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La democracia no tiene la culpa

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Las condiciones económicas que le daban estabilidad a la democracia liberal en épocas pasadas ya no existen. Por el contrario, vivimos en los tiempos accidentales y de descenso de la modernidad, los problemas estructurales relacionados a la mala distribución de la tierra, su deterioro sistémico y el aumento de las desigualdades de todo tipo, son el reflejo más contundente de esa realidad. No es de extrañarse entonces, los amplios grados de polarización política existente en el mundo actual, especialmente en América Latina y el Caribe, así como todo el sur global.

La democracia iliberal o democracia sin derechos como llaman muchos, y el liberalismo no democrático (derechos sin democracia), se ha empezado a convertir en el fenómeno por antonomasia en respuesta a esa falta de resonancia de la política con la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la democracia liberal, tal cual la conocemos hoy, ya sean de izquierda o derecha, parecen gozar de poca credibilidad, en particular si esas voces pertenecen a partidos políticos tradicionales o asociados de alguna manera a aquellas prácticas políticas hacia las cuales las personas manifiestan fuerte rechazo. 

Sin dejar el tema de la exclusión-polarización económica de lado, parte del problema es que occidente ha convertido la democracia de corte liberal en ideología y propaganda, con rasgos totalitarios que ataca todo lo diferente a ella, sin tomar en cuenta la verdadera pluralidad que caracteriza al mundo. Por el contrario, trata de comprimirlo, para que entre en un molde preconcebido al cual todos deberían adecuarse. Lo preocupante de esto es que al convertirse en una forma de religión política laica, se vuelve un instrumento manipulable a muchos intereses adversos al bienestar común, desnaturalizando así su razón de ser, contrario a todo lo que en realidad debería ser una democracia robusta y pluralista en el siglo XXI.

Esta reflexión crítica no significa estar en contra de la democracia, es una forma de evidenciar o advertir sobre los riesgos de esta forma particular de la misma, para comprender los fenómenos políticos y buscar así formas alternativas para mejorarla y hacerla volver a su centro esencial. La creciente concentración de riqueza en nuestras sociedades dentro de los sistemas democráticos liberales defendidos a capa espada por el establishment, provoca el rechazo ciudadano, y al igual a lo sucedido con la izquierda o la derecha clásicas, este pierde la fe y su compromiso con ella. A primera vista y sin profundizar mucho en el análisis, constatan que no ha dado respuesta a sus necesidades más elementales, y paradójicamente, las perpetua. Ante los ojos de grandes sectores excluidos, sus condiciones de vida se han deteriorado en democracia.

Ahí reside uno de los mayores peligros reales para la democracia en nuestros días. El disgusto popular hacia ella es como si se estuviese rechazando una ideología por sus contradicciones y falta de resultados concretos, así las figuras que surgen como anti sistema, no llevan como prioridad una transformación ideológica del país en derecha o izquierda necesariamente, sino más bien, se dirigen directo a la institucionalidad democrática y sus principales pilares, para cambiar las reglas del juego, con sobradas razones, llegando a contar con el apoyo de amplios sectores, en especial aquellos menos beneficiados por el desarrollo.

No en vano existen muchos autores contemporáneos escribiendo sobre la relación existente entre el auge del populismo y la creciente fragmentación social. Estos académicos plantean que el creciente apoyo a partidos de corte extremista está asociado a sentimientos de marginación y desintegración social. La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad no solo genera marginación y problemas de violencia e integración, sino que promueve el auge de partidos populistas. Las personas tienden a sentirse socialmente marginadas en las sociedades del descenso, el consumo y la inmediatez actuales; el miedo a no ascender socialmente, no obtener un mejor salario o empleo, perder el estilo de vida adoptado o el temor de no poder llegar a fin de mes, provoca un descontento tal que es natural la búsqueda política de responsables ante dichas situaciones. Cada vez hay que correr más no para estar mejor, sino para no descender.

Esos sentimientos de marginación social pueden tener múltiples raíces, entre ellas el alto costo de la vida, la pérdida de una posición social y económica valorada, el crecimiento de las brechas digitales, culturales, educativas o laborales. En otras palabras, entre mayor sea la exclusión del modelo económico imperante en nuestras democracias liberales, mayor será la desafección hacia esta y más fuerte será la polarización social, así como las manifestaciones de carácter populista que se den en cada país afectado por esta realidad. El populismo no es una causa, sino un efecto, por esa razón, su combate más bien lo fortalece, el frío no está en las cobijas.

Hay quienes echan la culpa a los migrantes ilegales, a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad junto con la evasión fiscal, y otros a la corrupción o al gobierno de turno. El objetivo es buscar un culpable para cobrarle la factura en las próximas elecciones, el problema es que no se busca tocar el modelo económico generador del problema de fondo. Es aquí donde los candidatos outsiders asoman la cabeza, con un discurso incendiario contra las élites, los partidos políticos, las minorías u otras estructuras de intermediación sociales clásicas, según sea su inclinación particular.

Así todo se empieza a volver más complejo y el (des)orden en su totalidad se torna en riesgo latente para todos por igual. No se sabe lo que pueda surgir de esas crisis, para muchos es lo correcto, para otros puede representar el fin del estado de derecho o la puesta en riesgo de grandes inversiones económicas. El punto acá es que el actual estado de las cosas no es viable para ningún actor social y económico de la sociedad.

Volver a la democracia real y su defensa pasa necesariamente por la construcción de un proyecto nación integrador, respetuoso de la pluralidad pero buscando superar la fragmentación económica y social. Pasa por replantear los mecanismos de distribución de oportunidades en todos los sectores para que el fruto de la productividad sea reflejado en el bienestar de todas personas, es volver a crear una voluntad social colectiva, cuyo sujeto histórico sea la comunidad en su amplitud de expresiones, visiones y demandas, donde el sentimiento de pertenencia sea otra vez parte del orgullo y no de la indiferencia.

En contraste con la globalización clásica donde los conceptos de nación o frontera fueron menospreciados, ahora deben ser retomados como garantes de la verdadera pluralidad, de respeto a la diferencia y la autonomía de cada pueblo que habita el planeta. Esto no significa cerrarse al mundo, ni mucho menos caer en nacionalismos destructivos de periodos superados, pero sí entender y respetar la forma de organización política de cada país (demos-kratos), respetar esas visiones, y en el marco de la diferencia buscar construir de forma colectiva un andamiaje sólido para fortalecer la paz y permitir que cada pueblo pueda volver a tomar en sus manos realmente el rumbo de sus destinos. Construir un nuevo pacto de la sociedad de acuerdo a las realidades de la época.

La democracia en su centro esencial, donde todas las personas se sientan parte de ella y no fuera, donde existan mínimos que garanticen una vida digna de no descenso, con instituciones eficientes que responden a las demandas ciudadanas y le acompañan en la realización de los proyectos de vida de cada quien. Es tener de nuevo la libertad de elegir el estilo de vida que se desea en una sociedad con reglas pero también derechos para todos, sin discriminación alguna y sobretodo, con mayor justicia social, digital y ambiental. Mientras no podamos resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta este punto, y que no son culpa de la democracia como tal, ésta seguirá pagando los platos rotos y estando en cuidados intensivos por tiempo indefinido.

