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25 verdades sobre la muerte del joven Nahel en Francia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Salim Lamrani

Universidad de La Reunión

Un adolescente de 17 años ha muerto a manos de un agente policía durante un control de carretera, desatando una ola de emoción en la sociedad francesa.

  1. El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a los 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por tres personas, todas menores, tras una negativa a cumplir la orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años llamado Nahel. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías.
  2. Desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, profesor de criminología en el Conservatoire des Arts et Métiers y reputado especialista en formación de policías y a gendarmes, insistió en el punto: “La versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló. El coche no se les vino encima”. También denunció a “los pocos policías podridos, corruptos y ovejas negras de la profesión […] que ponen en entredicho a todos los que respetan la ley, el orden y que son defensores de las libertades”. Sin el video, la falsa versión de los policías habría prevalecido y el responsable de la muerte del adolescente nunca habría comparecido ante la justicia.
  3. Retransmitiendo la falsa versión policial, los medios de comunicación se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente multirreincidente. En realidad, el joven Nahel no tenía antecedentes penales. La fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por “resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público” contra el conductor. Esta decisión fue recibida con una incomprensión generalizada ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Además, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. La fiscalía también abrió una investigación contra el policía por “homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Compareció ante un juez y permaneció en prisión preventiva en la Cárcel de la Santé.
  4. El abogado del agente, Laurent-Franck Liénard, subrayó el carácter excepcional de la detención: “En mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez”. Esta declaración ilustra la realidad de la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según el cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Jean-Pierre Mignard, abogado de víctimas de la violencia policial, es categórico al respecto: “Todas las profesiones tienen un código genético: el de la policía es la impunidad”.
  5. Camille Chaize, portavoz del Ministerio de Interior, rechazó las polémicas en torno a los supuestos antecedentes penales de la víctima, esgrimidos por la policía y los medios de comunicación para justificar la actuación del agente. Preguntada al respecto, respondió: “No es el sentido del debate, no tiene sentido pensar así, poco importa si era conocido o no de los servicios de policía. […] Pero es cierto que algunas fuentes policiales […] señalan antecedentes penales, o incluso anotaciones en la barandilla, que es infrajudicial, no antecedentes penales, pero todo eso no tiene sentido, no importa”.
  6. El abogado de la familia de la victima, Yassine Bouzrou, anunció que había presentado una denuncia contra los dos policías, una por homicidio culposo y otra por complicidad de homicidio culposo. Explicó lo siguiente: “No hay ninguna duda sobre su intención de matar ya que la banda sonora del video lo muestra anunciando antes disparar: ‘Voy a meterte una bala en la cabeza’. La denuncia también se presentará contra su colega por complicidad de homicidio voluntario ya que parece ordenar a su colega que dispare diciendo ‘dispárale’ justo antes de que se produzca el disparo”.
  7. El testimonio del pasajero que estaba sentado al lado de Nahel es condenatorio. Relató en detalle lo sucedido: “El primer policía le pidió a Nahel que bajara la ventanilla, cosa que Nahel hizo. Le dijo: ‘Apaga el motor o te disparo’. Le dio un primer golpe con la culata de la pistola. Luego llegó el segundo policía y también le golpeó con la culata de la pistola y se colocó en el parabrisas frente a Nahel. Desde ahí, el primer policía, que estaba a la altura de la ventanilla, lo apuntó con su arma y le dijo: ‘No te muevas o te pego un tiro en la cabeza’. El segundo policía le dijo: ‘Dispárale’. El primer policía lo golpeó de nuevo con la culata de la pistola. El coche tenía caja de cambios automática. El coche no estaba en ‘park’. Cuando recibió el tercer culatazo, su pie abandonó el pedal del freno y el coche avanzó. Y el segundo policía que estaba en el parabrisas disparó. Como resultado, su pie pisó el acelerador. Lo vi agonizando, temblaba. Chocamos contra una barrera. Me asusté y salí del coche. Salí corriendo. Pensé que me podían disparar también. Así que corrí.
  8. El pasajero trasero, de 14 años, también brindó su testimonio. Iba al colegio para pasar el examen del diploma de colegio y se encontró con Nahel, que se ofreció a llevarlo. “Los policías apuntaron con sus armas a Nahel”, que recibió “unos tres golpes” e intentó “protegerse la cabeza”. Un policía afirmó “que iba a meterle un disparo en la cabeza”. Nahel luego “soltó el freno probablemente por pánico, intentando protegerse. El coche arrancó solo. Era automático. Y el policía le dijo a su colega que disparara. Y el arma se disparó”.
  9. El Presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción del policía en una declaración pública: “Quiero expresar la emoción de toda la nación y decirle a su familia todo el afecto de la nación […]. Tenemos un adolescente que ha sido asesinado, es explicable, inexcusable”. Por su parte, Gérald Darmanin, Ministro de Interior, apuntócon el dedo “imágenes extremadamente chocantes”.
  10. En febrero de 2017, el gobierno socialista de François Hollande impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. El apartado 4 establece que los agentes podrán utilizar sus armas “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causar lesiones a sí mismos o a terceros”. La Liga de Derechos Humanos y numerosos diputados denunciaron la ley como una “licencia para matar”, pidiendo su derogación. El propio abogado Liénard se opuso públicamente a la ley: “Si empezamos a decir a los policías que pueden disparar a un coche que huye, tendremos más tiroteos, más heridos y más condenas a policías”.
  11. Desde 2017, el numero de personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. De 17 personas entre 2002 y 2017, una media de 0,88 por año, se ha pasado a 13 personas para el año 2022, algunas de las cuales eran simples pasajeros. Las víctimas presentan dos características: son en su mayoría jóvenes, o incluso muy jóvenes, y estaban racializadas. A modo de comparación, en Alemania, sólo se ha producido una muerte tras una negativa a cumplir la orden en diez años.
  12. El 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Su portavoz Ravina Shamdasani hizo un llamamiento a las autoridades: “Ha llegado el momento de que el país aborde seriamente de los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden”. Pocos días después, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció “el asesinato de Nahel M., de 17 años, de origen magrebí, a manos de un agente de policía en Francia” y se declaró “profundamente preocupado por la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales, combinada con el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, en particular de origen africano y árabe, que con frecuencia se traduce en homicidios recurrentes, de manera desproporcionada y prácticamente impune”.
  13. Interrogado al respecto, Laurent Nuñez, Prefecto de la Policía de Paris, nególa realidad de la situación: “No hay racismo en la policía”. No obstante, incluso el Presidente de la Republica Francesa ha reconocido la existencia de practicas discriminatorias persistentes: “Hoy en día, las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible”.
  14. Según diversos estudios, la mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Así, según el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof), el instituto de sondeos Ipsos y la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las fuerzas armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha.
  15. Un estudio realizado en 2017 por Jacques Toubon, Defensor de los Derechos y ex Ministro de Justicia con Jacques Chirac, ilustra los prejuicios racistas presentes en el seno de las fuerzas del orden y el maltrato policial a los jóvenes de los barrios populares. Así, los individuos percibidos como negros o árabes tienen “20 veces más probabilidades que los demás de ser parados” por la policía. El Defensor de los Derechos señala que el 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% maltratadas durante su última parada. Otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) subraya que “el comportamiento de la policía francesa […] puede asimilarse a la elaboración de perfiles raciales”. Christian Vigouroux, deontólogo del Ministerio del Interior, llegó a presentar en 2021 un informe de 160 páginas sobre “la lucha contra la discriminación en el seno de las fuerzas de seguridad”, en el que formulaba 54 propuestas que han quedado desatendidas por las autoridades.
  16. Según el Derecho Internacional, “la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación y, en vista de sus consecuencias peligrosas, exige una vigilancia especial y una respuesta enérgica por parte de las autoridades”. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
  17. Según Amnistía Internacional, “en Francia, la práctica de los controles de identidad está extendida y profundamente arraigada en la actuación policial, hasta el punto que fomenta una discriminación sistémica”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la discriminación sistémica “puede entenderse como un conjunto de normas jurídicas, políticas, prácticas o actitudes culturales imperantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para algunos grupos y privilegios para otros”. AI agrega que “la práctica de controles de identidad discriminatorios es conocida y está ampliamente documentada”, denuncia su “magnitud” y subraya “sus efectos devastadores sobre las víctimas, incluidos niños que a veces tienen sólo 12 años”.
  18. La Corte Suprema, el más alto tribunal del ordenamiento jurídico francés, reconoció la existencia de esta práctica en una sentencia de 2016 y subrayó que tales controles constituían una falta grave de la que es responsable del Estado.
  19. Jean Hossam Botros Messiha, militante de extrema derecha, nacido en Egipto y nacionalizado francés a los 20 años, que sigue siendo considerado inmigrante por el Instituto Nacional de la Estadística y de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, portavoz de Eric Zemmour durante la campaña presidencial de 2022 y partidario de la teoría racista del “gran reemplazo”, que declara que la inmigración – de la cual se benefició a los 8 años – constituye ahora “una amenaza existencial histórica para Francia”, abrió un fondo en línea a favor del policía investigado por homicidio culposo. En pocos días, el “fondo de la vergüenza”, como la han calificado numerosos observadores, recaudó 1,6 millones de euros con más de 76.000 donantes, haciendo millonario a un hombre responsable de la muerte de un adolescente, suscitando la ira legítima de la familia y la indignación de la opinión pública.
  20. La muerte de Nahel desencadenó una explosión de cólera en toda Francia, cuya dimensión política fue minimizada por las autoridades, que prefirieron ver en estas revueltas urbanas sólo un impulso destructivo. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos comercios y edificios públicos, principalmente en los barrios populares, fueron saqueados por jóvenes, algunos de tan sólo doce años. Se quemaron cerca de 12.000 coches y se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 250 comisarías de policía y más de 150 escuelas. La casa personal del alcalde de La Häy-les-Roses fue incluso atacada con un coche ariete mientras su familia estaba dentro.
  21. La respuesta del gobierno a la agitación social ha sido puramente autoritaria y represiva movilizando a 45.000 agentes del orden, incluidas unidades de elite como el GIGN, el RAID y la BRI. En Marsella, un padre 27 años perdió la vida tras recibir “probablemente” un disparo de flash-ball, según la fiscalía. En Meurthe-et-Moselle, un joven veinteañero se encuentra en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía. Según las autoridades judiciales, no hay indicios de que estas dos personas estuvieran implicadas en los disturbios. Ambas eran de origen magrebí. Además, cerca de 3.500 personas fueron detenidas, y casi el 60% de ellas no tenían antecedentes penales, según Gérard Darmanin. Según el Ministro de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En su comparecencia ante el Senado, descartó la explicación relacionada con la identidad: “Eché un vistazo en las comisarias. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante. Pero había muchos Kevin y Matteo”.
  22. Los tribunales, por su parte, fueron expeditivos y despiadados. A guisa de ejemplo, un hombre de 28 años fue condenado a 10 meses de prisión con orden de ingreso a una cárcel por robar una lata de Red Bull valorada en 1,15 euros. Su abogada Camille Bal declaró: “Los principales autores de la violencia son los que estuvieron ausentes en gran medida de las vistas de ayer. Los que fueron detenidos por la policía eran los que aparecieron después del delito, después de que la tienda hubiera sido blanco de los matones. Mi cliente entró en el Monoprix a oscuras, cogió una lata de Red Bull, salió y lo desplumaron como una rosa”. Para la abogada Camille Vannier, que participó en la defensa colectiva, “la justicia está completamente manipulada” por el poder político. Subraya que los jueces siguen ciegamente los requisitorios: “Es muy preocupante desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión por delitos menores”. La abogada Elsa Marcel también expresó su asombro: “Las sentencias son extremadamente duras, los procedimientos son chapuceros, hay muchos escenarios en los que no se no reconocen a las personas, los informes de detención son sumamente vagos, es una justicia política”.
  23. El 30 de junio de 2023, los dos principales sindicatos policiales Alliance Police y UNSA Police publicaron un comunicado de prensa extremadamente violento, confirmando todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos de “hordas salvajes” y de “pestes” a las que hay que combatir, pidiendo que se utilicen “todos los medios” para ello. El comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana cuya misión es obedecer al ejecutivo y hacer respetar la ley: “Por estas razones, Alliance Police Nationale y UNSA Police asumirán sus responsabilidades y advierten desde ahora al Gobierno que al final, estaremos en la acción y sin medidas concretas de protección jurídica de los Policías, una respuesta penal adecuada, y la puesta a disposición de medios importantes, los Policías juzgaran del nivel de consideración mostrado. Hoy, los Policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana, estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello”. En otro movimiento sin precedentes, la UNSA Education condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras “preocupantes e insoportables”. En cuanto al gobierno, no ha tomado ninguna medida contra los autores de la declaración.
  24. La muerte de la joven Nahel fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Además del racismo sistémico, que afecta sobre todo a las personas de origen inmigrante (el 47% de los subsaharianos y el 30% de los magrebíes son víctimas), las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Las cifras hablan por sí solas: el 7.5% de la población francesa (5,5 millones de habitantes) vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los habitantes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. En los barrios obreros hay casi la mitad de bibliotecas y tres veces menos instalaciones deportivas que en el resto del país. La tasa de pobreza es tres veces superior a la del resto del país (42% frente a 14,9%). Como recordatorio, hay 9 millones de pobres en Francia, de los cuales 3 millones son niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por 100.000 habitantes, sólo hay 250 en los barrios populares. El 40% de los barrios obreros carece de guarderías, mientras que el número de familias monoparentales es el doble que en el resto del país (20%). En contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas: 6.100 euros por año y por habitante frente a los 6.800 euros para la media nacional. Además, estos barrios, lejos de encontrarse con respiración asistida, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis es el tercer departamento más pobre de Francia (el primero de Francia continental) de un total de 101,  y el que recibe menos protección social per cápita, pese a ser el octavo contribuidor social a las finanzas públicas del país. En Seine-Saint-Denis, por ejemplo, hay 1.100 funcionarios de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 1.800 en el resto de Francia. Los gobiernos prestan poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político o electoral.De hecho, el 48% de los habitantes de barrios populares no votaron o se abstuvieron en las últimas elecciones presidenciales.
  25. Es necesario que los políticos en general y el Gobierno en particular tomen medidas urgentes:

-La Ley sobre la Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su abrogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policías al volver al statu quo ante que establece un marco estricto para el uso de armas de fuego.

-Resulta imperativo que cese la negación dentro de las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales y los responsables políticos sobre el racismo estructural presente en el cuerpo policial.

-Hay que poner fin a la impunidad para los policías culpables de crímenes y que sean sancionados de modo ejemplar, a la altura del delito cometido. Los policías racistas, y más generalmente los que no respetan la deontología y el Código de Conducta de la profesión, deben ser excluidos del cuerpo de las fuerzas del orden.

-Los casos de violencia policial deben ser sistemáticamente retirados de las salas de audiencia locales para garantizar la serenidad de los debates – reivindicación del Sindicado de Magistratura – habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la fiscalía y las fuerzas del orden.

-Una comisión “Verdad y Justicia”, compuesta por miembros independientes, debe crearse para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y sus familias.

-Se debe reformar la Inspección General de la Policía Nacional, que ha perdido toda credibilidad debido a la debilidad de las raras sanciones pronunciadas contra agentes responsables de delitos y crímenes, y componerse de personas independientes, no vinculadas a las fuerzas del orden.

-Los policías y gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y permitirán mejorar la calidad de los controles.

-Los policías deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación.

-El Estado debe revisar su doctrina de mantenimiento del orden y sus prácticas y métodos, con un regreso a una política basada en la prevención y no la represión. Por ejemplo, la policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y su capacidad a establecer vínculos con los jóvenes, debe restablecerse, particularmente en los barrios populares.

-Es indispensable mejorar el salario de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su tarea y hacer que la profesión resulte más atractiva.

-Los aspirantes a las oposiciones para convertirse en policías deben pasar por un proceso de selección más riguroso, para descartar a los que no estén hechos para el trabajo. Del mismo modo, la policía debe asegurarse de integrar en sus rangos a personas de orígenes diversos, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, libres de cualquier forma de discriminación.

-El proceso de formación también debe revisarse de arriba abajo, mejorarse y prolongarse durante mucho más tiempo, tal y como reclama la profesión desde hace tiempo (pruebas psicológicas, prueba de tolerancia al estrés, respeto de los valores de la república, etc.).

-El gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación, poniendo en marcha acciones positivas ambiciosas para ayudar a las persones de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos ignoran su sufrimiento.

 

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Imagen: https://www.elmundo.es

Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Foto de manifestantes contra la expansión del monocultivo de la piña en Costa Rica extraída de artículo titulado «Nuevo gobiernos, viejos piñeros» (Revista AgroEcologa, edición del 7/05/2018).

Nicolas Boeglin,

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) / Contacto: nboeglin@gmail.com

En días pasados, fue dado a conocer el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto objeto de cuestionamientos, la SETENA optó por otorgar esta viabilidad un 14 de diciembre del 2022, recordándonos varias otras polémicas en Costa Rica en las que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más,

– de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas;

– de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones;

– de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals;

– de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe;

– o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

En cuanto a la participación ciudadana en materia ambiental, en el caso específico del relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro, la SETENA consideró haber cumplido con este requisito al conformarse con el estudio de un sociólogo contratado por la empresa (denominado “Estudio cuantitativo de percepción local”), sin necesidad de proceder a celebrar una audiencia pública con la comunidad de Miramar de Montes de Oro, realizada hace más de 10 años.

En su voto, la Sala considera que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la SETENA “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución” y por consiguiente, anula la viabilidad ambiental otorgada en las vísperas de las fiestas de fin del año 2022.

Un gran esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala Constitucional por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia, valentía y tenacidad de la recurrente que logró convencer a los integrantes de la Sala Constitucional, la lectura de este voto denota también una división interna en la Sala: en particular se hace muy evidente un sostenido esfuerzo semántico por parte de la mayoría de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”. Incluso entre las primeras referencias a su jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, relativo al polémico proyecto de acueducto Coco Ocotal en Sardinal, en el que la Sala, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante – e indecorosa – conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda, cuya lectura se recomienda): los cinco magistrados/a restantes en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 (Declaración de Río) para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un verdadero derecho, no ameritaba ninguna reflexión particular.

Esta “involución” jurisprudencial a la cual procedió el juez constitucional costarricense a la fecha no ha dado lugar a rectificación alguna, pese a numerosas ocasiones desaprovechadas desde el año 2017.

La participación ciudadana en materia ambiental puesta en contexto

De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense del mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el transcurso del año 2018 (véase texto completo) que precisa, y ello de manera muy clara, que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que:

«g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.

En total consonancia con lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Acuerdo de Escazú adoptado en marzo del 2018, el Artículo 7 refiere a la participación del público como un “derecho”, al leerse que:

“Artículo 7. 1: Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.

De igual forma se indica en otro inciso que:

“Artículo 7.4. Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones” (el resaltado es nuestro).

Como era previsible, ni el Acuerdo de Escazú, ni tampoco el uso del término “derecho” para referirse a la participación ciudadana aparecen bajo la pluma del magistrado instructor en el párrafo IV de la sentencia en la que fundamenta su razonamiento.

Calificativos usados contra la recurrente y jurisprudencia interamericana sobre la obligación del Estado

Como punto de detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la SETENA al leerse que (Resultando, punto 3):

“Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma. La recurrente desconoce de todos los cambios internos en la metodología de trabajo que se han realizado dentro de la SETENA, /…/ ”

Debería poder fácilmente entenderse que, para cualquier vecino de Miramar de Montes de Oro u observador, una viabilidad ambiental aprobada por la SETENA en la segunda quincena de diciembre levanta usualmente dudas razonables y sospechas; y que, contrario a lo indicado, la decisión de la Sala Constitucional en este preciso caso confirma que la recurrente conoce perfectamente los métodos de la SETENA.

De igual manera, la apoderada general de la empresa a cargo del proyecto de relleno sanitario, consideró útil y oportuno expresarse en contra de la recurrente, al leerse unas páginas después (Resultando, punto 5) que:

“Lo así afirmado por quien recurre, no puede ser calificado de otra forma más que temerario, irrespetuoso y tendencioso, no solo para la SETENA sino para mi representada, quien siempre se ha caracterizado por transparencia y estricto apego a la legislación imperante en cada Proyecto que emprende”.

Más allá del efecto que pueda tener, en una discusión sobre argumentos jurídicos ante siete magistrados, el intento de descalificar a una recurrente preocupada por los efectos negativos de un determinado proyecto y que desconfía de sus autoridades, lo cierto es que ni los argumentos de la SETENA ni los de la empresa encontraron eco alguno en ninguno de los integrantes de la Sala Constitucional.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones que puede generar un proyecto y a la transparencia que toda persona puede exigir a sus autoridades nacionales, cabe indicar que en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24/11/2022) sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, el juez interamericano sentenció lo siguiente:

“96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales. Lo anterior, por cuanto el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”.

En el párrafo 100 de esta misma sentencia, el juez interamericano afirmó además que la garantía de la libertad de expresión se extiende a las personas que defienden el ambiente, al precisar que:

“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».

