Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.
1) Embarrialar la cancha
Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.
Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.
De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.
Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.
2) El orden institucional-democrático en tensión
Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.
Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.
Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.
Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.
La jefa del equipo económico de C. Alvarado.
3) Poner a la democracia contra la democracia
La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.
El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.
La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.
Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.
Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.
Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.
Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.
El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.
Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Discurso ofrecido en la inauguración II Foro Institucional ‘Impacto de la Investigación y la Innovación en la transformación de la sociedad’
En la foto aparece parte del público al Foro sobre el Bicentenario de la República que se realizó este 05 de noviembre en el auditorio de la Plaza de la Autonomía de la UCR. Foto: Laura Rodríguez, ODI-UCR.
Quisiera empezar estas palabras compartiendo con ustedes una experiencia que he tenido hoy (5 de noviembre, 2018), temprano en la mañana. En este momento se está llevando a cabo en Buenos Aires, Argentina, la Reunión Regional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), en la Universidad de Avellaneda. Y yo he participado en la sesión inaugural, de manera virtual. Quería compartir con ustedes que los cinco rectores que participaron en esta sesión inaugural en Buenos Aires hicieron una mención muy directa al hecho de que las condiciones para desarrollar la educación superior pública en América Latina están en un franco deterioro.
Hace apenas cinco meses nos reunimos en Córdoba, Argentina, para celebrar la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 y celebrar también el centenario de la Reforma de Córdoba. Y en ese momento, 10.000 universitarios de todo el continente y del Caribe nos reunimos allí para reafirmar los valores de la autonomía universitaria y acentuar que la educación superior juega un papel absolutamente clave, radical, en el desarrollo tecnológico, social, económico y cultural de nuestras naciones.
El gran júbilo que sentimos en los primeros días de junio, ahora ha sido sustituido, sin embargo, por un clima que es absolutamente contrario. Porque lo que vemos en América Latina es justamente una reducción de los espacios para el desarrollo adecuado de la educación superior pública. Véase el caso de Argentina, que prácticamente de la noche a la mañana ha visto reducidos los salarios y presupuestos de las universidades nacionales en un 50%. Véase el caso de Chile, en donde el nuevo presidente está impulsando una nueva legislación sobre ciencia y tecnología que le pondrá límites la reforma universitaria que impulsó la presidenta Michelle Bachelet – reforma universitaria que, desde el punto de vista de la universidad costarricense, fue una reforma verdaderamente pequeña y tímida. Veamos lo que está sucediendo en Brasil, en donde también universidades tan prestigiosas como la de Campinas han visto reducido su presupuesto dramáticamente de la noche a la mañana. Lo mismo sucede en otros países como Perú. Sucede también en Guatemala, donde la Universidad de San Carlos en días pasados hizo un llamado a que su presupuesto fuese respetado. Y sucede en Costa Rica, en donde la Asamblea Legislativa aprobó una moción que entrará ahora a ser discutida en plenario de esa instancia, y ha aprobado una moción mediante la cual se redujo el reajuste del presupuesto universitario, que fue acordado en la Comisión de Enlace como un reajuste (como lo dice en la Constitución Política) correspondiente a la diferencia en el aumento del costo de la vida. Es decir, un 3%, como señala el Banco Central de Costa Rica. Y se nos está reconociendo un reajuste del 1%. Esto significa una disminución del presupuesto universitario y, por lo tanto, una clara lesión de los preceptos constitucionales.
El optimismo que sentíamos cuando la nación costarricense decidió dedicarle un 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación en general, y en la Comisión de Enlace se llegó a acordar que el 1,5% del PIB sería para la educación superior pública, todo ese optimismo está encontrando ahora barreras para su concreción, para lo que creo que todos consideramos que es posible hacer en Costa Rica. Y es que, a través del conocimiento sistemático en todas las disciplinas, podamos avanzar hacia una sociedad plena, desarrollada, y que pueda distribuir de manera equitativa y justa la riqueza que produce, con la participación muy destacada de la educación superior pública y la educación en general.
Creo que eso hay que señalarlo, por un lado, pero por otro hay que denunciarlo y defenderse ante estas medidas. Y precisamente esta circunstancia es lo que hoy nos lleva a todas y todos nosotros a recordar que es gracias a la investigación y la innovación que se genera en las universidades públicas, y específicamente en la Universidad de Costa Rica, que podemos lograr el aseguramiento de la calidad de muchos bienes y servicios que utiliza la sociedad costarricense. Esa calidad está garantizada por nuestro accionar y nuestras muy diferentes contribuciones en prácticamente todas las disciplinas académicas y científicas.
Como lo decimos ahora con frecuencia, la Universidad de Costa Rica está presente. Está presente en el control de la calidad de los combustibles de nuestros vehículos. Nuestros laboratorios verifican que cumpla con los estándares nacionales e internacionales de calidad requeridos para resguardar la seguridad de los usuarios.
La calidad de granos que nuestra comunidad consume, tales como el arroz, los frijoles y el maíz, cumple con la calidad necesaria para preservar nuestra salud. En cada plato de gallo pinto que se sirva en este país, la UCR está presente Además, cuidamos de la calidad de las semillas que utilizan los agricultores para producir nuestros alimentos.
En los medicamentos que consumimos la UCR también está presente, pues contribuye con el Ministerio de Salud en la tarea de garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos que consumen los costarricenses.
Estas son apenas algunas pinceladas de la gran presencia que tiene la Universidad de Costa Rica en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en cualquier lugar del país. Y podría continuar con decenas de ejemplos más, pero precisamente el enfoque de este segundo Foro Institucional está centrado en evidenciar los aportes de esta institución para el desarrollo social, científico y tecnológico de nuestro país.
Como saben, los Foros Institucionales son la ocasión propicia para dar a conocer los temas más relevantes del quehacer universitario, con una visión de desarrollo y de pertinencia hacia los problemas más apremiantes de nuestra sociedad.
