UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.
No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.
La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.
Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.
Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.
Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.
Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.
La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.
¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!
“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo». Recordarán ustedes esta frase salida del más filósofo de los filósofos de los mandatarios contemporáneos.
Recordarán ustedes también sus indicaciones para exterminar el español en varios Estados de la unión americana, como mecanismo para extirpar el peso simbólico de la comunidad hispana en su país.
Muy por el contrario, el español goza de muy buena salud: se ha convertido en símbolo de resistencia en la misma entraña del país del filósofo en mención.
A cada operativo de ICE en el que la autoridad migratoria ha intentado someter en inglés a las personas detenidas, la mayoría de ellas de origen centroamericano, el español ha sido repuesta y herramienta.
Por otra parte, en un guiño colonial y comercialoide de poca monta, la FIFA industria y mercenaria del inicio Infantino, intentó torcer el brazo de los países hispanohablantes al obligar a realizar las conferencias de prensa en el marco del actual Campeonato Mundial de fútbol, en inglés.
Tuvo que rectificar, obviamente.
Nada más desacertado en un torneo organizado en tres países, dos de los cuales el español es hablado por miles de millones de personas.
Habiendo dicho esto, habiendo aceptado que español si como recurso y estrategia de respuesta, no debe obviarse que en muchos de nuestros países este idioma también ha constituido herramienta de dominación y sometimiento en contra de pueblos originarios.
El balón, decía el Maradona más político que existió, no debe ser manchado nunca. El español tampoco. Pero tampoco debe obviarse los siglos de vasallaje cultural que este idioma ha propiciado contra saberes ancestrales.
Porque Sí el español y los demás idiomas que nos tejen como región.
Esa debe ser la consigna. La política. La resistencia.
Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.
Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.
Los cuidados como derecho humano y como disputa política
En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.
Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.
Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.
Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.
Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.
De cuidar para incluir a cuidar para controlar
Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.
Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.
Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.
No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.
En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.
Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.
El cuidado también es desarrollo económico
La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.
Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.
En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:
consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;
reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;
incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.
A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.
Defender las políticas públicas de cuidado
En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.
Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.
Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.
Un debate necesario
La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.
Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.
La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario Ciencias Económicas y Empresariales, Comercio Exterior, Administración Aduanera Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Escritor, Científico Social
La Universidad Técnica Nacional (UTN), creada mediante la Ley N.° 8638 en el año 2008, representa uno de los proyectos educativos más importantes impulsados por el Estado costarricense para fortalecer la educación superior técnica, tecnológica y científica. Desde su origen, la institución nació con el propósito de responder a las necesidades de formación del sector productivo nacional y de servir como puente entre la educación técnica y la educación universitaria, contribuyendo al desarrollo económico, social y tecnológico del país.
Después de casi dos décadas de existencia, la UTN ha logrado consolidar una presencia nacional significativa mediante sus sedes regionales y una oferta académica orientada a la empleabilidad y al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía. Su ubicación geográfica, particularmente en la provincia de Alajuela, le otorga ventajas competitivas extraordinarias debido a la cercanía con zonas francas, parques industriales, centros logísticos, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y corredores de comercio internacional que la conectan con los principales mercados del mundo.
Sin embargo, los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI exigen una transformación más profunda. La acelerada evolución de la ciencia y la tecnología, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, la automatización, la sostenibilidad ambiental y la competencia global por el talento obligan a replantear la visión institucional. La meta ya no debe limitarse a ser una universidad nacional exitosa, sino convertirse progresivamente en una universidad tecnológica de referencia para América Latina y, eventualmente, en una institución de rango mundial.
Para alcanzar ese objetivo, la UTN debe orientar su crecimiento hacia áreas estratégicas de alta demanda internacional. Entre ellas destacan la Ciencia de Datos, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica, la Ciberseguridad, las Energías Renovables, la Biotecnología, la Tecnología de Alimentos, la Industria 4.0 y 5.0, la Logística Inteligente y las Cadenas Globales de Suministro. Estas disciplinas constituyen la base de las economías más dinámicas y representan oportunidades reales para que Costa Rica fortalezca su competitividad internacional.
