El Colectivo Reflexión-Acción invita a una nueva emisión del programa «Alternativas», bajo el título «Base científica de la herbolaria utilizada en salud femenina», a transmitirse el 11 de septiembre de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify.
El panel invitado está integrado por:
Anantli Martínez Munguía, doctora en biotecnología y herbolaria.
Jenny Vásquez, enfermera y obstetra por la Universidad de Costa Rica, terapeuta holística, obstetra en consulta privada y sexóloga en consulta privada.
El programa se transmite en alianza con emisoras amigas: Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas de Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.
Alternativas se define como un espacio para «pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores», activo desde el 12 de enero de 2020.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) plantea siete medidas para resolver de forma permanente la crisis del IVM y de las listas de espera en salud.
LA ACSS solicitó formalmente una audiencia a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, con el fin de exponer un conjunto de medidas orientadas a resolver de manera permanente la crisis financiera y actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sin recurrir a nuevas reducciones en el monto de las pensiones ni a un aumento en la edad de retiro, y para abordar el problema estructural de las listas y filas de espera en el Seguro de Salud.
Según el oficio ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, la organización cuestiona que, en la sesión N.° 9604 de la Junta Directiva de la CCSS —en la que la Gerencia de Pensiones presentó una reforma al régimen IVM ya aprobada en primera instancia—, no se habrían expuesto las verdaderas causas del deterioro financiero del régimen. La ACSS sostiene que atribuir la crisis únicamente al aumento en la esperanza de vida de la población (que pasó de 47 años en 1947 a 80 años a partir de 2010) resulta insuficiente, y recuerda que una reforma previa al IVM, vigente desde enero de 2024 y que entrará en pleno vigor en enero de 2027, había sido presentada en su momento como garantía de sostenibilidad financiera hasta el año 2050.
Junto con su solicitud, la ACSS remitió el documento «El sistema de pensiones de Costa Rica, el seguro de salud y la corrupción de cuello blanco», en el que —según señalan— se identifican violaciones a los artículos 21, 33, 73 y 177 de la Constitución Política, a los artículos 1, 2 y 7 de la Ley N.° 5349, al artículo 9 de la Ley N.° 7374, al artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y a los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Las siete medidas propuestas por la ACSS son:
Establecer al IVM (junto con el régimen del Poder Judicial y el RCC) como el único régimen de pensiones contributivo para las nuevas generaciones de trabajadores, con posibilidad de traslado voluntario y liquidación actuarial para los trabajadores más jóvenes actuales; y al Régimen No Contributivo de la CCSS como el único régimen no contributivo para las nuevas pensiones, incluyendo el régimen de los expresidentes de la República.
Eliminar, para las nuevas generaciones de trabajadores, los fondos institucionales del segundo pilar de pensiones —dejando únicamente el ROP— y no permitir su retiro en un solo tracto, salvo casos calificados.
Crear un Banco de Gestión de la Reserva del IVM, adscrito a la CCSS pero con autonomía suficiente, que asuma la función que hoy tienen la Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones sobre el manejo de esos fondos.
Dotar de financiamiento gradual y permanente a los seguros de salud y de pensiones en lo correspondiente a los aportes del Estado, utilizando recursos liberados de regímenes cerrados de pensiones, un mejor control de la evasión y elusión fiscal, y otras fuentes, de forma que todos los aportes estatales ingresen directamente a la CCSS.
Evaluar la condonación de una parte de la deuda del Estado con el seguro de salud —incluyendo la no contabilizada y con sentencias favorables a la CCSS (expediente 13-006261-1027-CA)— y establecer un cronograma de pago del saldo restante.
Reducir las filas y listas de espera mediante la creación de aproximadamente 1.000 plazas adicionales de médicos generales en los EBAIS existentes, y la formación y contratación de otros 1.000 médicos especialistas, en dos tractos de 500 residentes de posgrado cada uno.
Realizar un estudio actuarial integral de todos los regímenes de salud y pensiones del país, junto con un análisis jurídico de la normativa vigente, como base para un proyecto de ley que aclare y regule las fuentes de financiamiento del Estado hacia la CCSS.
La ACSS solicitó una audiencia en un plazo de 30 días calendario, comprometiéndose a mantener la reserva del documento durante ese período. El oficio está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Carlos Eduardo González Arroyo, Jorge García Araya y Rodrigo Arias López.