La excelencia y el nivel de la universidad es producto de un esfuerzo mancomunado de la sociedad costarricense. A ella nos debemos. Por ello, como siempre, estas actividades representan una manera de presentar la vasta actividad científica de una de las universidades más prestigiosas de la región, cuyo nivel de investigación es prominente y cuyo vínculo social es muy fuerte. En un ejercicio de transparencia, pero también de responsabilidad, es importante rescatar los resultados de estas investigaciones, pues a pesar de que en el marco de la academia comprendemos los procesos –a veces largos- que suelen acontecer, quienes no sean investigadores ni investigadores no necesariamente conocen la justificación de esos tiempos, ni sus objetivos.
La Universidad de Costa Rica promueve una investigación garante de la atención de las necesidades de la sociedad costarricense, donde ciencia y conocimiento empoderan la toma de decisiones y el bienestar ciudadano hacia sus objetivos de desarrollo personal, profesional, social y económico. Además, pretendemos que la investigación contribuya a la generación de conocimiento académico, al desarrollo con equidad y en donde prevalezca el bien común, así como transferir su impacto para la apropiación crítica, el empoderamiento y la transformación de la sociedad.
La investigación va mucho más allá de las meras publicaciones. Hemos hecho ingentes esfuerzos por trascender las fronteras institucionales, dialogar con las comunidades y con actores sociales (en nuestro país y fuera de nuestras fronteras), y dejar de lado la visión de que la investigación se acaba con una publicación. En efecto, ¿de qué nos sirve investigar, si finalmente sus resultados se engavetan? Con mucho orgullo podemos decir que las investigaciones que hemos generado han impactado en políticas públicas, en emprendimientos, en innovación, y por supuesto, para nutrir más investigaciones y productos, en el círculo virtuoso de la generación del conocimiento.
Un estudio elaborado por la Vicerrectoría de Investigación para conocer la visibilidad y el impacto científico de la Universidad de Costa Rica observó que hay una tendencia creciente en la producción científica y su impacto, entre los años 2000 y 2017. De acuerdo con este estudio, sabemos que tenemos una alta producción e impacto académico, con un gran potencial para crecer. Asimismo, contamos con elevados niveles de colaboración científica internacional, que tenemos el reto de preservar en un entorno estimulante y tendiente a la generación conjunta de conocimientos. Debemos mejorar mucho más nuestro liderazgo internacional, y proyectarnos como una institución que realmente cree en la importancia de la diversidad cultural, para la mejora de los procesos creativos y la apertura en todas las dimensiones.
Según el Ranking de Universidades QS para América Latina, la UCR se encuentra entre las mejores universidades de la región en el 2018, logrando la posición 19, gracias al puntaje alcanzado en indicadores como la reputación académica, basada en entrevistas a académicos, así como la calificación que le dan generadores de empleo a la calidad de sus egresados. También se evalúan otros aspectos sobre la producción de ciencia, como cuántos estudios genera cada universidad, o qué tanto se citan esas investigaciones en otros estudios.
Auditorio de la Ciudad de la Investigación, durante el Segundo Foro Institucional del 2018. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Asimismo, en la última edición del Times Higher Education World University Rankings del 2019, la UCR ascendió en la clasificación mundial de universidades, pasando de estar en el rango de 801 a 1000 mejores universidades en el 2018, a estar entre las 601 a 800 mejores universidades del mundo para el 2019. La UCR es la única en nuestro país y de Centroamérica en estar incluida en esta clasificación. En la edición del 2019 tuvo mejorías en la evaluación de todos los indicadores, pero resalta la calificación en influencia de la calificación, que analiza el papel de las universidades en la difusión de nuevos conocimientos e ideas.
La UCR se cuenta entre las dos o tres instituciones de este país con mayor prestigio internacional.
A enero de este año, teníamos más de 1400 proyectos de investigación, 300 actividades de investigación, 52 programas, 133 prestaciones de servicio, más de 1700 personas investigadoras, y más de 7500 producciones científicas disponibles en el Repositorio Kérwá, el cual almacena, difunde y preserva la producción científica y académica de la UCR y ofrece acceso abierto a libros, documentos técnicos y de trabajo; artículos, tesis, registros de audio y vídeo, informes de investigación, entre otros.
Sin duda, los números son positivos pero pueden ser mejores. El entorno es un factor importante de influencia para una institución; una sociedad cuyo ecosistema de investigación fomente la participación e induzca a la producción continua del conocimiento, es un entorno estimulante que no temerá invertir recursos y tiempo en mejorar las condiciones de investigación. Sin embargo, un entorno que se mantiene al margen del quehacer académico, y que además ignora sus procesos, como si se llevaran a cabo en una caja negra, es un entorno que desfavorece la investigación, desanima la cooperación y genera mayor endogamia.
Por ello, hemos procurado hacer primero un cambio desde adentro, para refrescar y renovar la visión de investigación que promovemos, y hacerla cada vez más pertinente y al alcance de la población. Mediante procesos internos hemos reajustado la distribución de los fondos concursables para la investigación, de modo que podamos favorecer a aquellos grupos de investigación menos consolidados y facilitarles los acompañamientos necesarios para que puedan competir con grupos a su nivel e ir escalando en la consecución de objetivos mayores. Además, hemos mejorado la forma de evaluar las propuestas de investigación, promoviendo que desde los procesos iniciales existan revisiones exhaustivas y se pueda dar un seguimiento a lo largo del proyecto, e incluso después. Esto nos permitirá tener propuestas verdaderamente pertinentes, y recopilar todos los productos que una investigación genere, aún después de haber culminado su período de vigencia.
