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Autor: María José Ferlini Cartín

Proponen comisión para inspectores de la CCSS

El ciudadano Luis Alberto Guzmán Leiva, propone mediante un correo enviado a SURCOS, obligar a la Junta Directiva de la C.C.S.S. a que autorice el pago por comisión a los Inspectores de la Caja.

“Les propongo que sea un 10% del dinero que ingresen a las arcas de la Institución, yo les aseguro que los Inspectores buscarán ingresar los mayores montos de los patronos morosos.

Ejemplo, si un patrón tiene una morosidad de quinientos millones de colones el Inspector que logre realizar dicho ingreso, recibirá cincuenta millones de colones de comisión.

Con el pago de comisiones el Inspector buscará elevar el monto de recaudación” manifestó Guzmán en el comunicado.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://costarica3d.blogspot.com

Enviado a SURCOS por Luis Alberto Guzmán Leiva.

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Guatemala: ¡Ni una menos!

  • Basta de asesinar a las mujeres y a las y los defensores de la Madre Tierra

Guatemala Ni una menos

Desde el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía expresamos nuestra rabia e indignación ante el femicidio territorial de la hermana Laura Leonor Vásquez Pineda, quien fue cobardemente asesinada la noche del 16 de enero en su territorio de resistencia Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, Guatemala.

En defensa del territorio- cuerpo de su comunidad, Laura Lorena -como gran parte de las mujeres indígenas en Guatemala- luchaba y resistía de forma pacífica contra el avance de la minería en Mataquescuintla.

No podemos tolerar más que sigan asesinando a nuestras defensoras de la vida de forma sistemática. Son ellas quienes se esfuerzan por hacer más digna la vida de nuestros pueblos sin importar las consecuencias. Por su incansable lucha en defensa de la vida, Laura Lorena estuvo presa durante siete meses de manera injusta e ilegal en el año 2013, junto a otras cuatro personas, quienes lograron su libertad luego de una intensa lucha contra toda la estructura judicial la cual, sin tapujos, permite la instalación de los mega proyectos que destruyen los territorios y en ellos la vida de las comunidades.

Así lo comunican desde Prensa Comunitaria: “La empresa canadiense Tahoe Resources junto a la empresa subsidiaria Minera San Rafael en el departamento de Jalapa, provocó en un corto tiempo la conflictividad social y comunitaria en este departamento tras la construcción del proyecto minero “El Escobal”. Como resultado de las formas violentas de operar de la empresa Minera San Rafael, se criminalizó la lucha comunitaria en contra de la minera. Durante los primeros días del mes de mayo del 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina implementó un Estado de Sitio en contra de las comunidades de los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa”.

Ante un nuevo ataque de cobardía, es inevitable no tener presente a nuestra hermana Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH, así como también a otros/as defensores y defensoras de los derechos de nuestros pueblos asesinados por este sistema capitalista patriarcal y colonial, que intenta detener la lucha de las mujeres y de los pueblos, desparramando el terror y la muerte. En estos días fue asesinado también en Guatemala, don Sebastián Alonzo Juan, por defender el agua para sus comunidades en San Mateo Ixtatan.

El asesinato de Laura Leonor es un nuevo golpe a las defensoras de los territorios de Nuestra América. Sabemos que con la práctica sistemática de femicidios se pretende atemorizar a las mujeres, para que no participemos en la defensa de la vida, limitando nuestro ejercicio de autonomía y participación. Sin embargo con ellas y ellos presentes en nuestras memorias y luchas alzamos nuestra voz en un llamamiento a todas las mujeres de nuestros pueblos para movilizarnos y exigir justicia verdadera.

Enviamos nuestro abrazo a las hermanas de los pueblos mayas y otros pueblos indígenas de Guatemala, a las comunidades que cuidan los bienes comunes, y les decimos, desde el sur del mundo, que no están solas, que seguiremos denunciando, movilizadas, organizadas. Porque si tocan a una o uno, respondemos todas y todos.

