El pasado viernes 15 de diciembre se realizó el Plantón por un Estado laico en Costa Rica.
A continuación imágenes enviadas a por Daniel Soto Ortega de dicha actividad.
Enviado por Daniel Soto Ortega.
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Este miércoles 20 de diciembre a las 4 p.m. se llevará a cabo el Encuentro de Libre Expresión Solidaridad con Honduras en el Parque Morazán.
Será una jornada cultural e informativa de libre expresión, en solidaridad con el pueblo hondureño, que vive una situación de violencia y represión por parte del Estado. Tras el fraude del reciente viciado proceso electoral y el auto-golpe militar, el actual gobierno pretende perpetuar la criminal dictadura.
Se unirán voces, cantos, bailes y otras expresiones artísticas en un solo clamor: ¡FUERA JOH! ¡ALTO A LA REPRESIÓN! ¡ABAJO LA DICTADURA!
“Te invitamos a que te expreses en este encuentro, que es un canto a la vida”. Movimiento de Solidaridad con Honduras
Organizado por Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz; FECOU – Frente Ecologista Universitario; Asociación Costarricense de Derechos Humanos – Acodehu; Juventud Vanguardista Costarricense; Quilombo Laceuna; Partido Obrero Socialista CR (POScr).
Compartido por Daniel Soto Ortega.
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El rastro de dolor, muerte y daños que dejan eventos como la tormenta Tropical Nate (2017), el huracán Otto (2016), los terremotos de Sámara en Guanacaste (2012) y de Cinchona (2009) en Alajuela, así como el deslizamiento de Calle Lajas en el cantón de Escazú (2010) y en el Bajo el Cacao de Fátima de Atenas (2007), dejan en claro que existen vacíos en materia de gestión del riesgo y el análisis que hacen las voces expertas de la Universiad de Costa Rica permiten afirmar que Costa Rica no es un país sostenible.
Costa Rica está ubicada en un escenario de multiamenaza. Es afectada de forma recurrente por fenómenos sísmicos y volcánicos, como también de manera frecuente por fuertes lluvias. Aunado al impacto social, las expectativas futuras de desarrollo se ven frustradas cada vez que una de estas emergencias azota a nuestra nación.
Solamente la tormenta tropical Nate dejó 117 rutas nacionales afectadas, 423 puentes dañados, 113.000 hectáreas de producción agrícola anegadas, 26 centros de salud, siete escuelas impactadas y la muerte de 14 personas, según los datos de la Comiisón Nacional de Emergencias (CNE), con pérdidas que superan los $380 millones.
Algunas autoridades nacionales catalogaron a la tormenta Nate (2017) como uno de los eventos más intensos y destructivos, sin embargo, diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica no coinciden con esta posición. Nate no fue el más intenso sino sólo uno de los más destructivos por el aumento de la vulnerabilidad. Expertos de la UCR insisten que no se debe responsabilizar a la naturaleza del impacto de los desastres, al momento de delimitar las razones que ocasionan el verdadero impacto se evidencia que las causas son el crecimiento urbano desmedido e informal, el inadecuado ordenamiento del territorio y un tema de gobernanza, entre los factores más recurrentes.
Compartimos la posición de las voces expertas de la Universidad de Costa Rica sobre los principales problemas así como las opciones viables y urgentes para disminuir su impacto.
Para los investigadores del Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Hugo Hidalgo León y el Dr. Eric Alfaro Martínez, los factores físicos que influyeron en el impacto de Nate fueron su posición con respecto al istmo centroamericano y su velocidad.
«El ciclón tropical Nate estaba posicionado de una forma tal que jalaba la humedad desde el océano Pacífico hacia el mar Caribe, con la particularidad de que ese aire húmedo y caliente que venía del Pacífico hacia tierra adentro se encontró con la cadena montañosa y provocó un temporal muy fuerte en la vertiente del Pacífico costarricense», comentó Alfaro. Además, la velocidad de desplazamiento del sistema era lenta y provocó que ese flujo siguiera entrando tierra adentro durante mucho tiempo. «Entre más dure el temporal, hay mayor acumulación de precipitación y mayores son los impactos desde el punto de vista físico», explicó Hidalgo.
La tormenta Nate ocurrió en una época en la que el istmo está expuesto a estos fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con los estudios del Cigefi, el 71 % de los ciclones tropicales que ocurren cerca de América Central se producen durante los meses de agosto, setiembre y octubre, se trata de eventos esperables.
Otro factor mencionado por los físicos es que los ciclones tropicales responden a la variabilidad natural. «Hay años en los que las condiciones favorecen la aparición de ciclones tropicales y otros en los que no. Este año, el Atlántico tropical circundante a nuestra región estaba comparativamente más cálido que el Pacífico circundante a nuestra región», afirmó Alfaro, quien explicó que en los estudios realizados han encontrado que la calidez del agua es un factor que favorece la aparición de ciclones tropicales principalmente en la cuenca del Caribe, cerca de América Central.
Los científicos consideran que no se puede afirmar qué corresponde a la variación natural y al cambio climático, pues tendría que analizarse un período en el cual se puedan observar cambios o tendencias, y no a partir de un evento particular que ocurrió en cierto momento. Por tanto, no hay evidencia científica de que los ciclones tropicales en el Caribe y cerca de América Central estén aumentando o estén disminuyendo, según los investigadores.
A criterio de Hidalgo y de Alfaro, los impactos de estos fenómenos tienen muchas aristas, las cuales tienen que ver con la vulnerabilidad de la población debido principalmente a que el ordenamiento territorial no es el adecuado.
«Lo único que podemos hacer es ordenamiento territorial, y por supuesto, mejorar los sistemas de alerta para evitar impactos al menos en vidas humanas», expresó Hidalgo. Sin embargo, en la realidad son los mismos cantones y distritos del país los que reportan emergencia tras emergencia más impactos por la recurrencia de ciclones tropicales en el Caribe. Una evidencia más de que se puede y se debe planificar los riesgos.
«Si bien es cierto no hay evidencia estadística de que estén aumentando los ciclonestropicales cerca de América Central, cada año se reportan más impactos por laocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en la región. Esto quiere decir que laexplicación de esa tendencia positiva no es física, sino socioeconómica y ambiental, ypor eso es fundamental el ordenamiento territorial«, concluyó Alfaro.
Aunque la Tormenta Tropical Nate que impactó el país el pasado 5 y 6 de octubre es sin duda un fenómeno natural, sus efectos evidencian también orígenes o causas sociales que plantean la necesidad de replanteat el modelo de desarrollo.
Allen Cordero, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), recuerda que los efectos adversos de diversos fenómenos naturales alrededor del mundo son favorecidos por estilos de vida insostenibles con el medio ambiente. “Quienes dominan el mundo no quieren cambiar la política dominante y ven como positivo el desarrollo económico sin cuestionamientos”, afirmó Cordero.
Tales modelos de desarrollo no solo priorizan la dinámicas de producción y consumo de una sociedad claramente desigual, sino que también ocasionan que los sectores en condición de exclusión social sean los más afectados por estos acontecimientos. Cordero explica que, las poblaciones más vulnerables tanto a nivel rural como urbano se colocan en las zonas más riesgosas y donde fenómenos como Nate generan un impacto más constante y contundente sobre las vidas humanas.
“Viven a orillas de ríos, en terrenos con pendientes muy pronunciadas o con muchas fallas, porque son los lugares más accesibles económicamente, o incluso, llegaron ahí vía toma de tierras o invasiones, porque no les queda otro remedio” denuncia el académico.
Tales poblaciones carecen de pólizas que respondan por los daños o de ingresos suficientes para reponer lo perdido, pero además, antes de que terminen de recuperarse se exponen a convertirse nuevamente en víctimas de otros desastres que los condicionan a una sobrevivencia cada vez más precarizada.
Cordero asegura que para tratar de mitigar los efectos de estos fenómenos es necesario iniciar una lucha socio-política que cuestione este sistema económico que no sólo es insostenible, sino que también genera una distribución desigual de sus efectos.
Lejos de la implementación de políticas asistencialistas tras las emergencias, se plantea la necesidad de una planificación económica y social inclusiva y participativa, que tome en cuenta las demandas de las poblaciones en riesgo, e incluso, sus recomendaciones para la atención de las zonas más vulnerables.
Tal participación de la ciudadanía no sólo involucraría la transmisión de vivencias personales, sino también, de una memoria social que permita conocer las modificaciones que se han hecho a los territorios o los resultados obtenidos con determinadas prácticas productivas.
“Prevenir a mediano y largo plazo requiere negociación de diversas fuerzas sociales y políticas, atender desastres es muy importante pero no debe limitarse a políticas para la atención de emergencias” concluyó Cordero.
El paso de la tormenta tropical Nate evidenció la vulnerabilidad del país en materia de gestión del riesgo. Sin embargo, los investigadores de la UCR consideran que esta es una buena oportunidad para que a futuro se puedan implementar acciones más efectivas, tomando en cuenta las lecciones aprendidas en esta tormenta y en fenómenos anteriores.
Desde el ámbito de la Geografía, el MSc. Francisco Solano Mata y la Dra. Isabel Avendaño Flores aseguran que los efectos de Nate deben analizarse desde tres escalas: 1) la atmosférica y espacial, 2) la relación entre la movilidad del evento y el efecto orográfico de nuestro sistema montañoso y 3) la de orden territorial.
En la escala atmosférica, los expertos describen que Nate se extendió desde la costa de El Salvador hasta la costa de nuestro país, y que además –por su dinámica de movilidad –fue capaz de potenciar el desplazamiento de una gran cantidad de humedad atmosférica que se distribuyó de manera abundante en torno a nuestra vertiente pacífica (precipitaciones de 500mm).
Ambos expertos coinciden en que la movilidad del evento, sumada al efecto orográfico de nuestro sistema montañoso, hizo que la precipitación intensa sobre el relieve fomentara el aumento significativo del caudal de los ríos y la activación de procesos de remoción en masa y erosión intensa en las laderas. Esta situación aumentó la carga de los materiales acarreados por los ríos y quebradas, lo que provocó el colapso de puentes, carreteras e inundaciones en algunos lugares de la región pacífica.
Aunque el impacto del fenómeno de Nate involucró un gran conjunto de situaciones, entre ellas: el efecto de la localización geográfica del itsmo, la época del año, la ubicación de la zona de convergencia intertropical, las condiciones climatológicas y del efecto del sistema montañoso, los investigadores afirman que el impacto de Nate puede ser explicado por una tercera causa: el componente humano.
“Se debe considerar como una tercera razón, la escala del orden territorial, es decir el efecto que tienen las actividades humanas en el espacio, como por ejemplo la ubicación de viviendas, desarrollos inmobiliarios y aperturas de vías en zonas de dominio de los ríos y costas, situaciones que son muy recurrentes en el país y que ya han sido vividas y documentadas por efectos de fenómenos similares como Juana en 1998 y César en 1996”.
