humanos debe estar presente desde los primeros pasos de los niños y niñas en el sistema educativo, según se pudo concluir durante el conversatorio del INIE-UCR.
“Porque un derecho solo es un derecho, si vale para todos”. Con esa contundente frase, la embajadora de Alemania en Costa Rica, la Sra. Martina Nibbeling-Wriessnig, resumió el desafío que representa la enseñanza de los derechos humanos para los sistemas educativos, cómo debe enfocarse en los grupos excluidos y cómo no debe dejar a nadie atrás. Sus afirmaciones formaron parte del Conversatorio Educación en Derechos Humanos y el Sistema Educativo Público Costarricense, organizado por el Instituto de Investigación en Educación, de la UCR (INIE-UCR), el pasado 25 de noviembre, en el marco de la Cátedra de Estudios sobre Religiones.
La directora del INIE, Jacqueline García Fallas, destacó que se debe asegurar el compromiso de las futuras generaciones con los derechos humanos mediante los sistemas educativos, como un código ético compartido. Por esta razón, mencionó el reciente voto de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.096, por medio del cual 26 legisladores se opusieron a la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un contenido más en la temática que se estudia en nuestros centros educativos. Precisamente, ante esa posición de los legisladores, el INIE-UCR emitió hace unas semanas un comunicado oficial en el cual no compartían dicha decisión de los legisladores.
Pasar de la obligación a la convicción
Durante el conversatorio, el público pudo analizar los aportes y posiciones de las expertas en el tema: Astrid Hollander, especialista del Programa de Educación Unesco; Alicia Vargas Porras, exviceministra académica del MEP; Janeth Carrillo, directora de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes; Susanne Müller-Using, catedrática invitada, y Lupita Chaves Salas, exrepresentante de la UCR ante el Consejo Superior de Educación, quien fungió como moderadora del conversatorio.
Durante décadas se generó un vacío en torno a la educación en derechos humanos en el sistema educativo costarricense, el cual se ha venido atacando en las aulas gracias a nuevas políticas que se aplican desde el 2017. Foto: María Peña.
Para Janeth Carrillo, existen en Costa Rica resistencias significativas sobre la educación en derechos humanos ya que, según trabajos llevados a cabo por la Defensoría de los Habitantes, la institucionalidad pública tiene pocas capacidades de empatía actitudinal para comprender al otro. Por lo tanto, aseguró Carrillo, es determinante lograr que las personas, a la hora de abordar el tema de los derechos humanos, pasen de la obligación a la convicción personal sobre la importancia de respetarlos, de hacerlos valer, para una sana convivencia.
De acuerdo con esa necesaria convicción a lo interno de la institucionalidad pública, Astrid Hollander sostuvo que para alcanzar una educación de calidad en derechos humanos, esta debe desarrollarse desde una estrategia interinstitucional y no únicamente del MEP. Los estudiantes, los docentes, las familias, las comunidades locales, diferentes organizaciones de la sociedad civil, etc. deben participar. Además, agregó, se deben democratizar los espacios escolares, desarrollando una educación de acción, basada en problemas reales, donde se tomen en cuenta los contextos culturales y se tengan mecanismos de evaluación pertinentes. Al respecto, la Unesco tiene diferentes dimensiones en la educación en derechos humanos, en las cuales la relevancia y la pertinencia son vitales para alcanzar pedagogías centradas en las personas
Hollander enfatizó que en el derecho humano a la educación está inherente el derecho a la educación en derechos humanos. Es decir, a enseñanza que provea las habilidades cognitivas necesarias, las habilidades socioemocionales y un ambiente habilitador (un ambiente educativo) con pedagogías centradas en las personas.
El concepto de ciudadanía y su interrelación con los derechos humanos trata de mitigar las debilidades que durante décadas experimentó el sistema educativo en cuanto a la importancia de que las generaciones jóvenes sean educadas en, para y por los derechos humanos. Foto: María Peña.
