La necesaria ruptura de los paradigmas organizacionales y la resistencia de las relaciones de poder. Miguel Sobrado menciona que en Costa Rica estamos viviendo un momento oscuro, pues tenemos una situación de transformación donde lo viejo ya no funciona y lo nuevo todavía está por nacer.
Existe desesperanza frente a un sistema centralizado donde predomina la impunidad para los delitos de cuello blanco con excesivos controles de procedimientos sobre las tareas y las personas, pero sin controles institucionales efectivos sobre los resultados, que es lo que importa.
Este miércoles 16 de noviembre en el programa Voces y Política se hablará sobre: “Extractivismos al descubierto: Maquencal y la minería no metálica”, con la participación del Comité de Vecinas y Vecinos de la comunidad de Maquencal de Guatuso.
Puede escucharlo a través de la 96.7 FM en Radio Universidad, a partir de las 5 p.m. o verlo a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.
Esta es la poca afluencia de usuarios que alegan los autobuseros, en las imágenes se podrá observar el bus de la ruta de San Rafael Arriba, en el horario de las 8:32 de la mañana, con 27 personas de pie y a pesar de eso se continuó subiendo más personas.
Por causa de la supuesta poca afluencia de personas que usan el servicio de los autobuses, se redujo la flota de un 30%, y lo que ha empeorado la situación, es las pésimas condiciones mecánicas de los buses, lo cual ha ocasionado que los usuarios tengan temor de viajar, pero se ven obligados a viajar en estos buses por necesidad y por no haber otro servicio disponible.
Vania Solano Laclé, docente e investigadora de la Escuela de Antropología, autora del libro «El maíz: semilla, cultivo, alimento, vida en las tradiciones indígenas mesoamericana y chibchense de Costa Rica», relata los principales hallazgos de la relación entre el maíz y las culturas originarias. El libro consta de 4 capítulos, donde se abarca el proceso llevado a cabo con el maíz, desde su domesticación y selección hasta el almacenamiento, así como el trabajo de este grano, el maíz como alimento y patrimonio biocultural, entre otros temas importantes.
A su vez, el libro obtuvo el primer lugar en la categoría de publicaciones universitarias en pdf y gratuitas del Gourmand World Cookbook Awards 2022, por lo cual, se debe reconocer el gran trabajo realizado.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Así presenta una mujer en sus redes sociales un video Tik Tok generado por un hombre costarricense desde un vehículo en movimiento. Hace un par de días un familiar cercano lo compartió en mi muro. Me solicitó mi opinión y le dije que estaba sin palabras.
Pero no es cierto. Aquí apalabro mi sentir sobre estas y otras conductas de cierto tipo de costarricenses a quienes la identidad esencial les ha constreñido su capacidad de asombro y de solidaridad.
El hombre del video muestra una molestia evidente. Se escucha por su voz y se nota en sus facciones, duras, casi violentas. “Me tienen cansado”, dice, “que no nos vean la cara de tontos” reclama “que se pongan a trabajar”, ordena.
Coincidir con los planteamientos del hombre en su video que imagino ya se ha hecho viral, es decir, repetir “me encantó” como forma de compartirlo, revela la consolidación de un núcleo duro de opiniones sobre las migraciones que transitan por territorio costarricense. Implica no reconocer de facto el carácter emergente de los procesos de tránsito regional que, constituyendo una verdadera crisis humanitaria, han experimentado muchas personas venezolanas durante los últimos años.
Estemos o no de acuerdo en el contexto sociopolítico de Venezuela, no podemos obviar que la migración constituye una salida, una estrategia de sobrevivencia para miles de venezolanos que ya no se sienten incluidos en su país de origen.
Cuando pasan por Costa Rica su intención no es quedarse, aunque el hombre del video asegure que ya han establecido una permanencia y por ello les invita a “ser productivos” y “no estar de vagos” en nuestro país.
Una percepción así hay que explicarla. Surge, al decir de Carnero (2021) desde la raíz de un pensamiento de Estado sobre las migraciones, construido a partir de las premisas que ven en sus procesos un problema permanente y cuyas categorías (migrante, refugiado, “ilegal”, por decir algunas), han sido construidas para abonar el marco securitario de los estados nación.
Este pensamiento ha sido compartido por los mecanismos de socialización y comunicación, que terminan por naturalizar la forma en que las personas ven a la migración y las personas migrantes.
No tengo duda que en el país existe una actitud solidaria y mayoritariamente enfocada hacia el apoyo y la comprensión hacia estos procesos y las poblaciones que los experimentan.
En cambio, al sujeto del video habría que invitarlo a pasar unas diez veces por El Tapón del Darién para que sus aguas y aires le laven esa identidad esencial que presenta y esa forma particular de referirse a quienes hoy vemos en las calles del país como pedigüeños, ladrones y vagabundos.
Detrás de cada persona solicitando apoyo hay una historia que no conocemos. Es preciso desmontar ese aparataje de pensamiento estatal que nos orienta la mirada hacia lo que requiere (control, seguridad) y considerar una actitud más humanitaria hasta en las redes sociales.
Empecemos por cambiar las lógicas de nuestros discursos y nuestras acciones. Un día a la vez. Pero empecemos.
Hoy lunes 14, acabamos de enviar un correo al señor Rodrigo Chaves presidente de la República.
Lo hacemos para cuestionar su presentación de su proyecto PAACUME maquillado como Agua pa’ la bajura. En realidad, es AGUA PARA LOS CORRUPTOS o AGUA PARA EXPORTACIÓN.