La internacionalización debe convertirse en un eje transversal de toda la estrategia institucional. Esto implica fortalecer el bilingüismo, promover programas de doble titulación, impulsar intercambios académicos, establecer convenios con universidades líderes del mundo y desarrollar una cultura universitaria orientada hacia estándares globales de excelencia. La capacidad de atraer profesores visitantes, investigadores internacionales y estudiantes extranjeros será un indicador clave del avance institucional.
Un componente fundamental de esta transformación es el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación universitaria debe responder prioritariamente a los problemas nacionales y regionales, contribuyendo a generar soluciones en áreas como sostenibilidad ambiental, salud pública, educación, productividad empresarial y desarrollo social. Más allá de la publicación de artículos científicos, la universidad debe enfocarse en generar impacto real mediante la transferencia tecnológica, la creación de patentes, la incubación de empresas, el emprendimiento innovador y la vinculación efectiva con los sectores productivos.
La sostenibilidad financiera constituye otro de los grandes desafíos institucionales. El financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior seguirá siendo esencial, pero resulta necesario complementarlo mediante alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos de investigación, convenios con organismos multilaterales y mecanismos innovadores de captación de recursos. Instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los programas europeos de investigación representan oportunidades relevantes para financiar proyectos estratégicos.
Asimismo, la universidad debe avanzar hacia una transformación digital integral. La implementación de plataformas inteligentes de gestión, sistemas de gobierno digital, analítica de datos institucionales y automatización de procesos permitirá mejorar la eficiencia administrativa y académica. La incorporación de tecnologías emergentes fortalecerá tanto la experiencia estudiantil como la capacidad institucional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.
El desarrollo del talento humano será igualmente determinante. La calidad de una universidad depende en gran medida de la excelencia de sus docentes, investigadores, directivos y personal administrativo. Por ello, es indispensable fortalecer los procesos de selección basados en competencias, promover la capacitación continua, garantizar condiciones laborales competitivas y fomentar una cultura organizacional orientada a la innovación, la calidad y la rendición de cuentas. El liderazgo institucional deberá caracterizarse por una visión estratégica, capacidad de gestión y compromiso permanente con la excelencia académica.
La consolidación de la calidad requiere además sistemas rigurosos de evaluación, acreditación y mejora continua. La UTN debe medir su desempeño mediante indicadores internacionales, comparar sus resultados con universidades líderes y participar activamente en rankings académicos globales. No se trata únicamente de mejorar posiciones, sino de utilizar esos referentes para impulsar procesos permanentes de aprendizaje institucional y fortalecimiento de capacidades.
Una visión de largo plazo también exige proyectar el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica. El desarrollo de ciudades tecnológicas sostenibles alrededor de las sedes universitarias, en alianza con empresas de alta tecnología y sectores productivos estratégicos, podría convertir a la UTN en un ecosistema de innovación capaz de integrar educación, investigación, emprendimiento y desarrollo regional. Esta visión permitiría atender una población estudiantil creciente y consolidar espacios para la experimentación tecnológica y la transferencia de conocimiento.
Convertirse en una universidad de clase mundial implica responder preguntas estratégicas fundamentales: cuál será su identidad diferenciadora, cómo se financiará su crecimiento, cuáles serán sus áreas prioritarias de especialización, cómo medirá el éxito institucional y qué alianzas nacionales e internacionales serán necesarias para alcanzar sus objetivos. La claridad en estas definiciones permitirá construir una hoja de ruta sólida y sostenible para las próximas décadas.
En conclusión, la Universidad Técnica Nacional posee condiciones excepcionales para convertirse en un referente regional de educación superior tecnológica. Su origen, cobertura territorial, cercanía con los sectores productivos y orientación hacia la formación técnica constituyen fortalezas significativas. No obstante, alcanzar estándares internacionales requerirá una estrategia integral basada en innovación, investigación aplicada, internacionalización, transformación digital, sostenibilidad financiera y excelencia académica. El verdadero reto no consiste únicamente en ascender en los rankings mundiales, sino en formar profesionales altamente calificados, bilingües, innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible de Costa Rica. Si logra consolidar esta visión estratégica, la UTN podrá posicionarse como una universidad tecnológica líder en América Latina y proyectarse exitosamente hacia el escenario global.
