La Vicerrectoría de Extensión como instancia rectora de la acción sustantiva de la Extensión Universitaria de la UNA, invita al III Congreso de Extensión Universitaria: Universidad Nacional dialogando en territorios. Concepto y Políticas de extensión 2018-2028.
El Congreso se realizará del 21 al 23 de noviembre, 2017 en el Campus de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón.
Un espacio académico para el debate, el diálogo, la reflexión del porvenir, retos, aciertos y desafíos que enfrenta la acción sustantiva universitaria con especial interés en la Extensión y su relación con una sociedad cada vez más compleja y cambiante que demanda en el quehacer académico, integralidad y crítica. Además de una institucionalidad que amerita de mayor intelectualidad para hacer frente a la complejidad social.
Podrá participar personal académico, administrativo, estudiantes, egresados, profesionales jubilados con trayectoria como extensionistas de la Universidad Nacional así como representantes de comunidades e instituciones que han participado en proyectos con la UNA que formulen una ponencia que responda a uno de los ejes temáticos establecidos para este Congreso.
Se insta al Congresista a la articulación de esfuerzos entre representantes de comunidades e instituciones en la postulación de la ponencia.
Este congreso dará la oportunidad de aportar el saber, el pensar y el sentir de la extensión universitaria en la UNA, con el fin de cumplir de manera pertinente su misión como la Universidad Necesaria en la sociedad actual.
Este martes 22 de agosto a las 8 a.m., se realizará la inauguración oficial del nuevo edificio del Centro de Estudios Generales, evento con el cual inicia el programa de actividades de la Semana del Nuevo Humanismo, que celebra el Centro del 22 al 25 de este mes
Este martes 22 de agosto tendrá lugar la inauguración del nuevo edificio del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional (CEG-UNA), Centro que promueve la formación de los estudiantes, bajo el principio del humanismo dictado por el Estatuto Orgánico de la UNA y el cual llama a la “promoción de la justicia, el bien común, el respeto irrestricto a la dignidad humana y a los derechos de las personas y la naturaleza”.
En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), financiado por el gobierno de la República con recursos del Banco Mundial, el Centro de Estudios Generales se propuso la renovación de su programa académico sobre la base del desarrollo de los ejes de horizontalización, virtualización, internacionalización y comunicación intercultural e intergeneracional.
El diseño y construcción de este edificio viene a complementar el reto del Centro sobre la base de estos ejes, trascender de lo multidisciplinario a lo inter y transdisciplinario. Se espera que esta infraestructura contribuya a potenciar estos ejes, así como la interdisciplinariedad en todas las áreas de acción sustantiva del Centro.
La iniciativa del PMES procura formar personas autónomas, creativas, capaces de desarrollarse profesionalmente en armonía con su entorno social y natural, así como colaborar en la permanencia y el éxito estudiantil.
Siendo el CEG la puerta de entrada de los estudiantes a nuestra institución, y en ese sentido, se considera que la buena acogida que se les brinda desde esta unidad académica incide en su permanencia en la institución.
El nuevo edificio consta de cuatro niveles, con un área 2.257 m2 y fue construido a un costo de US$3.004.079 y está ubicado en el Campus Omar Dengo. Este edificio resuelve un problema de caducidad de la vida útil de las viejas instalaciones del Centro, que se caracterizaban por ser de las más antiguas de la Institución.
Semana del Nuevo Humanismo
El programa de actividades de la Semana del Nuevo Humanismo, que arranca el 22 de agosto a las 8 a.m., con la ceremonia de inauguración este edificio, un desayuno típico y un recorrido por las instalaciones, continúa a las 9:30 a.m. con la mesa redonda “Reconocimiento a los aportes de Constantino Láscaris Comneno. Para las 7 p.m., en el auditorio Clodomiro Picado, está programado un concierto a cargo del pianista Jacques Sagot.
El miércoles 23 de agosto, la Comisión Ambiental del Centro celebra el Día por el Ambiente, con la conferencia Proyecto Humedales SINAC-PNUD “Cambio climático y humedales”, a las 8 a.m. en la Sala de Exdecanos.
El jueves 24 a las 10 a.m. se realiza la reinauguración de la Biblioteca “Constantino Láscaris”, acompañada por un intercambio de libros a lo largo del día.
El viernes 25 de agosto a las 10 a.m. se inaugura la exposición de afiches sobre las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en el Centro de Estudios Generales, la cual permanecerá abierto hasta el 25 de setiembre y es organizada con la colaboración de la Embajada de Japón. Esta se complementará con otras actividades: conferencia sobre “Bomba Atómica de Hiroshima y Nagasaki” (martes 29 de agosto a las 10 a.m.), taller de Origami (31 de agosto y martes 5 de setiembre, a las 10 a.m.) y proyección del video “Hiroshima: La Oración de las Madres”. La exposición y demás actividades son totalmente gratuitos y abiertos al público programada para las 10 a.m., se celebrará el Día del Estudiante, con la feria “Estudiante emprende”, de 8 a.m. a 5 p.m.
