Invito a leer, este informe, publicado la semana pasada (ver link abajo).
Al ser el documento más reciente, con una descripción acerca del cambio climático (i.e., calentamiento global antropogénico), contiene lo fundamental y lo más actualizado, y no sólo para Estados Unidos.
El texto está bien escrito y, aunque es un bloque de casi 500 páginas con muchos tecnicismos, al final está bien dosificado. Trump ni nadie lo impidió ni lo hizo editar, como quizás algunos pudiesen haberlo querido. Es posible que la presión por avanzar se está haciendo elevada internamente, gracias a la participación de muchos especialistas renombrados, todos del gobierno.
Se espera otro informe que será de más detalle en el ámbito del país, acerca de los impactos, y que saldría en 2018, cuando ya estará el IPCC-AR6 en proceso.
Ahora bien, desde mi perspectiva el enfoque de promedios y la baja resolución de los downscalings (aunque la mejoren un poco), es el enemigo principal de estos documentos, pues las proyecciones gruesas (hechas aquí y usadas por otros) terminan convirtiéndose en especulaciones y generalizaciones bastante groseras, que no ayudan y más bien le quitan el valor y el rigor a los esfuerzos científicos y políticos.
A pesar de que creo que el informe está bien hecho, creo que no dice, en la práctica, muchas cosas que uno pudiera decir y que se consideran nuevas, pertinentes y oportunas frente a lo que ya se ha venido insistiendo (e.g. el capítulo de modelos y de su incertidumbre, y el de los posible cambios abruptos por retroalimentación de las causas y consecuencias, lo cual no es considerado en la modelación y que se podrían destacar como que tienen énfasis diferentes).
En general, el informe ratifica lo que ya se sabe, pero quizás, como resumen que es y por las referencias que trae, puede ser muy útil.
Sin embargo, no se habla una palabra de la adaptación/gestión del riesgo, aunque ese no era su objetivo, pero uno siente que le hace falta, pues no es difícil concluir, con todo lo que se explica y ya se ha explicado antes, que se está muy lejos de poder neutralizar el problema con la simple reducción de las emisiones de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Aparte de que aunque hubiese un consenso total sobre este detalle, su factibilidad, en la práctica, es mínima y esto se puede afirmar sin darle muchas vueltas al tema, a los datos y a los hechos, incluso independiente de lo que haga o diga Trump…
Mediante el mecanismo de iniciativa popular, es decir, con la firma de 150 mil costarricenses, se presentó un proyecto de ley de aguas para subsanar más de 70 años de rezago que tiene nuestra legislación en la materia.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Iniciativa Popular, hace como tres años se debió haber votado (a favor o en contra) esa propuesta ciudadana. No se ha querido hacer. La derecha y las Cámaras no lo han permitido. Se realizaron reformas a la iniciativa popular, sin embargo, el texto conserva avances importantes. Algunos de ellos, generan gran oposición de sectores agroindustrales y comerciales privados, que hoy en día se ven favorecidos con multas de 700 colones por contaminar el agua y cánones ridículamente bajos por el pago de concesiones.
Estos avances polémicos se resumen en:
Multas de hasta 50 millones por daños relacionados con el recurso hídrico
La posibilidad de actualizar los cánones y cobrar altos precios a quienes lucran con el agua
Confirmar las áreas de protección de la legislación vigente (este no es un cambio)
Declarar todas las aguas del dominio público
Actualizar los mecanismos para otorgar de concesiones de agua, claramente obsoletos y evitar las posibilidades de comercializar esas concesiones
Garantizar la participación ciudadana mediante consejos de cuenca (órganos conformados por varias instituciones, ASADAS y Universidades Públicas), que toman decisiones sobre el manejo de la cuenca
Mantener las condiciones especiales de las concesiones de uso doméstico
Para no pegarse el color de quitar del texto de iniciativa popular esos puntos, el diputado liberacionista, Juan Marín, presentó un nuevo proyecto de ley que se encuentra siendo tramitado apenas en la Comisión de Ambiente. Ahí se negoció con la Cámara Nacional Agropecuaria (principalmente) y con PLN-PUSC-PAC-minoritarios (el Movimiento Libertario no, hoy nos dimos cuenta). Sin embargo, en la Comisión, la representación del Frente Amplio les llenó de mociones el proyecto, con lo que se dificulta muchísimo su avance.
Como les urge, revivieron el de iniciativa popular que nunca habían querido someter a votación, para ponerle otro texto encima que sirva a sus intereses, y aprobarlo aprovechándose de las ventajas de procedimiento que tiene el proyecto que propuso la gente (¡150 mil personas, es mucha gente!).
Para lograrlo, hicieron una “trampilla” de procedimiento: devolvieron (por unos segundos) el proyecto de iniciativa popular que estaba en Plenario a la Comisión de Ambiente y, luego, lo volvieron a “subir” de regreso. Ahora, el Plenario se convierte en una Comisión, se le llama Comisión General. Esto es como un portal de unas horas. Se abre a las 3 de la tarde y cierra cerca de medianoche. Un solo día. Llegada la hora, se somete a votación, así tenga millones de mociones pendientes de discutir. Ese portal se abrió en Halloween (este 31 de octubre), pero diputadas y diputados del Frente Amplio se salieron de la sesión y se rompió el quórum. Cerraron el portal de aquí al jueves, que se reabre.
Como son tan vivillxs, habían presentado su texto mucho antes de que el portal se abriera, el que se presentó a tiempo fue el del Frente Amplio (FA) y, entonces, era el texto que correspondía conocer, pero como no iba a dar tiempo de ver más que uno, entonces se tendría que votar la propuesta frenteamplisa, una vez llegada la hora ta-tá. Pero, por lo que pareciera argolla con el Departamento de Servicios Técnicos, lograron que se los aceptaran, el de ellxs (fuera del portal) primero, el del FA (dentro del portal) después. Lo hicieron con una resolución que dice algo como que cuando se trata de echarles la mano a Juan Rafael Lizano y la Cámara de Agricultura, los portales se amplían según sea necesario.
El texto que quieren aprobar es regresivo de dos maneras: i) en unas cosas, al compararlo con la iniciativa popular y ii) en otras cosas, al compararlo con la legislación que tiene más de 70 años. Es decir, nos quieren llevar al siglo pasado… o antepasado, a aquellos tiempos cuando el agua era un recurso inagotable.
Los manoseos, con respecto a la iniciativa popular, se resumen en:
Dar los mismos beneficios que los usos domésticos (sobre trámite y precio) a la producción ganadera de hasta 35 hectáreas. Alegan que 35 hectáreas de vaquitas, apenas da para la subsistencia. ¿De qué vivirá la gente que tiene 20 hectáreas con vacas?
Eliminar los consejos de cuenca que definían la planificación hídrica y permitían algún nivel (si bien muy reducido) de participación ciudadana
Bajar las multas. Por ejemplo, las sanciones gravísimas pasan de estar entre los 20 y los 50 millones a estar entre los 2 y los 2.8
Se mantiene la posibilidad de actualizar los cánones por la concesión. Sin embargo, en su página de FB, el Ministerio de Ambiente aclaró que no tienen planeado actualizarlos, sino que se mantendrán igual… o sea, seguirán regalando el agua a la Coca Cola y a la Cervecería…a las piñeras, a las meloneras y, obvio, a las bananeras de Desanti
Las áreas de protección que existen se mantienen. Sin embargo, el nuevo texto dice que Dice que se deben ir reforestando de a poquitos las áreas de protección, comenzando por los primeros 5 metros. Nos oponemos, área de protección, es área de protección. Debe estar sin tocar siempre
Con respecto a la Ley que nos rige (la del siglo antepasado), el proyecto que nos quieren clavar, es regresivo por lo siguiente:
Propone que las concesiones se den sobre la propiedad (la finca, por ejemplo) pero, (ahí está EL detalle, diría Cantinflas) a nombre de una persona. ¿Qué pasa si el inmueble cambia de propietaria? El concesionario debe hacer el traspaso de la concesión o renunciar a ella. Si renuncia, el nuevo propietario tiene que volverla a sacar. Eso implica un exceso de trámites y abre el portillo para que se “traspasen ” las concesiones entre propietarios de los inmuebles. Las concesiones de aguas serían como las patentes de licores pero como si las tuvieran que choricear con todo y bar.