A continuación, se incluye el texto completo enviado por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a las autoridades citadas y compartido con SURCOS:
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó audiencia a la presidenta de la República y a la presidenta ejecutiva de la CCSS para discutir importantes acciones que resolverían de manera permanente la crisis financiera del Seguro de Pensiones y de listas y filas de espera del Seguro de Salud (Parte 1)
En el documento ACSS-007-2026 del 23 de junio de 2026, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió a la presidenta de la República Laura Fernández Delgado y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Mónica Taylor Hernández, una solicitud de audiencia para exponer y analizar importantes medidas para poner fin permanente a los problemas financieros y actuariales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte sin tener que disminuir más los ya bajos montos de las pensiones, ni aumentar las edades de retiro, entre otras. Así mismo, para resolver el eterno problema que aqueja a los costarricenses al tener que esperar excesivo tiempo para cirugías y diversos exámenes médicos que son indispensables para cumplir con el derecho a la salud, incluyendo madrugar a las 4:00am para obtener una cita, en muchos casos sin obtenerla.
En adición, para solicitar apoyo para elaborar un proyecto de ley que dote de fuentes de financiamiento al Seguro de Salud y al Régimen No Contributivo de Pensiones, en particular para los aportes que corresponden al Estado como tal.
El texto íntegro enviado a las autoridades de la CCSS y de Gobierno, es el siguiente:
“Excelentísima Señora
Laura Fernández Delgado
Presidente de la República de Costa Rica
Su Despacho
Señora
Mónica Taylor Hernández
Presidente Ejecutiva
Caja Costarricense de Seguro Social
Su Despacho
Asunto: Solicitud de reunión para: exponer peligrosa situación financiera de la Caja; grave crisis por inopia de médicos especialistas, causa fundamental de las inconstitucionales listas de espera de la CCSS y petición de apoyo para elaborar un proyecto de ley para regular las obligaciones del Estado como tal con dicha institución.
Excelentísima Señora Presidente y distinguida Señora Presidente Ejecutiva:
Reciban un cordial y respetuoso saludo de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS). Para los miembros de la ACSS es un gusto dirigirnos a ustedes con el fin de solicitarles una reunión para exponerles nuestros puntos de vista sobre la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en relación con los problemas que aquejan a dicha institución y a sus asegurados por la falta de especialistas médicos y las preocupantes listas de espera a nivel hospitalario y de filas madrugueras para la obtención de cupos para citas médicas en el primer nivel a atención de clínicas y Ebais. Así mismo, para exponerles o plantearles nuestras recomendaciones y propuestas y pedirles apoyo para la realización de un estudio actuarial y legal que permita la elaboración de un proyecto de ley, cuya aprobación pueda solucionar de manera permanente la grave problemática que ha venido acarreando desde hace décadas la institución más emblemática y grandiosa con que cuenta nuestro país.
Hemos podido escuchar y analizar el audio de 3,5 horas de la sesión N° 9604 de la Junta Directiva de la CCSS (https://www.youtube.com/watch?v=JPDU-IlB9io), en la cual la Gerencia de Pensiones planteó una reforma al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobada en primera instancia por dicha Junta.
Concluimos que en esa sesión los mandos medios de la CCSS no le informaron a la Junta Directiva las verdaderas razones por las cuales el IVM se encuentra a las puertas de la bancarrota. En primer lugar, es conocido que las autoridades de la CCSS conocen desde hace varias décadas que la esperanza de vida al nacer aumentó de 47 años en 1947 a 63 años en 1960, a 73 años en 1980 y a 80 años a partir de 2010. Por eso atribuir la causa de la eventual quiebra del IVM al aumento de viejos y viejas se cae por su propio peso. En segundo lugar, tanto los mandos medios de la CCSS como los mandos más altos realizaron una reforma al IVM que recién inició en enero 2024; pero que entrará en pleno vigor a partir de enero de 2027. En esa ocasión altos jerarcas de la CCSS le prometieron descaradamente a los costarricenses que con esa reforma le daban sostenibilidad financiera al IVM hasta el año 2050. En tercer lugar, creemos que el nuevo parche propuesto para IVM será otro engaño, pues para recetar la cura primero hay que conocer la enfermedad que tiene el paciente, lo cual requiere la participación de amplios sectores sociales y políticos.
Con el fin de adelantar brevemente nuestras observaciones y sugerencias, nos complace enviarles el documento “EL SISTEMA DE PENSIONES DE COSTA RICA, EL SEGURO DE SALUD Y LA CORRUPCIÓN DE CUELLO BLANCO” elaborado por la ACSS, el cual contiene información de mucho interés y muestra la violación de los artículos 21, 33, 73 y 177 de la Constitución Política, los artículos 1, 2 y 7 de la Ley 5349, el artículo 9 de la Ley 7374, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, entre otros. Además, plantea las siguientes siete medidas necesarias para conocer y curar la enfermedad que padece el IVM desde hace varias décadas, así como para reducir las listas de espera y las filas para pedir citas en la CCSS:
Establecer a IVM como el único régimen de pensiones contributivo (IVM+PJ+RCC, artículo 65 de LCC y 73 de la Constitución Política) para las nuevas generaciones de trabajadores y traslado voluntario con liquidación actuarial para los actuales trabajadores más jóvenes. Así mismo, establecer al RNC de la CCSS como el único régimen de pensiones no contributivo (RNC-CCSS + RNC-DNP) para las nuevas pensiones que se otorguen, incluyendo el régimen de los expresidentes de la república.
