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Opinar de lo que no se conoce

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La ocurrencia del analista político Juan Carlos Hidalgo, para que el señor Presidente Alvarado se haga a un lado, quede como simple expectante y designe a don Rodrigo Arias como un presidente de hecho, puede sonar a delirio si no fuera por los antecedentes que ya le conocemos a este opinador. No se trata sólo de que el Presidente, de aceptar este disparate, pudiera ser acusado al menos de “incumplimiento de deberes” (art. 339), delito perfectamente tipificado en la ley penal, sino que don Rodrigo también incurriría en eventual “sedición” (art. 4 de la Construcción) o como mínimo de “usurpación de autoridad” (art. 317 del Código penal).

¿Por qué será que la gente opina de lo que no sabe?  Semejante situación involucraría también la eventual aplicación de las figuras de Instigación Pública (art. 280), Asociación Ilícita (art. 281), violación del Principio de Alteridad (art. 302) y Propaganda contra el Orden Constitucional (art. 303). A don Juan Carlos le recomendaría la lectura atenta de todas estas normas penales.

La respuesta a semejante despropósito sólo puede estar en un fundamentalismo ideológico, tan fanático y ciego como cualquier otro fanatismo político o religioso. Se quiere que la realidad sea tal cual el egocentrismo de alguien quisiera que fuera, y se está en disposición de arrasar con el ordenamiento jurídico con tal de lograr lo que se propone. No hay diferencia cualitativa entre el fanático fundamentalista que se prende fuego o se hace estallar en mil pedazos (con la promesa del Paraíso y las mil vírgenes), y estos neoliberales que no dudarán en lanzarnos, si se lo permitimos, al Paraíso en la tierra regido por el “¡sálvese quien pueda!”.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

MINUCIAS LEGISLATIVAS y como tirarse de palo a palo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Roberto Zeledón

Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.

Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.

En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.

Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.

Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.

Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.

Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.

Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.

Dos apuntes finales:

  1. ¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
  2. Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?

La deuda pública y los dólares del FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos.

La mayoría de los artículos de opinión sobre la economía del país son difíciles de entender para la población no especializada. Ante la difícil situación económica que atraviesa Costa Rica, consideramos imprescindible que la ciudadanía tenga una comprensión más profunda de ciertos conceptos fundamentales y así poder tener una discusión informada de las alternativas. El presente artículo pretende brindar una explicación concisa de algunos de estos conceptos, sobre todo relacionados a la deuda pública.

  1. Números e ideología

        Costa Rica se encuentra en medio de una pandemia y, como resultado, en una situación social y económica sumamente difícil. Esto se ha sumado al descontento frente a las políticas públicas, así como a la desconfianza en el gobierno y la institucionalidad del país.

        Mientras tanto, un 26 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.[1] Además, la tasa de desempleo abierto se encuentra en un 17 por ciento.[2] Cada vez son más las preocupaciones acerca del futuro de nuestros sistemas de salud, educación, pensiones, transporte público, infraestructura y recursos naturales.

        Sin embargo, el enfoque del discurso público ha estado centrado en las finanzas del gobierno. Se insiste en que sus ingresos han disminuido, la deuda pública continúa aumentando y el déficit fiscal se está saliendo de control. Es así como se deshumaniza a las personas y se construye una sociedad al servicio de la economía, en lugar de una economía al servicio de la sociedad. Como expresó Juliana Martínez, no se deben confundir herramientas con objetivos: la economía debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo.

  1. La falacia del hogar

        Es muy sencillo pensar en las finanzas públicas como si fueran las finanzas de nuestro hogar y sostener que los gastos del gobierno deben estar limitados por sus ingresos. Esto se ve frecuentemente en el discurso público en frases como “tenemos que tapar el hueco de la deuda”, “debemos zocarnos la faja”, y “estamos usando demasiado la tarjeta de crédito”. Todas estas frases pueden ser aplicadas a las finanzas de un hogar, pero confunden nuestra manera de entender las finanzas públicas. Esto ha sido analizado durante los últimos años bajo el nombre de la “falacia del hogar”.[3] Esta falacia conduce a un razonamiento absurdo: la deuda es mala porque amenaza nuestra calidad de vida en el futuro, pero tampoco podemos mejorar nuestra calidad de vida debido a la deuda. Este argumento circular acaba siendo la excusa perfecta para la inacción de nuestros gobernantes. Frente a esto, consideramos que para encontrar soluciones a los problemas que hemos observado históricamente y que han sido exacerbados por la pandemia, debemos empezar por analizar lo que no se dice cuando se recurre a la ya mencionada “falacia del hogar”.