Desde la perspectiva de los investigadores, el país debe mejorar en materia de gobernanza y lograr la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial al 2040, una política pública que fue creada con el objetivo de fomentar la planificación de los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo.
Ante este panorama, los expertos consideran que el estado debe tomar en serio la propuesta y ejercer un efecto vinculante y obligatorio en todas las escalas (nacional, cantonal, local y personal) de las herramientas que provee la Política Nacional de Gestión del Riesgo al 2030.
Otro punto que mencionaron, es la implementación por parte de las autoridades de una política de “cero tolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias”, una práctica, que en su opinión, les ha permitido a muchos empresarios y constructoras desarrollar proyectos inmobiliarios y de vivienda en zonas de riesgo o espacios que no cumplen con la normativa.
Por último, los expertos de la UCR afirman que es urgente fortalecer la comprensión educativa de los ciudadanos en materia de geografía, donde se incluyan los diferentes ámbitos de acción (nacional, regional, local e individual).
Durante los últimos 40 años, la mancha urbana se ha triplicado. Según datos del Estado de la Región y del Estado de la Nación del 2016, en Costa Rica, su capital y zonas periféricas, se pasó de 15.000 ha en 1995 a más de 20.000 ha en 2014, lo que representa un crecimiento del 46,5%, en una década. De 1975 a 2014 el crecimiento fue de un 157,5%, lo que hace visible la acelerada expansión que se ha dado en esta zona.
En términos demográficos también se dio un marcado crecimiento. Entre 1984 y 2011, la población de los cantones que conforman la GAM pasó de 1.288.082 a 2.268.248 personas.
Estos datos, sumados al casi nulo ordenamiento del territorio, generan crecientes niveles de riesgo para la población, la infraestructura pública y privada y las actividades económicas que se desarrollan en esos territorios, lo que se traduce en pérdidas económicas y humanas cuando ocurren desastres.
Para el Ing. Luis Zamora González, coordinador de Produs, una de las principales razones que provocan importantes impactos, como los ocasionados por la tormenta Nate, es la deficiencia que tiene el país para lograr un adecuado ordenamiento del territorio.
El proceso de ordenamiento territorial tiene como una de sus herramientas la planificación y como instrumento el plan regulador. En un país como Costa Rica es importante contar con este tipo de guías que permitan decidir la manera más adecuada para el crecimiento urbano.
Cuando se realizan los diagnósticos se obtiene información indispensable dentro de la cual se incluyen zonas de riesgo y amenazas que puedan afectar a las poblaciones que habitan en estos lugares. Esto es un insumo para que los gobiernos locales tomen decisiones al respecto. Los planes reguladores dan lineamientos y buscan establecer el correcto uso del suelo y así evitar problemas para las poblaciones que habitan en esas zonas.
“Mucho de lo que se ha hecho en el país no tiene una planificación de ese tipo porque no todos los cantones tienen un plan regulador, entonces hay una deficiencia inicialmente en cómo crecemos. Aparte de que, cuando está el instrumento para ejecutarse hay problemas políticos, pues a pesar de que se hace entre una parte técnica y la administración municipal, al final lo aprueba el Concejo Municipal”.
En la actualidad hay 31 cantones con un plan regulador vigente, sin embargo, no es un plan cantonal, si no de carácter parcial: 18 cantones sin plan regulador, 11 con el plan en proceso y 21 cantones sin plan regulador, pero con algún proceso iniciado.
Según explicó Zamora, las condiciones socioeconómicas de la población tienen como consecuencia que las personas ocupen zonas de riesgo para habitarlas y si no se encuentran soluciones tempranas, los asentamientos suelen hacerse más grandes, agravando la problemática y los posibles impactos.
Un ejemplo de esto es la invasión de los cauces de los ríos, que aunque existe legislación que crea zonas de protección, aun así las personas construyen en estos lugares, lo que pone a la población en condición de vulnerabilidad.
El impacto de los desastres en la capital responde a debilidades en el control de los usos de la tierra en los márgenes de los ríos, deficiencias en el manejo de residuos sólidos, impermeabilización de suelos y el mal estado y antigüedad del sistema pluvial
Para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos, el Ing. Zamora fue enfático en decir que el país debe invertir en el análisis y la investigación que ofrezca datos para solucionar los problemas antes de que ocurran otros eventos similares o mayores a la tormenta Nate o al huracán Otto, por mencionar los más recientes.
En este sentido, es recomendable hacer inventarios de las poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo, con el objetivo de re asentarlas o buscar las alternativas necesarias.
En los casos en que el re asentamiento no fuera posible, Zamora manifestó que se pueden hacer estudios a partir de modelos y posibles escenarios para así establecer sistemas de alerta temprana, que se activen cuando se alcancen las condiciones límite.
La tormenta Nate, así como otros fenómenos naturales como el huracán Otto, han dejado al descubierto que las características geológicas no son incorporadas en los procesos de desarrollo y de gestión del riesgo en Costa Rica, a nivel municipal, institucional, gubernamental y educativo.
A criterio de los expertos en Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el responsable del impacto de estas lluvias no fue tanto el cambio climático, sino la intervención humana. Un ejemplo claro fue el hecho que no se presentaron deslizamientos masivos, sino casos puntuales de mal manejo de aguas y construcciones informales en la margen de los ríos.
El problema radica en que las características del suelo y geológicas no son criterios tomados en cuenta en el desarrollo urbano. A este factor se une una desordenada ocupación del terreno en pendientes fuertes y áreas de deslizamiento, áreas de depositación aluvial (sedimento), llanuras de inundación en ríos y quebradas.
En Costa Rica existe una formación geológica reciente y, por tanto, muy dinámica. A lo largo del territorio se localizan pendientes muy fuertes, suelos poco resistentes, fuerte humedad y rocas alteradas. El suelo busca su equilibrio por medio de un proceso natural que se denomina denudación del relieve, que consiste en el desprendimiento de la corteza provocada por la acción erosiva.
Por ello, ante eventos extremos como fue la tormenta tropical Nate, los suelos tienden a ceder. Hay suelos más susceptibles que otros. El problema se agrava con la intervención humana mediante la deforestación y un desarrollo urbano desordenado sin tomar en cuenta las características geológicas.
Tras la realización de más de 180 inspecciones para valorar el impacto de Nate por parte de especialistas de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR, corroboraron el crecimiento alarmante de la ocupación informal, aunado a la poca o nula supervisión del desarrollo del territorio por parte de las municipalidades. Estas, además, no cuentan con instrumentos suficientes para regular el uso del suelo y la construcción de infraestructura pública y privada bajo condiciones seguras o de riesgo aceptable.
Nate dejó en evidencia la actual condición de vulnerabilidad nacional, no solo en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales, donde la construcción informal prolifera y en la mayoría de los casos bajo condición de alto riesgo.
Así lo señala Rolando Mora Chinchilla, geólogo de la UCR, quien enfatiza que el impacto de la tormenta se convirtió en un repaso de las zonas afectadas años atrás. “Es un repaso cada vez más doloroso, ya que Nate nos demuestra que no aprendimos la lección de eventos extremos que datan del siglo pasado, como fue el impacto indirecto de los huracanes Juana, César y Mitch. Las mismas zonas son afectadas pero con un claro aumento de la vulnerabilidad social”, advierte.
En la actualidad se cuenta con tecnología avanzada como la información satelital, perforadoras y sistemas de información geográfica, entre otras. Sin embargo, no es aplicada por parte de los sectores encargados de tomar las decisiones. “La emergencia demostró que hay un retroceso que está pasando la factura”, puntualiza Mora.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, de los 133 cuadrantes en que ha sido dividido el país, solamente 30 cuentan con mapas geológicos a escala 1:50.000, equivalente al 22 % de la cobertura total. Lo anterior evidencia que se carece de más de tres cuartas partes de la información fundamental para realizar los planes reguladores, el manejo y la protección de los recursos naturales, entre otros factores.
Giovanni Peraldo Huertas, profesor e investigador de la Escuela de Geología señala la urgencia de mejorar la base cartográfica de Costa Rica para contar con mapas detallados e incorporarlos en los planes de ordenamiento territorial.
Es necesario, puntualiza Peraldo, “la existencia de herramientas básicas, como los mapas de áreas de inundación, inventario de laderas inestables y mapas geológicos, a una escala adecuada que permita contribuir en la implementación del ordenamiento territorial”. Para ello, se requiere que los gobiernos locales incorporen en su planilla a profesionales especializados en la gestión del riesgo, entre ellos, los geólogos, puntualizó.
Resalta, además, que las instituciones encargadas de la gestión del riesgo deben ser apolíticas. Al respecto, el director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Mora, coincide con este planteamiento.
Sostiene, además, que el Gobierno debe avanzar hacia la creación de un Servicio Geológico que permita concentrar y gestionar todo lo relativo a los recursos geológicos (agua, minería, entre otros), así como liderar los procesos de ordenamiento territorial con base en los procesos geológicos.
Mora subraya que “la geología es un tema transversal en el proceso de desarrollo de un país y desde la Escuela de Centroamericana de Geología tenemos que hacer ver ese papel de la Geología en la sociedad”.
El principal reto es el posicionamiento de la Geología en la cultura costarricense como una disciplina fundamental, a nivel de municipal, institucional, gubernamental y educativo, concluyen los expertos.
Por lo general se suelen ver las consecuencias negativas que provocan las inundaciones en el ámbito humano. Sin embargo, este fenómeno natural, que a primera entrada podría considerarse perjudicial, permite la renovación natural del suelo, su fertilización con numerosos nutrientes y nuevas capacidades productivas. Este hecho hace que Costa Rica posea un proceso agrícola y ganadero sostenible en el tiempo, que se logra mediante uno de sus aliados más importantes: los ríos.
De acuerdo con el Ing. Rafael Oreamuno Vega, director del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (Ciedes) de la Universidad de Costa Rica (UCR), los ríos son claves para desarrollar importantes funciones ecológicas, ambientales, biológicas y socioeconómicas. Al haber una inundación esas contribuciones se potencian, pues los altos niveles de agua movilizan elementos esenciales para el desarrollo vegetal.
El problema es que Costa Rica no sabe beneficiarse del uso de las planicies de inundación, una situación que se acompaña de un mal manejo de residuos sólidos y un inadecuado desarrollo habitacional.
“La tormenta tropical Nate no fue un evento extraordinario. Ya hemos tenido situaciones de esta magnitud. Hay que tener claro que las inundaciones son un proceso natural y gracias a ellas las planicies son productivas. Ahora bien, lo que sí ha pasado es que la cantidad de habitantes ha aumentado y no se ha alcanzado un desarrollo en armonía con la naturaleza. Las personas construyen en puntos vulnerables de los cauces, en zonas con un claro peligro de deslizamiento e inundación” manifestó.
Costa Rica posee 34 cuencas principales. En esos territorios se ubican casi 1.400 comunidades en lugares de alto riesgo de derrumbe según información de la Comisión Nacional de Emergencias. Este dato revela un deficiente proceso de planificación territorial que va de la mano con la construcción de precarias infraestructuras.