En sus apariciones del 25 de julio, el señor presidente cuestionó principalmente el precio del agua que cobra el DRAT de SENARA a los grandes terratenientes de monocultivo de caña.
El mencionó que era de 2,40 colones por m3.y que eso no cubría los costos.
Nos llama la atención, que de esto no dice ni una palabra el presidente Chaves en su actual discurso. Entonces, ¿quién pagará los costos?
Nos presenta el presidente un proyecto un poco maquillado, pero que deja el mayor volumen del agua para uso en riego.
Quién aparece a la par del presidente es el ministro de AGRICULTURA.
Y resulta que el MAG le acaba de aprobar a Taboga 150 ha de cáñamo y está por aprobar otro tanto a El Viejo. Cultivos que requieren mucha agua. El GRAN, NUEVO Y MARAVILLOSO NEGOCIO, primero para los buenos amigos.
El agua potable es prioridad. Pero no debe ser solo en los discursos, también tiene que ser en la fijación de tarifas. Hoy AyA cobra 822 colones más IVA.
Todos esperamos que cada uno asuma los costos. Si el riego recibe más, debe aportar más.
Pero como hablamos de Ingenio Taboga de los Arias Sánchez y de Azucarera El Viejo de Álvaro Jenkins de UCCAEP, no lo quieren hacer.
Estas dos empresas usan hoy, una cantidad de agua similar a lo que produciría el Embalse en río Piedras. A ellos quieren regalarle el agua.
Solo se intenta meter al AyA en el proyecto. Que el 10% de agua potable, que ya estaba asignado en el papel, asuma más protagonismo en el pago de los 450 millones de dólares de costo del embalse.
Para que el AyA se lo cobre a todos los guanacastecos, aplicado a la tarifa de agua.
La parte económica nunca estuvo clara en el proyecto PAACUME. ¿Quién paga el altísimo costo?
Ahora se lo pondrán en la tarifa del agua potable.
No habla el presidente de ajustar la tarifa del DRAT de SENARA que debe aprobar la ARESEP. Hoy cobra 2,61 colones por m3 y no cubre los costos.
Tampoco habla del canon de aprovechamiento de aguas que se fija por Decreto y que el señor Chaves puede cambiar sin permiso de nadie.
El agua concesionada por MINAE para riego de caña de azúcar, paga menos. MENOS de 20 CENTAVOS de colones por m3.
Y no dice el señor presidente que parte de esa agua es de pozos profundos de calidad de agua potable, no necesita potabilización.
Y se encuentra a orillas del Rio Tempisque, no necesita de transportarlo.
Esperamos que el señor presidente, que siempre responde a las preguntas todas las semanas, pueda aclararnos estas dudas que tenemos algunos en GUANACASTE.
Para obtener documentos y pruebas de lo aquí mencionado, pueden escribirnos a correo confraternidad_gte@yahoo.com
Gadi Amit
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA
Compartimos la carta enviada al señor presidente Chaves, y de la cual, recibimos la correspondiente confirmación de la recepción.
GUANACASTE 14 de noviembre de 2022
GUANACASTE, lunes 14 de noviembre de 2022
Señor Rodrigo Chaves Presidente de Costa Rica CASA PRESIDENCIAL
Con gran atención escuchamos su conferencia de prensa sobre Agua pa´ Guanacaste y su campaña de publicidad.
Y como conocedores del proyecto y de la realidad en la Asociación Confraternidad Guanacasteca nos surgen una serie de interrogantes.
Ante todo, solicitamos se nos envíe una versión actualizada del proyecto, pues no está disponible en las páginas oficiales de SENARA. Por supuesto que incluya todos los aspectos, diseño, costos, modalidad de contrataciones, etc.
Para entender mejor su propuesta, respetuosamente le preguntamos y esperamos recibir información, explicaciones y justificaciones.
Usted reconoce que el pago de 2,40 colones por m3 de agua que cobra el DRAT es una burla para los costarricenses. Entonces ¿Cuál es el cambio propuesto, a partir de cuándo y por qué medios se implementará?
¿Aprovechará usted la oportunidad para lograr una mejor distribución del agua para riego implementando una tarifa ascendente según caudal asignado para cumplir con lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política de lograr el mejor reparto de la riqueza? ¿Implementará una tarifa diferenciada para riego moderno y el riego tradicional por inundación, para promover el ahorro del agua?
Usted ha informado de su participación directa en reuniones y para tener claro el panorama, con el rediseño del proyecto, que ustedes proponen ¿Qué porcentaje del caudal se destinará para agua potable y cuanto para riego? ¿Sigue siendo el agua potable la excusa para el riego?
Le solicitamos una lista de las comunidades de la bajura que carecen de agua potable y que se beneficiarán, en primera instancia con este proyecto. También le agradeceríamos la lista de proyectos turísticos costeros que están parados esperando agua.
Ya que usted habla del mejor uso y aprovechamiento de aguas, ¿Cuáles son los proyectos del MAG para el reúso de aguas residuales en riego agrícola?
Y hablando de desarrollo turístico costero ¿Apoya usted los proyectos de saneamiento de AyA que terminan expulsando al mar, por medio de “emisarios submarinos” los excrementos humanos en las zonas costeras de gran desarrollo turístico? ¿Está usted dispuesto a oír sobre propuestas alternativas, más eficientes?