Educar para una nueva ciudadanía
Sin embargo, ese ambiente habilitador y esas pedagogías centradas en las personas han sido débiles durante bastantes años en el sistema educativo costarricense, tal como se desprende de la intervención de Jeannette Carrillo, quien afirmó que “la educación en derechos humanos en Costa Rica no ha sido un tema álgido en el sistema educativo. Por este motivo, la formación del personal docente en derechos humanos (para generar el proceso de transformación necesario) ha sido, en consecuencia, deficitaria”.
Respecto de ese déficit, Alicia Vargas agregó que la educación en la temática mencionada se ha integrado a través de una política de Estado que ha definido lineamientos a los centros educativos del país.
Vargas destacó la actual «Política curricular para una nueva ciudadanía y una Política Educativa 2016», conformada por cinco ejes y centrada en la persona. En esta política educativa vigente, encontramos el quinto eje denominado «ciudadanía y derechos humanos», el cual persigue que la educación en esos derechos trascienda y sea el sujeto el actor del proceso educativo (conceptualizado este como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida).
«Educar para una nueva ciudadanía» es el estandarte de la actual política educativa costarricense, la cual está respaldada por el Consejo Superior de Educación. Foto: María Peña.
El vacío en torno a la educación en derechos humanos, que durante décadas tuvo el sistema educativo costarricense, se viene atacando en las aulas gracias a esas políticas, aseguró Vargas, desde tres visiones: educación sobre los derechos humanos, educación por medio de los derechos humanos y educación para los derechos humanos.
Por su parte, Susanne Müller-Using enfatizó cuáles criterios se usan para estructurar una educación en derechos humanos de calidad y cómo tenemos que cultivarlos, cómo aprendemos los derechos humanos, cómo incentivamos el diálogo sobre derechos humanos en el entorno, qué indican hasta hoy estudios internacionales sobre los derechos humanos, etc. Esas fueron algunas de sus inquietudes durante su intervención.
Como muestra de lo importante que es dar respuestas a tantas interrogantes alrededor de la educación en derechos humanos, la experta presentó un reciente estudio llevado a cabo entre Alemania y unidades académicas de las universidades públicas costarricenses que imparten la carrera de educación. El grupo, conformado por docentes y por estudiantes de docencia, dio respuesta a algunas de esas incógnitas. Entre los más destacados resultados de la consulta se puede asegurar que, para ambos grupos de participantes, la educación en derechos humanos sí es importante y que “la labor docente sí es hablar o trabajar la temática de derechos humanos”.
Entre las especialistas que conformaron el conversatorio del INIE, hubo consenso en que es necesario e imprescindible que un sistema educativo pertinente y de calidad trabaje día a día el tema de los derechos humanos. Esta es una labor y un deber interinstitucional de muy diversos actores del Estado y de la sociedad civil. Foto: María Peña.
El pesimismo y la valoración negativa de la situación económica persisten entre los costarricenses
El costo de la vida y la situación económica también se mantuvieron durante todo el año en el segundo lugar de los principales malestares de la población. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El desempleo, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) alcanzó en el país el 11,9 % durante el segundo trimestre del año, se mantuvo como la principal preocupación de los costarricenses durante el 2019.
Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), efectuada entre el 18 y el 21 de noviembre anteriores a 1 004 personas mayores de 18 años, ubicadas en todo el territorio nacional.
Según la medición, el 32 % de los habitantes consultados en esta ocasión catalogó al desempleo como el principal problema que atraviesa el país. Esa posición también fue señalada por las mediciones hechas por el CIEP en los meses de marzo y agosto anteriores.
Asimismo, el costo de la vida y la situación económica se mantuvieron durante todo el año en el segundo lugar de los principales malestares de la población y, en esta oportunidad, fue señalado por el 21 % de los costarricenses consultados.
El informe del CIEP destaca que, a excepción del año 2018, el desempleo ha figurado desde el 2013 como el mayor malestar de los costarricenses a un mes de finalizar el año, tal como lo evidencian las últimas siete mediciones interanuales.
Según el investigador del CIEP, Ronald Alfaro, el estudio evidencia que las autoridades no han logrado mejorar tal problemática en los últimos años y que, por el contrario, esta incrementa y afecta cada vez más a ciertos grupos sociales, como las mujeres y las personas de zona rural.
