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Autor: María José Ferlini Cartín

ADI Cabagra invierte en deporte y recreación local

Por Uriel Rojas

  • Compró uniformes deportivos

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (Kabaköl), en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT, entregaron el pasado 28 de febrero del año en curso, uniformes de fútbol para doce equipos de distintas comunidades del territorio, tanto masculino como femenino.

Esta inversión en el Deporte y la Juventud indígena local viene a fortalecer estas actividades recreativas y a crear dinámicas colectivas de encuentros comunitarios del territorio.

La ADI Cabagra realiza estos esfuerzos para fomentar hábitos saludables como la salud física y mental, valores, disciplina deportiva y promueve la inclusión y cohesión social.

Este evento, además, sirvió como espacio para venta de alimentación por parte de organizaciones educativas, con el fin de generar ingresos que procuran mejoras en sus instituciones.

Manual del esclavo voluntario: Por qué el hambre hoy vota por su verdugo

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay una imagen que recorre América Latina como una epidemia: el árbol que, viendo venir al leñador, vota por el hacha porque el mango está hecho de madera. Nos convencieron de que el verdugo es un «aliado» solo porque usa nuestro mismo lenguaje de frustración. Es la ironía más cruel de nuestra era: ver a personas que, no tienen seguro si pagar la luz o el diario de comida, defendiendo a capa y espada el derecho del banquero a llevarse hasta las migajas del pan.

Empezamos viendo a Chile, donde el miedo al caos fue el fertilizante para que discursos autoritarios de un heredero de Pinochet prometieran un orden que solo protege los activos de la élite. Seguimos con Ecuador, entregando la soberanía a grupos que ven lo público como un estorbo para el negocio privado. En Argentina, el experimento es casi quirúrgico: un liderazgo que grita «libertad» mientras le arrebata el medicamento al jubilado, vendiendo la idea de que el sacrificio del pobre es el combustible necesario para el yate del rico al que sirve el loquito Milei. Y en El Salvador, la seguridad se ha vuelto la moneda de cambio de Bukele para hipotecar la democracia, donde el ciudadano aplaude sus propias cadenas mientras los derechos fundamentales se vuelven un lujo que el trabajador de a pie ya no puede pagar, sin solucionar, en ningún caso, la pobreza extrema y la desigualdad.

¿Cómo nos hicieron esto? No fue por accidente. Es el triunfo de una Programación Neurolingüística aplicada al asco social. ¿Cómo? es, básicamente, un hackeo emocional: consiste en repetir palabras «llave» para que tu cerebro deje de razonar y solo reaccione desde la víscera. Un ejemplo descarado lo vivimos cada miércoles en Zapote con Rodrigo Chaves y Laura Fernández: cuando usan etiquetas como «dictadura perfecta» para atacar a las instituciones o «prensa canalla» para anular cualquier crítica. No están describiendo la realidad, están instalando un «chip» en tu cabeza para que vos mismo pidas que quiten los controles que te protegen del abuso de poder. Te convencen de que el árbitro es el enemigo para que no veás que el capitán de su equipo se está robando el balón.

Y aquí caemos en la contradicción más absurda y dolorosa: el pobre que se convierte en el guardaespaldas voluntario de la bóveda del millonario. Es el fenómeno del «guardaespaldas del patrón«: personas que viven en precarios o que llegan a fin de mes haciendo milagros, pero que salen a redes sociales a defender que se le bajen los impuestos a las grandes corporaciones o que se desmantele la Caja. Se han vuelto expertos en defender intereses que nunca los invitarán a su mesa. Es como ser el ratón que aplaude cuando el gato quita las leyes de protección de roedores, convencido de que, si el gato es «libre«, algún día lo invitará a cenar en lugar de comérselo.

En nuestra Costa Rica, este populismo de modales bruscos, violencia verbal y testosterona digital nos está programando para odiar al vecino que tiene un poquito más, mientras adoramos al magnate que nos quita lo poco que nos queda. Nos dicen que el Estado social de derecho es un «gasto» para que no notemos que lo que quieren es privatizar hasta el aire que respiramos.

Es hora de despertar del trance. Ser pobre y defender a ultranza a un millonario con ínfulas de mesías no es una postura política, es un error de cálculo emocional provocado por el hambre y el hartazgo. No seas el pavo que celebra que adelantaron la Navidad; recordá que en esa fiesta, vos no vas a la mesa, vos sos el plato principal.

Postdata de JoseSo: La manipulación es tan perfecta que terminás odiando al que te quiere ayudar y amando al que te está desplumando… ¿Ya revisaste quién sostiene el mango del hacha que estás aplaudiendo?

