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Autor: María José Ferlini Cartín

Exposición de arte «“Raíces y tradiciones de Guanacaste”

Letras y Artes by Nayuribes Ramírez y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición de arte Raíces y tradiciones de Guanacaste dedicada a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, autores de la letra y música del Himno de la Anexión de Guanacaste, respectivamente.

La actividad será presencial el miércoles 1 de julio a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 1 al 30 de julio, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m

Organizaciones respaldan a Juan Bautista Alfaro y defienden la libertad de expresión en temas ambientales

Un grupo de organizaciones ambientales, comunitarias y sociales emitió un comunicado público en el que expresa su respaldo al activista y comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, en el contexto del proceso judicial que enfrenta por una demanda por difamación relacionada con sus manifestaciones sobre el caso de Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo.

En el documento, las organizaciones señalan que la discusión sobre la protección de los ecosistemas y las concesiones turísticas constituye un asunto de interés público y recuerdan que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

El comunicado sostiene que el caso de Playa Panamá ha generado un amplio debate nacional en medios de comunicación, redes sociales, espacios académicos y otros ámbitos públicos, así como cuestionamientos sobre el modelo turístico aplicado en el Golfo de Papagayo. Añade que, en torno a este tema, se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo, y que una de esas acciones dio lugar a medidas cautelares que posteriormente generaron una campaña mediática contra un magistrado de la Sala Constitucional.

Las organizaciones afirman que el régimen especial bajo el cual se administra el Golfo de Papagayo fue establecido mediante legislación aprobada antes del desarrollo del actual marco jurídico ambiental costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la reforma constitucional del artículo 50 sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A su juicio, esta situación ha generado tensiones jurídicas entre ese régimen especial y la evolución posterior del derecho ambiental nacional e internacional.

El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, particularmente en asuntos vinculados con temas de interés público y con las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), señalando que estos criterios reconocen una protección reforzada cuando se trata de debates relacionados con la defensa del ambiente y las concesiones estatales.

Las organizaciones describen a Juan Bautista Alfaro Rojas como un activista comprometido con la defensa de los ecosistemas y sostienen que el proceso que enfrenta se enmarca en una tendencia regional de criminalización de personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos en América Latina.

En el comunicado, las organizaciones firmantes:

  • Manifiestan su apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

  • Exigen respeto a la libertad de expresión.

  • Reafirman el valor jurídico del derecho humano a la libertad de expresión.

  • Invitan a la ciudadanía a expresar muestras de apoyo hacia el activista.

  • Solicitan la difusión del comunicado.

Asimismo, recuerdan que el 26 de junio están programadas dos audiencias del proceso judicial, a las 7:30 a.m. y 1:30 p.m., en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón. El comunicado concluye invitando a la ciudadanía a respaldar una petición pública de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas.

Organizaciones firmantes

  • Grupo Salvemos el Bosque de Playa Panamá

  • APREFLOFAS

  • FECON

  • Bloque Verde

  • Comité Punta Pelencho

  • Salve Monos

  • CREMA

  • Alianza Escazú

  • UESPRA

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Antigentrificación

  • Defensores de la Casa Común

  • Fundación Orgánica

  • Mar & Comercio

  • Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

  • Causa Sur

  • Colectivo Costa Rica por el Océano

  • Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Frente Ecologista Universitario (FECOU)

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • COECOCEIBA

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Un Metro más Limpio

  • CODECE

  • Canto de Fauna

Estados Unidos / Irán: texto definitivo del MoU acordado dado a conocer

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 18 de junio del 2026, varios medios de prensa han dado a conocer la versión definitiva del documento que fue acordado por Estados Unidos e Irán el 15 de junio anterior, cuyas versiones anteriores habían sido filtradas por algunos medios de prensa y equipos de mediadores.

Cabe precisar que entre Estados Unidos e Irán se desarrolló desde varios meses una compleja negociación, involucrando a diversos Estados terceros actuando como intermediadores: Pakistán en el tema nuclear, Catar con respecto a los activos bancarios iraníes congelados y la canalización de la ayuda de la región para la reconstrucción de Irán, así como Omán con respecto a la gestión futura del estrecho de Ormúz.

Se trata de un texto que fue acordado formalmente en su versión definitiva el 15 de junio entre Estados Unidos e Irán, tan solo unos minutos después del 14 de junio, fecha aniversario del actual ocupante de la Casa Blanca, sin que se divulgara oficialmente su contenido. Cabe señalar que al 12 de junio, se contabilizaban 38 veces en las que el precitado ocupante había anunciado en sus redes sociales la «inminencia» de un acuerdo con Irán (véase nota de TheTelegraph).

Desde el 15 de junio, fueron muchos los comentarios y los analistas que externaron criterios al respecto, sin que la versión final del contenido del texto como tal se hiciera público, hasta su firma, prevista inicialmente en Suiza el 19 de junio de manera mancomunada, y que finalmente se firmó electronicamente a la distancia dos días antes: la decisión repentina de firmar este documento en el Palacio de Versailles en Francia en el que se encontraba cenando el actual (e imprevisible) ocupante de la Casa Blanca, obligó a las autoridades galas a buscar de manera urgente una impresora en el Palacio de Versailles, tal como lo reveló la prensa unos pocos días después (véase nota de prensa de La Presse en Canadá)

Versiones circuladas y versión final original

En este enlace se puede leer una versión traducida al francés de la versión final del documento dado a conocer en su integralidad. En este otro del Semanario Universidad (Costa Rica) el texto en su versión traducida al castellano.

Ahora bien, al haber sido cada palabra y/o expresión objeto de arduas negociaciones entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas e incluso en horas previas al 15 de junio, y al haber cada negativa de Irán provocado reacciones iracundas del actual ocupante de la Casa Blanca, se recomienda a nuestros estimables lectores leer el texto en los dos únicos idiomas oficiales acordados (el inglés y el persa): en efecto, suele ocurrir que las traducciones no oficiales conlleven pequeños errores o interpretaciones propias del (de la) traductor/a.

Debe advertirse desde ya que no se trata de un tratado, ni tampoco de un acuerdo o de un protocolo de acuerdo, sino de un MoU (siglas de «Memorandum of Understanding«) que establece 14 puntos sobre los que Estados Unidos e Irán se pusieron de acuerdo con relación al cese de las operaciones militares de ambos Estados y las de sus aliados, incluyendo en el Líbano, a la reapertura paulatina y gradual del estrecho de Ormúz, a los montos destinados a la reconstrucción de Irán por parte de Estados Unidos y de sus aliados, y a los activos bancarios de Irán congelados por Estados Unidos.