“El desempleo es uno de temas que los ciudadanos más le recriminan a los gobiernos y más aún cuando, como sucede en este momento, está alcanzando niveles similares a los que tuvimos en el país durante la crisis de los años ochenta”, explicó el politólogo.
El pesimismo persiste entre la población y así lo evidencia el 68 % de las personas encuestadas, quienes consideran malo o muy malo el actual rumbo del país, mientras que apenas el 13 % afirma que Costa Rica avanza por buen camino.
La valoración negativa sobre la economía nacional evidenció un incremento a lo largo del año, al pasar de 76 % a 79 % entre las mediciones de marzo y agosto anteriores, hasta alcanzar en esta última ocasión un 80 %.
La población valora mejor la labor municipal que la del Gobierno nacional
Pese a que el 62 % de los consultados en agosto anterior catalogó de forma negativa la labor del Gobierno y ese porcentaje se mantuvo invariable en esta nueva medición del CIEP, el 56 % considera que la gestión de su municipalidad es buena o muy buena.
En concordancia con lo anterior, el 60 % de los encuestados afirma que la municipalidad responde mejor a las necesidades de su comunidad, frente a un 12 % que prefiere la atención que recibe por parte del gobierno nacional.
Las mayores satisfacciones de la ciudadanía respecto al trabajo de las municipalidades se deben al servicio de recolección de basura, seguido por el mantenimiento de áreas verdes y la administración de los mercados municipales.
El informe del CIEP destaca que, a pesar de que existe por parte de los ciudadanos una valoración positiva de la labor actual de sus municipalidades, el 35 % afirmó que en las próximas elecciones apoyará a un partido distinto al que gobierna actualmente.
Alfaro atribuye este resultado a que, al igual que en las elecciones nacionales, las lealtades partidarias son muy débiles en la ciudadanía y, por esta razón, es que la alternancia se ha convertido en una tendencia histórica en el país.
“En las elecciones municipales prima el personalismo y el liderazgo, así que no se trata tanto de votar por el partido, sino por el candidato o la candidata. También se apuesta por rotar el poder, la gente prefiere que entren nuevos actores a ocupar esas posiciones”, explicó el investigador.
Finalmente, la medición retrató que el 56,9 % de la ciudadanía estaría decidida a votar en los próximos comicios municipales, lo cual —según Alfaro— representaría «un parteaguas», frente a una convocatoria que históricamente ha sido poco concurrida.
“Es muy probable que haya un aumento en la participación, pero hasta febrero veremos si se alcanza ese porcentaje. Lo cierto es que las elecciones municipales se han venido instalando en la mente de la gente como un evento cada vez más relevante”, concluyó el experto del CIEP.
«Como evangélico bautista creo en la separación de la religión y el Estado, pero no por eso separo fe y sociedad, ni teología y política, ni mucho menos discipulado cristiano y compromiso con la transformación social y la opción preferencial por las personas vulnerables. Lo qué hay que replantear con urgencia es la participación de las iglesias, sus pastores y otros líderes en la política partidista, antes de que sigan arruinando el testimonio evangélico y, lo peor, improvisando con modelos teocráticos en la administración del Estado». TWITTER: @HAROLDSEGURA
Harold Segura es pastor Bautista colombiano, líder evangélico latinoamericano, vive en Costa Rica y trabaja para Visión Mundial Latinoamérica.
Experiencias Nacionales en Innovación Pública Abierta
Como parte de las “II Jornadas de reflexión sobre la Hacienda Pública-La Innovación pública abierta: enfoque generador de valor público” efectuadas el 21 de noviembre de 2019, se llevó a a cabo un “Panel” sobre experiencias nacionales en temas como: manual de innovación pública, fiscalización digital, plataforma de interoperabilidad TSE, y acreditación de laboratorio de ciencia forense, con el objetivo de dar a conocer las diferentes actividades que se están realizando en las instituciones públicas de nuestro país y con ello generando valor público.
Este evento estuvo a cargo de la Contraloría General de la República-CGR, en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional-Vicerrectoría de Investigación-UNA, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, el Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y la colaboración del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas.
