El primer “Simposio Internacional del Bambú en Costa Rica”, se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre del 2018 y su sede será el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en la Ciudad de Heredia, Costa Rica.
OBJETIVO DEL SIMPOSIO
Promover el conocimiento en los avances tecnológicos, los emprendimientos productivos, las novedades relacionadas con los procesos de transformación, comercialización, uso y cultivo del bambú, el desarrollo de la economía verde y la conformación de la cadena productiva integrada por los diferentes actores empresariales, profesionales e investigadores relacionados con las diversas actividades propias del bambú.
Presidentes y Miembros de los Poderes de la República
Jerarcas y Miembros Institucionales
Rectores y Miembros Universitarios
Diputadas y Diputados
Alcaldesas y Alcaldes
Empresa Privada
Estimadas Señoras y Señores: Les estamos haciendo llegar el procedimiento metodológico y la agenda para la XVII Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto, que llevaremos a cabo en Pococí, en el Salón Parroquial de Guápiles, a partir de las 8:00 am y hasta las 2:00 pm el próximo viernes 27 de julio de 2018.
Esta metodología ha sido desarrollada por la Comisión Especial Metodológica que constituimos para tal efecto y que está constituida por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia del Poder Judicial, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
Por primera vez, será este evento de carácter nacional y concurrirán delegados de Territorios Seguros de 25 cantones del país, busca ser ahora la actividad, ser un ejemplo nacional de mayor envergadura.
Es necesario reiterar que este evento que cumple ya ocho años en Pococí, es también avalado en su convocatoria por la Señora Alcaldesa de Pococí, Dra. Elibeth Venegas Villalobos.
Quienes integran el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorio Seguro, han asumido con mucha seriedad este proceso.
Al igual que en otras ocasiones, para cumplir con lo establecido en la Agenda, se hace necesario que comencemos a las 8:00 am; así lo estamos solicitando a los delegados del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
Sus anfitriones serán la ciudadanía a través de todas las personas delegadas de Territorios Seguros y la Señora Alcaldesa.
Instamos a aquellos funcionarios que todavía no se hayan acreditado, que nos hagan llegar su nombre para saber de su asistencia y así entre todos participar en fortalecer el nivel de éxito del evento, pues tan importante evento y dada la presencia de tan destacadas autoridades, puede propiciar el interés de algunas personas que no están vinculadas al proceso a ingresar; todos los delegados de Territorios Seguros que participan tienen conciencia de que deben estar debidamente acreditados.
Hemos sido precisos en establecer que esta actividad se dedicará a proponer la construcción del proceso que permita establecer tanto a nivel nacional como cantonal, los procedimientos medibles y evaluables, de la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y los procesos de transparencia todo en procura del fortalecimiento institucional.
El evento está diseñado para escuchar, dialogar, evaluar y proponer.
Este evento tiene como aspecto central, valorar los aportes obtenidos en estos ocho años de trabajo, en la construcción conjunta por la transparencia, la comprensión de la responsabilidad ciudadana que le asiste como El Soberano, la sensibilización del funcionario público para incorporarse en la construcción de esta República Participativa y el cumplimiento del mandato constitucional, sustentados en el Art. 11 y del principio de El Soberano en el Art. 9 Constitucional.
La metodología será la siguiente:
En primer lugar, las intervenciones se harán exclusivamente entre los representantes institucionales y los delegados del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, aquellas personas que nos visitan como invitados, son observadores que vienen a conocer de nuestro proceso y con quienes haremos en otro momento, un proceso de debate sobre sus puntos de vista y aportes para fortalecer y enriquecer los procedimientos que llevamos adelante.
PRIMERA PARTE
Se constituye un Foro integrado por representantes los cuatro Poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, que estará moderado por la Vicerrectoría de Extensión de la UNA.
En el Foro, los representantes de los poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, expondrán cómo van a promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y la visibilización presupuestaria para lograrlo, la evaluación de impacto y la rendición de cuentas. Es fundamental al final de esta sección, determinar un calendario y mecanismos para valorar y realimentar los avances en participación ciudadana y rendición de cuentas que permitan concretar los artículos 9 y 11 de la Constitución Política.
En este sentido es importante definir la forma y los mecanismos en que la ciudadanía se va a integrar de forma directa en los procesos de toma de decisiones y en la orientación y evaluación de las acciones y políticas públicas; cómo se va a realizar este proceso en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, en las diferentes instituciones del Gobierno Central y las instituciones autónomas y en especial desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Así como la incorporación al presupuesto institucional la construcción que garantice que esta participación ciudadana sea viable y concreta.
Es necesario tener en cuenta que en Territorios Seguros, en el plano nacional se quiere trabajar de forma especial la crisis fiscal, la política social, la política educativa y la Política productiva de emprendimiento y de empleo. Además, se quiere impulsar la transparencia en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder, tal cual lo establece la Constitución Política.
