Ir al contenido principal

La votación pública en el seno de Corte Plena

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza, docente y ciudadana

         Corte Plena, para quienes no lo saben, está constituida por 22 magistraturas nombradas por la Asamblea Legislativa. Es el órgano superior del Poder Judicial por disposición constitucional (artículos 152 a 156 de la Carta Fundamental) y tiene, entre sus funciones, resolver conflictos planteados por cualquier persona en última instancia. Aunque esta sería su labor principal,  es lo que menos suele hacer, pues —como desde los años 80 indicara don Carlos José Gutiérrez y, más recientemente, lo mostrara el III Informe del Estado de la Justicia— la mayor parte del tiempo de sus integrantes se consume en las funciones administrativas que, por arte de prestidigitación, han pasado a llamarse “de gobierno” (y se despliegan en más de 50 comisiones) pues esto tiene más prestancia y está más a tono con lo de “corte” (así, en minúscula) y la autopercepción que allí rige.

         Otras funciones de ese órgano, no menos relevantes, son las de designar magistraturas electorales, magistraturas suplentes del propio Poder Judicial, elegir a quien ostente la Fiscalía General de la República, a jueces y juezas 4 y 5 en todas las materias, así como sancionar a toda la judicatura. Estas son parte de las tareas de “gobierno” que más gustan a algunos y algunas de quienes detentan la magistratura. Y, como de entre estos-as, hay quienes aspiran a tener cortesanos-as (es decir, personas al servicio de la corte que no examinen críticamente su hacer), cada vez que pueden declaran sus sesiones secretas y se amparan en un artículo (59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer también secretos sus votos.

         Cabe indicar que la citada ley que aquello dispone, la No. 8, data del 29 de noviembre de 1937, es decir, fue emitida en el gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940, época signada por los guiños al fascismo europeo) y el numeral original (antiguo 71 inciso 3 de la LOPJ) no ha sido modificado en su contenido respecto a ese secreto, aunque sí ha sido corrida su numeración. Es decir, la ley en que se ampara la votación secreta surge antes de la Constitución Política de 1949 que, en su artículo 11 actual (con reformas del año 2000) dispone: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal…” (sic, el masculino es del original, la negrilla es suplida). De este texto y del artículo 30 constitucional (que establece libertad de acceso a la información estatal de interés público, salvo los secretos de ley) derivan los principios constitucionales de publicidad y transparencia.

Quienes estudiamos derecho sabemos que el dogma básico del sistema jurídico moderno (de cuño romano-germánico) es el de jerarquía de las normas pues, de esta deriva la supremacía constitucional y le da soporte a la convencional (al prever la jerarquía de tratados y su valor, que luego se desarrolla en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados que, a su vez, impide a los gobiernos alegar su derecho interno para desconocer un convenio internacional). Eso significa que una norma de rango inferior no puede contradecir una de superior grado. Así, las directrices y reglamentos no deberían contradecir la ley (y si lo hacen son ilegales), las leyes no deberían ser contrarias a las normas y principios constitucionales y de tratados (y, si lo hacen, son inconstitucionales o inconvencionales).

Como el funcionariado público presta juramento (artículo 195) de respetar la Constitución Política (que es la que establece aquel principio), está obligado a ser vigilante de que esa jerarquía no se viole. Por eso, el voto público y motivado (ambos efectos de la rendición de cuentas y la transparencia) no debería requerir reforma reglamentaria o legal para ser aplicable, o deberían ser cuestionadas y rápidamente resueltas las normas que lo contemplen…si las cosas funcionaran como deben.

Para el cantante y poeta ya fallecido Leonard Cohen “hay una grieta en todo, así es como entra la luz” pero, también, por la grieta, entra la niebla. Sabemos que el oscurantismo no es propio de la Edad Media y de los sistemas inquisitivos puros, sino que, como parte de una cultura arraigada que es dinámica y cambiante, se mimetiza. También por las grietas de las instituciones y de las normas entra la niebla que impide tener una adecuada visión.

A las personas les extraña que la cúpula del Poder Judicial en ocasiones haga públicas las votaciones (por ejemplo en la elección de la anterior fiscal general: ver sesión de Corte Plena 10-2018[1], artículo XVII así dispuesta ante la presión de prensa y popular ante las circunstancias que se vivían) y en otras se limite a “aplicar la ley”, como lo ha dispuesto, para esta elección, en la que el fundamento jurídico es similar y se omite hacer el análisis jerárquico de reglas y se aplica solo la ley.

Entonces, la conclusión, es que la decisión depende no de la correcta aplicación del derecho sino de si las cambiantes mayorías (que, a su vez, suelen variar según sea el voto de los y las magistraturas suplentes) dado que, inclusive, si en la CSJ existise la preocupación de estimarse incompetentes para hacer la aplicación directa de la norma superior, a lo menos efectuarían la consulta de constitucionalidad correspondiente, que tampoco se vislumbra. Es claro que tanto para la votación pública como para la secreta en el seno de la CSJ hay argumentos jurídicos, pero, como se ha podido constatar, algunos son más sólidos que otros.

Para la designación de quien presidirá la corte en los siguientes y difíciles años (y probablemente para la designación de quien resulte fiscal general) se ha tomado como parámetro la circular 88-2017 (que, a su vez, es un cambio a la circular 69-14, ambas emitidas por la misma corte, reglas esas que no tienen la virtud de dejar sin efecto los principios constitucionales de publicidad y transparencia, sino que, más bien, deberían aplicarlos).

Tanto esta circular como la Ley Orgánica del Poder Judicial son inconstitucionales e inconvencionales. Lo ha resuelto así la misma Sala Constitucional para normas reglamentarias de la Asamblea Legislativa (y hay paridad en las razones para extender el razonamiento a este caso): “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho (…) el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley 8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos (…) y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una consecuencia inherente a una democracia mixta. Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera.” Sala Constitucional, voto número 4182-14.

Conviene recordarlo de cuando en vez. Convendría, también, que del mismo modo que —gracias a los medios de prensa y de la población vigilante de los asuntos públicos— se modificó un reglamento legislativo para lo cual, en otros momentos, no hubo voluntad ni legislativa ni de la misma Sala Constitucional (cuya acción de inconstitucionalidad, después de varios años, sigue sin ser resuelta, aunque la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula una duración, para ello, no superior a un mes después de finalizado el trámite que es descrito puntualmente: artículo 86) del mismo modo, decía, esos u otros actores, como la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, hagan uso de las potestades que brindan los artículos 73 y 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para —alegando los primeros un interés difuso o colectivo y las últimas instituciones su rol legal— plantear, expresamente, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial o bien aprobarse, exentas de trámites dada la evidencia jurisprudencial existente, las modificaciones normativas que correspondan.

Para quienes siguen opinando que la votación secreta es propia del funcionariado público…¡Que la Patria os lo demande!