A partir del mediodía, el 25 de agosto, habrá actos culturales y el debate estudiantil “Debatiendo sobre mi realidad”, de 3 a 5 p.m. en la Biblioteca del Centro.
***Mayores detalles con Ana Lorena Jiménez, encargada de la unidad coordinadora de PMES 2277-3937 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Información importante para organizaciones integrantes del BUSSCO
Esto es una lucha de todos
Las Juntas de Salud del Este (San Pedro, Curridabat, entre otras) están luchando porque los servicios de salud sean asumidos por la CCSS y se detenga así la privatización.
Este jueves 24 a las 10 a.m. habrá una manifestación frente a las Oficinas Centrales de la Caja en Avenida Segunda, para exigir a la Junta Directiva un acuerdo a favor de las necesidades de los usuarios.
El día lunes 21 de agosto la Comisión Política del BUSSCO revivió una delegación de dirigentes comunales y se tomó el acuerdo de:
Convocar a todas las organizaciones del BUSSCO a participar activamente en la manifestación del próximo jueves, es por ello que les instamos para que firmen de manera responsable su participación a más tardar el día miércoles 23 de agosto con el compañero Keith al 8646 1392.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de chichicastedigital.com
Hay bastantes acusaciones sobre el involucramiento de los últimos cuatro gobiernos estadounidenses en la gestación, crecimiento y amamantamiento de la mayor bestia creada por la humanidad en la era actual, llamada en árabe DAESH, o en español Estado Islámico. Pese al crecimiento y al rechazo internacional de ese monstruo, los EUA, ahora encabezado por un peculiar presidente, le sigue apoyando, disque clandestinamente. No obstante, es públicamente sabido que la Coalición liderada por este gobierno, le sigue fortaleciendo en Siria, en Afganistán y en Irak. Se sabe que Israel, Arabia Saudita y Turquía le han brindado protección y armas a las bandas de Daesh.Pese al amplio conocimiento que hay sobre el involucramiento de la Coalición contra «el terrorismo», que integran algunas naciones europeas, éstas siguen adentro. Y crease o no, el gobierno de España está allí, activa también. Vergonzosamente, el gobierno de Panamá, único de América Latina tiene a sus jóvenes soldados en esa labor.
Después de lo acontecido en Barcelona, España, esta semana, y aprovechándose de algunas afinidades con esa cultura, el gobierno de Trump está solicitando a los gobiernos de latinoamérica involucrarse en la guerra «contra Daesh», haciéndonos creer que ignoramos sus verdaderas intenciones en la guerra que ellos provocaron en Medio Oriente. Sabemos bien que ha estado perdiendo su batalla contra el gobierno Sirio, por el apoyo obtenido por éste de parte del ejército y gobierno Ruso. Sabemos que las acciones militares de esa Coalición han ido contra poblados sirios y contra la población de Yemen, en solidaridad con Arabia Saudita, una dinastía que dista mucho de ser democrática.
Ahora EE.UU. urge a los países latinoamericanos que se sumen a la coalición internacional contra Daesh, ‘uno de los grandes peligros’ que enfrenta Washington. Pero los medios corporativos nos tratan de persuadir, pues dicen que el Monstruo está por actuar en nuestros territorios. No deja de ser cierto que ha habido amenazas anteriores de Daesh para actuar con su terror en México y Brasil, pero nosotros no dejamos de sospechar que es con el interés de lograr nuestro involucramiento en esta guerra estadounidense, con intereses de sus grandes corporaciones.
Al fracasar su vicepresidente Mike Pence en involucrarnos en una guerra contra Venezuela, como es su estilo, sacó su segunda carta, invitándonos a involucrarnos en su larga guerra de Medio Oriente. La inteligencia de las transnacionales petroleras no pierde oportunidad, ahora nos dicen que debemos solidarizarnos con Washington, porque entre las víctimas de Barcelona hay latinos. Y tienen algún grado de razón, puesto que muchos latinos somos muy emotivos, pero si nos tranquilizamos y vemos lo que hay detrás de todo esto, de ninguna manera queremos participar en una guerra suicida ajena que libran otros intereses y actores.
Por larga experiencia sabemos que algunos gobiernos aceptarán la «invitación», puesto que ese Tío Sam extorsiona a quien se le opone y busca doblegar con violencia a quienes se le cruzan en su camino. Mientras no se tiene dignidad y se defienden nuestros principios y soberanía, esto ocurrirá. Sería una pena ver a nuestra juventud, a nuestros vecinos y familiares entregando su sangre por causas extrañas.
Tampoco creemos que la administración de Trump ha desistido de encontrar como involucrarnos en la caída del actual gobierno venezolano. Pronto vendrá con otra propuesta.
266 médicos generales se especializarán en las áreas de la salud que más necesita el país
Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio la bienvenida en este segundo semestre a 95 nuevos residentes en el campus Rodrigo Facio. Con ellos, un total de 266 se especializarán en diversas ramas médicas que permitirán ampliar la atención que recibe la población. Imágenes con fines ilustrativos.