Los dos primeros puntos refieren a principios generales que deben guiar las relaciones entre ambos Estados: en el punto segundo aparecen principios básicos del derecho internacional público tales como el respeto a la soberanía del Estado, la no intervención en asuntos internos y el respeto a la integridad territorial. El punto tres establece un plazo de 60 días para finiquitar los términos de un acuerdo definitivo. Al tiempo que los puntos 4 y 5 refieren a lo que ambos se comprometen a hacer a penas se firme este documento. Los puntos 6, 7 y 8 refieren a negociaciones futuras sobre diversos aspectos, al tiempo que el statu quo es objeto del punto 9. Los puntos 10 y 11 refieren a compromisos que adquiere Estados Unidos únicamente.

Este documento además establece un cronograma para acordar los términos de un futuro acuerdo sobre otros álgidos temas que oponen Estados Unidos e Irán.

Mientras que, indudablemente, la diplomacia sale fortalecida como técnica para resolver las controversias entre Estados, el desgaste provocado por una confrontación militar ayuna de objetivos (la cual fue iniciada el 28 de febrero del 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán) viene a poner en evidencia el impasse al que se llega con el uso de la fuerza militar.

Se trata de una lección que debería poder llevar también a Rusia a suspender su agresión militar a Ucrania, que ya lleva casi cuatro años y medio sin que Rusia haya obtenido alguna ventaja determinante en el plano militar ni político.

El texto integral del documento suscrito entre Estados Unidos e Irán

De manera que cada uno/una de nuestros estimables lectores pueda leer la versión oficial en inglés, a continuación, se reproduce en su integralidad el texto oficial de los 14 puntos acordados en este MoU (léase «Memorandum of Understanding«), tal y como aparece publicado en este enlace de la cadena norteamericana de noticias CNN:

«The United States of America and the Islamic Republic of Iran have jointly agreed in good faith on [ __ date] on the following:

1 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran and their allies in the current war are signing this MOU to declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and undertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other, and to refrain from the threat or use of force against each other, and ensuring the territorial integrity and sovereignty of Lebanon. The final deal will confirm the permanent termination of the war on all fronts, including in Lebanon and other provisions of this paragraph.

2 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran undertake to respect each other’s sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other’s internal affairs.

3 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran commit to negotiating and achieving the final deal in maximum 60 days, extendable with mutual consent.

4 — Immediately upon the signing of this MOU, the United States of America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran, and will fully end the naval blockade within 30 days. During this period, the traffic of vessels will be in proportion to the numbers of pre-war traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days after the final deal.

5 — Upon the signing of this MOU, the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge, for 60 days only, from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles, and demining by the Islamic Republic of Iran will be instated within 30 days. The Islamic Republic of Iran will conduct dialog with the Sultanate of Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and the sovereign rights of coastal states of the Strait of Hormuz.

6 — The United States of America undertakes with regional partners to develop a definitive, mutually agreed plan with at least USD 300 billion for the reconstruction and economic development of the Islamic Republic of Iran. The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as part of a final deal within 60 days. All required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by the United States of America.

7 — The United States of America undertakes to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran, including the United Nations Security Council resolutions, IAEA Board of Governors resolutions, and all unilateral US sanctions, primary and secondary, in an agreed upon schedule as part of the final deal. The Islamic Republic of Iran and the United States of America acknowledge the critical importance of the sanctions termination issue above mentioned, and expressed their intentions to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement on them.

8 — The Islamic Republic of Iran reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. The United States of America and the Islamic Republic of Iran have agreed to resolve the disposition of stockpiled enriched material pursuant to a mechanism that will be mutually agreed upon in accordance with the schedule mentioned in paragraph seven, with the minimum methodology to be down blended on site under the supervision of the IAEA. The two parties also agreed to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to the Islamic Republic of Iran’s nuclear needs, based on a satisfactory framework being agreed upon in the final deal. The final deal will confirm the provisions of this paragraph. The United States of America and the Islamic Republic of Iran acknowledge the critical importance of the nuclear issues above mentioned. They express their intention to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement on them.

9 — Pending the final deal, the United States of America and the Islamic Republic of Iran agree to maintain the status quo. The Islamic Republic of Iran will maintain the current status quo of its nuclear program, and the United States of America will not impose any new sanctions and will not deploy additional forces in the region.

10 — The United States of America undertakes that immediately upon the signing of this MOU and until the termination of sanctions, US Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products and derivatives, and all associated services, including banking transactions, insurances, transportation, etc.

11 — The United States of America undertakes to make fully available for use the frozen or restricted funds and assets of the Islamic Republic of Iran upon the implementation of this MOU. The United States of America and the Islamic Republic of Iran will mutually agree on the procedures related to the release of these funds during negotiations. Such funds, whether retained in the original account or transferred, shall be made fully usable for payment to any ultimate beneficiary designated by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The United States of America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly.

12 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran agree that an executive mechanism will be established to monitor the successful implementation of this MOU and the future compliance of the final deal.

13 — After signing this MOU, and subject to the beginning of the implementation of paragraphs 1, 4, 5, 10 and 11 of this MOU, and the continuing implementation of these measures, the United States of America and the Islamic Republic of Iran will start negotiations regarding the final deal exclusively on the other paragraphs.

14 — The final deal will be endorsed by a binding UNSC resolution».

Algunas consideraciones de carácter general

Luego de varios meses de intensa y desgastante confrontación militar para ambos y para el mundo, pareciera que Estados Unidos e Irán han entendido que resulta mucho más conveniente resolver las múltiples controversias que los oponen en una mesa de negociación, movilizando a sus mejores equipos de diplomáticos y de negociadores, … y no a tropas militares.

Si la lectura (y relectura…) de este documento deja entrever un desbalance a favor de uno u otro, parte de la explicación responde al desequilibrio existente entre los dos equipos negociadores, y a la premura de tiempo que jugó mucho más en contra de uno que de otro.