Cuestionan uso del proyecto turístico Golfo de Papagayo para desarrollos residenciales y presentan recurso de amparo

La organización Confraternidad Guanacasteca cuestionó públicamente el uso de concesiones estatales en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo para desarrollos residenciales y venta de propiedades, señalando que este tipo de actividades no corresponden al concepto legal de turismo y podrían desnaturalizar el fin público del proyecto.

El planteamiento fue expuesto por Gadi Amit, quien sostiene que “no todo extranjero es turista” y que resulta necesario diferenciar entre turismo propiamente dicho y otros fenómenos como residencia temporal o permanente, inversión inmobiliaria o migración.

¿Qué es turismo?

De acuerdo con el pronunciamiento, el turismo implica desplazamiento voluntario, temporal y con fines de ocio o recreación, con fechas de inicio y fin definidas, destino específico e inversión económica asociada a hospedaje, transporte, alimentación y actividades recreativas.

Además, subraya que la actividad turística requiere una organización turística estructurada, es decir, infraestructura y servicios como hotelería, transporte, agencias de viajes y atracciones que faciliten la experiencia del visitante.

En la legislación costarricense, la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico (Ley N.° 6990) establece beneficios fiscales para actividades como servicios de hotelería, transporte aéreo y acuático de turistas, agencias de turismo receptivo y arrendamiento de vehículos, entre otros.

El caso del Golfo de Papagayo

La controversia se centra en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, iniciativa estatal administrada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), desarrollada en tierras propiedad del Estado otorgadas en concesión por plazo determinado y destinadas, por ley, exclusivamente al desarrollo turístico.

Confraternidad Guanacasteca sostiene que el uso de estas concesiones para proyectos residenciales o condominios orientados a la venta de propiedades —aunque el comprador sea extranjero— no constituye turismo en el sentido jurídico del término.

Sobre este punto, la organización informó que presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, expediente 25-020400-0007-CO, en el que plantea que la venta de propiedades en esas condiciones no se ajusta al fin turístico establecido por la normativa que regula el proyecto.

Debate sobre modelo de desarrollo

El cuestionamiento abre una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo turístico en zonas costeras, el uso de tierras estatales bajo concesión y la diferencia entre actividad turística y negocio inmobiliario.

En publicaciones anteriores de este medio se ha abordado la tensión entre desarrollo inmobiliario en zonas de alto valor ambiental y el cumplimiento de los fines públicos asociados a concesiones en territorios costeros, así como la necesidad de claridad en la gestión del ICT y de transparencia en la información sobre el alcance real de los proyectos.

Confraternidad Guanacasteca señala que el Instituto Costarricense de Turismo debe aclarar si los desarrollos residenciales dentro del Proyecto Golfo de Papagayo se ajustan al marco legal vigente o si, por el contrario, se está ampliando de facto el concepto de turismo hacia actividades predominantemente inmobiliarias.

El debate se mantiene abierto en sede constitucional y plantea interrogantes sobre la definición misma de turismo, el uso de bienes estatales y las prioridades del desarrollo económico en zonas estratégicas del país.

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley “Polo de Desarrollo” sobre minería en Crucitas

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó, mediante el Acta N.° 6936, a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica (Expediente n.° 24.675), tras realizar un análisis académico, jurídico, social y ambiental exhaustivo.

Este proyecto fue propuesto por el Frente Amplio y, en días pasados, la presidenta electa Laura Fernández lo planteó como una alternativa para discutir y comparar con el proyecto apoyado por el Poder Ejecutivo (Expediente n.° 24.717).

El criterio fue emitido por la UCR en septiembre pasado, a solicitud de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política. El análisis contó con la participación de múltiples instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela Centroamericana de Geología, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Programa Kioscos Socioambientales.

Desde una perspectiva social y comunitaria, el Consejo Universitario reconoce que la iniciativa contiene elementos relevantes, en tanto “procura abordar la problemática de la minería ilegal en Crucitas, con énfasis en la recuperación ambiental, la promoción del desarrollo sostenible para las comunidades locales y la diversificación económica”. No obstante, advierte que este enfoque “requiere delimitar mejor el alcance regional del proyecto e incorporar de manera explícita la perspectiva de género”, dada la alta vulnerabilidad social de la Región Huetar Norte.