Queremos fortalecer a nuestras y nuestros investigadores, promoviendo desde el inicio una formación de alto nivel con aspiraciones a incrementar la masa crítica en nuestra institución. La investigación no despega si no empieza por contar con un recurso humano fuerte, creativo e inquieto; ahí queremos depositar nuestros mayores esfuerzos, pues estamos seguros que los procesos subsecuentes serán de gran calidad en tanto tengamos a profesionales de gran calidad. Sin embargo, la mirada debe estar más allá. Sabemos que la investigación tiene impacto en la transformación de la sociedad, pues es gracias a ella que los cambios surgen para el beneficio de la calidad de vida de las personas. La Universidad de Costa Rica desarrolla investigaciones en todas las áreas del conocimiento, con espacios interdisciplinarios que se traslapan para generar nuevas preguntas de investigación y por ende nuevas respuestas con la consideración de múltiples variables. Las nuevas tendencias de investigación también responden a los cambios de nuestra sociedad, y se retroalimentan mutuamente. Así, los problemas que enfrentan un país o una región generarán nuevas preguntas, que deberán ser abordadas de forma interdisciplinar, para abordar la gran complejidad que les da origen.
Quedarnos encasillados con viejas formas de investigar es un peligro que no estamos dispuestos a correr. Al contrario, los esfuerzos deben estar cada vez más enfocados en abordar esta complejidad, y en promover impactos reales con nuevos productos, servicios o dinámicas sociales que generen cambios para bien. Esta, en realidad, es la definición de innovación, y hacia allá debemos encaminarnos.
En el año 2005 iniciamos un proceso de renovación de nuestro equipo científico y tecnológico. A partir de ese momento, nuestras unidades de investigación han podido adquirir equipamiento que responde al estado del arte de las diferentes disciplinas. Y ello ha hecho posible que muchos hallazgos hayan tenido una repercusión internacional verdaderamente amplia. Los ejemplos son muchos, pero quisiera referirme a uno que se me viene a la mente: el laboratorio de proteómica del Instituto Clodomiro Picado, sin el cual no hubiera sido posible la caracterización proteómica del veneno de muchas de nuestras serpientes, o incluso de la mamba negra, que permitirá que se desarrolle un antiveneno.
Este tipo de equipamiento precisamente es el que ahora estaría en peligro de continuar su adquisición, si se mantiene vigente la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior. Es este tipo de avance científico y tecnológico que tenemos que mantener, y mantener las condiciones para sostenerlos.
Una sociedad que presume dirigirse hacia una economía basada en el conocimiento no puede asumir por completo este compromiso si primero no se compromete consigo misma a fomentar la innovación. Un país como el nuestro, que durante décadas ha invertido en educación y que ha generado un sistema de educación superior pública para la formación de profesionales y la investigación, debe aprovechar estas plataformas para generar innovación: la academia es la que más investiga en nuestro país, tanto en términos de cantidad de proyectos como en los fondos que invierten, por lo que no es de extrañar que desde aquí surjan las principales ideas innovadoras.
Reconocemos que el deber de la academia, y de una universidad pública como la nuestra, debe ser la transmisión del conocimiento. Sin embargo, en un mundo globalizado como el que vivimos, el conocimiento es el poder. Y lamentablemente me atrevo a decir que muchos de los conocimientos producto de la investigación de países en desarrollo no son reinvertidos por la sociedad, sino que son capturados por terceros para lucrar con ellos. La protección del conocimiento, en realidad, no es un acaparamiento sino un resguardo para poder decidir qué hacer con él. Tener la posibilidad de elegir a qué empresa ofrecer licenciamientos para producir determinados productos, o inclusive decidir cómo distribuir los retornos económicos para generar más innovación, son solo algunos de los beneficios de la protección del conocimiento, siendo el más importante la oportunidad de decidir cómo llevar a cabo esa idea que hemos protegido. Lejos de apoderarnos del conocimiento para nosotros mismos, protegerlo es evitar que un tercero lo haga.
Actualmente contamos con aproximadamente 350 derechos de propiedad intelectual vigentes, entre los que contamos patentes, contratos de licenciamiento, diseños y modelos industriales registrados, y marcas registradas, entre otros. Esto no es más que un indicador de cuánto necesitamos seguir protegiendo el conocimiento, como una manera de resguardar el enorme esfuerzo que tanto el país como la universidad invierten en contar con resultados que le den un verdadero impacto a la población.
La innovación no solo proviene de la investigación, sino de cualquier otra área de interacción humana. Ciertamente una universidad no es el único lugar donde se gestan estos procesos, pero es ahí – ya que hay investigación que trata de mover la frontera del conocimiento- que hay muchas posibilidades de generar innovación disruptiva; un tipo de innovación que cambia cómo se hacen las cosas. Y desde una universidad con tanto potencial como la nuestra, en donde hay investigación de primer nivel, hay grandes posibilidades de generar conocimiento que impacte de maneras más contundentes.
Los desafíos para una institución como la nuestra son muchos, especialmente en un momento en que parece que tenemos que justificar cada una de nuestras acciones. La Universidad de Costa Rica siempre ha sido transparente, y esta coyuntura no es la excepción. Sin embargo, hay límites entre el ejercicio de la transparencia y la imposibilidad de crecer por continuos cuestionamientos inútiles que atentan contra una ya delicada atmósfera de trámites que, paralelamente, debemos simplificar. Cuestionar la inversión en cultura, en ciencia, es cuestionar nuestras posibilidades de desarrollo y crecimiento para contar con mejores espacios para la educación y para la generación del conocimiento. Esto es llegar al límite de la autonomía, y debemos hacer lo posible para garantizar que esta autonomía no sea violentada.
Deseo que los próximos días, en los que el II Foro Institucional se lleve a cabo, cada asistente pueda reflexionar sobre el valor y la unicidad de esta institución, y del enorme impacto que genera a la sociedad. Aquí empieza el cambio, como un eslabón más en la cadena que vincula al Estado, al sector empresarial y a la ciudadanía con la academia. Hay retos y desafíos, pero son más las oportunidades que tenemos para seguir impactando al país. Ya no solo en las áreas clásicas de nuestros campos de acción, sino en campos multidisciplinarios con propuestas más sólidas y cada vez mejor fundamentadas ante los cambios de la sociedad.