Por primera vez, el Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) da inicio a la formación especializada del grupo más grande de profesionales en medicina, superior a las 250 personas, en las 39 disciplinas de la salud que más demanda Costa Rica actualmente.
En total, son 266 médicos generales, quienes en este 2017 comenzaron una nueva etapa de formación, y que al graduarse le permitirán al país incrementar el número de especialistas necesarios para afrontar los principales retos presentes en el sistema de salud, en campos como Pediatría, Psiquiatría, Neurocirugía, Geriatría y Gerontología, entre otros.
Con esta nueva generación, se fortalece el aporte que ha venido desarrollando el Programa de Especialidades Médicas de la UCR desde su fundación en 1975. En los últimos seis años, este programa ha graduado cerca de 1.000 expertos en más de 50 áreas, un aproximado de 200 personas anualmente, lo que ha permitido impulsar los sectores de atención clínica y hospitalaria de mayor urgencia a nivel nacional.
Los discursos de apertura fueron otorgados por Delia Marchena Cruz y José Leonardo Barboza Montes, estudiantes que se destacaron por su excelente desempeño académico. – foto Karla Richmond, UCR.
Ahora, el nuevo grupo aumenta las expectativas, y la seguridad que se tendrán los especialistas requeridos en cantidad y calidad. Para graduarse, los estudiantes tendrán que combinar el trabajo en el hospital, con la alta exigencia académica propia de los cursos y nuevos retos de aprendizaje.
De acuerdo con Tricia Penniecook Sawyers, Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), la formación de los nuevos médicos especialistas no solo incluirá la parte de conocimiento técnico de su área, esencial para aplicar con éxito una serie de procedimientos quirúrgicos y métodos de diagnósticos, sino también en la calidad del trato humano que se le proporcione a la persona enferma.
Delia Marchena Cruz, de la sub-especialidad de Oftamología Pediátrica, motivó a los nuevos residentes a tener mucha constancia y planearse metas para culminar con éxito su formación. Esta profesional, quien también es madre, señaló que no es fácil trabajar en el hospital, hacer guardias, tener que estudiar y cuidar de un hogar. Sin embargo: “no hay nada imposible cuando uno se propone una meta”, destacó. – foto Karla Richmond, UCR.
“Estudiar una especialidad médica es muy demandante. Se requiere de mucho sacrificio, pero es muy satisfactoria. No hay nada que llene el corazón más que saber que uno pudo ayudar a alguien en su momento más vulnerable, y que se hizo de una manera empática. El médico debe saber y tomar en cuenta que el trato que proporcione incide en la mejoría del paciente y también en su familia. Lo que queremos finalmente es que esa persona se sienta satisfecha no solo porque se curó, sino también porque hubo alguien que le tendió la mano”, afirmó Penniecook.
Para ingresar, los estudiantes de la Escuela de Medicina de la UCR y de universidades privadas pasaron por un estricto proceso de selección que se dividió en dos etapas. La primera fue un examen de 150 preguntas, creadas para evaluar los conocimientos en medicina general. La segunda fue una serie de exámenes orales y escritos de ingreso por cada especialidad. Por último, se contempló la presentación del curriculum, en el cual se analizaron los méritos y publicaciones realizadas por los estudiantes para calcular el puntaje de ingreso final.
Por su parte, José Leonardo Barboza Montes, residente de geriatría y gerontología, enfatizó que lo más importante para un médico es enfocarse en el paciente, aunque la parte académica tenga gran relevancia. “Tener un 10 no significa que uno sea el mejor residente y mejor médico del mundo. Porque un buen médico es una mezcla de muchas cosas. Siempre lo más importante es el paciente. Uno se debe a ellos, y si estudia que todo sea para mejorar la salud y atención de las personas” dijo. – foto Karla Richmond, UCR.
Una unión por la salud
Más del 95% de los profesionales en especialidades médicas que tiene Costa Rica, se ha logrado a través de la formación conjunta entre la UCR y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Dicha unión permite un beneficio mutuo. La CCSS obtiene a los profesionales requeridos para ampliar la atención a pacientes y agilizar las listas de espera; y al mismo tiempo la UCR puede formar a sus estudiantes en un espacio de entrenamiento práctico con pacientes reales bajo supervisión docente.
El jefe del sub-área del posgrado y campos clínicos del Cendeisss Juan Carlos Esquivel Sánchez, indica que esta unión UCR-CCSS responde a funciones tanto académicas como laborales. Mediante la apertura de las plazas que ofrece la Caja, se logra responder en la formación prioritaria de nuevos residentes que favorecerán la prestación de los servicios de salud, colocar a los especialistas que se requieran en todo el país, y proporcionar un abordaje integral al paciente.
Por su parte, Luis Carlos Pastor Pacheco, director del Programa de Especialidades Médicas de la UCR, resaltó la responsabilidad que el país le está dando a los estudiantes, con el propósito que se especialicen a través de dos instituciones gemelas que han trabajado juntas por muchos años. Para Pastor, si dicha unión no hubiese existido, el país no tendría ni la tercera parte de los especialistas con los que ahora cuenta, debido al alto costo económico que conlleva este tipo de formación.