“La cuenca es una unidad de gestión y de división, pero en Costa Rica usamos los ríos para dividir zonas y no para agruparlas como unidad. Esto ha provocado que no se planifique de forma adecuada el uso del territorio. Lo que debemos hacer primero es entender su dinámica natural e identificar fortalezas y peligros de tal manera que usted sepa las implicaciones de vivir ahí”, indicó la Ing. Paola Vidal Rivera, investigadora del Ciedes.
Oreamuno señala que es clave “identificar las zonas, los tipos de suelos y la vegetación presente, entre otros aspectos, a fin de saber cuáles áreas pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades económicas y sociales, así como distribuir el recurso hídrico de manera que se alcance una mejor calidad de vida y un desarrollo social en armonía con la naturaleza”
Ya sea a nivel urbano o rural, las ventajas de una buena gestión de las cuencas permite establecer acciones orientadas a optimizar el recurso hídrico, disminuir la pérdida de suelo, la erosión, la contaminación de las fuentes de agua y las inundaciones cerca de los poblados.
Algunas de estas ventajas son la combinación de cultivos y árboles, los cuales fortalecen los terrenos de alta pendiente. También otras prácticas como la protección a la orilla de los ríos para retener el sedimento, la planificación de fincas para mejorar los rendimientos de producción y el desarrollo de alternativas como la pesca y el ecoturismo.
“Es necesario que se entienda que tenemos un país muy privilegiado pero también con riesgos asociados. Necesitamos que la gente entienda que construir en sitios no aptos conlleva riesgos y costos altos en medidas de protección y adaptación de las estructuras a las condiciones del sitio”, concluyó la Ing. Vidal.
Las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción ocasionadas por la Tormenta Tropical Nate dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las zonas agrícolas en prácticamente todas las regiones del país, desde la Región Chorotega y Pacífico Central hasta la Región Brunca.
Sembradíos completos de arroz que estaban para cosechar se inundaron y se perdieron, decenas de agricultores no pudieron sacar los productos de las fincas, miles de aves fueron arrasadas y los estanques de acuicultura quedaron inservibles. La Región Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca llevan contabilizadas pérdidas en producción agropecuaria superiores a los ¢3 mil millones de colones.
Pero los efectos de Nate sobre la agricultura continuarán manifestándose en los próximos seis meses, e incluso los pequeños y grandes productores de cultivos como la papaya o el banano sufrirán las consecuencias hasta dos años después. La capacidad de recuperación dependerá de los ciclos de producción de cada cultivo, según explicó Fernando Vásquez, agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA).
Álvaro Brenes, meteorólogo del IIA, quien se dedica a la vigilancia del clima con el propósito de informar a los agricultores sobre condiciones meteorológicas adversas, asegura que aunque han existido fenómenos de mayor intensidad, lo que hizo más peligroso a Nate fue la condición previa de saturación de suelos, caudales aumentados en los ríos y una respuesta tardía de los organismos nacionales.
De acuerdo con los especialistas, la inversión en infraestructura y prácticas de conservación de suelos en zonas agrícolas, la implementación de un sistema de información climática para los agricultores y sistemas de alerta temprana son fundamentales para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos en el sector primario.
Señalaron, además, la necesidad del planeamiento de escenarios potenciales de afectación a nivel regional, la identificación de zonas de fragilidad de las cuencas, el reconocimiento de los niveles críticos de los ríos y la activación de un sistema de alerta temprana como algunas de las medidas a tomar.
Una de las prioridades debe ser invertir en infraestructura e implementar prácticas que conlleven a la conservación del suelo, particularmente en laderas, como coberturas, barreras vivas y muertas o siembra en contorno. En zonas bajas es necesario invertir en la construcción o rehabilitación de sistemas de drenaje como los construidos por la Compañía Bananera en las fincas de Palmar, que permitían canalizar adecuadamente el exceso de lluvias.
Cada productor además, debe tener una estrategia planificada de lo que ocurre con el agua que caerá en su finca y cuál es el rumbo que tomará según la disposición de los cultivos; esto puede ayudar a prever los caudales potenciales y esperables que se unirán al agua de una región y cuánto se logrará infiltrar, explicó Henríquez.
Otro aspecto fundamental que debe fortalecerse en nuestro país es la generación y disponibilidad de información relevante para los agricultores como información climática, análisis de suelos y plantas, caracterización de fincas y rutas de acceso e información de mercados. Esta estrategia debe acompañarse con la capacitación de los agricultores y agricultoras para garantizar que tengan acceso a las diferentes tecnologías de la información disponibles en forma rápida y sencilla, por ejemplo a través del teléfono móvil.
Tres días duró el paso de la tormenta tropical Nate por territorio costarricense, siendo el jueves 5 de octubre el día que más fuerte se sintió este fenómeno; solo bastó esa corta embestida para que gran parte de la infraestructura vial del país colapsara y presentara daños considerables.
Pero, ¿cuáles son las razones por las que la infraestructura vial cedió ante un lapso torrencial de lluvia como el que presentó la tormenta Nate?, el Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del LanammeUCR, indicó que esto obedece a que “en Costa Rica no se han incluido adecuadamente las variables climáticas en el diseño de obras de infraestructura».
Cuando hay daños importantes, en vez de mitigar la vulnerabilidad mediante trabajos que disminuyan sus efectos, solo se replica prácticamente la obra anterior, por eso ocurren los mismos daños”, puntualizó el experto.
Los ingenieros Rolando Castillo Barahona, Esteban Villalobos Vega (ambos del LanammeUCR) y Alberto Serrano Pacheco (profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, EIC) señalan que los puentes y alcantarillas que cruzan los ríos se convierten en obstáculos que limitan el flujo del agua, que arrastran árboles, rocas y sedimentos.
“Entre los daños que pueden presentar las estructuras viales están la erosión de los márgenes de los ríos, el movimiento lateral de los cauces, la socavación en diferentes estructuras como los bastiones, pilas y rellenos de aproximación, así como la inundación de planicies, entre otros”, añadieron los especialistas.
Algunas de las propuestas dadas por estos expertos del LanammeUCR y de la EIC para lograr mitigar los daños que provocan las tormentas son: contar con un inventario de todos los puentes del país que se actualice cada dos años, que incluya información sobre la condición estructural, sísmica, hidráulica y de seguridad vial; elaborar un manual o lineamiento oficial en el que se indiquen los requerimientos mínimos que necesita el diseño hidráulico de puentes (actualmente no se cuenta con esta normativa); y crear una guía que permita evaluar aspectos hidráulicos de puentes para identificar elementos indicativos de vulnerabilidad del puente y del cauce.
El Ing. Loría Salazar agregó que, “hay que invertir, a pesar del costo, en obras de infraestructura vial que estén diseñadas para resistir el embate de fenómenos de cierta magnitud y, eventualmente, estudiar la relocalización de pueblos y edificaciones que se encuentren en zonas vulnerables”, subrayó.
De acuerdo con el informe preliminar del impacto en infraestructura vial tras el paso de la Tormenta Tropical Nate de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los daños ascienden a $127 millones, de los cuales se contabilizan 117 carreteras de las rutas nacionales y 423 puentes reportados con daños.
El tema climático no se debe reducir a lo “ambiental”, debe incluirse en el presupuesto nacional y contabilizarse en las cuentas nacionales
Los efectos de la tormenta tropical Nate y de otros desastres tocan las bases de las finanzas públicas, sus costos crecientes obligan a planificar los que podrían significar pérdidas por riesgos naturales, que se calcula podrán superar al 2030 los $7.000 millones.
Se trata de una cifra que, según los pronósticos de pérdidas económicas y sociales citados por la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, superará la capacidad nacional, de no tomarse las medidas para poder financiar y planificar el riesgo.
Aunque estudios del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica (Cigefi), citados por el Semanario Universidad, advierten que al menos el número de ciclones no ha aumentado en el tiempo, sí lo hacen los impactos de cada nueva emergencia y por ende también suben las pérdidas que genera.
El financiamiento de la reconstrucción tras los desastres es un tema pendiente, solo en el caso de la pasada tormenta tropical Nate, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estimó que las pérdidas superan los $380 millones. El dinero se financió en una primera etapa con recursos propios de las instituciones, pero el Ministerio de Hacienda deberá asumir el costo mayoritario con deuda.
Lo anterior implica que la mayor parte de los efectos de Nate se sumarán al alto déficit fiscal del país, agravándose su situación con cada nueva emergencia. Para el cierre del 2017 la diferencia entre los ingresos y los gastos de Costa Rica será un faltante del 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra es la más alta de las últimas tres décadas y supone una estrechez financiera agobiante.
La situación no es sostenible y lo será mucho menos si las proyecciones por riesgo no se incluyen en los presupuestos.
“Un país no puede decir que es sostenible si la inversión y la infraestructura que sustenta el desarrollo no está protegida ante las amenazas” asegura Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Para el economista experto en clima, Marcos Adamson Badilla, de la escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, la planificación del riesgo debe obligar necesariamente a estandarizar las formas que tenemos para contabilizar y valorar las pérdidas.
Hoy, es la CNE, ente rector en materia de gestión del riesgo, la única que hace ejercicios que son calificados por Adamson como exhaustivos, pero que deben ser llevados a estándares que permitan dar seguimiento de las pérdidas por emergencias en relación con el PIB y que estas estén disponibles y presentes cada vez que se analicen las cuentas nacionales. Hoy por ejemplo, es difícil reconocer el impacto de las emergencias en la formación bruta de capital.
Lo anterior supone también flexibilidad por parte de la Contraloría General de la República, para generar nuevos rubros presupuestarios, que permitan contabilizar partidas relacionadas con el manejo del riesgo.
La baja inversión pública en Costa Rica evidencia que el paso hacia una inversión planificada es una meta lejana.
Carlos Picado, funcionario de la CNE, señala que del presupuesto nacional solamente se destina un 1 % a la gestión del riesgo. Lo cual demuestra que la inversión es poca de acuerdo con el impacto de los desastres sobre Costa Rica.
El profesor Juan Andrés Robalino Herrera, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, advierte que para enfrentar los retos se debe al menos invertir en generar información de forma permanente sobre lugares de riesgo y estudiar los cambios en los patrones de lluvia; monitorear zonas de riesgo de forma permanente, ya que factores socioeconómicos pueden empujar a la población vulnerable a mantenerse e inclusive llegar a estos lugares donde el precio de la tierra es más bajo.
Son acciones que parecieran lógicas, pero la realidad, advierte Adamson, permite afirmar que incluso construcciones de residenciales financiadas con bonos de vivienda se han levantado sobre zonas de riesgo, hay sistemas de agua que datan de la colonia y en general las formas de edificación (puentes, carreteras y ciudades) no están adaptadas al cambio climático.
La conclusión es una: no somos un país sostenible.