Aprovecho este espacio para agradecer a cada persona que se acercará a este podio en los próximos días, y que compartirá su quehacer desde las múltiples áreas de investigación, para ayudar a comprender y visibilizar este impacto que transforma y que se transforma con cada nuevo salto social y con cada nueva innovación de nuestra universidad y contribución al desarrollo de la sociedad.
Conferencia abordó la responsabilidad de la sociedad en las dolencias de las mujeres
Expositoras denunciaron que, a lo largo de la historia, la mujer ha sido sometida a través del dolor impuesto por cánones machistas.(Foto con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
En una sala llena de hombres y mujeres en la Biblioteca Carlos Monge, varias académicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) plantearon una reflexión sobre cómo la mujer ha sido sujeto del sufrimiento social.
El espacio, denominado “Debate feminista: El sufrimiento en las mujeres” y organizado por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), contó con la participación de la estudiante de Sociología y Trabajo Social, Ana Beatriz Peralta; la directora del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Dra.Roxana Hidalgo; la directora del Programa de Investigación sobre Violencia y Sociedad, Dra, Mónica Vul; y la directora del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Dra. Vanessa Smith, como moderadora de la actividad.
Para iniciar la actividad, la directora del CIEM, Dra. Montserrat Sagot, contextualizó la posición de la mujer a lo largo de la historia y la forma en que ha sido sometida a través del dolor impuesto por cánones machistas.
“El patriarcado necesita de sujetos subyugados, y una de las formas en las que las mujeres hemos sido subyugadas es a través de la dolencia en sus distintas manifestaciones, que termina produciendo mujeres dolientes.” comentó Sagot.
Panel de académicas discuten sobre las distintas manifestaciones del sufrimiento de la mujer Foto: Anel Kenjekeeva.
Este dolor se extiende a distintas partes de la sociedad y se manifiesta en diferentes maneras, dentro de las que forma parte el escenario de la guerra. Según Vul Galperín en este espacio el cuerpo de la mujer es tomado como arma de guerra y se vuelve sujeto al dolor físico y psicológico.
A través de una serie de recuentos de mujeres salvadoreñas, hondureñas y congoleñas, la académica explicó que las mujeres no solo son expuestas a humillaciones y a asesinatos de sus seres queridos, sino que también sufren violaciones y agresiones que son ejecutadas como tácticas bélicas a costa de su integridad.
Su ponencia también destacó la manera en que estos conflictos son generados por intenciones capitalistas de hombres en el poder que excluyen de la narrativa a la mujer y sin embargo, son ellas las que más sufren las consecuencias de sus acciones.
“¿Son estas mujeres las que planifican la guerra? No. Allí donde se concibe la guerra, ellas no están, sin embargo, en su territorio cuerpo está el emblema de todo el territorio (…) Es la economía de muerte sobre las relaciones de producción y poder; son intereses internacionales y económicos para explotar los recursos mineros que financian esta muerte.” afirmó Vul Galperín.
La directora del CIEM, Dra. Montserrat Sagot, abrió el espacio compartiendo unas palabras sobre el tema. Foto: Anel Kenjekeeva.
No obstante, en otros ámbitos como el de la maternidad, las mujeres son señaladas como gestoras de la muerte En su presentación, Hidalgo exploró este tema buscando el trasfondo familiar y psicológico de las madres que cometieron crímenes de infanticidio.
A partir de la recopilación de entrevistas con madres encarceladas por infanticidio, la experta mostró que estas personas proceden de contextos marcados por violencia doméstica, aislamiento, y trabajo en la calle prematuro desde la infancia hasta su adultez.
“Sus vidas también nos hablan de asfixia, torturas, traumatismos, hemorragias, y heridas cicatrizadas. ¿Quién se enteró de la vida de estas mujeres cuando eran niñas? ¿Quien escuchó sus gritos desesperados pidiendo ayuda? Posiblemente nadie. Estas realidades a menudo se ignoran mientras no provoquen un quiebre en las normas morales que gobiernan las relaciones sociales.” resaltó la investigadora.
Lejos de justificar el accionar de las mujeres, la ponencia de Hidalgo problematizó las razones por las que estas mujeres cometieron crímenes y hasta qué punto la sociedad les falló e ignoró su sufrimiento hasta que las convirtió y condenó como “leonas homicidas”.
“Es el asesinato del hijo en manos de la propia madre el que horroriza, el que levanta las voces de una ‘moral’. Y de esta forma se logra canalizar el odio colectivo hacia alguien vivido como extranjero, o sea, estas ‘mujeres monstruos’.”, aseveró Hidalgo.
Desde una perspectiva sociológica, Peralta exploró la raíz de este dolor, al cual las mujeres han sido sometidas, a través de la visualización del sufrimiento como cuestión social.
En su ponencia, “La que sufre sola, pero sostiene a todxs”, Peralta explicó cómo a la mujer desde pequeña se le enseña a apoyar emocionalmente a las personas a su alrededor siendo tierna y discreta, pero también se le instruye a nunca enseñar su dolor y admitir su sufrimiento.
“Se culpabiliza a la mujer que sufre (…) Vemos que se nos enseña a sufrir, pero también se nos enseña a sostener a quién está sufriendo (…) Se refuerza ser mujer débil, pero no ser humana con condición de humana vulnerable.” concluyó la estudiante.
El espacio abrió la oportunidad para comentarios del público, el cual destacó la forma en que el sufrimiento de la mujer es impuesto a través de la socialización desde su nacimiento y luego, se esparce y afecta los distintos aspectos de sus vidas.
La Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, como parte de su compromiso social, y en aras de contribuir al desarrollo integral de la comunidad herediana, lanza su programa radial “EL VIGÍA».
Este espacio será trasmitido todos los martes de 8:30 a 9:00 a.m., por la emisora Radio Victoria, en la frecuencia 1180 a.m. y enlazados vía internet.