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Desde el sur del Abya Yala, enero 2017

 

Enviado a SURCOS por Diego Molina.

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“Decreto Pro Petroleras” en espera de un fallo de la Sala IV

Freddy Pacheco
Dr. Freddy Pacheco León

Consecuencia de un decreto ejecutivo dictado en 1998 por el Presidente José María Figueres y su Ministro de Ambiente René Castro (redactado por el entonces Secretario General de la Setena, Allan Astorga) las empresas petroleras extranjeras, como lo hiciera MKJ Xploration (luego Harken) pueden firmar contratos de explotación petrolera con el Estado, sin haber obtenido ANTES la aprobación de los estudios de impacto ambiental que mandaba el erosionado Reglamento a la Ley de Hidrocarburos.

Por eso, en el 2011 presentamos una acción ante el Tribunal Contencioso que pretende anular dicho decreto, para así restablecer todo el Capítulo Ambiental reglamentario que fuere derogado. De lograrse (¡como ya se había logrado en un fallo unánime y contundente en el 2013!) no se podría REPETIR lo sucedido con la transnacional MKJ Xploration que lograra firmar con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y la Ministra Elizabeth Odio, un contrato de explotación petrolera SIN CONTAR ANTES con un estudio de impacto ambiental propiamente dicho.

Y sucedió así porque el llamado DECRETO “PRO PETROLERAS” permite a las petroleras darle el nombre de “estudio de impacto ambiental” hasta a un proyecto de revisión bibliográfica o de reflexión sísmica sin impacto, para que, aprobado por la Setena dicho mal llamado “estudio”, puedan firmar con los más altos representantes del Estado, el compromiso formal contractual que les permita seguir adelante con los trámites conducentes a explotar petróleo en Costa Rica. Todo amparados en una Ley de Hidrocarburos que casi no dejaría beneficios ni siquiera financieros al Estado.

Cuando se presentó la acción hace seis años, tanto la Procuraduría como la petrolera Mallon Oil, alegaron que había vencido el tiempo para que se pudiera presentar la solicitud de anulación del decreto. Que el plazo había caducado y que no debería de conocerse el recurso. SIN EMBARGO, el Tribunal sentenció “que es posible impugnar los actos administrativos de alcance general con efectos normativos, mientras SUBSISTAN EN EL TIEMPO sus efectos continuados. Lo que se impugna es un acto de alcance general el cual si bien fue rubricado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de marzo siguiente, ha estado vigente y HA CONTINUADO SURTIENDO EFECTOS hasta la fecha”.

PERO cuando se esperaba un fallo igualmente favorable, pues el jueves 15 de diciembre prácticamente se repitió la vista oral en atención a un fallo dividido de la Sala I ordenándolo así, un hecho fortuito, ajeno al caso, ha obligado al Tribunal que esta vez le correspondió conocer los alegatos escritos y orales de ambas partes, dejar EN SUSPENSO el dictado de la sentencia que habría de darse en días pasados. Ello en virtud de que hay una Acción de Inconstitucionalidad presentada en el 2014 por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, contra el Transitorio III del Código que regula los procesos contenciosos, que también tiene relación con la alegada caducidad que ya había sido resuelta antes.

En vista de ello, el Tribunal nos comunicó que no debe dictar sentencia hasta que la Sala IV no resuelva, en fecha indeterminada, la acción presentada por empleados judiciales, por lo que seguimos en espera de que se resuelva lo que nos interesa.

Aclaramos que, en vista de que el Presidente Luis Guillermo Solís ha ampliado hasta el 2021, una MORATORIA que impide nuevas solicitudes de explotación petrolera en Costa Rica, los efectos del decreto son nulos en estos momentos. Lo cual se une al deseo que nos manifestara personalmente el expresidente José María Figueres, en el sentido de que ESTÁ DE ACUERDO en que se anule el decreto que él firmara al término de su mandato en 1998…

 

Dr. Freddy Pacheco León

Biólogo

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com

Enviado a SURCOS por el autor.