[1] Así votaron en esa ocasión, de las actuales magistraturas titulares, Rivas, Rojas, Varela, Sánchez, Ramírez, Cruz, Castillo, Rueda, Salazar y de suplentes Allón Zúñiga, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez, entre otros que ya no integran dicho órgano.

Foto: UCR

Nuestra independencia, dos fechas y un feriado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

A propósito de la ocurrente discusión legislativa alrededor del feriado equivocado (parece que es lo único que les interesa) del 15 de setiembre como parte de un final de semana largo para ayudar al turismo local, cabe recordar a los señores diputados un par de cositas que habrían de tomar en cuenta en el debate que se ha propuesto.

Lo que se firmó el 15 de setiembre de 1821 fue la declaratoria de independencia de la Capitanía General de América Central, que desconocía la autoridad colonial de España. Los costarricenses no solo no se enteraron, sino que poco les importaba lo que se había decidido allá lejos en Guatemala, pues lo sucedido ese día estaba lejos de hacernos un país independiente, aunque se reconoce que fue un paso adelante hacia el ejercicio de nuestra plena soberanía.

Al conocerse la noticia, que algunos consideraron positiva mientras otros la desdeñaban por irrelevante, sucedió un hecho de gran trascendencia histórica. Resulta que a poco más de un mes de los hechos en Guatemala y en la Diputación provincial de León, exactamente el 29 de octubre «se firmó y juró en la ciudad de Cartago, con la participación del pueblo y de las autoridades de la provincia, nuestra ABSOLUTA INDEPENDENCIA del Gobierno Español».

Hecho trascendental expresado, sin ambigüedades mezquinas, por el expresidente Daniel Oduber en su Decreto Ejecutivo N°5303-E del 23 de octubre de 1975, mediante el cual se pretende (¡porque no ha sido derogado!) recuperar la fecha del 29 de octubre como la que ha de reunirnos en la gran celebración nacional de nuestra independencia patria.

Don Daniel lo hizo, escribió, porque «la fecha del 29 de octubre de 1821 debe ser consagrada en las páginas de nuestra historia como el INSTANTE TRASCENDENTALMENTE SUBLIME en que el pueblo costarricense juró y consagró su destino a la causa de la libertad, la democracia y de los más altos ideales de justicia y de igualdad entre los hombres».

Y es que como escribe el historiador Miguel Rojas, el acta del 29 de octubre es la que registra el nacimiento de Costa Rica como país, y expresa su ligamen tierra-cosmos y su presencia internacional para siempre fuera del yugo español. Lo demás es un producto de una costumbre que no necesariamente es correcta.

Mitos y realidades en la discusión del presupuesto universitario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Examinaré en este artículo lo ocurrido en el proceso de negociación que está en curso en el momento de redactar este artículo, del presupuesto universitario o FEES. Mostraré con apego a datos e información real las falsedades que se han esgrimido por la parte gubernamental. Para mí lo ocurrido es grave. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a ir por pasos.

1.Lo primero que se debe tener claro es que, desde el 9 de junio del 2011, quedó modificado el segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política, de la siguiente manera: “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.” (Cfr. Ley N°8954 del 9 de junio de 2011.)

Sin embargo, los legisladores del período 2010-2014, le concedieron al Estado una oportunidad para llegar al 8% escalonadamente, con el objeto de que no hubiese un descalabro económico. Fue así como debieron agregar un transitorio a la ley citada, que estipuló cómo se iba a conceder ese permiso al Estado para que pudiese enfrentar el aumento del presupuesto estatal de un 6% a un 8%. El Transitorio I de la mencionada ley lo estableció como sigue: “El gasto público en educación podrá ser inferior al 8% durante los períodos fiscales anteriores al año 2014.” Pero se agregó que: “Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del PIB destinado a la educación podrá ser inferior al del año precedente.” (Cfr, Transitorio I de la ley 8954.)

Como puede apreciarse quedó formulado sin ambages que, a partir del 2014 la obligación de dotar a todo el sistema de educación del 8% cobraba pleno vigor. No había pues trampa ni engaño. Pero, los gobiernos no fueron previsores e incumplieron durante varios años con el mandato Constitucional. Lo que es peor, todavía se sigue incumpliendo, ya que solamente se ha llegado al 8% mediante una acción truculenta, ya que se buscó sumar a la dotación presupuestaria del sistema de educación en su conjunto, el presupuesto del INA y otros rubros que tienen que ver con los recursos de las redes de cuido y los CEN-CINAI, todos los cuales cuentan con su propia dotación de recursos establecidos en sus propias leyes. Además, ninguna de estas nobles instituciones ha formado parte nunca del sistema nacional de educación; el INA está bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y las redes de cuido, tanto como los CEN-CINAI siempre han formado parte del Ministerio de Salud. En cambio, el legislador ha dejado claro, tanto en el artículo 77 de la Carta Magna como en el 78 que, “La educación pública está organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.” (Cfr. Artículo 77 de la Constitución).

Como es bien sabido, en el derecho público lo que no está expresamente dicho no puede asumirse como verdadero. No existe ningún artículo Constitucional, ni ley alguna que mencione al INA, a las Redes de Cuido o a los CEN-CINAI, todas instituciones de bien público como ya lo expresé, como si fueran parte del sistema nacional de educación. Aquí tenemos pues el primer mito con el que se ha afectado el presupuesto de todo el sistema de educación nacional, incluidas desde luego las universidades públicas.

2. Otro error en que suelen incurrir los gobiernos y hasta la Asamblea Legislativa, consiste en pretender rebajar el monto presupuestario que se asigna a las casas de educación superior, respecto del año anterior. La actual administración del presidente Rodrigo Chaves, había propuesto reducir el presupuesto de las entidades de educación pública universitaria, nada menos que en ciento veintiocho mil millones de colones (128.000 millones de colones). Aunque el gobierno ya depuso esa abusiva e inconstitucional pretensión, después de la enorme marcha de los universitarios acaecida el martes 16 de agosto, considero oportuno revisar qué hay detrás de la propuesta ya descartada. Aunque esta se desechó, opino que lo que yace detrás de la propuesta permanece incólume; por eso deseo analizarlo.

Veamos el proceder gubernamental. Los negociadores por la parte gubernamental, entre los cuales se encuentra el ministro de hacienda Nogui Acosta Jaén, abrieron el diálogo el 11 de agosto señalando su pretensión de reducir el FES de 522.822 millones de colones (dotación presupuestaria para el 2022) a 430.130 millones de colones; una rebaja del 24% del Fondo Especial de la Educación Superior. Debe tenerse en cuenta que esta tesis la sostuvo el gobierno hasta el propio día de la marcha, o sea hasta el 16 de agosto al inicio de la conversación; ello fue así a pesar de haber sido advertido por los rectores desde el comienzo de las negociaciones (es decir desde el 11 de agosto) que estaban incurriendo en una inconstitucionalidad. Debieron pasar cinco días, antes de que el gobierno reconociera su error.