Y como hablamos de costos y beneficios con el uso adecuado del recurso hídrico y critica usted el cobro de solo 2,61 colones por m3 en el DRAT, ¿Qué medidas tomará para terminar con eso y con el cobro de solo 0,20 colones por m3 que hace el MINAE a esos mismos grandes terratenientes fijado por Decreto Ejecutivo 32868-MINAE? ¿Sabe usted que cambiando ese Decreto usted puede obtener recursos frescos de hasta 600.000 millones de colones? Nosotros pensamos que, si no cambia eso, el nuevo proyecto, se llame como se llame, sería para proteger a esos cuatro (El Viejo, Taboga, CATSA y El Pelón) y conservar el millonario subsidio que hoy reciben y que no está sustentado en ningún criterio técnico. No resolver el tema costo del agua, perpetua y agrava el problema del recurso hídrico.
Suponemos que para hacer el plan de AGUA PA LA BAJURA tomaron en cuenta los contaminantes biológicos y químicos presentes en el agua de la laguna de Arenal y que piensan potabilizar. Empresa que nos parece ineficiente y costosa, tomando en cuenta que en la zona que se pretende abastecer, existen acuíferos y pozos, hoy dedicados a diversos usos, que podrían pasarse al abastecimiento de agua potable, sin necesidad de potabilizar y trasladar por kilómetros de acueductos. Solicitamos los análisis de calidad de agua por tratar. Inventario de pozos concesionados por MINAE en esas zonas destinados hoy a otros usos menos prioritarios y los caudales que produce cada uno. Datos de sus actuales concesionarios y usos a los que se destinan.
Por supuesto tenemos que preguntar sobre cáñamo y canabis. ¿Qué relación tiene el proyecto AGUA PA GUANACASTE con la reciente licencia para este cultivo a INGENIO TABOGA y la que está tramitando AZUCARERA EL VIEJO? ¿A que canon se entregará agua para riego de este cultivo y en que cantidades? Para nuestro criterio, esos permisos a los mismos de siempre contradicen el espíritu de la LEY respectiva que dice: en su artículo 1° inciso 3
3) Promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales de nuestro país, mediante el incentivo de la producción, la industrialización y la comercialización del cáñamo …; así como el fomento de encadenamientos productivos que beneficien prioritariamente a los pequeños productores agropecuarios.
Con los ajustes que usted propone ¿Cuál será el costo de cada parte (diseño, compra tierras, construcción represa, canales, tuberías, paso del Tempisque, planta potabilizadora, generación eléctrica, etc) del proyecto? ¿Cuánto será responsabilidad de SENARA y cuanto de otra instituciones como el AyA, el ICE, el MAG? ¿Cuánto se ha gastado hasta hoy?
La ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N° 7593 dice:
Artículo 5.- Funciones
En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son:
e) Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa pública o por concesión o permiso. (el resaltado NO es del original)
Hoy, aún en su gobierno y a pesar de múltiples resoluciones, el MINAE usurpa esa función para todas las concesiones y permisos otorgados por MINAE fuera del DRAT.
¿Qué hará usted al respecto?
Como estudiosos del tema del recurso hídrico, tenemos una propuesta para solucionar los más graves y urgentes problemas relacionados con el manejo del agua en Costa Rica. Nuestra sugerencia se plasma en una reforma al CAPITULO X de la Ley de aguas N° 276. Con eso creemos se podría poner orden en pozos ilegales, cobro de canon, funciones de cada actor, controles cruzados, faltantes de agua, etc. Le adjuntamos una copia de nuestro borrador de proyecto de ley. También se lo presentaremos a otros actores y diputados. Nos encantaría oír un comentario suyo sobre esta propuesta.
Señor Presidente, usted menciona repetidas veces que la demanda futura de agua en Guanacaste, será el desarrollo costero en inversiones en turismo y en proyectos urbanísticos, para residentes permanentes o temporales. ¿Se ha valorado la alternativa de plantas desalinizadoras de moderna tecnología, en uso en QATAR y otras zonas del Golfo y Medio Oriente? ¿O simplemente este proyecto viene a subvencionar a esos inversionistas, contrario a lo que dicta la ley de construcciones, que dice que el inversionista debe invertir y entregar las obras al AyA para que las opere? ¿Los ticos deben subvencionar a los grandes hoteles?
Creemos que se contradice usted señor presidente. Esto parece mas AGUA PARA EXPORTAR que “agua pa la bajura”. ¿Tanta agua hay en guanacaste que podemos exportarlo vía productos agrícolas?
Como muestra de cortesía le informamos que estamos presentando DENUNCIA PENAL contra personero de MINAE – Dirección de Aguas por violación de varios artículos de LEY DE AGUAS. Usted está en la posibilidad de apoyarlo o de cambiar esa situación.
Siguiendo con las cortesías, le informamos que estamos estudiando interponer otra DENUNCIA PENAL por el uso de “testaferros” para la obtención de concesiones de agua para riego en grandes volúmenes. Como es el caso de BANCO IMPROSA que bajo la figura de Fideicomisos está tramitando al menos 41 solicitudes para legalizar pozos perforados ilegalmente.
Perdone usted, si no seguimos su línea de pensamiento. Parece que miramos el asunto desde otra perspectiva y con otros datos de información.
Guanacaste tiene mucha agua. Solo que está en pocas manos.
Su proyecto maquillado les ofrece aún más a los mismos. Todos extranjeros o ticos del GAM.
Nada para los guanacastecos.