Hacemos de su conocimiento que se pondrá a disposición de la comunidad herediana, resultados de programas, proyectos y actividades académicas, así como de aquellas experiencias vividas por los estudiantes a través de sus prácticas organizativas, trabajos finales de graduación y prácticas de los proyectos que los mismos realizan como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se contará con espacios para conocer la opinión de la comunidad herediana y sus necesidades de capacitación; los cuales serán debidamente canalizados en su respectivo momento.
El Vigía, vigilante, garante del buen arribo a puerto; es una iniciativa de comunicación de la EPPS-UNA y hará valer su compromiso de llevar de manera objetiva y transparente información de calidad a la comunidad herediana y nacional.
Les invitamos a contactarnos y compartir sus iniciativas y proyectos en beneficio de su comunidad.
Hoy se dio a conocer el fallo de la Sala IV, ante el recurso de amparo interpuesto por los compañeros del Territorio Seguro Moreno Cañas de Goicoechea, para que se den a conocer los nombres de los grandes contribuyentes que reportaban pérdidas o cero ganancias y a lo que se negaba la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar.
Demostramos con esto que nuestro Movimiento avanza en establecer la transparencia y el poder de El Soberano, como lo establecen los Art. 9 y 11 de la Constitución Política, para enfrentar la corrupción y la impunidad.
Un aplauso y un gran reconocimiento a la Compañera Lía Sánchez y Jorge Vizcaíno, ambos del Territorio Seguro Moreno Cañas de Goicoechea.
¡El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, demuestra que podemos construir ciudadanía, haciendo respetar nuestra Constitución Política!!!
Comunidad universitaria puede hacer uso de este beneficio gracias a iniciativa del movimiento estudiantil.
La instalación de cambiadores para bebé en los baños de la UCR es una iniciativa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica del período 2012-2013.
Con el objetivo de brindar mayor comodidad a aquellos estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que son padres y madres, la Universidad de Costa Rica instaló alrededor de 20 cambiadores para bebé en diferentes baños de la Sede Rodrigo Facio y de algunas otras sedes universitarias.
Esta iniciativa fue promovida por los miembros del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica del período 2012-2013, e impulsada por la Vicerrectoría de Administración y de Vida Estudiantil.
Actualmente alrededor de 10 edificios cuentan con estos cambiadores y 10 proyectos que se encuentran en etapa de licitación contarán con este beneficio.
En total durante el período 2013-2018 se han instalado más de 20 cambiadores para bebés en la Universidad de Costa Rica.
Edificios que cuentan con cambiadores para bebés:
Facultad de Odontología
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Facultad de Derecho
Plaza de la Autonomía
Edificio de Aulas y Laboratorios
Edificio de Educación Continua
Centro Infantil Laboratorio y Casa Infantil Laboratorio
Edificio Administrativo A (niveles 1,2, 3, 4, 5 y 6)
Edificio Administrativo Sede de Guanacaste
Facultad de Medicina
Edificio Administrativo Finca Alfredo Volio
Remodelación del cubículo B
Edificios en etapa de licitación que contarán con cambiadores para bebés
Edificio para la Oficina de Bienestar y Salud
Centro de Simulación de Enfermería
Centro de Investigación en Estudios para la Mujer.
Pabellón de Aulas de Paraíso
Edificio Anexo de la Escuela Lenguas Modernas
Auditorio para la Sede de Guanacaste
Proyectos en ejecución o en proceso de contratación
Gimnasio de Tacares
Salón Multiuso de Coordinación de Preescolar de la Sede del Atlántico
Formación Docente
Servicios sanitarios de mujeres, Edificio Administrativo de la Sede del Atlántico
Remodelación de núcleo sanitario de la Biblioteca de la Sede de Occidente
En el marco preparatorio al Bicentenario de la República
En la foto aparece parte del público al Foro sobre el Bicentenario de la República que se realizó este 05 de noviembre en el auditorio de la Plaza de la Autonomía de la UCR. Foto: Laura Rodríguez, ODI-UCR.
Con la presencia de líderes de los sectores sociales, académicos y representantes gubernamentales del país este lunes 5 de noviembre se realizó el primer foro temático titulado “La Costa Rica del Bicentenario desde la perspectiva de la Economía Social Solidaria”, en el auditorio de la Plaza de la Autonomía en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este fue parte de una serie de encuentros organizados en otras regiones del país en torno a la discusión sobre los cambios que se requieren a 200 años de vida republicana. Uno de ellos fue el I Foro de Juventud, del pasado 21 de setiembre en Pérez Zeledón; además de otros dos regionales que se realizaron en ese mismo cantón y en Cañas, y otro en la sede del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, el pasado 5 de agosto. En todos estos, se han unido voces de movimientos sociales, ambientales y productivos.
Para esta ocasión, la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR (VAS), mediante su Programa para el Desarrollo de la Economía Social Solidaria (PDESS) tuvo la responsabilidad de abrir este espacio para analizar los desafíos para la creación de mecanismos de producción sostenible, la redistribución de la riqueza de manera equitativa y la promoción de una cultura de verdadera participación ciudadana en la construcción de la Costa Rica del siglo XXI.
Para este encuentro nacional el objetivo fue el análisis de los conceptos y características relacionados con la economía social solidaria. Además, se reflexionó sobre su rol en el diseño de las políticas públicas en momentos en que el país se debate sobre las líneas generales para un plan nacional de desarrollo inclusivo y sostenible para las siguientes décadas.
Participaron la socióloga Yasy Morales Chacón, en representación del PDESS; los economistas Roxana Morales Ramos y Henry Mora Jiménez, ambos de la UNA; y Marvin Rodríguez Vargas, delegado de la Presidencia de la República e integrante del Consejo Presidencial de la Economía Social Solidaria.