Permite inscribir las áreas de protección (200 mts alrededor) de las nacientes captadas para consumo humano a nombre de personas privadas. Hoy en día, ese terreno es del Estado (desde hace como 70 años es así). Es decir, quieren regalarle tierras a los finqueros. Si bien, no pueden usarlas para ninguna otra cosa que la conservación, estamos hablando de la misma gente que siembra arroz en los humedales y piña sobre la milla fronteriza. Es mejor no confiarles nada más.
Compartido por Mario Cabrera. Tomado de la página de Facebook de Sofía Barquero Mata.
En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «Foro: explotación piñera en Costa Rica«, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública. Participaron a la actividad Mauricio Álvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningún expositor. Al tratarse de un foro sobre un tema que amerita desde muchos años un debate público con las autoridades, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos denominan el «dulce orgullo» de Costa Rica, otros, una «vergüenza nacional«.
Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.
La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña «Sweet Gold» o MD2
Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada «Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio» de junio del 2017).
En algunas de las intervenciones, se especificó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña «Sweet Gold» o MD2 en Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raíz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada «Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations«). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, 10 años después, Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.
Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres.
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada «Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo» (sitio oficial de la UCR, 2013).
El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre «prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio«). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.
En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:
«85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production«.
En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.
Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algún tipo de regulación para restringir y limitar su uso.
Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán: la excepción la constituyen los cultivos de piña y de banano (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.
Foto de cultivo de piña en Costa Rica extraída de artículo de prensa titulado «Piña tica está a un paso para ser exportada a China» (El Financiero, 2017).
Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses
Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:
Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país«.
Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada «Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica» (Pesticide Action Network, UK).
Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue «adaptada» para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): leemos en este artículo del 2011 titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una viabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?».
A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con los peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró notablemente (véase tabla ubicada al final).
En el caso del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa): unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.
Foto extraída de nota titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations» (Swedwatch, 2012).
Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:
“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña
A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.
En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).
Según datos de la UNCTAD (véase informe), el mercado mundial de la piña se reparte (cifras al 2014) de la siguiente manera, en la que destaca la posición privilegiada de Costa Rica (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, extraídas de la tabla 3. «Top ten fresh pineapple exporter countries, tonnes, 2014«, p. 13):
En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas» ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.
Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especialde la Revista Ambientico(UNA) del 2008 se lee que:
«Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida» (p.3)
Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«).
Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).
De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los «miles» de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) están debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).
El discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:
«se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)
(Véase nota del Semanario Universidad titulada «Moratoria piñera es deuda del gobierno«).
En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véasenota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:
“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).
A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación
Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue la tónica (véase, a modo de ejemplo entre muchos, esta nota sobre un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial). El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube.
En un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?«, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe (véase texto completo del artículo):
«El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental«.
Breve selección de artículos de opinión / notas / tesis recientes sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:
ACOSTA PEREIRA E. (2008), «La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón«, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.
AGENCIA EFE (2017); «Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica«, Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.
ARAYA J. (2017), «Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2017), «Piña vs. Agua: el costo del sacrificio ambiental», Página Abierta (Suplemento de opinión, DiarioExtra). Texto disponible aquí.
ASTORGA A. (2011), “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña”, La Nación. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N. (2015), “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Texto disponible aquí.
CORDOBA J. y AGUERO M. (2015)»Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!”, Semanario Universidad. Texto disponible aquí.
FERNANDEZ E. (2013), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«, Revista HAL, Texto disponible aquí.
NAVAS V. (2017), «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, Suplemento Ojo al Clima. Texto disponible aquí.
OBANDO A. (2017), «Las múltiples realidades de la piña«, Revista VACIO. Texto disponible aquí.
OBANDO CAMPOS A. (2017), «El Estado detrás de la piña: el desarrollo de los monocultivos de exportación en la Región Huetar Norte de Costa Rica«, Universidad de Costa Rica (UCR). Texto disponible aquí.
POMAREDA F. (2015), «5-year moratorium proposed on pineapple production in Costa Rica«, The Tico Times. Texto disponible aquí
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Francotiradores de la policía. Cerros de Aguas Claras-Ocaña. 25 de junio de 2013.
El columnista e investigador social Ariel Ávila presentó, en el mes de mayo del presente año de 2017, su libro “Seguridad y Justicia en tiempos de Paz” y en el que asegura que la Policía Nacional debe separarse del Ministerio de Defensa. Su propuesta de un profundo revolcón en la Policía Nacional la sustenta en la desigual distribución de los efectivos policiales en la ciudad y el campo, destacando que en 26 ciudades principales del país, que ocupan el 1% del territorio nacional asienta el 49 por ciento de la Policía lo cual implica que el 51% restante, en imposible y titánica labor debe suplir el cuido de un extenso territorio como el colombiano con un millón ciento cuarenta y dos (1.142) kilómetros cuadrados y población de cincuenta millones de habitantes; planteado dos jefaturas una rural y otra urbana. Con su investigación demuestra la necesidad de una reforma cuando en general el gobierno, los militares y los policías son conscientes de la urgencia de esa reforma; pero pesa más la tendencia militarista al seno de las fuerzas armadas que no lo ven con buenos ojos.
El acumulado bibliográfico sobre el tema de la militarización de la Policía Nacional abunda en que toda la estructura de la Policía Nacional debe modificarse. Denuncian la existencia de cacicazgos, a través de juntas de generales permisivas y cómplices en el acomodo de la planta de personal. La inexistencia de una aplicación de carrera policial, a la que se llegue por méritos cívicos, antecedentes en el servicio con la comunidad, capacidad operacional. El desconocimiento de beneficios prestacionales, y de equitativos balances de nivelación de sueldos, coartando sus días de descanso, sometiéndoles a jornadas de trabajo que atentan contra la dignidad humana, rompiendo la unidad y armonía de sus familias, denunciando el abuso sexual, tanto heterosexual como homosexual, el incremento de violencia de género en sus filas; así como alto índice de registro de suicidios. Torrentes de tinta escrita sobre la corrupción reinante y campante y el involucramiento de generales directores de la institución en investigaciones criminales. Todo ello unido al manipuleo de los ejercicios internos de contra inteligencia aplicados para mentir y desfigurar la verdadera realidad caótica de la institucionalidad policial.
Resumiendo, la Policía Nacional de Colombia (La Policía), hace parte de la Fuerza Pública. El artículo 216 (CPC), sentó: “La Fuerza Publica estará integrada por las Fuerzas militares y la Policía Nacional”. Según el artículo 218, inciso segundo, ibidem, “La policial nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación…”. Pero esto no le da vocación civilista; por el contrario, la integra a un carácter de policía militar. Asimilado su régimen de carrera, prestacional, disciplinario, de fuero especial y con identidad de cuerpo militar; no deliberante, sin poder ejercer la función del sufragio, al igual que los militares, por ser integrante de la Fuerza Pública. Los grados son los mismos del cuerpo militar. Ascienden al generalato. La romántica idea del policía del barrio, de la guarnición policial, del comandante del puesto, del servidor público con derecho a sus reivindicaciones sociales, laborales, no existe. La Policía no es un ente cívico. Su naturaleza es militar, pese al mandato constitucional inconsistente, que desdice de la índole con que la revistió el constituyente de 1991. A La Policía la circunscribe y prescribe el fuero penal militar. De manera que por más que la ley reorganice a La Policía, la índole real de su esencia es militar. Birlaron en la redacción de la Carta la voluntad soberana del Constituyente primario. De “país de cafres” los tildó una personalidad colombiana.
La carga histórica de la policía colombiana
La policía nacional de Colombia tiene una historia signada de odios partidarios, violencia política, sangre, asesinatos sin fin, endiosada impunidad, que el colectivo imaginario colombiano asocia en desconfianza por su criminalidad, a secas. La institución policial colombiana mantiene un peso histórico en la memoria de los colombianos de odio y terror, alimentada por excesos sucedáneos diarios que la colocan en el podio de ser la Policía más Cuestionada del Mundo.