Mucho agradeceríamos el acuse de recibo a esta gestión y pronta respuesta.
Ahora que usted se ha involucrado personalmente en el tema del agua, esperamos que asuma respondernos sin excusas y no delegue en subalternos.
ANEXAMOS
Propuesta modernización CAPITULO X de Ley N° 276
Precio justo para el agua
Denuncia sobre concesiones de agua a nombre de BANCO IMPROSA y respuesta recibida
Por Asociación Confraternidad Guanacasteca 3-002-395766 Gad Amit – presidente 137600015818 Correo: confraternidad_gte@yahoo.com
Dr. José Guillermo Jiménez Montero, FACE Endocrinólogo Miembro Correspondiente
La diabetes afecta a más de medio billón de personas en el mundo, de las cuales la mitad desconocen que tienen esta condición. En América Latina se estima que habrá 42 millones de personas viviendo con diabetes en el año 2045.
El aumento en el número de personas que viven con diabetes impone un aumento en la necesidad de atención médica debido a las complicaciones crónicas de esta enfermedad como son las cardiopatías, la ceguera, problemas de pie diabético y falla renal, entre otras.
La diabetes se clasifica en varios tipos. La tipo 1, se debe a déficit de la insulina debido a un fenómeno que destruye las células productoras de insulina. Por lo tanto, las personas con diabetes tipo 1 presentan elevaciones de la glucosa en sangre y requieren tratamiento insulínico. La diabetes del adulto, clasificada como diabetes tipo 2, se relaciona con la obesidad. En esta condición disminuye la acción de la insulina y también se da una disminución en la producción de esta hormona. Las personas con diabetes tipo 2 pueden tratarse con agentes orales al inicio de la enfermedad pero frecuentemente terminan requiriendo insulina como parte del tratamiento.
Muchas de las complicaciones de la diabetes se relacionan con la elevación de la glucosa en sangre y a la obesidad. En diabéticos tipo 2 con obesidad co-existente, se puede presentar un tipo de daño hepático que va desde el hígado graso hasta, cirrosis hepática y el cáncer de hígado.
El panorama actual de la diabetes con el aumento importante del número de personas con esta enfermedad y complicaciones obliga que los sistemas de salud desarrollen estrategias de prevención de la diabetes y que aquellos con la enfermedad establecida, prevengan las complicaciones. Esto es posible mediante el abordaje integral que incluye educación en diabetes y el tratamiento con diversos medicamentos como los que aumentan la excreción de glucosa por el riñón, o que actúan estimulando la producción de insulina del páncreas que evitan las complicaciones cardio-renales y muerte prematura.
La educación en diabetes constituye una poderosa herramienta que orienta a las personas diabéticas para que conozcan sobre su condición y puedan tomar acciones para su control y prevención de complicaciones.
En el presente, la diabetes tipo 1 no puede ser prevenida. Sin embargo, en personas con diabetes tipo 2, la modificación del estilo de vida mejorando la alimentación y practicando actividad física, representan acciones que favorecen la pérdida de peso y pueden inducir la remisión de la diabetes.
Los avances en el conocimiento de la diabetes, prevención de complicaciones y remisión de la enfermedad representan noticias alentadoras para las personas con diabetes.
Entre el 6 de marzo y el 11 de abril de 2017, caminé 1.000 millas por el Área Metropolitana de Barcelona y logré por primera vez la plusmarca mundial de las 1.000 millas de Speed Walking (Caminata Rápida).
Para completar esas 1.000 millas, recorrí quince veces y media un circuito de 104 km que incluía dos tramos. El primer tramo transcurría de Barcelona a La Sentiu (Garraf) en ida y vuelta y el segundo de Barcelona a Castellbisbal en ida y vuelta. Desde Barcelona a Sant Boi de Llobregat, ambos tramos eran idénticos. Después, el primero iba a La Sentiu y el segundo a Castellbisbal, desde donde regresaban al inicio.
Esos dos tramos de ida del circuito, me sirven para recordar la caminata de 1.000 millas de 2017 y los lugares y obras que conocí, entre agotadores esfuerzos.
Los dos tramos del circuito de la caminata tenían su punto de inicio en la Escuela Industrial de Barcelona. De entrada, ambos tramos recorrían los barrios barceloneses de la Nova Esquerra de l’Eixample y Les Corts.
En esa zona, el circuito pasaba por la citada Escuela Industrial y la Casa Can Deu, entre otros lugares y obras. La Escuela Industrial, ubicada en la Nova Esquerra de l’Eixample y construida entre los siglos XIX y XX, se compone de una serie de edificios de estilo principalmente noucentista como el Central, el del Reloj o el de la Escola d’Arts i Oficis. La Casa Can Deu, situada en la plaza de la Concòrdia de Les Corts y datada en 1897, es un edificio modernista. Al pasar caminando por la Escuela Industrial y la Casa Can Deu durante la caminata, me sentí cautivado en todo momento por la enorme categoría de esas obras. Aunque yo ya las conocía, no dejaron de impresionarme. Al anochecer, las vidrieras del jardín de la Casa Can Deu alcanzaban una gran belleza.
Una vez el circuito dejaba atrás el barrio de Les Corts por la calle Mejía Lequerica, sus dos tramos recorrían los barrios barceloneses de la Maternitat i Sant Ramon y Badal. En la entrada del barrio de la Maternitat i Sant Ramon, justo en el cruce de la calle Mejía Lequerica con la gran vía de Carles III, el circuito pasaba a pocos metros de los Edificios Trade (1965-1971), edificios acristalados de estilo racionalista. Al pasar caminando ante ellos en el transcurso de la caminata, me impresionó observarlos. Sus fachadas acristaladas con formas cilíndricas alcanzaban al anochecer una belleza similar a la de las vidrieras de la Casa Can Deu de Les Corts.