Luis Paulino López Fernández, coordinador del proyecto Unidad de Gobierno Corporativo, de la Contraloría General de la República-CGR, abrió el panel con el tema “Fiscalización digital”, refiriéndose a que la Contraloría General de la República está llamada a generar valor y beneficio para marcar una diferencia en la vida de las personas, a fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas: “ esta entidad debe demostrar y comunicar el aporte de valor y beneficio de la fiscalización superior a los ciudadanos, al parlamento y otros actores interesados, así como institución debe dar el ejemplo, lo cual es muy importante a la hora de plantear un proyecto”, dijo López, quien planteó algunas interrogantes:
¿Qué se ha hecho?
Según el expositor se han establecido objetivos de negocio claros a partir de la definición de prioridades estratégicas, para la búsqueda de soluciones a necesidades de la fiscalización mediante la analítica de datos.
¿Para qué?
Para mejorar el aporte de valor público desde la fiscalización integral y la gestión interna.
¿Qué es lo que se quiere hacer?
Lo primero que se debe hacer es desarrollar políticas descriptivas: “lo que nos dicen ante un fenómeno es lo que está sucediendo. Las analíticas diagnosticas que lo que nos dicen es porque ese fenómeno está sucediendo. Luego las predictivas que dicen que puede suceder. Y por último las prescriptivas que indican que se debe hacer”.
¿Cómo se debe hacer?
Con el conocimiento de negocio, el cual se complementa con la estadística, ha permitido desarrollar la investigación tradicional. La informática con el conocimiento de negocio permite desarrollar aplicaciones analíticas y la informática con estadística permite desarrollar aprendizaje automático. La conexión de todos estos permite la Gobernanza de datos.
López concluyó su explicación mencionando que los factores claves del éxito son el compromiso superior, el alcance institucional, la alineación de la gestión institucional, el trabajo inter divisional, prueba- error y la revisión de mejores prácticas.
Por su parte Carolina Rojas Alfaro, del Departamento de Ciencias Forenses del Poder Judicial, dio a conocer la experiencia que han tenido que abordar distintos panoramas, uno de estos ha sido la acreditación de los laboratorios que forman parte de Ciencias Forenses: “se tiene un compromiso muy grande con esto, debido a la importancia que tiene. La acreditación eleva el nivel, debido a que ya es directo a la competencia técnica, para el profesional es importante ya que se garantiza que tienen la capacidad y las habilidades para dar el servicio”, comentó Rojas, quien dijo que además el laboratorio cumple con las condiciones instrumentales e infraestructurales, para poder ofrecer el servicio a la autoridad judicial, para eso recurren a normas internacionales que condicionan requisitos para las especificaciones que se deben cumplir para brindar el servicio. “ ISO tiene más de 22 mil normas internacionales, que cada una responde a una necesidad, entonces se decide cual norma responde a nuestra necesidad, es por eso que el departamento decidió usar la 17020, y la 17025”.
La representante del Poder Judicial mencionó algunos logros obtenidos:
Se estableció un mecanismo que garantiza la competencia técnica, y la conformidad, con 2 normas internacionales.
Se obtuvo acreditación con un ente internacional como lo es el Consejo Nacional de Acreditación ANAB.
La acreditación se obtuvo para 4 Secciones del Departamento de Ciencias Forenses- DFC que abarcan las áreas de tecnología, drogas, ADN y balística.
Se trabajan en ampliar el alcance de acreditación de las áreas de Evidencia Traza, y Residuos de Disparo.
La expositora mencionó que los impactos de este proyecto hacia la ciudadanía son: “proporcionar resultados confiables basados en metodología reconocidas por la comunidad científica competente, evidenciados por la competencia técnica del personal y resultados técnicamente válidos. En conclusión el Departamento de Ciencias Forenses, ha implementado cambios tanto en el manejo de sus recursos como en el manejo del talento humano, no solo con el fin de cumplir los criterios que puede o debe tener un laboratorio Ciencias Forenses, sino también con el compromiso del buen manejo de los recursos públicos” concluyó Rojas Alfaro.
También compartió su experiencia, Ana Ruth Villareal, Asesora del Ministerio de Coordinación con el Sector Privado con el tema: Manual de Innovación Pública.