“Estar aquí es un beneficio y una posibilidad que deben aceptar los alumnos y no defraudar el país. Por primera vez, la Universidad logra llenar la totalidad de las plazas que otorga la CCSS. Esto hace que la UCR de un paso importante en aceptar más gente, junto con una responsabilidad enorme de formarlos con una alta calidad”, manifestó.
Compromiso con la excelencia
El Sistema de Estudios de Posgrados (SEP) de la UCR tiene 42 años de existir, y ha graduado más de 17.000 profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. De esa cifra, casi el 39% de sus graduados corresponden al área de salud.
De acuerdo con el Dr. Álvaro Morales Ramírez, Decano del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, del total de profesionales egresados del sistema, la alianza con la CCSS ha sido clave para mantener el sistema de seguridad social. Con el nuevo grupo se aumentan las expectativas, y la seguridad de que se tendrán los especialistas requeridos por el país en cantidad y calidad.
Actualmente, seis especialidades médicas están en proceso de acreditación, a fin de respaldar la excelencia académica bajo estándares internacionales. El siguiente paso será impulsar la investigación. Según el Dr. Morales, se busca que la Caja, en conjunto en el SEP, fomenten la producción científica en las especialidades médicas, y se promueva la difusión de artículos que permitan el intercambio de nuevos conocimientos médicos.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC invita a toda su afiliación a participar en la XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria «Alejandro López Martínez», este próximo 4, 5, 6 y 7 de octubre en el Gimnasio Nacional.
«SEC hacia la construcción de políticas públicas y por la defensa de un Estado Social de Derecho«.
SAN JOSÉ LAS FLORES, El Salvador, 16 ago 2017 (IPS) – Sorteando riachuelos y recorriendo escabrosos caminos va Felipe Tobar, al frente de un grupo de personas cuyo destino es la ribera de un río tristemente famoso, porque allí hace 37 años fueron asesinadas alrededor de 600 personas en El Salvador.
“Cuando yo me tiré al río era increíble ver aquel montón de gente que era arrastrada por el agua, se ahogaban, vi cuando el ejército ya estaba en el borde, disparando a la gente fuera y dentro del río”, cuenta Tobar, mientras hace una parada para descansar, sentado en una roca a la orilla de una vereda.
Tobar, ahora con 60 años, es sobreviviente de una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña, la llamada Masacre del Sumpul, ejecutada por efectivos militares en mayo de 1980, en la ribera del río del mismo nombre, en el caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norteño departamento de Chalatenango.
Ahora, el municipio del que él es alcalde, San José Las Flores, es parte un proyecto de memoria histórica que, además de rendir tributo a todos aquellos que perdieron la vida en esa y otras masacres ocurridas en Chalatenango, incluye iniciativas productivas sostenibles.
Entre esas está el fomento de un turismo rural enfocado en esos hechos ocurridos durante los 12 años de conflicto (1980-1992), en el que perdieron la vida 75.000 personas, mientras se calculan en 8.000 los desaparecidos y 30.000 los refugiados tan solo en la vecina Honduras.
“Esto vendría a potenciar la llega de visitantes al municipio… mucha gente quiere conocer la historia, los lugares donde se dieron este tipo de hechos”, sostuvo el alcalde, quien además es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Masacres en Chalatenango, conformada el 11 de agosto.
Chalatenango fue uno de los departamentos de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes donde más recrudeció la guerra debido a la fuerte presencia guerrillera en la zona y a los constantes bombardeos y operativos desarrollados por el ejército.
El guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió en partido político tras los Acuerdos de Paz de 1992 y gobierna el país desde 2009, tras ganar los comicios presidenciales ese año y en 2014.
La ruta turística, que se llamará Voces de Historias Vivas, es impulsada además por otros pueblos del departamento donde también hubo masacres, como San Antonio Los Ranchos, Nueva Trinidad y Arcatao.
“Tenemos la ventaja de que aún hay sobrevivientes, los turistas pueden conocerlos y oír lo que en realidad pasó, de viva voz”, dijo a IPS por teléfono desde su despacho el alcalde de Arcatao, José Alberto Avelar.
Se pretende además, entre otras actividades, desarrollar una agricultura amigable con el ambiente, de modo que los turistas puedan visitar parcelas de cultivos y participar ellos mismos del proceso, acotó.
Durante la caminata, machete en mano, Tobar va contando detalles de lo ocurrido durante la matanza, a un grupo de personas llegadas no solo de San Salvador, la capital, sino de Canadá y Bélgica, algunos de ellos involucrados directamente en el esfuerzo de memoria histórica en la zona.
De su municipio y de otros vecinos a Ojos de Agua, donde se produjo la masacre, también murieron familias enteras que buscaban refugio del operativo militar en la zona, atravesando parajes intrincados.
“El proyecto se inició como interés de Salvaide de apoyar los procesos de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, a partir de 2014”, señaló Pedro Cabezas, representante de esa organización canadiense en El Salvador.
