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Peso del embargo estadounidense a la isla de Cuba

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

El embargo estadounidense a la isla de Cuba es de larga data, prácticamente nace con la Revolución Cubana.

Las primeras leyes del embargo se produjeron en 1958, es decir, antes del triunfo de la insurgencia revolucionaria, por parte del gobierno del presidente Dwight D, Eisenhower, el cual emitió una ley contra la venta de armas, en marzo del año mencionado, durante el régimen de Fulgencio Batista. Después de esta primera ley de embargo, la abundante mayoría de las leyes aprobadas contra Cuba, fueron contra la revolución. La primera de ellas ocurre en 1960 contra el gobierno de Fidel Castro, en castigo por las expropiaciones de las tierras en propiedad de las empresas estadounidenses y de otros grandes empresarios de este país.

No obstante, poco después en 1962 cuando se produjo la crisis de los misiles, consistente en un serio enfrentamiento que amenazó la paz mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, derivado de la instalación de una base militar con armas de mediano alcance como consecuencia de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y la URSS, el gobierno estadounidense robusteció las medidas de castigo al gobierno y pueblo de Cuba, incluyendo la restricción a la venta de todo tipo de mercancías a la isla, tales como medicamentos y alimentos.

El endurecimiento de las medidas se produjo, a pesar del retiro de los misiles de Cuba por parte de la URSS; la condición que se le había solicitado a los Estados Unidos consistía en que desmantelara sus propias bases militares que amenazaban a la Unión Soviética, instaladas en países de la OTAN como Turquía e Italia y, además, que el gobierno de los EE. UU se comprometiera a no invadir Cuba, como ya lo había hecho, apoyando a la contrarrevolución cubana en la invasión de “Bahía de Cochinos” acaecida en 1961.

Pero… ¿han sido eficaces estos bloqueos? ¿Cuánto han afectado a la economía cubana?

La prolongación del embargo

Desde 1959, se han sucedido en la enorme y poderosa nación del Norte, una diversidad de gobiernos de signo republicano y demócrata, todos ellos excepto uno, el de Barak Obama, hicieron lo posible por perjudicar al máximo a Cuba, ya no solo mediante leyes de embargo, sino también, alimentando con dólares la operación de fuerzas contrarrevolucionarias, como la guerrilla que actuaba en las montañas del Escambray que, saboteaba y asesinaba a los productores cubanos. Por otro lado, con más saña todavía, por razones ideológicas se buscó destruir las propiedades de la economía social. En tercer lugar, estas organizaciones no escatimaron esfuerzos para intentar sembrar el pánico, colocando bombas mortales en edificios públicos como en el antiguo Hotel “Hilton” de la Habana, ya por entonces llamado “Habana Libre”; o en el vuelo 455 de “Cubana de Aviación”, el cual había despegado de la Isla de Barbados y se dirigía a Jamaica, con destino final a la capital de la Habana. Este atentado terrorista, se lee en Wikipedia, tuvo lugar el 6 de octubre de 1976, ocasionando la muerte de las 73 personas a bordo, convirtiéndose en el peor ataque de este tipo en el hemisferio occidental. Las bombas empleadas fueron descritas como dinamita o explosivo C-4. Hubo evidencia, continúa diciendo Wikipedia de que el atentado fue perpetrado por individuos vinculados al exilio cubano en Miami, con vínculos con la CIA estadounidense y con algunos miembros de la policía secreta de Venezuela de aquel entonces, denominada “Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP. Aun cuando de momento el gobierno de los EE. UU no reconoció su complicidad en el ataque, documentos desclasificados en el 2005 indicaron que la agencia de de espionaje estadounidense, “tenía inteligencia concreta de avanzada, tan temprano como junio de 1976, sobre planes de grupos terroristas cubanos exiliados, de atacar con una bomba un avión de la línea cubana”. (Cfr. “CIA and FBI documents detail career in international terrorism; connection to U.S.” -Detalles de la CIA y el FBI detallan carrera en el terrorismo internacional; conexiones hacia los EE. UU- Contenido en “Caso del avión cubano en el sitio web www.latinoamericanstudies.org”).