La Defensoría de los Habitantes lanzó el octavo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.
Este nuevo capítulo se enfoca el trabajo de las 31 Fiscalías con personal especializado que conocen materia de violencia de género, los retos en materia presupuestaria para su funcionamiento, las plazas requeridas para el fortalecimiento del trabajo de estas unidades, analizar los retos en materia de acceso a la justicia y el trabajo de la prevención de la violencia.
En el nuevo episodio se aborda el testimonio de un familiar de una víctima de femicidio, el acompañamiento recibido, cómo enfrentar el proceso y la solicitud de justicia.
Para la edición del podcast participan la fiscal adjunta de género del Poder Judicial, Debby Garay Boza y Laura Tacsan Ulate, hermana de una víctima de femicidio.
Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.
Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.
En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.
El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.
Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.
En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.
Este proceso de damnatio memoriae “a la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.
Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.
Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.
De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.
* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.
Se establece un pacto patriótico costarricense entre las legisladoras y los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana del Congreso de la República en la legislatura 2026-2030 y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que integra al sindical, agroalimentario, ganadero, indígena, arrocero, ambiental, empresarial, estudiantil, movimientos populares, artístico, religioso, territoriales, académicos, pescadores y otros; representados por el Equipo Timón, en su condición de coordinadores, con la finalidad de establecer los acuerdos entre partes, dar seguimiento y ejecución a los compromisos adquiridos. Además, se desea promover los más altos valores patrios como son el Diálogo, la Democracia, la Paz Social, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, propiciar la movilidad social ascendente, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, y la defensa de instituciones de bien común como la CCSS, el ICE, el INS, el CNP, el BCR, el A y A-Asadas, CEN-CINAI, PANI, Universidades Públicas y otros.
Por lo cual, para este pacto patriótico manifestamos compartir los siguientes valores y principios contenidos en el documento: “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica” del Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa, y los propios de RENASES, que nos permite tener un marco de referencia:
1) Defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática, el bienestar de la ciudadanía costarricense, la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la atención a los principales desafíos del país;
2) Se prioriza el diálogo social y la capacidad de convergencia para el bien común y el bienestar de los costarricenses; promoviendo, desde la Red Nacional de Sectores Sociales proyectos de ley y solicitando a diputados y legisladoras pactantes y otros, ser voz de los sectores sociales en el control político que ejerzan en el Parlamento;
3) Fomento y fortalecimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia. Asimismo, suscitar la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.
4) Apoyo al combate frontal contra el crimen organizado, la sanción a las organizaciones criminales y mayor presupuesto al OIJ, Seguridad Pública, Ministerio Público, Policías de Migración, Penitenciaria y Fuerza Pública. También, la reforma y transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa; eliminando su carácter político.
5) Apoyo a la prevención del delito en las diferentes formas, mediante la promoción de una cultura de paz, el deporte, la expresión artística, el fortalecimiento del tejido social y comunitario, el mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación, en aras del fomento de una Política Social integral.
6) Establecimiento de un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, para la inversión en educación (Primera Infancia, el INA, MEP y FEES). Asimismo, el fortalecimiento de la Política Educativa y Curricular. Finalmente, el aseguramiento de la estabilidad laboral docente, técnico-docente y administrativo.
7) Defensa y fortalecimiento de la CCSS, su sostenibilidad financiera, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM): a- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago. b- Que se instaure un plan para reducir las listas de espera. c- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras. d- Abordaje de la salud mental en el sistema de salubridad pública y en el sistema educativo. e- Que se respete la autonomía de la CCSS.
8) Evaluación de la aplicación de la Regla Fiscal, considerada por algunos sectores como una medida perversa cuya aplicación no permite ni resguardar, ni aumentar la inversión social. Por el contrario, se debe impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF. Valga indicar que el problema fiscal costarricense no es exclusivamente de gasto. Es un problema de erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica. Así las cosas, la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, la progresividad, la equidad, la eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.