El acuerdo destaca que cerca del 69 % de los distritos de la región presentan niveles muy bajos de desarrollo social, por lo que resulta indispensable que cualquier iniciativa de esta naturaleza incorpore planes de desarrollo obligatorios, mecanismos claros de evaluación y una articulación institucional robusta que priorice a las comunidades locales y a las poblaciones históricamente excluidas.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental y técnico, el Consejo Universitario concluye que el proyecto presenta debilidades estructurales graves. En particular, señala que “carece de una fundamentación técnica sólida” y que se sustenta en una lógica de “capitalismo verde que ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos estructurales que implica la explotación ilegal de los bienes naturales”.

Entre las principales omisiones, la UCR subraya la ausencia de un diagnóstico ambiental científico sobre los niveles de contaminación por mercurio, la falta de protocolos de remediación, la inexistencia de estándares de calidad ambiental y la carencia de un sistema de monitoreo que permita evaluar la efectividad de las acciones propuestas. Asimismo, advierte que “no se presentan datos verificables sobre los pasivos ambientales existentes ni estimaciones técnicas o económicas sobre los costos reales de la remediación ambiental”.

Otro aspecto crítico señalado es la delimitación territorial del proyecto, ya que este se restringe a la antigua concesión minera de Crucitas, pese a que la minería ilegal “ha trascendido ampliamente esa área y se ha extendido a zonas colindantes y a lugares alejados como Abangares, e incluso con operaciones en territorio de Nicaragua”. Esta limitación, advierte el Consejo, podría provocar el desplazamiento del problema hacia otras regiones del país.

El Consejo Universitario también alerta sobre los riesgos éticos y jurídicos de la propuesta, al considerar que podría abrir la puerta a la mercantilización de la naturaleza y a la legitimación indirecta de actividades extractivas ilegales. En ese sentido, señala que la titularización del yacimiento de roca dura “podría sentar un precedente para la financiarización de la naturaleza, convirtiendo los ecosistemas en instrumentos sujetos a la especulación del mercado”.

Finalmente, el acuerdo concluye que el proyecto “no constituye una solución adecuada ni sostenible a la crisis legal, ambiental y social generada por la minería ilegal en Crucitas y sus zonas adyacentes”, y advierte que ninguna iniciativa será efectiva mientras el Estado no recupere un control real y sostenido sobre la seguridad y la soberanía del territorio. Según la UCR, “la ocupación informal del espacio por actores ilegales, la débil presencia institucional y la limitada capacidad de fiscalización convierten en ilusorio cualquier intento de establecer una solución integral sin antes atender las condiciones básicas que requieren las comunidades de la región”.

Por estas razones, el Consejo Universitario acordó comunicar a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley, al tiempo que reiteró la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar con criterios técnicos y académicos para la construcción de alternativas integrales, sostenibles y socialmente justas frente a la problemática de la minería ilegal en el país.

A lo largo de más de dos décadas, la Universidad de Costa Rica, a través de distintas rectorías y Consejos Universitarios, ha emitido numerosos criterios técnicos, científicos y académicos en oposición a los intentos de reactivar la minería en Crucitas. Se trata de pronunciamientos construidos desde múltiples disciplinas que, pese a partir de enfoques diversos, han coincidido de manera consistente y contundente en señalar los riesgos e impactos de esta actividad.

El acuerdo más reciente reafirma esta posición histórica y da cuenta de la coherencia institucional de la UCR frente a este tema de interés nacional. Puede consultarse en la sesión N°6967, un acuerdo ( CU-160-2025), relativo al proyecto de “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y reforma parcial al Código de Minería” (Expediente n.° 24.717), actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Acta y acuerdo completo en: https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/2025/6936.pdf#page=81

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Denuncia por quema de cientos de hectáreas de rastrojos de piña en Buenos Aires

  • Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche

  • Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica

  • Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día

Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.

Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.

Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.

En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.

Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.

La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.

Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.

La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.

Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.

Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.

Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.

La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)

Le invitamos a ver el video:

Área de la producción orgánica se reduce en 16% durante lo que va de la administración Chaves-Robles

Comunicado de la Federación Ecologista:

Mandatos ministeriales de Víctor Carvajal Porras hacen desplomarse producción orgánica.

Según los datos publicados hoy 26 de febrero de 2025 por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el área dedicada a la producción orgánica certificada se redujo un 8,6% en tan sólo un año. Pasando de 10359.65 en el año de 2024 a 9.466.84 hectáreas para al 2025.

Hay que recordar que en setiembre del 2024 el Movimiento Costarricense de Agricultura Orgánica (MAOCO) denunció que se había desmantelado el Departamento de Agricultura por decisión del ministro Víctor Carvajal Porras.