La sin razón de quienes objetan el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La Importancia del acuerdo.

El acuerdo de Escazú se firmó por parte de Costa Rica el 26 de setiembre del 2018, tras un evento regional de los países latinoamericanos, relacionado con acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia para toda la ciudadanía en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se conoce con el nombre de “acuerdo de Escazú”, por haberse celebrado la primera reunión en este cantón costarricense en el año 2018.

Es un acuerdo internacional de los países de la región, que pretende asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las personas. Su importancia radica en que los acuerdos que se tomen vinculados a esta temática deben estar sustentados en la participación inclusiva para todas las personas. Lo anterior está encadenado a la búsqueda de una mayor igualdad real, para propiciar un crecimiento económico sólido y un desarrollo sustentable para la totalidad del conglomerado ciudadano de los países. En tercer lugar, será menester una certera divulgación de la información ambiental y que la participación sea copiosa y naturalmente pública.

Uno de los objetivos cardinales del tratado se encamina a brindar protección eficaz y efectiva a todas las personas que con grandes sacrificios y convicción dedican su vida a la lucha por la obtención de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De modo que, el acuerdo en su esencia se basa en el principio “pro-persona”. En suma, se trata de alcanzar por fin un “Acuerdo” general asentado en principios entre las naciones Latinoamericanas y del Caribe cuyo fin es el de: “Igualdad y no discriminación, no regresión ambiental y progresividad, [que sea] preventivo y precautorio (en materia ambiental y de defensa), [que brinde] máxima publicidad, equidad intergeneracional, soberanía sobre los recursos naturales, igualdad soberana sobre los Estados y el principio pro-persona.” (Cfr. “Campaña Escazú Ahora, Costa Rica.” Toolkit Campaña #Escazú. Consúltese además en: https://www.cepal.org/es/acuerdoescazú).

Antecedentes del acuerdo.

Es importante constatar que, ya en la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50 se estipula la garantía que proporciona el país al derecho de todos sus habitantes a un “Ambiente sano” y “Debidamente equilibrado”. Ello implica que, aunque la Constitución consagra ese indiscutible derecho, en la vida real no ha sido posible garantizarlo.

Nuestro ambiente dista todavía mucho de ser sano y equilibrado. Afirmo tajantemente que hay responsabilidad dolosa del Estado en varios sentidos y de algunos sectores de la sociedad civil; como cuando se permite seguir importando autos que queman hidrocarburos, como gasolina y diesel, sin poner plazos fatales para culminar con ello. Lo mismo cuando se sigue importando fertilizantes sumamente contaminantes. Y también tienen responsabilidad las empresas que mercantilizan esos productos. El Estado no está pues “garantizando” lo expresado en el artículo 50 de la Constitución. Está de por medio la vida de seres humanos, plantas y animales. Mientras no se establezcan esos plazos con todo rigor frente a los productos que se sabe científicamente que afectan el ambiente; se obvia así el principio constitucional.

Otro tanto ocurre cuando empresas responsables de fomentar el resquebrajamiento de la Constitución, como ocurre con las piñeras, por ejemplo; pues no sufren siquiera el más mínimo castigo por el daño causado al ambiente. Cada vez hay más opciones de carácter orgánico para enfrentar las plagas, por lo que la elaboración de una agenda realista que le ponga freno paulatinamente al envenenamiento de nuestro ambiente, del ser humano, de la tierra, plantas y animales, es algo perfectamente factible.

Los seres humanos que se juegan la vida defendiéndonos a todos del calentamiento global derivado de la contaminación del ambiente, no son objeto de protección ante el matonismo y la persecución que sufren de parte de muchas empresas contaminantes. Esta es una transgresión flagrante del principio constitucional en su artículo 50, tanto como de los derechos humanos que se consignan en la Constitución, así como en tratados y acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica. No nos referimos a vaguedades, hará unos 8 ó 9 años se asesinó al líder ambientalista y comunal Jairo Mora por su acción patriótica en favor de la lucha por el resguardo de la vida; no es el único caso en nuestro país y, los países de América Latina, unos más otros menos, están plagados de delitos que han quedado impunes, cometidos por algunas empresas contra la integridad de luchadores sociales por el medio ambiente.

Aparte de la Constitución Política, en el artículo ya citado “Campaña Escazú Ahora”, se mencionan como antecedentes directos del “Acuerdo de Escazú”: la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Tierra de 1982, relacionada con la Conservación de la Naturaleza, la Declaración de Río del año 1992, específicamente en su principio 4, el principio 10, que de nuevo retoma el acceso a la información, la participación y la justicia, las ODS16 que dieron lugar a los derechos sobre procedimientos ambientales, la declaración de Río de Janeiro en el 2012, conocida como “Río+20”, en donde se fomentó un mecanismo regional. El ulterior antecedente que se menciona es el de la CEPAL, adscrita a la ONU, responsable de asesorar a los países de la región en asuntos atinentes al desarrollo económico y social. La CEPAL se constituye en una secretaría técnica para la consolidación del mecanismo regional para efectos de impulsar los “Acuerdos de Escazú”.

Por último, el 4 de marzo del 2018, se adopta el acuerdo regional sobre “el Acceso a la Información, la participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales o “Acuerdo de Escazú”.

Hay que agregar que las negociaciones contaron con una presidencia compartida por Chile y Costa Rica.

“El Corazón tiene razones que la razón no entiende”. Blaise Pascal

Tenemos mil razones de la razón para clamar al mundo por una nueva forma de vivir sin degradar el medio ambiente de la manera como lo hemos venido haciendo. Pero, ahora poseemos razones del corazón, cuando vemos rebalsados los cauces de los ríos de plásticos, cuya degradación tarda entre 100 y 1.000 años, o sea es lenta y a largo plazo. Tenemos razones del corazón, cuando observamos como todos estos materiales que desechamos con desenfado por doquier, una gran parte de las veces terminan en los océanos como basura contaminante que afecta los ecosistemas marinos y por lo tanto la vida de cientos de miles de especies, algunas de las cuales han desaparecido sin remedio y no las volveremos a ver más. Las razones del corazón brotan cuando presenciamos como si se tratara de una película ficción, arder miles de hectáreas por todo el orbe a causa del sobrecalentamiento del planeta, el único que tenemos. Hoy arde la tierra sin discriminación entre países pobres y ricos, Europa arde en llamas igual que el África, Los Estados Unidos como países del Asia.