También narra Wikipedia que el antiguo agente de la CIA, Luis Posada Carriles, aunque negó haber estado personalmente involucrado en el atentado, proporcionó después varios detalles acerca del acto terrorista en su libro publicado en 1944, “Los caminos del guerrero.” Además, continúa la narración, cuatro hombres fueron arrestados después de un juicio celebrado en Venezuela en aquella época, y fueron: Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano con una sentencia que dictaminó 20 años de prisión. En el caso de los más conocidos terroristas contrarrevolucionarios, Orlando Bosch Ávila fue absuelto por defectos técnicos en la consecución de las pruebas. Mientras tanto, Luis Posada Carriles, permaneció detenido durante ocho años mientras aguardaba una sentencia definitiva, aunque logró huir; posteriormente ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, por lo que se le detuvo, viéndose liberado en abril del 2007. En ese país dice la crónica, vivió protegido hasta su muerte en el 2018. (Cfr. Wikipedia. “Vuelo 455 de Cubana”. es.m.wikipedia.org). He acudido a esta fuente que no es fiable para realizar trabajos académicos más serios, pero sí lo es para brindar información como esta.

Se ha puesto el subtítulo “La prolongación del embargo”, porque una copiosa información de diversas fuentes -como lo veremos- revela que los gobiernos de los EE. UU continuaron promoviendo leyes para reforzar el embargo de la economía cubana, con el propósito fundamental de derrumbar al gobierno de Cuba. También es cierto que, el propósito de convertir a “la mayor de las Antillas”, como también se denomina a Cuba, en un enclave neocolonial de Los Estados Unidos, viene desde la “Enmienda Platt” y quizás desde antes. La “enmienda Platt” fue una ley aprobada como es obvio en el Congreso de Los Estados Unidos, impuesta a Cuba como una adición a la Constitución cubana desde los inicios del siglo XX, una vez que Cuba, había alcanzado la liberación del colonialismo español, en el año de 1898. En dicha “Enmienda” se estableció que, si algún gobierno de la Isla no aceptaba el mencionado apéndice a la Constitución, daría lugar a una ocupación militar de su territorio. Uno de los artículos de la “Enmienda” estableció que: “el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercer el derecho de intervenir para la preservación de la independencia y el sostenimiento de un gobierno adecuado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual”. En otro artículo de la enmienda se le quitaba al naciente estado cubano la soberanía sobre la Isla de Pinos, por lo que la soberanía de Cuba sobre este territorio quedó sujeta a ser discutida en el futuro. También se estipuló el “derecho” de los EE. UU a establecer bases “carboneras y militares” en las costas cubanas, -de aquí proviene la “base naval de Guantánamo”, todavía en poder del gobierno estadounidense-. (Cfr. “Enmienda Platt de 1901”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2525/15.pdf)

Además, con mucho cinismo el general Leonardo Woods, quien estuvo al enfrente de la ocupación militar de Cuba por los estadounidenses, desde el desalojo de los españoles en 1898, había adelantado en una carta al Departamento de Estado lo siguiente: “A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt (…) y lo único indicado ahora es buscar su anexión (…) Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. Creo -agregó- que es una adquisición muy deseable para los EE. UU. La isla se norteamericanizará gradualmente y al poco tiempo contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo.” (Cfr. Santos, Rafael. “La Enmienda Platt fue derrocada por la revolución”. PrensaObrera, 28-6-2021).

Todos estos anhelos de la potencia del Norte se incrementaron con el advenimiento de una revolución que para distribuir la riqueza expropió los terrenos de las compañías norteamericanas en Cuba. Hubo dos leyes que, una detrás de la otra, extendieron el afán de los gobiernos estadounidenses por acotar y destruir la revolución; una de ellas fue la ley “Torricelli”, y la otra la “Helms-Burton”. La ley Torricelli se presentó en el 102 Congreso de los EE. UU por el representante demócrata de New Jersey, Roberto Torricelli y secundado por quien llegaría a ser senador por el estado de Florida, Bob Graham. Dice la crónica que la ley sancionada en el Congreso fue promulgada por el expresidente George Bush (el padre), el 23 de octubre de 1992, cuando se encontraban en plena campaña electoral y tuvo como propósito influir sobre el electorado conservador de Florida. Ya la ley Torricelli incurrió en la osada pretensión de la “extraterritorialidad”, consistente en el establecimiento de penas contra países cuyos gobiernos no impidiesen el comercio de empresas de esa nacionalidad con Cuba, lo mismo que contra empresas navieras que acarrearan la mercancía. La ley resultó particularmente onerosa, habida cuenta de que se produjo en el contexto del derrumbamiento de los países socialistas, que se habían convertido en importantes socios comerciales de Cuba. Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, el 3 de marzo de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, en el 104 Congreso de los Estados Unidos, se aprueba otra ley, encaminada a reforzar el bloqueo contra Cuba. La ley fue promovida con el pomposo nombre de: “Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, más conocida como “Ley Helms-Burton”, que son los apellidos de un senador republicano y un representante en la Cámara de los diputados que la promovieron. En aquel momento, los republicanos habían ganado el control de ambas cámaras, pero el presidente Clinton (demócrata), desde la campaña electoral, había comprometido su apoyo al proyecto en cuestión, igual que lo había hecho antes Bush, con tal de ganarse al electorado de origen cubano de la Florida.