A pocos metros de los Edificios Trade, el circuito entraba en los jardines de la Maternitat y los recorría dando una vuelta por ellos. Los jardines de la Maternitat, antiguo recinto hospitalario de la Casa de la Maternitat i Expòsits (1883-1957), tienen edificios de estilo modernista (Xaloc, Central, Ave Maria, Mestral, Olímpia y Prat de la Riba) y noucentista (Rosa y Blau). Al caminar por esos jardines, me llamaba la atención el gran número de obras excelentes agrupadas en su espacio. Todo el conjunto era un museo al aire libre.
Antes de abandonar Barcelona y entrar en L’Hospitalet de Llobregat, el circuito también pasaba por el Camp Nou (1954-1957), el campo del FC Barcelona, uno de los templos del fútbol mundial. En la Travessera de Les Corts, en todo momento de la caminata, me encontré un sinfín de turistas fotografiando el estadio.
L’Hospitalet y Cornellà
Tras dejar atrás el barrio barcelonés de Badal y entrar en L’Hospitalet de Llobregat, los dos tramos del circuito de la caminata recorrían esta ciudad por las calles Riera Blanca, Santa Eulàlia, Enric Prat de la Riba y Major, para después proseguir por la carretera de L’Hospitalet hasta Cornellà de Llobregat.
En esa zona obrera, el circuito pasaba por delante de la Fábrica Trinxet (L’Hospitalet de Llobregat) y del Palau Mercader (Cornellà de Llobregat), entre otras obras. La Fábrica Trinxet (1905-1916), situada en la calle de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat, es una obra modernista de los arquitectos Joan Alsina y Modest Feu. Dedicada al textil, fue la fábrica más importante de L’Hospitalet en los inicios del siglo XX. El edificio de la fábrica, del cual solo se mantiene en pie una parte, está en la línea de la arquitectura obrera de ladrillo visto. El Palau Mercader (1864-1869), ubicado en el parque de Can Mercader junto a la carretera de L’Hospitalet, es una obra ecléctica del arquitecto Josep Domínguez. El palacio fue la residencia de la familia aristócrata Mercader Belloch. Bien conservado, es una construcción de planta cuadrangular.
Al pasar por la Fábrica Trinxet durante la caminata, prestaba atención a sus gastados ladrillos y su mal estado. En varias ocasiones, también repuse fuerzas en un establecimiento situado junto al palacio y observé con calma su buen estado. El diferente estado de ambos edificios invitaba a la reflexión. El edificio de los obreros pobres apenas se aguantaba de pie, mientras que el edificio de los aristócratas ricos se encontraba perfectamente conservado. Parecía evidente que esos dos estados de conservación distintos reflejaban las diferencias entre las clases sociales. Ambos edificios se encontraban cercanos en la distancia, pero muy alejados en todo lo demás.
Dentro de Cornellà de Llobregat, los dos tramos del circuito de la caminata transcurrían por la avenida de la Fama, el paseo dels Ferrocarrils Catalans, la carretera del Prat, la avenida del Baix Llobregat y el puente de entrada al parque Riu Llobregat. Por una pista de tierra del parque, ambos tramos llegaban a Sant Boi de Llobregat. El parque Riu Llobregat, en esa zona de Cornellà, estaba bien cuidado, tenía un aire limpio y carecía de bullicio y ruido urbano. Era frío por la mañana y caluroso al mediodía. El calor, por cierto, fue una constante a lo largo de la caminata. Para soportarlo, tuve que tomar medidas: hidratarme bien, eliminar ropa, recortarme la barba, evitar caminar en las horas del mediodía.
Camino de La Sentiu y Castellbisbal
Arribados los dos tramos del circuito de la caminata a Sant Boi de Llobregat por una pista del parque Riu Llogregat, el primer tramo continuaba por la carretera C-245 y recorría Viladecans, Gavà, el parque del Calamot y una pista de tierra hasta La Sentiu.
En ese primer tramo del circuito que concluía en la ida en La Sentiu, el circuito pasaba por la ecléctica Torre de l’American Lake (1888-1910) de Gavà, el parque del Calamot, la masía de Can Llong (siglo XV) de La Sentiu, entre otros lugares y obras.
De esa parte final del primer tramo del circuito en la ida, recuerdo la presencia de numerosas empresas y tráfico en la carretera C-245; la citada Torre de l’American Lake; el restaurante Siltonet, situado al lado del parque del Calamot, en el que reponía fuerzas; y la masía de Can Llong, típica de la Cataluña de otro tiempo. El Parc del Calamot era un punto de paz después de recorrer la transitada carretera C-245.
Desde Sant Boi de Llobregat, el segundo tramo del circuito permanecía dentro del parque Riu Llobregat y recorría por una pista de tierra los territorios de Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca y Castellbisbal.
En ese segundo tramo del circuito que concluía en el polígono industrial de Can Pelegrí de Castellbisbal, el circuito pasaba cerca de la modernista Colonia Güell (1890) de Santa Coloma de Cervelló, de las casas noucentistas de obreros de Sant Vicenç dels Horts… Obras de pura arquitectura obrera.