De paso, Estados Unidos y el mundo han también podido entender que el torpedear sistemáticamente cualquier acercamiento de Estados Unidos con Irán (y más generalmente, de pacificación en Oriente Medio) es una de las especialidades que las máximas autoridades de Israel han desarrollado en los últimos años. Hace exactamente un año (en junio del 2025), ya tuvimos la oportunidad de indicar (Nota 1) que:

«Con relación a la fecha escogida por Israel para llevar a cabo su ofensiva militar sobre Irán el pasado 13 de junio del 2025, es de señalar que también obligó a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado (véase enlace de la diplomacia gala al respecto). De paso, vació de todo sentido las negociaciones que llevaba a cabo Irán con Estados Unidos sobre su programa nuclear, con una sexta ronda de negociaciones prevista en Omán el 15 de junio que se suspendió (véase nota de la agencia Reuters)».

Como un ejemplo adicional al de Rusia sobre el uso de la fuerza militar que no lleva a mayor ventaja, se puede citar a Israel: se trata de un Estado que usa y abusa de su innegable superioridad tecnológica y militar en Oriente Medio desde varios decenios, tanto en el territorio palestino que ocupa ilegalmente, como en Estados vecinos (El Líbano, Siria) y no tan vecinos (como Irak, Irán y Yemen), en abierta violación a las normas más elementales del derecho internacional público. Sus operaciones militares se repiten una y otra vez, con muchas de ellas que califican como verdaderos crímenes de guerra, y una en Gaza que continúa como genocidio, sin lograr Israel en lo más mínimo «erradicar» a grupos o amenazas que pretende eliminar recurriendo al uso de la fuerza. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este 18 de junio, la representante de la ONG británica Oxfam detalló el drama indecible que se vive en Gaza (véase video de su intervención).

Han sido múltiples los fracasos políticos acumulados por Israel y el pasado 15 de junio, el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán fue analizado como uno más, tal como lo señalaba este titular del mismo TimesofIsrael y este otro editorial del periódico Le Monde en Francia publicado el 17 de junio.

Nótese que sin que se haya dado a conocer el contenido exacto del documento suscrito entre Estados Unidos e Irán del 15 de junio del 2026, ya Israel había anunciado estar en contra.

A modo de conclusión

Cabe recordar que el actual ocupante de la Casa Blanca no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tan solo tres días después de haber sido notificado por la misma CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco de la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos: véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026 (por cierto muy pocamente difundida por los medios de prensa internacionales). Este secuestro de activos bancarios iraníes por parte de Estados Unidos en el año 2018 fue declarado ilegal por la CIJ, en el mes de marzo del 2023 (véase texto integral de la sentencia sobre el fondo, párrafo final operativo 236).

Si a nuestros estimables lectores les resulta sorprendente aprender que tres días antes de atacar a Irán con Israel, Estados Unidos había sido notificado por la CIJ con relación a activos que tiene la obligación de devolverle a Irán y la apertura formal de la etapa de compensación, este pequeño detalle con relación esta acción militar conjunta contra Irán – totalmente ilegal desde la perspectiva jurídica internacional, pero «saludada» por algunos Estados como Argentina y Paraguay en América Latina (Nota 2) – puede dar una idea de la importancia de la labor que realiza la justicia internacional de La Haya.

El pasado domingo 21 de junio iniciaron en Lucerna (Suiza) los primeros contactos entre los equipos negociadores de Estados Unidos y de Irán, en presencia de las máximas autoridades de Pakistán y de Catar (véase breve conferencia de prensa antes de iniciar en la que no faltaron unas preguntas al Vice Presidente de Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en el Líbano). Mientras que la delegación de Estados Unidos fue encabezada en Lucerna por el Vice Presidente norteamericano, la de Irán lo fue por el jefe de su diplomacia.

En el caso de la lejana Costa Rica desde donde escribimos, el pasado 8 de abril de manera sorpresiva, sus máximas autoridades declararon a varias entidades en Oriente Medio como «organizaciones terroristas«, siendo una de ellas la que dirige actualmente los destinos de Irán (véase comunicado oficial). Esta repentina declaración de Costa Rica ha llamado la atención en Oriente Medio, y sobre todo, confirma el verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel al que refiere este artículo publicado en España el pasado 15 de mayo: este artículo anuncia un posible traslado de la embajada de Costa Rica en Israel Tel Aviv a Jerusalén.

De materializarse este traslado de la embajada de Costa Rica en Israel, se trataría de una nueva provocación para la comunidad musulmana, así como para la comunidad internacional en su conjunto (Nota 3), a la que parecieran estar plenamente dispuestas las nuevas autoridades electas costarricenses, cuyo inicio de funciones el pasado 8 de mayo registró un operativo policial ilegal contra dos estudiantes por cometer un delito inexistente: llevar una bandera palestina (Nota 4).

Este 23 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dio a conocer un nuevo informe sobre el genocidio en curso en Gaza por parte de Israel, con un comunicado de prensa (véase enlace) que se lee así:»Israel continues to commit genocide and other atrocity crimes by deliberately targeting Palestinian children«. En las conclusiones de este informe, cuya lectura completa se recomienda, se lee la siguiente (página 81):

«354. Israel has targeted Palestinian children in Gaza in two distinct ways: directly by shooting at their vital organs using precision weapons such as quadcopters and snipers; and through use of high impact weapons causing widespread and systematic attacks on residential buildings, schools, and displacement camps crowded with children. Israel is also legally responsible for failing to protect Palestinian children from being targeted by Israeli soldiers and settlers in the West Bank, including East Jerusalem, and for allowing, enabling and encouraging ongoing settler violence, which serves to entrench settlements, annex Palestinian land and force Palestinians off their land.

355. The killings continued even after the October 2025 ceasefire. After October 2025, children continued being killed and injured in various circumstances, including when approaching the so-called ‘yellow line’, indicating Israel’s flagrant disregard of the terms of the ceasefire. The Commission maintains that a ceasefire that allows Israeli security forces to open fire on children crossing an ill-defined boundary cannot credibly be seen as a cessation of hostilities. The vague markings, absence of clear warnings, and lack of safe corridors have turned the area into a death trap, particularly for children. Egregiously, the ‘ceasefire’ has effectively solidified Israel’s continuous occupation of Gaza, marked by restricted civilian movement and attacks resulting in casualties, including children

También se lee esta recomendación hecha a todos los Estados miembros de Naciones Unidas en su conjunto (p. 84):

«Employ all means reasonably available to them to prevent the commission of genocide, war crimes and crimes against humanity and to ensure full compliance with the Geneva Conventions in the Occupied Palestinian Territory«.