Vale la pena acudir ahora al artículo 85 de la Constitución, porque el mismo no deja ninguna duda con relación al atropello en el que se pretendió incurrir por parte del gobierno de la República. Lo cito en la parte que interesa: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Artículo 85 de la Constitución Política vigente.)

Como pueden verlo, el artículo Constitucional es clarísimo. Las rentas del FEES no pueden ser “abolidas”, ni siquiera “disminuidas”, en tanto no sean creadas “simultáneamente” otras “mejoras” que las sustituyan.

¿Es creíble entonces lo que dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el mismo martes 16 de agosto, el día de la gran marcha de los universitarios, apenas unas horas después de haber reiterado la inconstitucional propuesta? Citémosle: “Ese reconocimiento de hoy (martes 16 de agosto alrededor del mediodía), no parte de un tema puramente de negociación, sino de convencimiento de las partes…caímos en cuenta que hay una disposición constitucional que nos obliga a cumplir con ese precepto de mantener los recursos, entonces no podemos darles a las universidades menos de lo que ya les dábamos.” (Cfr La Nación Entrevista telefónica, miércoles 17 de agosto. Pag.4) ¿Hemos de creerle?

Dice el artículo 129 del código civil: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.” El asunto es más delicado tratándose de don Nogui Acosta, hoy ministro de Hacienda puesto que, apenas ayer, en la administración anterior fue viceministro del mismo ramo y en varias ocasiones negociador del FEES reemplazando a la entonces ministra Rocío Aguilar. Pero la ignorancia confesada deja en un mal predicamento al resto de los ministros que están negociando el FEES con las universidades, a los abogados que los deben asesorar, y al propio presidente de la República al que, o nunca se le mostró la propuesta y por lo tanto no la conocía, o también es otro desconocedor de la Carta Magna. Cualquiera de las dos opciones pone en entredicho el prestigio del presidente. La primera en su condición de líder del equipo, la segunda porque una vez más deja al presidente de la República como un desconocedor de la Constitución.

3. Lo anteriormente dicho, más parece una jugadita política para retrasar la negociación, en vista de que, si no hubiese acuerdo entre las partes, el diferendo tendría que ir a la Asamblea Legislativa, único caso en el que los diputados pueden resolver el asunto. Así el gobierno se lavaría las manos ante la sociedad costarricense. Aunque por fortuna, después la ministra Müller se desdijo, quedó en clara evidencia otro mito pregonado por la parte gubernamental, cuando copiosamente la ministra de educación declaró en los medios de información nacionales, mediante un comunicado oficial que: “La Constitución Política de nuestro país establece que el presupuesto del sector educación es uno solo.” Para enseguida deslizar una falacia: “Dicho presupuesto debe ser dividido entre las diferentes instituciones que integran el sector: Preescolar, Escuelas, Colegios, Colegios Universitarios, Universidades Pública, Cen Cinai, Red de Cuido, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y alrededor de 50 instituciones.” Luego remató expresando: “Estamos ante un gran dilema, porque todos los niveles de educación son importantes. ¿A quién le damos más quitándole al otro?” (Cfr. CP-007-08-2022. 12 de agosto del 2022. El comunicado viene precedido con los logos de Casa Presidencial, del ministerio de Educación MEP, el de Planificación MIDEPLAN, el ministerio de Hacienda MH y el ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT.)

Una vez más se acude al ardid de querer pintar un panorama como si las universidades fueran enemigas del resto de la educación pública no universitaria. Aunque insisto, la ministra Müller después se retractó, va dejando la estela en diversos sectores de la sociedad de una mentira que, está esgrimida para corroer el prestigio bien ganado en la sociedad, de las universidades públicas del país. La mención al INA, a la Red de Cuido y a los Cen Cinai quedó desmentido supra; lo relativo a las 50 instituciones del ministerio no se sostiene pues, ellas han gozado de la dotación presupuestaria que los gobiernos otorgan al ministerio de Educación y no tienen por qué las instituciones universitarias apechugar con esa responsabilidad estatal.

Mientras tanto, el párrafo citado entra en abierta contradicción además, con el contenido de los párrafos tres y cuatro del artículo 85 de la Constitución, donde queda clarísimo el reconocimiento que le atribuye tanto el legislador constituyente como el derivado, a la educación superior universitaria estatal. Pueden corroborarlo leyendo con atención de seguido, los párrafos tres y cuatro del artículo 85 constitucional.

“El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” (Cfr. párrafos 3 y 4 del artículo 85 de la Constitución).

Cae desplomado otro de los mitos difundidos en la reciente negociación del FEES por la parte gubernamental. No ha existido, ni existe la menor intención de los universitarios de menospreciar o socavar a ninguno de los niveles de la educación pública no universitaria. Antes bien está debidamente documentado el aporte constante de las universidades públicas al sistema de educación estatal en general, tanto mediante la preparación y formación de miles de docentes, como mediante asesorías, investigaciones y trabajos de extensión o acción social que, año con año realizan las universidades en las diferentes regiones del país. No reconocerlo es mezquino, pretender negarlo es falsear la realidad.

4. Solo me resta por ahora, tocar otro tema que es crucial. En los párrafos tres y cuatro recién citados del 85 constitucional, el legislador deja clara la importancia de planificar el desarrollo de las universidades estatales quinquenalmente. Las universidades no han dejado de cumplir con este precepto constitucional, ya que cada cinco años se presenta al poder ejecutivo el plan de desarrollo universitario, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, tal como lo ordena la Constitución, según lo acabamos de constatar. El último plan quinquenal las universidades lo presentamos en el año 2020, antes del 30 de junio; el gobierno lo recibió de conformidad, por lo que dicho plan entró en vigor en el año 2021 y rige hasta el 2026. Aún así, los gobiernos hacen caso omiso de este plan quinquenal universitario y someten a las universidades públicas, cada año, a una discusión impertinente, porque ponen en entredicho, un año sí y el otro también, las bases mismas en las que se sustenta el plan y gran parte de los preceptos constitucionales, como ha quedado demostrado en esta ocasión.

Es pues el Estado, cada gobierno, con algunas excepciones, el que incumple con su responsabilidad de planificar el desarrollo de la educación universitaria estatal tal como lo manda la Constitución. Cito una vez más, aunque sea redundante, el cuarto párrafo del 85 constitucional: “El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” Pero no ocurre así. ¿Puede alguien negar esta incontrovertible realidad? Cada persona que se haya tomado la molestia de leer este artículo tiene la palabra.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

De presuntas verdades y medias mentiras “verdaderas”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La facilidad con que algunas gentes –más numerosas de lo que solemos sospechar- opinan de toda clase de temas o asuntos complejos, muchas veces sin tener la menor idea precisa acerca de su especificidad, ni la más elemental información que tenga, al menos algunos rasgos de verdad o verisimilitud, es tan antigua como el ser humano mismo y su existencia planetaria.