Sumado a eso Carvajal también había decidido desarticular la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica “al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria”, denunció el MAOCO en ese momento.

Cabe señalar que en el 2022 cuando la administración Chaves-Robles inició el Departamento de Agricultura Orgánica tenía cuatro funcionarios. A la fecha, la extinta dependencia sigue sin ser sustituida por ninguna otra estructura u oficina articuladora. Dejando en el vacío institucional todo un sector dedicad a la producción libre de pesticidas.

Cabe resaltar que la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley n°8591) en su artículo 8 señala que: “corresponde al MAG realizar las labores de promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria orgánica.” disposición legal que el señor Carvajal Porras parece desobedecer al mirar las estadísticas desplomarse.

Los números son más dramáticos cuando comparamos el área sembrada como orgánica certificada en el 2022 con los datos del 2025. En lo que va de la administración Chaves-Robles se han perdido 1.800 hectáreas de producción orgánica, un 16% menos que en el año 2022.

Fecon, 26 de febrero 2026.

CONCEVERDE alerta sobre proyecto municipal en el cerro Chompipe y advierte riesgos para el recurso hídrico

La organización CONCEVERDE emitió una alerta pública dirigida a la población de San Rafael de Heredia ante la posibilidad de que avance un proyecto impulsado por la Municipalidad en el cerro Chompipe, iniciativa que —según la organización— se presentaría bajo la figura de “Monumento Natural”, pero que implicaría el desarrollo de infraestructura recreativa en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.

El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que funcionarios municipales aparecen junto a la diputada electa Marta Esquivel, quien manifiesta respaldo al proyecto promovido por el alcalde rafaeleño. CONCEVERDE cuestiona la participación de actores externos en una iniciativa que, afirma, compromete un territorio reconocido jurídicamente como área de protección absoluta.

Zona de protección dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

El cerro Chompipe se ubica dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la zona inalienable establecida por la Ley 65 del 30 de julio de 1888, condición que le otorga un régimen especial de protección. Según la organización, cualquier intervención en esa área podría amenazar directamente recursos naturales estratégicos, en particular el recurso hídrico.

CONCEVERDE advierte que no se trata únicamente de un asunto local, ya que las zonas montañosas del sector cumplen funciones de recarga acuífera que abastecen a amplias áreas del Valle Central. Por ello, consideran que el eventual desarrollo de infraestructura recreativa generaría impactos que trascienden el ámbito cantonal.

Antecedentes del debate ambiental en San Rafael

En notas previas publicadas por este medio se ha documentado la preocupación de organizaciones comunitarias y ambientales ante proyectos que podrían afectar áreas protegidas y zonas de recarga hídrica en San Rafael de Heredia. Estos antecedentes incluyen discusiones sobre ordenamiento territorial, protección de nacientes y el rol de la ciudadanía en la defensa de bienes públicos ambientales.

La controversia en torno al cerro Chompipe se inscribe en ese contexto más amplio, donde sectores comunitarios han señalado la necesidad de que cualquier iniciativa en zonas de alta fragilidad ecológica cuente con estudios técnicos rigurosos, transparencia en la toma de decisiones y participación efectiva de la comunidad.

Llamado a la participación ciudadana

CONCEVERDE sostiene que la defensa del agua, los bosques y las áreas protegidas no puede quedar únicamente en manos de decisiones políticas, sino que constituye una responsabilidad colectiva. En su mensaje, llaman a la ciudadanía herediana a mantenerse vigilante y a involucrarse en la discusión sobre las prioridades ambientales del cantón.

El caso reabre el debate sobre el alcance de las figuras de protección ambiental, los límites de la intervención municipal en áreas protegidas y la importancia de resguardar zonas estratégicas para la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico regional.

Mayoría ciudadana valora de manera positiva el proceso electoral

81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.

Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.

Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.

Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.

Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.

La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.

Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.

En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.

La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).

Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.

Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).

Otras consideraciones

Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.

Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.

El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.

En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).

Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.

Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.

La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).

La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/INFORME_febrero-2026.pdf

Exposición “Fragilidad: danzando con la luz»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y  la Asociación de Artistas en Vidrio de Costa Rica, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Fragilidad: danzando con la luz.

La actividad será presencial el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 3 al 26 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Inauguración de la exposición de arte «Mujeres del mundo»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y Letras & Artes by Nayuribes, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Mujeres del mundo, con la participación de Nayuribes Ramírez, Natalia Esquivel Benitez y Thelma Darkins Bucknam.

La exposición se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad será presencial el lunes 2 de marzo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 2 al 26 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.