Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad.
Además, se pretende reivindicar sus aportaciones a la sociedad, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal.
El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra desde el 21 de marzo de 2012, por un decreto establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La elección de la fecha de esta efeméride es debido al proceso de división genético denominado Trisomía 21. El día 21 del mes 3 del año se usa para simbolizar esa trisomía.
El Síndrome de Down, no es una enfermedad, como la mayoría de las personas creen. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual. Sin embargo, muchas personas que tienen esta condición pueden desarrollar una inteligencia poco común en y para ciertas actividades, también pueden poseer grandes destrezas ya sea para el arte, la música y el deporte.
Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual. Su derecho a la igualdad, oportunidad, y felicidad plena, son inalienables.
Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down forma parte de la Agenda 2030, como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación.
En la celebración de esta efeméride anualmente se selecciona un tema central. Para el año 2023, el lema del Día Mundial del Síndrome de Down es «Con nosotros, no por nosotros».
Se trata de un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos y no en la caridad, como tradicionalmente ha venido siendo.
Dios quiera que nuestra sociedad muestre la solidaridad y especialmente el respeto a los derechos de las personas con síndrome de Down.
El Dr. Mauricio Castro Méndez se ha enfocado en el estudio de temas como representación colectiva en el trabajo, relaciones laborales, conflicto colectivo, cadenas de valor, entre otros. Foto: Archivo ODI, UCR.
Experto en Derecho Laboral explica las implicaciones salariales de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público
La UCR y otras instituciones pueden tomar la decisión de si se incorporan o no al salario global
El Dr. Mauricio Castro Méndez, coordinador de la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo de la Universidad de Costa Rica, explicó este miércoles 15 de marzo en una charla que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público, las universidades públicas y otras instituciones que cuentan con autonomía constitucional (como las municipalidades, el Poder Judicial y la CCSS) aún tienen opciones para valorar si se apegan o no al sistema de salario global que establece dicha ley.
Esta y otras consideraciones fueron expuestas por Castro en la charla “Impactos de la ley de empleo público en los salarios de la UCR”, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la Universidad de Costa Rica.
Como parte de su disertación, el experto explicó que la Sala Cuarta, en su voto 2021-017098, reconoce que, aunque las negociaciones colectivas están sujetas a controles de constitucionalidad y principios de razonabilidad, proporcionalidad y buen uso de los fondos públicos, dichos controles no pueden vaciar de contenido el derecho humano fundamental a la negociación colectiva, ya que lo anterior implica una violación a la libertad sindical.
Por lo anterior, el experto considera que las jerarquías de la UCR y de otras instituciones como la CCSS, municipalidades y el Poder Judicial aún tienen la posibilidad de mantener un esquema de salarios compuesto por la vía de la negociación colectiva.
Castro añadió que, aunque el artículo 43 de la Ley Marco de Empleo Público establece que mediante la negociación colectiva no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos respecto a salarios, o creación de nuevos incentivos, el voto de la Sala IV reconoce que eso sí es una posibilidad mientras los nuevos derechos y obligaciones obtenidos al alcance de la negociación colectiva se ajusten a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad presupuestaria.
“En este sentido, se ha admitido la posibilidad de reconocer incentivos salariales o sobresueldos, ya que las negociaciones colectivas tienen no solo fuerza de ley, sino un contenido mínimo intangible para el legislador, es decir que el legislador no puede tocar, dentro del cual está el mejoramiento de las condiciones laborales mínimas y, por ende, también salariales”, expresó Castro.
Desde su perspectiva, aunque el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General interpreten textualmente lo que dicta el artículo 43 de la Ley Marco del Empleo Público con respecto a restringir el tema salarial, es claro que el voto de la Sala IV no se puede omitir. “Recuerden que, según lo que dice la Ley de Jurisdicción Constitucional y la misma Ley de Empleo Público, las sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes para todo el mundo, en especial para el Ministerio de Trabajo a la hora de homologar las convenciones colectivas”, dijo Castro.