En cambio la irrupción, en este cambio de siglo, de las así llamadas “redes sociales”, y de las tecnologías digitales que han venido a trastrocar la escena histórica, nos han conducido también al angustioso dilema de que ese tipo de opiniones, que eran incluso tenidas como “vergonzosas”, o quedaban reducidas a ciertos ámbitos de la vida cotidiana, como la sobremesa o la cantina donde cualquier hijo de vecino expresa sus emociones, sin comedimiento alguno, en tiempos históricos no tan lejanos, mientras que ahora en el presente continuo a la manera anglosajona, dentro del que tendemos a pensar, de una manera casi inconsciente, se han propagado o extendido, dentro de los términos de unas escalas exponenciales e incluso logarítmicas, de tal manera que además de producirnos vértigo la cantidad de presunta información que recibimos, lo que ha llevado a muchas gentes a pensar o a decir de que no es necesaria la rigurosidad en el pensamiento, ni tampoco el empleo correcto del lenguaje. De ahí la oleada de primitivismo y de cierta “barbarie” manifiestas que nos inundan y asfixian, además de que es inútil debatir o pretender hacerlo con gentes que ni siquiera razonan. Sólo nos falta gruñir, nos recordaba el periodista y escritor Carlos Morales Castro, en un artículo aparecido en este diario digital, hace apenas unos meses.

Estamos en una era en la que una suerte de totalitarismo se ha venido extendiendo desde eso que algunos suelen llamar todavía “la sociedad civil”, más parecida a un rebaño que a una sociedad de seres políticos (Aristóteles, dixit) y con mucho poco de civil o civilizado, el buen sentido de esos términos. Se expresa como intolerancia en muchos órdenes o ámbitos de la vida social, la que va desde pretender obligarnos a todos, so pena de sufrir una especie de linchamiento social, a asumir o aceptar una significación única (al parecer verdadera) para determinado término o expresión, a pesar de que su sola enunciación haga evidente su naturaleza más bien polisémica. En otros momentos o espacios de la contemporaneidad nos encontramos con la censura abierta hacia las obras de grandes autores de la literatura estadounidense o anglosajona en general, tal y lo como lo evidencia el retrógrado y ultraderechista gobernador de La Florida, Ron De Santis, en las escuelas de ese estado “porque supuestamente ofrecen ideas para analizar críticamente el racismo, la desigualdad y la discriminación en todas sus manifestaciones. Según De Santis esos libros representan la ideología “woke”, ahora supuestamente asociada con las ideas de izquierda” (Montserrat Sagot).

Es así como los jóvenes del estado donde el español Ponce de León buscara sin éxito, durante el siglo XVI, la mítica fuente de la eterna juventud, se encuentran con el engendro totalitario (por arte del paternalista hitlercillo De Santis) que les impedirá acercarse a la obra del maestro californiano John Steinbeck con sus Uvas de la Ira, a la tierna narrativa a la estadounidense afro Toni Morrison, fallecida hace un par de años, o a la de Haper Lee y su novela Matar a un ruiseñor o al inovidable Mark Twain, maestro de maestros y sus Aventuras de Huckleberry Finn que marcaron los límites entre mi infancia y mi ahora también lejana juventud…como el tema toma ribetes orwellianos, no faltaba más, la prohibición de la profética novela “1984” vino a coronar la cereza del pastel.

Los fascistas ucranianos de Zelenski no conformes con sus limpiezas étnicas dirigidas al segmento rusoparlante de su población y más afín a su historia común con la vecina Rusia, no sólo prohíben las obras clásicas de los maestros de la literatura rusa, tales como León Tolstoi, Anton Chejov, Fiodor Dostoiewski o Leonidas Andreiv, sino que expurgan sus bibliotecas de textos en ruso. Estamos en una nueva era totalitaria: la que nos anunció hace setenta años el inglés George Orwell, con su abrumadora lucidez no exenta de sobriedad.

En una especie de simultaneidad en el transcurrir de eso que llamamos “el devenir histórico” o la singularidad del tiempo como duración, notamos que la complejidad de los estudios históricos y sociológicos se torna, cada día más manifiesta a nuestra mirada, a pesar de las notorias diferencias entre ambas disciplinas de las ciencias sociales. No los recuerdan con insistencia en sus libros y en sus alocuciones el gran maestro de la sociología francesa, Edgard Morin, ya centenario pero siempre lúcido, pero también nuestras propias observaciones del transcurrir sociopolítico y cultural, en este tumultuoso, absurdo, inextricable e indescifrable cambio de siglo, en el que ni siquiera logramos distinguir lo real de lo ficticio, a pesar de nuestras inútiles tentativas.

Una cúpula militar resquebrajada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La actividad del nuevo gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es digna de reconocimiento. Designó un gabinete de amplia aceptación para todos los sectores económicos, políticos y sociales.

La primera orden del mandatario fue poner la espada de Simón Bolívar no solo como símbolo de ceremonia de posesión; sino también de continuidad en los derroteros y alcances de un gobierno popular. En su primer día de gobierno radicó el proyecto de reforma tributaria. Así también el de legalización de las guardias campesinas, como complemento de la caracterización del campesinado colombiano en calidad de ente constitucional, proceso conocido como constitucionalización del campesino colombiano.

Se consagró al campesino como un sujeto de derecho. Una categoría jurídica que lo eleva como actor en la lucha de clases en Colombia, abordando el tema agrario como una cuestión de lucha de clases.

Nombró a quien era el director de la Comisión Intereclesial de Justicia y paz, Danilo Rueda, como Alto Comisionado de Paz. Este hecho engrana con el acierto de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en el nombramiento de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, como nuevo Alto Comisionado del Cuerpo de Paz. Este organismo es principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Así aunados, se explica el notorio avance de acercamiento del nuevo gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), acorde con la concepción presidencial de que “Una potencia mundial para la vida significa construir la paz.»

Temas tan importantes como la transición de un sistema energético de fósiles a una renovación energética ecológica, lo asume con la designación de una ministra de minas sabedora del conocimiento universal del medio ambiente, que concatena con la nueva ministra del medio ambiente y el sabio conocedor de planeación oficial, el doctor Jorge Iván González.

De igual modo, lo punzante de la Reforma a la Salud al mando de la doctora Carolina Corcho. Comenzando por la ineficacia y lo inoficioso de un intermediario de finanzas como son las EPS. Toda una activista política y social de sobrada capacitación y calificación profesional, con acogida en el seno del movimiento popular, como lo demostró en la actividad por ella desplegada durante el Paro Político Nacional (PPN) que sacudió a Colombia y contribuyó a la apertura de este nuevo gobierno de mandato popular y no oligárquico.