– – – Notas – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público«, 28 de junio del 2025. Texto integral disponible en este enlace. En el 2025 se publicó por parte de una reconocida jurista gala un libro que explica por qué a Israel le interesa tanto mantener la confrontación militar en Oriente Medio: véase CHEMILLIER-GENDREAU M., Rendre impossible un Etat palestinien. L’ objectif d’Israël depuis sa création, Paris, Collection Petite Encyclopédie Critique, 2025. En este enlace, se puede leer en su integralidad el Capítulo 4, titulado «L’annexion et la colonisation de Jérusalem au mépris du droit des Palestiniens d’en faire leur capitale» (pp.130-153).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «A 15 días del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán: balance y perspectivas y un repaso a las reacciones oficiales registradas en América Latina«, sitio jurídico especializado de Ius360 (Perú), edición del 15 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Con respecto a lo observado en diciembre del 2017 sobre el no reconocimiento de Jerusalén como capital por parte de la comunidad internacional, cabe recordar que al Estados Unidos ejercer su derecho a veto de manera solitaria en el Consejo de Seguridad (frente a catorce votos a favor), el mismo texto fue luego aprobado por una abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, Véase BOEGLIN N., «Análisis del contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital«, 23 de diciembre del 2017. Texto integral disponible en este enlace. Con relación a Costa Rica y al traslado de su embajada de Jerusalén a Tel Aviv, y en particular las innumerables resoluciones que Costa Rica violó mientras mantuvo su embajada en Jerusalén, véase el capítulo titulado “Del traslado de la Embajada en Israel al reconocimiento del Estado de Palestina”, en STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. El texto completo de esta obra escrita por el ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010) y publicada en el 2013, está disponible en este enlace.

Nota 4: Durante el reciente traspaso de mando en Costa Rica, el pasado 8 de mayo, dos estudiantes fueron apresadas y colocadas en celdas una noche por llevar con ellas banderas de Palestina (véase nota de prensa sobre su liberación): tal y como señalado por su abogado, no cometieron delito alguno conocido, ni opusieron resistencia alguna a las fuerzas de seguridad, contrariamente a lo afirmado por las autoridades policiales a la Fiscalía: véase enlace de Spotify a entrevista realizada en Interferencia el 14 de mayo del 2026 en la emisión titulada: «Hay banderas prohibidas en Costa Rica?«. La demanda interpuesta en este caso merece seguimiento al evidenciarse probables instrucciones superiores ilegales con respecto a la garantías que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense en materia de libertad de expresión y de manifestación pacífica. Como tuvimos la oportunidad de analizarlo, llegó para este acto de traspaso el Presidente de Israel en persona, un hecho singular en la medida en que nunca se observó asistiendo en actos de traspasos recientes en América Latina. Esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido y que debiera interpelar a unos cuantos jerarcas en Costa Rica.

Tiempos de incertidumbre en el mundo: ¿qué significa esto para la gente de la Zona Sur o las zonas agrícolas?

José Rafael Quesada / pressenza

Durante décadas muchas personas creyeron que la llamada globalización traería estabilidad permanente, crecimiento económico continuo y una creciente integración entre los países. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años nos muestran una realidad diferente. Vivimos una época caracterizada por la incertidumbre, el miedo, la fragmentación, la violencia y cambios acelerados que afectan tanto a las grandes potencias como a las pequeñas comunidades rurales en todo el mundo, y en Costa Rica también.

Hasta el concepto globalización se debió cuestionar por muchos por tratarse de una sola forma de relaciones entre personas y países, tanto que desde hace tiempo se habla de Mundialización y no de globalización -financiera- en todo caso.

Las guerras en Europa y Medio Oriente, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la competencia por minerales estratégicos, la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y el cambio climático son expresiones de un nuevo escenario mundial. Lo que antes parecía distante hoy influye directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Para muchos habitantes de la Zona Sur de Costa Rica, que es una zona agrícola en crecimiento como muchas en el mundo y en América Latina por supuesto, la geopolítica puede parecer un concepto alejado en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, basta observar cómo las fluctuaciones internacionales afectan el precio de los combustibles, los fertilizantes, los alimentos y el transporte para comprender que los acontecimientos mundiales llegan rápidamente hasta las comunidades rurales.

Cuando aumenta el costo del petróleo, gasolinas y el diésel, aumenta el costo de movilizar productos agrícolas. Cuando se interrumpen cadenas de suministro internacionales, ciertos insumos se vuelven más escasos o más caros. Insumos de por sí encarecidos por los costos, las distancias y la economía usurera. Cuando los fenómenos climáticos como el del Niño, se intensifican, las cosechas, los caminos, los puentes y la infraestructura local sufre mayores impactos. Y esto complica la participación de los agricultores en el intercambio de productos y servicios.

La incertidumbre global no solo tiene efectos económicos. También tiene consecuencias humanas. En muchos países crece la ansiedad, el caos, la movilización en las calles, el miedo al futuro y la sensación de que los cambios ocurren demasiado rápido. Paradójicamente, vivimos en una época con más acceso a la información y a la tecnología que nunca antes, pero también con mayores niveles de preocupación social.

Desde una perspectiva humanista, el desafío central no es únicamente tecnológico o económico. La pregunta fundamental es qué ocurre con las personas sobre todo que viven las zonas agrícolas alejadas, en medio de transformaciones tan profundas. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero no sustituye la necesidad de construir sentido, fortalecer vínculos comunitarios y desarrollar proyectos colectivos.

La Zona Sur o región Brunca posee importantes fortalezas para enfrentar estos desafíos. Su tradición agrícola, la experiencia de las cooperativas, las asociaciones de desarrollo, las Asociaciones administradoras del agua y las múltiples formas de organización comunitaria constituyen una base sólida de resiliencia social. Allí donde existen redes de cooperación y solidaridad, las comunidades suelen responder mejor a las crisis y adaptarse con claridad y eficacia.

Esto de las inteligencias artificiales, ejemplo, puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar la agricultura, agregar el acceso a la educación, el cierre de la brecha digital, fortalecer la atención en salud y facilitar la comercialización de productos rurales. Y es que para que esto ocurra, la tecnología debe ponerse al servicio de las personas y no al revés. ¿De qué sirve tener empresas y tecnología si no sirve al ser humano?