En este punto explicó que, si a futuro una de estas instituciones( de las que cuenta con autonomía constitucional) trata de homologar una convención colectiva de trabajo que aborda temas salariales y el Ministerio de Trabajo no la homologa, y la Contraloría General de la República no otorga el presupuesto para aplicarla, cabe la posibilidad de presentar un recurso de amparo, con base en la jurisprudencia de la Sala IV sobre este tema.
“El establecimiento del salario global es una opción para las instituciones. ¿Por qué? Porque pueden optar por negociar colectivamente la inclusión de pluses salariales y salarios, en cuyo caso se mantendría el salario compuesto”, manifestó Castro.
¿Cuáles son los panoramas de acción de las instituciones autónomas, la CCSS, municipalidades y Poder Judicial respecto al tema del salario global?
A lo largo de la charla, Castro también se dedicó a vislumbrar las implicaciones políticas y sociales que tienen los diferentes panoramas de acción con los que cuentan en este momento las universidades y otras instituciones (CCSS, municipalidades, Poder Judicial), respecto a tomar la decisión de acogerse al salario global o de optar por el salario compuesto mediante la vía de la convención colectiva.
Desde su visión, en el caso de que las jerarquías universitarias o municipales decidan optar el salario global, desde el punto de vista político, una de las principales implicaciones es que se contaría con el beneplácito de las empresas de comunicación, el Gobierno, de la Procuraduría, la Contraloría, el Mideplan y, en consecuencia, sería más fácil que el presupuesto sea aprobado de una forma expedita por parte de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el experto afirma que, en caso de darse el panorama anterior, las jerarquías institucionales estarían renunciando a la posibilidad de construir una política interna, y que la única opción que podrían mantener es la de definir el salario global internamente. En consecuencia, eso afectaría los salarios de los trabajadores (a los más antiguos se les congelaría su salario y los nuevos solo tendrían aumentos pequeños por la vía de las anualidades), lo cual a su vez permitiría el deterioro del servicio público.
Por otra parte, Castro explicó que si, por el contrario, las jerarquías institucionales deciden optar por el sistema de salario compuesto, incluyendo pluses salariales por medio de la convención colectiva de trabajo, es muy probable que “lo primero que va a pasar es ganarse el repudio y la condena de las empresas de comunicación, la Contraloría General de la República, del Mideplan y del presidente Chaves. Y lo segundo que va a suceder es que el presupuesto correspondiente no va a ser aprobado en la Contraloría General de la República, porque esta va a aplicar la literalidad del artículo 43, hasta que la Sala Constitucional responda el recurso de amparo que la Universidad, los trabajadores y el Sindicato deberían interponer para que el Ministerio de Trabajo no tenga más remedio que homologar la negociación colectiva y la Contraloría apruebe el presupuesto (esto si la Sala IV no cambia de criterio)”, aseguró Castro.
Además, agregó que esta posición les permitiría a las jerarquías institucionales mantener su potestad de definir una política salarial interna, así como evitar el deterioro de los salarios y, por ende, preservar la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos que ofrece.
“En este momento, las autoridades universitarias y de otras instituciones tienen que tomar esta decisión. Y es aquí donde me permito parafrasear a Albert O. Hirschman en su libro Salida, voz y lealtad, en el cual él plantea que, ante una política pública, uno como individuo puede optar por tres cosas: la primera es la salida en donde me muestro indiferente y poco interesado en el tema. La segunda es la lealtad, ya sea al Gobierno, a la política económica o a un partido político equis, lo cual implica ‘bajar la cabeza’, alinearse y aceptar que nos impongan eso. La tercera es la voz, ¿qué implica la voz en este caso? Implica, primero, articular la crítica en función de los intereses colectivos y cuáles son los intereses colectivos, los intereses de las personas trabajadoras, de la institución y del servicio público. Segundo, pelear por defender las condiciones de trabajo, la dignidad de las personas por medio de sus salarios y la institucionalidad pública creada en el marco del Estado de bienestar. Y, tercero, ejercer la voz con diálogo y conciencia de dónde estamos e impulsar la movilización, los medios de presión y la negociación colectiva”, expresó Castro.