Conclusión

La ley “Helms-Burton”, vino a endurecer el embargo económico y político contra Cuba, puesto que implicó la decisión de EE. UU de hacer entrar en vigor el título III de la ley que había quedado pendiente, ante ciertas objeciones de los países de la Unión Europea y Canadá, porque sus inversionistas se veían implicados en las sanciones en caso de invertir en la isla antillana. Las repercusiones de esta ley se han extendido hasta hoy, ya que, durante el gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración Trump implementará integralmente el Título III de la “Ley Helms Burton” que había quedado en suspenso, a partir del 2 de mayo de 2019. Hoy han quedado a salvo de las sanciones aquellas empresas de propiedad de inversionistas europeos o de otras nacionalidades ajenas a los EE. UU, que no hayan hecho inversiones en bienes que hubiesen sido confiscados por la Revolución cubana hace seis décadas, merced a la intervención de los países de la Unión Europea y Canadá y sus recursos interpuestos en varias instancias internacionales, principalmente en la Organización Internacional del Comercio.

La discusión de esta cuestión no puede ser un asunto ideológico, como los Estados Unidos han querido hacerlo ver. Si así fuera, cómo es que la mayoría de los políticos estadounidenses que han promovido el bloqueo contra Cuba, no repudian los actos del gobierno israelí de Netanyahu, que están basados en el uso de la fuerza y que son a todas luces violatorios de los más elementales derechos humanos de la población civil de Palestina; ¿por qué callan frente al propio gobierno de Biden, que ha mantenido una actitud de apoyo solapado o encubierto a las acciones atroces del gobierno israelí? Es más recientemente, el gobierno de los Estados Unidos vetó la resolución de la ONU que pedía “pausas humanitarias” a la desbordada acción del gobierno de Israel, para poder entregar ayuda a Gaza. Bajo el gobierno del presidente George Bush, los EE. UU, se tomaron la atribución de invadir Iraq, alegando la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron por ninguna parte, dejando a su paso destrucción y muerte de miles de ciudadanos de aquella nacionalidad, que no estaban implicados en asuntos de naturaleza política. Hay muchas otras arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en el mundo y que cuentan con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, como para creer que dicho gobierno actúa en el caso cubano por razones humanitarias atinentes a la violación de los derechos humanos.

Si el embargo no tuviera repercusión en el desarrollo de Cuba, ¿por qué insistir en ello, cuando es obvia la intención de diferentes gobiernos estadounidenses de derribar al gobierno de Cuba?

Enviado a SURCOS por el autor.

La huelga es un derecho constitucional. Apoyemos a los médicos y a los educadores en sus luchas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Las huelgas, las protestas laborales que de esta forma se expresan o realizan, en la historia costarricense las conocemos desde el siglo XIX, desde hace más de 150 años, cuando se dieron las primeras protestas en este sentido en los trabajadores de telégrafos, cuando ya eran nacionales, siendo por ellas, tal vez las primeras huelgas o paros en el sector público nacional. El motivo de esa primera protesta fue el reconocimiento de pago, que no se les quería hacer, porque un huracán hizo caer las líneas telegráficas, cesando sus trabajos momentáneamente, por lo cual no se les quería pagar a los telegrafistas.

A partir de entonces hubo protestas y paros laborales, de las que tenemos registros. Durante la construcción del Ferrocarril al Atlántico, como se le llamaba, hubo protestas laborales de trabajadores traídos a esos trabajos. Protestas y paros de chinos y, especialmente, de los trabajadores italianos que realizaron la huelga más grande, hasta ese momento realizada en el país, con importantes movimientos de solidaridad con ellos en Turrialba, Cartago y San José.

Las protestas giraban alrededor de las condiciones de trabajo, atraso en el pago de salarios e incumplimientos de las cláusulas laborales pactadas. La huelga de los italianos repercutió para que, en los primeros años de explotación bananera, en las fincas que se fueron desarrollando alrededor de las líneas férreas, se produjera un movimiento huelguístico en 1888. Desde ese momento hasta la gran huelga bananera de 1934, dirigida por el naciente Partido Comunista en 1931, hubo casi una docena de protestas laborales en las zonas bananeras.

A finales del siglo XIX se habían movilizado en protestas laborales otros sectores de trabajadores, entre ellos maestros, operarios de diferentes oficios, diversos trabajadores del puerto de Puntarenas.