Mientras tanto, muchos levantamos la voz de la razón y del corazón. Como puede verse, la importancia que revisten “los Acuerdos de Escazú” para toda la región es innegable. Sin embargo, en una buena parte de los países de la región se alzaron voces, para torpedear el acuerdo con argumentos falaces, como ha hecho la UCCAEP en Costa Rica. Pasamos a glosarlos basados en un documento estupendamente elaborado por dos intelectuales de alto nivel y especializados en medio ambiente, como son los doctores Patricia Madrigal Cordero y Rafael González Ballar. Un trabajo conjunto donde caen desmitificadas las falacias:

1-Los intelectuales Madrigal y Ballar señalan primero que UCCAEP acopia argumentos falaces hijos de generalizaciones infundadas por exageradas y por tanto con pruebas insuficientes que (con intención o sin ella, agrego), inducen a error. En cambio, afirman: “Queremos construir una historia diferente, proponiendo una interpretación que se base en las aspiraciones como sociedad y que permita fortalecer nuestra democracia, siguiendo la senda del desarrollo sostenible.” (Cfr.AcuerdodeEscazú-FES.pdf). Asimismo, dejan constancia que, el hemisferio americano fue la primera región del mundo en reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano, de manera expresa y vinculante. (Ibid.) Para los autores, los “Acuerdos de Escazú” definen que se debe garantizar “los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental”. Y puntualmente afirman que, estos derechos son el corazón de la democracia ambiental, necesaria para garantizar los derechos humanos en asuntos ambientales.

Por lo consiguiente es insubstancial que la UCCAEP señale como un error que los “Acuerdos de Escazú” vinculen temas ambientales con los de derechos humanos, para objetar que las personas que defienden derechos humanos puedan incidir en asuntos ambientales. Obviamente, para que los derechos humanos puedan florecer, requieren de un medio ambiente sano. Se trata de un círculo virtuoso, nunca vicioso.

2-La UCCAEP desliza la especie de que “cualquier persona puede bloquear el uso de nuevas tecnologías, así como de obras de infraestructura, etc”. Esta es una falsedad que no se sostiene, ya que, como puntualizan los autores el derecho administrativo costarricense no permite una discrecionalidad absoluta en esta materia, ella está limitada por el ordenamiento jurídico que no admite abusos ni arbitrariedades contrarios a la técnica o a principios de justicia, lógica y conveniencia. De modo que, el principio precautorio al que tanto teme la UCCAEP, no puede usarse para bloquear el desarrollo del país. En cambio, argumentan los autores, el Derecho Internacional Ambiental establece cuando cabe invocar el principio precautorio, y es taxativamente cuando hay peligro de daño grave o irreversible contra el medio ambiente. Establece que es en esos casos específicamente, cuando no es dable apelar a “falta de información o de certeza científica” para postergar la adopción de “medidas eficaces”, para impedir la degradación medioambiental. Ni siquiera en función de los costos. No media ningún abuso en ello. Se tutela el ambiente en el que vivimos todos. Por otro lado, no es cualquier persona, o de cualquier país quien invoca el principio precautorio, puesto que en el artículo 2d del “Acuerdo de Escazú”, se delimita el derecho a “personas físicas o jurídicas nacionales o que están sujetas a la jurisdicción nacional del “Estado parte.” No hay trampa ni engaño alguno frente a los engañosos argumentos de UCCAEP.

3-UCCAEP arremete también con otra argucia igualmente falaz: dicen que “el Acuerdo de Escazú” abre el acceso a la información sin restricciones, incluso para privados. El razonamiento jurídico de los doctores Madrigal y Ballar es contundente para desmentir este aserto. Debieron insistir y lo repito yo ahora, el “Acuerdo” es un “instrumento internacional” pero inscrito dentro del marco del ordenamiento nacional de cada país. Significa que está integrado por ejemplo con los tratados de Libre Comercio, donde se estipula tajantemente la protección a la propiedad intelectual. Por otra parte, el propio “Acuerdo de Escazú” contempla en su artículo 2, b el acceso a la información a las organizaciones privadas solo en el caso de que reciban fondos públicos, ya sea de forma directa o indirecta o que desempeñen funciones o servicios públicos. Además, los académicos añaden que se refieren exclusivamente a los fondos o beneficios públicos recibidos. Como se ve, ningún privado que no cumpla con esos requisitos podría solicitar información que fuera privada, aun cuando no estuviera protegida por las reglas de propiedad intelectual.

4-La organización empresarial asume que el “Acuerdo” violenta el principio de presunción de inocencia. Según su criterio ello ocurre por cuanto en el “Acuerdo de Escazú” se invierte la carga de la prueba en materia de ambiente a las empresas en lugar de recaer en los denunciantes. Madrigal y Ballar aclaran que la inversión de la carga de la prueba rige en el derecho ambiental, al revés de lo establecido en el derecho penal. En el Tratado se establecen además, las condiciones bajo las cuales rige la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: a. Según el artículo 8.3, cada país deberá considerar sus propias circunstancias para aplicar la medida; b. se considerará daño ambiental sólo “cuando corresponda y sea aplicable”; c. La inversión de la carga de la prueba se establece “como ejemplo” de medidas que se pueden tomar en un Estado, sin que recurrir a ellas sea obligatorio. O sea, no son de aplicación automática ni obligatoria, sino que es una opción en un marco de posibilidades. En otras palabras, solo se aplicaría “cuando corresponda y sea aplicable”, por tanto, se deberá analizar cada caso y, siempre serán los órganos nacionales los que dictarán su aplicabilidad, de acuerdo con el marco jurídico nacional. Así, el principio “indubio pro-reo” se atiene estrictamente a las reglas procesales prescritas. Pero en el Derecho Ambiental, dicen los académicos, la Ley de Biodiversidad de 1998, artículo 109, estipula en forma expresa la inversión en la carga de la prueba. En el derecho costarricense existe copiosa jurisprudencia al respecto sobre la forma en que se aplica este principio del derecho ambiental.

5-La UCCAEP afirma, faltando a la verdad, que el sector privado no fue tomado en cuenta en la construcción del acuerdo. Ciertamente, en este caso no se utilizó el mecanismo empleado en otros Tratados Internacionales que se conoce como “grupos principales”; pero, se estableció un mecanismo público regional por parte de la CEPAL, que es quien ejerció desde el inicio la secretaría ejecutiva. En dicho mecanismo se inscribieron a todas las personas que deseaban recibir información del proceso. Además, las reuniones del Comité de Negociación se transmitieron en directo por “webstreaming”. Aparte se abrió una página web de acceso público contentiva de todas las leyes de incumbencia, jurisprudencia y doctrina de los derechos de acceso y sobre los defensores de los derechos humanos. La página es de acceso libre y gratuita.

En conclusión, el “Acuerdo” no admite reservas, no amerita la existencia de cláusulas interpretativas, porque el “Acuerdo” es consonante y armónico con el ordenamiento jurídico costarricense y desde luego, con la Constitución de la República.

Alberto Salom Echeverría.

albertolsalom@gmail.com

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Mantengamos la esperanza de lograr lo que esperábamos de este siglo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Se suponía que el siglo 21 sería un siglo que depararía un desarrollo social y económico como nunca antes se había tenido. Se suponía que todos los adelantos tecnológicos harían que nuestra vida fuera de una mayor calidad y que esos avances nos depararían condiciones para que no hubiera tantas enfermedades y que más bien ya se iban a controlar muchas más, por ejemplo, el cáncer. Se suponía que a estas alturas los hidrocarburos se utilizarían casi nada y que las fuentes renovables serían las que ocuparían el primer lugar.