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Alerta costarricenses, diputados despilfarran fondos del pueblo en edificio absurdo y de costo impredecible

Cuatro años ha consumido la Asamblea Legislativa en diseñar una nueva sede que tendremos que pagar los costarricenses, con el desastroso resultado que se ha visto: un gigantesco cajón de concreto de 21 pisos, que parece más una cárcel que lo que se esperaría de un parlamento democrático.

Después de haber contratado un proyecto que fracasó y que nos costó más de 2 millones de dólares perdidos, se realizaron dudosas negociaciones en que se adjudicó a dedo al mismo arquitecto del primer proyecto fracasado, para que diseñara el proyecto del cajón, a un costo de otros 3 millones de dólares.

Una obra que se había estimado en $76 millones ha aumentado a $100 millones, pero se espera que aumente aún más por varias razones, como una excavación gigantesca, una estructura de concreto del cajón nada convencional que consumirá miles de metros cúbicos de concreto reforzado. Ya el mismo Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, promotor del proyecto, ha admitido públicamente que el costo aumentará significativamente.

Un edificio de condiciones laborales lesivas para cientos de funcionarios, que tendrían que laborar dentro de la caja de concreto y muchos bajo el nivel del suelo, totalmente aislados visualmente del exterior, lo cual incidiría negativamente en aspectos de salud ocupacional y sicológica.

Hasta dónde llega la irresponsabilidad de nuestros legisladores, que obligarían al pueblo costarricense a pagar por el edificio más absurdo jamás concebido. Se hacen números alegres de ahorros en alquileres, vigilancia y otros por ¢1.500 millones al año, pero no se dice que el pago al Banco de Costa Rica aumentará a ¢7.500 millones al año.

Ya adjudicaron la licitación de movimiento de tierras por ¢3.000 millones, pero hay una apelación que deberá resolver la Contraloría General. Si la Contraloría rechaza la apelación quedará en firme y tendrá una consecuencia funesta: la Asamblea tendría que construir el edificio CUESTE LO QUE CUESTE y tendríamos que pagarlo.

¿Seguiremos tolerando a estos diputados tan irresponsables?

 

Enviado a SURCOS por Marité Valenzuela.

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Retiro del proyecto de devengados Central General de Trabajadores

El gobierno que había pactado con varios partidos que a cambio de que le aprobaran sus proyectos de ley en materia tributaria enviaría el proyecto del partido Liberación Nacional conocido como de Empleo Público, no logró conseguir 38 votos para la vía rápida.

Sin el apoyo necesario para la vía rápida, se cumplió lo expresado por nuestro secretario general Carlos Cabezas Mora, de que “además de apuñalarnos había demasiada ingenuidad política en los representantes gubernamentales para que les aprueben algo sobre materia tributaria”.

El proyecto de empleo público planteado como una supuesta forma de ahorro en gasto público (lograría un ridículo 0,05% del PIB) que era más para dañar la acción sindical estatal y derechos de los trabajadores, anunciaron que será retirado y dudamos seriamente que logren impulsar los relacionados con el asunto tributario.

El movimiento sindical, contrario al proyecto, inicialmente luchó de manera dividida pero comenzó a dar señales importantes de acercamiento, con grandes esperanzas de dar una batalla unitaria, generando así un gran temor de que pudiese convertir en un conflicto de grandes magnitudes.

Nos alegra el resultado final de retirar el proyecto, pero sin duda ese acto “justificado” en la necesidad de enfrentar la sería situación fiscal producto del fraude fiscal y la deuda interna, marcó una distancia muy importante del gobierno con el movimiento sindical.

El retiro del periodo de sesiones extraordinarias parece que pesó más su inviabilidad para rápida que la posibilidad de huelga, pues el fuerte debía estar en los sectores no magisteriales que se movilizan con muy poca fuerza.