Vivimos realmente tiempos difíciles y complejos. Nadie puede predecir ni jugar de mago para predecir con precisión cómo será el mundo dentro de veinte años. Lo que sí sabemos es que las comunidades rurales y urbanas que cultiven la solidaridad, la cooperación y la capacidad de adaptación tendrán mayores posibilidades de prosperar.

Y es aquí donde cabe proteger esa capacidad del ser humano que es la intencionalidad, todos los seres humanos de las ciudades y las ruralidades tenemos esa intención para mover la propia vida y para tomar decisiones entre condiciones que le afectan la libertad.

La incertidumbre de la gente en el ámbito mundial es real. Pero insistimos, también los son la creatividad y la innovación humanas, la organización comunitaria y la capacidad de construir los futuros imaginados.

En última instancia, la mejor respuesta que podemos colocar frente a la incertidumbre y el miedo sigue siendo actuar para fortalecer lo que nos hace verdaderamente humanos como son la cooperación, la esperanza, el compromiso con el bienestar común y la intención de Humanizar la Tierra, o sea humanizar todos los ámbitos que nos encontremos en la vida.

Foro de Justicia invita a participar en consulta nacional sobre reforma judicial democrática y viable

El Foro de Justicia informó que se encuentra habilitada una consulta en línea dirigida a todas las personas interesadas en aportar ideas y propuestas para la iniciativa “Diálogos propositivos para una reforma judicial democrática y viable”.

La consulta complementa una serie de actividades presenciales que se desarrollan en distintas regiones del país y busca recoger perspectivas, experiencias y propuestas que contribuyan a la construcción colectiva de alternativas para fortalecer la administración de justicia en Costa Rica.

Según la información suministrada por las organizaciones impulsoras, el Poder Judicial atraviesa una coyuntura compleja marcada por cuestionamientos sobre el desempeño institucional, desafíos relacionados con la administración de justicia y presiones derivadas de la inseguridad y el crimen organizado. Ante este escenario, el Programa Estado de la Nación, con el apoyo del Foro de Justicia y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, impulsa un proceso de diálogo orientado a identificar rutas de reforma que fortalezcan la independencia, legitimidad y capacidad de respuesta del sistema judicial.

La consulta tiene como objetivo recopilar aportes técnicos, analíticos y prácticos provenientes de diversos sectores de la sociedad para construir una agenda de reforma plural, técnica y viable. Las organizaciones promotoras señalan que la intención es avanzar del diagnóstico a la formulación de propuestas concretas que permitan ofrecer una justicia pronta, cumplida e igual para toda la población.

El proceso se fundamenta en un enfoque propositivo, centrado en la construcción de soluciones y alternativas más allá de la crítica. Asimismo, se informa que la participación es confidencial, que no se requiere identificación individual y que las respuestas serán analizadas de manera agregada, privilegiando el contenido de las ideas aportadas.

El cuestionario tiene una duración aproximada de diez minutos y estará disponible hasta el 29 de junio.

Las personas interesadas pueden participar en la consulta mediante el formulario que se encuentra en este enlace.

30 años de lucha comunal: Cahuita defiende su Parque Nacional y su modelo de gobernanza compartida

Un modelo que ha resistido cambios de gobierno y cuestionamientos institucionales

Cahuita, Talamanca de Limón. Por el Movimiento Cahuita Unida. La historia del Parque Nacional Cahuita es también la historia de la organización y la lucha de su comunidad. Cuando se estableció el Monumento Nacional en 1970 y el Parque Nacional decretado en 1978, los habitantes de Cahuita asumieron importantes costos sociales y económicos derivados de la conservación, pues muchas de las actividades productivas tradicionales que sustentaban a las familias locales fueron abandonadas para crear el Parque. Frente a esta realidad, la comunidad lucho por un modelo de participación que permitió vincular la protección ambiental con el bienestar de la población local.

Desde el año 1998 se consolidó un modelo de gobernanza compartida entre la comunidad de Cahuita y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), basado en la corresponsabilidad, la participación comunitaria y la distribución equitativa de beneficios derivados de la gestión del Parque Nacional. Este modelo fortaleció el vínculo entre la comunidad y el área protegida, convirtiéndose en una experiencia pionera de conservación comunitaria en Costa Rica y el mundo.

Durante más de treinta años, líderes y lideresas comunales, organizaciones locales y distintas generaciones de habitantes han defendido este modelo frente a múltiples obstáculos institucionales y políticos. Sin embargo, en junio de 2026 la comunidad enfrenta nuevamente una amenaza a la continuidad de esta experiencia de gobernanza.

Mediante la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026, se suspendieron los efectos del Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) para la implementación del modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita, argumentando aspectos relacionados con plazos, procedimientos formales y una denuncia actualmente en investigación judicial, situación que fue informada de manera oportuna por las organizaciones comunitarias a las instancias correspondientes.

Ante esta situación, el pasado 22 de junio la ADIC y el Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita convocaron una reunión informativa abierta a la comunidad. Como resultado de este encuentro, se conformó una comisión de apoyo encargada de acompañar a la Junta Directiva de la ADIC, mantener informada a la población y coordinar las acciones necesarias para garantizar que la administración compartida del Parque continúe en manos de la comunidad, fortaleciendo además los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica.

El Movimiento Cahuita Unida agradeció públicamente el trabajo de las organizaciones comunales que integran el Consejo Local de Manejo y de la nueva comisión conformada para enfrentar esta coyuntura. Asimismo, reafirmó que cuenta con el respaldo de la población de Cahuita para defender un modelo que ha demostrado ser exitoso tanto para la conservación del patrimonio natural como para el fortalecimiento de la economía local.

«Solo unidos y trabajando juntos lograremos la defensa del Parque Nacional. El Gobierno Central amenaza nuevamente al Parque, y si hay amenaza al Parque, amenaza a la comunidad, porque la comunidad y el Parque no son cosas diferentes. Es Cahuita y su Parque», señalaron representantes del movimiento comunitario.

A lo largo de su historia, el modelo de cogobernanza ha enfrentado cuestionamientos, particularmente por parte de la Contraloría General de la República. No obstante, también ha contado con el respaldo de sucesivos gobiernos y de diversas instituciones del Estado, que han reconocido la importancia de la participación comunitaria en la gestión de las áreas silvestres protegidas.

Durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera se emitieron instrumentos jurídicos fundamentales para consolidar esta experiencia. El Decreto Ejecutivo N.° 39519-MINAE reconoció los distintos modelos de gobernanza en las áreas silvestres protegidas del país, mientras que el Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE reglamentó formalmente el Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita, otorgando un marco legal claro para la participación comunitaria en la gestión del área protegida.

La defensa de este modelo trasciende el ámbito estrictamente ambiental. Se trata también de la defensa de una comunidad cuya historia, cultura y economía han estado estrechamente ligadas al Parque Nacional. El turismo asociado al Parque constituye uno de los principales motores económicos de Cahuita y la participación de la comunidad ha sido uno de los factores determinantes para la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres.

Por estas razones, cualquier decisión relacionada con el futuro del Parque Nacional Cahuita no puede analizarse únicamente desde criterios administrativos o procedimentales. La gestión compartida del Parque forma parte de una historia de conservación construida por la propia comunidad y se encuentra estrechamente vinculada a derechos ambientales, culturales, económicos y territoriales reconocidos por la legislación nacional, los decretos ejecutivos vigentes y la jurisprudencia constitucional reciente.

El modelo de gobernanza compartida de Cahuita ha demostrado que la conservación y la participación comunitaria no son objetivos contradictorios, sino complementarios. Durante más de tres décadas, la comunidad ha sido el principal aliado del Parque Nacional, contribuyendo a su protección, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo el desarrollo local.

Hoy, una vez más, Cahuita se moviliza para defender una experiencia única en Costa Rica. Defender la gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita es defender más de treinta años de trabajo comunitario, la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe costarricense y los derechos históricos, culturales y ambientales de una comunidad que ha demostrado su compromiso con la protección de su patrimonio natural.

¡Porque Cahuita y su Parque son una misma historia de lucha!

De la asfixia imperial a la esperanza activa: Por una ontología de lo humano

Mainier Barboza

Por: Mainier Barboza Soto
Teólogo, analista crítico y dirigente social

I. El derrumbe de los fundamentos: Un diagnóstico de nuestra era

La crisis global contemporánea no es un fenómeno meramente económico o político; es, en su raíz, una fractura de las bases éticas que sostienen la convivencia. El texto bíblico expresa esta realidad con crudeza: «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?» (Salmo 11:3). Esta sentencia no debe leerse como un lamento pasivo, sino como un diagnóstico preciso: al perderse lo ético por la codicia humana, se fractura la esencia misma del ser.

En este escenario, la humanidad enfrenta un dilema existencial. Como señala Chomsky (2021), estamos ante la disyuntiva de «unirse o perecer». Vivimos bajo la sombra de un imperio sin controles que impone leyes nacionales a otros países como si fuera el árbitro absoluto del mundo, despojando a las naciones de su soberanía y a los individuos de su dignidad ontológica.

II. La ingeniería del «grito económico»: El caso de Chile como espejo

La historia nos ofrece lecciones amargas sobre la manipulación de las estructuras. El caso de Chile es emblemático: la «ingeniería del grito económico» fue acuñada a través de la intervención y derrocamiento de Salvador Allende. Detrás del bloqueo del cobre y las falsas huelgas que dañaron su economía, estuvieron las manos de la CIA, Nixon y Kissinger, (Kornbluh, 2013).

Es imperativo esclarecer que los centros de poder manejan el lenguaje para acuñar mitos: culpan al comunismo o al socialismo de cada fallo social, encubriendo así una economía diseñada para grupos poderosos. La realidad es que 12 magnates poseen una riqueza combinada que alcanzaría para repartir a 4 mil millones de personas —la mitad de la población mundial—, mientras 10 transnacionales controlan cerca del 80% de la distribución de alimentos (Oxfam, 2024). Este capital financiero especulativo asfixia a los agricultores y convierte la soberanía alimentaria en un mito.

III. De la Revolución Francesa a la hegemonía del capital financiero

Los principios de la Revolución Francesa han sido ajustados a los intereses de las élites: hoy vemos una «libertad» reducida al mercado libre, una «igualdad» solo entre grandes magnates y una «fraternidad» restringida a las transnacionales que se reparten el mundo.

Esta distorsión alimenta una de las principales contradicciones del sistema: el capital financiero versus el capital productivo. Como argumentó Correa (2012), hemos pasado de «Repúblicas bananeras» a «no Repúblicas» supeditadas a la especulación. Es necesario recuperar propuestas como la Tasa Tobin para frenar este casino financiero y revisar los postulados de soberanía estatal. Bajo la mirada de Rose Mary Muraro y Leonardo Boff, el mundo ha variado de una lógica de «ganar-ganar» a una de «ganar-perder», y hoy, con la destrucción de la casa común, estamos en un escenario de «pierde-pierde».

IV. La Esperanza Activa: Hacia una ecología integral y humana

Frente a los males que han salido de la «Caja de Pandora» de la modernidad, la respuesta no puede ser una esperanza pasiva. Debemos recuperar el adagio «A Dios rogando y con el mazo dando». Frente a la fallida teoría del derrame, Sachs (2021) propone una economía de la justicia que proteja lo aparentemente «no vivo» —agua, tierra, aire— tratándolos como parte de la integralidad de la Tierra. Como afirma el Papa Francisco (2015) en Laudato si’, debemos cuidar nuestra «casa común» bajo una ecología integral.

El sueño de Martin Luther King Jr. (1963) sigue vigente: que un día vivamos el verdadero significado de nuestro credo, donde sea evidente que todos somos creados iguales. El llamado hoy es a que los pueblos se unan sobre tres principios básicos: la paz, la justicia íntegra y la fraternidad universal.

V. Conclusión: Recuperar lo fundamental

Debemos superar los conceptos ideológicos por conceptos ontológicos que rescaten lo fundamental: la humanidad. Para los creyentes, fuimos creados para ser felices y vivir en libertad; para los no creyentes, la evolución nos ha dado las capacidades para compartir en armonía los bienes de la Tierra.

Si queremos sobrevivir, debemos amar la casa común como a nuestra propia madre, desterrando el nefasto patriarcado y recuperando nuestra dignidad. Los bienes de la Tierra están para ser compartidos de forma gregaria, no para ser acumulados.

Referencias Bibliográficas (APA 7.ª Edición)

  • Biblia de Jerusalén. (2009). Salmos. Editorial Desclée de Brouwer.