Por último, el abogado resaltó que Costa Rica se encuentra en un momento histórico y de encrucijada, en el cual está el juego la institucionalidad pública tal y como la conocemos, así como el bienestar de las personas trabajadoras públicas y el de sus familias, además del bienestar de las personas trabajadoras del sector privado que dependen de los ingresos de los trabajadores del sector público.
“Podemos optar por la salida que es la opción individualista; podemos optar por la parálisis que viene a ser la lealtad; o por la voz, por la voz porque tenemos el derecho de nuestro lado, porque tenemos las posibilidades y porque dichosamente el Consejo Universitario y los consejos municipales y la junta directiva de la CCSS aún no han tomado la decisión que tienen que tomar. Y esa decisión debería ser una decisión informada. Y, antes de que se tome, la comunidad universitaria y las comunidades de las personas trabajadoras de las diferentes instituciones deberían saber y entender perfectamente cuáles son las opciones y qué es lo que se está jugando”, afirmó el abogado.
Durante su intervención, Castro también desglosó algunas de las principales características de la Ley Marco de Empleo Público y les aclaró a los asistentes las principales dudas respecto a si esta afecta o no a todos los trabajadores (tanto antiguos como nuevas contrataciones), congelamiento de salarios, entre otros.
Tras consultar al Consejo Universitario sobre la decisión que debe tomar la Universidad de Costa Rica respecto a si se implementa o no el salario global en la institución, el Dr. Carlos Araya Leandro, en representación de este órgano, manifestó que todo lo correspondiente a material salarial debe ser determinado por la Administración según lo establece el artículo 40, inciso M, del Estatuto Orgánico.
“Esta es una decisión que debe tomar la administración y hasta donde tengo entendido aún no se ha tomado, sin embargo es importante decir que desde el Consejo Universitario hemos venido capacitándonos e informándonos y conformando diferentes comisiones de trabajo con el propósito de ir analizando este tema desde diferentes perspectivas, ya que este es un tema prioritario para la universidad” expresó Araya.
En este sentido explicó que la semana anterior, el Consejo Universitario acordó autorizar a la administración para que, vía resolución, defina un salario global transitorio para el personal administrativo y docente que ingresó a trabajar a partir del 10 de marzo, sin que esto implique se la universidad se va a decidir definitivamente por el salario global.
“Evidentemente el autorizar esta acción de salario global transitorio no significa que el Consejo Universitario le está imponiendo a la administración que así sea porque tenemos claridad que la decisión final es del ámbito de la Rectoría” afirmó Araya.
Por último aseguró que la administración junto con una comisión de trabajo del Consejo Universitario han venido trabajando el tema de la regulación salarial docente desde la perspectiva del salario global.
“El trabajo que nosotros venimos haciendo, está en este momento en manos de la rectoría, justamente porque ya establecimos algunos elementos esenciales de lo que eventualmente sería una estructura salarial global para el sector docente, y allí existe una claridad de que el régimen académico, tal como hemos conseguido hasta el momento, tiene que seguir funcionando porque es la única forma realmente o la mejor forma de garantizar la actividad sustancial y sustantiva de la institución” afirmó Araya.
En este punto añadió que esta propuesta debe ser validada por la administración, ya que se deben hacer proyecciones para confirmar la viabilidad económica de la misma.
Tatiana Carmona Rizo Periodista de la Oficina de Divulgación e Información, UCR
El día de hoy las Centrales Sindicales, Rerum Novarum, CGT, CMTC, CCTD, el BUSSCO y Sindicatos representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros, atendimos la convocatoria del Gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.
En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:
1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del diálogo.
2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo Público.
3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Deploramos que en la apertura del proceso el Gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y la modificación del decreto. Es decir, el Poder Ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo.