Se suponía que la civilización avanzaría a pasos agigantados a una mayor y mejor organización sobre temas como la alimentación, el trabajo, la seguridad pública, las migraciones y en general un disfrute mayor de nuestra vida.

Ya estamos llegando casi al cuarto de este siglo 21 y las cosas no andan nada bien. En lo económico el tema inflacionario tiene al mundo de cabeza, las enfermedades han venido a afectarnos más que los últimos cien años, con una pandemia que no acaba el COVID-19 y otra en ciernes, la viruela del mono. La seguridad es cada vez más débil y son innumerables las acciones violentas que se suceden cada día. El petróleo sigue reinando y más bien se ha sentido en el mundo esa dependencia ante las decisiones que se han tomado por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Otra cosa que se suponía obtendríamos: jamás guerras.

Es definitivo, la humanidad no avanza por los caminos que habíamos imaginado. Los liderazgos, políticos y sociales, a nivel mundial, han sido débiles y poco preparados para enfrentar y desarrollar lo que el siglo 21 nos deparaba con sueños y esperanzas.

Y es definitivo que la decisión de la inmensa mayoría de sacar a Dios de nuestras vidas y actividades tiene mucho que ver con esta calamidad de desarrollo del siglo 21. Ese sacar a Dios para en su lugar promover abortos, eutanasias, educación de pésima calidad que desarrolla y genera pobreza, una riqueza para muy pocos y una pobreza para la gran mayoría, un mundo cada vez menos equitativo y en donde en muchísimos países la decisión de sus habitantes es abandonar su tierra para emigrar, sin saber ni su destino y sin tener planificado el futuro. Mejor sacar a DIOS para que no interfiera en los actos de corrupción que han generado como práctica común esos líderes y gobernantes que se dedicaron a servirse ellos en lugar de servir a los demás. A esos, Dios es una molestia y una traba para sus intereses.

Aún queda muchos años de este siglo 21, tan prometedor, pero tan poco real ante lo que esperábamos.

Precisamente Dios quiera que quienes nos gobiernan y nos gobernarán, cambien sus actitudes y cambien sus decisiones para que con la ayuda de Dios se humanicen más y se encaminen por ese rumbo que todos esperábamos tener. Sigo manteniendo la esperanza de que se podrá lograr.

Hechos por detrás del Parque y el conflicto vial en La Guácima de Alajuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Julio 27- 2022

La ciudadanía costarricense debe conocer que, atrás del Parque Viva no sólo está lo que fue el Autódromo la Guácima, sino también que, ambos proyectos tienen significativas diferencias; no obstante, desarrollados en la misma localidad de la Guácima de Alajuela. Una característica relevante a nivel temporal, es que, entre la apertura formal de uno y el otro, transcurrieron aproximadamente 41 años; tiempo suficiente como para que, quienes ahí visitamos alguna que otra vez en los años setenta y hemos vuelto recientemente antes del “cierre” gubernamental, sean abundantes las evidencias de tal diferenciación, tanto en el área de los proyectos, como en sus áreas de influencia directa e indirecta. Obviamente que, para determinar esas diferenciaciones, no es indispensable la observación directa, si tan sólo, establecemos como referencia, la evolución de acciones históricas en la zona durante los últimos 50 años, determinantes de cambios sociales, políticos y económicos, entre otros; y por ejemplo visibles en la infraestructura urbanística, vial y uso de suelo.

Vale tener presente que, durante el mismo tiempo transcurrido, la evolución a nivel de la normativa, es también trascendental, especialmente a partir de los años 1994 y 1995 con la reforma al Artículo 50 de nuestra Constitución Política y promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente respectivamente. Más luego a partir del 2004, también la reglamentación a dicha Ley, quedando con ello establecido que, todo proyecto, obra o actividad a desarrollar en el territorio nacional, previamente debe someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la SETENA. Para ello se debe aplicar una categorización de los proyectos y determinar el instrumento necesario para cumplir cabalmente con esa evaluación, la cual, deberá ser concordante con su dimensión y posibles impactos ambientales en las áreas del proyecto. Elementos que, no preverlos con la anticipación que corresponde y las medidas apropiadas, es inducir a daños ambientales.

Ahora bien, resulta que, un determinado consultor ambiental en asuntos de la SETENA, mediante un escueto artículo publicado en la prensa digital el día 12 de julio 2022, ha pretendido informar acerca de que, el Autódromo La Guácima que luego cambio de nombre, no contó con las regulaciones ambientales actuales, porque todavía la legislación hoy vigente no existía. Obvio. Pero eso fue para tal proyecto, asunto y situación muy diferentes a las del Parque Viva, cuyas condiciones para cuando se diseñó (2013) sí le exigían cumplir el proceso de la EIA que hasta hoy rige. Y lo intentaron, según el expediente No. D1-10840-2013-SETENA más la Resolución de Viabilidad Ambiental No.3088-2013-SETENA. No obstante, existen evidencias de aparentes incumplimientos del administrado y la Administración. Observemos por ejemplo que, la denominación de “Mejoras al Autódromo la Guácima” según el título descrito en dichos documentos; ante las características de un proyecto que sólo en movimiento de tierras contempla 200.000 m3, es omisa y engañosa. Igualmente, la cantidad de decenas de miles de m2 en infraestructura nueva y obras en cauce (según la descripción que contempla el proyecto y otras fuentes), trascienden a la dimensión de un proyecto que debió ser categorizado de alto impacto ambiental; por lo tanto, le correspondía ser evaluado bajo un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo, y nunca una declaración jurada como la que presentaron y la Setena tramitó sin advertir esta omisión y sus consecuencias.

Algo más, se lee en la Resolución aquí citada que, la Setena resolvió este proceso sin ni siquiera llevar a cabo una inspección al sitio, es decir, hizo una simple y deficiente revisión a nivel de escritorio. Entiéndase así que, esta forma de proceder es una aberración de la Evaluación de Impacto Ambiental que correspondía.

Por lo tanto, de haberse cumplido con el EsIA, difícilmente hubieran quedado sin contemplar entre otros aspectos de máxima relevancia, las condiciones viales del entorno del proyecto y consecuentemente el estudio de impacto vial bajo las normas y aprobación del Órgano rector (MOPT) en dicha materia. Estudio indispensable para definir y diseñar las obras necesarias del proyecto en ese momento. Es decir, la aparente deficiencia en el trámite del permiso municipal de la construcción, el cual dio lugar al “cierre” o suspensión temporal de alguna actividad del mega proyecto Parque Viva, tiene origen en la institución que fue omisa en exigirlo, en tanto constituye un impacto ambiental significativo a prevenir durante el proceso de la viabilidad ambiental. Además, por estar determinado que esta Viabilidad es requisito para el permiso de construcción, todo pareciera que la municipalidad se confió, aunque obviamente dicha falencia no le resta la responsabilidad; especialmente por la afectación del proyecto a la red vial cantonal.