En el párrafo 114, el juez interamericano explicó las razones por las que la temática ambiental debe siempre considerarse como un asunto de interés público, al señalar que:

“Al respecto, esta Corte considera que las opiniones, manifestaciones, ideas e información relativas a la protección o gestión del medio ambiente, así como aquellas sobre los riesgos e impactos ambientales de actividades o proyectos, deben ser considerados asuntos de interés público en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión debido a que, como lo ha reconocido en su jurisprudencia, el respeto y garantía de los derechos humanos no puede escindirse de la protección del ambiente. Asimismo, cabe señalar que Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. En consecuencia, para este Tribunal no cabe duda de que los temas ambientales deben considerarse asuntos de interés público en una sociedad democrática y que corresponde a los Estados proteger la libertad de expresión y fomentar la participación por parte de los ciudadanos en estos asuntos”.

Cabe indicar que en esta importante sentencia que condenó a Chile en el 2022, el juez interamericano hace varias referencias al Acuerdo de Escazú, integrándolo de pleno al corpus juris interamericano. Ya tuvimos la ocasión de indicar al respecto en un artículo publicado en abril del 2023 que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014 del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las reiteradas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos juristas en Costa Rica, al punto de llevarlos a expresarse de manera tan peculiar como magistrados constitucionales.

En ese sentido, no está de más recordar otro hecho bastante insólito que pone en evidencia el profundo temor que provoca en algunos sectores la participación ciudadana: en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa objeto de un veto por parte del Poder Ejecutivo costarricense durante todo el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental” (véase texto completo acompañado del texto del veto presidencial del 24 de noviembre del 2008). En el informe de labores para el período 2008 de una influyente cámara empresarial, leemos que:

“Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (véase texto del informe de la UCCAEP titulado “Informe de Labores, Marzo 2009”, p. 36).

Podemos de igual manera remitir a la discusión provocada en Costa Rica con respecto al Acuerdo de Escazú en los últimos años, a raíz de comunicados oficiales de la misma agrupación y de varias otras, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora vuelta famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene). Cabe recordar que en primer debate, el Acuerdo de Escazú fue adoptado por una votación de 44 votos a favor y ninguno en contra en el mes de febrero del 2020.

A modo de conclusión

Más allá de la gran facilidad con la que algunos en Costa Rica logran frenar iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 del 12 de mayo del 2023 (cuya lectura completa se recomienda – párrafo VII – ) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda consideraron oportuno precisar (haciendo referencia a varios instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho ambiental, entre ellos el Acuerdo de Escazú, así como a la precitada jurisprudencia del juez interamericano) que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho que asiste a cualquier ciudadano costarricense. Una participación del público que, hasta el año 2017, así era calificada por la Sala Constitucional en innumerables votos (Nota 3).

Los tres magistrados antes mencionados expresaron además en su voto concurrente que:

“la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Leemos además por parte de estos tres integrantes de la Sala Constitucional, que:

“… es de relevancia constitucional que el Estado garantice la audiencia pública como un derecho, a través de las formas de participación directa de los ciudadanos en asuntos que pueden tener un impacto ambiental”.

Es de esperar que, inspirándose en esta valiosa opinión concurrente colegial, pronto el resto de la Sala Constitucional logre rectificar la deriva semántica a la que ha procedido desde el año 2017, la cual constituye a todas luces una verdadera regresión jurisprudencial.

Y con relación al Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento de vanguardia en la fundamentación de esta sentencia de mayo del 2023 (pese a poder hacerlo), recientemente, los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón indicaron en un artículo (cuya lectura completa recomendamos), que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

– – -Notas- – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en página 93), así como en este otro enlace, en el que la referida cita se puede leer en página 30.

Nota 3: Véase por ejemplo el voto 06922-2010 de abril del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas (párrafo XVII). O bien el voto 05593-2012 del 2 de mayo del 2012, en el que se lee (párrafo V titulado Sobre la participación ciudadana en asuntos ambientales) que: “En suma, el derecho de participación en materia ambiental, es un derecho fundamental y un principio, protegido constitucionalmente, y que como tal, impregna todo el resto del ordenamiento jurídico, en cuenta, toda la legislación, reglamentación y resto de normativa ambiental, aunque este no lo establezca expresamente. Derecho que se traduce en la obligación del Estado de facilitar, garantizar, permitir y brindar el acceso a la población en todas las instancias, incluso en los procedimientos administrativos y judiciales (en los términos del principio 10 de la Convención de Río), para que los miembros de la comunidad no sólo puedan ser testigos presenciales de un determinado procedimiento sino también para que puedan ser parte y así «reaccionar» frente a la violación a su derecho al ambiente y con ello buscar la reparación de los daños. Ello pues, conforme al más reciente concepto de legitimación en materia ambiental, su derecho de acceso, de intervenir, de participar y de ser parte, no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que, por tratarse de un interés difuso, tal derecho se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran”. También merece mención el voto 06322-2003 del 3 de julio del 2003 en el que se lee, con relación a la participación de las municipalidades (Párrafo IX, inciso 11) que: “Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza”.

Bailando con la más fea

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Un Expresidente nuestro, alguna vez dijo públicamente algo pintoresco, con cierta genialidad y con mucha simplicidad: «Una cosa es verla venir, y otra diferente bailar con Ella». Estamos en el bailongo, y no es fácil.

Veamos. Siempre pensé francamente, que los diferentes grupos dominantes ticos (en sus distintas facciones), eran demasiado «inteligentes» o astutos, para jugar directamente con la carta del Autoritarismo, o para coquetear con la Dictadura, o con el «revival» Fascista/Populista de moda en otros lares, y menos de darle hasta cierta «Legitimidad» a la Violencia política. Esto último ya es inadmisible.

Creí, además, que con la tradicional manipulación electoral, y con la mentira política naturalizada, y con el viejo control ideológico de los medios, la vieja Hegemonía Cultural, el «pan y el circo» de siempre, y la narrativa esencialista del «Excepcionalismo tico», podían darse por satisfechos. ¡Me equivoqué!

La «salida» autoritaria a la crisis económica, social y política después de 35 años de Neoliberalismo, se hizo realidad con este nuevo Gobierno «Neocon».

Más bien yo diría, incluso, que fueron los peligrosos y acumulados efectos a mediano y largo plazo, de la anomia social, – producida por la creciente Pobreza estructural y la Desigualdad social-, los que provocaron la llegada de este nuevo Gobierno con agenda económica Ultra-Neoliberal e ideológicamente de Extrema Derecha, pero con retórica populista.

Su pequeño éxito electoral de minoría radicó precisamente en lo último, en su demagogia. En el uso masificado de la «Inversión Axiológica», diría el filósofo, teólogo y economista Franz Hinkelammert. Apagar el fuego con más gasolina, dirían otros.

Se pretende supuestamente así, paradójicamente combatir los efectos de 35 años de Neoliberalismo económico – en diferentes dosis-, con más Neoliberalismo económico y más Autoritarismo político. Más cinismo político, no podía existir.

La mentira, la calumnia, el engaño, la ambición desmedida de algunos «nuevos ricos» y la intolerancia, llevadas al grado máximo. Pero nunca es suficiente, al parecer.

Todos los días nos seguimos sorprendiendo negativamente, con ocurrencias de este Mal Gobierno. Es persistente y versátil en el «error», es hasta, creativo.

Se trata de la manipulación política del Tánatos colectivo, al mejor estilo de «Psicología de Masas del Fascismo» del discípulo socialista y antifascista de Freud, Wilhelm Reich.

Esta gente que asesora al Gobierno sabe explotar con sofisticadas técnicas de «marketing» y publicidad, el justificado enojo, la ira, la frustración y la indignación popular, acumulado por décadas del Bipartidismo y ocho años de Administraciones emergentes. Todas con rasgos económicos similares. (Rescato parcialmente la Administración del ut supra citado expresidente; y aclaro que personalmente no milito en ningún partido).

Y toda esta gran operación de «marketing» político, fundamentalmente, mediante el uso de la llamada «Inversión Axiológica», – o sea, en convertir mediáticamente a la Víctima en Verdugo y viceversa -, y así pasamos del caos social inercial, al verdadero caos social organizado de masas. La Anomia social amenaza.

Parece que al nuevo Gobierno no le importa nada más, salvo algunos «buenos negocios» para sus grandes contribuyentes. Es la lógica irracional, del poder por el poder mismo. Lo demás, son «daños colaterales».

Pese a la demagogia de turno, la «naturaleza de clase» del poder es la misma que oprime y explota, pero el «carácter del poder» (Foucault) es aún peor, es más vertical, más primitivo y caudillesco.

Un ejemplo: Todos sus adversarios son «corruptos» menos ellos mismos, aunque los hechos jurídicos demuestren lo contrario. Al mejor estilo del Fariseo bíblico.

No se atienden razones, priva el fanatismo, el show mediático inquisitorial, la batería en redes de «Troles», la descalificación gratuita, y la promoción de la agresividad, contra la Oposición.

Enfrentamos un verdadero peligro colectivo como República. Vamos en acelerada «ruta de impacto» como país, y los que dirigen el Barco, en lugar de reflexionar, llaman (gritan) en sus discursos públicos, literalmente, a «quemar puentes» (sic).

Para algunos ya pasó algo similar en la Costa Rica del siglo pasado, durante la polémica Administración de León Cortés, – un político de nacionalista de derechas, autoritario, furibundo anticomunista y hasta filo-Nazi. Todavía tiene su estatua en La Sabana.

Reconozcamos, sin embargo, que al menos, el temido León Cortés sí fue más eficiente tratándose de infraestructura pública (ahí está marcada y decorada por esa Águila germanófila).

Hoy en día en cambio, nos quedamos en el «discurso de odio» y la polarización social nada más. El «Neo-Cortesismo» tico es, además, ineficaz e ineficiente, salvo cuando se trata de estigmatizar en redes.

No me canso de citar al escritor existencialista francés, Albert Camus, cuando nos advertía: «El Anticomunismo es el comienzo del Fascismo».

Mucho cuidado con la ruta del sabotaje y la destrucción del Estado Social de Derecho costarricense y de nuestras conquistas sociales, porque ésta es la ruta de la destrucción de la Democracia y de nuestra relativa Paz social.

Esto es un «mal negocio» hasta para las clases dominantes costarricenses. ¿No se dan cuenta acaso de cómo avanza el Mundo en el conflicto Geopolítico? Las clases subalternas no vivirán ni se alimentarán siempre este «discurso de odio» del Oficialismo y de su demagogia, mientras se destruye al Estado Social de Derecho.