En una de las huelgas en el Atlántico a principios del siglo XX, la compañía bananera trajo trabajadores de Panamá, como rompehuelgas, sin haberles advertido que para eso los traían, de manera que cuando llegaron a Limón y darse cuenta de la huelga se sumaron solidariamente a la misma, debido a que esos trabajadores pertenecían al sindicato Industries World Workers, un sindicato muy importante norteamericano de aquellos años, que contribuyó al surgimiento del Partido Comunista de los Estados Unidos en 1919.

A las protestas laborales que estaban surgiendo en la segunda mitad del siglo XIX se dieron también las primeras formas de organización de trabajadores. Primero, las organizaciones poli clasistas de sociedades de socorros mutuos, de mutuo auxilio y de ayuda mutua, en las cuales se podían organizar voluntariamente trabajadores, patronos, estudiantes y quienes quisieran afiliarse. Luego, las sociedades de Trabajadores, de Artesanos y de Obreros, a partir de 1874, en las cuales solamente esos trabajadores podían agremiarse, dándole a estas organizaciones un sentido clasista. Estas organizaciones fueron típicas hasta 1900-1902, cuando como resultado de las grandes transformaciones económicas en el país, y el desarrollo industrial, los talleres artesanales dieron paso a pequeñas, medianas y grandes industrias, desaparecieron dando origen, en los años 1900-1902, a las Ligas Obreras y a los Sindicatos, tal y como ahora los conocemos.

En ese final del siglo XIX las luchas del movimiento obrero europeo y norteamericano, con algunas expresiones en América Latina, se habían movilizado intensamente por establecer la jornada de 8 horas de trabajo, lo que culminó en las luchas obreras de Estados Unidos, a partir de 1880 que produjo, las grandes huelgas de Chicago de 1886, continuadas luego, en 1888 y 1890, cuando en memoria de esas luchas se estableció, desde 1890 la celebración del Primero de Mayo como día Internacional de los Trabajadores, que en Costa Rica empezó a celebrarse en 1913.

Frente al desarrollo de las luchas sindicales y obreras europeas, y el surgimiento de partidos políticos y movimientos sociales anarquistas, socialistas, comunistas y revolucionarios, en general, la Iglesia Católica se pronunció sobre esas luchas en su Encíclica Rerum Novarum, 1891, en la cual asumió la bandera y defensa del derecho a la organización sindical, del derecho a la huelga de los trabajadores y el derecho a la lucha por mejores salarios. De esa manera la Iglesia disputaba la influencia de esos partidos ante las grandes masas de trabajadores.

En Costa Rica la Encíclica repercutió directamente con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, quien de igual manera se pronunció en su Carta Pastoral No. 30, que trataba del derecho de huelga, de organización sindical, del injusto salario de los desposeídos de bienes de fortuna, enfrentándose duramente con el gobierno de José Joaquín Rodríguez, quien lo atacó por apoyar la organización sindical, la huelga y el derecho a reclamar justos salarios.

A partir de las Ligas de Obreros y los primeros sindicatos, desde 1901, el fortalecimiento de los sindicatos avanzó a formas superiores de organización, las Federaciones de Trabajadores, a partir de 1905, y a la primera Confederación General de Trabajadores, CGT, única en todo el país, desde 1913 hasta 1923, cuando se disolvió para darle apoyo al Partido Reformista, que estaba surgiendo. A la desaparición de la CGT siguió la Confederación Obrera Nacional, que llegó hasta 1928 dando lugar a la Unión General de Trabajadores, que sirvió de base para el surgimiento del Partido Comunista de Costa Rica, en 1931, quien la dirigió hasta 1938, cuando como resultado de su crecimiento, y luchas, las disolvió e hizo surgir el Comité Sindical de Enlace, para las luchas urbanas, y la Unión Nacional Campesina, que en el contexto de la II Guerra Mundial, y ante la alianza con el gobierno del Dr. Calderón Guardia, las reunió en una sola organización, Comité Nacional Sindical de Enlace, que dio paso, en 1943, a la constitución de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, año en que la Iglesia, al formar parte del pacto entre el Gobierno y los comunistas, que hizo posible la aprobación del Capítulo de Garantías Sociales, de la Constitución Política y del surgimiento del Código de Trabajo, impulsó una nueva organización sindical, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum.

De hecho, hasta 1943 el movimiento sindical nacional era único y unitario, en una sola central sindical nacional, independientemente de quien políticamente la dirigiera. Desde entonces el movimiento sindical evolucionó a varias organizaciones sindicales nacionales, como existen hoy, pasando por la crisis que constituyó la guerra civil de 1948, cuando la Junta de Gobierno reprimió y disolvió las organizaciones sindicales que dirigía el Partido Comunista, que empezaron a rearticularse hacia 1952.