Oficina de Divulgación e Información, UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Ante las lamentables denuncias de algunos grupos del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, respecto del uso del espacio denominado LACEUNA y Quilombo, la Rectoría de la Universidad Nacional comunica lo siguiente:
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector UNA
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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Ante las especulaciones de un pequeño grupo de estudiantes y particulares que han manifestado, que la Sección de Vigilancia de la UNA los agredió y los desalojó este miércoles 13 de diciembre del espacio físico conocido como LACEUNA y Quilombo, ubicado dentro del Campus Universitario Omar Dengo, nos permitimos compartir este VIDEO que demuestra lo contrario a lo dicho.
Como ustedes observarán, los estudiantes hicieron abandono voluntariamente de las instalaciones del mencionado “Quilombo”: A partir de ese momento los oficiales de seguridad de la UNA, cumpliendo órdenes tomaron posesión del mismo para, dar paso a su demolición. Fue entonces cuando los oficiales recibieron el embate de los estudiantes como ustedes observarán.
Podrán ustedes constatar en las imágenes de este video que los oficiales de seguridad de la UNA, nunca agredieron a ninguna de las personas de las que insistían una y otra vez en ingresar al lugar.
Cabe mencionar que este sitio fue declarado por la Universidad Nacional como un sitio de riego dado que los cimientos tradicionales se ubican en una capa de suelo con nula capacidad soportante, cuenta con los elementos estructurales principales ante solicitación sísmica con un concreto de baja resistencia (70% del mínimo requerido) y con refuerzos de varilla que no cumplen con criterios de acero mínimo según los códigos actuales.
De esta manera, con el conocimiento de estos aspectos y el monitoreo constante de este espacio, se determinó que las condiciones de riesgo fueron incrementadas por sobre saturación del suelo ocurrida durante la incidencia de la tormenta tropical Nate en el país y la ocurrencia del sismo de Garabito (Noviembre 2017).
Al considerar la gravedad del riesgo presentado en esta área, la Vicerrectoría de Administración como consecuencia del informe técnico de PRODEMI y la Proveeduría Institucional promovieron la contratación de urgencia para atender la intervención y demolición de este espacio, proceso que iniciaría el día lunes 11 de diciembre 2017, el cual fue postergado hasta este miércoles 13 de diciembre, para dar cabida al diálogo con los órganos Federativos de los estudiantes y otros grupos estudiantiles.
VIDEO
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.
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COMUNICADO RECTORIA UNA
12 de diciembre del 2017
UNA-R-OFIC-3763-2017
Comunidad Estudiantil Universidad Nacional
Estimada Comunidad Estudiantil:
Dadas las preocupaciones de los diversos grupos del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, respecto del uso del espacio denominado LACEUNA y Quilombo, una vez demolidas las edificaciones que actualmente ocupan ese espacio, según el criterio técnico, vertido en informe remitido mediante oficio UNA-PRODEMI-D-OFIC-413-2017, con fecha 06 de diciembre 2017.
La Rectoría de la Universidad Nacional, hace del conocimiento de toda la comunidad estudiantil, los siguientes compromisos:
1- La decisión de demoler las actuales edificaciones se toma basada en informe técnico y se respetaran las recomendaciones emanadas de dicho informe.
2- Se reconoce que ese espacio, fue, es y será de uso exclusivo de toda la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional, sin distingo de movimiento o afiliación política, social u otra que estos manifiesten. Por lo tanto las nuevas instalaciones que ahí se desarrollen conservaran esa naturaleza sin excepción.
3- La institución se compromete a gestionar oportunamente la asignación del contenido presupuestario necesario para el desarrollo del proyecto.
4- La administración se compromete a reconocer que la competencia, para la definición de las características del proyecto recae completamente en el colectivo de estudiantes de la Universidad Nacional. Esto dentro del marco de las posibilidades presupuestarias y de las características topográficas del terreno. Este proceso se ejecutará de la siguiente manera: En primer lugar se realizara una convocatoria abierta a toda la población estudiantil de la Universidad Nacional, con el objetivo de conocer las propuestas de dicho sector, la misma se realizará en fecha a definir durante la primera semana de marzo de 2018.
Se realizará una segunda convocatoria con el objetivo de que la administración presente una propuesta construida a partir de los insumos recibidos en la primera sesión. Para recibir la retroalimentación que permita la validación de dicha propuesta, esta segunda sesión se convocará con quince días de anticipación, una vez que la administración haya procesado la información recibida en la primera sesión. Se realizará una tercera sesión con el objetivo de dar a conocer a toda la población estudiantil, el proyecto final debidamente validado, esta última sesión se realizará tres semanas después de la segunda sesión. Para todo este proceso se utilizarán todos los canales de comunicación existentes en la institución.
5- La administración en adelante se compromete a utilizar más eficientemente los canales de información disponibles para que toda la población estudiantil conozca de manera oportuna el desarrollo, de los proyectos de infraestructura y posibles afectaciones que estos tengan.
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector Universidad Nacional
*Imagen de portada con fines ilustrativos.
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.
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La Dirección de Extensión Universitaria de la UNED es la dependencia vínculo entre la Universidad y la sociedad y pretende beneficiar a todas las personas sin importar su escolaridad por medio de proyectos de extensión, servicios a la medida y una oferta cuatrimestral de cursos libres que fortalecen las capacidades de los participantes.
Los cursos libres, que suman más de 100, tienen una oferta cada cuatrimestre de capacitaciones que abarcan temas de gerencia, educación, tecnología, idiomas, cursos de manualidades y muchas otras destrezas. Más del 60% de los cursos se ofrecen en modalidad virtual.
La próxima matrícula presencial será del miércoles 17 al domingo 21 de enero del 2018 y se realiza en los Centros Universitarios de la UNED, menos en el Centro Universitario de Barrio Dent. En San José, la matrícula es en el Edificio de Extensión o Centro de Idiomas, ubicado en el costado Oeste del Mall San Pedro.
Algunos cursos que llaman la atención son los de hidroponía, técnica quiltig, organización de eventos y varios de cocina. También se imparten cursos para el mejoramiento profesional docente, educación especial y LESCO. En el tema de gerencia se capacita, por ejemplo, en “técnicas de importación: como realizar compras en el exterior” y “en gestión empresarial ¿cómo iniciar su empresa?” y muchos otros.
El Centro de Idiomas brinda Inglés para adultos, para adolescentes, inglés para empresas e inglés 100% en línea. También en la oferta está el francés, italiano y portugués. Los profesores son altamente capacitados, pues no solo saben el idioma sino que deben conocer de métodos pedagógicos. Cabe destacar además que el valor de los cursos de idiomas incluyen los libros.
En la temática de tecnología los cursos abarcan las ramas del diseño gráfico, ofimática, diseño arquitectónico y construcción, proyectos, desarrollo de software, además de un técnico universitario en computación e informática.
– Lista completa de cursos en: https://www.uned.ac.cr/extension/
– Para atención y consultas: De lunes a viernes de 8:00 am a 4:30:00 pm
– Teléfonos para información general: 2527-2527 / 2527-2254 / 2527-2252 / 2527-2247
Observación: La UNED permanecerá cerrada a partir del 15 de diciembre del 2017 y el personal de la Dirección de Extensión Universitaria estará disponible a partir del 15 de enero del 2018.
Martha V. Herrera Pérez / Comunicadora, Divulgación y Comunicación / Dirección de Extensión Universitaria / Universidad Estatal a Distancia / 2234 3236 Ext: 3424 / 8354 0331
Sitio web:
https://www.uned.ac.cr/extension/
Enviado por Extensión, UNED.
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Con un presupuesto anual de $60 millones destinados a la investigación científica, 1.424 proyectos en ejecución, 52 programas y 1.500 investigadores e investigadoras en diversas áreas, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR) es la unidad encargada de supervisar, coordinar, estimular y divulgar el conocimiento que se genera en esta institución.
Luego de 30 años de trabajo en el laboratorio con las bacterias, el investigador de la Facultad de Microbiología, Dr. Fernando García Santamaría, asumió como Vicerrector de Investigación en mayo de 2016, y desde esa fecha se ha dedicado a gestionar esta área sustantiva de la UCR y de gran importancia para el país.
Conversamos con García acerca de los procesos puestos en marcha hasta el momento, algunos logros y los principales desafíos. A continuación, un resumen de la conversación.
–¿Cuál es el papel de la Vicerrectoría de Investigación dentro del engranaje de la UCR?
Dr. Fernando García: «En nuestra labor de supervisar, coordinar, estimular y divulgar la investigación que se genera en la institución tenemos varios compromisos involucrados. La calidad y la excelencia académica es uno de ellos, lo cual implica que debamos plantearnos retos constantemente hacia una mejora en la gestión. Esto implica marcar un norte y cumplir con ese objetivo fundamental. Los otros compromisos tienen que ver con mejoras en la infraestructura, gestión de financiamiento nacional e internacional, la conformación de los grupos de investigación y en cuanto al recurso humano que lleva a cabo la investigación. Entre mejor sea esa capacidad humana para hacer investigación, mejor va a ser el resultado».
–¿Cuáles son los pilares sobre los que basa su gestión?
FG:El principal es el compromiso con la calidad y la excelencia académica de la investigación, como ya lo mencioné. Esto no es una meta que se cumpla y ya, sino que es una forma de buscar siempre cómo mejorar la investigación que hacemos.
El segundo pilar es el respeto a la diversidad. Hay una diversidad en tres términos: en el objeto de estudio, en la metodología de la investigación y en la forma en que los investigadores comunican el conocimiento, cómo lo expresan y en qué lo transforman. En esta diversidad uno tiene que aprender a discutir.
El tercer pilar es el fomento a la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. Las realidades son complejas en nuestra sociedad y los abordajes para generar conocimiento que ayude a la comprensión de esa realidad también deben ser multidisciplinarios y transdisciplinarios. Con esto no estoy minimizando la investigación individual que en muchos espacios siempre es válida. El esfuerzo que tenemos que hacer va dirigido a una investigación al más alto nivel posible y eso nos lleva a la necesidad de explorar nuevas formas de pensar, a pensar las cosas que no han sido pensadas antes. Muchas veces el enfoque unidisciplinario nos acerca de una manera a la realidad, pero la comprensión mayor se logra cuando hacemos esos abordajes multidisciplinarios y transdisciplinarios.
–¿Cuáles son los procesos y logros alcanzados desde que usted asumió el cargo?
FG: Los procesos de gestión de la investigación deben ser construidos de forma colectiva. Creo mucho en el trabajo colectivo y eso es lo que hemos hecho. Desde este punto de vista, uno de los logros es haber generado un espacio colectivo de discusión y reflexión, llamado informalmente los conversatorios de la Vicerrectoría de Investigación, en los cuales participan directores de centros e institutos, coordinadores de comisiones de investigación y los investigadores. Ese espacio permite a los investigadores hacer incluso una catarsis y quejarse del sistema, aunque también podemos identificar las dificultades y los puntos de mejora.