9) Fortalecimiento de los guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental. Defensa de la soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto. Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. Fomento de iniciativas para el bienestar animal. Que se garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento de las ASADAS.
Promover soluciones de gestión integral, efectiva y sostenibles a la crisis de residuos con un enfoque de economía circular.
10) Compromiso con el Convenio 190 de la OIT, que ratifica el combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidadores. Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables. Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.
Velar por el respeto y el reconocimiento de los Pueblos originarios y sus territorios. Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio. Apoyo a las comunidades afrodescendientes.
11) Defensa e impulso a la producción nacional, fomento a la innovación y aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional: a- Fortalecer el mercado agropecuario. b- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria. c- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios accesibles. d- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente. e- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas. f- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios; g- Aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional y la no aprobación de la adhesión a la Alianza Transpacífico. h- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de “areteo”.
12) Fortalecimiento y mejora de la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.
Así, resolvemos establecer un pacto patriótico entre el Bloque Democrático Legislativo y la Red Nacional de sectores sociales, bajo los siguientes términos:
Defender los valores y principios expuestos en el marco de referencia, compartido por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) con base en algunas “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”.
Apoyar las iniciativas de leyes que construya el proyecto país compartido en el marco de referencia.
Establecer los mecanismos para el aporte de proyectos de leyes de RENASES y solicitudes para el control político, según las diversas fracciones del PLN, FA y CAC. Además, de la coordinación de acciones de la Red Nacional de Sectores Sociales solicitada por los diputados de dichas fraccionesmediante un primer nivel político entre Jefes de fracciones de los Partidos Políticos suscribientes y el Equipo Timón.
Integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal de las fracciones mencionadas y RENASES.
Legitimar al Equipo Timón como el coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales, e interlocutor con las jefaturas de las fracciones del PLN, FA Y CAC que subscriben el presente pacto patriótico integrado por:
Dado a los 29 días de junio del 2026, en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a las 11:00 horas, y firman este pacto patriótico los siguientes jefes de fracciones:
Diputado Álvaro Ramírez Bogantes, (PLN) Diputado José María Villalta Florez-Estrada, (FA) Diputada Claudia Dobles Camargo, (CAC)
Gilda Montero Sánchez (ANDE) 401450893
Gilberth Díaz Vásquez (SEC) 50195021
Albino Vargas Barrantes (ANEP) 104570390
Martha Rodríguez González (UNDECA) 203430472
Lenín Hernández Navas (SINAE) 109670277
José María Oviedo Chaves
(UNAG) 105060146
Organizaciones, sectores, movimientos y otros que ratifican este Pacto Patriótico Costarricense.
La Iglesia celebra hoy la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, las dos grandes columnas apostólicas sobre las cuales el Señor quiso sostener visiblemente la comunión de su Iglesia y extender el anuncio del Evangelio hasta los confines del mundo. Sin embargo, esta no es, ante todo, una fiesta dedicada a dos grandes personajes de la historia religiosa. Es, sobre todo, una celebración de la acción de Jesucristo en la vida de dos hombres profundamente distintos, unidos por la gracia y por la misión.
El Evangelio nos cuenta que Jesús llega con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y formula una pregunta que atraviesa los siglos y continúa resonando en el corazón de cada persona: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?». Las respuestas son diversas: un profeta, un hombre extraordinario, un enviado de Dios. Pero Jesús no se conforma con las opiniones generales ni con las respuestas de segunda mano. Por eso plantea la pregunta decisiva: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Esta sigue siendo la pregunta fundamental del cristianismo. Antes que una doctrina, una institución o una moral, la fe cristiana nace del encuentro con una persona y de la respuesta a esta pregunta. La identidad de la Iglesia, de nuestra vocación y de nuestra propia existencia depende, en última instancia, de la respuesta que demos a Cristo.