Pero también, es un hecho normado que, el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, tiene como requisito previo la Viabilidad Ambiental; sin embargo, al no ser el mismo una competencia de dicho Ministerio, con la sola presentación, es de entender se asume que fue tramitada de buena fe. Sin embargo, hay que decirlo: ¿si tal requisito (la Viabilidad Ambiental) de los dos permisos tiene vicios de nulidad, en qué condición de validez quedan ambos? Es decir, existe algo más complejo para el proyecto del Parque Viva su construcción y funcionamiento parcialmente suspendido, pues al determinarse que la raíz del problema se originó en el trámite de su Viabilidad Ambiental, ésta licencia tiene vicios de nulidad y así se debería declarar si se desea actuar bajo los principios de legalidad. Y tengamos claro que, no es posible tramitar ahora una nueva Viabilidad Ambiental para el mismo proyecto; pues la EIA sólo aplica para proyectos nuevos. Así lo dicta la Ley y su Reglamento aquí citados.

Finalmente, es oportuno preguntar si el gobierno y presidente actual, quien al menos por su verbo, parece dispuesto a “barrer” la corrupción y otras deficiencias enquistadas en la Administración Pública, como ya lo ha expresado, irá actuar así en la Setena con la eficiencia y eficacia que demanda esta situación; además, tomando en consideración que en dicha entidad éste no es un caso aislado, y para lo cual, no es necesario la aprobación de proyecto legislativo alguno. Tome en consideración el señor presidente y su equipo más cercano que, la EIA no es idealismo ambientalista y mucho menos un obstáculo absurdo al desarrollo; todo lo contrario, es la herramienta técnica y científica más apropiada y reconocida mundialmente para garantizar el desarrollo ambientalmente sostenible. Si la cumplimos a cabalidad, también previene conflictos aún entre los mismos intereses de clase.

No es casual que, la normativa e institucionalidad de Costa Rica alcanzada aproximadamente hasta el año 2013 en materia ambiental, tuviera un distinguido reconocimiento internacional por su liderazgo en el marco del SICA, la CCAD y la ONU; logros que sólo podrán continuar recibiéndose, si seguimos avanzado en la misma línea y no retrocediendo, como fue notable en la pasada administración y parece que en la presente la involución será mayor. El señor presidente, al respecto debería contar con la asesoría y acompañamiento de los más calificados profesionales en materia de Evaluación Ambiental y no de quienes se creen especialistas ambientales, siendo profesionales en los mismos campos que ya el presidente no necesita, dada su alta calificación probada mundialmente. Pues no sólo su política ambiental apunta en dirección equivocada, también su discurso al respecto es conceptualmente errático.

El problema de la SETENA para el país, no es su marco legal y función rectora; es el “feudo” en que la convirtieron los agentes del poder político de la mano con las cámaras empresariales, así como y con escasas excepciones, los ocupantes que ahí mantienen sirviendo a sus intereses y muy poco o casi nada a la Nación. Como Órgano técnico y de máxima desconcentración (principal fortaleza), al menos por primera vez en su corta existencia, hace falta limpiarlo y aportarle todos los recursos que requiere para que cumpla a cabalidad la función que le designó el marco de legalidad todavía existente. Si para bien del país, esto quisiera el gobierno, también podrá hacerlo progresar a un Órgano Autónomo; jamás someterlo directamente a la decisión política del ministro de turno, pues esto será su muerte ya anunciada. No podrá desconocer también el gobierno que, tal fortaleza sumó para que Costa Rica fuera finalmente aceptada en la OCDE, organización multinacional que a la vez aboga por el Acuerdo de Escazú.

 

Imagen ilustrativa.

AGUA PARA GUANACASTE (ante dudas incomprensibles)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

El proyecto Agua para Guanacaste es una necesidad para la pampa y para Costa Rica entera.

Además del atractivo turístico que tendrá el lago artificial que se haría en la cuenca del río Piedras, no se puede jamás desdeñar las 16.000 hectáreas que se regarían para favorecer la producción agropecuaria en más de 400 fincas, el abastecimiento de agua potable para al menos 60 asadas de la bajura y el agua que urgentemente necesita el sector turismo para seguirse desarrollando.

Es cierto que Otto Guevara y la Fecon se opusieron y presentaron acciones de inconstitucionalidad que les fueron rechazadas, pero solo esperamos que el libertario NO le esté hablando al oído al presidente Chaves, en contra de hacer realidad este sueño guanacasteco.

Esa agua, por millones de metros cúbicos, se está botando al mar; se trata de acabar con ese desperdicio y aprovecharla racionalmente.

Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 27 de julio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de esta patología, así como las acciones preventivas pertinentes.

La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS).

El Cáncer de Cabeza y Cuello consiste en un grupo de tumores malignos que se localizan en los senos paranasales, faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales.

Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ocupando el sexto tipo de cáncer más común a nivel mundial. Anualmente se diagnostican unos 10.000 casos, siendo considerado un tipo de tumor infrecuente.

Se manifiesta mediante la aparición de nódulos que se forman en las superficies húmedas del cuerpo: boca, garganta y nariz, dificultando el normal funcionamiento del organismo. Estas lesiones afectan el habla, la deglución y la voz de las personas que lo padecen.

Amigos y familiares han padecido este tipo de Cáncer y alguna de sus variantes y he visto el proceso de curación y sanación, lo que nos da muchísima alegría en el sentido de qué si es posible vencer este tipo de Cáncer. Ahora, con más equipos y nuevas prácticas los pacientes se ven beneficiados con los tratamientos que, aunque cansados y molestos, tienen la virtud de sanar y eso es lo importante.

Dios quiera que muchas personas puedan sanarse de esa enfermedad y continúen con una vida normal y productiva y la disfruten plenamente.

Un abrazo y el deseo de lo mejor para quienes padecen esta enfermedad.

El viaje más importante

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Por lo general deseamos viajar. Conocer lo que hemos escuchado sobre otros países y sobre lugares preciosos. Muchos han tenido la oportunidad de dedicar tiempo para ir de aquí para allá, dentro o fuera del país.

Conocer es una actividad en cuanto a tiempo y a lugares interminable. No acabamos de conocer lo desconocido y no tenemos el tiempo necesario para conocer todo lo que deseamos.

Sin embargo, pese a todos los deseos y pese a todos los viajes que podamos hacer o incluso que hayamos hecho, hay un viaje que es, además de urgente, esencial hacerlo y que quizá no hayamos hecho.

Es el viaje que debe tener prioridad. Es el viaje que todos y cada uno debemos de preparar de tal manera que, al hacerlo, logremos, de alguna manera, satisfacer todas nuestras necesidades. Todas nuestras alegrías, todas nuestras esperanzas, y sanar todos nuestros dolores y nuestras heridas. Y especialmente, conocernos profundamente y saber quiénes somos y porque somos lo que somos.

El viaje esencial y prioritario es el viaje que menos hemos querido hacer y es el viaje que nos da temor realizarlo porque podría ser lo que no esperábamos. Porque podría ser el viaje que nos incomode, que nos haga salir de la zona de confort y de esa actitud tan llena de indiferencia hacia las cosas que realmente importan, familia y amigos.