Asimismo, de forma colectiva hacemos un proceso de evaluación de la investigación, que consiste en identificar los aspectos que se pueden mejorar en la gestión. Elaboramos una especie de decálogo de las buenas prácticas de investigación. La investigación dentro de la UCR es desigual en el sentido de que hay grupos que están fuertemente consolidados, con una fuerte vida productiva, mientras que otros están en proceso de desarrollo y hay otros más pequeños que apenas empiezan a investigar. Cuando se tienen esas diferencias, uno se da cuenta que las necesidades son también diferentes. Así logramos identificar las buenas prácticas de investigación de los grupos consolidados y si nosotros fortalecemos esos grupos, la construcción del conocimiento de forma colectiva resulta mucho mejor. Los grupos consolidados se constituyen en escuelas de investigación, porque los investigadores más experimentados comparten con los más jóvenes las tareas de investigación y los que buscan consolidarse poseen investigadores en diferentes fases de desarrollo académico. Por lo tanto, la idea es que estos investigadores más jóvenes se vayan desplazando hacia el modelo de los investigadores consolidados.
Reconociendo las diferencias entre los diferentes grupos de investigación, vamos a replantear el financiamiento y el apoyo que les podemos dar. Por eso a partir de 2018 estableceremos un financiamiento diferenciado en los fondos concursables de investigación.
–¿De qué manera se distribuirán los recursos?
FG: Habrá dos tipos de fondos concursables: 1. El fondo semilla, que es específico para los grupos en sus fases iniciales, para que de manera guida se puedan desarrollar más. De la mano con lo anterior realizaremos una serie de talleres con la colaboración de investigadores consolidados sobre aspectos básicos desde cómo formular una pregunta de investigación y cómo hacer gestiones administrativas hasta cómo escribir propuestas de investigación en idioma inglés para gestionar fondos internacionales. 2. El fondo de mentoría que retoma esta figura del doctorado. Entonces vamos a establecer un programa de mentoría para que investigadores consolidados de mucha experiencia actúen como mentores de investigadores jóvenes y los ayuden a formarse en las capacidades de hacer investigación. Esos dos tipos de fondos buscan dar un impulso a los grupos que están empezando o que están en proceso de consolidación. Para los grupos consolidados vamos a destinar otros fondos para darles un empujón mayor. De esta forma estamos haciendo una diferenciación en cuanto a las necesidades de cada grupo.
Otros logros tienen que ver con haber participado en la negociación de un memorandum de entendimiento entre la Sociedad Max Planck para la Promoción de la Ciencia, de Alemania; el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Este es un gran logro institucional porque nos abre la posibilidad de hacer investigación conjunta con investigadores alemanes en una relación ‘de tú a tú». Ya hay al menos ocho grupos de la UCR que este año han iniciado ese proceso de colaboración académica con Alemania. Queremos crear un Instituto Max Planck en la UCR, como otros que existen en varios países de Latinoamérica. La Sociedad Max Planck tiene más de 90 institutos y centros de investigación en investigación básica, más de 22 000 investigadores y un total de 17 Premios Nobel.
Una de las consecuencias de ese convenio fue la traída al país del Túnel de la Ciencia, una exposición montada por la Sociedad Max Planck. Durante las seis semanas que estuvo en el país tuvimos la visita de más de 33 000 personas, especialmente de niños y adolescentes.
Además se firmó otro convenio entre el Micitt y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania para impulsar la colaboración entre grupos de investigación costarricenses con grupos alemanes. Se van a financiar en total diez propuestas. La UCR presentó 22, aunque aún no se conocen los resultados.
En este momento se está negociando un convenio con la Fundación Alemana para la Investigación para América Latina (DFG, por sus siglas en alemán), con el fin de conseguir financiamiento internacional para la cooperación conjunta entre los dos países.
Este trabajo ha sido el resultado del esfuerzo colectivo del equipo de la Vicerrectoría de Investigación, en particular de la Dra. Mónica Salazar Villanea, directora de Gestión de la Investigación, y de muchas personas investigadoras de diferentes áreas.
–¿Cuáles aspectos del quehacer de la Vicerrectoría de Investigación se deben fortalecer?
FG: La tramitología es uno de ellos, porque lo sufrimos todos los ciudadanos del país y también los investigadores. Entonces vamos a empezar a hacer una migración de los procesos que aún se hacen en papel al formato digital, para que al igual que la formulación de las propuestas de investigación, los procesos de evaluación y la presentación de informes también sean digitales.
Otra cosa es que en estos momentos no podemos vincular de forma sencilla la producción científica, como artículos, participación en simposios, libros, etc., con un proyecto de investigación en particular que nos permita medir el impacto de los proyectos y visibilizarlo. Por esa razón vamos a lanzar una plataforma digital que les permita a los propios investigadores subir sus propias publicaciones al repositorio institucional y vincularlas a sus proyectos de investigación.
También queremos hacer un trabajo intenso con el Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación (Siedin) para mejorar el papel de las revistas científicas de la UCR. Nuestras revistas científicas y libros deben tener el mayor nivel posible, justamente en concordancia con la excelencia académica. Para ello se está trabajando con el personal de la Vicerrectoría, con los directores y los editores de las revistas.
Otro tema sumamente importante que es necesario debatir es la propiedad intelectual. Vamos a iniciar la discusión para definir con los investigadores el norte que debemos seguir.
Igualmente, se necesita un debate en relación con el régimen académico y en cómo se valora la producción académica de nuestros investigadores. Por un lado nosotros apoyamos e impulsamos los estudios multidisciplinarios y transdisciplinarios de la institución, que es hacia donde se mueve el mundo de la investigación, pero al mismo tiempo la calificación de esa producción académica castiga el trabajo colectivo y premia el trabajo individual. Eso no tiene sentido, por eso se requiere impulsar un debate.
–¿Cuáles son las nuevas tendencias en el campo de la investigación científica que la UCR ha incorporado a su quehacer?
FG: Soy muy cuidadoso con esta respuesta, porque tal vez puedo ser muy injusto al mencionar solo algunas áreas y dejar por fuera otras. A título personal me parece que hay varias áreas muy relevantes. Una de ellas que veo con mucho potencial y que se está empezando a desarrollar muy fuerte es la investigación en la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE), en los campos de la inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, robótica, etc. También veo con mucho interés todo lo relacionado con las neurociencias. Si hay algo de nuestro cuerpo que nostros conocemos menos es el cerebro. El hígado de un ratón y el hígado humano son muy similares, pero el cerebro humano es muy diferenciado y hay muchas dudas al respecto. Esto me parece fascinante. Y más interesante aún sería la investigación de los dos temas anteriores juntos.
Otra área importante y que está en debate institucional son los derechos humanos. Este es un tema país y sobre el que la Vicerrectoría de Investigación piensa realizar un coloquio el próximo año.
Patricia Blanco Picado
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Con el objetivo de impulsar la movilidad social y de disminuir la creciente desigualdad en nuestro país, la Universidad de Costa Rica emprende diferentes acciones para continuar favoreciendo el ingreso y la permanencia de estudiantes procedentes de todos los sectores socioeconómicos y geográficos de Costa Rica.
Mediante el fortalecimiento de su sistema de becas, el aumento sostenido del número de cupos, las mejoras de infraestructura y otras acciones, la UCR ha logrado ampliar las oportunidades de ingreso de la juventud costarricense a la educación superior, y brindarle a su población estudiantil una serie de herramientas para que se forme de manera integral y concluya con éxito su proyecto académico.
Dentro de estas acciones afirmativas destaca el acompañamiento y la guía que la institución le brinda a la población estudiantil de secundaria previo a su ingreso a la universidad. A lo largo del año, la institución visita el 100% de los centros educativos del país con el fin de atraer y guiar a los y las colegiales en materia de admisión, concurso a carrera, sistema de becas, entre otros.
Asimismo, para promover la equidad, la UCR trabaja con los estudiantes de diferentes grupos sociales (población indígena, colegios de Sarapiquí y Nicoya) para ayudarlos a finalizar con éxito el colegio e instarlos a ingresar al sistema de educación superior. De esto trata el proyecto habilidades para la vida y el programa de tutorías estudiantiles en territorios indígenas (ver recuadro).
En este sentido, la institución también ha aumentado en un 40% el número de sedes de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica para evitar que la población estudiantil de secundaria se abstenga de realizar el examen por motivos de distancia y pago de traslado; y además exonera del pago de la prueba a estudiantes de recursos económicos limitados.
En esta línea de mejora, también se ha incluido dentro del proceso de admisión, una segunda posibilidad de ingreso denominada «Admisión Diferida», la cual favorece la participación de estudiantes de centros educativos cuya población resultó «subrepresentada» en la obtención de cupos regulares de nuevo ingreso. Por medio de esta segunda posibilidad de ingreso en el 2017 se asignaron 224 cupos nuevos en 118 carreras a estudiantes provenientes de 137 de todo el país.
Según la Msc. Ruth De La Asunción Romero, Vicerrectora de Vida Estudiantil (VIVE), todas estas acciones afirmativas de la Universidad de Costa Rica tienen como fin cumplir con la misión de promover la equidad y formar estudiantes integrales al servicio del país.
“Desde el 2012 nos reunimos como administración para determinar cuáles serían los aspectos claves de abordar para el logro de una mayor equidad, llegando entonces a la conclusión de que como universidad públicas estábamos llamados a contribuir con las etapas previas de la educación superior, en las cuales encontramos los mayores y principales escollos para la posibilidad de ingreso a la UCR; asimismo nos planteamos la necesidad de trabajar en el propio proceso de admisión para favorecer una mejor representación de los diferentes educativos que hay a nivel nacional”, expresó De la Asunción.
En su opinión, las estrategias de avance de la equidad y las mejoras del sistema de admisión se constituyen uno de los principales aportes de la Universidad de Costa Rica a la sociedad costarricense, en los últimos años.
“Hemos logrado conocer las diferentes realidades de los centros educativos y las motivaciones que llevan a los y las estudiantes a continuar o no estudios universitarios; en materia de admisión, hemos logrado aumentar el número de las sedes de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica lo largo y ancho del país, también aumentamos el número de exoneraciones del pago del examen; se han reforzado muchísimo las visitas a colegios; respondemos en un tiempo oportuno las miles de solicitudes de adecuación para realizar la PPA. Pero quizás, la acción más visible es la creación de una nueva fase de asignación de cupos que hemos denominado admisión diferida y que abre mayores posibilidades de obtener un cupo de admisión a la UCR; esta nueva etapa ha contribuido de manera efectiva en la reversión de una tendencia que se venía dando en los años previos al 2012, de una disminución lenta pero sostenida de la representación estudiantil proveniente de colegios públicos”, explicó De la Asunción.
De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de Registro e Información, esta nueva fase de ingreso a la UCR (Admisión Diferida) ha beneficiado en su mayoría (90% del total de admitidos) a estudiantes provenientes de centros educativos públicos.
“Mediante las diferentes estrategias de promoción de la equidad, incluyendo la admisión diferida, hemos logrado que la representación estudiantil que proviene de colegios público vaya en aumento de manera sostenida, en los últimos años; todas esta estrategias mueven el sentir a nivel de centros educativos y dentro de las comunidades al convertirse en experiencias positivas que a su vez motivan a nuevas generaciones a fijarse metas que incluyen como una posibilidad real el cursar estudios universitario” aseguró la vicerrectora.