Eliminar para las nuevas generaciones de trabajadores los fondos institucionales del segundo pilar –dejar solo el ROP- y no permitir que el ROP se retire en un solo tracto, salvo en casos calificados.
Crear el Banco de Gestión de la Reserva de IVM que a la vez pueda captar fondos de las empresas y las personas, pertenecería a los asegurados de IVM y estaría adscrito a la CCSS; pero con suficiente autonomía. Por lo tanto, se le quita dicha función a la Gerencia Financiera y a la Gerencia de Pensiones de la CCSS; esta última se dedicaría al trámite y control de pensiones.
Dotar de financiamiento gradual y permanente a los seguros de salud y de pensiones (contributivo y no contributivo) en lo que corresponde a los aportes del Estado como tal (Leyes 5349, 7374 y otras) y demás fondos necesarios, utilizando recursos que se liberen de los regímenes cerrados de pensiones y de los institucionales que se cierren, con un mejor control de la evasión y elusión de impuestos, con los del Banco de Gestión de la reserva de IVM y con otras fuentes de ingresos. Esto permitirá devolver gradualmente al IVM el 8.25% sobre los salarios que le han venido quitando. Con el fin de evitar caer nuevamente en la situación actual, todos los aportes estatales deberán ingresar directamente a la CCSS.
Las anteriores acciones no solo permitirán darle sostenibilidad financiera al seguro de salud y de pensiones contributivas y no contributivas, sino que también podrían hacer viable la condonación de una buena parte de la deuda del Estado como tal con el seguro de salud, incluyendo aquella que no está contabilizada y tiene sentencias a favor de la CCSS (expediente 13-006261-1027-CA) y establecer un cronograma de pago de su saldo.
La Junta Directiva de la CCSS debe reducir las filas y listas de espera, para lo cual recomendamos construir una oficina en los Ebais que ya existen para que se le asigne a un nuevo médico general, en total creemos serían unos 1000 médicos más para el primer nivel de atención; así mismo, se requiere la formación y contratación de otros 1.000 médicos especialistas más en dos tractos de 500 residentes de posgrado cada uno, esenciales por su gran capacidad resolutiva de diagnóstico terapéutico, de acuerdo a la Ley General de Salud. La CCSS y el Ministerio de Salud deben dejar de escudarse diciendo que no disponen de estudios técnicos ni de planificación para conocer las necesidades de médicos y especialistas.
Para todo lo anterior, excepto para la recomendación número 6, se requiere reunir la información necesaria para realizar un estudio actuarial de todos los regímenes de salud y de pensiones que existen en el país, hacer un análisis jurídico de las actuales leyes y reglamentos de la seguridad social y elaborar un proyecto de ley que incluya las modificaciones que se deben hacer a varias leyes y las fuentes de financiamiento del Estado como tal a la CCSS que actualmente no están claras o no están creadas.
Consideramos que el diálogo y la participación ciudadana son esenciales para mantener la paz social y para fortalecer a la CCSS. Debido a que el tiempo apremia, respetuosamente solicitamos audiencia lo antes posible, para lo que creemos con todo respeto, que un plazo de 30 días calendario es adecuado. Durante dicho tiempo mantendremos la reserva de este documento.
Les agradecemos anticipadamente el tiempo dedicado a la lectura de esta nota y el documento adjunto, así como la atención que brinden a nuestra solicitud. Confiamos en el compromiso que ustedes tienen con el bienestar de la ciudadanía pues son conscientes de las grandes bondades de la CCSS, por lo cual estamos seguros de que en esta ocasión no sucederá como con los gobiernos anteriores, con cuyas autoridades hemos realizado ingentes esfuerzos para plantear soluciones a estos problemas sin ser escuchados hasta esta fecha, a pesar de lo ordenado en los artículos 9 y 27 de la Constitución Política y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición. Quedamos a entera disposición para ampliar la información y reunirnos con ustedes y con las personas que designen.
Sin otro particular, nos despedimos deseándoles muchos éxitos en sus funciones.
Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com
Atentamente,
AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dr. Alfredo Ramírez Montero Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Lic. Jorge García Araya M.Sc. Rodrigo Arias López”
En una segunda entrega la ACSS se referirá a las respuestas recibidas de la presidencia de la República y de la CCSS.
BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Académico Universitario. Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina). Escritor. luis.martinez.sandoval@gmail.com Cel. 62764133
Hay problemas que pueden medirse en colones, en porcentajes, en crecimiento económico o en desempleo. Pero hay otros cuya verdadera dimensión se mide en vidas.
El suicidio pertenece a esa categoría.