Los medios «mainstream» costarricenses, ahora curiosamente anti- gobierno, se escandalizan de la «Brecha educativa», como de la brutal Inseguridad Ciudadana: Decenas de miles de conciudadanos y ciudadanas, ticos y ticas, no terminaron ni siquiera la Secundaria. ¿Qué proyecto de vida tienen? Lamentable.

Más gente condenada a la Exclusión social, sin esperanza, fruto de décadas de Neoliberalismo. «Carne de cañón» destinada a las jornadas de trabajo de 12 horas que nos quiere imponer el Gobierno Populista de Extrema Derecha, y sus aliados oportunistas Neoliberales de siempre.

«Descubrieron el agua tibia», reza el sabio refrán popular costarricense. Qué cinismo cívico y político.

¿Y sino finalmente, cómo se explica que primero casi ganan los Fundamentalistas Protestantes «Neocon» en Segunda Vuelta, para que cuatro años después, sí gane Populismo de Extrema Derecha? Una tragedia cultural y cívica.

Ciertamente la crisis integral nacional, no comenzó hace un año. Pero no puede durar tres años más a este ritmo.

Por favor, un otro llamado urgente al Diálogo social, racional, democrático, respetuoso y patriótico.

Lo dicho, obviamente, sin dejar de articular la justa y pacífica, y necesaria lucha cívica.

¡Basta ya de matonería, de estigmas, de prejuicios, de ocurrencias, de desinformación barata y de manipulación! El tiempo se nos agota. ¡El futuro es ya!

Gracias.

Francia arde

Escrito en . Publicado en Análisis.

Carlos Humberto Acosta Jiménez. Sociólogo

Desde hace semana, literalmente, «Francia arde». En este caso son emigrantes islámicos los señalados como culpables de disturbios civiles, delincuencia, saqueos, quema de vehículos y propiedades, etc.

En la práctica es una verdad a medias pues ciudadanos franceses no de raíces islámicas o árabes, también forman parte del descontento social. La chispa ha sido la muerte de un joven de 16 años musulmán que al huir por una infracción de vehículos, fue alcanzado por disparos de las fuerzas policiales que le perseguían.

Esto encendió el polvorín. Obviamente tal fatalidad no es la causa del alzamiento de descontento civil de franceses de los más diversos orígenes. Es un fenómeno sociológico complejo que no se puede explicar con unos cuantos párrafos, sin embargo, los expertos creen que en un corto plazo se podría extender a España e Italia. Lo mismo ha sucedido en EE. UU con las comunidades negras y latinas por el uso excesivo e indebido de las fuerzas policiales.

En estos casos, las minorías son hechas responsables de los actos de violencia. Del «arde Francia» por decirlo así. En parte es cierto que grupos de migrantes reaccionan violentamente ante prácticas de discriminación de los países que «les acogen», sobre todo por violencia psicológica y física, racismo y desprecio hacia sus culturas. Esto es una reacción lógica.

Sin embargo, hay que tener presente una realidad que no aparece generalmente en la prensa. Nos guste o no, occidente ha generado prácticas imperialistas hacia el oriente islámico por siglos, así como hacia América Latina, África y Asia.

En el caso árabe, modernamente ha provocado, y lo sigue haciendo, con guerras planeadas, justificadas en los hechos posteriores al 11 de setiembre y a las supuestas armas de destrucción masiva, en la «llamada primavera árabe», siendo esta la que ha desatado oleadas de migración hacia Europa provenientes de Siria, Libia, Egipto, Irak, Afganistán e incluso del «seudo europeo Turquía». Grupos terroristas «islámicos» que han sido financiados, formados y adiestrados por USA y la OTAN, son responsables de gran inquietud, miedo e incluso actos violentos y armados en Europa. Pero qué memoria más corta tienen los medios de comunicación occidentales, o más bien, qué intereses protegen, que no mencionan a los actores occidentales que orquestaron el surgimiento del terro tu ismo. Ahora muchos migrantes son miembros o ex miembros de dichos grupos terroristas. Europa está plagado de ellos.

Es muy fácil echar la culpa al mundo árabe o al islam por los grandes cambios que enfrenta culturalmente Europa, mas sus raíces son múltiples y responde a aspectos propios de la crisis de identidad europea, desde la creciente laicidad y descristianización, la caída en la natalidad, la crisis del proyecto «Estados Unidos de Europa», la influencia histórica de USA desde la segunda posguerra mundial, la crisis del capitalismo mundial y del sistema de globalismo mundial y la crisis de la posmodernidad por señalar algunos elementos.

Lo cierto es que Occidente, en su afán por mantener su hegemonía, ha provocado la migración descontrolada del Oriente árabe hacia los centros de poder, el odio por las guerras por el oro negro y gas, y la lucha polarizada contra el surgimiento de Rusia y China que unidos o por separado, expanden su influencia y poder hacia África, Cercano y Mediano Oriente, e incluso Latinoamérica.

Las semillas del odio y la violencia, a las cuales debemos oponernos, vengan de donde vengan, tienen explicación y si no comprendemos las razones, no podremos generar soluciones viables. Occidente es en gran medida, responsable directo, por sus actos en todo el mundo árabe y más allá, de la violencia en el propio «patio» europeo.

Cuánto le costó a los abuelos e hijos alemanes sobrevivientes a la Segunda Guerra mundial, aceptar su historia nazi y su responsabilidad en los hechos que generaron quizás la peor masacre humana de la historia. Fueron sus nietos, muchos nacidos después del final de la guerra, los que, después de asumir un trago amargo sobre la historia de su país y de lo que permitieron sus familiares, quienes valientemente confrontaron la historia nacional con hechos y no con simples palabras. El Nazismo no fue un sueño, sino una deshumanizante y aterradora realidad. Ahora, aprendiendo de la historia, si Europa y los centros de poder de Occidente en general no reconocen su responsabilidad y su «mea culpa», este fenómeno de violencia y discriminación seguirá en aumento, alcanzando dimensiones inimaginables, que quizás no sólo impliquen que «Francia arde», sino que cualquier ciudad europea esté amenazada por la misma fatalidad.

Es aquí donde agrupaciones promotoras de la paz y la no violencia, de toda índole, están llamadas a generar conciencia, desde nuestro metro cuadrado, desde cualquier rincón del mundo, a ser puentes de diálogo, educar para la paz y la comprensión «del otro», de «lo diferente» y «de lo exótico», desde la génesis misma de los problemas que ahora son globales. La violencia y el prejuicio no nacen gratuitamente, son hijos de acciones igualmente deplorables de todas las partes.

Que Dios nos de la sabiduría para ser portadores de su paz, y de un amor que vence hasta el odio nacido de acciones igualmente violentas, brutales e inhumanas que le dieron vida.

Que las mujeres y los hombres de buena voluntad cierren filas ante todo individuo, grupo, organización, nación, que pretenda soluciones fáciles a los problemas humanos, apelando a la violencia como respuesta y no al diálogo, los hechos y la verdad como testigos. La paz nace en el corazón de cada cual, y el valor para mantenerla no es un sentimiento, sino un acto de voluntad y heroísmo. Como ya lo predicó hace dos siglos un simple hombre de la Palestina de entonces: «Bienaventurados (felices) los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios».

Imagen: https://www.elmundo.es

En la participación está la posibilidad del cambio verdadero

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

En muchas ocasiones los ciudadanos deciden no meterse en nada y alejarse de todo aquello que pueda implicar compromisos o asumir responsabilidades sobre lo que pasa en el país en general o en su cantón en particular.

Esos ciudadanos se escudan en frases como: “esto no lo salva nadie”, “todos son iguales”, “que otros sean los que se metan”. Y así se olvidan de su responsabilidad cívica y social. Precisamente por eso es que estamos como estamos.

Es necesario que la gente asuma con responsabilidad sus obligaciones ciudadanas y sea partícipe en la toma de decisiones. Se involucre en aquello que pueda beneficiar a su país y a su comunidad.

El abstencionismo en elecciones nacionales y aún más en municipales es un fiel reflejo de esa indiferencia y de esa irresponsabilidad. Y precisamente por ello es por lo que los que ostentan el poder se benefician manteniéndose por años en esos puestos de dirección sin que los resultados sean beneficiosos para todos.

Es necesario que esto cambie de una vez por todas y que los ciudadanos en general asuman su rol y participen activamente. Si a algo temen los mismos de siempre es a la participación seria y decidida de los ciudadanos. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos y adultos mayores deben asumir con valentía la decisión de participar y hacer, con su ayuda, que las cosas cambien para bien.

Los niños y jóvenes de hoy merecen que en el futuro sus oportunidades de crecimiento y de calidad de vida estén intactas para un desarrollo óptimo y que les permita disfruta de mejores condiciones que las que hoy tenemos en educación, en vivienda, en empleo, en deporte, cultura, medio ambiente, seguridad, justicia, transparencia y honradez en el manejo de los bienes y dineros públicos y muchas cosas más, y eso que queremos para ellos en el futuro tenemos que construirlo hoy y solo lo lograremos si decidimos participar y tomar acción para que esto mejore para todos.

Dios quiera que lo entiendan y lo asuman los que hasta hoy han sido indiferentes y les ha importado poco el futuro de las nuevas generaciones.

Ideas zombi sobre el empleo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

No son ideas que recién hayan empezado a expresarse en este gobierno. Para nada. En eso, como en casi todo lo que tenga que ver con política económica, el gobierno de Chaves repite lo que otra gente dijo antes, solo que lo dice con una retórica mucho más agresiva.