Actualmente alrededor del 65% del total de la comunidad estudiantil de la Universidad de Costa Rica proviene de colegios públicos.
Asimismo, la Universidad de Costa Rica logró aumentar del número de estudiantes admitidos a la institución, tras pasar de 7.894 jóvenes en el 2014 a un total de 9.027 estudiantes en el 2017. El próximo año, se ofrecerán alrededor de 9653 cupos para estudiantes de nuevo ingreso.
Con el objetivo de lograr la permanencia y la graduación de su población estudiantil, la UCR también ha realizado grandes esfuerzos para aumentar el presupuesto del sistema de becas, con el objetivo de brindarles un mejor acompañamiento a los estudiantes que necesiten apoyo socioeconómico.
Según datos de la Oficina de Becas y de Atención Socioeconómica (OBAS), en los últimos 4 años la Universidad de Costa Rica aumentó en un 237% su inversión en becas, tras pasar de 11.669,5 millones en el 2013, a un total de 24.400,0 millones en el 2017. Esta inversión se constituye como uno de los presupuestos más altos para becas no reembolsables, en términos per cápita, de toda América Latina.
“El presupuesto que se destina en nuestra institución al sistema de becas se ha triplicado en los últimos años, esto representa un esfuerzo institucional enorme, ya que esta es la segunda partida presupuestaria más grande de la UCR; gracias a esta inversión más de la mitad de nuestros estudiantes cuenten con apoyo del sistema de becas en alguna de sus categorías, y la mayoría de esta población cuenta con la categoría de beca más alta, la categoría de beca 5 que les brinda acceso a beneficios complementarios muy sólidos que les permiten cursar estudios en igualdad de condiciones” manifestó la vicerrectora.
De acuerdo con la OBAS, más de 21 mil estudiantes de la Universidad de Costa Rica recibieron algún tipo de beca durante el 2017; de ellos alrededor de 14.800 recibieron la máxima categoría de beca, conocida como beca 5, la cual incluye beneficios complementarios como: transporte, alimentación, préstamo de libros, reubicación geográfica, entre otros.
Asimismo, alrededor del 77% de los más de 9 mil estudiantes de sedes regionales cuentan con una beca socioeconómica.
Según la vicerrectora, la efectividad del sistema de becas de la Universidad de Costa Rica se ha visto reflejada en los diferentes estudios que indican que las becas son un factor fundamental en la permanencia y graduación de los y las estudiantes.
De acuerdo con una investigación de la OBAS, el contar con una beca socioeconómica aumenta en un 20% las posibilidades de graduación de un estudiante.
“Pudimos determinar por ejemplo, que a nivel de los procesos de graduación, la presencia de los y las estudiantes becarias es mayoritaria, entonces el aporte que hace el sistema de becas en articulación y en coadyuvancia con otros mecanismos igual de importantes como el acompañamiento académico, socioafectivo, en salud y otros, se perfila como una dinámica efectiva para el logro del mayor objetivo institucional: la graduación de nuestros estudiantes; hay evidencias claras de que la población becaria, así como la población estudiantil de sedes regionales, culmina su primer grado académico antes que la población estudiantil no becaria, ese es un logro muy importante si tomamos en consideración que un sistema de becas lo que pretende es llevar a los estudiantes a llevar estudios en igualdad de condiciones y en esta institución vemos un efecto que incluso rebasa esa finalidad” explicó De la Asunción.
Además de brindarle apoyo económico a la población estudiantil, la institución también vela por la formación integral y humanista de los y las estudiantes y les ofrece la posibilidad de participar en decenas de actividades artísticas, deportivas y culturales, así como en programas de liderazgo, promoción de la salud y de voluntariado.
“Más allá de la formación sólida y de calidad que reciben nuestros estudiantes también la UCR tiene como eje central la formación integral; como universidad estamos comprometidos con la sociedad costarricense en proveer ciudadanos y ciudadanas con conocimiento de punta, pero también formados en valores y principios solidarios que les muevan y que les impulsen a hacer aportes a una sociedad más equitativa, más inclusiva y con oportunidades para todas las personas que habitan nuestro territorio “ afirmó De la Asunción.
Desde su perspectiva, todas las oportunidades de formación integral que le ofrece la UCR a la población estudiantil, les permiten forjar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, disciplina, compromiso, entre otros.
Con el objetivo de seguir favoreciendo a la población estudiantil y de continuar formando profesionales de calidad en todas las áreas del saber, a futuro la Vicerrectoría de Vida Estudiantil pretende impulsar nuevos proyectos y mejoras en áreas que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Entre estos aspectos destaca el acompañamiento de la población estudiantil a lo largo de la carrera, “desde una perspectiva de uso efectivo, articulado y más coherente de los valiosísimos recursos institucionales” dijo la vicerrectora.
Asimismo, De la Asunción considera que se debe mejorar la planificación institucional en materia de la oferta académica. “En este aspecto hemos trabajado de manera ardua, re-balanceando por ejemplo la cantidad de cupos que se ofrecen en las diferentes sedes y recintos, apuntando a que la totalidad de la oferta académica de las unidades esté disponible desde la matrícula ordinaria” explicó De la Asunción.
Desde su perspectiva otro de los espacios de mejora para el 2018, radica en reducir el tiempo de retiro de matrícula con el fin de aprovechar de mejor forma los cupos disponibles.
“Lo que deseamos con esta propuesta es hacer un uso muchísimo más efectivo de los recursos institucionales, para el avance académico de la población, cuando esta administración inició en el 2012 nos encontramos con un problema de demanda insatisfecha, a lo largo de estos años se ha avanzado en la mejora de esta situación, y hemos llegado a la conclusión de que es necesario regular el período de retiro de matrícula, de forma que los cupos que una parte de la población estudiantil retira puedan ser asignados a otros estudiantes que deseen llevar estos cursos, y puedan hacer uso de los mismo en un momento oportuno del semestre” señaló la vicerrectora. Por otra parte, la Msc. De la Asunción pretende mejorar el régimen de designaciones becarias, con miras a que la figura de horas estudiante, asistente y asistente graduado, impacte de manera más efectiva la formación integral de la población estudiantil. Además, la VIVE también enfocará sus esfuerzos fortalecimiento del enfoque de promoción de la salud tanto en la comunidad universitaria como a nivel país.
“Este es un eje muy importante, ya que si nos unimos como población universitaria podemos influir a nivel nacional en la promoción de estilos de vida saludable, buenos hábitos, prevención de las enfermedades, entre otras” dijo De la Asunción.
Por último, uno de los mayores proyecciones de la VIVE para el 2018 radica en el remozamiento del Sistema Informático de Aplicaciones Estudiantiles (SAE), proceso que estará a cargo del Centro de Informática.
Acciones de la UCR para promover la equidad en el ingreso
| El proyecto de Habilidades para la vida: comunicativas y de razonamiento cuantitativo es una iniciativa que impulsa la Facultad de Educación junto con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y mediante la cual se le brinda apoyo a estudiantes de secundaria que provienen de colegios de Sarapiquí y Nicoya en donde pocos de sus alumnos han logrado ingresar al sistema de educación superior.
A través de este plan piloto, la UCR se traslada a estas regiones y con el apoyo de los estudiantes de la Escuela de Formación Docente y Orientación le ofrece a estos colegiales, sesiones académicas en donde se les dan instrumentos para fortalecer sus destrezas y capacidades. Con esta propuesta curricular, la UCR pretende favorecer en esta población, el desarrollo de la toma de decisiones y de una actitud crítica ante las posibles soluciones a problemas que se le presentan, con el fin de que jóvenes sean constructores de su propio aprendizaje y contribuyan al rol que le corresponde en la sociedad. Entre el 2014 y el 2017 se han visto beneficiados con esta iniciativa alrededor de xxx estudiantes de Nicoya y Sarapiquí. Asimismo, la Vicerrectoría de Acción Social, realiza desde el 2015, tutorías estudiantiles en las comunidades Casona, Salitre, Yeri, Cabagra, Curré, Ujarrás, Kabebata, Usekla, China Kicha, Coroma y Sepeque, con la intención de aumentar las posibilidades de ingreso de los estudiantes de esos territorios. Gracias a esta iniciativa, cada año alrededor de 350 estudiantes de undécimo y décimo año de secundaria de estas comunidades reciben apoyo académico en materias como biología, inglés, español, cívica, estudios sociales y matemáticas. A estos colegiales también se les brinda asesoría en orientación vocacional. En estos tres años de ejecución, este proyecto ha beneficiado a más de mil estudiantes. |
Admisión diferida
A través de la Admisión Diferida, cada año, la UCR crea nuevos cupos en todas las carreras y sedes para una nueva fase de concurso, en el que participan únicamente estudiantes que provienen de centros educativos rurales y urbanos que quedaron subrepresentados en la admisión ordinaria.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Nicolas Boeglin (*)
Ante la declaración unilateral dada a conocer por el Presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, en abierta violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y al consenso sobre el estatuto internacional de Jerusalén por parte de la comunidad internacional (y ello desde hace 70 años), las reacciones no se han hecho esperar. El mismo día en el que se hizo pública la declaración norteamericana, el Secretario General de Naciones Unidas señaló en un comunicado (véase texto) que :
«In this moment of great anxiety, I want to make it clear: there is no alternative to the two-state solution. There is no Plan B. It is only by realizing the vision of two states living side-by-side in peace, security and mutual recognition, with Jerusalem as the capital of Israel and Palestine, and all final status issues resolved permanently through negotiations, that the legitimate aspirations of both peoples will be achieved«.
Una sesión urgente del Consejo de Seguridad realizada el 8 de diciembre evidenció la posición aislada de Estados Unidos ante todos los demás integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas (véase Acta S/PV.8128 en su versión en español).
Además del Secretario General de Naciones Unidas, los Estados como tal también han reaccionado a esta declaración norteamericana. Es lo que analizaremos en las líneas que siguen, en particular las manifestaciones hechas por los Estados de América Latina.
Desde el punto de vista jurídico, hay que recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido diversas resoluciones en las que no se reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén, al tiempo que la parte Oriental de la ciudad es considerada como «Territorio Palestino Ocupado«. En esas resoluciones se confirma la nulidad de las medidas legislativas y administrativas israelíes que pretenden transformar el estatuto jurídico de la Ciudad Santa, instando a Israel a derogar estas medidas y a abstenerse de llevar a cabo acciones similares en el futuro. La pretensión israelí de considerar Jerusalén como su capital mediante una ley adoptada en 1980 dio pie para que la resolución 478 (véase texto en español) del Consejo de Seguridad solicitara a los Estados Miembros retirar sus embajadas de Jerusalén hacia otras ciudades (procediendo muchos Estados a trasladarlas a Tel-Aviv).