Entre 2019 y 2025, Costa Rica registró 2.812 muertes por suicidio. En promedio, son aproximadamente 402 vidas perdidas cada año, más de 33 cada mes y alrededor de 7,7 cada semana.
La evolución es contundente:
Año
Suicidios
2019
382
2020
378
2021
403
2022
429
2023
426
2024
398
2025
396
Total
2.812
La cifra no describe una epidemia que aparezca y desaparezca. Describe un problema persistente.
En 2022 se alcanzaron 429 casos y en 2023 fueron 426. En 2024, el dato definitivo del INEC contabilizó 398 suicidios, equivalentes al 1,3% de todas las defunciones registradas ese año. Para 2025 se reportaron 396 muertes, de las cuales 324 fueron hombres y 72 mujeres. Es decir, aproximadamente 82% de las víctimas fueron hombres.
Más de cuatro hombres por cada mujer
Este es uno de los datos que más debería preocuparnos.
En 2025 murieron por suicidio aproximadamente 4,5 hombres por cada mujer.
No podemos limitarnos a contabilizar la diferencia. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo con los hombres costarricenses.
¿Por qué tantos hombres llegan a una situación límite sin pedir ayuda?
¿Por qué persiste la idea de que hablar de depresión, angustia, fracaso económico, separación, soledad o desesperanza es una muestra de debilidad?
La estadística está diciendo algo que nuestra política pública todavía no parece escuchar suficientemente:
la prevención necesita una estrategia específica para los hombres.
El dato invisible: quienes sobreviven al intento
Las 396 muertes de 2025 no representan la totalidad del problema.
Durante 2023, los servicios de emergencias de la CCSS registraron 12.948 atenciones por intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas.
Y en 2025, al 16 de agosto, el Ministerio de Salud reportaba 2.493 intentos de suicidio notificados: 1.619 correspondían a mujeres y 874 a hombres.
Aquí aparece una paradoja que merece mucha más investigación:
los hombres representan la gran mayoría de las muertes, mientras las mujeres aparecen con mayor frecuencia en los registros de intentos.
No son datos contradictorios. Son señales diferentes de un mismo problema.
La política pública debe estudiar ambas realidades.
Costa Rica no está sola
El fenómeno adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos el mundo.
La OMS estima que 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. Eso equivale a aproximadamente:
1.990 muertes diarias. 83 cada hora. Más de una por minuto.
El suicidio representó aproximadamente 1,1% de todas las muertes mundiales.
Además, 56% de las muertes ocurrió antes de los 50 años, y aproximadamente 73% ocurrió en países de ingresos bajos y medianos.
Y hay un dato especialmente grave para las nuevas generaciones: en 2021 el suicidio fue la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años en el mundo.
No estamos, entonces, ante un problema exclusivamente de adultos mayores.
Estamos hablando de jóvenes.
De estudiantes.
De trabajadores.
De padres y madres.
De personas que, estadísticamente, todavía tenían décadas de vida por delante.
América tampoco está al margen
La Organización Panamericana de la Salud estima que en las Américas hubo alrededor de 100.760 muertes por suicidio en 2021.
Y la desigualdad por sexo vuelve a aparecer: aproximadamente 3,7 hombres murieron por suicidio por cada mujer en la región.
La región presenta además una característica preocupante: mientras las tasas mundiales han mostrado una reducción en las últimas décadas, las Américas han experimentado una tendencia diferente, con aumento de las tasas de suicidio en el período analizado por la OPS.
Esto debería encender todas las alarmas.
La matemática de la tragedia
Si Costa Rica mantiene un promedio cercano a 400 suicidios anuales, significa que cada cinco años podríamos estar hablando de aproximadamente 2.000 vidas perdidas.
En una década serían alrededor de 4.000.
Pero una política nacional no puede esperar diez años para reaccionar.
Necesitamos prevención antes de la crisis.
Detección temprana.
Atención psicológica accesible.
Seguimiento después de una tentativa.
Programas específicos para hombres.
Atención para adolescentes y jóvenes.
Intervención en comunidades vulnerables.
Y, sobre todo, sistemas capaces de identificar a la persona que está sufriendo antes de que llegue a una emergencia.
La gran pregunta para el próximo Gobierno
El Gobierno de Costa Rica en 2026 debería recibir esta estadística como una obligación, no como una nota al margen.
El país necesita convertir la prevención del suicidio en una política nacional medible, con presupuesto, indicadores y evaluación anual.
No basta con campañas durante una semana al año.
No basta con recordar el problema cuando muere alguien conocido.
No basta con reaccionar después.
Necesitamos saber:
¿Cuántas personas están siendo atendidas?
¿Cuánto esperan para recibir atención psicológica?
¿Cuántos pacientes que han intentado suicidarse reciben seguimiento?
¿Cuántos adolescentes tienen acceso real a servicios de salud mental?
