Las verdades y mentiras en la memoria de 1948: Aclaraciones a la historia oficial, contra la exclusión histórica

Por: Lenin Chacón Vargas

El libro La Junta Fundadora de la Segunda República: Actas 1948-1949, compilado y presentado por mi amigo, el historiador Vladimir de la Cruz de Lemus, no solo reúne las actas del «gobierno de facto que gobernó como dictadura» —en palabras del propio Vladimir—, sino que nos ofrece proclamas, artículos y ensayos de diferentes autores sobre los acontecimientos alrededor de la guerra civil y otros aspectos de la vida y obra de José Figueres Ferrer exaltando la versión de los vencedores. La obra tiene la virtud de inducirnos a investigar aún más ese período tan controvertido; sin embargo, no aporta nada nuevo a la narrativa que ya conocemos: la historia oficial. Con esto, la historia de los vencidos se posterga una vez más y se blinda la historia oficial.

En estas páginas se exacerba y se exalta como una obra revolucionaria de Figueres lo que fue el proyecto de la Segunda República. Obra que debe someterse a estudio crítico. Se olvida que esta surgió, primero, de un fraude electoral perpetrado por la oposición de Figueres y Ulate en las elecciones de febrero de 1948; y segundo, de un levantamiento armado sedicioso, nutrido por militares mercenarios de Centroamérica y el Caribe, con armas modernas traídas desde Guatemala. Fue una guerra que José Figueres preparó minuciosamente desde su exilio en México. Para abonar el terreno, y según sus propias narraciones en el libro “El Espíritu del 48”, Figueres desarrolló campañas de rumores contra el gobierno constitucional de Teodoro Picado para infundir miedo en la población. Además, organizó a sus «muchachos» —como los llama en su libro— para ejecutar actos terroristas, como las bombas en el diario La Tribuna y en el auto de Manuel Mora Valverde; acciones de las que, paradójicamente, se vanagloria la historia oficial.

Una verdadera reconciliación nacional exige la historia completa. Hace falta reivindicar a los muertos de las fosas comunes, a los torturados y a los asesinados, a los desaparecidos, hacer justicia a los mártires del Codo del Diablo, la represión política durante los dieciocho meses del gobierno cívico-militar, y de la represión política de la posguerra de 1948 a 1958. (Notas 1 y 2 al pie de página).

Es imperativo reivindicar a todas y todos los comunistas encarcelados y sometidos a los Tribunales de Probidad; procesos de persecución inmediata que buscaban delitos que jamás encontraron. Su único «delito» fue pertenecer al Partido Vanguardia Popular (comunistas costarricenses). Eso, y acaso las gallinas que Carlos Luis Fallas permitió sacar de un patio ajeno para alimentar a su tropa de tres mil milicianos en los alrededores de Cartago. El mismo «Calufa» que intervino directamente para impedir que unos soldados del gobierno fusilaran a varios combatientes del Ejército de Liberación Nacional, entre los que estaba Ortuño Sobrado, un gesto que este último siempre le agradeció.

Estas son apenas palabras introductorias, porque la historia de la gestación y las consecuencias de la guerra civil es larga y cruel. No podemos continuar exaltando la historia oficial en procura de exonerar de responsabilidades a quienes fueron y siguen siendo los legítimos responsables: el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno cívico-militar presidido por José Figueres, quien «gobernó como dictador». Hace falta la historia completa por la memoria y por la justicia.

Mientras tanto, el debate en torno a los acontecimientos de la guerra civil de 1948 en Costa Rica sigue secuestrado por una narrativa oficial que prefiere la comodidad del mito antes que el rigor de los documentos. Recientemente, mi amigo, el historiador Vladimir de la Cruz, ha sostenido afirmaciones basadas únicamente en lo que el presbítero Benjamín Núñez le relató de palabra: que él, José Figueres y Francisco Orlich supuestamente votaron en contra o no estuvieron de acuerdo con ilegalizar a los comunistas. Interpreto estas tesis como especulaciones carentes de un solo documento que las respalde. Todo lo contrario: el documento que existe como acta, donde se aprueba el Decreto 105 para ilegalizar al Partido Vanguardia Popular y a los sindicatos, y para perseguir a sindicalistas y comunistas, se encuentra en el Archivo Nacional con las firmas de José Figueres y sus ministros. Ahí no se consigna quién votó a favor o en contra; la realidad es que todos aprobaron el decreto.