Es entonces cuando Simón Pedro, en nombre de todos los discípulos, pronuncia la confesión de fe que constituye el fundamento de la Iglesia: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Pedro no llega a esta verdad por sus propias fuerzas ni por una especial capacidad intelectual. Jesús mismo le manifiesta el origen de esta confesión: «Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». La fe es siempre un don, una gracia, una revelación que transforma la mirada y permite reconocer en Jesús al Señor y Salvador.
Y precisamente sobre esta fe confesada por Pedro, Cristo pronuncia unas palabras que han acompañado a la Iglesia durante dos mil años: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Conviene detenernos en algo esencial: Jesús no dice “tu Iglesia”, sino “mi Iglesia”. La Iglesia pertenece a Cristo. Pedro no es el dueño de la Iglesia ni el origen de la Iglesia. Pedro es el servidor de la unidad, el custodio de la fe apostólica y el hermano llamado a confirmar a sus hermanos.
Además, resulta consolador recordar que Jesús no eligió a un hombre perfecto. Eligió a un pescador impulsivo, capaz de hacer una extraordinaria profesión de fe y, más tarde, de negar a su Maestro. Eligió a un hombre frágil para manifestar que la fortaleza de la Iglesia no proviene de las capacidades humanas, sino de la fidelidad de Dios. La Iglesia permanece no porque sus miembros sean impecables, sino porque Cristo resucitado continúa sosteniéndola con su gracia.
Esta enseñanza posee una enorme vigencia. Vivimos en una cultura que, con frecuencia, mira toda autoridad con sospecha, y no sin razones, porque demasiadas veces el poder ha sido utilizado para dominar, manipular o excluir. Sin embargo, la autoridad más alta en la Iglesia nace de una confesión de fe y se ejerce como servicio. El ministerio de Pedro no es un privilegio para imponerse sobre los demás, sino una responsabilidad para custodiar la unidad y servir a la verdad del Evangelio.
Junto a Pedro celebramos hoy también a Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Si Pedro representa la unidad visible de la Iglesia y la continuidad apostólica, Pablo representa el impulso, ese ardor misionero que lleva el Evangelio más allá de toda frontera geográfica, cultural y humana. Ambos nos recuerdan que la Iglesia solo es fiel a sí misma cuando permanece unida en la fe y audaz en la misión.
Por eso, en esta solemnidad, elevamos de manera especial nuestra oración por el sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Pedimos al Señor que lo fortalezca con la gracia del Espíritu Santo, le conceda sabiduría, fortaleza y humildad, y haga de él un signo visible de la unidad de la Iglesia y un testigo valiente del Evangelio en medio de un mundo herido por la violencia, la incertidumbre y el miedo.
El Museo de la Universidad de Costa Rica, el Programa Institucional para la Persona Adulta Mayor, el Programa Integral para la persona Adulta Mayor en la Región de Occidente, la Vicerrectoría de Acción Social, Iniciativas Estudiantiles de Acción Sociales, la Asociación Acción Arte y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle a la muestra Conservación preventiva: archivo de Zulay Soto de 1960 a 1970
El 15 de julio a las 4:00 p.m. en la Biblioteca Nacional se presentará el videocollage Zulay Soto: mujer de rompe y rasga.
La exposición está abierta al público del 2 al 30 de julio, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m
Durante una reciente jornada de trabajo se definieron las seis áreas estratégicas y el acompañamiento de la Universidad Nacional (UNA)
Como parte del proceso de ejecución de la política territorial Norte–Norte con visión hacia 2050, la Vicerrectoría de Extensión, diversas unidades académicas de la Universidad Nacional (UNA) y líderes comunales de Upala, Guatuso y Los Chiles realizaron un segundo encuentro de trabajo, en el que se analizaron seis de las diez iniciativas estratégicas planteadas en una fase inicial.
El encuentro, que se organizó en Guatuso, se centró en definir posibles vías de acompañamiento académico en áreas clave como la gobernanza del agua y gestión del riesgo, turismo con identidad cultural, desarrollo agroproductivo, titulación de tierras en asentamientos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), capacitación municipal y la protección de corredores biológicos.