Asimismo, lo acuciante de una reforma a la justicia en cabeza del doctor Osuna, bajo los reajustes de parámetros como la del ente administrador, la de la eficiencia y la eficacia de los órganos de administración de justicia, que entrelaza a los actores de la justicia bajo el imperativo categórico de que la noble profesión y ejercicio de la abogacía debe dar el salto histórico a su reconocimiento y dignidad que solo lo puede avalar la creación legal de una Colegiatura Oficial Obligatoria como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de abogado.

Por último, en este escrito, la necesaria e indispensable Reforma Agraria Integral bajo la concepción de implementación de los Acuerdos de La Habana con garantía indiscutible en dirección de la doctora Cecilia López Montaño.

Así pudiera referirme a cada una de las tareas de las carteras ministeriales e instituciones oficiales que alientan en la aplicación y desarrollo de programas gubernamentales de inspiración soberana y popular. Cada uno de esos aspectos es motivo de detenimiento caracterizado en el escenario académico y político.

Téngase lo hasta aquí anotado como preludio para abordar un tema de importancia nacional: la cuestión militar.

LO DE LA CÚPULA MILITAR

El nuevo gobierno ha hecho cambios en la cúpula de las fuerzas armadas. Veamos sobre el efecto que esto tiene en los territorios sin control estatal y sin liderazgo de la tropa oficial. Aún no se puede hablar de reestructurar unas fuerzas armadas, con el ejército a la cabeza, que en desarrollo de la falsa lucha contra las drogas y la política hegemónica oligárquica contrainsurgente se ha comportado como una fuerza de invasión contra el propio pueblo. Por las características de deshonor soberano como ha actuado las califico de ejercito Made In Usa.

Bajo la óptica de un análisis de clases, la oficialidad militar no hace parte de los grandes clubes sociales, ni se emparenta con mujeres de la alta alcurnia oligárquica citadina. Su vida social está supeditada y circunscrita a sus ostentosos Clubes de Oficiales, donde discriminan en jerarquía a la soldadesca -para ellos- junto a los exponentes burgueses, empresariales, terratenientes, feudales, traquetos y paraestatales que los frecuentan y visitan. Ellos, cual orangutanes con saco de leva, son portentosos, totalitarios, unificados como mando y usufructuarios de un poder acumulado como resultado de un conflicto armado interno de tipo prolongado, que los ha convertido en una casta de privilegiados.

Transformados en elefantes burocráticos se han apoderado de una porción del Estado, al que han asaltado y que en objetivo criterio civilista han pasado a ser “un Estado dentro del Estado”.

Resulta histórico el reconocimiento de las Fuerzas Armadas colombianas a su comandante Supremo, compañero presidente Gustavo Petro Urrego. La cantaleta conspirativa del generalato y oficiales en uso de retiro impune quedó relegada sin ningún peso político. El discurso en la Escuela de Cadetes José María Córdoba merece atención y análisis y, como todas las piezas oratorias y de exposición del compañero presidente, desde ya engalanan el acumulado de escritos, como guía de orientación en la consolidación de la Nueva Colombia sobre el sustento de un gobierno popular y de masas.

Conviene resaltar la enseñanza de soberanía dada al Ejército al enfilar su accionar contra el crimen multinacional asentado en el país, en un viraje total sobre la ineficaz lucha contra las drogas. Valga destacar la emulación propia en el ejercicio de la carrera militar consagrando el principio de formación desde la base a la oficialidad, de ser todo soldado un aspirante a general. Esto, coadyuvado con el ejemplo consecuente de preferir un asiento en la mesa del comedor con los soldados y no el puesto en el comedor de la oficialidad y el generalato.

El presidente Gustavo Petro ha demostrado la independencia y capacidad de mando y dirección del país que representa como Rama Ejecutiva nacional. No se dejó imponer una agenda protocolaria que, a todas luces a destiempo, le habían programado antes de estar cumplidos los requisitos oficiales en torno a los recientes nombramientos de la cúpula militar que conllevó la llamada de servicio a más de 53 oficiales y/o generales en turno de ascenso militar. Esas reuniones previas al acto de designación del reconocimiento del mando eran improcedentes y resultaron de sensibilidad para la inteligencia popular que vela por la seguridad del compañero presidente.

Las respectivas ceremonias de reconocimiento se llevaron a cabo el día 19 de agosto con los mandos policiales y el día 20 de agosto con la oficialidad militar, sin necesidad de tales “reuniones previas”. Se registra que con anterioridad al 19 de agosto la airada expresión del exgeneral Zapateiro, en uso de retiro impune, y aúlicos de la secta, que, no partido de gobierno anterior, enrarecían el ambiente con altisonantes discursos y llamados por las redes sociales a dar un golpe de Estado en Colombia.

La acuciosidad de estadista, conocedor del país y de la correlación de fuerzas activas y subterráneas por parte del presidente Petro, han sido garantía para preservar su integridad física. El olfato político popular y de conocimiento de la realidad pudo alertar al señor presidente de la gavilla que le tenían preparada los alcaldes citados por una asociación de burgomaestres desnaturalizada, antes de su posesión como presidente. Esos alcaldes eran los mismos que habían ungido, con su ilegal participación en política, al candidato de la continuidad de un gobierno narco-paramilitar que en la memorable fecha del 19 de junio de 2021 el pueblo colombiano dio al traste en su continuidad. La reunión con los alcaldes del país ya se dio como muestra de la solidez y gobernabilidad del nuevo presidente.

UN VIRAJE EN LA INTELIGENCIA DEL ESTADO

En la misma línea consecuente de hechos y actuaciones oficiales corresponde destacar el acierto, propio de auténtico estadista del presidente Petro, al nombrar como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia al doctor Manuel Alberto Casanova. Fue militante del M-19 y por ende funcionario que inspira confianza en los derroteros de complemento y armonía estatal para llevar a cabo en tal entidad. Fungirá como un agente de seguridad estatal a tono con el servicio preventivo de la integridad de líderes sociales y excombatientes desarmados de las antiguas FARC, así como ojo avizor de la integridad de los cuadros, activistas y militantes alternativos en el seno del movimiento popular. Por fin podremos asegurar que las alertas tempranas tendrán efectivo proceder. Un ejercicio mancomunado del señor ministro de la Defensa junto con el director nacional de Inteligencia, auguran las directrices de control y mando de y hacia la Dirección y Subdirección de la Policía Nacional en esta labor constitucional de política de seguridad.