¿Cuántos hombres están siendo atendidos preventivamente?
¿Cuáles cantones presentan las mayores tasas?
¿Cuánto invierte Costa Rica en prevención?
Y la pregunta más importante:
¿Cuántas vidas estamos salvando?
Porque detrás de 2.812 hay 2.812 historias
La estadística nos permite dimensionar el problema.
Pero nunca debemos permitir que la estadística deshumanice la tragedia.
2.812 no son solamente 2.812 casos.
Son 2.812 personas.
Son familias.
Son hijos.
Son padres.
Son hermanos.
Son amigos.
Son compañeros de trabajo.
Son historias que terminaron demasiado pronto.
Y probablemente muchas de esas historias tuvieron señales anteriores.
Una conversación que nunca ocurrió.
Una llamada que no se hizo.
Un pedido de ayuda que nadie escuchó.
Una persona que dijo «estoy bien» cuando en realidad no lo estaba.
Por eso Costa Rica necesita cambiar la pregunta.
No debemos preguntarnos solamente:
¿Cuántas personas murieron?
Debemos preguntarnos:
¿Cuántas personas están sufriendo hoy en silencio y qué estamos haciendo para llegar a ellas?
Porque si podemos contar los muertos, también deberíamos ser capaces de contar las vidas que salvamos. Y esa debería ser la estadística que realmente nos importe. Una vida salvada no es solamente una estadística positiva. Es una familia que conserva a uno de los suyos.
Escuchar. Acompañar. Detectar. Atender. Llegar a tiempo. Ahí debería comenzar una verdadera política nacional de prevención del suicidio.
En el marco de la Fiesta de la Lectura Costa Rica 2026, cuyo país invitado es Qatar, la escritora Arabella Salaverry ofrecerá un recital y conversatorio de poesía, narrativa y creación literaria, el jueves 11 de septiembre, a las 5:00 p.m., en el Complejo de la Antigua Aduana, en San José. Según precisó la propia Arabella Salaverry, la actividad se realizará frente a la Casa del Cuño.
La actividad, bajo el lema «Palabras que nos acercan», será presentada y conducida por la poeta Marianella Sáenz, y contará con la participación musical de Leonardo Perucci Salaverry en el violín.
La Fiesta de la Lectura es organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud.
La noticia que circula en redes sociales y medios señala que el diputado Fernando Obaldía, electo por la provincia de Alajuela, ha sido acusado por su secretaria de acoso y abuso sexual. El origen de la información proviene de medios digitales y testimonios difundidos en plataformas sociales, y su evolución ha mostrado un proceso de denuncia pública que aún está en curso, con la expectativa de que las autoridades competentes investiguen y determinen responsabilidades.
Lo lamentable es que no es la primera vez que un representante popular enfrenta acusaciones de esta naturaleza. La política costarricense ya ha visto casos similares, y cada nuevo episodio erosiona la confianza ciudadana y deja en evidencia liderazgos como el de Fabricio Alvarado, que se presentan como guardianes de valores religiosos y familiares, pero que terminan expuestos ante la contradicción entre discurso y práctica.
La pregunta que debemos hacernos es si se trata de un caso aislado o de un patrón que se generaliza en el comportamiento de los llamados “Padres de la Patria”. Porque detrás de cada denuncia hay una trabajadora, una mujer que enfrenta la disparidad de poder, el miedo a las represalias y la dificultad de probar lo ocurrido en un entorno institucional que muchas veces protege al agresor.
La sociedad también debe mirarse en este espejo: ¿valoramos realmente la gravedad de estos delitos, o hemos banalizado la agresión sexual al punto de tolerarla en quienes elegimos como representantes? No olvidemos que todos ellos llegaron al poder con votos de alajuelenses, religiosos y hasta con aspiraciones presidenciales.
El Instituto Sindical de Formación Democrática reafirma que el acoso y el abuso sexual no son simples faltas morales, sino delitos que vulneran la dignidad humana y la igualdad en el trabajo. Reconocemos el valor de las mujeres que denuncian, porque su voz rompe el silencio y abre la posibilidad de transformar estructuras de impunidad.
La política debe ser un espacio de servicio y dignidad, no de violencia y sometimiento. Cada denuncia nos recuerda que la lucha por la justicia social también pasa por erradicar el acoso en todas sus formas.
La Colectiva Autónoma por la Resistencia Social (CARS), el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo invitan a un taller gratuito de elaboración de faroles, a realizarse el viernes 11 de septiembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio CIC del Tecnológico de Costa Rica. La actividad incluye los materiales necesarios para la elaboración de los faroles.