La familia Güell encargó al arquitecto Antoni Gaudí la construcción de la Colonia Güell y trasladó su industria Vapor Vell de Sants (Barcelona) al Llobregat. La colonia tuvo viviendas, escuela, cooperativa, capilla… Al estallar la Guerra Civil Española (1936-1939), la Colonia Güell fue colectivizada. Pero, al finalizar la guerra, la dictadura franquista se la devolvió a los Güell. Cerrada la fábrica en 1973, la colonia y sus habitantes se incorporaron a Santa Coloma de Cervelló. Las colonias de obreros nacidas del paternalismo social de los propietarios capitalistas tuvieron una gran presencia alrededor del río Llobregat y en la Cataluña central, una presencia única en el mundo.
De esa parte final del segundo tramo del circuito, recuerdo las poblaciones del extrarradio de Barcelona en la lejanía, las obras vinculadas al mundo obrero, un par de puentes que atravesaban el parque Riu Llobregat con intenso tráfico y las pistas de tierra del parque, infinitas para mí en aquellos días de la caminata por el cansancio acumulado. También recuerdo el aire limpio, la ausencia de ruido y bullicio…
Las 1.000 millas por el Área Metropolitana de Barcelona de 2017 permanecen en mi memoria con cientos de imágenes de Barcelona y sus alrededores. No las olvido, como tampoco olvido las posteriores 1.000 millas por Aragón de 2018. Todo lo que conocí en ambas caminatas y los esfuerzos que me supusieron son un recuerdo permanente.
El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y complicaciones de la enfermedad, así como los tratamientos.
El Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.
Lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en general.
Es fundamentalmente un tema que tiene que ver con la alimentación. Somos lo que comemos y en el tema de la diabetes la alimentación es prioridad número uno.
Posiblemente en todas las familias tengamos ejemplos de las consecuencias de padecer diabetes y posiblemente todos busquemos opciones para no padecer de diabetes.
Las consecuencias las conocemos. Tener que amputar algún miembro de nuestro cuerpo es muy lamentable. Lo que requerimos es cuidarnos y tener una disciplina en cuanto a la alimentación que tengamos.
Dios quiera que todos podamos entender que muchos padecimientos obedecen a la indisciplina y a la forma en que comemos y tomamos. Es decir es una decisión personal. Dios quiera que no tengamos que lamentarnos de tomar una decisión en la que tengamos que perder un órgano.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 5 de noviembre del 2022, el Presidente de Colombia sancionó con su firma el Acuerdo de Escazú, luego de que fuera aprobado por las dos cámaras del Poder Lesgislativo colombiano (véase nota oficial difundida por la cancillería colombiana).
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe: se trata de un tratado regional de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace) que busca implementar el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados Parte, siendo Argentina y México los dos Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor (el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas).
Siempre durante este mismo mes de noviembre del 2022, durante la COP27 celebrada en Egipto, la misma región de América Latina y del Caribe se expresó a través de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) mediante un documento oficial, titulado «Documento Oficial de la Reunión de Altas Autoridades de Cambio Climático de la CELAC» con fecha del 9 de noviembre del 2022 (véase enlace), en el que se lee, en el punto 6 que los Estados de la región:
«6. Reconocen el avance de los países de la región en la lucha por la justicia climática mediante la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Esta forma de presentar, en el marco de una conferencia mundial sobre cambio climático, los avances del Acuerdo de Escazú en la región es digno de saludar por parte de la CELAC (y de los 33 Estados que integran este foro regional), denotando la activa labor desplegada en el seno de la CELAC por parte de los 13 Estados Parte al Acuerdo de Escazú. En la cumbre anterior celebrada en Glasgow (Escocia), en noviembre del 2021, un evento sobre el Acuerdo de Escazú (véase programa) reunió durante la misma COP26 a delegados y a diversas entidades de cooperación internacional, bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (más conocida como CEPAL).
Cabe indicar que en la última semana del mes de noviembre del 2022, el Acuerdo de Escazú focalizará la atención de gran parte de organizaciones de la sociedad civil y de entidades internacionales, al celebrarse en Quito el «Primer Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales» en el marco del Acuerdo de Escazú (véase programa preliminar así como el enlace oficial para poder participar).
Breve recuento del trámite de adhesión en Colombia y de Chile
El pasado 10 de octubre del 2022, en Colombia, la Cámara de Representantes aprobó el Acuerdo de Escazú (véase nota oficial de su Congreso): la votación registró una abrumadora mayoría de 119 votos a favor y tan solo uno en contra. Semanas antes, en el Senado colombiano esta vez, en segundo debate, la aprobación del Acuerdo de Escazú había registrado 74 votos a favor y 22 en contra (véase nota de El Nuevo Siglo, del 26 de julio del 2022).
«Sancionado» por el Poder Ejecutivo, el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú prevé una formalidad adicional, y es su examen detallado por parte de la Corte de Constitucionalidad. Con respecto a esta última, un extenso artículo sobre la Constitución colombiana de 1991 y el Acuerdo de Escazú (y cuya lectura se recomienda a nuestros colegas constitucionalistas), elaborado por dos juristas colombianas, explica cuán complementario y armónica resulta la relación entre ambos textos (Nota 1). Hacemos desde ya un llamado a colegas a replicar este tipo de ejercicio en otras latitudes del continente con otras constituciones de América Latina.