Desempeñarán una labor conjunta y en consonancia de inteligencia popular, en cuanto a la protección de los líderes y lideresas sociales, comunales, gremiales, sindicales, afrodescendientes, del campesinado, indígenas, ambientalistas, políticos, etcétera, que conforman el colectivo de activistas en el seno del movimiento popular y que dejarán de ser objetivo de un narcoestado superado.

Todo hace vislumbrar que en armonía política conjugarán un haz de ejercicio multitudinario y de construcción de democracia directa y de masas, conforme al espectro predominante que la cualificación política del movimiento popular respira con el nuevo gobierno.

Las fuerzas armadas colombinas aún están imbuidas de una mentalidad contrainsurgente, guerrerista, ajena a una apertura de reformas política, económicas y sociales. No se puede negar el reto del actual gobierno en la superación de la crisis de legitimidad de la fuerza pública. En esto no califican formulas conciliadoras, pero sí cambios estructurales.

Lo anterior emana de la observación objetiva y dialéctica del curso de la nación colombiana como país y como pueblo organizado, puesto que el poder castrense imbuido de la política hegemónica oligárquica y pro imperio de las fuerzas armadas colombianas no se ha desmoronado.

Por eso, hablo de un resquebrajamiento, de una fractura; pero no está vencido ni roto el vetusto aparato militar, ni la doctrina fascista y militarista del enemigo interno. Ante este reto, todo está por hacerse.

Que no nos pase como en otras naciones de América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza.

Mainier Barboza Soto. Movimiento Patriótico por Costa Rica.

¿Puede parecer una protesta de este tipo acto vandálico? No conocí de esta noticia hasta hoy, sin embargo, independientemente de quiénes fueron (estudiantes, profesionales de la educación, administrativos, algún grupo focalista), la reacción es una muestra para mí respetuosa, ante la agresión, que no por ser verbal deja de serlo, de las opiniones del gobierno en materia de educación y de la Superior, con el FEES, que es un soporte del Estado Social de Derecho.

Las universidades públicas hace rato, están en la mira, representan no solo un baluarte de la democracia y nuestro Estado, su proyección con el desarrollo del país, con los programas de extensión, la preparación de profesionales de alta calificación, con sus observatorios en las distintas disciplinas y materias educativas, cursos libres, y lo mejor, la investigación científica, cultural, económica, entre otras representan la mejor forma de generar conocimiento, crearlo y reinvertirlo socialmente.

Ese es el problema en las sociedades signadas por el neoliberalismo, forma encubierta para no decir capitalismo salvaje (ya señalado desde los últimos decenios del siglo XX).

Aquí seguimos, bueno, los vasallos del poder hegemónico (G-7 con USA, al frente), demoliendo este Estado, les molesta que un país con 50100 kms2 de territorio (sin contar los casi 600 mil kms2 de mar territorial, abusado por pesca ilegal, ruta de narcos, contrabando, entre otras) tenga un Estado Social de Derecho. En tanto, las poblaciones costeras están en los niveles más deprimidos de la estadística oficial, (primeros lugares en pobreza extrema, en exclusión, en niveles de desocupación, y las mujeres encabezan esas listas).

Potencialmente el mar es la frontera económica que solventaría la crisis actual del país y la región centroamericana, lo que se necesitaría, es unir voluntades, inteligencias, cooperación, espíritu gregario, una alta dosis de patriotismo y de solidaridad. No es posible tener al frente la solución y solo postergarla, en aras de intereses mezquinos.

Que no nos pase como en otras naciones de América Latina, donde arrasaron con el Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, sumiendo esas naciones en una pobreza sin límite, que recae, como «norma” del capital y su acumulación ambiciosa, en los segmentos de población más vulnerable, y la deuda pública, externa e interna inmanejable.

Desigualdad social y la corta memoria de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

¿En qué países de Nuestra América los grandes tagarotes pagan impuestos y en qué países no pagan por sus grandes fortunas?

Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia son los únicos países que han implementado impuestos a la riqueza, en Costa Rica NO, los gobiernos de turno se niegan a hacer pagar impuestos por grandes fortunas a quienes financian sus campañas electorales. No solo eso, se hacen «de la vista gorda» con la EVASIÓN, elusión y contrabando, de quienes le roban a Costa Rica, incluido Rodrigo Chaves.

Siendo ministro de Hacienda indicó que la EVASIÓN fiscal era uno de los principales problemas de Costa Rica, ahora como presidente, evita hablar de esto, ni una sola palabra, ¿Por qué?, siendo ministro una de las justificaciones que planteó fue que «los sistemas no cruzan de forma automática los datos necesarios para identificar a los evasores», ahora que es presidente, ¿Qué hace al respecto?

«En vez de aprobar nuevos impuestos o despedir empleados públicos, Costa Rica debería luchar de frente contra la corrupción y la evasión fiscal, eliminar las exoneraciones de los grupos poderosos de este país y revisar los destinos específicos con cargo al presupuesto.», digo, una sola vez, Rodrigo Chaves, candidato a la presidencia por el Partido Progreso Social Democrático, PPSD.

Costa Rica deja de percibir unos $9 mil millones AL AÑO por evasión fiscal, o sea, lo que dejan de pagar los grandes empresarios al Estado (ROBO).

Esto significa que se requieren de nuevos impuestos al pueblo costarricense, a los más pobres, a los pequeños y medianos empresarios, para solucionar el problema del déficit fiscal y el peso de la deuda pública.

“¿Para qué tratar de maquillar un chancho?, hablemos claro. Arreglar la situación fiscal no pasa por despidos masivos de empleados, ni por impuestos, comienza por detener el desperdicio y la corrupción. Plata no falta, lo que falta es frenar el malgasto y cobrar bien lo que hay”, dijo el Chaves ministro de Hacienda.

¿Por qué ahora no dice nada sobre la brutal y obscena evasión Fiscal de los grandes empresarios que piden más impuestos al pueblo y a los trabajadores?

¿Por qué ahora habla de privatizar el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de Costa Rica, S.A., la mitad de las acciones del Instituto Nacional de Seguros y los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social?, está claro, y él lo sabe, que miles y miles de trabajadores y trabajadoras irán a la calle y que Costa Rica perderá miles de millones de dólares.

Las crisis económicas son producidas por diferentes variantes, internas y externas claro está, sin embargo, para nuestro país la principal se centra en la corrupción en las altas esferas del sector de Gobierno, Legislativo y el gran empresariado. Ellos son quienes producen «las crisis» económicas de Costa Rica y, retomando las palabras de propio Rodrigo Chaves, aquel que fue ministro de Hacienda y que «no es el mismo» del hoy presidenta, “no ha habido una crisis en la historia que no haya multiplicado el número de pobres, que no haya causado más desigualdad y que no haya hipotecado el futuro de los jóvenes”.

Queda claro quiénes son los responsables de la crisis económica de Costa Rica, los LADRONES DE IMPUESTOS, los grandes empresarios evasores, elusores, contrabandistas y, algunos, hasta metidos en el narcotráfico.

