Abelardo Morales-Gamboa

Sí, primero fue la criminalización de las protestas sociales, luego la ley que castigaba a los trabajadores por realizar huelgas y paros de labores. Luego vino la campaña en contra de universidades, maestros y empleados públicos a quienes se quiere responsabilizar por la crisis de las instituciones y las debilidades del Estado. El Grupo Nación, a través de su medio periodístico, ha sido uno de los más estruendosos voceros de esa campaña.

La pacífica sociedad costarricense, uno de los pocos paradigmas de las políticas del consenso en América Latina, en poco menos de una década se ha visto sumergida en un clima político cultural del sálvese quien pueda y de repliegue en torno a intereses corporativos y particulares. Desde luego que las corporaciones empresariales han sido las mejor posicionadas en ese mercado salvaje, tanto las viejas oligarquías como las recién impulsadas por la transnacionalización del capital.

Espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, propios y autónomos, de grupos subalternos, de minorías y mayorías excluidas no existen; el negocio de la información está concentrado en manos de élites empresariales y bancarias. Así funciona esta sociedad donde la información y los medios de comunicación, como en muchas otras, pese a realizar una función pública, responden primero a los negocios y a las estrategias de control político y, por tanto, a los dispositivos de la dominación de clase, que a otros intereses sociales.

El enfrentamiento entre el gobierno recién iniciado el 8 de mayo y varios medios de comunicación, pero principalmente el Grupo Nación, considerado el más fuerte del país, es difícil de entender. No se explica ni como un intento serio de debilitar a ese emporio empresarial, ni como una cruzada para democratizar los espacios de información y para dar voz a los grupos silenciados por el poder. Pareciera un exceso de temeridad, un poco suicida de parte de un presidente que no tiene base social salvo sectores de una masa enfurecida que hoy lo podrán respaldar, pero mañana lo dejarían solo. Me suena a nada más que una bravuconada y ajuste de cuentas.

Hasta allí podríamos decir, estos son solo relampagueos de una tormenta interburguesa. Pero detrás de ello hay elementos gravemente preocupantes: usar con fines políticos instituciones y normas administrativas, no jurídicas, como si estos fueran afiliados cuchillos para hacer justicia, le raja el piso a la legitimidad institucional que todavía queda en el país. Así ha actuado el gobierno al parecer en contra del Grupo Nación, de forma autocrática y posiblemente ilegal. De la misma manera que han venido actuando los gobiernos autoritarios en la región y no incluyo solo a los de Buckele y Ortega; también a los gobiernos de Honduras y Guatemala acostumbrados a gobernar manu militari. Alegrarse por ese rumbo despótico, matón y machista del presidente Chaves, puede ser un error del que luego habremos de lamentarnos.

Es grave y peligroso, porque esos mismos procedimientos, arbitrarios y despóticos, podrán luego aplicarlos, no solo a otras empresas, sino a organizaciones sociales, a universidades e, incluso, fuerzas políticas para silenciarlas. Con ello, están llevando la dinámica de las contradicciones sociales de este país al borde del abismo con peligrosas consecuencias. Yo no me alegro, me hace temer peores cosas pues cuando se siembran tormentas, se acaba cosechando tempestades.

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