Estas noticias provenientes de Colombia para el Acuerdo de Escazú recuerdan otras registradas a mediados del 2022. En efecto, en la última semana del mes de junio del 2022, la Secretaría General de Naciones Unidas procedió a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Colombia se apresta a ser muy pronto Estado Parte y con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú en junio pasado, así como el nivel de consenso con el que se aprobó en ambos Estados, plantean ahora algunas interrogantes muy válidas: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú refirieron a la discusión enardecida en Colombia (y anteriormente en Chile), como un «argumento» para no aprobar este tratado regional. Al respecto, el documento «Mitos y Verdades / Acuerdo de Escazú» circulado en abril del 2022 dentro de la Cámara de Diputados de Chile (véase enlace) por parte de promotores de este tratado da una idea del nivel de creatividad de los detractores a este tratado en Chile.
Con relación a Costa Rica, la adhesión de Colombia después de la de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose, de paso, la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo precisaremos a continuación. Es tal el malestar y el disgusto que genera en algunos círculos políticos costarricenses el Acuerdo de Escazú, que en una reciente entrevista publicada en El País de España, el actual titular de la cartera ambiental de Costa Rica, sugirió cambiarle el nombre a Acuerdo de Escazú: se lee textualmente que “Yo sugiero que le cambien de nombre, si quieren” (sic.): véase el artículo conteniendo dicha entrevista, publicado en la edición del 2 de septiembre del 2022.
Un detalle sobre números que merece mención
Más allá de las cosas que a veces un ministro de ambiente costarricense declara a medios internacionales de prensa, un pequeño recuento de números se impone: además de las precitadas votaciones registradas en ambas cámaras en Colombia, resulta oportuno precisar los números obtenidos en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones:
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú oídos en su momento en Santiago y en Bogotá ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y sobre todo, estas aplastantes mayorías ilustran el hecho siguiente: cuando un Poder Ejecutivo (a diferencia del actual Poder Ejecutivo costarricense y de su predecesor) se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, y de desmenusar los supuestos «argumentos» en contra, estos últimos no logran sostenerse por mucho tiempo: se desvanecen, como la bruma de la mañana al salir los primeros rayos del sol.
A su vez, estas cifras alcanzadas en Colombia y en Chile recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como indicado anteriormente, desde el 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se elevó a 13, y Colombia se apresta a ser el número a 14 en los próximos meses de este 2022.
Una anhelada rectificación
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro de los actuales Poderes Ejecutivos en Colombia y en Chile. En el caso de este último, esta aprobación puso fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la rotunda negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo.
De muy poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado antes en el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que – al menos oficialmente – se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 2).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 3). Como bien se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios, los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y muy necesaria aprobación.
En el mes de abril del 2022, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales, así como para entidades públicas y público en general interesado: sugerimos hacerle llegar (discretamente …) una copia al actual titular de la cartera ambiental en Costa Rica.
En los primeros días del mes de julio, fue Argentina la que anunció (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
En el caso de Costa Rica, un reciente informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomienda a Costa Rica ratificar sin mas preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total indefensión que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (Nota 4).
En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.
Recientemente en Argentina, medidas de protección fueron solicitadas para proteger a una defensora ambiental desde una entidad estatal (véase nota del 25 de julio del 2022): una actitud del Estado que resultaría sumamente oportuno extender a muchas personas más en otras latitudes del continente americano.
Chile y Colombia avanzan con Escazú…
En el mes de junio del 2022, Chile logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 5).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
Es también de destacar que el 22 de junio del 2022, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará … también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
Dada la cercanía de los procesos en Chile y en Colombia, es muy probable que la destacada labor desplegada por la actuales autoridades de Chile inspire a decisores políticos en Colombia a penas que se deposite oficialmente en Naciones Unidas el correspondiente instrumento de adhesión. Al igual que en Chile, el nuevo Poder Ejecutivo de Colombia procedió a explicar los alcances de este tratado regional, poniendo en evidencia los titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo dejó entrever tempranamente quien asumió desde el 20 de julio del 2022 la Presidencia del Senado de Colombia en una entrevista. Al igual que en Chile, la contundencia de las cifras obtenidas en ambas cámaras en Colombia exhibe la debilidad de las «razones» para oponerse a Escazú.
… y se abren perspectivas para Escazú
En el Caribe de habla hispana y latino, Haití y República Dominicana se mantienen sin haber aprobado el Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos, al tiempo que Cuba ni siquiera lo ha firmado.
En la Región Andina, Perú se encuentra ahora como único Estado en no haber aprobado el Acuerdo de Escazú. De igual forma, Brasil, Paraguay y Venezuela: la dramática paréntesis que supone en Brasil la gestión del Presidente Bolsonaro para el ambiente y los derechos humanos (Nota 6) concluirá en este 2022, abriéndose la puerta para una discusión serena sobre el Acuerdo de Escazú. Notemos que Venezuela, a diferencia de Brasil y de Paraguay, ha optado por ni siquiera firmar este tratado.
En América Central, además de la situación particular de Costa Rica que analizaremos más adelante, El Salvador y Honduras siguen con un Ejecutivo que a la fecha tampoco ha firmado el Acuerdo de Escazú. Guatemala por su parte lo ha firmado pero el trámite de aprobación (al igual que en Costa Rica), se mantiene suspendido debido a la fuerte oposición de parte del sector empresarial y de sus relevos políticos.