Debería de ser un viaje fascinante. Un viaje como ningún otro. Debería de ser el viaje soñado y que al fin y al cabo nos haga saber que es el viaje que efectivamente cambiará nuestra vida para bien.

Ese viaje es hacia el mejor de los destinos, hacia nuestro interior. Un viaje para conocernos nosotros mismos y saber por qué somos como somos. Por qué actuamos cómo actuamos. Un viaje hacia lo más profundo de nosotros. Especialmente para saber lo valiosos que somos y por ello amarnos profundamente.

Ese debe ser nuestro mejor viaje. No requiere de reserva, de tiquetes ni de asientos especiales. Requiere de una decisión personal para ir a lo más profundo de nosotros y saber el ¿por qué? Al hacerlo, posiblemente sanaremos muchísimo y seremos mejores personas y tendremos más deseos de amar y perdonar. Posiblemente veremos la vida de manera diferente, para bien y para ser felices.

Dios quiera que podamos hacer ese viaje y que al hacerlo logremos ser mejores a nuestro regreso. Buen viaje, que Dios te acompañe.

¿Debe celebrarse la Independencia el 15 de setiembre o el 29 de octubre?

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(29 de octubre de 1821 fecha de la independencia de Costa Rica,

Ensayo de Miguel Rojas, BBB Producciones, San José, 2014)

Por Adriano Corrales Arias

hachaencendida@gmail.com

Con una prosa sencilla pero apasionada y contundente, el historiador y dramaturgo Miguel Rojas Jiménez, nos invita a participar en el debate de la historiografía nacional acerca de la génesis de nuestra independencia y su proceso histórico. Específicamente sobre la delimitación del día en que la naciente república costarricense se independizó de los dominios de España.

Por supuesto, el autor desde el principio nos deja ver muy clara su posición con un epígrafe tomado de la Comunicación del Congreso Provincial de Costa Rica que ratifica el 29 de octubre de 1821 como la fecha de Independencia de Costa Rica, firmado por José María Peralta, Diputado Presidente y Rafael Osejo Diputado Secretario, el 19 de marzo de ese año en Cartago (fuente: Archivo Nacional de Costa Rica).

El alegato de Rojas Jiménez es arduo y parte de una cronología de estudios y fuentes de información como referentes del 29 de octubre de 1821. Luego echa un vistazo a los antecedentes de la independencia y su complejo proceso de correos, cabildos y hechos militares, para comprender el año de 1821, pasando por el estado en que se encontraba la Provincia de Costa Rica (“tierras altas” y Partido de Nicoya). Luego pasa por los hechos políticos y militares que se suceden en Chiapas, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, básicamente.

Y al final remata con un apéndice, donde, punto por punto responde a sus detractores ante un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa para cambiar la fecha de la celebración de nuestra independencia. Así, en una exhaustiva y puntual réplica, señala los supuestos desaciertos del Ministerio de Educación, la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y el Archivo Nacional, según consulta de la Asamblea Legislativa.

El texto cuenta con un anexo importante que va desde cantos para celebrar la Independencia el 29 de octubre, pasando por el Plan de Iguala con la proclama de Iturbide, la Sala 29 de Octubre que existía en el antiguo edificio del Archivo Nacional y la celebración de esa fecha en el mismo archivo en 1979, hasta los datos de la Independencia de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla el 3 y 5 de setiembre de 1821, el Acta de Independencia de la ciudad de Guatemala del 15 de setiembre de 1821 (léase bien “ciudad de Guatemala”, ni siquiera de la provincia/país de Guatemala e, incluso, con visos de nulidad dado que no estuvieron presentes todos los delegados), el bando de la Diputación de León del 11 de octubre de 1821, el Acta de Independencia de Costa Rica del 29 de octubre de 1821 y el Acta del pronunciamiento de independencia del Ayuntamiento del Partido de Nicoya el 26 de octubre de 1821.

Antes de ello hemos conocido el hecho importantísimo de la declaratoria del 29 de octubre “como fecha destinada a la conmemoración de la firma y jura de nuestra Independencia Patria”, por parte del gobierno de Daniel Oduber (1974-1978) y firmado por su Ministra de Cultura; Juventud y Deportes y encargada del Despacho de Educación Pública, la recordada escritora Carmen Naranjo Coto, el 3 de octubre de 1975. Aunque este decreto tiene dos pifias, según el autor (habla de la Capitanía General de Guatemala que de hecho y derecho ya no existía y de la Diputación Provincial de León en su comunicado de setiembre de 1821 que no resolvió nada para Costa Rica), es un antecedente fundamental para aspirar a que los costarricenses en un futuro próximo celebremos la independencia de España los días 29 de octubre.

Las conclusiones no dejan duda alguna. Cito: “Concluimos el estudio presente con la certeza de que el 29 de octubre de 1821 es la fecha histórica y jurídica de la Independencia de Costa Rica, así como que es la que señala la soberanía histórica del país, ratificada en el contexto de la época en nuestra primera constitución política, conocida como Pacto de Concordia, el 1º de diciembre de 1821”. Lo anterior, como ya se dijo, basado en un riguroso análisis de documentos de la época y estudios y conclusiones de diversos historiadores e investigadores.

Vale la pena leer este alegato en favor del cambio de celebración de nuestra independencia para que la polémica baje de la élite académica y política a la discusión ciudadana. Así, personas que no somos especialistas, podríamos aportar a la recuperación de lo que Miguel Rojas llama la “soberanía histórica”, pues, al parecer, hemos venido celebrando una independencia errónea, por tanto falsa y artificial, es decir, de antorchas, faroles y desfiles escolares impostados en nuestras más profundas identidades.

Adriano Corrales Arias
hachaencendida@gmail.com

[1] Escritor costarricense

 

Enviado a SURCOS por Adriano Corrales Arias.

Fuente original

EEUU, criminal compulsivo

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Lic. José A. Amesty Rivera

Julio 2022

Deseamos iniciar esta reflexión, con la máxima de Simón Bolívar, que reza: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 05 de agosto de 1829. Carta al coronel Patricio Campbell redactada en Guayaquil, Ecuador.

De ella enfatizamos la expresión “plagar” (infestar) y “miserias” (desgracias). La primera, sin duda, dos siglos después, las acciones de EEUU se han convertido en la principal causa de muerte de los pueblos que desean ser libres. La segunda expresión denota, amenazas, desgracias, desventuras.

Estas desgracias y amenazas, se han traducido en la historia de América Latina y el mundo, en muertes. El Center for Research on Globalization, ha publicado un estudio de James A. Lucas, donde se muestran la cantidad de muertes por guerras, golpes de Estado y otras operaciones subversivas de EEUU, por ejemplo:

El profesor Michel Chossudovsky, director del “Center for Research on Globalization”, nos recuerda ‎que, siendo aliados de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China, pagaron el más alto precio en vidas humanas por la ‎victoria sobre el Eje nazi fascista: 26 millones de soviéticos y 20 millones de chinos murieron en la ‎Segunda Guerra Mundial, mientras que EEUU perdía solo algo más de 400 000 vidas. ‎

Se agrega, según el estudio de Lucas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (en 1945) hasta hoy, se estima que esa cifra se sitúa entre 20 y 30 millones de muertos, esto es, cerca del doble de muertos en la Primera Guerra ‎Mundial.