  • Boff, L. (2004). Introducción. En R. M. Muraro, El destino del capital dinero. Editorial Planeta.

  • Borón, A. (2014). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Ediciones Continente.

  • Chomsky, N. (2021). El dilema de la humanidad: Unirse o perecer. Editorial Crítica.

  • Correa, R. (2012). De la república bananera a la no república. Debate.

  • Galeano, E. (2004). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI Editores.

  • King, M. L., Jr. (1963). I have a dream [Discurso]. March on Washington for Jobs and Freedom.

  • Kornbluh, P. (2013). The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability. The New Press.

  • Oxfam. (2024). Desigualdad S.A.: Cómo el poder corporativo divide nuestro mundo. Informe Anual.

  • Papa Francisco. (2015). Carta Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común. Tipografía Vaticana.

  • Sachs, J. (2021). Las edades de la globalización. Deusto.

  • Tobin, J. (1978). A proposal for international monetary reform. Eastern Economic Journal, 4(3-4), 153-159.

Sobre el autor: Mainier Barboza Soto es teólogo con estudios en economía, dirigente social y analista crítico. Su labor se centra en el empoderamiento de la sociedad civil como protagonista del cambio, promoviendo la articulación entre la academia, los tomadores de decisiones políticas y las fuerzas económicas para construir un modelo de desarrollo humano y solidario.

De la subsistencia al crecimiento: El futuro estratégico gestado desde el sector microempresarial

Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador-Académico

Observatorio de Futuros-OdF de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), llevó a cabo un análisis comparado desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares-España, el cual propone transformar la política pública costarricense, pasando del asistencialismo a la acción anticipada para combatir la informalidad y potenciar el desarrollo local.

El diseño de las políticas públicas suele adolecer de un mal bastante común: responder a las condiciones del presente con herramientas del pasado, frente a esto, una reciente investigación internacional titulada “Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la microempresa de España y Costa Rica; un análisis comparado” propone transformar el sistema. Para ello, se apoya en los postulados de la prospectiva estratégica del Dr. Michel Godet (Economista francés, titular de la cátedra de prospectiva estratégica) y el Dr. Francisco José Mojica (Docente Investigador – Consultor en Prospectiva Estratégica), el estudio parte de una premisa poderosa: “El futuro no está predeterminado y es la acción anticipada de hoy la que puede salvar o condenar al sector productivo más grande del país, la microempresa”.

Bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, el Observatorio de Futuros-OdF (EPPS-UNA) se constituye en una iniciativa académica que se enfoca en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.

Dr. Ángel Ortega Ortega. Académico EPPS-UNA

En este sentido, la investigación, realizada por el académico e investigador de la EPPS-UNA, Doctor Ángel Ortega Ortega, durante una estancia académica (2026) en el prestigioso Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá de Henares España, cobra una relevancia monumental para la economía costarricense: “No se trata de una simple comparación académica; sino que marca una hoja de ruta que utiliza la experiencia de un país desarrollado y adaptado a los estándares de la Unión Europea para desnudar las carencias estructurales de Costa Rica y ofrecer líneas de política pública para el largo plazo”, indicó el académico Ortega, quien describe tres criterios dignos de tener presentes:

  • Dos realidades un mismo motor

Dentro de los hallazgos de la investigación se resalta una asimetría profunda pero un punto de encuentro crítico. España es una economía diversificada con apenas el 2,2% de informalidad laboral. Costa Rica por su parte, arrastra un 37% de empleo informal y un 18% de hogares en condición de pobreza (INEC), el cual tiene alguna relación con el desarrollo de este sector.

Sin embargo, en ambos países las microempresas son el corazón del parque empresarial.

En Costa Rica, según datos analizados, representan al menos el 81% del tejido productivo (y supera las 435.000 unidades si se consideran las no registradas). En España, el sector representa poco más del 90% del parque empresarial. En ambos contextos, el sector funciona como un gigantesco colchón social de autoempleo, pero con una diferencia fundamental: mientras la microempresa española opera en un mercado ampliado y formalizado, la costarricenses sobrevive invisibilizada y condenada a sobrevivir en pequeños espacios territoriales.

  • La radiografía del dolor:

Según los datos del INEC citados en el estudio, el 80.1% de las microempresas costarricenses no tienen registros contables, el 98,3% carecen de cédula jurídica o registro en Hacienda y el 45.9% nacieron estrictamente por necesidad o falta de empleo formal, estas condiciones dejan en desventaja a este sector para asegurar su inserción en el mercado formal e internacional, cosa muy distinta se visualiza en la microempresa española.

  • Sobre lo estratégico:

El estudio desarrolla un análisis exhaustivo del estado del arte como base para la identificación de hechos portadores de futuros, señales débiles y factores de cambio que están configurando las áreas estratégicas clave para potenciar la contribución del sector al desarrollo de la economía costarricense.

Para este académico y Miembro del Observatorio de Futuros-OdF de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS (Costa Rica), entre los principales factores portadores de futuro identificados destacan la exposición de PYMES a tensiones geopolíticas, nivel de apoyo del Estado al sector MYPIME, la contribución de la microempresa al empleo nacional, la efectividad de los programas de financiamiento, los niveles de productividad, el aporte de la microempresa a la economía, el grado de informalidad del sector, la prevalencia de enfoques asistencialistas en los programas de apoyo, entre otras.

Cabe indicar que la prospectiva estratégica es una disciplina que analiza y anticipa los futuros posibles y deseables para iluminar la acción presente y tomar decisiones estratégicas más acertadas, tanto Michel Godet (Francès) como Francisco Mojica (Colombiano), quienes son referentes de la Escuela Francesa o Voluntarista, esta corriente sostiene que el futuro no está predeterminado, sino que se construye activamente mediante las decisiones de los actores sociales, de esta manera, el Dr. Ángel Ortega (Costarricense) agregó que, en seguimiento a la prospectiva estratégica, el análisis efectuado (microempresa de España y Costa Rica),conduce a la construcción de cuatros escenarios posibles de evolución del sector: “El primero corresponde a un escenario crítico o catastrófico, asociado a la ausencia de acciones enfocadas a mejorar la tendencia actual. Los otros dos intermedios combinan factores favorables y desfavorables que podrían materializarse en función de las decisiones adoptadas y de las dinámicas del entorno. Finalmente, se plantea un escenario deseable, caracterizado por la convergencia de condiciones positivas que permitirían maximizar el aporte del sector MIPYME al desarrollo económico y social del país”.