El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, educación, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Alertamos a las fracciones legislativas que ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.
Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.
El día de hoy las centrales sindicales, BUSSCO y sindicales representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo, etc., atendimos la convocatoria del gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.
En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:
1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del dialogo.
2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero, además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo público.
3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Deploramos que en la apertura del proceso el gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios y la modificación del decreto. Es decir, el poder ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo,
El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Alertamos a las fracciones legislativas de que de ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.
Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.
San José, 20 marzo 2023.
Información enviada a SURCOS por Martín Rodríguez Espinoza.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es de un hablar pausado que se aligera y aumenta de tono e intensidad cuando lee su poesía. De paso comunica: una voz de mujer emancipada, cuestionadora de los sistemas de dominación, constructora de la libertad de su cuerpo y de las formas en que lo nombra.
Proveniente de la Nación Sami, ubicada al norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península Kola, al oeste de Rusia, Ima es de un claro decir, directo, acompañado con gestos con los que no se necesita entender su idioma originario, para saber que dice cosas que incomodarían al más conservador de los conservadores.
Entre otras cosas es traductora y directora de documentales. Quizá por eso tiene tan claro el abc de la comunicación y las imágenes que la acompañan. Además, es periodista, presentadora de radio y reportera.
Lee su poesía en Sami, dialecto que hoy solamente lo hablan 20.000 personas en el mundo.
En una conversación distendida en San José junto al editor de su último libro 69 Pilares, el querido Luis Enrique Moscoso, poeta mexicano, hablábamos acerca de los procesos de resistencia que ha debido sortear su pueblo, arrinconado por la lógica hegemónica del estado finlandés que desea apropiarse de sus territorios y de su cultura.
Ella habla de racismo.
Y si, evidentemente ese intento de apropiación y de homogeneización por parte del estado finlandés va acompañado de la ausencia de reconocimiento de esa lengua que se resiste a morir.
Observando a través de los ojos de Inger-Mari Aikio, o Ima como le dicen coloquialmente sus amigos y amigas, los procesos internos en Costa Rica, deben existir palabras con las cuales nombrar desarraigo, despojo y desplazamiento de los pueblos originarios, justificados todos en la complicidad estatal con la rapacidad de actores privados, que desean quedarse con sus territorios ancestrales.
La poesía de Ima es clara y enseña que el erotismo puede ser un instrumento de reinvindicación y acción política desde la voz de una mujer que tiene claras sus luchas. Aunque ella habla de un feminismo distinto, lo suyo ciertamente son las agendas de reivindicación a través de la palabra.
Invito a leerla y acompañarla en su resistencia corporal, lingüística, política. Son estas las nuevas luchas que seguirán apareciendo en los tiempos disruptivos que nos tocó vivir.
Hagámoslas propias.
si tan solo una vez
nos abrazáramos en la colina
en lo alto
como si fuéramos los únicos humanos
chillido de aguililla ártica
inicio de un largo relato
canto Yoik del chorlito
como vino
la mirada clandestina del zorro polar
camino a la más bella historia
de nubes blancas.
Inger-Mari Aikio Poeta de la Nación Sami Finlandia.
Hoy 20 de marzo, no es feriado, no hay celebración, no hay desfiles…, pero hoy hace 166 años, decenas de invasores del ejército esclavista de William Walker caídos en combate, y los 18 fusilados por orden de don José Joaquín Mora, guiados por las acciones y palabras del héroe Juan Rafael Mora, fueron el MENSAJE que se enviaba a los estadounidenses, de que COSTA RICA no permitiría sufrir la humillación de ser colonia de ningún imperio.
Así, en Santa Rosa, principalmente, los 19 héroes muertos en la batalla hicieron resplandecer, con su sangre, el rojo de nuestra bandera, y nutrieron los cimientos de la PATRIA que estuvo a punto de caer en poder de un ejército invasor, que de haber triunfado, habría tenido oprobiosas consecuencias para el destino de nuestra nación.