El objetivo central de esta Actividad de Gala de Rendición de Cuentas no es un informe de actividades realizadas ni número de personas o familias beneficiadas o cobertura cubierta por esas acciones. Este es solamente un rasgo. Más bien, la rendición de cuentas explica cómo a partir de las acciones realizadas se obtienen resultados e impactos que solucionan problemas concretos y que cambian de forma sostenible la realidad del país, de los hogares y las personas en específico; o sea, cómo cambia la vida de la ciudadanía; por eso, se debe fundamentar en una evaluación objetiva y científica. La rendición de cuentas es una actividad de los otros tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones hacia El Soberano. Es importante que las instituciones definan en estos términos cómo va a ser su rendición de cuentas nacional de ahora en adelante.
En conclusión, cada poder y cada institución debe responder de forma concreta y clara a estos cuatro aspectos; a partir de acá se genera un foro de realimentación, con fechas marcadas para analizar el avance en estos temas al menos cada seis meses. La primera en los meses de enero-marzo cuando se empiezan a elaborar los presupuestos y planes anuales operativos en cada institución y la segunda en los meses de agosto-octubre cuando se han presentado los presupuestos a los órganos respectivos del estado para su aprobación.
SEGUNDA PARTE
Se constituyen los Espacios de Diálogo, donde habrá un Equipo Moderador, que tendrá como tarea orientar la discusión y el debate para establecer un diálogo, de tal manera que se propicien acuerdos para cada cantón, el cual será recogido por este Equipo, para integrarlo en una Memoria que deberá ser entregada a todas las personas participantes. Todos los participantes se dividen en cuatro grupos:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Tribunal Supremo de Elecciones
Las personas que integran Territorios Seguros se distribuyen según los intereses de cada cantón, para participar.
En el marco de lo establecido en el Foro, pero reconociendo las particularidades, cada institución llega a un acuerdo similar al nacional según sean los temas relevantes de cada cantón. Es importante definir fechas específicas entre instituciones y El Soberano para llegar a acuerdos relacionados a:
Temas críticos:
Formas y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones en esos temas
Incorporar en los presupuestos institucionales de manera transparente y creciente los recursos para la participación ciudadana
Rendición de cuentas a partir de resultados e impacto y en el marco de lo establecido en la Constitución y los acuerdos de diálogo
Es importante definir la forma y los mecanismos en que la ciudadanía se va a integrar de forma directa en los procesos de toma de decisiones y en la orientación y evaluación de las acciones y políticas públicas, pues hablamos de una cultura que la Constitución manda construir; cómo se va a realizar este proceso en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo en las diferentes instituciones del Gobierno Central y las instituciones autónomas.
Es estratégico cómo se va a generar el financiamiento adecuado para que esta participación ciudadana sea viable, visible y concreta.
Dentro de esta perspectiva, en Territorios Seguros, en el plano nacional se quiere trabajar de forma especial la crisis fiscal, la política social, la política educativa y la política productiva de emprendimiento y de empleo. Además, se quiere impulsar la transparencia en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder.
PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE GALA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En cumplimiento del proceso que conlleva
Conocedores de la responsabilidad que les caracteriza, quedamos a la espera de su respuesta, al correo comusepo@gmail.com o al teléfono 8769 8714.
Autoridades no han realizado ninguna acción al respecto y son las comunidades quienes toman cartas en el asunto
Ya se suman cuatro acueductos comunitarios afectados por la expansión piñera en menos de un año
FECON, 24 de julio 2018. Contaminación con herbicida bromacil, prohibido desde 2017, sigue reportándose en agua para consumo humano, además de bromacil se ha encontrado, miclobutanil, oxamil,butóxido de piperonilo y triadimefón en fuentes de agua de Pital y Rio Cuarto, autoridades tienen conocimiento de esto desde 2016 pero no han informado a las poblaciones.
Ha pasado más de un mes de haberse descubierto que le Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) han escondido datos sobre la contaminación de agua en Pital y Río Cuarto. El CICA pasado jueves 19 de julio en la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativaadmitió no haber a los miembros de ASADAS afectadas y tampoco a la autoridades de Salud.
Según trascendió de la audiencia la funcionaria del CICA Laura Brenes, afirmó que: “existe un acuerdo verbal para dar confidencialidad al proyecto en general y que toda la información del estudio se canalizara por medio del Servicio Fitosanitario del Estado”. Esta supuesta cláusula de confidencialidad no se ha confirmado y se ha cuestionado que estos datos sobre la calidad de agua para consumo humano se escondieran por más de dos años pese al conocimiento del CICA y del SFE.