En los últimos 70 años las luchas sindicales y sus huelgas, y protestas, laborales se han mantenido y crecido. Mientras haya trabajadores en malas condiciones laborales y salariales, habrá luchas sociales, con mayor o menor intensidad. Las luchas sociales de esta naturaleza, por salarios, condiciones de vida y de trabajo, por beneficios económicos, profesionales y sociales no van a desaparecer. Mientras existan gobiernos contra los trabajadores habrá lucha contra esos gobiernos y sus políticas económicas contra la población trabajadora.

La jornada de 8 horas fue una lucha muy importante de movilización y lucha. Se logró en 1918, y en 1920, cuando en diciembre se estableció, reconociendo en ese momento el Gobierno el derecho de organización sindical y el derecho de huelga de los trabajadores. La jornada de 8 horas se llevó a las Garantías Sociales de 1943, incorporada así a la Constitución vigente de 1871, y a las Garantías Sociales de la Constitución Política de 1949, ya establecida en el Código de Trabajo de 1943, en la que ha mantenido. Hoy el gobierno se empeña en acabar con esta jornada y establecer la jornada esclavista del siglo XIX de 12 horas de trabajo.

Huelgas y protestas campesinas fueron anteriores a las de los trabajadores urbanos. En el siglo XX se unificaron en mucho sus luchas. Otros sectores laborales se integraron y sumaron a luchas por sus derechos sindicales, laborales y por beneficios sociales.

Los maestros y educadores han jugado un papel importante en las luchas sociales del país.

Cuando se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, a mediados de la década de 1940-1948, se organizó una huelga médica contra la Caja. La seguridad social se mantuvo y se fortaleció. Se universalizó en sus servicios y cobertura cuando al frente de ella estaba el Dr. Guido Miranda. Hoy está disminuida en ese papel nacional. En el seno de la Caja Costarricense del Seguro Social hay una enorme cantidad de sindicatos, respondiendo a las distintas ocupaciones laborales y profesionales en la institución.

Clave fueron las huelgas médicas de 1971 y 1972, cuando los médicos se movilizaron por salarios, reclamando una diferencia sustancial entre sus salarios y el resto de los trabajadores. La primera de estas huelgas fue totalmente condenada y rechazada por todos los sindicatos. Recuerdo que estábamos en las sesiones del III Congreso Universitario, cuando se dio la huelga. Allí se propuso una moción a favor de la huelga, que tuvo tres votos a favor. Dos de esos votos fueron, uno mío, yo era representante estudiantil en ese Congreso, y otro del profesor Dr. Álvaro Montero Mejía. Nuestra tesis es que era justo luchar por mejores salarios. Además, llamábamos la atención de que si los médicos, que en ese momento tenían salarios superiores, luchaban por mejorarlos y mantenerlos, con más razón los trabajadores, con salarios más bajos, debían movilizarse por mejorar sus salarios. Esa relación siempre sigue siendo válida. En la huelga de 1972, después de un trabajo que se hizo importante con las organizaciones sindicales explicándoles este aspecto, la huelga médica fue apoyada por la mayoría de las organizaciones sindicales.

No siempre se dan las condiciones de solidaridad en las luchas de los trabajadores por los distintos sindicatos y gremios laborales. El gobierno de turno sabe jugar las cartas para dividir a los trabajadores en estas luchas, para restarles fuerza, debilitarlas y si le es posible desacreditarlas, en sus organizaciones o en sus dirigentes.

Las huelgas médicas en estos 50 años, como las de educadores se han dado en abundancia.

La huelga y paros médicos, como las movilizaciones de los trabajadores de la educación, que han estado presionando, en estos días, por sus salarios, sus reconocimientos económicos y el pago de salarios atrasados, son absolutamente válidos.

En la Constitución Política, en sus artículos 60, 61 y 62, se establecen los Derechos a organización sindical, al de huelga y al de realizar convenios colectivos de trabajo. Los Derechos constitucionales son garantías de ejercicio de las libertades de las personas, de los ciudadanos.

El Artículo 60 señala claramente que los trabajadores, los médicos y los maestros y educadores, que son trabajadores, pueden sindicalizarse libremente “con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Es claro, para “obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Por eso luchan hoy los médicos y educadores.

