Marlin Oscar Ávila
11 de mayo de 2018
Cómo podría estar tranquila la ciudadanía costarricense ahora que ha logrado colocar en su nuevo gobierno a un equipo de sus mejores hijas e hijos, cuando a su entorno hay más de una jauría de fieras depredadoras de la honradez, de la eficiencia, la gobernabilidad, del compromiso hacia las grandes mayorías y a los sectores minoritarios de la sociedad y, del verdadero ejercicio democrático participativo.
Además de las sectas del fundamentalismo religioso alertas a evitar cualquier iniciativa que vaya en procura de una administración laica que asegure la libertad de culto y el respeto a los derechos del ser humano, y permita decidir sobre lo que su propia conciencia le dicta sobre sus relaciones personales y sociales siempre que se enmarque en el respeto al derecho ajeno y las leyes del país, están otras amenazas a la vida social y económica costarricense.
Con las reformas estructurales exigidas por los organismos multilaterales y, de potencias mundiales en acciones bilaterales, orientadas a establecer las bases de la libre oferta y demanda, las cuales han favorecido más que todo a los países y empresas con mayor poder industrial y comercial en los tratados de libre comercio. Esto ha estado ocurriendo sin el desarrollo institucional que previniera los excesos de los sectores empresariales, incluyendo personas inescrupulosas, ahora tenemos un sinnúmero de empresas y compañías involucradas en pactos afuera de las leyes en sectores básicos, en áreas de la salud, la construcción, el transporte, la minería y otros.
En América Latina, solamente las multas por estas irregularidades alcanzan la suma de 2,600 millones de dólares. De este flagelo Costa Rica ya es víctima, como ha ocurrido con individuos, entidades privadas y públicas tal es el caso del soborno denominado “Cementaso”. Esto lo que salió al público, pero hay quienes aseguran que hay otros hechos corruptos que aún se mantienen sin sacar la testa de la cloaca y otros que están por ser judicializados.
Solamente con el caso de la compañía brasileña Odebrecht, confirmados se tiene una docena de países, donde desde los más altos funcionarios hasta entes financieros han sido sobornados. Esa compañía conspiró y acordó con otras, proveer cientos de millones de dólares en pagos y otros beneficios corruptos, llevándose de encuentro a oficiales, partidos políticos y sus dirigentes, estimándose una inversión en sobornos directos de aproximadamente 800 millones de dólares.
Pese al procesamiento y detención de muchos de los cabecillas de estos millonarios sobornos y estafas, estas actividades irregulares, y sus agentes, siguen con vida vigorosa, pues nadie y ningún país se ha curado con el antídoto y vacuna que le garantice inmunidad. Es allí donde hay un arduo trabajo para el fortalecimiento de los sistemas de justicia, de inteligencia fiscal y, definitivamente de las organizaciones ciudadanas, quienes son las principales víctimas, para cortar las venas por donde corre el veneno de la corrupción y la impunidad.
Además de estas temibles amenazas al buen gobierno en Costa Rica, se encuentra el crimen organizado, que hacen una compleja madeja con los carteles de la droga, la trata y explotación de personas, el mercado de las armas, el turismo sexual y el lavado de activos. El poder de estas organizaciones es tal que se han tomado el control de instituciones de Estados completos, como es el denunciado muchas veces, caso hondureño. Así se extiende hasta llegar a zonas completas de México y no deja de lado la cooptación del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA). Aun cuando se ha concentrado la atención en la persecución de las pandillas juveniles o “Maras”, éstas son parte, pero de ninguna manera, lo medular de la combinación delincuencial internacional que padecemos, de extremo a extremo del continente, con canales comunicacionales con África, Asia y Europa.
Cualquiera diría que, con estos fenómenos, Costa Rica tiene suficiente de qué preocuparse para el éxito de su nueva administración, sin embargo, hay otras amenazas latentes en su entorno. Las fuerzas exógenas que han estado cotidianamente sobre cada país de América Latina, no van a dejar de asechar nuestras instituciones responsables del modelo de economía, hasta ahora sobreviviente y con un relativo éxito. Después de varios períodos gobernando, el Partido Liberación Nacional (PLN), se esforzó por privatizar muchas de las instituciones, empresas de servicios e instituciones, lográndolo sólo parcialmente, gracias a la resistencia popular. En Costa Rica aun sobrevive su sistema educativo y de salud basado en el bienestar de las mayorías, así como el Instituto Costarricense de Energía (ICE), la CCSS y, algunos bancos se mantienen con una participación importante del Gobierno Central. Es decir, que pese al asecho constante y frenético de los paladines del neo liberalismo nacional e internacional, no se han privatizado importantes instituciones para el servicio de su ciudadanía. Con lo que sí se privatizó en esos períodos de gobierno liberal, se enriquecieron algunas familias, e incluso, aquellos altos funcionarios de esos gobiernos.
Como es de harto sabido, los organismos multilaterales como el FMI, BM, BID y BCIE, constantemente asechan a los gobernantes, en alianza con grandes empresarios y medios de desinformación nacional e internacional, para hacer desaparecer cualquier fuerza de los gobiernos. Es el caso actual de Argentina. Exigen reducir la institucionalidad pública, sin importar las consecuencias socio económicas que conllevan esas medidas. Para ellos, y unos malinchistas nacionales, la panacea es la privatización, porque les genera ganancia a sus empresas.
Sabe bien el pueblo costarricense que en este gobierno de unidad el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) se quedó no solamente con el mando de los principales organismos locales de economía, pero con la Secretaría de la Presidencia. Este partido político no está muy distante de los esfuerzos del PLN en privatizar y reducir el tamaño del Estado, para beneficiar a unas familias empresarias, aunque lo argumentan con principios patrióticos. Su principal escusa es la creciente deuda pública, al estar pagando uno de cada tres dólares que ingresan. Anteriormente (2008), se lograba recoger un 70% de los gastos del gobierno central, mientras que ahora solamente se recoge en impuestos la mitad. Es por ello que este nuevo gobierno y la Asamblea Legislativa heredaron un proyecto para aumentar las grabaciones fiscales. Sin embargo, se tiene la opción de cobrar la alta morosidad en el pago de impuestos que tiene al país, pero que los gobernantes, particularmente los partidos tradicionales, no quieren rescatar, prefiriendo las medidas ya clásicas del FMI. Es probable que esa mora sea mucho mayor en los grandes empresarios y militantes de esos partidos, así que estos prefieren que se recargue al pueblo trabajador con impuestos, antes de cobrársele a ellos su abultada deuda con el Estado.
Los problemas y amenazas hasta aquí descritas, obvian el cambio sustancial en la política del tradicional aliado de Costa Rica: EUA, quien ahora tiene unos inquilinos en su Casa Blanca, muy especiales. El presidente, Trump y, el vicepresidente, Pence, tienen un perfil de guerreristas, fundamentalistas y neofascista, sin precedentes en esa gran nación del norte. En el poco tiempo que tienen de gobernar, han creado una nueva Guerra Fría con fuerte tendencia a una tercera guerra mundial. Se han peleado con Mundo y Reymundo, con solamente dos éxitos económicos para sus grandes corporaciones, pese a su prestigio de magnates comerciales: el aumento al precio del petróleo y de las industrias de las armas. Lógicamente, esa situación política de la mayor potencia mundial, tendría repercusiones en la economía y política externa de Costa Rica.
Por la situación descrita, la ciudadanía no puede distraerse, dejando al PAC con la gran responsabilidad de cumplir con su programa, pero sí seguir atenta a que se ejecuten decisiones que vallan en beneficio de las grandes mayorías y no de una minoría elitista.
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