Mientras tanto este informe no ha sido difundido aún a la opinión pública pese a confirmar la contaminación con agroquímicos en acueductos de comunidades de Pital y Río Cuarto. Propiamente el informe del estudio mencionado (descargable acá) confirma que la ASADA La Tabla y El Pinar; de la Santa Rita de Río Cuarto; la naciente Nicrodal; la naciente La Flor de la ASADA de Santa Isabel; la ASADA de Cariblanco de Sarapiquí; la ASADA de La Legua; la naciente de Palmar de Pital de la comunidad de Los Ángeles; la ASADA de la comunidad de Chirivico y CoopeIsabel y la ASADA de Veracruz de Pital se encuentran contaminadas desde 2015.
Por su lado esta semana la ASADA de Santa Isabel de Pital decidió clausurar una de sus fuentes de agua por sospecha de contaminación debido a un reporte del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA por presencia de bromacil (Santa Isabel, julio 2017).
Además la ASADA de la Tabla y el Pinar de Rio Cuarto también ha reportadoafectación y cierre de fuentes de agua a acusa de contaminación por agroquímicos relacionados a la piña.
Si tomamos en cuenta a Veracruz de Pital (Asada intervenida en 2017 por el AyA) ya se contabilizan cuatro acueductos comunitarios afectados en los últimos meses debido al descontrol de la actividad piñera.
Esta situación causa alarma en la población y por eso ya en Pital el jueves anterior se dio una movilización para solicitar a las autoridades locales no permitir el cultivo de nuevas plantaciones de piña en este distrito de San Carlos.
Esta crisis por contaminación no es nueva ya que se tienen antecedentes lamentables como lo sucedido en Milano, el Cairo y la Francia de Siquirres los cuales en 2003 fue descubierta la contaminación con el herbicida bromacil y otros 22 agroquímicos en las fuentes de agua comunitarias. Hasta la fecha el problema persiste en Milano dónde se han recibido agua en camiones cisterna durante 15 años debido a que la ASADA de la zona sigue encontrando agroquímicos en sus nacientes que están vecinas a la empresa Hacienda Ojo de Agua relacionada con la multinacional Del Monte.
Henry Picado Cerdas
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza
Teléfono: 8760 9800
Imagen ilustrativa tomada de la nota: Persiste la contaminación son agroquímico prohibido.
El pasado 21 de julio se realizó en la Plaza de la Cultura, al acto: El pueblo soberano al rescate del Poder Judicial. Enterremos la impunidad y la corrupción.
La marcha fue convocada por el Movimiento Ciudadano por la Dignidad Nacional y se realizó con la finalidad de poner en evidencia a las y los magistrados que se opusieron a una sanción correcta de los 4 magistrados de la Sala III y se entregó un manifiesto con las principales acciones que deberán tomarse para que los y las costarricenses podamos volver a confiar en este Poder de la República.
Compartido en redes digitales digitales por Adri Herrera y otras personas.
La lactancia exclusiva previene riesgos de salud en bebés y madres
En Costa Costa Rica, solo dos de cada 8 bebés logran ser amamantados hasta los seis meses (foto cortesía del TC-622).
La alimentación exclusiva con leche materna en los primeros meses de vida es fundamental para prevenir una serie de riesgos para la salud de los niños y niñas, y también de las madres, aseguró el doctor y pediatra argentino Fernando Vallone, quien impartió el pasado 10 de julio la conferencia “Pequeños grandes clientes: Los bebés y las transnacionales de la alimentación”, en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Uno de los principales puntos discutidos fue la gran responsabilidad que tienen las personas profesionales de la salud en la promoción del consumo de alimentos artificiales en los primeros años de vida.
“Cada vez que desaconsejamos la lactancia materna estamos aumentando riesgos (…) tenemos la mayor responsabilidad porque quienes atendemos a niñas y a niños, en realidad atendemos a familias y las familias se vinculan con nosotros y ponen en nosotros (en el equipo de salud) la confianza de que sabemos lo suficiente para recomendar siempre lo mejor. Y cuando hablamos de alimentación infantil tendríamos que ser muy conscientes de lo permeables que somos a toda la influencia de las compañías”, indicó el especialista.
Durante la conferencia se hizo un repaso histórico sobre el desarrollo de la industria de alimentos infantiles, así como los riesgos que existen en torno a la alimentación artificial. “Estamos acostumbrados a hablar de los beneficios de la lactancia materna y eso a quienes trabajamos en el área de salud no nos hace bien, porque cuando uno habla de que algo trae algún beneficio da por sentado que lo otro también es bueno y que esto es un poquito mejor, y acá el tema es distinto”, afirmó el Dr. Vallone.