Creemos que hay que estar alerta, pero por la época del año habrá un cambio en la dinámica parlamentaria producto de los fuegos electorales, la cual dificultará de manera profunda la posibilidad de aprobar cualquier proyecto como el de empleo público.

 

Por la Junta Directiva Nacional

Carlos José Cabezas Mora

Secretario General, Central General de Trabajadores

 

“Si luchas puede que pierdas, pero si no lo haces perderás siempre”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Festival Humedal Caribe Noreste

Barra de Colorado

Sector Norte

Festival Humedal Caribe Noreste

Este próximo 12 de febrero se estará realizando el Festival Humedal Caribe Noreste, en Barra del Colorado, Sector Norte.

El Festival contará con las siguientes actividades:

  • 9 a.m. Apertura del Festival; exposición Efectos de Otto al Humedal
  • 10 a.m. Actividad cultural
  • 11-12:30 p.m. Conversatorio Efectos Otto al Humedal, el apoyo institucional, la importancia de los bosques.
  • 1 a 3 p.m. Actividad cultural
  • 3 p.m. Partido de futbol infantil

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Rafael López.

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UCR refuerza acciones para garantizar la equidad en el ingreso y la permanencia estudiantil

UCR refuerza acciones para garantizar la equidad
En los últimos cuatro años, la UCR incrementó el número de estudiantes admitidos y su presupuesto para becas (foto Archivo ODI).

Con el objetivo de impulsar la movilidad social y de disminuir la creciente desigualdad en nuestro país, la Universidad de Costa Rica emprende diferentes acciones para continuar favoreciendo el ingreso y la permanencia de estudiantes procedentes de todos los sectores socioeconómicos, étnico- culturales y geográficos de Costa Rica.

Una de esas acciones recae en el aumento sostenido en el número de cupos que la UCR ofrece así como en la cantidad de estudiantes que fueron admitidos en los últimos años en la institución, la cual pasó de 7.894 jóvenes en el 2014 a un total de 9.027 estudiantes en este año.

Además de aumentar las cifras en el proceso de ingreso a la institución, cabe destacar que la Universidad de Costa Rica continúa recibiendo en su mayoría, a estudiantes provenientes de colegios públicos, quienes representan a alrededor de un 65% del total de la comunidad estudiantil.

En este aspecto, la institución también ha realizado grandes esfuerzos para aumentar el presupuesto del sistema de becas, con el objetivo de brindarles un mejor acompañamiento a los estudiantes que necesiten apoyo socioeconómico.

UCR refuerza acciones para garantizar la equidad2
La Universidad de Costa Rica cuenta uno de los presupuestos más altos para becas no reembolsables, en términos per cápita, de toda América Latina (Ilustración Rafael Espinoza).

Según datos de la Oficina de Becas y de Atención Socioeconómica, la Universidad de Costa Rica pasó de invertir 13.512,0 millones en el año 2014, a un total de 24.400,0 millones en el 2017, uno de los presupuestos más altos para becas no reembolsables, en términos per cápita, de toda América Latina.

Asimismo, más de 21 mil estudiantes de la Sede Rodrigo Facio recibieron algún tipo de beca durante el 2016; de ellos un total de 14.800 recibieron la máxima categoría de beca, conocida como beca 5, la cual incluye beneficios complementarios como: transporte, alimentación, préstamo de libros, reubicación geográfica, entre otros.

En ese mismo año, alrededor del 77% de los más de 9 mil estudiantes de sedes regionales también recibieron una beca socioeconómica.

Todas estas acciones tienen como objetivo principal brindarle al estudiantado las herramientas necesarias para que permanezca en el sistema de educación superior y logre concluir con éxito sus metas académicas.

 

Tatiana Carmona Rizo

Periodista

Oficina de Divulgación e Información Universitaria

 

Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Sala Cuarta ordena proteger Corcovado

En una importante resolución, la Sala IV declaró con lugar el recurso para la protección efectiva del Parque Nacional Corcovado ubicado en Península de Osa, se ordena así, un plan que garantice la vigilancia de esta área ante la explotación de madera, la orería y la caza.