Hace menos de un año, en diciembre del 2016, el Consejo de Seguridad adoptó una enérgica resolución, la Resolución 2334, en la que condena los asentamientos ilegales israelíes y la política de expansión y colonización en territorios palestinos, incluyendo la destrucción de casas habitadas por familias palestinas situadas en Jerusalén Oriental. En el texto adoptado (gracias a la abstención de Estados Unidos), el Consejo de Seguridad:
«1. Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera;
2. Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto«.
Sobre los pormenores de esta resolución, y los intentos algo desesperados del Presidente electo Donald Trump (aún sin ejercer su cargo) y los del Primer Ministro israelí para intentar frenar su adopción, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota publicada en Debate Global (Colombia) titulada «Consejo de Seguridad condena colonización israelí en Cisjordania y en Jerusalén Oriental» (disponible aquí).
Diversos Estados han reaccionado mediante comunicado oficial emitido por sus respectivos aparatos diplomáticos en el que repudian el anuncio unilateral hecho por Estados Unidos con relación a Jerusalén. Mediante estas manifestaciones oficiales, los Estados expresan, cada uno a su manera, su disconformidad, recurriendo para ello al variado léxico que ofrece la diplomacia. Notemos que no todos los Estados han optado por expresarse: de igual forma que los seres humanos, la ausencia de manifestación también puede entenderse como una forma de comunicar.
Con relación a los Estados que han optado por manifestarse, podemos citar por ejemplo en Europa, el comunicado emitido por España el 7 de diciembre, titulado «Posición española sobre Jerusalén«, en el que se puede leer que:
«El Gobierno de España desea reiterar su posición sobre el status de la ciudad de Jerusalén, que coincide con la recogida en diversas resoluciones de Naciones Unidas. Jerusalén constituye una de las cuestiones centrales del Proceso de Paz y debe ser objeto de negociación entre israelíes y palestinos. La mejor forma de garantizar las aspiraciones de las dos partes es la solución de los dos estados, Israel y Palestina, viviendo juntos en paz y seguridad. El status final de Jerusalén deberá ser la consecuencia de esas negociaciones«.
Por su parte, Turquía fue más extensa en su comunicado oficial del 6 de diciembre titulado «Press Release Regarding the Statement of the US Administration Declaring That It Recognizes Jerusalem as the Capital of Israel and It will Move Its Embassy in Israel to Jerusalem«, en el que señala que:
We condemn the irresponsible statement of the US Administration that we learnt with great concern, declaring that it recognizes Jerusalem as the capital of Israel and it will be moving the US Embassy in Israel to Jerusalem. This decision is against international law and relevant UN Resolutions, as the annexation of Jerusalem by Israel has been rejected by international community and the UN. It has been recurrently emphasized by various UN Resolutions that Palestinian question can only be settled through the existence of an independent, sovereign and contiguous State of Palestine based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. It is unacceptable that the US, a Permanent Member of the UN Security Council, ignores this fact. Attainment of independence by Palestine is a historical, conscientious and humanitarian obligation. Turkey will continue to advocate this. The said decision, that will have negative reflections on the peace and stability in the region, also bears the risk of completely destroying the ground for peace. We call upon the US Administration to reconsider this faulty decision which may result in highly negative outcomes and to avoid uncalculated steps that will harm the multicultural identity and historical status of Jerusalem. These developments regarding Jerusalem will be taken up extensively at the OIC Leaders Summit and the Council of Foreign Ministers Meeting that will be held on 13 December 2017 in İstanbul upon the call made by H.E. President Erdoğan as the Summit Chair of the OIC.
Tal y como se puede apreciar, ante un mismo hecho, el abanico de posibilidades que ofrece la diplomacia es extremadamente amplio a la hora de redactar un comunicado oficial.
En América Latina, varios Estados han optado por expresar su profunda preocupación por la decisión unilateral tomada por Estados Unidos. A diferencia de España, que no reconoce aún a Palestina como Estado, pese a una asignatura pendiente desde finales del 2014 sugerida por el Poder Legislativo al Ejecutivo (Nota 1), los Estados de América Latina sí reconocen a Palestina como Estado (con dos notables excepiones: Colombia y Panamá). En razón de ello, los comunicados emitidos cobran mayor interés desde el punto de vista político y jurídico.
Con relación al reconocimiento de Palestina como Estado, nótese que el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en haberlo hecho fue Suecia en el 2014, posición que a la fecha no ha sido segundada por ningún otro Estado miembro de la UE (Nota 2).
Los Estados de América Latina que se han expresado sobre la decisión del Presidente Donald Trump lo han hecho de muy diversas maneras. Por ejemplo, Brasil señaló, en un escueto comunicado circulado el mismo 6 de diciembre, que:
«O governo brasileiro reitera seu entendimento de que o status final da cidade de Jerusalém deverá ser definido em negociações que assegurem o estabelecimento de dois estados vivendo em paz e segurança dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas e com livre acesso aos lugares santos das três religiões monoteístas, nos termos das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a resolução 478 de 1980, entre outras. Recorda, ainda, que as fronteiras entre os dois estados deverão ser definidas em negociações diretas entre as partes tendo por base a linha de junho de 1967.
O Brasil mantém relações diplomáticas com Israel desde 1949 e reconheceu o Estado da Palestina em 2010.»
A diferencia de Brasil, el aparato diplomático de Argentina optó por un comunicado mucho más extenso (Nota 3). En ambos casos, se optó por no mencionar en ningún momento a Estados Unidos en el texto del comunicado. La misma omisión se manifestó por parte, esta vez, de la diplomacia de Perú (Nota 4).
En cambio, varios Estados señalaron expresamente la decisíón norteamericana en su comunicado: es por ejemplo el caso de Chile (Nota 5), así como de Colombia (Nota 6), de Cuba (Nota 7), de Ecuador (Nota 8), de Uruguay (Nota 9),y de Venezuela (Nota 10).
En el caso de Uruguay, un segundo comunicado con fecha del 8 de diciembre vino a recordarle a la representante de Israel en Montevideo algunas reglas sencillas que, al parecer, desconocía. En efecto, en un comunicado titulado «Declaraciones de la Embajadora de Israel en Uruguay«, se lee que:
«En ocasión de las públicas declaraciones de la Embajadora de Israel en Uruguay, Sra. Nina Ben-Ami, expresadas a través de su cuenta de Twitter, se informa que en el día de la fecha la Sra. Jefa de Misión fue convocada a la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de brindar explicaciones sobre sus comentarios. En dicha instancia, en el marco de la tradicional relación de amistad y cooperación que une a Uruguay e Israel, se instó a la Embajadora Ben-Ami a mantener los intercambios gubernamentales por los canales oficiales correspondientes«.
Por tratarse de uno de los más extensos comunicados oficiales elaborados en reacción al anuncio del Presidente Donald Trump, se reproduce a continuación únicamente el comunicado de México, difundido desde el mismo 6 de diciembre del 2017:
«México mantendrá su Embajada en Tel Aviv
Comunicado No. 459.- México continuará manteniendo una relación bilateral estrecha y amistosa con el Estado de Israel
Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que mantendrá su Embajada en Tel Aviv, como es el caso hasta ahora de todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, de conformidad con la Resolución 478 del año de 1980 del Consejo de Seguridad, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU, relativas al estatus de la Ciudad de Jerusalén.
México continuará manteniendo una relación bilateral estrecha y amistosa con el Estado de Israel, como se evidenció en la reciente visita del Primer Ministro Benjamin Netanyahu a nuestro país, y seguirá también apoyando las reivindicaciones históricas del pueblo palestino.
México reitera su firme convicción de que una solución política y pacífica del conflicto debe producirse mediante negociaciones directas, sin precondiciones, entre las partes, que resuelvan los problemas sustantivos, incluido el estatus definitivo de Jerusalén.
México respalda el diálogo como el medio para resolver el diferendo entre Israel y Palestina, con base en la solución de dos Estados, es decir, el derecho de Israel y de Palestina a vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, tal como fue pactado en los Acuerdos de Oslo y ratificado por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas«.
Mediante estas manifestaciones oficiales, los Estados de América Latina responden, cada uno a su manera, a Estados Unidos (y también a Israel), recurriendo al vocabulario diplomático que juzgan más apropiado. Algunos Estados de América Latina han decidido, por alguna razón, no pronunciarse al respecto: es el caso de Costa Rica, Honduras, Panamá y Paraguay, cuyas cancillerías no han divulgado ningún texto.
Con relación a Costa Rica, cuyo reconocimiento de Palestina como Estado en el 2008 fue seguido por prácticamente toda América Latina en los años subsiguientes (Nota 11), no se ha circulado ningún comunicado oficial. A diferencia de la administración (2006-2010), que logró rectificar el rumbo de Costa Rica y saldar una deuda histórica de Costa Rica con Palestina y con el mundo árabe (Nota 12), la actual administración (2014-2018) se ha destacado por una extrema cautela: la discreción de Costa Rica se verificó con relación a una ley israelí adoptada a inicios del año 2017 (véase breve nota nuestra titulada «Reacciones en América Latina a ley aprobada en Israel que legaliza los asentamientos ilegales en Palestina» sobre esta y otras notables omisiones, publicada en ElPais.cr).
En febrero del 2017, lo que bien podría ser una infidencia imprevista para algunos arrojó un dato de cierto interés, al leerse en La Nación (Costa Rica) que «Netanyahu reconoce a Costa Rica como aliado de Israel» (véase nota).
Cabe recordar que muy cerca de Costa Rica, en el 2011, el Presidente de Panamá recibió el galardón «Light Unto the Nations Award» del influyente American Jewish Committee (AJC) por la lealtad y el apoyo de Panamá a Israel durante su mandato (véase nota). En el noviembre del 2012, al aprobarse en la Asamblea General de Naciones Unidas por 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones el estatuto de «Estado No Miembro Observador» a Palestina, el único Estado de América Latina en votar en contra fue Panamá, conjuntamente con Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y República Checa (véase breve análisis de este histórico voto editado en La Celosía).
Esta extrañeza acaecida en el 2012 con un Estado centroamericano recuerda otras anteriores. Cuando en 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó retirar las embajadas de Jerusalén a los Estados Miembros de la organización, de los 13 Estados con embajadas en Jerusalén, la mayoría pertenecían a América Latina: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Paises Bajos, Panamá, Uruguay y Venezuela. Estos Estados procedieron a trasladar sus embajadas a Tel-Aviv poco tiempo después. Como dato curioso, Costa Rica y El Salvador instalaron nuevamente sus embajadas en Jerusalén (en 1982 en el caso de Costa Rica, 1984 en el caso de El Salvador), contraviniendo las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad unos años antes y provocando la ruptura de relaciones diplomáticas de Egipto con ambos (véase nota de El Pais de 1984). La permanencia de ambas embajadas en Jerusalén hasta el 2006 fue considerada por la comunidad árabe como una verdadera afrenta, y explica que no es sino hasta después del 2006 que se reanudaron relaciones diplomáticas con algunos Estados miembros de la Liga Arabe y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) .