El taller se enmarca en la serie de convocatorias «Faroleada»/»Farolazo» para el 14 de septiembre, ya impulsadas en distintos puntos del país por organizaciones como la CARS —que ha promovido la «Faroleada por la Democracia»— y el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago, que convocó previamente a su propia «Faroleada por la Salud y la Democracia» en la Plaza Mayor de Cartago. Ambas iniciativas retoman el simbolismo histórico de los faroles como expresión de participación popular, vinculado en Centroamérica a la independencia de 1821 y, en Costa Rica, al desfile de faroles instaurado en 1953.
El pronunciamiento advierte sobre el deterioro de los derechos humanos y las libertades democráticas en El Salvador y llama la atención sobre la criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y comunidades.
El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales expresaron su solidaridad con la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, así como con las personas presas por motivos políticos o de conciencia y quienes han tenido que salir al exilio debido a la situación que atraviesa El Salvador.
La preocupación quedó planteada en un acuerdo que señala el deterioro de los derechos humanos, las libertades democráticas y el Estado de derecho en ese país. En el caso de Ruth López, se recuerda que al momento del pronunciamiento habían transcurrido más de 400 días desde su detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025.
El documento recoge los cuestionamientos realizados por distintas organizaciones, que han señalado que su detención estaría relacionada con su trabajo en defensa de los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, además de advertir sobre posibles vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales.
Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, el caso adquiere además una dimensión relacionada con la defensa ambiental. Ruth López ha acompañado procesos ciudadanos vinculados con la oposición a la reactivación de la minería metálica en El Salvador, una actividad que ha generado importantes debates y conflictos sociales y ambientales en el país.
El pronunciamiento advierte que esta situación no puede analizarse como un caso aislado. La criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y voces críticas, así como el hostigamiento, la vigilancia y la intimidación, forman parte de un escenario que genera preocupación por el ejercicio de derechos fundamentales.
Una de las consecuencias señaladas es también el desplazamiento forzado de personas defensoras, periodistas, ambientalistas, académicas, activistas y dirigentes sociales que han debido abandonar el país ante condiciones que ponen en riesgo su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
La preocupación trasciende el caso salvadoreño. Desde la Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA se ha venido dando seguimiento a distintas situaciones que afectan a personas defensoras ambientales, pueblos indígenas y comunidades en América Latina, particularmente frente a procesos de criminalización, persecución y violencia relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes.
En ese contexto, el pronunciamiento plantea la necesidad de liberar de manera inmediata e incondicional a Ruth López y a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas o de conciencia, así como garantizar el debido proceso y las garantías judiciales.
También expresa su rechazo al uso de las instituciones de justicia para perseguir a quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos humanos, el ambiente y los bienes comunes, y manifiesta su solidaridad con las personas salvadoreñas que se encuentran en el exilio, reclamando condiciones que permitan un retorno voluntario, digno y seguro.
El documento reconoce, además, la labor que continúan realizando organizaciones sociales, periodistas, comunidades y personas defensoras que mantienen su trabajo en favor de la justicia, la democracia y la protección ambiental.
Este pronunciamiento forma parte de una serie de acciones que desde el IDELA y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales se vienen impulsando en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas en América Latina, con énfasis en la documentación, la reflexión académica, la articulación y la solidaridad frente a situaciones de vulneración de derechos.
La solidaridad con Ruth López y con las personas presas políticas y exiliadas de El Salvador se plantea, así como parte de una preocupación más amplia: la defensa de los derechos humanos y del ambiente no puede convertirse en motivo de persecución o criminalización.
Está pendiente el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional para trasladar al Ministerio de Ambiente y Energía una finca ubicada dentro de la zona inalienable de la Ley N.° 65 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.
Concejo Municipal acordó instar el traspaso, alcalde vetó y tribunal declaró sin lugar el veto
Por tercera ocasión desde 2024, las autoridades ambientales han solicitado formalmente a la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizar las gestiones necesarias para trasladar la finca ubicada en el sector del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al tratarse de un inmueble que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.
La finca se encuentra en el sector del Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 de 1888 y, además, parte de su extensión se encuentra vinculada al Parque Nacional Braulio Carrillo. De acuerdo con MINAE el marco jurídico aplicable, la cobertura boscosa y su ubicación dentro de un área sometida a un régimen especial de protección hacen que el inmueble forme parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme con el artículo 13 de la Ley Forestal.
La situación adquiere especial relevancia porque la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2023-017109, ordenó realizar las acciones correspondientes para que la finca fuera trasladada a nombre del Estado. Sin embargo, pese a la existencia de esta resolución, el inmueble continuó inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.
La primera solicitud formal documentada en este proceso fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en 2024 (SINAC-ACC-D-712-2024). Mediante oficio dirigido a la Municipalidad de San Rafael. Posteriormente, ante la falta de concreción del trámite, las autoridades ambientales insistieron en la necesidad de trasladar el inmueble. Durante 2025, el MINAE y el SINAC reiteraron que la finca reúne las condiciones jurídicas y ambientales para ser considerada parte del Patrimonio Natural del Estado y solicitaron nuevamente a la Municipalidad realizar las gestiones correspondientes (Oficios 2025).