Salvaide es una ONG con sede en la ciudad canadiense de Ontario, creada en 1985 para fortalecer a las comunidades de El Salvador en la construcción de justicia, democracia y desarrollo sostenible.
Esa organización donó parte de los 21.000 que costó el terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie adyacente a la ribera del río Sumpul, el lugar exacto donde muchas víctimas fueron asesinadas a sangre fría en aquel mayo de 1980.
En ese sitio, cada año se celebra la conmemoración de la masacre, con actos religiosos y culturales, y es allí donde ahora el alcalde de San José Las Flores y la comunidad pretenden edificar un monumento conmemorativo y otras obras, como senderos y jardines, con el apoyo de algunas de las organizaciones y personas que han acompañado el esfuerzo desde el inicio.
Algunas de esas personas han caminado con él, por tres horas, entre valles y montañas, bajo un sol inclemente, para llegar desde San José Las Flores al lugar de la masacre, a algo más de 100 kilómetros al norte de San Salvador.
“La idea es ayudarla en dibujar planes estratégicos, paso a paso… ellos tienen una visión de lo que quieren hacer”, señaló a IPS la profesora de la Universidad Western Ontario, Amanda Grzyb.
Ella se involucró en el proyecto, junto a su pareja Reynaldo Hernández, luego de llevar a cabo una iniciativa paralela relacionada con la historia de El Salvador: el montaje de una exhibición en este país con fotografías poco conocidas de refugiados salvadoreños, en campos establecidos en Honduras durante el conflicto.
Las fotografías estaban en poder del director fundador de Oxfam Canadá, Meyer Brownstone, quien se las entregó a Hernández para que él hiciera algo con ellas.
“Tenía el sueño de hacer un archivo ‘online (en línea)’ con esas imágenes, y encontré a un diseñador de páginas web con ese fin, pero el costo económico era demasiado alto”, narró Hernández a IPS.
Residente en Ontario hace años, Hernández fue uno de los salvadoreños que vivió en su infancia en uno de esos campos de refugiados en Honduras, luego de que su familia saliera del país huyendo de la violencia.
Al equipo de trabajo se ha unido una pareja de arquitectos, Harold Fallon y Evelia Macal, quienes han viajado desde la capital de Bélgica para conocer de cerca el proceso de edificación del monumento en la ribera del río y ver cómo pueden colaborar en el proyecto.
“Lo primero es definir un programa de trabajo, hecho consultivamente con todos los participantes, son ellos los que van a darle vida, no es de venir a imponer”, señaló Macal, una salvadoreña residenciada en Bruselas.
Fallon, profesor de la belga Universidad Católica de Lovaina, dijo que está claro que para la comunidad es importante mejorar las vías de acceso al sitio, sobre todo para las personas adultas mayores que quieren visitar el lugar y les resulta difícil avanzar en caminos tan escabrosos.
Pero además debe considerarse el hecho de dejar las veredas y caminos originales, pues también tienen un significado histórico, acotó.
“Hay que ver cómo se logra un equilibrio entre la accesibilidad del lugar pero al mismo tiempo manteniendo los caminos que existen, porque son parte de la historia también”, refirió, sentado con Macal en la orilla del río, cuyas aguas fueron testigo de tanta muerte y dolor.
Organizaciones de derechos humanos identificaron a varios oficiales del ejército de entonces como los victimarios de aquella matanza, entre ellos quien era ministro de la Defensa, José Guillermo García, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Rafael Flores, y el comandante del Destacamento Militar Número, de Chalatenango, Augusto Peña.
Abogados de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que llevan el caso en nombre de los familiares de las víctimas, lograron recientemente que el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango permita una inspección en Las Aradas, pero aún no se define la fecha.
Felipe Tobar, alcalde de San José Las Flores, con parte del grupo al que guía hacia el lugar exacto donde en mayo de 1980 se produjo la masacre de Sumpul, en las orillas del río del mismo nombre, donde unas 600 personas civiles fueron asesinados por el ejército al comienzo de la guerra de 12 años en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala /IPS.
El pasado 9 de agosto en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemoró en nuestro país el Sexto Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de 28 manifestantes indígenas. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) se pronunció ante los medios de comunicación y la población en general sobre los eventos dados en esa fecha.
La lidereza indígena Luisa Bejarano Montezuma del Pueblo Ngöbe en Punta Burica, recuerda el desalojo como un momento simbólico que representa la violencia, el rechazo y la indiferencia discriminatoria con que el Estado y sus representantes tratan los temas de autonomía y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país.
Según los y las indígenas las propuestas de solución que ofrece el gobierno para manejar la situación de violencia en contra de sus comunidades, NO respeta los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido en materia de Autonomía de los pueblos indígenas. Sergio Rojas, líder indígena Bribri denunció a La Cabuya que el proceso de consulta que ha implementado el gobierno en los últimos años no responde a las necesidades de las comunidades indígenas.