  1. Deuda, déficit, y superávit

        Muy a menudo, los artículos de opinión sobre la economía nacional son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. El exceso de tecnicismos dificulta su comprensión e imposibilita una discusión productiva y democrática. Como afirmó recientemente Rohan Grey, especialista en derecho monetario, “si la gente no entiende qué es el dinero, no puede haber una democracia real”.[4] Es por esta razón que comenzamos explicando varios conceptos básicos, pero imprescindibles para comprender la situación actual: el déficit, el superávit y la deuda.

        Imaginemos que tenemos 1.000 colones. Luego observamos los siguientes casos:

Caso 1: Déficit.
•Ganamos 500 colones y gastamos 700.
•Es decir, terminamos con 800 colones.
•Esto equivale a un déficit de 200 colones.

Caso 2: Superávit.
•Ganamos 400 colones y gastamos 200.
•Es decir, terminamos con 1.200 colones.
•Esto equivale a un superávit de 200 colones.

Caso 3: Deuda.
•Obtenemos un préstamo por 200 colones.
•Gastamos los 1.200 colones que tenemos y nos quedamos sin dinero.
•El déficit fue de 1.200 colones.
•Tenemos una deuda de 200 colones.

        En este ejemplo hemos ignorado el efecto de los intereses sobre la deuda para facilitar la discusión. Lo importante es que el déficit y el superávit se refieren al cambio en un balance durante un periodo determinado, mientras la deuda o el ahorro son cantidades acumuladas. En el caso de los gobiernos, también se usan los términos deuda, déficit y superávit. Esta deuda del gobierno la llamamos deuda pública y, para efectos de este texto, nos interesa diferenciar entre dos tipos de deuda: deuda en colones y deuda en dólares.

        ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Cada colón que llega a nuestro bolsillo tuvo que ser creado y puesto en circulación con autorización del gobierno. El déficit del gobierno es un mecanismo mediante el cual ese dinero ingresa en la economía. Por ejemplo, cada vez que el gobierno invierte en un proyecto público, le paga a ciudadanos o empresas que son parte del sector privado. Esto se contabiliza como un gasto y en caso de que no se cobren impuestos que lo compensen, el resultado es un déficit. Finalmente, es este déficit fiscal el que permite que el sector privado tenga un superávit y logre ahorrar. En caso contrario, si el gobierno recauda más en impuestos de lo que invierte, el gobierno tiene un superávit, pero el sector privado pierde parte de sus ahorros. Es importante comprender esta relación antes de abogar ciegamente por un superávit del gobierno.

  1. Deuda en colones y deuda en dólares

        El monopolio sobre la moneda es una característica única del gobierno, por la cual nunca será incapaz de pagar las deudas denominadas en su propia moneda, independientemente de que las pueda incumplir por motivos políticos (como sucede actualmente entre el gobierno y otras instituciones públicas como la CCSS). Caso contrario ocurre con las deudas denominadas en una moneda extranjera, como el dólar, puesto que al igual que cualquier hogar, el gobierno costarricense no puede emitir dicha moneda, sino que debe recaudarla de algún modo (exportaciones o endeudamiento, por ejemplo). Este punto tan aparentemente trivial es de suma importancia, puesto que significa que, al hablar de la deuda pública, solo es pertinente emplear comparaciones con la deuda de un hogar si dicha deuda pública es en una moneda extranjera. Por el contrario, si la deuda pública es en colones, estas comparaciones son totalmente inapropiadas y engañosas. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica puede emitir colones; los hogares costarricenses no. El equiparar la deuda en colones del gobierno de Costa Rica (emisor de colones) con las deudas de los hogares costarricenses (usuarios de colones) es lo que se conoce como la “falacia del hogar”. Ahora bien, es vital reconocer que, aunque la capacidad del gobierno tico de obtener colones sea infinita, existen límites que nos permiten reconocer cuando el gobierno inyecta más dinero en la economía de la que esta puede manejar. Uno de estos límites es la inflación (un aumento generalizado en el precio de bienes y servicios), y muestra que la solución a nuestros problemas es más compleja que simplemente “imprimir” dinero. Sin embargo, la gran utilidad de reconocer la “falacia del hogar” es que nos permite distinguir entre los límites reales (inflación, recursos materiales disponibles, entre otros) y los límites imaginados (un valor específico de deuda pública en colones que se considere arbitrariamente peligroso, como establece la regla fiscal). En el caso de que la deuda esté denominada en una moneda extranjera, el gobierno puede ser incapaz de pagarla. Un ejemplo de esto es Grecia, que entró en una severa depresión en el año 2009. Ante la incapacidad de obtener financiamiento en una moneda que no es propiamente suya, el euro, comenzó a aplicar fuertes programas de ajuste macroeconómico enfocados en la reducción del gasto público y los salarios, el aumento de los impuestos y la privatización de instituciones, la misma receta que hoy nos ofrecen en Costa Rica. Estas medidas han tenido un impacto social sumamente negativo,[5][6] y se estima que la recuperación económica de Grecia tomará 15 años más.[7][8] No en vano las deudas públicas de países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Japón, tienden a ser exclusivamente en moneda nacional.