El foro concluyó con una mesa redonda sobre el tema con representantes del sector cooperativo, el movimiento solidarista, el Ministerio de Hacienda, entre otros. Además del PDESS, en la organización de estos encuentros nacionales participan el Instituto de Educación y Desarrollo Sustentable OIKOS, de la Fundación Friedrich Ebert, y del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA.
“En vista que el foro se inscribe en la Costa Rica del bicentenario es un momento histórico importante para que prevalezca la crítica, el sentido común y el análisis agudo sobre el desarrollo nacional y territorial; por ejemplo es el mejor momento para preguntarnos quiénes han sido los actores del desarrollo, quienes han estado llamados a participar en él y cuál será el futuro de Costa Rica en los emergentes escenarios económicos, políticos nacionales y mundiales”, dijo la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social de la UCR al dar la bienvenida a los personas participantes.
El PDESS es un proyecto de la VAS que desde el año 2015 impulsa iniciativas que vinculen la docencia, la investigación y la acción social en torno a la economía social solidaria. Para ello, articula alianzas con organizaciones sociales y gubernamentales para la construcción de alternativas socioproductivas regidas por la equidad, la justicia y la participación ciudadana.
Hacia un nuevo paradigma
En la primera parte del foro se hizo una exposición de conceptos vinculados con la economía social solidaria.
Según el economista de la UNA, el Dr. Henry Mora Jiménez, en los planes de las siguientes décadas el país debe apostar por el buen vivir de las personas como punto de partida. La sostenibilidad, la equidad y la democracia participativa tienen que ser los elementos claves en la construcción de una economía plural que trascienda el modelo de extracción intensiva de los recursos naturales que violenta los derechos de las comunidades y personas. “Apuntar hacia la innovación social, con nuevas soluciones y metodologías es el camino para Costa Rica”, dijo Mora.
Por su parte, la socióloga Yasy Morales Chacón enfatizó que en el país se han identificado unas 1200 organizaciones que se rigen por los principios de la economía social solidaria.
A criterio de Morales, de esta forma se puede repensar la manera de solventar las necesidades a partir de la coinversión pública y privada, invirtiendo en bienes comunes que repercutan en el bienestar colectivo. Asimismo, acotó que de esta forma se podrían diseñar planes más integrales e inclusivos.
Sano debate
El foro “La Costa Rica del Bicentenario desde la perspectiva de la Economía Social Solidaria” concluyó con una mesa redonda en la que representantes de los sectores cooperativos, solidarista y de la economía social solidaria discutieron sobre las amenazas de las reformas fiscales impulsadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
Oscar Abellán, gerente general de Coopesiba R.L., dijo que los intentos de comparar las asociaciones de personas, o sea las cooperativas, con empresas con fines de lucro es un error. Además, que los argumentos de que en otras naciones, como España, las cooperativas tienen un régimen diferente al costarricense, tampoco es válido, porque las realidades son muy distintas.
Tanto los representantes cooperativos, como Guido Alberto Monge, director ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense, dijeron que existen opciones para mejorar las finanzas públicas, y no es debilitando las organizaciones de la economía social.
“Además del análisis de expertos sobre el tema, celebramos este tipo de iniciativas colectivas, las alianzas institucionales e intersectoriales, que nos permiten reconocer la labor de muchas personas que trabajan con y desde los territorios respondiendo a las necesidades económicas y alimentarias, pero también de muchos otras que se destacan a partir de la economía social y solidaria”, agregó la vicerrectora Jiménez.
El Departamento de Interculturalidad del MEP, ha decidido incluir en su calendario escolar, el Día de la Persona Chiricana, el cual corresponderá al día 26 de mayo.
Esta fecha será para todo el país pero especialmente en la Zona Sur, quienes han sido los promotores de esta petitoria.
De acuerdo al antropólogo José Luis Amador, uno de los precursores de este proyecto, «en este momento celebramos con todos los miembros del grupo, el Comité y vecinos de Potrero Grande, don Pastor Pinzón y su grupo de colaboradores, la Dirección Regional del Térraba del MEP, los miembros del grupo HISTORIAS DE LOS ABUELOS CHIRICANOS, toda la gente de origen chiricano en todo el país, que ha estado cerca, dando apoyo, recogiendo firmas«, exaltó Amador.
Esta inclusión, es un reconocimiento a esta cultura que, junto a otros, han aportado sus particularidades originarias para enriquecer la diversidad cultural de nuestro país.
Los chiricanos, son personas inmigrantes que llegaron desde Chiriquí, Panamá, y se establecieron en distintas partes de nuestro país y fundaron pueblos a los cuales en muchos casos, le pusieron nombres propios de su país natal.
«Agradecemos todo el apoyo brindado y por supuesto esto apenas empieza. Serán ustedes, ahora, hijos y nietos de chiricanos en Costa Rica, a quienes corresponda mantener viva la llama que encendieron los abuelos«, concluyó Amador.
La gritería al estilo de salomas, las coplas, el acordeón, el tamal de arroz, el bienmesabe y el turrón, forma parte del extenso repertorio chiricano que ha sido aporte a la riqueza pluricultural de nuestra nación.
Costa Rica requiere un nuevo modelo eléctrico sustentable y participativo
Suspensión reafirma las razones técnicas y organizativas de las comunidades y los movimientos sociales
La “suspensión indefinida” del PHDiquís por parte de Gobierno de Costa Rica es un acto oficial que no equivale a la liquidación de ese proyecto. Sin embargo, sí es un triunfo generado por la oposición de más de 3 décadas de las comunidades indígenas y de los movimientos sociales. Es la constatación de que el modelo de generación electricidad en Costa Rica está obsoleto. Es un modelo orientado hacia el comercio basado en la explotación del agua como fuente de enriquecimiento, cuyas primeras víctimas son los ríos, y no por las necesidades reales de la sociedad costarricense. Esta liquidación sirve también para reafirmar la urgencia de romper la creencia de que las represas son “energía limpia”.