Para que en nuestro país exista paz social, es necesario que el Gobierno mejore el enfoque con que se relaciona con los pueblos originarios, que reconozca y proteja los derechos de esta población ante los abusos y actos violentos llevados a cabo en su contra, la mayoría impunes al día de hoy. También debe responder atentamente a la deuda histórica que tiene con las comunidades indígenas, reconociéndolas desde acciones afirmativas para honrar la reforma que se hizo hace casi un año, del Artículo primero de la Constitución Política, que establece el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.
Los pueblos indígenas reivindican que deben gozar de autonomía para decidir qué se estudia en sus escuelas, sus formas de organización y toma de decisiones de acuerdo a sus costumbres, el manejo de sus bosques y ríos y a que se respeten los límites territoriales de sus comunidades.
Gustavo Oreamuno de la organización Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, afirma que este es un tema de paz social en nuestro país. La recuperación del territorio ancestral y la protección de la vida es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por esa razón son ellos y ellas quienes deben decidir sobre sus procesos de consulta, sobre sus tierras, educación y todo lo relacionado a su propio gobierno.
El sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos han implementado múltiples instrumentos legales con los que Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas, no obstante los gobiernos “de turno” no han asumido seriamente su responsabilidad para que en la práctica esos derechos se garanticen. Por el contrario, sus instituciones han servido de cómplices esto en forma de impunidad, cuando se han dado actos que violentan emocional y físicamente a personas indígenas.
El respeto a la dignidad de los pueblos indígenas pasa también por un tema de información y comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los procesos de recuperación de tierras indígenas. Para el dirigente indígena Leonardo Buitrago el rol de los medios de comunicación tradicionales ha sido el de invisibilizar o tergiversar el tema indígena.
Desde La Cabuya queremos motivar a conocer los procesos de lucha y autonomía de los pueblos indígenas en nuestro continente. Denunciamos la forma en que la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas, se sigue omitiendo o atendiendo desde el asistencialismo y nos unimos en un abrazo de lucha a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en nuestro país y en la región.
Pionero en la defensa de los derechos humanos y promotor de la educación por el arte, Édgar Céspedes Ruiz, exdirector de la División de Educación Rural del Cide, recibió la distinción “Profesor Emérito”, otorgada por acuerdo del Consejo Universitario de la UNA, el pasado 17 de agosto en el auditorio Clodomiro Picado
Artista, educador, humanista. Por más de medio siglo, Édgar Céspedes Ruiz le ha entregado su vida a los pinceles, al aula, al ser humano. Como un reconocimiento a su trayectoria, desde el pasado 17 de agosto, don Édgar fue designado con una de las más altas distinciones del que fue su segundo hogar por casi 3tres décadas, la del emeritazgo: “este gesto lo vivo lleno de emoción. La Universidad Nacional es mi alma máter, el lugar donde me he realizado socialmente con mayor riqueza”, cuenta Céspedes.
Las autoridades universitarias advierten sus aportes a la cultura del país, como promotor de la defensa de los derechos humanos; justicia e inclusión sus banderas. Además destacan su impulso a la educación rural, en zonas indígenas particularmente, y su papel en el desarrollo académico de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Casualmente la zona rural es un espacio desde el cual ha mantenido una posición crítica: “la educación en nuestro país es excluyente, pues a menudo ignora otras realidades culturales, como las de zonas rurales. No se vale pensar sólo en cómo llevar la meseta central a las comunidades rurales desde la perspectiva educativa, lo que se vale es el intercambio de saberes, nuestras zonas rurales conservan y recrean permanentemente valores cotidianos muy importantes, que evidentemente la ciudad no solo ha perdido, sino que requiere. Entonces, ese es el aporte significativo que la zona rural puede ofrecer al proceso educativo costarricense. Desgraciadamente hemos visto el problema, por lo general, desde una sola vía”, sostiene Céspedes.
La Universidad también aplaude su vasta carrera artística que lo ha llevado a exponer sus obras en México, Nicaragua, España y Costa Rica. “Creo firmemente en el arte, el arte como instrumento de comunicación interpersonal en los procesos educativos. La educación por el arte es efectivamente una válida manera de educar”, agregó Céspedes.
Académico jubilado de la Universidad Nacional (UNA), exdirector de la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y exdefensor de los Estudiantes, el 22 de junio anterior, en sesión ordinaria, el Consejo Universitario, decidió otorgarle la mención de profesor emérito de la UNA.
Recientemente, en el marco de la lección inaugural del ciclo lectivo 2017, Céspedes argumentó que “solo una educación holística, relacional, ecológica y centrada en las personas que aprenden, permite caminar con acierto en el siglo XXI”.
Este 16 de agosto del 2017, entró en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, adoptada en la localidad japonesa de Kumamoto. Kumamoto es la pequeña ciudad en la que la se ubicó la corporación Chisso que optó por verter grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata, y sus pobladores. Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dio a conocer mundialmente cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio.
Foto extraída de la presentación de la Dra. Astrid Andersen (Dinamarca), «La enfermedad de Minamata», filmina 24.
En este estudio sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata y las acciones legales que se debieron de interponer, incluso hasta el 2013, para obtener compensaciones para las víctimas, se lee que:
«Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización» (página 10).