  • “Vamos a dar cursos de capacitación en el INA para mejorar las capacidades y la «empleabilidad’ de la gente”. Eso es magnífico, pero capacitar a la gente no crea empleos. Facilita conseguirlos si existieran. El problema es que no existen.
  • “Vamos a afinar los sistemas de ‘empleabilidad’ en el Ministerio de Trabajo para facilitar que las personas contacten a los empleadores y sean contratadas”. Mismo problema del caso anterior: la idea sería grandiosa… si los empleos existieran.
  • “Llevaremos las zonas francas a las regiones rurales”. Quien crea que Rodrigo Chaves, en su zafarrancho con CINDE, vino a descubrir el arroz con leche en relación con este asunto, está “detrás del palo”. Son muchos años oyendo ese cuento. La experiencia demuestra que, excepto en el caso de la agricultura monocultivista de plantación (piña, banano, etc.), o las cadenas hoteleras en zonas de fuerte visitación turística, las transnacionales son reacias a ir a zonas rurales, porque ahí no encuentran la infraestructura, los servicios públicos y el tipo de mano de obra que les gusta tener a su disposición. Los problemas de las regiones rurales y de su gente, demandan y merecen un abordaje distinto.
  • “Requerimos mercados laborales más flexibles y reducir el salario mínimo porque es muy alto”. Esta sí que es una mentirota del tamaño de los Himalaya. Primero, en Costa Rica la patronal contrata y despide al personal con total libertad. Imposible más “flexibilidad”. Segundo, tenemos 13 años en los que el poder adquisitivo de los ingresos de la población trabajadora no tiene mejoría alguna, algo jamás visto en la historia económica de Costa Rica. Si el empleo dependiera de la “flexibilidad” y de la baratura de la mano de obra, nos sobrarían empleos. Pero, obviamente, no es el caso. Deberíamos hoy más bien estar pensando en subir el poder adquisitivo de los ingresos. Pero ya ve usted que no, cuando más bien andan obsesionados con jornadas laborales de 12 horas, cuyo único objetivo claro es reducir aún más los salarios.
  • “Rebajemos cuotas de la seguridad social que son muy altas”. Primero: son “altas” ¿relativamente a qué? ¿Cuánto le costaría al empresariado costarricense financiar servicios universales de salud proveídos en forma privada? Si nos guiamos por la experiencia mundial, serán muchísimo más caros. O, alternativamente ¿optarían por servicios privados muy basiquitos, para atender una gripe, pero jamás un cáncer? Pues entonces prepárense para tener una mano de obra mucho menos saludable y productiva, y un orden social mucho más violento. Si les preocupa la informalidad (dudo que sea el caso), eso requiere respuestas apropiadas, dentro de las cuales lo de la seguridad social es, a lo más, un elemento entre otros. Por otra parte, es obvio que hay mucho que mejorar en la Caja, pero no lo mejoraremos desfinanciándola.

El desperdicio también es corrupción

Escrito en . Publicado en Análisis.

Eso sucedería si cierran el Hogar San Agustín

Flora Fernández Amón

Recientemente una noticia de tortura en un Hogar del PANI, acompañada por la violencia de un allanamiento, causó un impacto fuerte en la ciudadanía, pero la noticia no fue debidamente cubierta por todos los medios excepto dos: CRHoy con el periodista Paulo Villalobos y Multimedios con Smith Jiménez que mostraron ambas caras de la noticia. Repretel, Canal 7 y los demás medios solo rompieron la almohada de plumas al viento y nunca rectificaron.

En mi condición de colaboradora voluntaria del Hogar San Agustín he decidido dar a conocer la verdad que conozco y muchos detalles que espero sean de interés de quienes me honren con la lectura de este comentario.

  1. El Hogar San Agustín El Hogar San Agustín, se abrió en el 2013 para manejar una población de jóvenes de perfiles muy complejos y comportamientos psiquiátricos muy severos. Con 10 años de fundado, ha conseguido un acervo de metodologías, atención de esa población tan difícil: algunos chicos huérfanos o abandonados a su suerte, han encontrado en el Hogar San Agustín un lugar donde se les atiende de manera individual para que logren integrarse al sistema educativo y sobre todo que logren consolidar su proyecto de vida.
  2. La denuncia de supuesta tortura parte de un chico internado en el Hogar San Agustín que presentaba una conducta particularmente violenta, quien incluso después de haber sido trasladado a otro Hogar, constantemente se escapa y sigue poniendo denuncias. Antes de actuar, las autoridades del PANI y judiciales debieron investigar e intervenir el Hogar y no actuar de manera intempestiva ordenando hasta el cierre atropellado del Hogar
  3. En el año 2018, ante la cantidad de agresiones de los muchachos hacia sus compañeros, se procedió a incorporar un “Protocolo de Contención”, así como una habitación para aislarlos momentáneamente y poder protegerles para que no se hicieran daño y tampoco al personal. Todos los protocolos de contención y control de los jóvenes, incluyendo esa habitación provista con cámaras para garantizar se siguen procedimientos establecidos, obviamente cuenta con servicio sanitario, colchón grueso, todo diseñado por profesionales en psiquiatría, psicología y sobre todo en coordinación con el PANI, que hasta aportó los recursos para construir la habitación de contención.

He sido testigo cómo esos jóvenes han logrado estudiar, algunos de ellos incluso lograron ingresar a la Universidad, muchos de ellos mientras están internados en el Hogar, además de asistir a un colegio especializado en necesidades especiales reciben formación desde panadería, pastelería, bisutería, ebanistería hasta fabricación de helados, gastronomía de alto nivel, diseño gráfico y emprendimiento cobijados por el nombre Nubesinos, dando así realce de “marca de origen” de Las Nubes de Coronado. Así, una vez que alcanzan la mayoría de edad en lugar de ser lanzados a su suerte el emprendimiento les da la oportunidad de seguir creciendo de manera integral y seguir estudios ulteriores según sus intereses y capacidades.

Cerrar el Hogar San Agustín según orden de la anterior Presidente Ejecutiva del PANI en un afán de ocultar los yerros de su gestión es una equivocación aún más grave, pues en lugar de economizar recursos, estarían dilapidándose experiencia y el gran aporte del PANI conjuntamente con el personal del Hogar, que se constituyó en un laboratorio y acumuló gran experiencia para consolidar un modelo en el manejo de niños y jóvenes con perfiles difíciles y que ha sido sumamente exitoso.

Y es que las cosas no solo quedan en eso, aparte del aporte económico del PANI, quienes dirigen el Hogar han conseguido constantes donaciones privadas como paneles solares aportado por Promérica, Computadoras por Concentrix, Bicicletas para deporte y esparcimiento de exalumnos del Colegio de Educación Integral donde esos chicos recibían educación, capacitación de proveedores de equipo como Alpha y Puratos para profesionalizar a los jóvenes y muchas donaciones más que ayudan a complementar el aporte estatal. Incluso durante la pandemia idearon bingos electrónicos para levantar fondos en momentos especialmente difíciles, esas donaciones y recursos no cayeron del cielo, ha sido el Dr. Otto Silesky y muchos colaboradores del Hogar San Agustín, quienes siguiendo su lema “Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como como si todo dependiera de ti” hemos logrado grandes cosas para estos jóvenes

¡Todo eso sería literalmente tirado por la borda! Si bien es cierto el costo de un Hogar como San Agustín es muy superior al de cualquier otro que solo aloja y atiende muchachos, el conocimiento, experiencia y desarrollo de este Hogar le ha costado muchísimo al país y desperdiciarlo sería un acto de corrupción incalificable.

La Setena llena de cangrejos «Imagínense…»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Juan Francisco Campos

Como si este país mantuviera una situación ecológica saludable, digna de la Nación próspera y culta que otrora fue, sin importar la ruina ambiental que ya padecen numerosos ecosistemas y zonas del territorio nacional producto de su explotación simulando una aplicación eficiente de las regulaciones ambientales, ni los desafíos del cambio climático que azotan el Planeta; el 8 de febrero 2023 durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del presidente de la República, a su estilo y léxico especializado anunció la promulgación de un “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA)1. Es decir, sencillamente por medio de un pobre acto político, oficialmente se informó que el país tendrá nueva reglamentación al respecto. Para los entendidos en la materia como la comunidad científica y en general para los habitantes de este país, a quienes históricamente les ha distinguido una cultura de conservación y protección de la naturaleza, una vez conocido el documento, este, no es menos que una nueva bofetada de dimensiones incalculables; algo característico de gobiernos autoritarios y desalmados.

Por consiguiente, esos fueron algunos de los primeros hechos específicos, con los cuales, las nuevas autoridades encabezadas por el presidente (economista), el ministro de Ambiente y Energía (economista), ministro de Economía, Industria y Comercio (economista) más otros empleados y fijos acompañantes como la Cámara Costarricense de la Construcción; hicieron pública la derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Acerca del cual, una exdirectora de Setena y ex ministra de ambiente y energía lo calificara como “…posiblemente la herramienta técnica, administrativa y legal más fuerte que tiene el estado para hacer cumplir el artículo 50 constitucional”. Pero aun así, la disposición ya está consumada mediante el Decreto Ejecutivo No. 43898, publicado un día después de otro acto político en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (18/04/2023) con actores de inferior nivel, y donde la exposición de fondo a cargo del máximo jerarca de la Setena, sólo permitió exhibir su deficiente experticia en el tema2; 3. Un aparente desliz, quizás maquillado con la edición de materiales audiovisuales referentes al tema de la nueva reglamentación y luego colgados en los sitios web de Setena y MINAE4,5.

Vale señalar que, de los actos referidos se infiere que una norma consistentemente progresista como es el Reglamento General y su Manual EIA más la experiencia generada durante su vigencia de aproximadamente 20 años, fue sustituida por otra norma de corte regresivo y sustento economicista identificada como RECSA. Además, es deber señalar que, a esta evidente transgresión de la normativa ambiental, desde los gobiernos anteriores de Solís Rivera y Alvarado Quesada, se contribuyó en justificar repetidamente que, las acciones en esta línea, eran y son indispensables para la “reactivación económica del país, aumento de la inversión extranjera y más empleo”. Una típica cruzada en la que sus protagonistas, durante nueve años no han escatimado estratagemas ni recursos para conducir al país a la catástrofe ambiental, cuyos eventos llamados naturales y cada vez más frecuentes, se desarrollan tanto en el campo como en las ciudades y litorales; dejando al descubierto las severas amenazas a nuestra sobrevivencia.

Mientras en este país exista pobreza, desempleo, deficientes servicios públicos y otras necesidades básicas afectando a grandes sectores de la población, y a la vez mucha riqueza concentrada en sectores minoritarios, lo cual visibiliza la enorme desigualdad que nos distingue; es obvio que este indicador no revela paralización del desarrollo nacional, en tanto esa riqueza, aunque mal distribuida, es el producto de la explotación de los recursos naturales de la Nación y que no se ha detenido. Pero, si junto a esta situación, en el ambiente se determinan abundantes impactos negativos de una deficiente gestión del ambiente, frecuentemente determinada por entidades nacionales como la Contraloría General de la República y otras a nivel externo; debemos concluir que no es reactivación económica lo que se requiere, sino, un cambio radical del modelo neoextractivista y reorientación efectiva hacia el desarrollo sostenible. Vale repetir que el neoextractivismo no es compatible con el desarrollo ambientalmente sostenible.

Así mismo, tomemos en cuenta que, la acumulación de impactos ambientales negativos de las actividades humanas de toda dimensión, son parte de los principales contribuyentes a la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Identificarlos y minimizarlos al desarrollar proyectos, obras o actividades, por ejemplo, en los talleres de mantenimiento vehicular, cuando se adolece del conocimiento técnico parece sencillo y basta con hablar. Pero prevenirlos y controlarlos ambientalmente, es trabajo profesional de personas con idoneidad calificada, honradas y comprometidas con todos; esto es, con la vida presente y venidera. Además, se requiere la inversión apropiada de recursos, sin discriminar elementos indispensables como tiempo y espacio. Nada de esto está explícito en el nuevo reglamento, pero sí la exclusión de esas y más actividades.