Vallone destacó que el dinero que se comercializa por año en el mundo de alimentos para bebés ya supera los 55 mil millones de dólares, esto lo convierte en un negocio de gran importancia.
En la investigación que realizó el argentino, se evidenció cómo el perfil de los productos ha ido variando en un periodo de 30 años, la diversidad de oferta ha crecido y han aparecido nuevas necesidades. “Cosas que eran naturales de un bebé, pasan a ser problemas de salud y entonces necesitan un tratamiento”. Estos preocupantes hallazgos sobre la mercantilización de la salud se suman a que existe una falta de soporte científico sobre los beneficios que estas compañías venden por medio de su publicidad.
“Los bebés son tomados como clientes por parte de estas compañías, clientes que no pueden decidir por sí mismos y es ahí donde la influencia de los padres y el cuerpo médico tiene una responsabilidad esencial”.
Asimismo, para Vallone, las leyes que defienden la lactancia materna existen, pero no se ponen en práctica, porque no han sido sujetas a un debate y discusión en la sociedad. Por eso, es indispensable trabajar en posicionar el problema en la agenda pública, para entender el porqué de esas leyes que protegen la lactancia materna.
Marisol Ureña Vargas asistió a la conferencia y afirma que “quienes apoyamos la lactancia materna pensamos que este tipo de actividades son importantes porque nos ponen a reflexionar, a seguir buscando nuevas pautas, nuevas maneras, nuevas estrategias de cómo unir esfuerzos en pro de otros aspectos que vienen a colación como la legalidad de la lactancia”.
El evento fue organizado por el proyecto de acción social “Promoción de la lactancia materna y la alimentación del niño y la niña menor de 1 año en la comunidad (Prolamanco)” (ED-2842) en conjunto con el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Lilliam Marín Arias, coordinadora del proyecto, afirma que el objetivo es llevar a la comunidad orientaciones prácticas y adecuadas sobre la alimentación de los niños y niñas, así como crear espacios para discutir y difundir información verídica y científica. “Este es un espacio que nos permite esa discusión y, así, cumplir uno de los objetivos del proyecto que es la divulgación”.
Para obtener otros datos del proyecto Prolamanco, puede comunicarse por medio del teléfono 2511-2150 y por el correo electrónico inisa@ucr.ac.cr
Laura Camila Suárez Rodríguez
Unidad de Comunicación, Vicerrectoría de Acción Social
El Segundo Encuentro de Personas Afectadas por los Agronegocios se llevará a cabo el lunes 6 y martes 7 de agosto en Calle Blancos, San José. Es un espacio donde organizaciones de todo el país presentarán sus experiencias tras los impactos de los agronegocios en Costa Rica, que han causado una gran cantidad de desplazamientos, contaminación, daños psicosociales, enfermedades, aumento de brechas económicas y demás agravios.
Al encuentro también asistirá desde México, Verónica Villa investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, y Ramón Vera del centro de investigación sobre estudios del campo, GRAIN.
Durante la noche del lunes, a las 7 p.m. se presentará la obra de teatro ¿Ni aquí ni allá?, producida por Teatro Foro TCO Heredia. Es abierta a todo público.
Si desea asistir durante todo el encuentro, o recibir más información, puede inscribirse enviando un correo a noagronegocios@gmail.com para confirmar su participación (La participación no incluye alimentación).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Esta es la situación en la comunidad de Barra del Colorado, sector norte del Caribe de Costa Rica. Esta localidad se encontraba inundada hasta el sábado anterior, día en que fue enviado este reporte a SURCOS.
El pasado 16 de julio el Departamento Ecuménico de Investigaciones inició la semana dedicada a «Lectura afro-latinoamericana de la Biblia: corporalidad y descolonización» en el seminario de un mes que se realiza en el DEI, junto con 25 personas latinoamericanas.
Maricel Mena López (teología afro feminista-Colombia) nos acompañará durante algunas sesiones grupales y Silvia Regina de Lima Silva (teología negra feminista-directora del DEI) comparte un diálogo esta tarde, sobre teologías racistas y formas de racismo dentro de las teologías.
«Seguimos hablando del mismo fundamentalismo, pero me llamó mucho la atención lo de descolonizar temáticas y textos que están en la Biblia. Pudimos ver algunos textos, investigar y verlos desde otro lado. Hay algunas ideas que se han inculcado, que se han impuesto a quienes hemos nacido en el cristianismo; y verlas desde otra perspectiva: eso fue bastante valioso. Y que ella -Maricel- compartiera parte de su vida, ¡eso fue muy gratificante, hablar desde su propia experiencia, testimonios muy fuertes! Fue algo muy alentador, que a la vez a uno toca y lo motiva», nos comentó Juan Raúl (El Salvador-Guatemala), quien forma parte del seminario.