El recurso Nº 15-011930-0007-CO (leer más) al que dio lugar la Sala VI fue interpuesto por FECON, SITRAMINAE, así como uno de los impulsores de la creación de parques nacionales en el país, Mario Boza y otros especialistas en la materia ante el desastre que vive Corcovado. Catalogado como “el lugar biológicamente más intenso en la Tierra”, se ve amenazado por cacería, extracción maderera y la presencia de unos 400 oreros que están causando estragos con maquinaria cada vez más pesada como motobombas y dinamita en la mayoría de ríos dentro del lugar.

En la sentencia se ordena a los jerarcas del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, del Área de Conservación de Osa, al Ministro de Hacienda y al de Ministro de Seguridad Pública que: “dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública deberá proceder de inmediato a realizar las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para proveer la continuación del proceso de desalojo instaurado mediante expediente No. 3330-14, así como cualquier otro nuevo necesario para desalojar a los invasores dedicados a la orería, caza y tala ilegal».

El 24 de agosto de 2016, Día de los Parques Nacionales, FECON denunció el estado de dos parques emblemáticos: Manuel Antonio y Corcovado. “Hoy, a pesar del abandono y violencia a los que se ven sometidos los parques nacionales, nos siguen dando de comer, de tomar, de respirar, son fuente de conocimiento, educación y esparcimiento, son estandarte de identidad nacional y garantía de vida para las presentes y futuras generaciones. De estas zonas dependemos nosotros y quienes no nacen aún. Nuestro sistema de parques nacionales son la principal atracción turista, representa uno de los bienes comunes más valiosos de Costa Rica, nuestra gallina de los huevos de oro aseguran algunos: genera más de dos mil seiscientos millones de dólares al año, ¡hágale números! supera las exportaciones de piña, banano y café juntas”…

Informes: Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

Para leer en detalle el recurso de amparo, ingrese en el siguiente enlace:

RECURSO CORCOVADO RFGD_GANADO

 

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Informe preliminar 14ta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

  • Cabagra
  • Informe preliminar

Informe preliminar 14ta mision2

A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; asunto ya constatado en la 13ª Misión de este Observatorio. Se realizaron los días martes 27 y miércoles 28 de diciembre del 2016, la Décima Cuarta (14a.) Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, con la finalidad de conocer, documentar, verificar y dar seguimiento a la situación de violencia que se vive en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra; informar a la comunidad nacional e internacional y a las autoridades nacionales e internacionales sobre esta situación e incidir en favor del respeto al cumplimiento de los DDHH y la Autonomía Indígena, así como dar seguimiento y continuidad frente a las autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.

En esta ocasión, la Décima Cuarta (14ta.) Misión estuvo integrada por: Marcela Zamora Cruz – Centro de Amigos para la Paz (CAP); Víctor Madrigal Sánchez – Red Ecuménica; Mario Alb. Villalobos Arias, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Alonso Gamboa Alvarado – Movimiento Humanista Internacional (Sección Costa Rica); Gustavo E. Cabrera Vega – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Asociación Americana de Juristas – Capítulo CR (AAJ); Tatiana Otto Golovina – Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Ana Castillo Delgado – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Suy Wong Ugalde – Centro de Amigos para la Paz (CAP). En el apoyo logístico y de comunicación colaboraron como Base de la Misión: Suyen Vega Mena; Paulo Ramírez Otto y Nelson Ríos Castro.

En esta oportunidad la Jefatura de la Misión estuvo a cargo de Marcela Zamora Cruz y de Víctor Madrigal Sánchez.

Situación del conflicto tierra/territorio

Desde hace más de cinco años, en estas comunidades indígenas se ha reiniciado la lucha por la recuperación de su tierra/territorio ancestrales; Cabagra es una de las comunidades parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma de los Pueblos Indígenas del Sur, junto a Salitre y a Térraba, siendo que en las comunidades de Brazo de Oro y Nima Dikol (en Palmira), desde el 22 de febrero de 2016 se iniciaron dos recuperaciones de tierras por parte de familias Bribris de ese Territorio.