La vicerrectora de Extensión de la UNA, Yolanda Pérez, destacó que la academia aportará su capacidad docente, infraestructura y experiencia técnica para fortalecer las acciones en los territorios. En ese marco, anunció la puesta en marcha de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Pública en el Territorio, mediante la cual personal académico y jubilado se desplazará a las comunidades para compartir conocimientos y promover el diálogo de saberes con actores locales.
Asimismo, se prevé la articulación con diversas instituciones para atender problemáticas como el turismo y la gestión del recurso hídrico. Pérez añadió que, tras la identificación de proyectos, la siguiente etapa consistirá en la formulación de programas y acciones académicas específicas, las cuales se presentarán en un tercer encuentro en Upala.
Estrategias en acción
En materia de corredores biológicos, Omar Barrantes, académico de la Escuela de Ciencias Geográficas, explicó que se priorizaron proyectos urgentes para atender la vulnerabilidad de estos sistemas y su relación con actividades productivas. Entre ellos destacan: el monitoreo de humedales, inventarios de fauna y flora, evaluación de la degradación de ecosistemas y análisis de la ausencia de pasos de fauna silvestre. A la vez, se definieron los ejes transversales para la ejecución de un programa o proyecto de investigación en colaboración con la UNA.
Respecto al turismo con identidad cultural, se busca posicionar la región Norte– Norte como un destino que genere empleo e ingresos, y contribuya a reducir la migración. Claudia Silva, presidenta de la Cámara de Turismo de Río Celeste y Bijagua (Caturi), subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre el sector empresarial, instituciones y academia para comercializar la oferta turística. Señaló que, aunque territorios como Upala, Aguas Claras, Dos Ríos y Gavilán presentan mayor desarrollo, aún requieren de mayor auge. Y en el caso de Los Chiles, se necesita un impulso más decidido.
En el ámbito agroproductivo, el catedrático jubilado Manuel Barahona indicó que el principal reto identificado es la comercialización. “Se trata del eslabón crítico de la cadena productiva, donde se requiere apoyo inmediato y estrategias sostenidas a partir de 2027”.
En esa misma línea, Kenneth Serrano, del Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, coincidió en que, pese a la capacidad productiva existente, el principal obstáculo es la colocación de los productos en el mercado. “Los productores son capaces de producir y contar con diversos sistemas y productos, pero el “cuello de botella” principal es la venta de sus cosechas. En áreas como producción, siembra, mercadeo, estrategias y valor agregado, el acompañamiento de la UNA sería de gran ayuda al sector”, afirmó.
En cuanto a la formación comunitaria y municipal, Adilia Reyes, presidenta del Concejo Municipal de Upala, destacó la necesidad de capacitación en procesos presupuestarios y gestión de recursos humanos. “La UNA es un aliado clave para fortalecer las capacidades institucionales en la región”, indicó.
Axel Solís, presidente del Concejo Municipal de Los Chiles, manifestó que la UNA ha tenido una presencia prolongada en la región, brindando asesoría técnica vital a los gobiernos locales, que a menudo tienen limitaciones presupuestarias significativas. “Su asistencia técnica es fundamental para gestionar proyectos y desarrollar obras, al compensar la falta de recursos humanos especializados en los gobiernos locales”, subrayó Solís.
Sobre la titulación de tierras, el académico de la Escuela de Geografía, Catastro y Geodesia de la UNA, Steven Oreamuno, enfatizó la importancia de reactivar y fortalecer el convenio con el Inder para mejorar la titulación de tierras en los tres cantones involucrados, dado que esto impide la generación de recursos para los gobiernos locales.
En gobernanza del agua y gestión del riesgo, la académica del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la UNA, Nelly López, advirtió que se trata de desafíos complejos que exigen un abordaje sostenido y de largo plazo. Señaló que el proceso debe iniciar con actividades académicas y evolucionar hacia proyectos o programas que atiendan de forma integral las necesidades de los tres cantones. Además, subrayó la importancia de incorporar la percepción de riesgos y amenazas naturales —como eventos hidrometeorológicos, actividad volcánica y contaminación— que afectan las fuentes de agua.
La próxima fase contemplará la formulación de programas y proyectos académicos específicos según cada temática.
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Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
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