De manera que, el sesgado lenguaje economicista, y alegorías descalificadoras (Ej.: “imagínense, Setena en el campo”) contra la institución pública Setena, rectora de la evaluación de impacto ambiental, así como de su principal instrumento para llevar a cabo esa fundamental función; constituye el único sustento hasta ahora conocido para respaldar las acciones ejecutadas. Por lo tanto, no dan margen a la duda de las inconsistencias de forma y fondo con que las autoridades responsables, han llevado el proceso de eliminación de la normativa reglamentaria todavía vigente. Además, su alevosía es ilimitada al calificarla de “innecesaria”, “excesiva”, “onerosa” y de “trabas al crecimiento económico”; en resumen y según su dialecto un “cuello de botella”6. En este orden, puede plantearse que, si Costa Rica como bien sucede, no ha cumplido y menos ahora cumplirá su compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), sólo faltaría que estas mismas autoridades explícitamente digan que, el Reglamento General de la EIA ha sido el mayor obstáculo. Pues jamás dirán lo que efectivamente representa: el principal instrumento técnico-científico para lograrlo, pero que durante su corta vigencia ellos mismos han impedido la cabal aplicación. Organismos como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo así lo han planteado al afirmar que, “el principal problema de la legislación ambiental en todos los países de Centroamérica es su poca aplicación y cumplimiento7”. Consecuentemente, aún si lo que interesara al gobierno fuera el desarrollo sostenible, la derogación de este Reglamento es desacertado.

En igual dirección de lo anterior, es observable que, tanto el presidente como los ministros involucrados, no han honrado con eficiencia las obligaciones que les exige la Carta Magna, por ejemplo: lo relacionado con el Artículo 140, inciso 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. Y en cuanto a la idoneidad y probidad que, también deben los mandos medios, como el jerarca de la Setena; a pesar de que su currículo8 lo describe con más de veinte años de experiencia y buena lista de títulos, su principal mérito antes de ser elegido secretario de la institución, es la incrustación indefinida en un sólo departamento, desde el cual se desempeñó como “funcionario de especial confianza” de las jefaturas, así como de cierto sector de consultores ambientales y desarrolladores “profesionales” del lobby y las coimas. Su función evaluadora de proyectos, nunca conoció ni conoce en la actualidad acerca del rigor debido con “la ciencia, la técnica y la norma” que repite en su discursiva; elementos indispensables a la hora de analizar los deficientes estudios que, mayoritariamente son presentados ante la Setena en los trámites de la Viabilidad Ambiental. Obviamente no es la excepción, pero por tal desempeño, lo conocen e identifican defensores del ambiente, aunque no con el mismo aprecio que le tributan muchos desarrolladores; entre ellos algunos “cochinillos”.

En la trayectoria profesional del jerarca referido, a quien heredó su puesto la exsecretaria de Setena Cynthia Barzuna durante los últimos meses del gobierno anterior, aplica la metáfora de “las puertas giratorias” y en las titulaciones según currículo no faltan “patitos”. Por eso, nada extraño resulta en su discurso la abundancia de frases y conceptos vagos, así como, la pobre consistencia técnica para justificar las acciones descritas, en las cuales se supone asumió el protagonismo que le corresponde; o también las interpelaciones ante los miles de denuncias y quejas9 de la ciudadanía por daños al ambiente. Respecto a interpelaciones, el caso más reciente en el cual así se le ha observado públicamente, es el de la audiencia10 ante la Comisión de Ambiente legislativa, relacionado con la viabilidad ambiental firmada y defendida por él para un proyecto de incineración de residuos (Exp. Nº D1-0680-2020-SETENA). Claro está que, en ese actuar de aparentes irregularidades, hay tanto “errores involuntarios” como horrores por acción u omisión, para los cuales las promesas de anticorrupción por parte del gobierno no se han cumplido; y menos aún su representada honra la misión, visión y valores que exhiben11.

Además, como un hecho inédito en la audiencia legislativa antes citada, se registra la siguiente afirmación del señor Director General Ulises Álvarez: “Quiero aclarar, la Evaluación de Impacto Ambiental la realiza el equipo consultor, no es la Setena como erróneamente mencionan algunas personas, la hace el consultor o empresa consultora”. Sencillamente, se trata de una autodescalificación para el puesto que desempeña y cualquier otro dentro de la misma entidad rectora de la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, por su confeso desconocimiento en la materia y por ende nula idoneidad. En estos términos, es obvio que las decisiones tomadas en el desempeño de sus funciones, arrastran nulidad debido a su contradicción con la ley (Artículo 17 de Ley Orgánica del Ambiente) y el Artículo 50 de la Constitución Política. No conocemos hasta hoy que, desde ningún poder de la República se haya actuado para corregir con la celeridad que ameritan las graves implicaciones de la situación existente de tal forma rebelada.

Debemos repetir que en el procedimiento seguido para elaborar y promulgar el RECSA, los protagonistas no cumplieron cabalmente con honrar principios elementales como el de participación, transparencia, no regresión y prevalencia de las reglas de la ciencia y la técnica. Aspectos en sumo relevantes que, sí fueron contemplados rigurosamente en el proceso cumplido para la puesta en vigencia del Reglamento General de la EIA y su Manual; basta leer y analizar su contenido integral, así como las actas que lo testimonian. Un ejercicio que, si algún protagonista de buena fe sobre el RECSA lo hubiera hecho, mucho más que derogarlo, se hubiera propuesto lo que de ley corresponde: su mejoramiento real y efectivo en el contexto de la inobjetable realidad que vivimos, y donde los signos presentes no son oráculos sacerdotales.

La cantaleta de “cuellos de botella”, desde el gobierno de Carlos Alvarado adquirió connotación trágica y en gran parte inducida desde la asamblea legislativa, donde varias voces gritaban y exigían al ejecutivo acciones de emergencia; pues según ellos, se perdían elevadas sumas de dinero a consecuencia de montañas de expedientes estancados en la Setena, aparentemente por negligencia de su personal12,13. Esto llevó a que la intervención política de la institución y la presión desde los gremios empresariales, nunca había sido tan fuerte y violatoria de la desconcentración máxima institucional; así lo reconoce la Contraloría General de la República en su más reciente informe. Otro hecho inédito de dicha situación, sucedió al conocerse que, desde otras instancias, en esa escena irrumpieron dos señoras: la primera dama Claudia Dobles y la vice ministra de gestión ambiental María Celeste López. Ambas, la primera indirectamente y la segunda de forma directa contra el Reglamento de EIA y la supuesta presa de miles de expedientes de proyectos en espera de la evaluación; una con sus mandaderos desde la casa de Zapote y la otra desde su instalación en la propia Setena14. No informaron nada sobre el RECSA heredado de la administración anterior, y sin importar variables como la calidad de los estudios, proceso evaluativo, la idoneidad y cantidad del recurso humano y la aplicación y cumplimiento estricto del Reglamento; pocos meses después sí divulgaron que la presa había acabado15. A partir de entonces, ya hay quienes dicen que ahora la Setena es eficiente, no obstante, todavía rige el mismo Reglamento General (hasta el 19/08/2023); pero “el milagro económico nacional” sigue esperando.

Cuando empezó ese ínterin, al finalizar el año 2018 e inicios del 2019, casi nadie supo ni se informó debidamente, por qué el jerarca institucional de entonces (Sergio Bermúdez Muñoz), a sólo 7 meses de su nombramiento fue cesado y en su lugar, aparentemente por orden de la primera dama y petición de UCCAEP, se nombró a la abogada Cynthia Barzuna Gutiérrez. Versión al parecer derivada del ligamen familiar entre esta abogada y un ejecutivo de esos gremios. Mientras tanto, de los colaboradores internos mejor “alineados”, algunos fueron promovidos a mandos medios y con ellos preparado el terreno para lo que vendría luego. El actual secretario Ulises Álvarez es una prueba al respecto, se dice que por su indiscutible “alineamiento” heredó la silla ocupada por Barzuna, de quien dicen también a lo interno de la institución, su principal aporte fue haber cambiado el logo de la Setena e insistir ante la prensa que la Setena iba a “migrar” de su modelo de EIA. Un asunto de repetición frecuente, lo cual, desnuda el desconocimiento de conceptos básicos en la materia de la EIA por parte de ella y quienes así lo repiten.

Acerca de la tarea de las interventoras en este caso contra el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, existen algunos antecedentes divulgados por diferentes medios. Por ejemplo: durante el gobierno Solís Rivera, una vez que adecuaron algunos mecanismos de participación pública según los intereses de las cámaras empresariales y otros entes afines como PROCOMER y CFIA; con el protagonismo de estos actores se elaboró el nuevo y primer Reglamento, pronto dado a conocer con el acrónimo RECSA15. Tanto en el sitio web de la Setena como por otros medios, también informaron que, para esos efectos, se facilitaron eventos de participación pública llamados mesas de diálogo. Sin embargo, no disponemos de evidencia suficiente si en verdad las autoridades de Setena facilitaron la efectiva participación pública que requiere este proceso. Pues la participación de la propia Setena, fue de bajo perfil y limitada a aspectos de forma. Así lo confirmaron algunos funcionarios consultados al respecto cuando se dio a conocer el documento, y de los pocos que tuvieron alguna participación, uno (Ing. Civil) respondió que, nunca entendió por qué lo incorporaron en esa tarea, si sólo tenía unos meses de haber sido contratado y el Reglamento a reformar, apenas empezaba a conocerlo.

Sin embargo, según nuestros informantes, durante la última semana del mismo gobierno, el entonces secretario de la Setena (Marco Arroyo), en su despedida ante el personal de la institución circuló un mensaje en el cual informó: “El decreto del RECSA junto a la derogatoria del 31849 que se adjunta, ya fue firmado por el presidente de la República (G. Solís) y está en fase de publicación oficial”. También se conoció que efectivamente, el documento había sido firmado por el presidente y los ministros del MINAE, S, MOP, MAG y MEIC. Así mismo, el número de oficio (DAJ-D-035-2018) con el que se registró y hasta el número de decreto ejecutivo que le correspondería para la publicación oficial (41132); se planteó como Derogatoria Parcial del Reglamento General EIA”. No obstante, transcurrido el primer año del nuevo gobierno encabezado por Carlos Alvarado, la publicación de ese decreto reglamentario no se había dado; pero en su lugar promulgaron otros relacionados con el mismo tema. Por ejemplo, los Decretos No. 41213-MINAE del 10 de julio de 2018 y el No. 41815-MINAE del 05 de julio 2019. Ambos concordantes con los objetivos de eliminar el requerimiento de la viabilidad ambiental, empezando con los proyectos según sus criterios de bajo impacto ambiental (54% de la totalidad de proyectos que ingresan por año – dijeron). Más adelante, la secretaria general declaró que se había determinado oportuno reformular el RECSA y que el asunto estaba a cargo del MIVAH. De manera que, según lo dispuesto en los decretos antes citados, sería de esperar otro reglamento todavía más acorde con los intereses del sector construcción y desarrollo inmobiliario. Siendo por ejemplo que, al tanto del tema, para mayo 2019 el presidente de la Cámara de la Construcción, también había declarado que tal documento se encontraba en revisión16.