El ODHAIN accede a realizar la visita en vista de que en la zona sur, asumiendo que el conflicto por tierra/territorio, no solo se enmarca en los territorios indígenas, sino que además se ha extendido a campesinos/as en lucha por la tierra.

Un hecho importante que coincidió con estas recuperaciones de Cabagra, es la quema del Úsure (casa de uso especial – espiritualidad Bribri – ceremonias y rituales Bribris), ubicada en San Rafael de Cabagra, que fue construida por iniciativa de uno de los Consejos de Mayores y Mayoras de Cabagra, con el apoyo de Universidades y otras organizaciones sociales y profesionales costarricenses.

Informe preliminar 14ta mision

Sobre la 13ª misión de ODHAIN

A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y de Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; se realizó los días sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2016 la Décima Tercera (13ª.) Misión del Observatorio, con la finalidad de documentar e informar a la Comunidad Nacional e Internacional los hechos suscitados en los últimos días del mes de febrero del 2016, así como dar seguimiento y continuidad frente a las Autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.

En el Informe de esta 13ª Misión se recomendó que:

  • El Gobierno costarricense es el responsable del cumplimiento de las leyes y convenios internacionales que protegen los derechos de estos pueblos. La indiferencia e inacción es la causa principal que produce esta espiral de violencia, que ha evolucionado a niveles cada vez más graves; el Estado es el responsable de la integridad territorial y de la vida de las comunidades indígenas tomando las debidas acciones para resolver definitivamente estos conflictos, restableciendo la paz y la armonía entre las partes.
  • Establecer de inmediato un protocolo específico, elaborado conjuntamente con las comunidades interesadas, para la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • Que el Gobierno atienda con prontitud el conflicto de Cabagra que se torna violento a efecto de prevenir una espiral de peores consecuencias.
  • Que abra un espacio de negociación incluyendo a los afectados por el proceso de recuperación de tierras y las autoridades locales del territorio, garantizando el saneamiento territorial, protegiendo la integridad y la vida de los bribris de Cabagra e impidiendo el ingreso y la agresión de los NO indígenas involucrados en las agresiones.
  • Que la Policía se mantenga de manera permanente en las dos comunidades donde se desarrollan las recuperaciones de tierras, pues se ha demostrado que la ausencia de esta Policía en parte ha contribuido a la actividad delictiva de los agresores contra los indígenas.
  • Al Poder Judicial por medio del OIJ (policía técnica) realizar las investigaciones necesarias y suficientes para esclarecer la responsabilidad de los actos vandálicos y las agresiones contra la humanidad y los derechos de las personas indígenas recuperantes.