Villarreal hizo alusión que desde la presidencia de la República, con apoyo de actores: académicos y de sociedad civil, se ha ayudado a crear el Laboratorio Nacional de Innovación Pública, como una metodología que busca generar cultura de innovación en las instituciones: “este está en construcción, y pretende ser una plataforma y no una institución más; ser abiertos para el diálogo y para escuchar”.
La representante del gobierno mencionó que se han creado 7 principios que rigen todo lo que viene haciendo:
Conectar con las personas y conectar ideas, ya que estamos en un mundo donde la colaboración es la nueva forma de hacer las cosas, la inteligencia colectiva es la nueva inteligencia.
Empatizar: es la capacidad que tenemos para lograr entender; entender a la persona, saber qué es lo que le está doliendo, y también de cómo empatizamos con nuestro entorno.
Prototipar: no casarse con una solución, si no antes ponerla a prueba para saber si sirve como solución al problema que se ha detectado.
Iterar: es el principio de diseño más básico de todos y el que todos compartimos.
Experimentar: es lo que no se nos puede pasar por alto a la hora de innovar, se necesitan datos de que efectivamente tenemos la solución.
Innovar: esa capacidad de generar ideas nuevas o ideas mejoradas que generan un valor que realmente se sienta o transforma.
Escalar: no quedarnos ahí cuando tenemos la solución.
Ana Ruth Villarreal reiteró que lo que están haciendo es intentar entender al usuario, entender que les duele, buscar soluciones y crear un sistema donde las personas sientan que los escuchan.
Dennis Cascante Hernández, Director General de Estrategia Tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones-TSE, compartió sobre la experiencias de la Plataforma de Interoperabilidad del TSE y la experiencia que viene realizando a lo largo de los dos últimos años: “hemos realizado avances sobre la forma de cómo hacer gestión pública y como eficientizar sus servicios para beneficio del país y de las personas en general. Ante esto nuestra organización ha estado siempre comprometida a proponer avances innovadores haciendo un uso inteligente de las tecnologías” expresó Cascante, quien mencionó 5 servicios del TSE que se han implementado:
Inscripción de nacimientos en línea: se implementó desde 2016, una manera mucho más sencilla y rápida de inscribir los nacimientos.
La inscripción de matrimonios: empezó en el 2011 con un trabajo en conjunto, ya que la colaboración es fundamental para poder avanzar en el país. Está disponible en línea para notarios y se está trabajando para hacerla llegar a autoridades eclesiásticas entre otras.
La inscripción de defunciones: se implantó en el 2018, y actualmente hay 2 hospitales que las están implementando. Se ha hecho en conjunto con la CCSS y con el colegio de médicos.
Plataforma de Servicios Institucional: se diseñó un modelo tecnológico que permite el acceso a la información pública y privada que es demandada por otros sectores.
Servicios de identificación biométrica: Es un mecanismo de identificación para poder obtener los datos de las personas en casos necesarios; sin que tengan que portar la cédula de identificación. Este es un sistema de verificación de identidad.
El Director General de Estrategia Tecnológica-TSE, indicó que los esfuerzos en la actualidad se dirigen hacía el manejo de una cédula de identidad en formato digital.
En la segunda parte del “Panel” de estas Jornadas de Reflexión sobre Hacienda Pública, se compartieron los resultados de 3 Foros de Reflexión a modo de mesas de trabajo realizadas durante la mañana del mismo día.
Esta parte del “Panel” fue moderada por el Master Enrique Gonzáles, con la participación de los facilitadores de las diferentes mesas de trabajo: Lic. Alejandro Herrera López de la Contraloría General de la República-CGR, quien dirigió la mesa: “Big Data Administrativo”, el Lic. Iván Acuña Chaverri, a cargo de grupo: “Gobernanza Multinivel” y la Licda. Angélica Vega Hernández, del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica-UCR, con la mesa de trabajo sobre el tema “Inteligencia Colectiva”.