Al decir del inmolado senador Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que, tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.
La vergonzosa historia de la policía colombiana raya en el cinismo cuando la oculta tan bien a nivel internacional, engañando a los pueblos que influencia con tolerancia borrega de mandatarios espurios. Como es posible que la Policía Nacional de Colombia pueda convertirse en una agencia internacional de la escuela del crimen bajo la ceguera de la comunidad internacional. La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas.
Se conoce que la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad. Careciendo la policía colombiana de una vocación cívica, puesto que conforme a la Constitución Política de Colombia la policía colombiana es una institución de las fuerzas militares; en la alocada carrera armamentista, guerrerista de seguridad de exportación de la doctrina militar imperante en Colombia.
¡Este llamado de alerta! a la comunidad internacional obedece a impedir la desmemoria. A que no se entierre la memoria histórica del pueblo colombiano. Es resultado del proceso político y revolucionario incontenible por una Nueva Colombia, que dé al traste con sus instituciones Terroristas de Estado.
Se haría extenso reseñar y analizar el papel fratricida en los cien años de historia de la policía de Colombia. Da para mucho. Pero conviene no pisotear ni pasar por alto la Memoria Histórica. Colombia es un país desgarrado por la guerra civil no declarada que apunta con la violencia partidaria liberal- conservadora, en la que la llamada policía chulavita desgarró a la familia colombiana y a su tejido social, con más de trescientos mil muertos; más la guerra narco paramilitar y Terrorista de Estado que continuo en este siglo XXI y que denota la escalofriante cifra de doscientos cincuenta mil muertes más. Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.
La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica. Es más, el aún imperante régimen de la falsaria “seguridad democrática” de la horrible noche paramilitar uribeña, descarta la colaboración consiente, solidaria, espontánea de la ciudadanía ante el crimen y acude a imponer la vergonzosa cultura del sapeo, la traición, el asalto de las recompensas al erario, y la desvergüenza a la juventud colombiana, bajo la presión de la desmemoria histórica. Ello, de por sí es criminal. La presencia de unas instituciones (partidos políticos etc.) con debilidad estructural, carencia de identidad y de convocatoria popular a una participación democrática directa, refleja el caótico rumbo y derrotero que una política guerrerista de la oligarquía e intervencionista del Imperio. Ello les torna incapaces en la convocatoria de representación de los ciudadanos colombianos para afrontar la seguridad ciudadana.
La policía nacional de Colombia: ¡violadora de derechos humanos!
Asumir la responsabilidad de tamaña acusación a una institución centenaria colombiana, no obedece a obsesión por motivación de activismo político alguno. La comunidad internacional y la opinión mundial debieran centrar la atención en el mal endémico que la Policía Nacional de Colombia representa en un país- escenario de conflicto interno armado- con un tejido social roto, con índice creciente de homicidios, práctica de desaparecimientos, de ejecuciones extrajudiciales; que por la constante, permanencia, repetición, no modificabilidad, en una sociedad maltrecha y en un Estado fallido en el respeto a la vida, honra y demás derechos y libertades individuales y de la ciudadanía, los principios fundamentales de la Constitución Política Colombiana( CPC) son letra muerta.
No es menester un tratado de exposición extenso, aunque si hay mucho de qué hablar, tela de donde cortar, para sindicar a La Policía, como violadora de los derechos humanos. El expediente es extenso. Los sinnúmeros de papeles referentes a este asunto hablan por sí solos en su contra. Tanto a nivel de la juridicidad interna, cuyo estadio de investigación a sus sindicaciones e involucramientos en investigaciones de crímenes de lesa humanidad, inconclusos o no, bajo la égida de la impunidad; como la resonancia de casos asistidos en entes de investigación y justicia internacionales. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
Claro está que, por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario.
Sobre la última masacre registrada
Por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PINIS– campesinos de la región del Alto del río Mira, vereda El Tandil, en Tumaco, Departamento de Nariño, protestaban el pasado 5 de octubre de 2017. Formaron una cadena humana impidiendo que el fatídico escuadrón de la Policía Nacional- El ESMAD- los desalojara de sus parcelas donde subsisten gracias al cultivo de coca. Se opusieron radicalmente a la erradicación forzada de esos cultivos para evitar que los policías y el ejército arrancaran las matas de sus suelos. En el enfrentamiento, miembros de la Policía Nacional dispararon a mansalva contra los manifestantes campesinos trayendo como resultado la muerte de nueve campesinos y más de 50 heridos. Entre telones las fuerzas represivas difundieron que habían sido atacados con tatucos o fusilería informal y hasta el vicepresidente colombiano sustentó tal esperpento. Mismo que fue desconocido por el Informe de Medicina Legal, que dictamina la causa de la muerte de los labriegos fue producida por proyectiles de alta velocidad, es decir, por tiros de fusil.
Dos días después, ante la denuncia de la masacre y versiones que en las tierras invadidas por la Policía Nacional un cadáver de un civil permanecía en estado putrefacto, una comisión de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, acompañados de representantes de las Naciones Unidas, la OEA, la Gobernación de Nariño, La Asociación Minga Somos Defensores y periodistas se acercaron al lugar de la masacre siendo recibidos a fuego por parte de la Policía Nacional. Esto generó nuevo repudio y categórico comunicado del representante de la ONU, denunciando el criminal incidente. Quedó así demostrada la ruptura del orden constitucional en un Estado que se da las ínfulas de calificarse como “Estado de Derecho”.
Fue dada la orden por parte del locuaz Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y el apéndice de una fuerza en el papel de invasor contra su propio pueblo, cumple con la orden de a sangre y fuego imponer la erradicación forzosa de cultivos de coca, con pasajes siniestros del Plan Colombia, desconociendo los alcances políticos de la implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, en noviembre de 2016, sobre esta materia. Esto no solo incumbe al Estado colombiano, como quiera que el plan de sustitución de cultivos es apoyado por la comunidad internacional.
La historia se repite
Potencial situación a la ocurrida en el Alto Mira, Tumaco, se presenta en El Catatumbo, por incumplimiento del gobierno a lo pactado con los campesinos. Allá la masa campesina está movilizada. Durante el paro campesino de 2013 asesinaron a cuatro campesinos- nuestros mártires- por francotiradores policiacos del escuadrón policial, el ESMAD, ensañados contra los manifestantes. Esa cuota de deuda por impunidad del terrorismo de estado es aún vigente. Han transcurrido cuatro años de negociaciones entre la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA-C), sin materializar los temas de reivindicaciones para ellos como son el cumplimento de erradicación voluntaria de los cultivos de hoja de coca con la comunidad. La implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC).
La Asociación Campesina del Catatumbo- ASMCAT – permanentemente aboga por los prisioneros políticos capturados durante el Paro del Catatumbo: Elivaneth Uribe, Edgar León Sanguino y Ramón Elías Claro.
¡Crece…crece la audiencia, por la existencia de una policía civilista y cívica en Colombia!
Había una vez un país que se llamó Costa Cándida y de exuberante naturaleza, que fue muy pacífico y solidario, que firmó con una nación algo así como USA A TODO EL MUNDO un tratado comercial que se conoció como “Todo Lo Contrario” o TLC; y que a sus ciudadanos le vendieron la idea de que si no aceptaban el tal tratado, “algo malo les iba a suceder…”, y les metieron temor con un documento que se conoció como el “Memorandun del Miedo”, para que votaran por el SÍ en un Referéndum manipulado; y con la complicidad del ente electoral llamado TSE, por sus siglas: Trampa Solapada para Engañarlos.
Por aquel entonces en Costa Cándida gobernaba OAS, que “creía en la dictadura de la democracia”, él cuál era amado por la mitad de esa población y odiado por la otra mitad; como era de esperar el país sufrió las consecuencias de ese “tratado”, que fue igual a cambiar su Constitución Republicana por una Constitución Económica, que únicamente benefició a los ricos de Costa Cándida ligados al gran capital extranjero y, en donde lo humano – humano ya no importaba porque todo se convirtió en mercancía.