En el 2001, con ocasión de un voto masivo en Naciones Unidas reiterando la necesidad de retirar las embajadas de Jerusalén, se leyó por parte del Luis Guillermo Solís, entonces analista en política exterior, que «se trata de una decisión «política que refleja principios y valoraciones compartidas con Israel» (véase nota de La Nación).
A modo de conclusión
Más allá de lo que pudo haber movido a dos Estados centroamericanos en los años 80 a desafiar abiertamente la legalidad internacional y a mantenerse al margen de esta durante casi 25 años, el caso de la embajada norteamericana adquiere un alcance muy distinto. Como señalado por varios observadores, el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel-Aviv a la Ciudad Santa significa cruzar una verdadera «línea roja» con consecuencias extremadamente graves desde la perspectiva internacional.
La solicitud hecha personalmente por el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu este lunes 11 de diciembre a la Unión Europea para que imite a Estados Unidos encontró una negativa tan rotunda como unánime (véase nota de El Pais).
No cabe duda que con esta decisión, la administración del Presidente Donald Trump ha sentado un peligroso precedente cuyas consecuencias son impredecibles y podrían significar, entre muchas otras, una polarización aún mayor en Oriente Medio así como un recrudecimiento de acciones violentas.
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Notas
Nota 1: En efecto, el 18 de noviembre del 2014, el pleno del Congreso de España adoptó una resolución mediante la cual “insta” al Poder Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, con 319 votos a favor, una abstención y dos votos en contra. Véase al respecto nuestra breve nota titulada «El Congreso de España y el reconocimiento de Palestina como Estado: balance y perspectivas«, publicada en Debate Global (disponible aquí).
Nota 2: Sobre el alcance y el significado del gesto sueco, véase nuestra breve nota titulada «El reconocimiento de Palestina por parte de Suecia: perspectivas«, publicada en DIPúblico (Argentina).
Nota 3: El texto de Argentina emitido el 6 de diciembre se lee así:
«Estatuto de la ciudad de Jerusalén Información para la Prensa N°: 564/17 El Gobierno argentino entiende oportuno recordar su posición en favor de una solución de dos Estados conviviendo pacíficamente, en forma respetuosa, reconociendo las fronteras de 1967 y el estatus especial de Jerusalén de acuerdo a sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina reconoce el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, así como el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado libre, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociaciones. Al igual que la mayor parte de la comunidad internacional, la Argentina apoya el régimen internacional especial de Jerusalén, conforme lo establece la Resolución 181 (1947) de la AGNU, así como el libre acceso, visita y tránsito sin restricción a los Lugares Santos para los fieles de las 3 religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam), por lo que Argentina lamenta medidas unilaterales que pudieran modificar este estatuto especial».
Nota 4: El texto emitido por Perú fechado el 7 de diciembre se lee como sigue:
«Comunicado del Gobierno peruano sobre el estatus de Jerusalén. Con relación a los recientes eventos sobre el estatus de Jerusalén, el Gobierno del Perú expresa: · Que mantendrá su embajada en Tel Aviv, en estricto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establecieron el estatuto especial de Jerusalén. · Que el estatus final de Jerusalén deberá ser definido mediante negociaciones directas entre las partes con el acompañamiento de la comunidad internacional. · Que reitera su posición a favor de una solución pacífica y negociada que permita el establecimiento de dos Estados, Israel y Palestina, con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. · Que durante nuestra participación en el Consejo de Seguridad apoyaremos todas las iniciativas orientadas a reanudar las negociaciones de paz«.
Nota 5: El texto circulado por Chile el 6 de diciembre se lee así:
«Chile manifiesta preocupación por decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El Gobierno de Chile manifiesta su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El Gobierno de Chile, en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas, considera que Jerusalén es una ciudad con estatus especial cuya soberanía debe ser resuelta por Israel y Palestina; y califica como ilegal la ocupación y control israelí sobre Jerusalén Este. El Gobierno de Chile, consciente de la relevancia política, histórica y religiosa de Jerusalén, formula un urgente llamado a todas las partes involucradas a reconsiderar o a no adoptar decisiones que puedan incitar al odio y la violencia, obstaculizando aún más un proceso conducente a una solución de dos Estados y una paz sustentable entre Palestina e Israel«.
Nota 6: Difundido el 8 de diciembre, la diplomacia de Colombia se manifestó en un comunicado oficial en los siguientes términos:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con referencia a la decisión de la administración de Estados Unidos de trasladar la sede diplomática a Jerusalén, expresa la importancia de mantener las vías del diálogo y la negociación abiertas para una solución duradera del conflicto entre Palestina e Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que este tipo de medidas afectan las posibilidades de paz y estabilidad en la región y ponen fin a 70 años de consenso internacional sobre el estatus de Jerusalén«.
Nota 7: El texto de la diplomacia de Cuba circulado el 6 de diciembre se lee así:
«Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre el reconocimiento por Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expresa su más profunda preocupación y rechazo por la declaración unilateral por parte del Presidente de los Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel, lo que constituye una grave y flagrante violación de la Carta de la ONU, del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Esta intención del Gobierno de los Estados Unidos de modificar el estatuto histórico de Jerusalén vulnera los intereses legítimos del pueblo palestino y de las naciones árabes e islámicas, provocará graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente, aumentará aún más las tensiones en esta región e impedirá cualquier esfuerzo encaminado a reanudar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Cuba llama al Consejo de Seguridad a cumplir la responsabilidad que le otorga la Carta de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a adoptar las decisiones necesarias y a exigir a Israel el fin inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y de las políticas agresivas y prácticas colonizadoras, así como el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por ese órgano sobre la situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión Palestina. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica que Cuba continuará apoyando una solución amplia, justa y duradera para el conflicto palestino-israelí, sobre la base de una solución de dos Estados, que permita a los palestinos el derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental y las fronteras previas a 1967.
Nota 8: El comunicado oficial de Ecuador, difundido el 7 de diciembre, se lee como sigue:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar su embajada a esa ciudad, por ser contraria al derecho internacional, a las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a este tema. La declaración de Estados Unidos menoscaba los esfuerzos internacionales para la búsqueda de una solución negociada, justa y duradera en la región. Ecuador alerta sobre los efectos negativos que puede tener la decisión de dicho país en la recuperación de los diálogos de paz entre Israel y Palestina. Del mismo modo, Ecuador reitera su llamado a la comunidad internacional a apoyar una solución definitiva y justa en la región sobre la base de la existencia de los dos Estados, Palestina e Israel, con las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como capital palestina, como único camino para alcanzar la paz y la estabilidad en Medio Oriente«.
Nota 9: El comunicado emitido por Uruguay, con fecha del 7 de diciembre, señala que:
«Embajada de EEUU en Israel – Traslado a Jerusalem. El Gobierno de Uruguay reafirma su apoyo a la Resolución 181 (1947) e la Asamblea General de la ONU que establece la creación de un Estado judío y un Estado árabe en el territorio de Palestina, con Jersualem como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial; a la vez de expresar su compromiso con la Resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad de la ONU. En tal sentido, el Gobierno de Uruguay expresa su preocupación y discrepancia con la decisión del Gobierno de Estados Unidos, que no contribuye al imprescindible clima de paz y respeto mutuo necesario para alcanzar una solución justa, completa y duradera en Medio Oriente.
Nota 10: El comunicado oficial de Venezuela del 6 de diciembre se lee así:
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena decisión arbitraria de Estados Unidos de reconocer a la ciudad de Jerusalén, ocupada ilegalmente, como capital de Israel. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y del Gobierno Bolivariano, manifiesta su más firme repudio y condena ante la decisión arbitraria del gobierno estadounidense de reconocer a la Ciudad de Jerusalén, ocupada ilegalmente por Israel, como capital del Estado de Israel, así como de transferir a dicha Ciudad su Embajada. El Gobierno Bolivariano de Venezuela, rechaza toda acción arbitraria, unilateral e inconsulta, que busque afianzar la presencia ilegal del Estado de Israel sobre el Territorio Palestino Ocupado y su anexión de facto de la Ciudad de Jerusalén, hechos que socavan la soberanía del Estado y el Pueblo palestino, atentan contra la paz y estabilidad de la región, e influyen de manera trágica en los esfuerzos internacionales en búsqueda de una solución dialogada, pacífica, justa y duradera. La República Bolivariana de Venezuela, desde la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), y como país hermano de las causas justas del mundo árabe, considera este hecho una flagrante violación del Derecho Internacional, por lo que hace un llamado al apego a la Carta de las Naciones Unidas, y todas aquellas las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas que han sido aprobadas al respecto, en el marco de los esfuerzos conjuntos de la Comunidad Internacional en avanzar hacia una solución dialogada y al cese de las hostilidades y atropellos en contra de la nación palestina. En ese sentido, haciendo especial énfasis en la resolución 2334 (2016), en la cual el Consejo de Seguridad señaló “que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones”, haciendo además un llamado a las partes “a que se abstengan de realizar actos de provocación e incitación y de hacer declaraciones que enardezcan los ánimos, con el fin de, entre otras cosas, distender la situación sobre el terreno, restablecer la confianza, demostrando mediante políticas y medidas un compromiso genuino con la solución biestatal y crear las condiciones necesarias para promover la paz”. El Pueblo Bolivariano, históricamente comprometido con la justa Causa Palestina, aprovecha la ocasión para reafirmar su compromiso irrestricto con la consecución de una solución dialogada, pacífica y duradera al conflicto, así como para la concreción de la plena soberanía e independencia del hermano Estado de Palestina, reiterando su voluntad de hacer frente junto al valiente pueblo palestino a todas aquellas acciones arbitrarias e injustas, que como esta, atentan contra los Derechos Inalienables del pueblo palestino, y tan sólo buscan continuar sembrando el caos en la región del Medio Oriente«.
Nota 11: Después de Costa Rica en el 2008, el reconocimiento de Palestina como Estado encontró eco en Venezuela (abril del 2009), seguida por República Dominicana (julio del 2009), por Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), por Perú y Chile (enero del 2011), por Argentina (febrero del 2011), por Uruguay (marzo del 2011), y El Salvador y Honduras (agosto del 2011), sumándose así a los reconocimientos previos hechos por Cuba (1988) y Nicaragua (1988). Los últimos Estados de la región en hacer este reconocimiento fueron Guatemala en abril del 2013 y Haití en septiembre del 2013. Nótese que si bien México albergó una representación de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) desde 1975, no reconoce a Palestina como Estado. A la fecha, Colombia y Panamá de igual forma se mantienen en la región sin un reconocimiento formal de Palestina como Estado.
Nota 12: En agosto del 2006, Costa Rica procedió a anunciar el traslado de su Embajada de Jerusalén a Tel-Aviv, causando la ira de Israel (véase nota de prensa). En febrero del 2008, reconoció a Palestina como Estado, causando el mismo efecto. En un libro editado en el 2013, el ex Canciller de Costa Rica en el período (2006-2010), Bruno Stagno escribe: “Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alineaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto “correcto” de Costa Rica“. Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp.70-71.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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