En el ejercicio de un recurso de amparo por la persona física, Gadi Amit se presenta una denuncia por desobediencia a la orden judicial contra la ministra de la Presidencia Natalia Diaz.
La señora ministra recibió orden, por medio de SENTENCIA 2023- 1228, de responder en un plazo máximo de 15 días. Ya está vencido hace tiempo y no ha cumplido.
La Sala Constitucional le da 3 días para que justifique esta desobediencia.
Se nos ausenta el Sr. Ministro de Hacienda y si por la víspera sacamos el día, la Licda. Priscila Zamora, como Ministra, no ventila temas de interés laboral, sin consentimiento previo con nuestro ministro Nogui Acosta.
Cosa curiosa, los sindicalistas no somos “bichos raros”, solo que a mucho individuo que llega como “ave de paso”, le encanta que la “cancha esté limpia” de obstáculos, y aquí, el quehacer fiscal nos brinda la propiedad para señalar que, la LEY DE EMPLEO PÚBLICO, ataca al protagonista inocente, al trabajador mismo, ventila sus alegatos en redes sociales, como se “suben a un vagón”, que lleva entre sus pasajeros, un actor legal, que define un marco jurídico de actuación, ciertamente; pero que bien valorado, debió demostrar en esta Administración, al menos un gran reconocimiento a los trabajadores Hacendarios, pues el hackeo y la pandemia pusieron en evidencia su calidad y entrega.
Hoy, casi un año del post hackeo, casi tres de la pandemia, el frente de batalla, los constituyeron los funcionarios mismos, tanto así que dejó “frío o congelado” el actuar de los políticos, que no sabían más que recetar amnistías o veda a los poderosos de esta gran Nación.
Lamentamos en SITRAHSAN, cómo precarizan el actuar, nos congelan los salarios, nos aumentan las cargas de trabajo, nos imponen nuevas reglas de relación laboral, pero no se observa una propuesta formal de nuestras autoridades en materia de combate al fraude, al contrabando o a la elusión fiscal.
Los “poderosos” y por cierto los menos; persisten ganando en la lucha por un balance de la economía, precarizando los servicios públicos, aglutinando en “reglas fiscales” la inversión misma, analice que si la CCSS tiene una camisa de fuerza, pues los más afectados seremos usted o yo, cuando necesitemos de salud o educación, trabajadores mal pagados, mal remunerados, precarizados hasta en la capacidad misma, para ganar un salario que no satisface, en nada; las demandas básicas de casa, vestido o alimento, ya que esas áreas en vivienda hipoteca su salario durante no menos de 30 años, en educación con educadores mal pagados y grupos de estudiantes de hasta 40 estudiantes, en salud, sin una CCSS vigorosa , pues solo imagínese su vejez, sin una pensión digna y pagando solo medicamentos en la farmacia para medio subsistir.
Hasta cuándo estimado compañero, ¿permitirán esas bofetadas de la clase política, que va a hacer al respecto?
SITRAHSAN, ya está generando citas con diversos diputados amigos, para generar esos espacios en control político y poder señalarles, que NO estriba el problema en la inversión, mal llamada GASTO , es simple; no quieren atacar el cáncer o fortalecer los ingresos, no con más impuestos, es atacar al “pez gordo” que no tributa, o declara CERO GANANCIAS, estamos sirviéndole de “carne de cultivo” para alimentar los anhelos de una pandilla muy poderosa y por consiguiente, tocaremos las puertas de los PADRES DE LA PATRIA para generar actuaciones de reproche .
Acudiremos a la Sala Constitucional, como el Derecho nos asiste, propuesta en breve al Frente Sindical. Porque creemos en la institucionalidad de esta Nación.
No permita compañero o compañera, hágase notar y reprochemos como podamos esa “nefasta figura u ornitorrinco jurídico”
A nuestros buenos jefes, les pedimos disculpas, porque hay jefaturas que merecen respeto y reconocimiento, pero ésta lucha debemos darla, ya está bueno de que nos “garroteen tanto” y no hacer nada al respecto. Por eso la lucha apenas comienza.