OAS, que era muy astuto le dijo a su pueblo que al firmar el Todo Lo Contrario, los trabajadores de las empresas que iban a trabajar en bicicleta, luego irían en unas motocicletas llamadas dizque BEMES; y los que venían en INOCENTAY, luego vendrían en otro afamado “MECHE”, ¡por supuesto que eso no fue así!; más bien esos trabajadores se quedaron sin empleo.
La gente sabía que a OAS lo entrevistaban muchos medios de información, entre ellos uno allá por Yoranta-oligarquía, cuyo nombre era La Nadación; y ante la pregunta de un periodista de ese diario “sobre las motos BEMES , los INOCENTAYS y los MECHES de trabajadores que no los veía por ninguna parte”, – OAS respondió, que quizá eso se pudiera lograrse en 100 ó 500 años”; vale decir nunca…; y dado que ese pueblo era ajeno a la realidad , no se percató de que OAS les hablaba en sentido figurado. ¡Bastante perverso el personaje)!
También cuentan, que el país de Costa Cándida estaba compuesto por muchos ingenuos que habían creído en esas cosas de los Todo Lo Contrario, pero que un buen día dejaron de creer en las fantasías de los TLC´S que les imponían los políticos entreguistas; y entonces surgió una nueva generación de personas que se erigieron como defensores de la Dignidad Nacional; y que enrumbarían de nuevo al país de Costa Cándida por una senda de hermandad, solidaridad, amor, decencia, honestidad y ética de sus gobernantes. ¡Claro!, esto fue un sueño, porque esos habitantes pasaban dormidos permanentemente por su falta de consciencia social y nunca los eligieron, “llegando al extremo de perder unas instituciones que se llamaron CCSS, A y A, y otras más”; y con ello muriendo mucha de su población al no tener buenas condiciones para mantener su salud.
Curiosamente, los habitantes de Costa Cándida vivían en una total inseguridad por los asaltos, pillaje, asesinatos, violencia, ajusticiamientos, intolerancia, odio, descalificación del contrario, desempleo, hambre, corrupción pública y privada, sicariato, pobreza, desigualdad, exclusión social y económica, narcotráfico, miseria, destrucción del ambiente, pérdida de derechos e inexistencia de un Fiscal General de la República que adecentara la función pública; pero que pese a ese estado de cosas, esas personas se decían estar “PURA VIDA” y ser las más “felices del mundo”, ya que creían en unas estadísticas que les venían de exterior y en donde les indicaban eso; y que como resultado de su inacción, hizo que los habitantes de Costa Cándida se extinguieran.
¡Cómo se podrá comprender de ese país solamente quedo su historia!
La búsqueda de un Acuerdo para dar por terminado el conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), explorada en Quito a marzo de 2016, confluyeron en la apertura de una mesa pública de conversaciones, cuando el gobierno del presidente Santos nombró una comisión especial encabezada por el ex ministro Juan Camilo Restrepo. Gesto repetido por la contraparte insurgente, consecuentes con una voluntad política en la exploración de diálogos y conversaciones comunes. Esas conversaciones-que no negociaciones- se fijaron en 6 puntos en la Agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2. Democracia para la paz. 3. Transformaciones para la paz. 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto armado. 6. Implementación.
Durante el transcurso del año 2017, se cumplieron tres fases de conversaciones entre los Plenipotenciarios del gobierno colombiano y los del grupo insurgente; con la cualidad de “plenus”, llenos de poder a lo Acordado, sobre el presupuesto del derecho internacional que conversen un Estado soberano y una fuerza insurgente con status de beligerancia reconocida. Las fases se han cumplido al calor del conflicto armado y concluido en una Acuerdo Bilateral de cese al fuego por 112 días, a partir del 1º de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018.
Como resolver un proceso en que prima la falta de fe
Durante las conversaciones se agudizó la muerte de luchadores populares por fuerzas paramilitares y de extrema derecha. Ha sido implacable la acción contrainsurgente de las fuerzas estatales y expresado sin ambages la contraparte armada que la lucha armada tiene plena vigencia en Colombia; que las condiciones que la originaron en nada han cambiado y que no asimilan lo de una dejación de armas… Con muestras de experimentado malabarismo político, las partes en conflicto no se han levantado de la mesa. La insistencia de la participación de la sociedad en las conversaciones no ha logrado una fórmula de aplicación; pero si obtenido ciento de encuentros territoriales con la instalación de un Comité de Impulso Mesa Social para la Paz. El temario en la base popular continúa siendo los inamovibles: las necesarias políticas de redistribución de la riqueza, como de cambios estructurales en el modelo económico vigente. La defensa de los recursos naturales, lo ecológico y ambiental. La aplicación de fórmulas económicas alternativas ante la crisis hegemónica del neoliberalismo, con búsquedas a un fortalecimiento de la diversificación de la producción nacional y descartar la imposición de la locomotora minera, bajo la falsa premisa que si no se continua con una economía extractiva, desigual y desbastadora de nuestros recursos naturales sobrevendrá la pobreza; cuando está infinitamente demostrado que lo de “crecimiento económico” no implica bienestar a las bases populares , sino al especulador capital financiero multinacional.
Imposible que luego de seis décadas en la búsqueda de una salida al conflicto no se encuentre una fórmula para dar pasos más concretos. Se experimentó, la enseñanza del padre Camilo Torres R: “unámonos alrededor de las coincidencias y dejemos a un lado lo que nos separa”. En esa dinámica se exploró lo de desescalar el conflicto, sin logros concretos. Se convergió en la búsqueda de un cese bilateral al fuego. Convencidos, ambas partes, que hay que cambiar sin las ínfulas unilaterales y prepotentes gubernamentales al hablar solo de cambios y gestos exigibles a la insurgencia sin contraprestación de lo gubernamental; factores externos como la visita del Papa Francisco, decantaron fórmulas de acercamiento. En esto corresponde destacar que pese a los ambientes adversos para la implementación de los Acuerdos con las Farc; a la fuerte influencia de extrema derecha militarista en el seno del ejército colombiano y sin seguir un orden mecánico, se asimiló lo de sacar la violencia de la lucha política, calificando que el logro de un cese al fuego bilateral, aunque temporal, armoniza un desarrollo civilizado del debate electoral por el que transita Colombia. Y aunque el ELN no tiene dentro de sus cálculos o descarta un Acuerdo definitivo antes de las elecciones de 2018; tiene claro que en la etapa de conversaciones no se va a obtener una revolución por decreto. “No concebimos la negociación como un asunto bilateral, sino que es indispensable que se comprometa a todos los sectores de la sociedad, pero no a firmar lo que otros acuerden, sino a diseñar el proceso, a participar en él y a implementarlo” explica Nicolás Rodríguez (Gabino).
Que se entiende por participación de la sociedad
Al manifestar el ELN que no conciben las conversaciones con la contraparte gubernamental como un asunto bilateral, vuelcan el escenario del desarrollo de la lucha de clases en Colombia en el entorno de la participación ciudadana. Pero más allá de la fórmula de la representatividad indirecta constitucional; como en la dinámica propia del movimiento popular. Los cambios sustanciales que el ejercicio democrático impone en Colombia ante la puerta del fin del conflicto armado interno perfilan necesariamente la figura de la democracia participativa directa. Lo de “manera activa y protagónica” sobrepasa lo de la contienda ante un sistema electoral corrupto e ilegitimo, sin visos de un cambio de fondo pese a los Acuerdos de una reforma política como fue lo convenido con las Farc. En la fragua de las fuerzas sociales en crecimiento el silencio de los fusiles insurgentes retoma el cauce del decidir avasallador del movimiento popular. De manera que en símil o comparación sencilla: si lo bombazos desastrosos de la insurgencia contra el tubo del oleoducto no pararon la política desfoliadora de los hidrocarburos en Colombia a favor de las multinacionales petroleras; sea la voluntad de miles de manifestantes populares las que cierren las llaves del saqueo de tan valioso recurso natural. Comprendamos que el silencio de los fusiles no significa la pasividad de las masas populares. Todo lo contrario. Asimilemos que el fin del conflicto armado interno no significa la arriada de las banderas por la lucha del poder popular.