Documentos institucionales y comunicaciones posteriores evidencian que, lejos de haberse resuelto el asunto con la primera solicitud, el MINAE y el SINAC debieron insistir nuevamente en el cumplimiento de la resolución constitucional y en la necesidad de formalizar el traslado del inmueble. En junio y julio de 2025 se reiteró expresamente esta solicitud ante las autoridades municipales (Oficios 2025).
Esta nueva gestión constituye, según la documentación revisada, una tercera solicitud o exigencia institucional para que la Municipalidad proceda con el traslado de la finca, evidenciando que el cumplimiento de la obligación continúa siendo un asunto pendiente (CARTA-MINAE-DM-0627-2026).
Zona de especial importancia ambiental. El Cerro Chompipe forma parte de una zona de enorme importancia ambiental e hídrica para la región. La protección de los terrenos de montaña y de las áreas boscosas ubicadas en la Cordillera Volcánica Central responde históricamente a la necesidad de proteger las zonas de recarga acuífera y las fuentes de agua. La finca tiene una extensión superior a 154 hectáreas, según la información incorporada por el propio MINAE en el expediente administrativo
La permanencia de la finca inscrita a nombre de la Municipalidad genera incertidumbre sobre la administración efectiva de un territorio sometido a un régimen especial de protección y puede abrir espacios para intervenciones o actividades que requieren autorización de las autoridades ambientales competentes. Durante 2025 surgieron cuestionamientos públicos precisamente por acciones realizadas o proyectadas en el área, entre ellas la instalación de cámaras trampa y labores relacionadas con el amojonamiento, sobre las cuales el MINAE indicó que no había otorgado autorización.
El Concejo Municipal de San Rafael había adoptado un acuerdo para instar al cumplimiento inmediato de la orden emitida por la Sala Constitucional y al traslado de la finca al MINAE. Este acuerdo fue objeto de un veto por parte de la Alcaldía Municipal. Sin embargo, en junio de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar el veto, al considerar que el acuerdo municipal se limitaba a exigir el cumplimiento de una resolución judicial vigente (ver Comunicado).
La Corte Penal Internacional (CPI) nació con la promesa de convertirse en un instrumento permanente de la justicia internacional frente a los crímenes más graves que pueden afectar a la humanidad. Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, la Corte se ha desenvuelto en un escenario marcado por conflictos armados, graves violaciones al derecho internacional y, al mismo tiempo, por las tensiones políticas derivadas de investigar y perseguir penalmente a personas que ocupan posiciones de enorme poder.
En los últimos años, esas tensiones se han hecho particularmente visibles. Las órdenes de detención emitidas contra altos dirigentes políticos, las dificultades para hacer efectivas algunas de sus resoluciones, el cuestionamiento de su jurisdicción por parte de Estados que no forman parte del Estatuto de Roma y las presiones ejercidas por algunas de las principales potencias mundiales han abierto un debate respecto de la capacidad real de la institución para cumplir con los objetivos para los que fue creada.
A ello se sumó la salida de Karim Khan como fiscal de la Corte, luego de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, episodio que volvió a poner bajo escrutinio a una institución que ya enfrentaba importantes críticas. En paralelo, las presiones ejercidas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios de la CPI han instalado nuevas interrogantes sobre el futuro de la justicia penal internacional y sobre la capacidad de la Corte para preservar su independencia.
¿Estamos realmente ante una crisis que puede poner en riesgo la supervivencia de la CPI? ¿Sus dificultades son consecuencia de un problema estructural de la institución o reflejan, más bien, los límites que los propios Estados han impuesto a la justicia penal internacional? ¿Sigue siendo necesaria una Corte Penal Internacional en el actual escenario mundial?
Claudia Cárdenas Aravena.
Para abordar estas preguntas conversamos con Claudia Cárdenas Aravena, abogada y académica de la Universidad de Chile, especialista en derecho penal internacional y conocedora del funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
¿Qué futuro tiene la Corte Penal Internacional?
FM: La CPI atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan. ¿Qué impacto tiene este episodio en la credibilidad y legitimidad de la institución ante la comunidad internacional?
CC: Yo creo que si bien lo que salta a primera vista y lo que fue noticia en todo el mundo es la destitución de la máxima autoridad de la Fiscalía por conducta sexual inapropiada, el hecho de que esto haya ocurrido significa que han podido operar los mecanismos existentes para la detección y acción ante esta clase de conductas ilícitas, aun respecto de altos funcionarios de la institución. Entonces, en mi opinión, el episodio en concreto no debiera minar la credibilidad y legitimidad de la institución frente a la comunidad internacional.