Se infiere que, con esas reformas decretadas y otras disposiciones en igual dirección tanto al interior como a lo externo de la SETENA, para los citados sectores dominantes sobre los poderes de la República, el nuevo Reglamento heredado de la administración Solís y a un solo paso de adquirir su vigencia mediante la publicación; perdió interés. Pues, al generarse con el nuevo gobierno, mejores posibilidades de incidir a su favor en la administración del Estado para llevar a cabo transformaciones aún más regresivas, lo lograrían con otro Reglamento conservando el mismo nombre. En este caso, con un segundo RECSA, el cual podría catalogarse como una suplantación para evadir responsabilidades específicas. Algo similar a lo actuado con la viabilidad ambiental respecto al proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Y como era de esperar, con fecha 25 de mayo 2021, aparentemente con ciertas restricciones y al interior de la Setena, algunos funcionarios conocieron un documento sin número de oficio pero que correspondía a una nueva propuesta cuyo título refiere: ”Reforma Integral de 31849-SETENA”.

Pero, si bien el gobierno Alvarado Quesada finalizó sin haberse publicado el nuevo Reglamento General de EIA reformado ni el RECSA, si se toma en cuenta que las llamadas presas de expedientes ya no existían gracias a sólo la eliminación del requisito de Viabilidad Ambiental para proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental, relegados a simples registros y permisos sin estudios previos; más otras disposiciones en igual línea, la expectativa a nivel público por el nuevo Reglamento había bajado. No obstante, y como ya se dijo antes, aunque anunciado atrasadamente se conoció el oficio DAJ-D-030-2022 firmado en casa presidencial el 21 de diciembre 2022, anunciado el 8 de febrero del 2023 y publicado el 19 de abril de este mismo año; siendo por lo tanto el último RECSA17. Y para efectos de conocer acerca de su consistencia legal y técnica, debe considerarse que con fecha 17 de noviembre del 2020, el Consejo Nacional de Rectores, luego de sus análisis y los pronunciamientos de investigadores y unidades académicas del espectro universitario, concluyó en rechazar dicho reglamento “…puesto que alberga una cantidad importante de inconsistencias que están alejadas de la ciencia y la técnica, y por las evidentes transgresiones, por acción u omisión, del derecho de participación pública y el derecho de información, así como a la normativa en protección ambiental, cultural y patrimonial vigente18”.

En las actuaciones entre gobiernos sobre la reglamentación de impacto ambiental, se ha determinado que la del señor Alvarado, con su sucesor hizo algo similar a lo del antecesor, ya que, es durante su gestión que se redactó la propuesta titulada “Reforma Integral de 31849 SETENA”, fechada 25 de mayo 2021 en la Setena y dada a conocer como el nuevo documento para decretar el RECSA. Documento diferente al heredado, y sin duda alguna más regresivo y acorde con las potestades concedidas al sector construcción y de desarrollo inmobiliario para “Proponer un reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental (RECSA) con el contenido que considere correspondiente”. En tanto es “…el usuario más importante de la SETENA pues sus proyectos representan un 70% de lo que ahí se tramita”. (Observar Considerando VI y Artículo 2 del Decreto 41817-MINAE y otros)19.

Esta sesgada concesión, permite inferir acerca del proceso de participación ciudadana que se pudo haber cumplido en la elaboración el nuevo Reglamento; pues es claro que la llamada modernización, con tal reforma en la integración de la Comisión Mixta de Apoyo Técnico, lo que más se propuso fue reducir la participación y jamás, al menos igualar la que se facilitó con el Reglamento General de la EIA derogado. (Se recomienda leer lo que sobre este punto específico señala la CGR en el Informe No.DFOE-SOS-IF-00008-2022). En votos anteriores, la Sala Constitucional ha reiterado su reconocimiento a esta fortaleza reglamentaria. Por ejemplo, en la Resolución 2019-2009 dictada a favor de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 32734, mediante el cual se pretendió derogar el requisito de la Viabilidad Ambiental en concesiones de agua20.

Finalmente, es necesario destacar que, de los documentos citados y dados a conocer desde el año 2018 acerca de reformas y derogaciones sobre la evaluación de impacto ambiental y su Reglamento General, se identifican tres documentos: 1. DAJ-D-035-2018, RECSA, su titulación se refiere “reforma parcial”. 2. Identificado con la leyenda 25-5-2021-SETENA, Reglamento, el título indica “reforma integral”. 3. DAJ-D-030-2022, RECSA, firmado el 21/12/2022, anunciado el 08/02/2023, presentado el 18/04/2023 y por último publicado el 19/4/2023 como D.E. 43898-MINAE. Sin embargo, este decreto no corresponde al mismo RECSA dado a conocer hace aproximadamente cinco años, si fuera así, hubiese sido firmado dos veces; la primera por el gobierno Solís Rivera el 03 de mayo 2018 y la segunda por el gobierno Chaves Robles el 21 de diciembre 2022.

También, es importante señalar que al publicarse el D.E. 41815 del 2019 con ello fue dispuesto que se eliminó el requisito de viabilidad ambiental del 54% de los proyectos, obras o actividades que se presentaban a la Setena con el D2; relegados a un trámite de simple registro e inmediato permiso. Mientras con el RECSA último, se indicó igualmente comprende la eliminación del mismo requisito de tramitación con el D2 pero en términos del 63 o 65 % de los proyectos, obras o actividades de bajo y muy bajo impacto ambiental21,22. Por lo tanto, aparentemente estamos en presencia de dos posibles mentiras expuestas al más alto nivel de autoridades de gobierno y a través de las cuales, de la lectura comparativa con el Reglamento General de EIA, se evidencia en el RECSA la constante regresividad que sus principales actores no tuvieron contemplaciones de imponer en ausencia de efectivas y concisas sustentaciones técnicas.

Muy oportuno es señalar que, en Resolución de Sala Constitucional (No. 2002-01220)23, sobre el mismo tema e iguales objetivos de las autoridades gubernamentales, se dictó que, hacer exclusiones de obligaciones ambientales para casos que determina de manera genérica y sin justificación técnica, “…evidencia un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria”. Así mismo reitera: “…el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es reserva de ley; es por ello que en este campo, la potestad reglamentaria que la misma Constitución Política reserva al Poder Ejecutivo, es inimaginable sin la existencia de una ley. Ya se adelantó que la Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 17, como desarrollo de lo que dispone el artículo 50 constitucional, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental para realizar actividades o proyectos que por su naturaleza puedan alterar o contaminar el medio ambiente”.

¿Y ahora? Como hechos importantes para la lectura crítica, hemos fijado atención a las más recientes celebraciones oficiales sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. En una de ellas, Canal 13 presentó al señor presidente acompañado de dos de sus ministros en visita a la ciudad de Puntarenas; y desde allá, intentaron transmitir algunos mensajes en los que, quizás ellos mismos muy poco creen. Pero más allá de los mensajes, pretendimos conocer si viajaron en el carrusel blindado “donado” al presidente por los “bondadosos gringos”; ya que, como a tales resguardos se ha llegado en Costa Rica, este, es un signo revelador del acelerado retroceso de las condiciones de vida del costarricense y sin duda, parte de la calidad de su ambiente. Por otra parte, la inauguración del “Desvío Tiribí”, revela otro signo de lo que en el mismo contexto se viene haciendo mal, específicamente aguas arriba de la ubicación del colector de aguas residuales en la cuenca del río Tiribí. Daños ambientales que, además que procurar corregirlos es caro (más de 13.000.000.000)24,25, son irreversibles y los costos así manejados se vuelven carga pública.

Los ejemplos citados, también permiten inferir que, si junto con la nueva reglamentación, se informó que eliminaron la evaluación de impacto ambiental del 65 % de los proyectos que la requerían, y adicionalmente que, en los estudios de impacto ambiental se redujo en un 32.9 % los términos de referencia26; considerando que éstos, eran requerimientos exigidos por el Reglamento General de EIA en consistencia con las Leyes, Convenios Internacionales y la Constitución Política; además de ser una prueba irrefutable de regresividad normativa, lo que también indirectamente pronostican con el RECSA, es la aceleración hacia un ambiente cada vez más insano y desequilibrado. De tal manera que, si como repiten con acentuado chovinismo que, Costa Rica mantiene un destacado liderazgo mundial en la protección, conservación y restauración de la naturaleza27,28,29; con las evidencias descritas, tales ventajas jamás se pueden garantizar con leyes y reglamentos más laxos, ni con Órganos Adscritos de carácter técnico (Ej. La Setena) más concentrados, sometidos al poder político y nadando en corrupción.

A qué conduce el último RECSA, si tanto en la forma como de fondo, también persigue reglamentar de nuevo una materia que, por su complejidad debe ser en todo momento integradora y abarcadora; no obstante, es notable el carácter de simplificación extrema y excluyente que se adopta. Además: 1. Que, como una aparente justificación técnica, argumenta que se abandona un modelo de escritorio para adoptar uno de campo con mayor peso en el control; es decir, no sólo denota desconocimiento de las fases del proceso de la EIA, sino que opta por la corrección en detrimento de la prevención. 2. Que no posee consistencia con lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en sus Artículos 6 y 17, artículo 14 del Convenio de Biodiversidad del que somos Estado Parte, y el artículo 50 Constitucional entre otras. 3. Qué deroga obligaciones ya establecidas y plenamente dispuestas en el Reglamento General de la EIA y su Manual EIA, según lo descrito en los artículos 3, 39 y 91 del RECSA. 4. Que en evidente violación de la normativa del trabajo, induce al acoso psicológico laboral imponiendo plazos que, incluyen tiempo no laboral de los funcionarios encargados del proceso de la EIA para resolver y responder ante los usuarios, así como, advertencias de establecer en su contra procesos disciplinarios (Artículos 15, 17, 26.f, 30.7, 33.3, entre otros). 5. Que el marco de legalidad, no autoriza a la Setena a delegar total ni parcialmente las funciones que le son propias; sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante Setena; les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales (Ej.: Artículo 32.c). 6. Que el Código de Buenas Prácticas Ambientales acerca del cual, la Setena tanto repite sobre su aplicación; son disposiciones que por años han estado en el aire y nadie cumple, ni siquiera la Setena donde la mayoría de funcionarios no lo conoce; pero a los usuarios se les cobra sin entregar nada a cambio; lo único es indicarles que lo lean en el sitio web. 7. Que para proyectos, obras o actividades sobre infraestructura de telecomunicaciones, zonas francas y caminos; la exclusión de la Viabilidad Ambiental, además de lo contemplado en el RECSA, también se han establecido disposiciones en normas de reciente promulgación y otras en trámite30,31.