La Convención sobre Mercurio en breve
A partir de reuniones de expertos de la FAO y de la OMS sobre los daños a la salud humana provocados por el mercurio (véase nota del 2003), se hizo imperioso contar con un instrumento internacional vinculante con respecto a esta sustancia. Las negociaciones sobre su conveniencia y luego sobre su contenido duraron diez años. El convenio suscrito en el 2013 (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala.
Se prevé también un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a mediano plazo. Hace unos meses, la Unión Europea (UE) acordó prohibir el uso de implantes odontológicos con mercurio en niños y mujeres embarazadas a partir del 2018 (véase nota de prensa y comunicado de prensa de la UE que abarca otras de las medidas tomadas).
Este instrumento internacional obliga a los Estados a regular y a limitar el uso del mercurio, un ámbito en el que en muchos Estados no existe regulación alguna. Por ejemplo, en este informe de las autoridades chilenas del 2009 titulado «Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio» (véase texto completo), se lee que:
«En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal»(página 14).
A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Como era de esperar, ni Argelia ni Kirguistán han tan siquiera firmado este texto. Si bien lo han firmado, no aparecen en la lista de Estados Partes Alemania, España, India, Italia y Sudáfrica, a diferencia de China que sí lo ha ratificado.
En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (setiembre del 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), México y Panamá (setiembre del 2015), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Perú. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.
Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia (al igual que Argentina) han optado por no someterse (aún) a este tratado. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quiénes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).
Mercurio y otros metales pesados y salud humana
Según la descripción dada por la Oficina de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA), «Mercury emissions know no national or continental boundaries. Mercury emitted into the air can travel thousands of miles in the atmosphere before it is eventually deposited back to the earth in rainfall or in dry gaseous form» (véase ficha técnica: se sugiere al lector completar los datos de la EPA con la ficha técnica elaborada por Ecured/Cuba). Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global son España, seguida por Kirguistán, Argelia y China (véase recuadros en páginas 5-6 de este informe al 2003).
Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este último enlace, se lee que:
«La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos».
El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como «bioacumulación», entre otras formas de ingerirlo.
La ingesta o inhalación de metales pesados en cantidades superiores a las recomendadas afecta el sistema nervioso y varias funciones cerebrales del ser humano. Con relación a un metal pesado como el plomo, en este «Manual de Pruebas Neuroconductuales» (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas y pesticidas en América Latina, se señala que:
«Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica» (página 9).
El plomo, el mercurio, el cadmio, el titanio, el arsénico y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones, pero con efectos devastadores para la salud humana. La contaminación causada a la comunidad de La Oroya en Perú se tramita actualmente ante el sistema interamericano de derechos humanos (véase nota de AIDA).
Cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios así como muchos otros conteniendo metales pesados no son adecuadamente tratados o reciclados, el agua sirve de vehículo, en particular en las zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas, industrias diversas o las partículas que liberan los motores del parque automotor también terminan en los cuerpos de agua.
Desde el 2014, un Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas está sistematizando información sobre el tema, además de recibir denuncias y visitar Estados, ante los desafíos que plantean, en materia de derechos humanos, las sustancias tóxicas usadas en la industria y en la agricultura (véase sitio oficial).
Los metales pesados en Costa Rica liberados en los cuerpos de agua
Pese a diversas comunicaciones enviadas por Costa Rica a instancias internacionales sobre iniciativas en materia de metales pesados (véase por ejemplo nota del Ministerio del Ambiente (MINAET) del 2009 colgada en este enlace de Naciones Unidas), resulta evidente que el tratamiento de residuos constituye aún todo un desafío, incluyendo los metales pesados. No se conoce de algún dato sobre la cantidad de baterías (pilas) recicladas en Costa Rica con relación al volumen importado, para dar tan solo un ejemplo (que podríamos extender a las baterías de vehículos o acumuladores).
En su informe del 8 de abril del 2014, a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, el Experto Independiente John H. Knox de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, señaló en su informe (Documento A/HRC/25/53/Add.1 disponible en la red) que:
«Según un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales en 2011, Costa Rica tiene el más alto uso per capita de plaguicidas del mundo . Estudios recientes han descrito los efectos adversos que el uso de plaguicidas agrícolas está teniendo en los ecosistemas fluviales, entre otras cosas debido al deterioro del hábitat y la calidad ecológica de comunidades de macroinvertebrados, el escaso crecimiento vegetativo y los elevados niveles de residuos de fungicidas y herbicidas. Como consecuencia de ello, Costa Rica tiene algunos de los ríos más contaminados de América Latina. Sus humedales también necesitan más protección» (punto 59).
Con relación a los cuerpos de agua, en este informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los controles defectuosos del Estado costarricense con relación a la calidad del agua, del año 2013, se puede leer que:
«Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos» (punto 2.69, pág. 24). De interés resulta este informe con relación a la poca fiscalización del Estado en materia de vertidos en cuerpos de agua por parte del sector industrial.