Ante la pretendida precarización salarial de MIDEPLAN
SITRAHSAN solicita a todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda:
Integrar filas en la gestión diaria con reproche y aplicar “trabajo a reglamento” (tortuguismo) de frontera a frontera, de puerto a puerto,
Convocar a reunión urgente del Frente Interno el próximo lunes para definir estrategias a seguir,
Convocar una Reunión Urgente, entre los representantes del Frente Interno y la Administración,
Objetar la información que circula, para aplicar a las clases laborales del Ministerio de Hacienda, ya que las mismas, precariza la actuación del TESORO mismo,
La información obtenida deja una presunta indefensión a las clases laborales y salariales previo, a la entrada en vigencia de la Ley Marco, dejando congelados los salarios de muchos funcionarios mientras se continúe la relación laboral,
La escala salarial propuesta, promueve una fuga de profesionales que son necesarios para el buen quehacer fiscal y digital.
Lamentamos llegar a estas actuaciones; o nos dan atención a nuestras demandas, o detenemos la marcha del comercio mismo.
CONTINÚAN SEÑALANDO ACTUACIONES DE CONTENCIÓN AL GASTO, DEJANDO A LOS EVASORES, A LOS CONTRABANDISTAS, A LOS ELUSORES CON NORMAS LEGALES DÉBILES Y AHÍ ES DONDE ESTÁ EL PROBLEMA.
Este 10 de marzo, diferentes organizaciones de la sociedad civil se dieron cita frente a la Defensoría de los Habitantes, al cumplirse dos años de que la exdefensora Catalina Crespo no les recibiera y, por el contrario, les dio la espalda y, abandonó la Defensoría por la puerta trasera. Además, este colectivo de organizaciones, evidenciaron que la administración de Crespo fue sin duda la peor en muchos años. Rosibel Zúñiga Guardia, vocera de la Asociación Espera Viva, en atención a los temas de VIH, recalca el vergonzoso hecho de que se le otorgara a Crespo el nombramiento de Embajadora de Costa Rica en Washington, llevando consigo una trayectoria cuestionable, como representante del pueblo costarricense y además, con procesos judiciales en su contra. Dennis Castillo Fuentes, Director Ejecutivo del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica – IRCA CASABIERTA, destacó la difícil situación que atraviesa el país en relación con el tema migratorio, lo que hace urgente conocer la posición de la Defensoría de los Habitantes, con el fin de ofrecer una respuesta contundente a las diferentes violaciones a los derechos humanos, que constantemente viven las poblaciones migrantes. Así como, la necesidad de reactivar los planes estratégicos gubernamentales, para fortalecer la integración digna de estas poblaciones. Por su parte, Francisco Madrigal Ballestero, activista LGBTIQ y Defensor de Derechos Humanos, manifestó, la satisfacción por el nombramiento de la señora Angie Cruickshank, como una mujer preparada en materia de derechos humanos y conocedora de las necesidades de protección de las poblaciones más vulnerabilizadas del país. También hubo representación de mujeres, personas con discapacidad y población migrante y refugiada. Angie Cruickshank Lambert, nueva Defensora de los Habitantes, recibe a las diferentes organizaciones sociales, con el compromiso de escucharles y gestionar las acciones necesarias ante sus peticiones.
La ANEP envió una carta a la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado y al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en la cual se detalla las razones por las que no se presentará al «diálogo nacional» convocado por el Gobierno, referente a Ley Marco de Empleo Público. Esta última nunca debió entrar en vigencia y debe ser derogada. En la carta se plantea, también, la urgente necesidad de una ley específica para los puestos policiales y sacar de la regla fiscal a la seguridad pública.
Compartimos la carta enviada ayer, así como un anexo con diversos proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa para combatir el fraude fiscal-tributario.