El artículo 61 reconoce la huelga para defender los derechos laborales, sociales, económicos, profesionales que se tienen, cuando se ven afectados, disminuidos o debilitados. No se hacen huelgas para jugar fútbol. Es el derecho constitucional para asegurar las condiciones de trabajo, de salario y de higiene ocupacional que se necesita para desempeñarse en el trabajo, de una manera digna, decorosa y decente. El artículo 62, complementa los dos anteriores cuando establece que las convenciones colectivas de trabajo tienen “fuerza de ley”, como si las hubiera aprobado la Asamblea Legislativa, que resulta del acuerdo de patronos y trabajadores, para mejorar las condiciones de trabajo y salariales que se pactan, en esas convenciones, más allá de los derechos existentes generales. Es claro que cuando patronos pactan es porque han valorizado sus posibilidades económicas de atender y cubrir lo que se acuerda.

Las luchas de educadores y médicos en estos días son válidas. Las condiciones socioeconómicas son duras. Se han congelado salarios, pensiones e ingreso de los trabajadores. El costo de la vida sigue creciendo contra salarios que no responden a ese crecimiento. El desempleo sigue aumentando, la deserción escolar y colegial igualmente aumenta. El subempleo y el trabajo informal, al margen de las estadísticas nacionales crece abismalmente. La escasez de vivienda digna, decente y decorosa crece. Las zonas de tugurios y malas viviendas se agudizan. Los jóvenes cada vez más aprecian un futuro incierto. El suicidio nacional ha incrementado en estos grupos humanos. No hay políticas efectivas que contribuyan a solucionar este problema. No hay control de precios en favor de los habitantes y ciudadanos. Los salarios permanecen en escalera mientras los precios, incluso de los servicios públicos, suben en ascensor. Las Defensorías que se han creado en estas direcciones no funcionan adecuadamente.

Los trabajadores tienen estos instrumentos, de lucha legal y constitucional, entre ellos la huelga, para defenderse de sus malas condiciones de vida, de trabajo y de ingresos económicos salariales.

Los derechos y libertades existentes en la Constitución Política son para vivirlos, para poderlos realizar. Si eso conduce a la lucha organizada, pacífica, es válida esa lucha.

Apoyemos a los trabajadores nacionales, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y a los educadores, del Magisterio Nacional, en las luchas que tienen y mantienen en estos días.

Compartido con SURCOS por el autor.

Se entrega la soberanía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

La foto recuerda al presidente Chaves fuertemente custodiado por guardaespaldas con armas de grueso calibre, una foto indigna para nuestro país. Ante la crítica, el presidente Chaves contestó que se debía a que estaba tocando los grandes intereses del narcotráfico: “vean estamos poniendo escáner tocando los grandes intereses de los carteles, que impedirá que un solo gramo de droga salga de nuestros puertos, ¿cómo no debo cuidarme?”.

Independientemente de valorar que el escáner no sirvió de mucho, unos días atrás el ministro Nogui informó al país que no había plata para la instalación de los otros dos escáneres y que su manteniendo costaba mucho dinero (esta noticia se lee el 22 marzo en La Nación). El presidente Chaves renunciaba a tocar los poderosos intereses del narco, para usar sus palabras.

Sin embargo, la generala Laura Richardson jefa del Comando Sur del Ejército de los EEUU ya había ofrecido que su país y su ejército otorgarían 4 escáneres al país, los cuales regalaría junto con su instalación y mantenimiento. En otras palabras, que el control directo de la exportación e importación de cocaína estaría en manos del Army. El país solo pondría y tal vez, la electricidad. Todo quedaría en manos del ejército gringo con la contribución de la DEA.

La generala Richardson como buena militar imperial no se anda con pelos en la lengua; su interés -dice- es asegurar los intereses de EEUU en la América Latina, especialmente en dos campos: los recursos naturales y la eliminación de la influencia china. Por supuesto, todo en beneficio de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

El contexto de esta política es la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, combatir la inseguridad. Ya en el pasado la lucha contra el narco y la inseguridad, como ahora, sirve para militarizar a los países y afianzar los intereses de la potencia norteamericana. En este ambiente las políticas que limitan y anulan la soberanía nacional, son bienvenidas por la ciudadanía sin que noten cuáles son los verdaderos intereses de fondo.

En la Asamblea Legislativa además de los proyectos para aumentar penas y disminuir derechos de los ciudadanos, también se proponen facilitar y ampliar todo lo referente a escuchas telefónicas, geoubicación, visualización de mensajes y cosas tan graves como el intercambio de información de este tipo entre policías de diferentes países. Ya sabemos que actualmente la Embajada de Estados Unidos tiene datos en tiempo real de toda la información y el monitoreo que hace el Centro dedicado a esta actividad en el OIJ. En otras palabras, sin que un juez lo ordene y sin que el cuerpo policial extranjero lo solicite. Y ¿cuál es la razón de ello? En primer lugar, la complicidad de los jueces y funcionarios encargados del Centro, así como de las autoridades judiciales. En segundo lugar, la amenaza de las policías estadounidenses de retirar el software de escuchas que regaló o prestó los EEUU a Costa Rica.