Universidad Pública de Alcalá España (UAH)
ubicada en Madrid-Alcalá de Henares

Para el señor Ángel Ortega, académico, investigador y ex director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, la investigación realizada describe sus propias dimensiones, componentes, criterios y evidencias: la narrativa de este último escenario plantea un contexto en el que el Estado fortalece al sector mediante la formulación de políticas públicas y marcos normativos claros, complementados con programas y proyectos orientados a la formación, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento efectivo. Estas acciones se enfocan principalmente en el desarrollo de capacidades de anticipación y respuesta ante cambios, acontecimientos y disrupciones tanto favorables como adversas.

De manera paralela, el sector asume un papel activo en su propio desarrollo, aprovechando los instrumentos de apoyo disponibles, promoviendo la asociatividad y la conformación de clústeres según sus actividades económicas, fortaleciendo sus competencias mediante procesos continuos de capacitación e incorporando avances tecnológicos que impulsen la innovación permanentemente en sus procesos y modelos de negocio.

Como resultado, las microempresas logran mejorar significativamente sus niveles de productividad, competitividad y resiliencia, incrementando su aporte al desarrollo económico y social del país. Todo esto se sustenta en una estrategia sectorial clara, articulada y de largo plazo, capaz de orientar los esfuerzos de los distintos actores y la institucionalidad pública y privada afín, hacia objetivos comunes de desarrollo económico y social.

Con base en los resultados del estudio, se concluye con una serie de lineamientos para el diseño de política pública más efectiva. Entre ellos destacan dos propuestas innovadoras: la conformación de núcleos de formación y el diseño de un observatorio nacional de futuro, destinado al análisis de tendencias estratégicas que generen insumos tanto para la toma de decisiones del sector como para el diseño de programas y proyectos de apoyo”.

Los núcleos de formación constituyen una estrategia para articular a las microempresas según sea su ubicación geográfica y actividad productiva, permitiendo el desarrollo de programas de capacitación diferenciados y pertinentes a las características de cada grupo. Estos programas incluyen formación técnica, gestión empresarial, mercadeo, fianzas y otras áreas estratégicas. De manera complementaria, se promueve el acceso a instrumentos de financiamiento y recursos tecnológicos que impulsen la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible de las unidades productivas.

Ortega considera pertinente el trabajo de un Observatorio de Futuros del sector, que se oriente a la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de monitorear de manera permanentemente los acontecimientos del mercado y del contexto, que puedan representar oportunidades o amenazas para este sector. Este observatorio emitiría informes de forma continua y retroalimentaría los contenidos de los procesos de formación y asistencia técnica dirigidos al sector: “El estudio concluye que, considerando las diferencias entre los sectores de la microempresa de ambos países, estas dos propuestas son viables y necesarias para fortalecer la generación de capacidades tanto en España como en Costa Rica. Además, ambos países cuentan con la institucionalidad y las capacidades necesarias para su ejecución, requiriendo únicamente de la articulación interinstitucional y el diseño del proyecto correspondiente”, concluyó el Dr. Ángel Ortega, académico de EPPS-UNA, para quien, a partir de las particularidades de cada contexto sectorial, la investigación formula además una serie de recomendaciones adicionales para la formulación de políticas de apoyo al sector en Costa Rica.

Pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.

El Observatorio de Futuros -OdF- de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), seguirá impulsando desde varios ámbitos el planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.

Mayor información:
angel.ortega.ortega@una.cr

Coalición por los Pasos de Fauna solicita convocar proyecto de ley para su votación definitiva

Una coalición integrada por 37 organizaciones ambientales, comunitarias y de conservación solicitó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizar las gestiones necesarias para que el expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras”, sea convocado durante el actual período de sesiones extraordinarias y pueda ser sometido a segundo debate.

La petición fue remitida el 21 de junio de 2026 a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las jefaturas de fracción y a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, luego de que el pasado 8 de junio el plenario aprobara de forma unánime la ampliación del plazo cuatrienal del proyecto. Según recuerdan las organizaciones firmantes, la iniciativa también fue aprobada por unanimidad en primer debate el 21 de abril de este año.

Las organizaciones consideran que existe un amplio consenso político en torno a esta propuesta y señalan que el siguiente paso debe ser su aprobación definitiva para convertirla en Ley de la República. En el documento enviado a las autoridades legislativas se solicita que, de no concretarse la convocatoria durante las sesiones extraordinarias, el proyecto sea priorizado mediante una moción de orden durante el próximo período ordinario que iniciará en agosto.

La Coalición por los Pasos de Fauna argumenta que la urgencia de esta legislación responde a una problemática ampliamente documentada en el país: la muerte de animales silvestres por atropellos y electrocuciones. Según indican, estas dos causas afectan a más de 150 especies de fauna, incluyendo dantas, ocelotes, venados, perezosos, armadillos, mapaches, reptiles y anfibios, entre muchas otras.

Las organizaciones señalan que la disminución de poblaciones silvestres tiene impactos directos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, afectando además servicios ecosistémicos fundamentales. También recuerdan que la conservación de la biodiversidad constituye un elemento estratégico para la imagen internacional del país y para actividades económicas vinculadas al turismo de naturaleza.

De acuerdo con la solicitud presentada, el proyecto de ley busca fortalecer el marco normativo existente para que las nuevas obras de infraestructura vial incorporen medidas destinadas a garantizar la conectividad ecológica mediante pasos de fauna, siguiendo prácticas que ya se aplican en diversos países y aprovechando la experiencia técnica acumulada por instituciones públicas, organizaciones especializadas y centros de investigación.

Las organizaciones firmantes sostienen que la iniciativa cuenta con fundamento en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La Coalición por los Pasos de Fauna informó además que esta petición cuenta con el respaldo de más de 25.000 firmas ciudadanas recopiladas mediante una campaña electrónica. Entre las organizaciones participantes figuran agrupaciones de conservación, desarrollo comunal, investigación, protección de la vida silvestre y acción climática de distintas regiones del país.

Durante los últimos meses, diversas organizaciones ambientales han impulsado acciones públicas para promover la aprobación de esta iniciativa legislativa, señalando que la construcción de pasos de fauna constituye una herramienta importante para reducir la mortalidad de animales silvestres y fortalecer la conectividad de los ecosistemas en Costa Rica.