Con relación a Honduras, la firma del Acuerdo de Escazú constituye un gesto político de importancia que bien podría materializarse en el futuro, si se considera que la fecha del 4 de marzo para adoptar el Acuerdo de Escazú en el 2018, se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este asesinato fue condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En los primeros días del pasado mes de julio del 2022 se informó de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe reiterar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen entre los Estados que no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Finalmente, es menester citar este documento oficial elaborado por las autoridades de Ecuador en el 2021 sobre cómo implementar el Acuerdo de Escazú y referir, en el caso de Ecuador, a foro que se reunirá en Quito a finales de noviembre del 2022 sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales (al que referimos en la introducción de este artículo).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación más que incómoda
No está de más reiterar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Observar a Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
Con relación a la reciente contienda acaecida en octubre del 2022 entre Chile, Costa Rica y Venezuela para ser electos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (quedando al final electos Chile y Costa Rica), la carta de candidatura oficial de Costa Rica ante Naciones Unidas (véase enlace) omitió toda referencia al Acuerdo de Escazú: una omisión más que llamativa si revisamos la carta oficial de candidatura presentada por Costa Rica para estas mismas elecciones en el año 2019, en la que sí se refirió al Acuerdo de Escazú (véase documento, punto 16).
Se hubiera podido pensar, en el caso de Costa Rica, que la ejemplar adhesión de Chile (y la muy pronta a materializarse en Colombia) surta efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo costarricense) altamente preocupantes, que buscan limitar sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, encendieron las alarmas en los primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) ha evidenciado la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el15 de julio del 2022 (véase nota del Semanario Universidad) que vino a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de ElEco de Tandil ), al tiempo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició con las máximas autoridades de Chile un valioso espacio virtual explicando los alcances de la participación ciudadana prevista en Escazú (véanse nota y video de evento realizado el 25 de julio del 2022).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998).
Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar los conflictos. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica, así como en muchas otras partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR,»Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla, y de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero -Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los dominicanos, los guatemaltecos, los hondureños, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación. De igual manera, a penas Colombia deposite su respectivo instrumento de adhesión en Naciones Unidas, es probable que se observe este mismo efecto. Un reciente artículo publicado en El Pais en España por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, y titulado «Acuerdo de Escazú: la alianza sin precedentes que abrirá a Latinoamérica las puertas de los mercados internacionales» sugiere que el mercado mundial es cada vez mas consciente de algunas cosas que … parecieran ignorar por completo algunas cúpulas empresariales de América Latina (véase artículo, publicado en el edición del 12 de octubre del 2022).
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón había explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una extraña «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee textualmente que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 7).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998 (año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental) algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y sus lectores, estos últimos deben saber que es siempre con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy …) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros – y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana -, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa en gran parte su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya tristeza, vaya desconsuelo y más generalmente vaya profunda consternación para muchos.
Igualmente desconcertante puede resultar el hecho que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses: el desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la cancillería costarricense sobre esta misma reunión … no encontró eco en ningun medio de prensa en Costa Rica (Nota 8).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento«, único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas (12 de noviembre del 2022), realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran la Sala Constitucional (Nota 9).
En realidad este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente conocida y divulgada y mucho menos cuestionada (Nota 10).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la Universidad de Costa Rica (UCR)
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú»:el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales», que también se recomienda (véase video). Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública: este video realizado por el equipo de periodistas de LaPulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso de comunicadores.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión «Café para Tres» realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr. (véase video): se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá cada vez más insostenible. No está de más recordar las palabras del representante oficial costarricense durante una reunión celebrada en abril del 2019 en Santiago de Chile (véase el texto completo de su intervención), en la que precisaba algo que, a noviembre del 2022, mantiene cierta actualidad, dada la notoria ausencia de Costa Rica:
«Quiero ser claro en que, así como nuestra región ha dado un ejemplo al mundo, avanzando en la construcción de la democracia ambiental, ahora el mundo nos está observando y atento a lo que podamos seguir construyendo de ahora en adelante«.
Más allá del profundo disgusto que pareciera generarle el Acuerdo de Escazú al actual titular de la cartera ambiental en Costa Rica (y posiblemente a varios integrantes del actual gabinete del Poder Ejecutivo), nos permitimos reiterar algunas interrogantes hechas con anterioridad en publicaciones sobre este mismo tema:
– ¿Estará aún Costa Rica a tiempo, después de Chile y de Colombia, de rectificar?
– Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que lo apruebe Colombia (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin volver a externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria chilena en noviembre del 2021, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el actual avance del Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
– -Notas- –
Nota 1: Véase MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abil del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 pgs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 3: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus?¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura?¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a algunos de los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos«en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe de Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«, 28 de septiembre del 2022: esta nota fue publicada en varios sitios digitales costarricenses, como por ejemplo Elmundo.cr, Informa-tico así como Elpais.cr. En julio del 2022, ante aseveraciones bastante extrañas externadas por la titular del Ombudsman costarricence, académicos y ONG debieron salir ante la opinión pública a pedirle rectificarlas públicamente (véase nota con comunicado publicado en Delfino.cr, edición del 22 de julio del 2022).
Nota 5: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debría inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 6:La tasa de deforestación de la selva amazónica brasileña ha aumentado de forma vertiginosa desde el 2018, tal y como lo detalle el gráfico incluído en este enlace del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Nota 7: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas«. Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojoalclima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal.«
Nota 8: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente«, Portal Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 9: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único (de siete integrantes) en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a octubre del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 10: En efecto, no es la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y … solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad ».