“Pero además de los muertos, hay que contabilizar los heridos, que a menudo quedaron mutilados ‎y físicamente impedidos por el resto de sus vidas. Algunos expertos calculan que por ‎cada persona muerta en guerra, hay otras 4/5 personas heridas. Eso significa que el número de personas ‎heridas en las guerras estadounidenses pasan de los cien millones”.

El estudio agrega, a esos estimados, una cantidad indeterminada de muertes, probablemente millones, provocadas desde 1945 hasta nuestros días, por los efectos indirectos de ‎las guerras (hambrunas, epidemias, migraciones forzosas, esclavismo y explotación), daños al ‎medioambiente, sustracción de recursos a las necesidades vitales de las poblaciones para ‎dedicarlos a cubrir los gastos militares. ‎

En otro orden de ideas, “el estudio documenta las guerras y golpes de Estado que EEUU ha realizado en más de ‎‎30 países de Asia, África, Europa y Latinoamérica y revela que las fuerzas armadas de ‎EEUU son directamente responsables de la muerte de 10 a 15 millones de personas, ‎muertes provocadas por las guerras más grandes, las de Corea y Vietnam y las dos guerras ‎contra Irak. Entre otros 10 y 14 millones de personas han muerto en las guerras que ‎EEUU ha estimulado y librado a través de fuerzas aliadas, entrenadas y dirigidas por los ‎estadounidenses, en Afganistán, Siria, Angola, el Congo, Sudán, Guatemala y tantos otros países”.

“La agresión de EEUU contra Vietnam, guerra que se extendió a Cambodia y Laos, dejó una ‎cantidad de muertes que se estima en 7,8 millones, además de una enorme cantidad de heridos y ‎daños genéticos a varias generaciones debido a la dioxina que EEUU regaba con aviones ‎en esos países”. ‎

“En los años 1980, la CIA organizó la guerra por intermediarios en Afganistán, donde esa agencia de inteligencia estadounidense entrenó y ‎armó, con la cooperación de Osama Bin Laden y de Pakistán, más de 100 000 muyahidines para ‎luchar contra las tropas soviéticas (que apoyaban al gobierno afgano legítimo y progresista)”.

“El más sangriento de los golpes de Estado fue el que la CIA organizó, en 1956, en Indonesia. ‎La CIA entregó a los escuadrones de la muerte indonesios los nombres de los primeros ‎‎5 000 comunistas que debían eliminar físicamente. Se estima que el número de personas ‎asesinadas está entre medio millón y 3 millones de personas”.

Para seguir recalcando lo anterior, el sitio web El Destape, revela una investigación del Cline Center de la Universidad de Illinois, quien señala que “desde 1982 hasta 2019, Estados Unidos participó en 350 intentos de golpe de Estado, de los cuales 150 fueron exitosos”.

El estudio analiza, a su vez, “el período en el que John Bolton ejerció el cargo de asesor en Seguridad Nacional y cruzó esa línea temporal con los golpes de Estado, en los que Washington tuvo participación. La primera conclusión, a la que llegó el analista Philip Bump, es que de los 350 golpes que intentó Estados Unidos, 191 ocurrieron mientras Bolton ocupaba algún cargo en el Gobierno”.

Finalmente, “el periodista de The Washington Post armó entonces una lista que va desde la invasión de Afganistán a los intentos de hacer un golpe en Venezuela bajo la administración de Trump. En octubre de 1989, hubo un intento de derrocar al dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Fue destituido del poder luego de una invasión estadounidense en diciembre. En 1992, un golpe de estado en Afganistán condujo de manera similar a la destitución del líder del país, un aliado de mucho tiempo de la Unión Soviética. También hubo intentos de golpe en varios otros países mientras Bolton sirvió bajo el presidente George W Bush, incluidos Filipinas, Azerbaiyán, Bangladesh y Rumania, donde el secretario general Nicolae Ceausescu fue derrocado”.

“Además de la invasión de Afganistán, el golpe más significativo, según el estudio de Cline Center fue la destitución en marzo de 2004 de Jean-Bertrand Aristide como presidente de Haití, bajo el gobierno de Bush. “En 2018, Bolton se convirtió en el tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Fue durante este período que intentaron más de una vez sacar del poder al líder venezolano Nicolás Maduro, sin éxito”.

Para finalizar esta ola de crímenes, asesinatos y homicidios, deseamos ver la opinión del abogado Rolando Prudencio Briancon, en su escrito, “El imperialismo yanqui en su fase terminal prepara una escalada de Guerras de Poder”, quien enfatiza que, “según documentos exclusivos y entrevistas con más de una docena de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, desde 2018 a 2020, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo actividades de contraterrorismo en 85 países; tal como revela investigaciones realizadas por la Universidad de Brown. Estas operaciones incluyen ataques aéreos y con drones, combates en tierra y los llamados programas de la “Sección 127e”, en los que las fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. planifican y controlan las misiones de los ejércitos aliados”.

“Una declaración de Joseph Votel, un general retirado del Ejército de EE. UU., quien dirigió tanto el Comando de Operaciones Especiales como el Comando Central de EE.UU., confirmó la existencia de estas operaciones no reveladas anteriormente en: Egipto, El Líbano, Siria, y Yemen, describiéndolas como esfuerzos de “contraterrorismo” de EE.UU. Además, fue implementado en Túnez otro programa de la serie 127e, cuyo nombre en código es Obsidian Tower que nunca ha sido reconocido por el Pentágono”.

Agregando, además, estas “operaciones consideradas Guerras de Poder es la que precisamente EE.UU., ha está ejecutando a través del reclutamiento de miembros de Daesh en Siria, para enviarlos a luchar en Ucrania contra Rusia”.

“Estas Guerras de Poder, previamente las preparan, como en el caso de Rusia, considerada una “amenaza” y China un “desafío” rodeándolas por bases norteamericanas. Según el viceministro de defensa ruso, Anatoli Antonóv afirmó que alrededor de unas 400 bases militares estadounidenses. Una similar estrategia ha empleado contra la China, que bajo el concepto de la OTAN de: “desafío sistémico”, la ha rodeado también, usando a Taiwán como punta de lanza”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa.

Sobre tres designaciones notables

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Por Carlos Meneses Reyes

A mis contactos en WhatsApp acostumbro enviar mensajes cortos de opinión jurídica y política sobre temas concretos. Desde el 21 noviembre de 2019, día de la gran movilización nacional del Paro Cívico y como resultado de la sangrienta represión, terminé con un llamado a la ¡resistencia! esta clase de notas, en las que expreso puntos de vista jurídicos ante eventos del movimiento popular y/o hechos políticos, pero luego del triunfo electoral en que se ganó la presidencia popular con la fórmula Gustavo Petro – Francia Márquez, he dejado de usar el llamado a la ¡resistencia! Esto, por cuanto ya somos gobierno. No obstante, se ganó el gobierno más no el poder, que continúa arraigado en el terrorismo de Estado narco paramilitar. Eso lo tiene claro la izquierda legal que aporta en el Pacto Histórico y en el Frente Social democrático. Continuaré con esa notas sin pie de firma o nombre propio sino como “!Puro Abogado!”