También queda claro que los trabajadores y trabajadoras, el pueblo costarricense DEBE hacerse sentir y manifestarse contra la CORRUPCIÓN, por salarios dignos, por vivienda, por tierra para trabajarla, por la defensa de la CCSS, por empleo digno con salarios y condiciones dignas.

Costa Rica ha caído en manos de una narco-mafia político-empresarial, el pueblo debe recuperarla de esa mafia.

23 agosto de 2022

Feminicidio en Honduras

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

22 de agosto de 2022

Por Marlin Oscar Ávila

El término Feminicidio ha sido conceptualizado por investigadoras como Russell, Harmes y Carcedo quienes argumentan que niñas y mujeres son violentadas por el solo hecho de ser mujeres y que la inequidad social hace que estos malos tratos queden impunes ante la justicia y la sociedad. Russell y Harmes explican que hay diferentes tipos de feminicidios y los clasifican en cuatro, según la relación del victimario con la víctima. Estos son: 1 feminicidio de pareja íntima, 2 feminicidio de familiares, 3 feminicidio por otros perpetradores conocidos y 4 feminicidio de extraños. Aunque los perpetradores tienen diferente relación con la víctima, el perpetrador siempre es varón. Las autoras le dan mayor relevancia a los feminicidios de parejas íntimas por ser más recurrentes en los índices de feminicidio.[1]

El fenómeno no es exclusivo de un país o región. Según la CELAC[2], en América Latina, incluyendo el Caribe (21 países): el Feminicidio o femicidio, último año disponible, 2020,

estuvo como se demuestra en el gráfico abajo, esto corresponde a la cuantificación anual de homicidios de mujeres asesinadas por razones de género. Se expresa en números absolutos y en tasas por cada 100.000 mujeres. De acuerdo a las legislaciones nacionales se denomina feminicidio u homicidio agravado por razones de género.[3]

En este gráfico podemos notar que es Brasil el país con mayor incidencia en feminicidios para el 2020, seguido por México y Argentina. Del Caribe aparece República Dominicana con el mayor índice. De Centroamérica aparece Honduras, quien sigue a Argentina en Sur América, con el cuarto lugar.

En Honduras sucede que hay indicadores actuales que deben preocuparnos, tanto a la ciudadanía sin poder estructural, a la población organizada, como a instituciones del Estado hondureño, más aún cuando en estas instituciones hay mujeres con alto prestigio por sus luchas sociales en el pasado.

Organizaciones de mujeres como CEM-H. CDM[4] y otras, dan a conocer las estadísticas de feminicidio nacional.

En lo que va del presente año, según estas fuentes nacionales, la tasa de mayor incidencia, en el presente año, es del 37.5% de asesinatos (femicidio) de mujeres, ha sido de jóvenes con 20 años de edad. Seguidos por 20.19% de mujeres con 30 años y niñas de 10 años de edad en un 14.42%. Los tres departamentos con las más altas estadísticas son Cortés (con 22.46%), Francisco Morazán (con 15.94%), y Olancho (con 12.32%). En estos tres departamentos se ubican las fuerzas vivas con mayor poder político y de mayor influencia de formación y opinión en la sociedad del país. Según las mismas fuentes, las víctimas al momento de ser asesinadas, se dedicaban al comercio, en un 39%; estudiantes, en un 15%; amas de casa, en otro 15%; las demás eran profesionales con títulos universitarios, a excepción de un 5% dedicada a aseadora o mucama. Los agresores (o victimarios) fueron categorizados como: pareja de la víctima en un 53.33%, o ex pareja, en un 20%; seguidos por ser la hijastra en un 13.33%; la hija, en un 6.67% o la madre, en un 6.67%.

Desde luego, no solamente se trata de visualizar el hecho criminal consumado. Esta un proceso intermedio de violencia contra el sexo femenino cotidiano, el cual se identifica desde temprana edad en los hogares, donde la familia maltrata a las niñas, con humillaciones, ofensas contra su dignidad, frente al varón a quien muchas veces se les califica de héroes y campeones sin demostrar serlo, por el simple hecho de ser del sexo masculino. Están las escuelas, donde las maestras y maestros dan seguimiento a tal deformación social. Si revisamos la integración de los tres poderes del Estado, estos están prácticamente dirigidos por hombres; de manera tal que el discurso de equidad de género son palabras que el viento las lleva y trae o papel mojado en normas llenas de hipocresía política.

Para muestra de lo que hacen los medios para deformar nuestra conciencia y hacer ver a nuestras mujeres y niñas como objetos de consumo y mercado, el viernes 19 del presente, un medio muy escuchado como lo es HCH,[5] trató de grabar por TV las piernas de un grupo de niñas escolares del Instituto Dionisio de Herrera, todas de entre 14 y 15 años.

Es necesario, no solamente endurar las leyes contra violadores y asesinos de mujeres, pero de transformar las instituciones comandadas por personas tolerantes de incestos, femicidios y fomentadores de la impunidad (jueces) de agresores sexuales dentro de nuestra sociedad. Irónico parece ser que, cuando se tiene a la cabeza del poder Ejecutivo a una mujer, no haya contundencia en la política para evitar el alto feminicidio en Honduras. ¿Será por lo que se rumora tanto en cuanto a que el poder lo ejerce realmente un hombre chovinista, quien está detrás del telón, manejando los hilos del poder?

[1] https://www.google.com/search?q=diferencias+entre+femicidio+y+feminicidio&oq=diferencias+entre+famicidio+y+&aqs=chrome.4.69i57j0i13l3j0i22i30l6.25965j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

[2] La Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a …

[3] https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

[4] http://www.cemh.org.hn/femicidios-2022/; https://derechosdelamujer.org/project/2022/

[5] https://lph.news/nacionales/alex-caceres-olvida-apagar-microfono-y-pide-que-graben-las-piernas-a-menores-de-14-y-15-anos/

26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Ricardo Boza Cordero
Especialista en Medicina Interna y
Enfermedades Infecciosas
Miembro Correspondiente ACANAMED

La primera descripción del Dengue fue en Filadelfia, Estados Unidos en 1780 denominándose “Fiebre quiebrahuesos”. En 1903 se demostró que la transmisión era por el zancudo Aedes aegypti, en 1906 se determinó que era un virus y en 1944 se comprobó la existencia de cuatro serotipos.  Este mosquito se encuentra en las zonas tropicales y subtropicales.

El dengue es una enfermedad febril aguda producida por un arbovirus, virus que son transmitidos por artrópodos, en este caso un zancudo (mosquito), el Aedes aegypti generalmente y menos frecuentemente por el Aedes albopictus. Existen cuatro serotipos diferentes y una persona puede padecer al menos cuatro veces el dengue ya que no hay inmunidad cruzada entre los serotipos, sin embargo, las infecciones por serotipos diferentes aumentan el riesgo de padecer de dengue grave. En más del 80% de los casos es una enfermedad leve o cursa asintomática, pero puede presentarse la forma grave antes denominada dengue hemorrágico o choque por dengue, con alta mortalidad.