Hallazgos de la 14ª misión ODHAIN

  • Entre los/as indígenas de ambas Comunidades, existe mucha (total) desinformación sobre los casos Judiciales – penales – agrarios – y administrativos relacionados con su situación.
  • Los/as afectadas indígenas perciben que sus Denuncias presentadas, incluyendo agresiones y daños, no avanzan, no se tramitan o se archivan.
  • Los dos ataques violentos que han recibido en los últimos 10 meses, incluso con heridos de bala que fueron hospitalizados y algunos quedaron con lesiones permanentes, fueron denunciados por ellos/as (afectados) y nunca se detuvo a los/as responsables, a pesar de haberlos identificados por las víctimas del ataque y por los/as testigos de esas agresiones; estos actores delictivos siguen libres dentro del Territorio de Cabagra, usurpando tierras y promoviendo amenazas y violencia.
  • Manifestaron desaliento, impotencia e indignación por la poca o nula actuación de las autoridades del Gobierno y de los Tribunales ante las permanentes agresiones, amenazas y arrebato de sus tierras.
  • Nos transmitieron el sentimiento de temor, e incertidumbre que les quedó, después de las últimas agresiones, en ambas Comunidades, para vivir y transitar libremente, trabajar en el campo o ir a la montaña; por las amenazas directas e intimidación con disparos de armas de fuego – de manera constante- entre otras formas de violencia por parte de NO indígenas y/o sus empleados.
  • No hay una atención e intervención del Estado/ Gobierno, para atender la situación del Conflicto, ni de la situación socio-económica y cultural de las familias en los Campamentos de las Recuperaciones de Tierras. Relataron los/as indígenas no tener visitas ni atención del IMAS – INAMU – Oficinas de Servicio Social del Ministerio de Salud u otras instituciones; sólo les ha visitado una funcionaria del PANI, con la Policía, amenazándoles con quitarles los/as hijos/as menores, por estar ahí en esos Campamentos con sus padres/madres, por ser una situación de riesgo.
  • Consideran que existe inoperancia, desinterés, indiferencia y complicidad del Estado/Gobierno –Policía y del Poder Judicial, frente a las usurpaciones, despojo y las agresiones por no indígenas, que eso ocurre al no actuar ni intervenir en todas estas situaciones de denuncia, siendo claras las leyes en protección de los derechos indígenas y por los delitos cometidos por estas personas denunciadas.
  • Denunciaron el daño ambiental, producido por los No indígenas, implicados en la usurpación de sus tierras recuperadas ahora por ellos/as.
  • Informaron que el Gobierno inició negociaciones y propuso Plazos para recuperar las Tierras y resolver estos Conflictos; pero no se avanzó en la negociación ni se cumplieron los plazos; por lo que siguen esperando una solución. Mientras tanto, sucedieron las nuevas agresiones con heridos de bala y lesionados que relataron anteriormente.
  • Según manifestaron, la Asociación Indígena de Cabagra (ADI, ente estatal a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal), como Gobierno Local Indígena, no les ha dado ningún respaldo, ni ha intervenido para resolver este Conflicto; más bien los/as recuperantes de ambas Comunidades, sienten que la ADI está en su contra o protege intereses de los no indígenas usurpadores del Territorio Bribri de Cabagra.
  • Afirmaron que en las Asambleas de ADI, e incluso en algunas estructuras internas, hay personas afiliadas y dirigentes que no son bribris de Cabagra.
  • Los/as mayores/as denunciaron la barrera cultural idiomática como uno de los más graves (y antiguos) problemas que sufren los Pueblos Indígenas, tanto en las comunicaciones con los No Indígenas (tratos desiguales, arrebato, amenazas, etc.) como con las Instituciones del Estado; pues nunca o casi nunca se trabaja con traductores, no hay consultas para ningún tema o servicio público, se les impone todo y se hacen reuniones muy rápidas, donde hablan los/as funcionarios/as, que al final asumen que todos/as los/as participantes de esas reuniones, están de acuerdo con lo que plantearon, lo escriben y luego dicen que hubo acuerdos.
  • Perciben que las Reuniones sobre la creación de un Mecanismo de Consulta, son de interés del Gobierno, para aprobar sus proyectos como el PH Diquís; y, que a esas Reuniones (Asambleas), asisten muchos No indígenas, que opinan y no hay control de la asistencia, lo que intimida y provoca el silencio de muchos/as indígenas de Cabagra.
  • Recibieron información de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) está haciendo un Censo de fincas usurpadas por no indígenas, para realizar un estudio con el que se pueda iniciar un Plan de Saneamiento del Territorio Bribri de Cabagra, pero ellos/as desconocen ese trabajo del INDER, los detalles, objetivos y los procedimientos del mismo; además de que no se les ha tomado en cuenta para nada en este proceso, siendo ellos/as afectados directos. Denunciaron que en una de esas reuniones –les contaron– asistieron muchos No indígenas, quiénes fueron informados y asesorados por los funcionarios del INDER, no entienden por qué y para qué.
  • Aunque hicimos intentos para entrevistarnos con los/as personeros de la ADI Cabagra no fue posible en los días en que se realizó la 14ta. Misión.
  • Están pendientes algunas entrevistas con funcionarios de Estado para conocer su versión acerca de la situación.