SOBRE LAS DESIGNACIONES.

Ha caído muy bien la designación que ha hecho el presidente Petro de tres miembros de las comunidades indígenas en importantes cargos de representación tanto a nivel nacional como internacional. La lideresa social arhuaca, Leonor Zalabata Torres, será la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) en New York. Patricia Tobón, abogada y Comisionada de la Verdad, dirigirá la Unidad de Victimas, y Giovani Yule, sociólogo nasa, estará al frente de la Unidad de Restitución de Tierras.

Las reacciones por parte de la derecha militarista, latifundista, terrateniente y racista no se hicieron esperar.

De la compañera Leonor Zalabata Torres esgrimen que ella no maneja el inglés. En forma pausada, la lideresa ha transmitido conocimiento de la alta función encomendada y explica que el español es idioma oficial en la ONU, junto con el inglés.

De la designación de la abogada Patricia Tobón resalta la importancia del tema que le corresponde y el valor que el presidente Petro da al informe de la Comisión de la Verdad y su aceptación en el ámbito internacional.

Del compañero Giovani Yule señalan que tiene intereses en los procesos de restitución de tierras y que por ello incurriría en un conflicto al ser dizque “juez y parte”.

En particular, la designación de Giovani Yule es tan acertada que se equivocan quienes creen que la entidad de restitución de tierras cumple funciones judiciales. Nada más alejado de la realidad.

Las Unidad de Restitución de Tierras está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y a la Resolución 1519 de 2020, que pone a disposición de los ciudadanos y grupos de interés, en lo referente a tierras despojadas durante el conflicto, la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer los contenidos de las decisiones y consultar la información que esta entidad genera en el desarrollo de su misión, sus funciones y deberes, esencialmente administrativos.

Conforme a como lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado, en los procedimientos administrativos atinentes al tema de restituciones no podrá ser reservada o limitada; por el contrario, es de carácter público, y debe ser clara, diáfana y amplio acceso. En este sitio se proporciona y facilita el acceso en los términos más amplios posibles. Precisamente, de esto está huérfano el proceso administrativo. La corrupción, el clientelismo y el negacionismo han anidado en estos trámites, que se colocan a espaldas de los intereses de las víctimas despojadas y sacrifican el sentido de valía y exposición de ese derecho privado de las víctimas.

En hora buena llega el nombramiento del compañero Giovani Yule para que el direccionamiento del contenido de los expedientes redunde en el éxito de los reclamos asistidos. Dizque el compañero Giovani Lule se convertiría en “juez y parte”, afirman, en craso desconocimiento de la materia y ello redunda, precisamente, en el enredo jurídico en que el mal uso del derecho ha permitido burlar los alcances de los revictimizados y hacer ineficaces los fines altruistas de la Ley.

La función de la Unidad de Restitución de Tierras no es la de juez, sino de trámite administrativo. Pero un procedimiento administrativo viciado y sin tema de prueba asistido, solo genera impunidad. Simple es comprender que lo del empleo público está debidamente reglado y pone en función al principio de legalidad. No se configura impedimento alguno. Están en juego intereses de clanes económicamente poderosos y hasta de multinacionales, sobre el manido efecto distractor de los llamados “poseedores de buena fe” en el que la simulación de los actos y negocios jurídicos es de uso frecuente.

Sabido es que la restitución de tierras tiene la competencia sobre la suerte de diez millones de hectáreas que fueron despojadas en lo que se ha dado en llamar la “reforma agraria blanca” del narco paramilitarismo en Colombia. Lo de los tres millones de hectáreas disponibles en baldíos es otro tema. Con seguridad que por el conocimiento que tiene el compañero Giovani Yule de la inscripción en el Registro Único de Tierras Abandonadas (RUPTA), garantizará protección de bienes e intereses de las víctimas.

Igualmente, respaldará y avalará las medidas cautelares que impiden el registro de traspaso al operar la inscripción en el registro sobre bienes inmuebles o tierras en cuestión; algo que ostenta hoy todos los defectos con la consiguiente burla y dilación en el reconocimiento de los derechos y permite la piñata en ejercicio y beneficio de los tales, repito, “poseedores de buen fe”. El meollo del asunto es llegar al tercero poseedor de buena fe exenta de culpa y en ello radica la impunidad. La enorme labor por cumplir radica en la obtención del Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno. En esa directriz se interrelacionan e identifican lo del predio (claridad sobre su existencia jurídica), el diseño y administración real en el registro de esas tierras, y el papel del sujeto de restitución y su familia.

La función del director de Restitución de Tierras se centra en llevar a su nombre y en el de los reclamantes el fundamento de ese accionar. Por ello no es un juez, sino que, por el contrario, es quien presenta al juez el asomo sólido de las pretensiones de las víctimas para la consecuente y subsiguiente aplicación de la reparación integral. Precisamente, hasta después de darse la sentencia de restitución de tierras las victimas continúan desamparadas, pues la burocracia de bolsillo, en esa entidad rectora, no aplica en la ejecución de las sentencias respectivas. Serán esos algunos de los “entuertos” que el compañero Giovani Yule corregirá.

Para concluir con este análisis, es dable destacar que es función del órgano administrativo de restitución de tierras garantizar el goce de este derecho fundamental. Vale decir, buscar la restitución jurídica y material de tierras, así como la permanencia y protección de los territorios. Todo ello concatenado y de la mano, en función de la aplicación de la Reforma Agraria Integral. El acierto en la acertada designación de la ministra de Agricultura por parte del presidente Gustavo Petro, augura el éxito en el logro de tal promesa electoral y en el cumplimiento del soberano compromiso del Estado de Colombia en cuanto a la implementación total de los Acuerdos de La Habana.

DE LA LEY 1448 DE 2011 (junio10)

Se trata de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones.

Me corresponde, por consecuencia profesional y política y por ser un conocedor de la materia, aportar a la doctora Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas, designada por el presidente Petro, en las experiencias resultantes en cuanto al centenar o millar de víctimas de colombianos y colombianas refugiados en Centroamérica y en particular en Costa Rica, donde lideré, organicé y asistí a cientos de refugiados víctimas del conflicto armado interno. No pude representarlos en ejercicio del derecho de postulación, pese a mi doble calidad de abogado colombiano y costarricense, por prohibición expresa de la normativa de víctimas, que no permite que ellas sean representadas por abogados. Pues bien, no es la primera vez que he denunciado que a cientos de solicitudes de víctimas del conflicto armado en Costa Rica una cónsul uribeña no les dio tramite, ni remitió nada a la Unidad Nacional de Victimas, coludida con el entonces Procurador fascista de apellido Ordóñez, quien la apadrinaba.

Este álgido asunto requiere que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Leiva Durán, atienda la situación de miles de refugiados colombianos en varios países que no han retornado ni aparecen en el Registro Nacional de Victimas y estaban en contra de esa ley.