No menos importante es que el modelo vigente de generación está fracasando también por sus prácticas excluyentes de las comunidades en las cuales se instalan los proyectos y, en este caso particular, de las comunidades indígenas. Ni el Estado, por medio del ICE, ni mucho menos los generadores privados locales o extranjeros, hay procurado nunca dialogar, consensuar e incluir de manera efectiva a las comunidades, cuyos territorios y población, han sido simplemente reducidos y espacios físicos de trabajo y personas por convencer y vencer para construir las represas.
Lo advertimos: PH Diquís no era necesario
Desde hace décadas hemos demostrado que la oferta eléctrica en Costa Rica está debidamente satisfecha. Que la generación de electricidad es en gran medida un negocio público y fundamentalmente privado, asociado con la exportación de electricidad. Toda la información oficial disponible demuestra que no existe ninguna necesidad de aumentar la oferta actual de electricidad.
De acuerdo con la información oficial del Sistema eléctrico nacional del ICE, el 28 de agosto de 2018, a las 11:30 a.m., se registró un consumo máximo de electricidad en el país de 1.559 MW, y tanto antes como después de esas fecha y hora, los registros son menores. Este dato es indispensable revisarlo en paralelo con la información de la Contraloría General de la República, expuesta en el “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica” (Dic. 2016. pág. 3), según la cual “la capacidad instalada para la generación fue de 3.242,5 MW, a julio de 2016”.
Si sumamos a los 3.242,5 MW el adicional de 304 MV del PH Reventazón, tenemos una capacidad de generación de hasta 3.548 MV, de los cuales 1.658 MV son de plantas de energía firme. Es decir, por tan solo 99 MV, la demanda máxima nacional no se satisface con energía firme. Esto es en extremo importante pues todos los generadores privados con plantas a filo de agua, siempre han argumentado la necesidad de sus “aportes” al sistema para atender necesidades del país, lo cual resulta insostenible desde cualquier perspectiva y a la luz de los datos oficiales.
Generar para las sociedades, no para los negocios privados
El país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación de 3.548 MV en comparación con el consumo máximo registrado en el país que fue de 1.559 MW, TENEMOS QUE EL PAÍS CUENTA CON UN EXCEDENTE RELATIVO DE ELECTRICIDAD DE HASTA 1.989 MV. Con esos datos la pregunta más que obvia es ¿cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional? De igual manera ¿cómo podrían la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, justificar cualquier proyecto privado, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios? Además, ¿cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?
La “suspensión indefinida” del PH Diquís, no se debe revisar de manera aislada del mercado eléctrico nacional. Queda demostrado que no eran necesarios ni el PH Diquís, ¡ni muchos otros proyectos estatales como los pensados para Pacuare, Savegre, Duchí (Chirripó atlántico). En ese contexto la generación privada sigue siendo un foco de tensión muy fuerte para muchísimas comunidades y sus ríos en el país. En el debate sobre modelo eléctrico nacional, ése es un aspecto urgente e impostergable.
Baste mencionar ahora que el miércoles 19 de noviembre de 2014, el entonces Presidente Ejecutivo del ICE, Carlos Obregón Loría, expuso ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica una serie argumentos, todos en dirección de que no es necesaria la generación privada de electricidad. Dijo Don Carlos Obregón:
“Tenemos que ver que el sistema tiene suficiente instalación para satisfacer con criterios de confiabilidad y además es importante lo que decíamos anteriormente, que ahí se manifiestan una mezcla de proyectos públicos y privados” (Acta de la sesión ordinaria N° 45 de la citada Comisión).
Es necesario revisar esto porque en la medida que el ICE baje su cuota en el mercado eléctrico, los privados querrán sustituirlo, como si el crecimiento ilimitado de la oferta fuera una necesidad. Este debate y resolución es impostergable y no se limita al balance entre oferta y demanda, sino a quién genera y en qué condiciones y costos para la población y los demás consumidores.
Decidir si se construyen Diquís y muchos otros proyectos públicos y privados, nos remite al modelo de sociedad, de economía y de consumo que queremos para el país. Es el debate entre límites al crecimiento de la oferta y las necesidades reales de la sociedad costarricense. No es lo mismo crecer para atender una necesidad real del país que hacerlo para cumplir un “Objetivo estratégico” de exportación de electricidad, que es lo que desde hace décadas se ha buscado. En el 2017, por ejemplo, el Concejo Directivo del ICE estimaba que:
“esos proyectos grandes como Reventazón y Diquís en el momento en que entren en operación, producirán excedentes importantes en el sistema. A través de estos proyectos, se puede incursionar con fuerza en el mercado centroamericano haciendo contratos a mediano plazo de venta de energía, con lo cual, la rentabilidad de los proyectos se beneficia enormemente” (subrayado ODC). (CD Sesión 5811, 25,10,07, 455b).
El ICE siempre consideró el PH Diquís como “proyecto estratégico para el desarrollo del sistema de generación” en su Plan de expansión de la generación (PEG, 2016-2035, pág. 100-101), pero también sabía que sus elevados costos lo hacían cada día menos factible. También el ICE siempre supo, aunque nunca lo aceptó, que la incapacidad de dialogar con las comunidades en general, y con los pueblos indígenas en particular, le provocarían una elevadísima deuda social, tanto en el país, como a nivel internacional por la violación del Convenio 169 de la OIT.
Debemos orientarnos hacia un nuevo modelo sustentable y socialmente incluyente
La suspensión del PH Diquís nos permite algunas constataciones:
La derrota del PH Diquís no es un hecho aislado. Se suma al archivo, liquidación y desecho de muchos otros proyectos en el país, como los estatales en el Savegre, y Pacuare y Ayil/río Duchí en territorios indígenas. Esa lista incluye muchos otros privados, desechados por la acción de las comunidades, entre otros los PHs Hidrosur, Los Gemelos, Canasta, Altamira, Cordoncillo I y I, Monteverde I y II, San Pedro, Peñas Blanquitas I y II, Ángel Sur, El Futuro y Consuelo.