Aquí no se trata de instruir, aleccionar o enseñar. Se trata de ubicar el sentido de las conversaciones con el ELN para lograr la búsqueda de un fin del conflicto armado interno, no sobre el supuesto gatopardismo “que todo cambie para que nada cambie”. Están las enseñanzas que dejan lo de la implementación de los Acuerdos con las Farc. La dictadura mediática del régimen imperante supedita a la opinión pública con el ejercicio legal proselitista del partido político Farc de homenajear al guerrillero Mono Jojoy, a la par a que se homenajea- en todo el mundo- al Che como guerrillero heroico cercanos los 50 años de su asesinato en Bolivia. Incitan a que fue un “sanguinario”, sin demostrarlo; sin ocultar los innumerables bustos y monumentos al “monstruo” Laureano Gómez y/o al fascista G. Alzate Avendaño, creador del paramilitarismo Chulavita.! ¡Estos sí con suficiente registro de memoria histórica demostrada! Cabe aquí recordar “la deudita” que los medios monopólicos privados de comunicación tienen durante el conflicto armado en Colombia.
Además, que significa un cese al fuego bilateral
En primer lugar, el gobierno nacional (presidente y ministro del ramo) firmó el decreto de cese al fuego bilateral con el ELN. Los comandantes de ambas fuerzas en beligerancia- el presidente Santos y el comandante Gabino- ordenan detener las acciones ofensivas. Es decir, todo movimiento, acción, concentración e iniciativa de tipo militar. Comprende la limitación de todo ataque, movilización de tropas medios y elementos de combate que conlleve a sorpresas al enemigo. El cese al fuego bilateral interrumpe temporalmente la guerra, los enfrentamientos. No ha de interpretarse como que se reduce la intensidad del conflicto. Se trata de la detención temporal de las acciones ofensivas. Este cese o alto al fuego configura una tregua bilateral y corresponde a una expresión de entendimiento, como demostración de superación de la desconfianza, de la falta de fe, entre las Altas Partes. De invaluable valor para la nación colombiana.
Tratándose del factor insurgente, siendo sus objetivos el boicot económico por acciones militares, como voladuras de oleoductos, etc., estas cesaran. Dado que la retención de personas con fines económicos implica despliegue de unidades armadas, esa modalidad cesará. Obviamente por parte de la insurgencia no cesará su accionar ilegal, puesto que su razón de ser es el desconocimiento del orden legal y constitucional gubernamentales. Su labor de proselitismo, enrolamiento, sostenimiento bajo una economía de guerra, continuarán. Resumiendo: como organización político-militar, que lo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todo lo militar queda estancado, suspendido, congelado; pero el nutriente político de su caudal ideológico por lo general lo utilizan las fuerzas insurgentes en tregua para la difusión a ultranza de su pensamiento o ideario político. La contraparte de la fuerza armada gubernamental continuará ajustándose a los preámbulos constitucionales vigentes.
Un enfoque territorial
El cese al fuego bilateral del ELN con el gobierno es de alcance nacional. El panorama insurreccional colombiano con el Acuerdo de terminación del conflicto con las ya hoy inexistentes farc-ep, cambia totalmente. En el panorama nacional existe el ELN; pero también persisten reductos del también desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) en zonas del Sur del Cesar, Provincia de Ocaña y el Catatumbo nortesantandereano y vestigios del mismo en el suroccidente en zonas indígenas del Cauca, a juzgar por sus manifestaciones en este año en curso. Huelga mencionar, igualmente las llamadas disidencias de las antiguas Farc-ep, que operan en Guaviare, Putumayo, Caquetá. Los países garantes como las delegaciones de la ONU indiscutiblemente desplegaran consideraciones técnicas al respecto, con miras al absoluto cumplimiento del cese de hostilidades.
Por lo anterior una zona territorial en que el indiscutible flagelo de la guerra persiste es la Provincia de Ocaña y el Alto Catatumbo. Como doliente de esa región, ilustro a la opinión pública nacional y mundial, acerca de la también imperiosa necesidad porque los puentes de acercamiento en torno a un trato calificado para con el Frente Libardo Mora Toro del EPL en esa región del nororiente colombiano enfoque en un acercamiento y reconocimiento a conversar oficialmente con esa facción armada. No obedece a una motivación personal. El EPL dejó de existir como organización insurgente en 1989. Pero quedó y persiste ese frente como reducto del EPL en esos territorios. Cuentan con base campesina. Anidan en núcleos rojos con tradición abstencionista. Manejan presencia territorial y cuentan con jerarquizado mando. Son desoídas sus manifestaciones de entrar a conversar con el gobierno. En el argot o lenguaje especial que usan las personas en la actividad insurgente se conoce del vínculo histórico entre los del ELN y los del EPL como primos. Personeros municipales de esas regiones alientan en la necesidad que se hable con esa facción disidente con presencia operacional, pese a las arremetidas del ejército colombiano contra ellos. Se impone el buscar fórmulas agiles de acercamiento oficial con ellos. Al respecto impera el mandato constitucional. Dada la situación de macartización y señalamiento contra los dirigentes de izquierda y luchadores populares en esos territorios, se requiere los buenos oficios del liberalismo progresista, por ejemplo y de los países observadores y de las propias naciones unidas para que esta coyuntura del cese al fuego bilateral del gobierno nacional con el ELN, también alcance un trato político para con esa facción del EPL proscrito y que con calificativo de insultantes epítetos en nada contribuyen al imparable derrotero del fin del conflicto armado interno en Colombia.
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación restrictiva por parte del juez constitucional español.
Como era previsible, varios Estados de América Latina han reaccionado, manifestando su respaldo a las autoridades españolas: no obstante la sensación de unísono, lo han hecho de manera muy diferente el uno del otro, denotando en algunos casos una extrema prudencia y mesura, mientras que en otros, una lectura bastante peculiar de la realidad que viven los catalanes.
La cuestión de la autonomía de Cataluña: intento de breve recapitulativo
La lectura de la declaración de independencia catalana permite conocer varias de las demandas catalanas que esperan una solución, sin encontrar eco alguno en los últimos años. En esta reciente entrevista a José Montilla titulada «Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones con el tema de Cataluña”, se lee que:
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos”.
Recordemos para el lector poco familiarizado que una larga sentencia del Tribunal Constitucional de más de 800 folios, con relación al Estatuto de Cataluña de 2006, fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El Pais de julio del 2010).
Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:
«El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas«.
Tuvimos la oportunidad de examinar brevemente el tema de Cataluña desde la perspectiva del derecho internacional en una nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno
Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.
La ONG Human Rights Watch (HRW) este 12 de octubre denunció en un informe el uso excesivo de la fuerza y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad durante la jornada del 1ero de octubre (véase nota de HRW). Diez días antes, el 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había solicitado a España investigar la violencia policial que sufrieron muchos de los votantes catalanes, señalando que:
«I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms. I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit«.
(Véase nuestra breve nota editada en el sitio de Debate Global con el texto completo de dicho comunicado).
Dos días antes del referéndum, el 28 de setiembre, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían hecho advertencias a España (véase nuestra breve nota al respecto también editada en Debate Global).
Esta violencia policial y la ola de repudio e indignación que causó, así como la escalada verbal y el tono amenazante de las máximas autoridades españolas, aumentaron significativamente la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.
La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: «We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics» (véase texto completo de su comunicado).
Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió
«4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017«.
Suspendida el 9 de octubre por esta nueva (e inusual) orden de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.
Un nuevo compas de espera
El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que «El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada» (véase nota de prensa). Con esta aseveración hecha, las autoridades catalanas sugieren lo que algunos analistas han denominado la «vía de Eslovenia«, la cual permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva.
En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas anunciaron que:
«El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.
Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.
En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia«.
Algunas reacciones en América Latina
Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación. Únicamente han sido repertoriados textos oficiales formalmente comunicados por los respectivos aparatos diplomáticos, y no declaraciones dadas en prensa por parte de autoridades nacionales sobre la situación en Cataluña. Como se verá, las formas de manifestar el respaldo a España varían sustancialmente de un comunicado a otro, mientras que otros Estados han optado por no expresarse.
Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado «Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña» llamando a las partes al diálogo:
«Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.
El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos«.
Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español«.
A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, México ha circulado un comunicado de prensa titulado «México no reconocerá a una Cataluña independiente» (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado «Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España» en el que rechaza «los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas» (sic.): véase texto completo.
Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado «Comunicado sobre la situación en Cataluña» el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:
Comunicado Oficial 042 – 17
«Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.
El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España«.
El último comunicado oficial registrado en América Latina es el de Brasil, titulado «Eventos en España«, con fecha del 12 de octubre, el cual señala que:
«Brasil sigue con atención los últimos eventos en España, país cuya transición democrática fue y sigue siendo ejemplo para América Latina. Al reiterar los lazos de amistad y solidaridad que unen a brasileños y españoles, el Gobierno pide diálogo, en el marco de la legislación de ese país, destacando la importancia del pleno respeto a la Constitución española y al Estado Democrático de Derecho«.
A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado
Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.
Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional kosovar proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.
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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA
Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.
El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.
Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.
La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:
Barcelona, 10 de octubre de 2017
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado 1ero de octubre, y la ola de repudio e indignación que causó, la tensión es máxima entre España y Cataluña.
Como se recordará, la ley adoptada por Cataluña convocando a un referéndum para el 1ero de octubre del 2017 fue adoptada el 6 de setiembre del 2017, y fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este. Con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
En medio de fuertes movilizaciones, de la escalada verbal, así como de la renuencia de las autoridades españolas y catalanas a entablar algún tipo de diálogo, expertos de Naciones Unidas, este 4 de octubre del 2017, llamaron a restablecer canales de comunicación. Se trata del tercer comunicado que emana de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en menos de una semana, un hecho que no ha llamado mayormente la atención de observadores ni analistas.
En su alocución realizada el 3 de octubre por la noche (véase texto), el Rey de España, lejos de usar palabras conciliadoras y abrir la posibilidad de un diálogo, recurrió a fuertes calificativos contra las actuaciones de las autoridades catalanas: se trata, en nuestra modesta opinión, de una oportunidad desaprovechada por una figura que, en otras épocas, fue la llamada a reunir a la sociedad española en su conjunto.
En este tercer comunicado (véase texto completo en español y en inglés al final de esta nota), se lee que para los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas: «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación«.
Este comunicado de Naciones Unidas fue seguido por la aprobación en España de un decreto ejecutivo, objeto de una amplia cobertura mediática, que facilita la salida de empresas cuya sede se encuentra en Cataluña (véase nota de prensa), al tiempo que el juez constitucional español ordenaba, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el próximo lunes 9 de octubre (véase nota de prensa).
Pese a diversos llamados de las autoridades de Cataluña para intentar algún tipo de mediación, las autoridades españolas se han negado a acudir a un tercero, aduciendo que la situación debe resolverse sin su intervención, en el marco del derecho constitucional español.
En su comunicado oficial, los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas hacen también ver que las autoridades de España deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El pasado 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por el uso de la fuerza de los cuerpos policiales contra los votantes durante la consulta acaecida el Domingo 1ero de octubre (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, expertos de Naciones Unidas habían advertido a España, de cara al referéndum, sobre la necesidad de respetar algunas de sus obligaciones en un comunicado con fecha del 28 de setiembre (véase breve nota nuestra con el texto de este comunicado).
Al persistir en su negativa al diálogo (y a la intervención de un tercero para facilitarlo), España también está ignorando el llamado al diálogo hecho por la Unión Europea (UE) el mismo 1ero de octubre: véase texto integral del comunicado de la UE en el que se lee que:
«Hacemos un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política«.
Es preciso señalar que, en caso de aceptarse una mediación por parte de un Estado, esta debería provenir de uno o de varios Estados con alguna estructura federal o casi federal: en las últimas horas ha trascendido que las autoridades de Suiza están intentando establecer contactos con las autoridades españolas y catalanas (véase nota de prensa).
En el ámbito internacional, pese a haber sido llamada expresamente para mediar por parte de las mismas autoridades catalanas, la UE se ha negado a hacerlo. No se ha registrado el envío de algún emisario a España en representación de otra organización internacional. Como bien es sabido, el diálogo permite desactivar una crisis. Si las partes lo rehúyen, los buenos oficios o la mediación de un tercero es recomendada. Para lograr una mediación exitosa en un conflicto, ambas partes deben aceptarla.
El tono amenazante de confrontación que exhiben las autoridades españolas solo puede contribuir a aumentar aún más la tensión en Cataluña, con todos los riesgos que ello acarrea.
Texto del comunicado oficial de Naciones Unidas, 4 de octubre del 2017
Expertos de la ONU instan al diálogo político para desactivar tensiones en Cataluña tras referéndum
GINEBRA (4 de octubre de 2017) – Expertos de las Naciones Unidas * exhortan a un diálogo urgente después de la votación sobre la independencia de Cataluña de España y subrayan la necesidad de que se respeten plenamente los derechos humanos.
«Estamos profundamente perturbados por la erupción de violencia el domingo 1 de octubre de 2017, durante la votación que tuvo lugar en Cataluña», dijeron los expertos en un comunicado conjunto. «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación.
«Instamos a las autoridades españolas a respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión», añadieron los expertos.
Los expertos también pidieron que se investigue por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridas. El referéndum había sido declarado ilegal por el tribunal constitucional de España y la policía intentó detener la votación.
Annalisa Ciampi, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, subrayó que España tenía el deber de respetar y proteger el derecho de las personas a reunirse para protestas pacíficas.
«Esto requiere asegurar que todas las medidas para gestionar la protesta pública y las reuniones estén en conformidad con las obligaciones internacionales de España. Cualquier uso de la fuerza por parte de la policía debe ser necesario y proporcional «, dijo Ciampi.
Termina
*Los expertos de la ONU: Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada; Sr. Aldred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
UN experts urge political dialogue to defuse Catalonia tensions after referendum
GENEVA (4 October 2017) – UN experts* are calling for urgent dialogue in the aftermath of the vote on Catalonia’s independence from Spain, and are stressing the need for human rights to be fully respected.
“We were deeply disturbed by the eruption of violence on Sunday, 1 October 2017, as the vote took place in Catalonia,” the experts said in a joint statement. “A way forward has to be found through political dialogue. We urge the re-establishment of effective dialogue as a first step to defusing the situation.
“We urge the Spanish authorities to fully respect fundamental human rights, including the rights to freedom of peaceful assembly and association, participation in public affairs and freedom of expression,” the experts added.
The experts also called for an investigation into why hundreds of people protesting peacefully or seeking to vote and manifest their opinions, as well as some police officers, were reportedly injured. The referendum had been declared unlawful by Spain’s constitutional court and police attempted to stop the vote.
Annalisa Ciampi, the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, stressed that Spain had a duty to respect and protect people’s right to gather for peaceful protests.
“This requires ensuring that all measures to manage public protest and assembly are in conformity with Spain’s international obligations. Any use of force by police must be both necessary and proportionate,» said Ms. Ciampi.
ENDS
*The UN experts: Ms Annalisa Ciampi, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Ms. Leilani Farha, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context; Mr. Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Mr. José Antonio Guevara Bermúdez, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El 28 de setiembre del 2017, Colombia procedió a depositar formalmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su documento escrito (contramemoria) en respuesta a una de las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua en el año 2013 (véase comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reproducido al final de esta nota).
Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de nota de prensa de Infobae titulada «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ».
Breve contextualización
Como se recordará, Nicaragua en el 2001 presentó una demanda contra Colombia en materia de delimitación marítima en el Caribe, la cual fue objeto de un fallo, dictaminado en La Haya en noviembre del 2012. Como es costumbre luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, ambos jefes de Estado tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto. No obstante, conforme fue pasando el tiempo, el tono de voz en Colombia cambió, y Nicaragua optó por interponer dos nuevas demandas contra Colombia, a saber:
– una primera demanda con fecha del 13 de setiembre del 2013, (véase texto en inglés y francés) en la que pide a la CIJ fijar el límite de su plataforma continental en la zona en la que hay traslapes con la de Colombia, y precisar las reglas aplicables con relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas en el Caribe. Resulta oportuno precisar que pocos días antes, el 10 de setiembre del 2013, Colombia anunció oficialmente que el fallo de la CIJ del 2012 era «inaplicable» (Nota 1). La ofensiva verbal de Colombia se extendió luego a Naciones Unidas (Nota 2).