Un proyecto de ley en la AL quiere legalizar esta entrega.

En México el presidente López Obrador continuó la colaboración con la DEA y otras policías, pero no de manera como ocurría en el pasado que disponían por la libre de todo, sino ordenando y poniendo bajo la soberanía del país la información que se les entrega. Así debería ser en nuestro país.

Sin embargo, la generala Laura Richardson y demás autoridades estadounidenses se han encontrado con un presidente, Rodrigo Chaves, absolutamente convencido de entregar este país no solo a los bancos internacionales y al capital financiero, sino que también la soberanía política y judicial a otras instituciones y cuerpos del extranjero.

Estamos en presencia de un presidente, Rodrigo Chaves, tal vez el más entreguista de los últimos años.

El sueño de Chaves y Esquivel: la Caja Costarricense de Seguro Social un «Ebaisón»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El Seguro Social lo acorralan como al cangrejo, marcha atrás defendiéndose con las tenazas al aire.

La situación de los especialistas es un nuevo capítulo de la saga, como a las enfermeras, sale más barato contratar auxiliares de enfermería.

Con la sobreproducción de médicos generales, en un mal entendido ahorro, se la van a jugar con estos profesionales, ávidos de chamba.

La posta de las cirugías complejas, tratamientos especializados, trasplantes, inexorablemente irá a las arcas de lo privado.

La proliferación de centros en toda la geografía nacional, no es casual.

El Seguro Social, si no nos ponemos vivos, será reducido a un gran “EBAISÓN “ para sacar uñas encarnadas, repartir aspirinas por doquier.

¡Estamos notificados!

El caso de Turrialba, Jiménez y Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Carranza

Estamos en un país hermoso, pero con grandes brechas económicas, sociales y territoriales. Hay una diferenciación con el Gran Área Metropolitana y lugares como el complejo turístico de Guanacaste (una parte de la provincia y el crecimiento acelerado de Zona Norte).

Muchas tareas hay que efectuar, pero hay tres para todos en el caso de Turrialba. El actual espacio urbano está saturado con grandes riesgos, con infraestructura inadecuada, con una relación muy limitada con las vías nacionales y con un rezago histórico único.

Además, es también necesario plantear un agotamiento de la matriz socio económica, que, si lo analizamos, ya tiene el peso de otras épocas. Nos referimos a la producción azucarera tradicional y una parte de la producción cafetera que no tienen ya el peso de otras épocas. Así mismo, la necesidad de contar con la modernización empresarial de la producción lechera. Hay que pensar en nuevas formas como el modelo de clúster y un nivel empresarial que lleve a formas corporativas con ventajas competitivas.

El crear nuevas matrices donde casos como Firestone y Rawlings son parte de un nuevo esfuerzo, pero se requiere otros para avanzar a las nuevas formas de economía de servicio con talento humano de primer orden.

Pensar en esto es un esfuerzo necesario para situar a esa subregión en nuevas condiciones con formas de economía de mercado, con producción que camine hacia la cuarta revolución y encamine a la quinta revolución económica.

Si no se toman acciones económicas y en la formación del talento humano con niveles de inversión y de atracción de las nuevas formas, el atraso puede ser mayor. La necesidad de un acuerdo cantonal y subregional es fundamental.

Dar los pasos correctos hacia el siguiente cuarto de siglo es primordial. Esto, con un programa subregional y un plan con prospectiva es fundamental.

Entendiendo al presidente de Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El sistema electoral venezolano es tan asimilable en eficacia; como comprensible es el sistema electoral colombiano, en las falacias que lo sustentan, al pretender darle un razonamiento valido de eficacia. En Colombia predomina en lo electoral una apariencia de funcionamiento correcto en lo eficaz. Lo eficaz, en lo electoral, no dista del significado de la Real Academia de la Lengua: “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ambos sistemas electorales se fundamentan en la aspiración constitucional del derecho de cada ciudadano (a) a elegir y a ser elegido. Constituye premisa esencial de reconocimiento de los derechos políticos. Lo más característico de los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela radica en diferenciar (no comparar) en donde arraigan los presupuestos de viabilidad para que ese ejercicio se dé o se cumpla. Por ello, en los sistemas electorales de ambos países, no existen punto de comparación. En Colombia asistimos a un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y además genocida y criminal. Enmarca dentro del álgido conflicto político que impera en Colombia. Esto no sucede, no se da, en la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, el factor de eficacia es totalmente diferente.