El periodo de incubación es de 4 a 10 días y los síntomas suelen ser fiebre alta, con escalofríos, dolores osteomusculares severos, dolor retro-ocular, disestesias en la piel, (paciente siente como agujas al tacto), brote en la piel generalizado, inyección conjuntival en ocasiones, vómitos. Estos síntomas suelen persistir usualmente durante una semana.

En el caso de dengue grave, 3 a 7 días después del inicio de los síntomas desaparece espontáneamente la fiebre y se han descrito signos de alerta como dolor abdominal intenso, vómitos, respiración rápida, hemorragias en encías, vómitos con sangre, sangrado por las heces, fatiga y hepatomegalia; ante su aparición el paciente debe ser atendido rápidamente ya que la mortalidad puede ser alta.

En Costa Rica, en los años 40 hay reportes anecdóticos de casos de dengue principalmente en las zonas bananeras del caribe. Durante las décadas de los años 40 y 50 se desarrolló un programa nacional para la eliminación de la malaria (anófeles) y del Aedes aegypti, transmisor no solo del dengue sino también de la fiebre amarilla. Este esfuerzo dio como resultado que en 1959 se declarara el país libre del Aedes aegypti.

En los años 70 y 80, se bajó la guardia en el control de vectores de diversas enfermedades en varios países, incluido Costa Rica, lo que dio por resultado la aparición nuevamente del Aedes aegypti en el territorio nacional, de tal forma que en los años 80 ya se había demostrado su presencia en muchas regiones del país.

En octubre de 1993 médicos de la región de Barranca, Puntarenas, llamaron la atención sobre la aparición de una enfermedad febril aguda en varias personas en esa zona, por tal razón el Dr. Carlos Castro Charpantier, ministro de Salud de entonces, solicitó a INCIENSA una investigación al respecto.  Este servidor en compañía de la Dra. Elizabeth Sáenz, MQC nos apersonamos a esa localidad y realizamos un análisis clínico-epidemiológico. Se estudiaron 20 pacientes, sin embargo, nos refirieron que unas 200 personas estaban afectadas. Los síntomas eran los característicos del dengue clásico. Se tomaron muestras de sangre que fueron enviadas a un laboratorio especializado en Honduras. Unos días después nos avisaron que eran positivas para dengue, con lo que se demostró la presencia nuevamente de este virus en Costa Rica, el cual ya era frecuente en otros países de Centroamérica. Es así como se documentó que nuevamente teníamos dengue en Costa Rica por transmisión endógenas después de décadas de ausencia.

Así se inició esta epidemia en nuestro país.

El diagnóstico de dengue se realiza por medio de un examen de sangre (se detectan anticuerpos) durante los primeros 5 días y es verificado con la PCR, exámenes que son muy sensibles y específicos.

La incidencia del dengue en nuestro país desde 1993 ha pasado por periodos de mayor cantidad de casos. Por ejemplo, en 1994 hubo 4700 pacientes notificados, pero desde el 2005 ha existido un aumento sostenido de diagnósticos, llegándose a informar casi 50 mil en el 2013. Según el laboratorio de vigilancia del dengue en INCIENSA, en los años 2020 y 2021 hubo una disminución importante en el número de casos reportados lo que puede deberse a que la pandemia por covid-19 eclipsó de diversas formas la notificación del dengue: se le dio más importancia a la covid-19, las personas aún enfermas por dengue no buscaban atención médica, se diagnosticaba como covid-19 enfermos con dengue, el confinamiento impidió que enfermos con dengue buscaran atención, la disminución de la movilización de las personas produjo un menor flujo migratorio desde y hacia zonas endémicas y por último los recursos de los centros de salud se dirigieron hacia la covid-19.

Con respecto al Aedes aegypti, en la década de los 90 rápidamente se diseminó por todo el país, esto debido a varios factores:

1.-El calentamiento global ha provocado aumento de temperaturas y mayor cantidad de lluvias.

2.- El mosquito también ha modificado su comportamiento: ahora no solo se alimenta durante el día, sino que en los últimos años se ha observado que también lo hace por la noche. Asimismo, la temperatura ideal para el desarrollo de estos insectos es entre 26°C y 28°C actualmente se encuentra en regiones con temperaturas más frías de 20°-25°C.  

3.- La explosión urbanística desordenada de nuestro país y el mal saneamiento ambiental.  El zancudo crece en aguas estancadas cerca de los domicilios (jarrones para plantas, llantas, canoas, basura en los patios).

No obstante, la lucha por su erradicación no debe parar y se deben contemplar siempre esas condiciones ambientales y climáticas. Recordemos que el A.aegypti  también transmite los virus del zika, chicungunya y fiebre amarilla.

Agradecimiento a la Dra. Marta Víquez y al Dr. Mauricio González de INCIENSA

 

Imagen ilustrativa, UCR.

La bella y la bestia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Ahora que se realiza en Costa Rica una actividad anunciada el año pasado, es oportuno recordar lo que escribimos hace tres años, como reacción a detractores que nunca faltan. Y es que por primera vez en la historia, Costa Rica es sede de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC), que está realizándose en el CENTRO DE CONVENCIONES DE COSTA RICA.

Escribimos entonces que el Centro de Convenciones, en menos de un año, había logrado ventas superiores a US$3.3 MILLONES, lo que se calificaba de excelentes resultados tomando en cuenta que (como sucede con un nuevo hotel, por ejemplo) se requiere un tiempo de adaptación, para insertarse en una actividad que ya está sobre la marcha y donde los contratos turísticos y organización de convenciones, se hacen con dos o tres años de anticipación.

«El vaso está medio lleno» ¡y llenándose!, y el turismo se reafirma como la más importante fuente de divisas extranjeras y empleo de Costa Rica.

Bienvenidos los distinguidos participantes a la citada Conferencia Anual, acogidos en unas instalaciones donde los diseñadores y arquitectos se esmeraron en construir un edificio amigable con el ambiente, conforme al prestigio que tiene Costa Rica como un activo soldado en contra del cambio climático.

Por otro lado, no sabemos cómo lo lograrán los anfitriones, pero ojalá eviten que los amigos extranjeros lleguen a ver, ni a un kilómetro de distancia, el horrendo y antiecológico edificio legislativo, que en forma de block de cemento se construyó impunemente SIN Estudio de Impacto Ambiental, pese a que el gasto fue cercano a ¢85.000 millones.

Visitantes que ahora admiran «la bella» del cuento infantil, pero que no merecen llevarse la imagen de «la bestia».