FM: La Corte ha emitido órdenes de detención contra altos dirigentes políticos, pero en varios casos estas decisiones no han podido hacerse efectivas. ¿Hasta qué punto una institución que carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones puede ejercer realmente justicia internacional?
CC: Eso tiene que ver con que la Corte Penal Internacional, por su diseño, depende de la cooperación de los Estados para actuar, ese es el mecanismo que le es propio. Eso, a su vez, es una manifestación del principio de complementariedad, que rige las relaciones entre la jurisdicción penal internacional y las jurisdicciones estatales. Lo que puedo responder es que es el sistema que tenemos y con el que hay que trabajar, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 al día de hoy.
FM: La jurisdicción de la CPI continúa siendo cuestionada por Estados que no son parte del Estatuto de Roma y, particularmente, por algunas de las principales potencias mundiales. ¿Existe un problema estructural de legitimidad en su jurisdicción o se trata principalmente de una resistencia política de los Estados afectados?
CC: Si se ve la lista de los Estados que no son partes del Estatuto de Roma, se verá que coincide con que se trata de Estados que en general no están comprometidos a todo evento con el derecho internacional. También, en los últimos años, algunos Estados en cuyos territorios la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones han denunciado el tratado. Con todo, la mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional sigue apoyando a la institución y su trabajo en la investigación, persecución, castigo y reparación en casos en los que se han cometido crímenes contra el derecho internacional.
FM: En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presión contra la Corte, incluyendo sanciones contra jueces y funcionarios, mientras algunos países han comenzado a anunciar su salida del organismo. ¿Estamos frente a una crisis pasajera de la CPI o ante una amenaza que puede comprometer seriamente su supervivencia?
CC: Está por verse cómo reaccionarán otros Estados, en ejercicio de su soberanía, a la presión que pueda ejercer el actual gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo campañas para incidir en el quehacer de la Corte Penal Internacional. Ya a principios de este siglo, durante el gobierno de George Bush, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de presión para que los Estados firmaran acuerdos por el artículo 98 del Estatuto de Roma, buscando excluir ciertos casos del ejercicio de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Creo que al día de hoy es difícil prever los efectos que en concreto tendrá esta campaña. Lo que sí puede observarse es que la Corte Penal Internacional ha continuado realizando su trabajo, aun con las sanciones que han sufrido varios de sus jueces y funcionarios, y, que sigue contando con el apoyo de la mayoría de los Estados, que integran su Asamblea de Estados Parte.
EI: Considerando sus limitaciones para hacer cumplir sus decisiones, los cuestionamientos a su jurisdicción, las presiones políticas que enfrenta y las controversias que han afectado a su propia conducción, ¿sigue siendo necesaria la existencia de la Corte Penal Internacional? Y, de ser así, ¿qué cambios serían indispensables para recuperar su legitimidad y eficacia?
CC: Todos los aspectos que se nombran en la pregunta han acompañado a la Corte Penal Internacional, en mayor o menor medida, desde el inicio de su trabajo, y difícilmente podría pensarse que una institución creada para perseguir a criminales poderosos iba a estar exenta de controversias y dificultades en su labor. A mi entender, la necesidad de su existencia persiste, porque su creación obedeció a un problema que subsiste: el déficit de aplicación que por diversas razones tiene en derecho penal internacional. Si bien las cifras actuales de procesos a nivel mundial son mucho mayores de las que existían en las décadas previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con lo cual se puede entender que se ha logrado en parte el efecto catalizador que se previó con su creación; sería deseable ampliar la aplicación del derecho penal internacional. Puede ser necesario explicar que en el sistema de aplicación del derecho penal internacional, la Corte Penal no tiene jurisdicción exclusiva, vale decir no solo ella puede conocer, sino que fue creada como un tribunal de excepción, que pudiera actuar sólo cuando los Estados no lo hicieran apropiadamente. Vale decir, el sistema descansa sobre todo en la actividad de los Estados, que sigue siendo susceptible de mejora, pero ha aumentado en las últimas décadas, dentro de un sistema en el que la Corte Penal Internacional ha jugado un papel relevante. Sobre la última parte de la pregunta, reiteraría algo que ya mencioné más arriba: dado su diseño, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 hoy en día.
La Embajada de Canadá, la Unesco y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a la entrega de libros y conversatorio Lecturas sin fronteras: una iniciativa por un futuro sostenible, con la participación de Alexander Castro, Viceministro Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud, Ioanna Sahas Martin, Embajadora de Canadá, Alexander Leicht, Director de la Oficina Regional de la Unesco, Laura Rodríguez Amador, Directora de la Biblioteca Nacional y Lilly Briggs, escritora y Directora de la Asociación Ambiental Finca Cántaros.
La actividad se realizará en la Benemérita Biblioteca Nacional el viernes 18 de setiembre a las 10:30 a.m. y también se transmitirá por los facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook
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