        Como señalamos anteriormente, la economía no debe ser un fin en sí misma, sino ponerse al servicio de la sociedad. Debemos reconocer que no existe como una mera abstracción en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto social y de estructuras legales que le dan forma. En ese marco, es importante no simplificar elementos clave como la deuda pública con discursos como la falacia del hogar, al igual que entender que el déficit es una herramienta fundamental de toda economía moderna, pues permite la acumulación de riqueza en diferentes sectores. Aunque no corremos el riesgo de declararnos en bancarrota por nuestra deuda en colones, sí lo hacemos con una deuda en dólares. Este es un hecho que no debe pasarse por alto cuando se habla de endeudamiento en monedas extranjeras, dado que las políticas de austeridad que se usan para evitarla bancarrota tienen un alto costo social. No obstante, existen riesgos reales de un déficit muy alto en moneda nacional, como la inflación. Este riesgo inflacionario se debe analizar más profundamente, y es dicho análisis el que permitiría evaluar el tamaño del déficit que nos podemos permitir. Por lo tanto, tampoco es conveniente reducir la solución a la “impresión” de dinero. Además, en otros espacios se ha mencionado el impacto que estas políticas pueden tener en las tasas de interés, los impuestos y el tipo de cambio. Todos estos son temas que requieren un análisis aparte, pero que sin duda debemos también reinterpretar si queremos buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.

5. Referencias

  1. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020. Resultados generales. Vol. 1, año 9. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
  2. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Trimestre móvil Junio-Julio-Agosto 2020. Encuesta Continua de Empleo. Principales indicadores. Vol.1, año 1. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
  3. Kelton, Stephanie. The Deficit Myth. Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. London, UK: John Murray Publishers, 2020.
  4. https://www.publico.es/sociedad/entrevista-rohan-grey-rohan-grey-gente-no-entiende-dinero-no-haber-democracia-real.html
  5. https://www.tni.org/en/democracy-not-for-sale
  6. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30146-4/fulltext4
  7. https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/01/sp093019-The-IMF-and-the-Greek-Crisis-Myths-and-Realities
  8. https://www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-underestimated-damage-austerity-would-do-to-greece

Mauricio Chaves, Tsen Chung, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Morúa
mmtcostarica@gmail.com

Incremento en la pobreza requiere abordaje por medio de políticas novedosas – Datos de la Encuesta de Hogares 2020

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Impulso de nuevas actividades económicas en zonas específicas del país y una incorporación más fuerte de las mujeres al mercado de trabajo deben ser claves

El día 15 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en los cuales se refleja un deterioro en la situación de los hogares del país, su condición laboral y por supuesto sus ingresos, como consecuencia del impacto de la crisis producto del COVID 19. Es importante resaltar que la encuesta se aplicó entre mayo y junio, cuando estaban activas las ayudas oficiales por medio del Bono Proteger, lo que indudablemente tuvo positivo en estos números, además de que en ese periodo las medidas sanitarias eran más estrictas y los cierres de actividades más comunes.

Según la encuesta, entre el 2019 y 2020 el ingreso promedio por hogar se redujo en 12,2% (el ingreso per cápita en 13,2%), siendo el ingreso generado por actividades propias o autónomas el más afectado, con una caída del 35,3% en este periodo, mientras que el ingreso por salario cayó un 13,8%. Esto es como consecuencia de las pérdidas de empleos y la reducción en la cantidad de horas laboradas (jornada de trabajo) a nivel nacional, que han venido elevando el desempleo y el subempleo, respectivamente, según lo muestra la Encuesta Continua de Empleo, pero que parece está afectando con más fuerza a personas autoempleadas, incluso en actividades informales, que antes de la crisis ya eran casi la mitad de la fuerza de trabajo empleada.