Informe preliminar 14ta mision4

La Décimo Cuarta Misión recomienda:

  • Al Poder Judicial, Magistrados/as, Jueces/zas, Fiscales/as y Defensores/as, que actúen respetando y fortaleciendo las normas jurídicas y protocolos nacionales e internacionales, en materia sobre Pueblos Indígenas. Atender especialmente las necesidades de información oportuna y veraz, con traductores y acompañamiento de personas de confianza de los/as afectadas/os indígenas para estos procesos judiciales y administrativos. Que se agilicen las Causas de las denuncias por agresión contra los/as indígenas, a efecto de que no continúe el clima de violencia amparado en la impunidad, que se ha convertido en una práctica en esta zona afectada por la violencia y los conflictos por tierra Territorio. En ese mismo sentido deben agilizarse las causas en temas agrarios y administrativos, que mantienen confrontación y son a su vez raíz de muchos de los actos violentos y delitos cometidos.
  • Al Gobierno, Poder Ejecutivo, que cumpla con sus deberes de protección de los territorios indígenas, la integridad y la vida, es decir, con todos los Derechos Humanos de estos Pueblos, frente a las usurpaciones y conflictos de tierras; que asuma el Proceso de Negociación (en condiciones paritarias e igualdad entre las partes) cumpliendo los plazos a los que se compromete.
  • A la Presidencia de la República, que se reforme y mejore el Protocolo de Aplicación y Cumplimiento de las Medidas Cautelares de la CIDH, para Salitre y Térraba, y que -debido a la Gravedad de la situación en Cabagra- se amplíe el Protocolo a este Territorio, a efecto de informar, capacitar y responsabilizar funcionarios y autoridades de todos los servicios públicos relacionados con estos Territorios indígenas; como una política pública de contención y prevención de la violencia, en especial la surgida y promovida por No indígenas con posesión de tierras dentro de los mismos territorios.
  • Al MINAE, que respete y haga cumplir las Leyes Nacionales e Internacionales, los Reglamentos y otras normativas específicas ambientales, vinculadas a los Territorios Indígenas, en especial NO otorgar permisos a NO indígenas, de tala de árboles, pesca u otros actividades, que dañan la naturaleza (agua, bosques, fauna,…) dentro de los Territorios, con el fin de generar un espacio disuasivo que fortalezca alternativas de no violencia en Cabagra.
  • A la ADI de Cabagra, al Gobierno y a la Contraloría General de la República (Poder Legislativo), no aceptar indemnizaciones a favor de los No indígenas, respetando y haciendo valer la Ley Indígena y las más recientes Resoluciones de los Tribunales Agrarios y Contenciosos Administrativos; que claramente han resuelto que dichas indemnizaciones por posesión de tierras de “Buena fe” en Territorios Indígenas, en los casos de Salitre, Cabagra, Térraba, Ujarrás, por ejemplo, sólo proceden para los que hayan poseído antes de 1956, fecha de los Decretos de Reconocimiento de esos Territorios; todo esto, a efecto de no hacer pagos indebidos, produciendo enriquecimiento ilícito en favor de pocas personas que se beneficiarían de manera ilegal e injusta, con los recursos de todos/as los y las costarricenses, que más pueden servirles a estas comunidades indígenas en obras de bienestar y buen vivir para ellas.

El Informe Final y sus Anexos de esta Misión serían presentados el 24 de enero de 2017, en una conferencia de prensa.

 

Marcela Zamora Cruz

Víctor Madrigal Sánchez

Jefes de Misión

 

Notas:

Fotos del Informe Preliminar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6mJIOXOtX_hNkJiQWZxMElhY3M?usp=sharing

El Informe de la 13a. Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6mJIOXOtX_hMUNUTURVWHo1WUk?usp=sharing

 

Enviado a SURCOS por Diego Molina.

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