Todos esos proyectos desechados tienen en común la acción directa de organización, estudio, debate y análisis de las comunidades impactadas negativamente y la demostración de que no son necesarios para el país. Cada uno ha sido un largo, desgastante y totalmente inequitativo proceso de disputas entre empresas con todos los recursos financieros y materiales, y las comunidades y organizaciones sociales con trabajo y aportes voluntarios.
La oferta eléctrica en Costa Rica supera en más del doble la demanda máxima que fue de 1.559 MW en agosto 2018. La generación privada de electricidad en Costa Rica amparada en las leyes 7.200 y la 7.508 es del todo innecesaria, sobre todo si consideramos que con plantas del ICE se generan 1.658 MV de energía firme, apenas 99 MW menos que la máxima demanda nacional. Por tanto, esas 2 leyes deben ser derogadas, y mientras se logra eso, no se debe, bajo ninguna circunstancia, permitir la construcción de una sola represa más en Costa Rica.
Un paso intermedio es parar todos los proyectos privados en trámite en SETENA, el ICE, la Dirección de Agua del MINAE, las municipalidades, con fundamento en que son innecesarios para el país, y también con base en los argumentos legales y técnicos que hemos aportado, desde las comunidades y movimientos sociales, a cada una de esas dependencias.
Todos esos proyectos también coinciden en que fueron pensados como negocios: unos para alimentar la oferta del ICE, con el objetivo de controlar el mercado y exportar y electricidad, y en el caso de los privados, para incrementar sus negocios amprados en la obligación del ICE de comprarles su generación aun cuando es innecesaria. En Costa Rica y el mundo, las represas han sido impuestas a las comunidades, provocado desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras, persecución, asesinatos y pérdidas económicas de dimensiones incalculables para las economías locales comunitarias y familiares.
En el caso del PH Diquís, un movimiento social en paralelo a la oposición en el sur, se desarrolló en Dota. El resultado fue que se impidió que la línea de alta tensión Diquís –Rosario, destruyera ecosistemas en las comunidades, la Reserva Forestal Los Santos, la Reserva biológica Cerro Vueltas entre otros. Igualmente, se demostraron los efectos negativos de radiación de estas líneas y el atraso del país en materia de protección de la salud pública, pues mientras en Europa no se admiten niveles superiores a los 2 y 3 miligaus de radiación, en Costa Rica Decreto ejecutivo N. 29296-salud-MINAE, establece que (Art. 9) “No se podrá diseñar ni operar obras de transmisión cuya magnitud del campo magnético exceda los 15 micro Teslas (equivalente a 150 mili Gauss ) en el borde de la servidumbre”. En Suecia el límite es de 0.25 Ut ( 2.5 mG) para la exposición permanente de las personas a los campos electromagnéticos, dados los riesgos de distintos tipos de cáncer.
La energía hidroeléctrica nunca ha sido ni es “verde, “limpia” o “sostenible”. Los PHs son un sistema obsoleto: no son limpias, destruyen ríos y todos los ecosistemas asociados. Son más bien una fuente de contaminación y generación de gases efecto invernadero, aunque la lucrativa industria mundial de estudios de impacto ambiental, insiste en ocultar sus errores y justificar su supuesta inocuidad.
El mundo empresarial de las hidroeléctricas separa, por conveniencia, los componentes de estas obras, cuando represa, túneles, casa de máquinas y líneas de trasmisión, son componentes interrelacionados que no tienen sentido ni utilidad por separado. Pero, para facilitar proceso constructivos, sociales y legales, las empresas estatales y privadas, separan las obras y hasta hacen estudios de impacto separados.
LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ. La liquidación del PH Diquís se da en momentos en que el mundo entero, la destrucción, y no construcción es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 estructuras de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y la economía local por la recuperación de los ríos, su vida interna y la asociada y para las comunidades, pues se abren opciones reales de nuevas empresas de baja escala familiar, por ejemplo.
Es urgente democratizar la generación de electricidad con fuentes alternativas y de pequeña escala, como la solar, y evitar que las nuevas fuentes sean acaparadas por pocas empresas privadas para lucrar.
Costa Rica necesita recuperar el ICE como entidad se servicio social con capacidades operativas, financieras, empresariales, y sobre todo con visión política en favor de la sociedad y no de los negocios.
Un asunto en paralelo a la generación de electricidad en un nuevo modelo de electricidad realmente sustentable y socialmente incluyente, debe prohibir, definitivamente, cualquier tipo de apertura de los parques nacionales para generar cualquier tipo de energía.
Preguntas adicionales:
Suspensión indefinida” del PH Diquís no significa cancelación o liquidación del proyecto. ¿Cuándo pensaría el ICE o el Gobierno, relanzar este proyecto en el futuro?
El PH Diquís en el marco del mercado eléctrico nacional:
El país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación de 3.548 MV en comparación con el consumo máximo registrado en el país que fue de 1.559 MW, TENEMOS QUE EL PAÍS CUENTA CON UN EXCEDENTE RELATIVO DE ELECTRICIDAD DE HASTA 1.989 MV. Con base en esos datos:
¿Cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional?
¿Por qué, en concordancia con el ICE, la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, siguen avalando proyectos privados, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios?
¿Por qué si el ICE sabe que tenemos un exente relativo superior a la demanda nacional, otorgó y encima prolongó la elegibilidad del PH San Rafael de la empresa H Solís?
¿Cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?
¿Por qué el ICE no le da a conocer al país los costos reales de la generación pública con respecto de la privada, incluyendo generación y transmisión en todos sus niveles?
¿Por qué el ICE y los privados siguen promoviendo la construcción de represas cuando la tendencia en muchos países es DEMOLERLAS por ser obsoletas y sucias? (En Europa los estudios demuestran que 60% de las represa son ineficientes. El plan de la Dam Removal Europe coalition, es demoler la mayoría de más de las 30.000 represas identificadas como innecesarias en los próximos años).