– una segunda demanda presentada el 26 de noviembre del 2013 en la que Nicaragua pide a la CIJ que dictamine que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia (véase texto en inglés y en francés de la demanda). Es de notar que esta demanda se presentó a pocos días de surtir sus efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, formalizada en noviembre del 2012 (Nota 3).
Un primer intento de Colombia para esquivar la competencia de la CIJ
La estrategia colombiana, como en el caso de la demanda interpuesta en el 2001 por Nicaragua, ha consistido en intentar evitar que la CIJ examine el fondo de ambas demandas. Pese a cuestionar la competencia del juez internacional, presentando Colombia para ambas demandas una serie de excepciones preliminares, la CIJ se declaró plenamente competente en su decisión de marzo del 2016, permitiendo que el procedimiento sobre el fondo continúe sin mayor dilación en ambas demandas (véase decisión de la CIJ en el caso de la primera demanda y decisión de la CIJ en el caso de la segunda demanda).
Ambos fallos dictaminados en La Haya el 17 de marzo del 2016 son muy similares en cuanto a su redacción, en la medida en que Colombia utilizó y repitió varios de los argumentos en ambos intentos para sustraerse de la competencia de la CIJ. En la parte final de ambas decisiones, se encuentra el resultado de la votación en el que aparece y reaparece con cierta regularidad un voto de quince contra uno, el único voto que se desmarcó siendo el de los jueces ad hoc designados por Colombia para cada demanda. Ello evidencia el poco eco a las posiciones de Colombia en el seno mismo de los integrantes de la CIJ, con unas muy pocas excepciones. Si analizamos uno a uno el rechazo a estas diversas excepciones, se notará que fueron descartadas en su mayoría de forma casi unánime por parte de los integrantes titulares de la CIJ. Ello podría augurarle tiempos difíciles a Colombia de cara al procedimiento ulterior sobre el fondo.
Con relación al uso de las excepciones preliminares y al riesgo que puede acarrear para el Estado que las presenta, remitimos al lector a nuestra breve nota sobre ambas decisiones de la CIJ, publicada en el sitio Ius360.
Hacemos notar que, pese a contar la ciencia del derecho internacional con un valioso instrumento como lo puede ser el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), no se ha encontrado análisis pormenorizado de ambas decisiones del 2015 que hubiésemos querido consultar, y, si fuese del caso, citar en las referencias bibliográficas (véase últimos números del ACDI).
Declaración sobre competencia y reanudación del procedimiento sobre el fondo
La presentación de excepciones preliminares constituye un incidente procesal mediante el cual el Estado demandado pretende demonstrar que la CIJ es incompetente para conocer sobre el fondo del asunto. Desde el punto de vista estrictamente procesal, las excepciones preliminares abren un primer compás de espera dentro del procedimiento contencioso, en el que, luego de leer y de oír a ambas partes, la CIJ decide si es o no competente.
En el caso de las dos demandas de Nicaragua contra Colombia, al declararse competente en ambos casos, el procedimiento contencionso se reanuda y la Corte procede sin mayor dilación a fijar los plazos para la presentación de escritos por parte de ambas partes:
– en el caso de la segunda demanda, la CIJ ordenó a Colombia entregar su contramemoria el 17 de noviembre del 2016 (véase ordenanza de la CIJ en francés el mismo 17 de marzo del 2016 en que se pronunciaba sobre su competencia). Al respecto, remitimos a la entrevista hecha por El Tiempo al coagente de Colombia en La Haya, al depositar Colombia su escrito en noviembre del 2016 a la CIJ (disponible aquí).
– en el caso de la primera demanda, la ordenanza del 28 de abril del 2016 (véase texto en inglés) indicó a ambos Estados los siguientes plazos: la memoria de Nicaragua, a ser entregada el 28 de setiembre del 2016; y la contramemoria de Colombia, el 28 de setiembre del 2017.
Un interesante detalle poco divulgado
Es de notar que en esta última ordenanza del juez internacional, se lee que Colombia optó por no asistir a una reunión convocada por la Secretaría de la CIJ con las partes y con el Presidente de la CIJ. En efecto se señala que:
«Whereas, by a letter dated 1 April 2016, the Registrar informed both Parties that the President of the Court would hold a meeting on 21 April 2016, pursuant to Article 31 of the Rules of Court, in order to ascertain their views with regard to the further procedure in the case; Whereas, by a letter dated 20 April 2016, the Agent of Colombia indicated to the Registrar that neither himself nor the Co-Agent of Colombia would be able to attend the meeting convened by the President… /…
Considérant que, par lettre en date du 1er avril 2016, les deux Parties ont été informées par le greffier que le président de la Cour tiendrait une réunion le 21 avril 2016, conformément à l’article 31 du Règlement de la Cour, afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure ; Considérant que, par lettre en date du 20 avril 2016, l’agent de la République de Colombie a informé le greffier que ni le coagent ni lui-même ne seraient en mesure d’assister à la réunion convoquée par le président…»
No se ha podido tener acceso al texto de la carta enviada por Colombia 24 horas de la cita convenida con el Presidente de la CIJ, en aras de conocer las razones alegadas por la Embajada de Colombia en La Haya para justificar la ausencia de sus representantes a dicha reunión. Hemos revisado diversas ordenanzas de la CIJ sobre la fijación de plazos en otros casos contenciosos, para saber si existe algún precedente similar, sin éxito a la fecha. Tampoco se hizo notorio un documento oficial de Colombia anunciando que no participaría más a reuniones en La Haya (en razón, por ejemplo, de haber optado por no comparecer más ante la CIJ).
Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida).
Usualmente, al estudiar el procedimiento contencioso ante la CIJ, se señala la importancia de estas reuniones con la Presidencia de la CIJ, al tomar esta última el parecer de ambas partes para fijar los plazos y resolver asuntos varios de carácter procesal. Por ejemplo, en el caso de la demanda de Costa Rica contra Nicaragua presentada en febrero del 2014 en materia de delimitación marítima, en su ordenanza del 1ero de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó un plazo de diez meses para la presentación de las piezas escritas: nótese que Costa Rica había pedido un plazo de seis meses, mientras que Nicaragua había solicitado uno de doce meses para que cada parte redactara sus alegatos. Como se puede apreciar a partir de este ejemplo entre muchos otros, para ambas partes es recomendable asistir a estas reuniones.
No obstante lo dicho anteriormente, estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas.
A modo de conclusión
Cuando, en marzo del 2016, la CIJ rechazó las excepciones preliminares presentadas por Colombia, el Presidente calificó la decisión de la CIJ de declararse competente como «algo injurioso» para Colombia (véase video de la Agencia Andes), anunciando posteriormente que Colombia optaría por no comparecer más ante la CIJ (véase video de Cablenoticias). Nos permitimos concluir, en aquella ocasión, nuestro análisis de marzo del 2016 (Nota 4) de la siguiente manera: «A la hora de redactar estas breves líneas, no queda claro si Colombia tiene claridad sobre la estrategia que está siguiendo desde el 2012 ante las pretensiones de Nicaragua. Su aparato estatal está exhibiendo ante los ojos del mundo un espectáculo raramente visto, con un lenguaje corporal inédito en los anales de la justicia internacional (que posiblemente sea explotada por los hábiles asesores de Nicaragua)«.
Nota 1: Sobre este anuncio del Presidente de Colombia, remitimos a nuestra breve nota: BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, Université de Laval, setiembre del 2013. Texto disponible aquí.