Hubiese sido muy interesante por ejemplo, además de los hallazgos de la CGR, saber cuánta del agua declarada como potable (y cobrada como tal) es objeto de un monitoreo permanente con relación a la presencia de metales pesados. Se sabe por ejemplo que los análisis sobre la potabilidad del agua en el cantón de Santo Domingo de Heredia (acueducto municipal) incluyen siempre un análisis bacteriológico, pero que los análisis fisico-químicos son realizados de manera muy esporádica: desde febrero del 2012, las autoridades de salud de este cantón herediano se mantienen sin responder a una solicitud realizada por una entidad local (véase nota del CBAE de San Miguel).
Al verterse al mar, desde las desembocaduras de los ríos, grandes volúmenes de agua contaminada con metales pesados y muchas otras sustancias provenientes del Valle Central, el estudio de peces y especies marinas también revela los efectos de la contaminación fluvial, con investigaciones (esporádicas) sobre metales pesados cada vez más preocupantes, y escasamente divulgadas en Costa Rica.
Foto extraía de nota de La Nación (2015): «Playas Guacalillo, Azul y Tárcoles pagan con basura el descuido del Valle Central».
En un estudio publicado por un químico de Costa Rica en el 2015, titulado «Acumulación de metales pesados en bivalvos y sus efectos tóxicos en la salud humana: perspectivas para el estudio en Costa Rica», se lee que:
«Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio».
Nótese que en ese mismo estudio precitado, el autor concluye que:
«en Costa Rica el no contar con una industria tan especializada en el uso de metales pesados así como la falta de información al respecto, no permite asegurar que hay o no contenidos elevados de contaminantes. Únicamente el estudio analítico de las muestras tanto de los cultivos del golfo de Nicoya, como las extraídas en otras zonas costeras, podrá generar un verdadero reflejo de en qué posición nos encontramos respecto al tema».
Las concentraciones de metales pesados en los peces que se comercializan para consumo humano son objeto cada cierto tiempo de titulares en prensa. En Costa Rica, uno de los primeros artículos de prensa disponible en línea al respecto es del 2006 (véase nota de La Nación).
En el 2013, se publicó la investigación titulada «Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable» disponible en este enlace. Los resultados de una investigación titulada «Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturusspp.) a partir de parámetros toxicológicos internacionales», publicada por la Universidad Nacional (UNA) y disponible en la red, concluye en el 2014 que el 100% de las muestras recogidas de ambos peces en establecimiento comerciales registran altas concentraciones de mercurio (p. 57). En el 2016, la ONG PRETOMA titulo una nota de prensa«Study Shows Shark Meat in Costa Rican Markets Has High Levels of Toxic Mercury». El atún aparece en la tabla 1 de este estudio del 2014 sobre especies marinas en las que se registra mercurio, y sería de gran interés conocer cuál es la situación del atún consumido en Costa Rica.
A modo de conclusión: investigaciones esporádicas ante un Estado omiso
En febrero del 2017, la aparición de grandes cantidades de peces muertos en varias playas de Nicoya dió lugar a un apresurado comunicado de prensa de las autoridades del 17 de febrero (Nota 1) descartando cualquier riesgo para la salud humana al consumir peces (véase nota de Casa Presidencial titulada «Descartan riesgo en consumo de pescado proveniente del Golfo de Nicoya»).
Se desconoce si las autoridades del Ministerio de Salud han elaborado (y hecho público) en estos últimos años algun informe sobre la recurrencia de patologías asociadas a metales pesados detectadas en ciertas zonas de Costa Rica.
En este como en otros casos, es frecuente observar a un Estado negligente en cuanto a los efectos en la salud humana de ciertas actividades. Bien lo saben las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, cuya salud y patologías asociadas a la exposición de plaguicidas no parecen en lo más mínimo interpelar a las autoridades de salud: como tuvimos la ocasión de expresarlo, la sordera es institucionalizada en Costa Rica cuando de problemas provocados por la piña se trata (véase nota nuestra publicada en el OPALC en el 2015) (Nota 2). De igual forma con la gran cantidad de niños autistas en algunas zonas rurales, pese a literatura científica que (desde hace muchos años) relaciona el autismo a la exposición a pesticidas de mujeres embarazadas (véase nota al respecto).
Más allá de la serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata con relación al mercurio (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío), es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, la opinión pública aproveche la oportunidad para exigir a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes.
Notas:
Nota 1: Nótese que el informe técnico solicitado a un ente universitario por las autoridades ante la falta de peritos para identificar la causa de esta súbita muerte de grandes cantidades de peces, lleva la fecha del 3 de marzo del 2017: véase nota de La Nación.
Nota 2: La lista de las distintas sustancias químicas necesarias para producir la variedad denominada «MD-2» da una idea de los riesgos que significan para los suelos, los acuíferos así como para la salud de las comunidades aledañas y la de los trabajadores en las piñeras (véase Anexo XXII (página 57) del informe denominado “Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí). En el 2009, con relación a una investigación del IRET de la Universidad Nacional (UNA) en Talamanca sobre valores de plaguicidas en los orines de menores que viven cerca de bananeras, se leyó la siguiente reacción por parte de la titular de la cartera de la salud:
«Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (sic) (véase nota del Semanario Universidad).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