La realidad histórica demuestra que el padre Núñez incurrió de forma sistemática en contradicciones, diciendo y desdiciéndose sobre los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado. Las pruebas de esta ambigüedad son múltiples. En el libro del historiador Óscar Aguilar Bulgarelli, Núñez declaró abiertamente que sí hubo negociaciones y acuerdos con Manuel Mora Valverde para concertar el Pacto de Ochomogo. Es más, en un conocido documental de 1983, el propio José Figueres Ferrer y Benjamín Núñez recrearon frente a las cámaras los detalles de aquel encuentro, validando la legitimidad y los términos del pacto.

Sin embargo, la memoria oficialista comenzó a cambiar por conveniencia poco después. En 1986, en las páginas del diario Primera Plana, el coautor que auxilió a Núñez en la redacción de El Espíritu del 48 salió en su defensa alegando que la carta de compromiso firmada por el sacerdote —y esgrimida por Manuel Mora— era un documento «apócrifo». La réplica de Manuel no se hizo esperar: mediante una carta pública en el semanario Libertad en diciembre de 1986, detalló con rigor y precisión la verdad histórica del acuerdo de Ochomogo y la autenticidad de la firma que Núñez le entregó en la Embajada de México el 19 de abril de 1948. Cabe destacar que dicha carta original fue recuperada recientemente de los archivos resguardados en la Biblioteca Vicente Lombardo Toledano en México y publicada por el investigador Germán Chacón, sepultando cualquier duda sobre su existencia.

Ante la contundente réplica de Manuel Mora, Núñez y su entorno guardaron un silencio sepulcral durante un mes. Acto seguido, en 1987, publicaron el libro El Espíritu del 48. En dicha obra, Núñez y Figueres ejecutaron un malabarismo histórico inadmisible: afirmaron categóricamente que no existió ningún documento o carta suscrita por el presbítero para detener la guerra, desconociendo deliberadamente el Pacto de Ochomogo. Una flagrante contradicción, puesto que las firmas constan de forma irrefutable en los documentos que detuvieron el avance del conflicto.

No conformes con alterar los hechos, pretendieron manchar la dignidad y la honestidad política de Manuel Mora. Lo tildaron de mentiroso, acusándolo de urdir una «triquiñuela política» para engañar a la dirección de su propio partido. La mala fe de esta operación histórica quedó en evidencia cuando, tras salir de la imprenta, Núñez y su coautor obsequiaron un ejemplar a Arnoldo Ferreto. El objetivo era evidente: sembrar cizaña en un momento en que la izquierda costarricense sufría profundas divisiones internas. Ferreto, quien acababa de terminar su libro Gestación de la guerra civil de 1948 y sus consecuencias, se vio arrastrado por este testimonio falseado y añadió un epílogo cargado de diatribas hacia la figura de Manuel.

Aunque Mora Valverde realizó múltiples denuncias públicas y emplazó directamente a Figueres entre las décadas de 1950 y 1960, el caudillo liberacionista optó siempre por callar. Lo mismo ocurrió en agosto de 1969, cuando se discutía en el Parlamento si permitían o no la legalidad del Partido Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, y si aplicaban o no el artículo 98 de la Constitución Política. En una carta pública dirigida a José Figueres —entonces candidato presidencial del PLN— para que cumpliera «el pacto de Ochomogo», el líder optó por el silencio. Al Bloque le aplicaron la guillotina política: el artículo 98. Creer ciegamente en la memoria selectiva de Núñez es un favor inmerecido que la documentación histórica desmiente con absoluta rotundidad.

Esta política de exclusión e inmunidad para la versión de los vencedores se extiende hasta nuestras instituciones editoriales estatales. Es imperativo denunciar la mutilación histórica operada por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED). En las ediciones de los años 2006 y 2011 de la célebre Cartilla Histórica de Ricardo Fernández Guardia, se eliminaron deliberadamente doce páginas del texto original. En esos folios, el insigne historiador detallaba pasajes clave sobre la finalización de la guerra y la instauración de la Junta de Gobierno; verdades incómodas que no resultaban del agrado de Alberto Cañas ni, por supuesto, de Benjamín Núñez.