Esta pérdida en el ingreso de las familias fue parcialmente compensada con un fuerte incremento en el rubro de subsidios estatales y becas, así como en el de otras transferencias, donde se incluyen, según INEC, “las transferencias recibidas por los hogares para mitigar la emergencia nacional”. Esto tiene una implicación importante, pues en ausencia de las ayudas que se entregaron en esos días, el porcentaje de hogares en condición de pobreza habría sido mayor.

En términos regionales, tres regiones del país fueron las más afectadas por la caída en el ingreso promedio de los hogares: la Región Central con una disminución del 13,4%, la Región Chorotega con una reducción del 20,4% y la Región Pacífico Central con una caída del 12%.

En cuanto a la evolución de la pobreza, según la metodología de la línea de pobreza, de acuerdo con la ENAHO 2020, la pobreza total en el país pasó de afectar al 21% de los hogares en el 2019 a un 26,2% en el 2020; mientras que la pobreza extrema pasó de un 5,8% de los hogares en el 2019 a un 7% de los hogares en el 2020. En cuanto a la pobreza total por zona, el incremento más fuerte se dio en la zona urbana, que pasó de un 19,8% en el 2019 a un 26,4% en el 2020, mientras que en la zona rural la pobreza subió de un 24,2% a un 25,5% de los hogares. En cuanto a la pobreza extrema por zona, en la zona urbana esta pasó de un 5,4% en el 2019 a un 6,9% en el 2020, mientras que en la zona rural se pasó de un 6,9% a un 7,3% de las familias en condición de pobreza extrema.

Por regiones, son las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central las que sufrieron los mayores cambios en el porcentaje de familias en condición de pobreza, pasando la Central de un 17% de los hogares en el 2019 a un 23,7% en el 2020 (+ 6,7 pp.), mientras que en la Chorotega creció de 20,3% de los hogares en el 2019 a 31,7% en el 2020 (+ 11,4 pp.). En el caso de la Región Pacífico Central, el incremento fue de 29,8% de los hogares en el 2019, a un 34,7% en el 2020 (+ 4,9 pp.), siendo esta la región proporcionalmente más afectada por problemas de pobreza del país.

Este aumento en el nivel de pobreza no puede desatenderse, por lo que se debe evitar que se convierta en un “valor piso”, como sucedió con los niveles de pobreza que tenemos desde los noventas (alrededor del 20% de los hogares), o que se mantenga en el tiempo e impacte durante varios años, como sucedió en los ochentas. Es probable que los niveles más altos de pobreza en las regiones Chorotega y Pacífico Central se deban a la abrupta caída en la actividad turística en esas regiones, como consecuencia de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia del COVID 19, mientras que en el caso de la Región Central el aumento en la pobreza se deba al cierre de actividades relacionadas con el sector comercial.

Dado que en los últimos meses se han retomado muchas actividades comerciales, e incluso ha habido cierta reactivación de las actividades turísticas, en general es esperable que la pobreza se haya reducido ligeramente, aunque no por mucho pues el desempleo aún no se reduce de forma importante, mientras que por otro lado las ayudas del Plan Proteger no siguen “con el mismo empuje” como en el momento en que se hizo la encuesta.

Tomando en cuenta lo anterior, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, es del criterio que:

  1. Las ayudas que se entregaron al inicio de la pandemia deben continuar, extenderse en tiempo y cantidad de beneficiarios, hasta que la situación sanitaria esté bajo control. Una cosa que deja clara la ENAHO 2020 es que las ayudas habrían tenido un papel en contener el incremento en la pobreza, como producto de la crisis, pero, además, considerando que aún no hay una recuperación importante del empleo, la situación de las familias afectadas por la crisis puede seguirse deteriorando sin una ayuda pública.
  2. Considerando la cantidad de recursos que el país utiliza en ayudas públicas desde hace mucho tiempo, así como los problemas de filtración que sufren estos programas y las dificultades del pasado para traducirlos en reducciones permanentes en los niveles de pobreza, urge repensar la forma en que estas ayudas se entregan y la institucionalidad alrededor de ellas. Pensar en utilizar los recursos actuales, así como los que se añaden temporalmente en razón de la crisis, para crear una renta mínima vital, por ejemplo, es algo que debe valorarse en el actual contexto. Esto podría mejorar el impacto de las medidas, así como la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los gastos asociados a la administración de los muchos programas sociales.
  3. Cualquier generación de recursos en el corto plazo, incluyendo el eventual incremento temporal de impuestos sobre los ingresos más altos de las personas físicas, debe ser destinado a cubrir estas ayudas. De igual manera, es importante continuar los esfuerzos por dirigir las ayudas en forma de alimentos, vía comedores escolares, a las familias con más necesidad, tratando de racionalizar esas ayudas para enfocarlas en los casos donde hay más necesidad y seguir con ellas en los meses donde no haya curso lectivo.
  4. La mayoría de las personas que perdieron su trabajo en meses anteriores, no tenía un empleo calificado, por lo que una estrategia para la creación de empleo y reducción del desempleo en el corto plazo, debe concentrarse en la creación de empleos no calificados y buscar que estos se creen en las zonas con mayores problemas del país (ciertas partes de la Región Central, la Región Pacífico Central y la Región Chorotega). En ese sentido la inversión pública debe jugar un papel central en el proceso, por lo que, dada la caída en la demanda agregada nacional por la reducción en el consumo privado, sería la vía más eficiente para iniciar el proceso de reactivación.
  5. El país ha desarrollado un esquema exitoso de atracción de inversión extranjera, pero que se ha enfocado en valorar las utilidades de las empresas y no en impulsar su valor agregado nacional. Estas empresas crean empleo, pero, por la forma del diseño de los incentivos, podrían estarse aprovechando para registrar más utilidades exentas en el país, en beneficio de las propias empresas, que el beneficio del país en creación de empleo, por ejemplo. En ese sentido, proponemos una reforma en los incentivos incluidos en el Régimen de Zonas Francas, para que en lugar de una exoneración sobre las utilidades se otorgue un subsidio público por creación de empleo. Para no afectar derechos adquiridos se respetarían los contratos vigentes, pero no se podrán renovar los contratos viejos con los incentivos anteriores. Esto permitirá al país concentrar sus escasos recursos en beneficiar a empresas que creen empleo, para valorizar los vínculos de las empresas con la economía nacional vía empleo, en lugar de valorar únicamente las utilidades de las empresas.
  6. Es importante impulsar otras actividades que complementen el turismo en algunas zonas del país, que han crecido económicamente en los últimos años dependiendo de ese sector. El turismo puede llevar años hasta que alcance los niveles de actividad previo a la pandemia del COVID 19, e incluso podría ser que nunca más lleguen a esos niveles. El impulso a una economía descarbonizada y a una economía circular, pueden ser la vía para crear empleo y empujar la recuperación económica por medio de una visión nueva. Reducir exoneraciones en otras actividades y crear estímulos fiscales a empresas de economía circular, por ejemplo, es necesario en el actual contexto.
  7. Finalmente, dado que las mujeres (especialmente las más jóvenes) han sido las más afectadas por el desempleo en los últimos años, se han visto más perjudicadas laboralmente por la crisis del COVID 19 y, además, son la mayoría de la población en condición de pobreza (un 45% de los hogares en condición de pobreza tienen jefatura femenina), la estrategia que se aborde para la creación de empleo a nivel nacional, y reducción de pobreza, debe concentrarse en crear empleo para las mujeres principalmente. Eliminar los sesgos negativos para la incorporación de las mujeres al mercado laboral es urgente, incluyendo en eso la creación del permiso de paternidad y el rechazo al Proyecto de Ley No. 21.182 denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.

Comunicado de prensa, Observatorio Económico y Social-UNA

Lunes 19 de octubre del 2020

Coherencia perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hay una coherencia perversa en la mayoría parlamentaria que se impone en estos momentos. Es lógico que los diputados y diputadas que le regalan 160 millones de colones a una asociación religiosa privada sin controles, o que invitan a líderes religiosos a inaugurar las nuevas instalaciones del Parlamento, confundiendo una institución pública con un sitio confesional; es lógico, digo, que sea esa misma mayoría parlamentaria la que quiera desfinanciar y asfixiar económicamente a la educación y a la cultura públicas.

No admiten más verdades que sus dogmas, por eso abominan del conocimiento científico. No conciben más texto que SUS biblias, no admiten más templos que sus iglesias, queriendo ver cerrados teatros, cines, centros culturales gimnasios y estadios. Y agitan sus demonios, pecados e infiernos para impedir que los espíritus libres conquisten el futuro.

El hilo se revienta por lo más delgado y una nación con educación pública y una inversión cultural anémicas, son la vía más rápida para acabar con la democracia. No es cualquier cosa la que se juega con esta fiesta de recortes en inversión social. Se estarán revolcando en sus tumbas las generaciones pasados que apostaron por una Costa Rica culta y educada.

¡Qué vergüenza!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.

Reactivación económica sin reactivación social

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

         El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.

         Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.

         Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.

         El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].

         En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.

         Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica per se, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.

         Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.

         Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.

         De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.

         El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.

El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.

[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.