Nota 2: Como tuvimos la oportunidad de escribirlo,
«En el plano internacional, el mismo Poder Ejecutivo anunció, días antes de iniciar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York de septiembre del 2013, que enviaría una carta suscrita conjuntamente con Costa Rica, Jamaica y Panamá denunciando el “expansionismo” de Nicaragua en el Caribe ante los órganos de Naciones Unidas (ver nota de El Espectador). A la fecha no se tiene mucha certeza con respecto al documento objeto de este anuncio presidencial: pese a diversas solicitudes hechas por el suscrito a colegas diplomáticos y funcionarios en Naciones Unidas para conocer el contenido de esta carta, no aparece registro de este documento, ni se ha logrado saber si fue efectivamente suscrito (o no) por estos tres Estados mencionados y Colombia«: véase BOEGLIN N., «Nicaragua y Colombia a audiencias ante la CIJ«, Debate Global, octubre del 2015, ACCOLDI, texto disponible aquí. Pese a la solicitud hecha en esta nota del 2015, publicada en un sitio jurídico colombiano, no se ha tenido aún acceso a la carta colectiva anunciada por Colombia en el 2013, por lo que agradecemos nuevamente a nuestros estimables lectores su colaboración al respecto.
Nota 3: Véase sobre esta denuncia nuestra breve nota publicada en el boletín de la SFDI (Francia): BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie », SFDI, Sentinelle, Num. 326, Diciembre 2012, disponible aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua / Colombia: la CIJ se declara competente«, OPALC (Sciences-Po, Paris), marzo del 2016, disponible aquí.
— Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con fecha del 28/09/2017 —
Comunicado sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso ‘Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’ 28/09/2017
En cumplimiento del cronograma establecido por la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno presentó hoy 28 de septiembre (12 p.m. hora de La Haya – 5 a.m. hora de Colombia) el documento por medio del cual Colombia respondió todos y cada uno de los puntos y argumentos planteados por Nicaragua en el proceso sobre la ‘Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’.
La presentación se da en cumplimiento de los plazos establecidos por la Corte luego de que esta se declarara competente para el caso y no significa que hoy se haya tomado ninguna decisión frente a este caso.
En el proceso la Corte tiene que decidir si puede proceder a realizar una delimitación de la plataforma continental, es decir el subsuelo marino, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Así mismo, si Nicaragua tiene o no los derechos que alega.
La Contramemoria es un documento en el cual Colombia responde, punto por punto y argumento por argumento, los alegatos planteados en la Memoria que Nicaragua entregó a la Corte.
De conformidad con las reglas y prácticas de la Corte, los documentos sometidos a consideración de la Corte son de carácter confidencial y, por consiguiente, no es posible revelar su contenido hasta que se abra la fase oral del proceso judicial. No obstante, el Gobierno Nacional se permite informar a los colombianos que se sometieron a la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales esta no puede proceder con una delimitación como lo pretende Nicaragua. Su reclamación de una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y Colombia demostró que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua.
El Gobierno Nacional continúa defendiendo con firmeza la integridad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los derechos de Colombia en el mar Caribe.
Bogotá, septiembre 28 de 2017
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Si observamos los mayores conflictos en el mundo actual, no son motivados por corrientes ideológicas entre capitalismo versus comunismo, con sus diversas derivaciones, como fuera durante la guerra fría. No porque no tienen ideología los grupos dominante actuales, pero su actuar denota diferentes prioridades a las que discursa o hace públicas. Es probable que los sectores dominantes siempre tuvieran un discurso o mensaje diferente a sus reales motivaciones, lo importante es develar esas diferencias en cada etapa de la vida de las naciones y la sociedad en general. Lo que más sale a flote es el establecimiento de la democracia y libertad con que el eje del imperio desde Washington y sus aliados europeos quieren pintar a todo el mundo. Aun cuando en los hechos, estén aliados con dictaduras, monarquías y dinastías.
Actualmente, sus motivaciones de fondo son más por control de territorios que tienen riquezas significativas en sus suelos o son geopolíticamente importantes para el trayecto de mercaderías, energéticos y establecimiento de bases militares. Como para mantener a sus pueblos (ciudadanía votante) controlada y apegada a sus voluntades, tienen que tener «importantes enemigos» en competencia, han creado enemistad con China y Rusia, con aliados de segundo rango a cada lado.
Los rasgos históricos generales de dominación y explotación no parecen haber cambiado en lo sustancial. Los conquistadores de los imperios en tiempos pasados tuvieron esos mismos intereses, pero su discurso y paradigmas se fueron adecuando a los momentos de la historia. Antes las técnicas y medios de conquistas eran rústicos, ahora son sofisticados, con tecnología de punta, que incluye energía electrónica, rayos láser, energía nuclear, las bombas no nucleares, pero algunas atómicas «esposas, madres, padres, abuelas» etc. El contenido y métodos del engaño, la mentira, el boicot, el sabotaje, el chantaje, invasión territorial, complots y desprestigio al enemigo, son de dimensiones universales y de alguna manera legalizados. Antes se reducía a medios con mucho menor cobertura e impacto. En lo sustancial no hay diferencia de un Hernán Cortés, un Napoleón Bonaparte o un William Walker a un Benjamín Netanyahu, Emmanuel Macron, Donald Trump o un Luis Almagro Lemes.
Frente a esto se encuentran los pueblos que defienden sus patrimonios y sus valores culturales, puestos en riesgos por potencias que buscan lo primero, encubiertos hipócritamente de una demanda de libertad y democracia, muy elásticas.
Lo peor que estamos viendo es, la creación de monstruos como Daesh o Estado Islámico, por motivos de controles territoriales, que irónicamente, años después, actúan como un bumerán, en contra del pueblos «inocentes» que ingenuamente siguen creyendo en sus gobernantes o, se encuentran con las manos atadas por el sistema de libre mercado, sin la fuerza necesaria para sacudirse de las élites político económicas que les gobiernan de facto y dentro de un sistema político auto justificado.
Es de observar cómo una especie de mafias gobiernan sistemas multilaterales, aliados con las mafias nacionales, dentro de complicados tejidos político empresariales, sin dejar espacios en el orden jurídico y político para que los pueblos se liberen y recuperen sus valores democráticos reales. Esos marcos jurídicos, que solamente ellos pueden violar, están para justificar la represión a los pueblos que reclamen sus derechos, pues han aprovechado los conflictos sociales para agudizar su control militar y policial, incluyendo reformas legales de mayor control desde el poder político que controlan. Hasta la Monarquía española evidencia su complicidad en esta modalidad, aunque deba violar su rol de mediador.
Muchos movimientos de izquierda aún siguen levantando las banderas doctrinarias en sus luchas, sin ver cómo se están quedando atrás con respecto a los mayores conflictos políticos actuales, con respuestas más apropiadas.
Desde luego, no es que debemos ignorar el predominio del sistema neo liberal, sabemos que es la doctrina que justifica y alimenta a los conservadores que ahora controla la mayoría de los países de las Naciones Unidas, particularmente a la Unión Europea. Ese sistema es quien fortalece el espíritu de latrocinio, corrupción, de mercado leonil y acumulación de los capitales sin importar los medios a utilizar; incluso, se puede llegar a producir una tercera y última guerra mundial, si eso es necesario para seguir el proceso de acumulación de capital.
Pero no es su contenido ideológico el que se coloca sobre las mesas de negociación entre fuerzas políticas que se pelean por los controles territoriales. Son más sus leyes y fuerzas de poder económico y militar frente a los derechos inalienables de los pueblos. Si negocian, ellos deben recibir algo a cambio: la eliminación de sus líderes, sus riquezas naturales; su fuerza laboral y capacidad intelectual de producción económico-técnica y en algunos casos sus armas (NK, Iran, Irak, Libia, Haití, Panamá, Grenada, Unión Soviética y un largo etc.). A los pueblos no les queda alternativa que encontrar la solidaridad internacional de otros pueblos para poner en jaque a las mafias gobernantes. No obstante, el neoliberalismo ha cultivado el individualismo, la competencia entre herman@s (denominada generalmente como competitividad y emprendedurismo), el nacionalismo emotivo, el racismo y muchos otros ismos que les mantengan en disputa y separados.
Esa dispersión y enemistades gratuitas dentro de los mismos pueblos son alimentadas por los medios corporativos y en mucho, por facciones y partidos políticos, quienes pierden visión en el horizonte y el contexto.