Los facilitadores resumieron las conclusiones y recomendaciones producto de sesiones, las cuales tuvieron como marco; motivar las voces e invitar a dialogar abiertamente de temas que son de relevancia para el país, en lo comunitario, político, económico, cultural, ambiental y social etc. Estos espacios de consulta a la ciudadanía se constituyeron en un proceso amplio y participativo, de reflexión sistemática y de análisis.
Para los organizadores, la participación en estas mesas de trabajo de intelectuales, políticos, académicos, trabajadores, campesinos, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, estudiantes, colegios profesionales y otros, posibilitó un intercambio de saberes, experiencias, anhelos y sentimientos, para contribuir a un mejor país en temas que son vitales para el desarrollo nacional.
En cada mesa de trabajo los facilitadores realizaron una exposición, que sirvió de marco e impulso para la discusión, aportes y conclusiones:
En este sentido el facilitador de la mesa de trabajo sobre “Big Data Administrativo”, propuso a los participantes 3 preguntas motivadoras.
La primera pregunta: ¿Cómo visualizan que los datos pueden mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y sus vecinos?
Según Herrera se obtuvieron aportes muy interesantes, en una de las mesas de trabajo tocaron el tema de brecha digital, lo que es un tema muy importante, ya que tenemos población que puede estar mejor representada en los datos y otra que no tanto, por ejemplo, la población indígena, por lo que una de las lecciones aprendidas fue superar la brecha digital.
Otro de los temas tuvo que ver con los intereses comunes, por ejemplo: el ser víctimas de las presas; cómo podemos utilizar esa información para mejorar la calidad de vida del ciudadano en ese ámbito y sobre todo usar los datos en las tomas de decisiones de la administración pública.
La importancia de tomar decisiones con datos reales es un reto, ya que la mayoría de las veces tomamos decisiones sobre suposiciones.
Sobre las mejoras que podríamos tener, una es el ahorro del tiempo y el Big Data inclusivo.
La segunda pregunta ¿Estaría dispuesto o dispuesta a que la Administración Pública use su información personal para dar mejores servicios, y si es así ¿qué cuidados le pediría a cambio de estos datos?
Al respecto, se tocó el tema sobre la auditoría de datos, de cómo podríamos verificar que las instituciones públicas realmente están usando esos datos para lo que son.
Luego se hizo referencia al principio “In dubio pro data habiente”, que significa que siempre se tiene que interpretar a favor de la persona por la protección de sus datos personales.
Otros de los temas fueron la mejora en la normativa existente de protección de datos, el conocimiento público sobre ética de uso de datos y también el flexibilizar la normativa para el avance integral de la tecnología.
En la segunda mesa de trabajo sobre Gobernanza Multi-Nivel”, se trabajó con una pequeña exposición al principio del foro tocando 3 puntos fundamentales: co-crear, colaborar y coordinar. De ahí, se adujo sobre la importancia de lograr que universidades, municipalidades, academia, sector privado, ciudadanía y los poderes del Estado, puedan trabajar en conjunto.
Las preguntas en este foro fueron:
1-¿Identifique 3 problemas que aquejan su comunidad o sector y señale las instituciones o actores responsables de coordinar y solucionarlo?
2-Con base a esos 3 problemas que identifique, comente, ¿quiénes y cómo pueden sumarse otros actores para colaborar y buscar soluciones a dichas situaciones?
3-Desde su perspectiva ¿cómo ciudadano o funcionario público puede involucrarse a buscar soluciones en conjunto para resolver dichos problemas?
De esta manera, los problemas surgidos fueron comunes a todos los presentes: seguridad ciudadana, la movilidad urbana, la infraestructura vial, atención a adultos mayores, aceras, drenajes de aguas negras, ética, lucha anticorrupción y concientización ciudadana.
Se señalaron finalmente, la necesidad de la existencia de apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, la responsabilidad ciudadana cívica, redes ciudadanas, empresa privada sumada a los esfuerzos locales e institucionales.
En cuanto a la tercera mesa de trabajo sobre “Inteligencia Colectiva”, se generaron 2 interrogantes:
La pregunta 1, ¿Cómo van a ser los servicios públicos del futuro en una sociedad que es abierta e integrada?