En conclusión, es urgente y necesario por parte de cada funcionario y cada habitante de este país, asumir el compromiso ético y moral que dispone la Constitución Política y las Leyes; dignificar y defender nuestra institucionalidad democrática, denunciar ante la Nación y el mundo lo que haya que denunciar y, nunca bajar la bandera de Defensores de la Casa Común que ha distinguido a muchos costarricenses, algunos de ellos hoy verdaderos mártires. Sólo así, con hechos y no simples palabras, alcanzaremos legitimidad para pregonar por el mundo si es que fuera necesario, lo que tenemos y hacemos. Como nunca, necesitamos un país y un Planeta más inmune a los impactos irracionales y avanzando indefinidamente en protección y conservación de su biodiversidad.

Referencias

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  8. http://www.setena.go.cr/inicio/Noticias/Director-General
  9. https://www.facebook.com/radioasamblealegislativacr/videos/29-07-22-comisi%C3%B3n-permanente-especial-de-ambiente/613070723799557/
  10. https://www.minae.go.cr/organizacion/ministro/SETENA-SecretariaTecnicaNacionalAmbiental.aspx
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  13. https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2018/09/gobierno-anuncia-propuesta-integral-de-acciones-para-la-reactivacion-economica/
  14. Cynthia Barzuna, secretaria general: “En Setena no se han suavizado los controles”
  15. https://observador.cr/noticia/empresarios-esperan-mayores-resultados-en-simplificacion-de-tramites/
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  17. https://www.elpais.cr/2020/11/17/consejo-nacional-de-rectores-rechaza-propuesta-del-reglamento-de-setena/
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  21. Gobierno elimina requisito de estudio de viabilidad ambiental a pequeños negocios «de bajo impacto»
  22. https://vlex.co.cr/vid/-498448770
  23. https://sinartdigital.com/trecenoticias/nacionales/item/en-el-dia-mundial-de-los-oceanos-gobierno-inaugura-obra-de-saneamiento-en-rio-tiribi
  24. https://www.larepublica.net/noticia/salvando-al-rio-tiribi-nuevo-colector-evitara-la-descarga-de-12-millones-de-litros-diarios-de-aguas-residuales
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  26. https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-medioambiente_costa-rica-anuncia-estrategia-de-carbono-azul-para-impulsar-la-conservaci%C3%B3n/48255292
  27. https://www.guanacastealaaltura.com/realizan-encuentro-de-mujeres-guardaparques/
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  29. https://semanariouniversidad.com/pais/estructuracion-del-minae-excluiria-a-comunidades-indigenas-y-universidades-de-toma-de-decisiones-ambientales/
  30. https://delfino.cr/2023/02/comision-avala-proyecto-que-reforma-el-minae-y-quita-independencia-tecnica-de-la-setena

Bukele y Las Maras en El Salvador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

(primera parte)

Cualquier persona que no tenga la información debida, se sorprenderá al saber que el origen de las maras se produjo en los suburbios del sur de Los Ángeles, California, en Los Estados Unidos, antes que, en El Salvador como frecuentemente se cree. Su nacimiento se dio en la década de los años ochenta, a raíz del maltrato y la discriminación de las que fueron objeto los migrantes salvadoreños a los Estados Unidos, a manos de pandillas de nacionalidad mexicana y descendientes afroamericanos. Una buena parte de los migrantes salvadoreños huyeron de El Salvador, por las malas condiciones de vida derivadas de la guerra civil en la que estaba envuelto el “pulgarcito de América”, como llamó a una de las naciones más pequeñas del continente americano el escritor (poeta y fino en el estilo de su prosa), el salvadoreño Julio Enrique Ávila (n. 1892-m.1968). Aclaro que esta alusión de mi parte no posee el menor tono peyorativo, sino que corresponde a la connotación que le otorgó el poeta Ávila cuando afirmó: “El Salvador es el país más pequeño del continente, el Pulgarcito de América. Tan pequeño, tan pequeño es, que podría imaginarse que cupiera en el hueco de una mano. Sin embargo, la pequeñez geográfica, pobreza de territorio, ha sido vencida por un alma indígena indomable que ha logrado florecer los páramos y ha hundido su arado de madera hasta en los bordes del precipicio y las aristas de las cumbres. Todo el país cultivado, se ofrece al peregrino como un huerto generoso; y bajo su sombra un huerto con los brazos abiertos, con los brazos en cruz, para acoger al que viene de fuera en busca de abrigo o sustento. Pueblo que todo lo obtuvo del trabajo, en una lucha tenaz y paciente; pero que sabe compartir la parquedad de su bocado con quien lo ha menester…” (Cfr. Ávila, Julio E. “El Salvador, Pulgarcito de América.” -fragmento- en: https://m.facebook.com >posts)

Estos migrantes salvadoreños entonces se organizaron en primera instancia, para defenderse del latrocinio conforme el que eran tratados, en muchas circunstancias hasta por otras pandillas delincuenciales. Poco tiempo después se les sumaron personas de origen guatemalteco y hondureño, así como también algunos mexicanos y de otras nacionalidades. Este origen fruto de condiciones tan adversas, hizo que sus miembros se cohesionaran como una especie de “hermandad” y que tuvieran que actuar de manera clandestina en el territorio estadounidense. Al poco tiempo, las condiciones socio económicas paupérrimas en las que se vieron obligados a sobrevivir, los empujaron a incurrir en acciones delictivas. Esta deriva violenta, los enfrentó inclusive con el FBI y la DEA, acarreando en gran cantidad de ocasiones su deportación a El Salvador y los demás países de los que provenían, sin tener derecho a defensa legal alguna.

El regreso de los cientos o miles de deportados a El Salvador, Guatemala y Honduras dejó a muchos de ellos con una mano adelante y la otra atrás, merced a la violenta pauperización o empobrecimiento que experimentaban (y experimentan todavía) esas sociedades. Fue así como, la organización que habían creado en Los Estados Unidos, las experiencias de enfrentamiento con las autoridades policiales y haberse visto obligados a actuar prácticamente en la clandestinidad, los preparó, sin haberlo previsto, para afrontar las nuevas exigencias en sus países de origen.

Las maras como se habían denominado desde que se organizaron en el “Norte revuelto y brutal”, para usar la conocida expresión del inmortal prócer cubano José Martí, comenzaron a echar raíces como organización criminal al margen de la ley, en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero principalmente en el primero de ellos, desde principios de la década de los noventa después de la deportación que sufrieron por parte del gobierno estadounidense.

En el caso de la “Mara Salvatrucha 13”, una de las más violentas, sus miembros fueron reclutados por el Cartel de Sinaloa, precisamente por su accionar cruel y violento. Fueron entrenados en el manejo de armas para ser insertados en el enfrentamiento contra “La Organización del Golfo” (Los Zetas o Cártel de los Zetas), una poderosa organización terrorista del narcotráfico en México, reputada por ser una de las más sanguinarias que se movía entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, fundada por el capo Arturo Guzmán Decena, conocido como el “Z1”. (Cfr.  Marzulli, John (4 de marzo de 2011). «MS-13 gang member yelled ‘the beast has eaten!’ after murder of man he mistook for a Blood: witness – New York Daily News». Articles.nydailynews.com. Consultado el 24 de octubre de 2012.)

El término de mara quiere decir “pandilla de muchachos”; en El Salvador la connotación es: gente, pueblo, chusma. “Salvatrucha 13” por su parte es una palabra compuesta que tiene que ver con Salvador por una parte y trucha por la otra, que significa en México, persona sagaz. El número 13 hace alusión a la treceava letra del alfabeto la “M” de “Mara”. El radio de acción de la “Mara Salvatrucha 13” ha estado distribuido principalmente entre Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras y subsidiariamente en Canadá, Los Estados Unidos y México. Pero las maras en su conjunto se han extendido inclusive por algunos de los países europeos, como España y, se sabe de brotes en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Empero, en ninguno de ellos lograron establecerse. (Cfr.https://elpais.com/politica/2014/03/29/actualidad/1396110792_713723.html).

Otros de los Carteles, pandillas o Maras con los que se ha enfrentado la “MS13”, fueron los siguientes: Mara Barrio 18 (uno de sus peores enemigos), Cártel de Juárez, Los Negros, Sombra Negra, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán Leyva, The Rascals, Bloods, Norteños, Armenian Power, y los Latin Kings. Y como si este “pedigree” fuera poca cosa, la “Mara Salvatrucha 13” tuvo varios enfrentamientos armados con el Gobierno Federal de Los Estados Unidos.

Entre las actividades delictivas se le achacan: narcotráfico, robo, extorsión, terrorismo, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinato, proxenetismo, crimen, asalto, secuestro y tráfico de armas. De acuerdo con los datos acopiados, se le atribuye poseer entre 200.000 y 300.000 miembros. No obstante, hay que tomar en cuenta que, entre los procedimientos de las maras, existe la extorsión no solo contra el Estado y organizaciones, sino también contra la población. Muchas personas son reclutadas por las maras mediante ese procedimiento, so pena de ser asesinadas ellas y sus familias si no se enrolan con la organización o colaboran con ella. Por otra parte, las maras crecieron entre los jóvenes, debido a los diversos problemas familiares y sociales que sufrían de abandono, maltrato, abuso, etc. De esta manera los jóvenes y adolescentes ingresan a las maras desde la edad de los 12 años, buscando encontrar en ellas apoyo a sus familias. Además, muchos otros ingresaron a la organización bajo amenaza como se expresó antes. Es frecuente que se les obligue antes de ingresar a la organización a realizar algún acto violento, a fin de contar con la autorización para acceder a ella. Todo lo anterior debe tenerse muy presente para todo lo que en estos ensayos vamos a analizar.

(Cfr.https://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha#:~:text=La%20Mara%20Salvatrucha%20comenz%C3%B3%20por,las%20m%C3%A1s%20violentas%20del%20mundo). Continuará la próxima semana…

 

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