Resulta una paradoja vergonzosa que, a pesar de las constantes denuncias de este atropello cultural, ningún director ni presidente de la editorial se haya atrevido a hacer justicia a la memoria de don Ricardo Fernández Guardia. El libro se sigue comercializando mutilado con total impunidad. ¿Acaso la censura y la exclusión de la historia real sobre el 48 no importan? Claro que importan, y pesan de forma alarmante cuando estas visiones pretenden ser legitimadas sin que ningún director de la EUNED ni los historiadores contemporáneos muevan un dedo para enmendar semejante distorsión.

El mismo sesgo se evidencia cuando Vladimir afirma —nuevamente sin un soporte documental— que los líderes José Figueres, Francisco Orlich y Benjamín Núñez, no votaron a favor de la ilegalización de los comunistas. Los documentos y la realidad de su actuar como miembros del gobierno cívico militar, dicen otra cosa. La verdad tangible es que durante 27 años se mutilaron las libertades republicanas, se restringió la libertad y el derecho al sufragio, y los comunistas fuimos perseguidos políticamente. Esa dirigencia jamás movió un dedo para impedir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicara el infame artículo 98 constitucional entre 1953 y 1969.

Es más, durante la segunda presidencia de José Figueres Ferrer (1970-1974), la inacción fue total. Lejos de buscar la reconciliación democrática, Figueres procedió a archivar el dictamen de mayoría de diciembre de 1970 que buscaba reformar el artículo 98; un proyecto de ley que había sido propuesto y redactado por Manuel Mora para devolver la legalidad electoral a las fuerzas de izquierda. Estos hechos no pertenecen al terreno de la especulación oral; están completamente respaldados por las actas y documentos del país.

Seguiré escribiendo y rescatando las fuentes primarias y testimonios de los vencidos para hacer estricta justicia histórica a los comunistas costarricenses y a su papel destacado para poner fin a la guerra civil. Debo recordar, sobre todo, el valor y la hidalguía de Manuel Mora Valverde al subir en horas de la noche del 17 de abril de 1948 al Alto de Ochomogo, acompañado con Carlos Luis Fallas a encontrarse con Figueres en busca de un acuerdo para ponerle fin a la conflagración; lográndose así el Pacto de Ochomogo que dio origen a las cartas firmadas por Benjamín Núñez y al pliego de garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular. Esos documentos y firmas pusieron fin a la guerra y evitaron miles de muertos. La historia patria no se puede seguir construyendo sobre señores a los que hoy se les reivindica como si se tratara de un acto para exonerarlos de la responsabilidad por las consecuencias de aquellos actos antidemocráticos ejecutados por decretos.

Una acomodada y excluyente narración de historia influida por el subjetivismo que hace a un lado relatar hechos tal como ocurrieron realmente, da pie para convertir la simple palabra de los vencedores en dogma o sus leyendas escritas en verdad, o la falsificación misma de una verdad creada para justificar una guerra innecesaria, carece enteramente de validez científica y moral. La verdad histórica de Costa Rica, sobre todo las verdades que hirieron profundamente a los costarricenses víctimas y protagonistas de la guerra se defienden con documentos, o acontecimientos debidamente verificados. Exonerar a los responsables de la guerra y de sus consecuencias inhumanas y antidemocráticas debe ser sometido a crítica.

Conclusión:

Existe abundante investigación, libros, tesis de historiadores contemporáneos sobre gestación de la guerra civil de 1948 y sus consecuencias en la vida civil, democrática institucional, las libertades republicanas y la vida política nacional para que se hagan nuevos esfuerzos a fin de que: el fraude electoral de 1948, el levantamiento armado sedicioso, la traída de mercenarios militares extranjeros para ejecutar el golpe de Estado al presidente constitucional don Teodoro Picado y, posteriormente, a don Otilio Ulate, así como la disolución del Congreso, del Poder Judicial y de los consejos municipales, de un Gobierno de facto que gobernó como dictadura son hechos que deben someterse a una revisión crítica impostergable para otorgarles, finalmente, el lugar que verdaderamente les corresponde en la historia nacional.

Lenin Chacón Vargas
Desde Porrosatí, la montaña huetar en Heredia, donde fue maestra Carmen Lyra y le dimos el último adiós a Manuel Mora Valverde.

1 de noviembre de 2026.

Notas:
1. Violencia política contra los Comunistas tras la guerra civil en Costa Rica (1948 – 1949) Silvia Elena Molina Vargas, máster en Historia. 2018.
2. En el fondo el olvido es un gran simulacro: violencia política en la posguerra costarricense (1948 – 1958). Alexia Ugalde Quesada, máster en Historia. 2017.