Al respecto, se señalaron 3 debilidades del servicio público: el primer punto es que el servicio público está basado en normas, o en pasos, el segundo es que hay una inflexibilidad organizativa debido a su estructura, el cual se empeora cuando hablamos del tema inter sectorial, y la tercera es que no hay flexibilidad y no se prioriza la necesidad. Las propuestas fueron moverse a acciones basadas en resultados y utilizar mecanismos de integración y comprensión ciudadana.
Pregunta 2. ¿Cuáles son las capacidades que requiere la ciudadanía del futuro para actuar de manera colectiva?
Entre las habilidades que se mencionaron están: la capacidad de escucha, la empatía sobre temas ciudadanos, saber vender ideas/negociación ética, liderazgo, diseñar estrategias, co-creación y capacidad crítica, transparencia, rendición de cuentas, colaboración y cooperación.
Se mencionó sobre los conocimientos que debe tener la ciudadanía: que es un servicio público, los deberes y los derechos, tener las reglas claras para innovar y para cambiar, cómo incorporar tecnologías, y comprender la administración.
Para concluir con las Jornadas de Reflexión sobre la Hacienda Pública, la Master Sylvia A. Solís Mora, Sub Contralora de la República agradeció a los participantes en las Jornadas las cuales calificó de exitosas por la representación de diversos sectores de la ciudadanía y por los aportes planteados para el bien común del Costa Rica: “El trabajo que llevamos a cabo este día permitirá tener una memoria de datos que alimentarán las posibilidades de crear algunas opciones de mejora”.
La Sub Contralora, dijo que con respecto al concepto innovar, se expusieron muchos principios, pero algunos muy básicos que hemos puesto en práctica como la colaboración, la coordinación y la co-creación, nos han llevado en el pasado a construir nuestra República, y nos hizo innovadores, no obstante, pareciera que se nos olvidaron y nos obliga a plantearnos ahora (en situaciones límites de crisis) volver a vernos para reinventarnos : “ la voluntad es algo muy simple y a la vez complicado, la voluntad de aceptar las diferencias, la voluntad en la tolerancia, en comprender que estamos con una misma bandera en una patria, que tenemos que fructificar hacia el futuro. La Contraloría General de la República ha comprendido esto y por eso ofrece estos espacios, que más allá de las competencias ordinarias ofrece reflexión, administración y cambios que también son parte de esto”, indicó Sylvia Solís.
Ante los presentes y quien seguía la transmisión por vía streaming-Internet ( ( https://youtu.be/AR-PflrPDgs) Solís recalcó la necesidad de buscar una forma diferente de hacer las cosas y comprender que los mecanismos de reflexión y co-creación son siempre necesarios, que las herramientas tecnologías son importantes, pero más aún las habilidades blandas y ponerlas en práctica.
Finalmente destacó que es un doble reto el poder generar herramientas, que nos facilitan los datos para poder ejercer una mejor labor, pero también para poder ejercer información veraz y flexible para el ciudadano, para que pueda contribuir a buscar soluciones a los problemas que ellos sí reconocen y abre oportunidades de intercambio e interacción entre los ciudadanos y las instituciones públicas para dar soluciones propositivas y prospectivas de las que el país está urgido. Reiteró su gratitud y reconocimiento tanto a la Contraloría General de la República como a las entidades que se sumaron e hicieron posible la organización de las Jornadas.
Asimismo, las instituciones colaboradoras en la realización de este evento: Contraloría General de la República, Departamento de Acción Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, la Asamblea Legislativa, al Ideario Costa Rica Bicentenaria, la Universidad Nacional-UNA y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, expresaron su satisfacción por ser parte del proyecto; lo que posibilitó un intercambio inteligente, ético y positivo, que generó el diálogo social, la sana convivencia y aportes de todos los participantes en las jornadas.
Este jueves 5 de diciembre a la 1 p.m. se llevará a cabo el panel: «Impactos socioambientales de la expansión del cultivo de la piña en el humedal Térraba-Sierpe» en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Bloque Verde convoca al cabildo ecologista en defensa del humedal Térraba Sierpe, este próximo jueves 05 de diciembre a las 6 p.m. en el Parque Central de San José.