Se puede predicar que en Colombia no existe un sistema de oposición político articulado. Ha hecho carrera, durante este último periodo presidencial, una oposición institucional (no institucionalizada) en que las diferentes ramas del poder se enfrentan a la rama ejecutiva, alterando el principio de desarrollo armónico de la tridivisión del poder público. Oposición política partidaria no se da en Colombia; esta se diluye en intereses difusos de camarillas y de un partido inscrito que más parece una secta. Hacen coro opositor los órganos de control constitucional (Contraloría General, Procuraduría General). También los que, mutuo propio, se erigen como “de control” y son apéndices, el uno de la justicia como lo es la Fiscalía General (no considero que fue, puesto que, con la manida elección de la Nueva Fiscal General, en nada cambio la componenda corrupta imperante en ese organismo, controlado por la clientelista Corte Suprema de Justicia.) El otro, el Defensor del Pueblo, cual una bolsa de residuos de la Cámara de Representantes de mayoría opositora de derecha y el titular de su elección, como otro integrante en el sainete de conspiradores.

Por el contrario, en Venezuela la oposición si hace uso, en ejercicio, de ese derecho político. Y las diversas ramas de poder (que no son tres como en Colombia) operan de forma armónica en garantía a la integridad de la Constitución Bolivariana. Allá, el Poder Público se constituye, nacionalmente, en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. Ese Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector. De manera que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente Maduro. Entre las múltiples funciones soberanas que tiene el Poder Electoral, está la de “reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas suscitan o contengan”. Organiza las inscripciones; vela por que se cumplan las disposiciones legales al respecto. Existe un Comité de Postulaciones Electorales que lo integran diferentes sectores de la sociedad civil (léase bien). De manera que la premisa del derecho fundamental de elegir y ser elegido si que redunda en garantía de existencia y de eficacia en el régimen electoral bolivariano de Venezuela.

Resalta que hasta el 1º de abril-fecha limite- 13 candidatos que cumplieron con los requisitos y respaldados por 37 organizaciones políticas se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para aspirar la Presidencia de la Republica en las elecciones nacionales del próximo 28 de julio de 2.024. De esos candidatos inscritos, 12, pertenecen a sectores de oposición política. El candidato y presidente Nicolás Maduro Moros, fue postulado como candidato de 11 organizaciones políticas que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Todos, desde la extrema derecha opositora, disidente y nueva; hasta los partidos tradicionales vetustos: Acción Democrática y Copei, del antiguo régimen bipartidista oligárquico, gozaron de las mismas condiciones, requisitos, plazos, etc.

Lo incongruente, lo ilógico y lo contradictorio

En el abanico de aspirantes a elegir y ser elegido se inscribió un movimiento político conocido como Vente Venezuela, creado por la opositora María Corina Machado hacia finales del año 2.012. El 13 de mayo de 2.015 el CNE negó la inscripción como partido político de Vente Venezuela. Desde entonces no ha sido inscrito como partido electoral. En un trámite espurio, falso y fingido, la Asamblea Nacional profirió un acto de “legalización” de ese partido, sin tener jurisdicción para ello, puesto que el órgano de poder electoral es el CNE, al que no volvió a radicarse, por parte de interesado, solicitud de nueva personería. Esto a manera de explicación. La representante de esa expresión Vente Venezuela, optó por una posición abstencionista ya que María Corina Machado considera que las elecciones en Venezuela son “un sistema de extorsión” y una “simulación electoral”. Fue hasta el año 2.023 que María Corina Machado anuncio su precandidatura presidencial por Vente Venezuela. A sabiendas de la carencia de tipo para esa clase de aspiración por el no reconocimiento de Vente Venezuela, en el CNE, María Corina Machado, montó en escena unas elecciones primerias de la oposición, en Vente Venezuela, en que ella dizque logró el primer puesto con un elevado y mayoritario número de electores. Eso fue realizado por fuera del sistema electoral venezolano, que lo rige el CNE. Y así en esa ilusoria fantasía y despliegue publicitario internacional, bajo el arbitraje de una organización Súmate, de la cual María Corina Machado, es su fundadora, se proclamó candidata única de la oposición venezolana y obvio, pues no aparece inscrita en el Registro Electoral arbitrado por el CNE y, por ende, no es candidata para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2.024 en la República Bolivariana de Venezuela.

No voy a detenerme sobre acusaciones de tipo penal contra la señora María Corina Machado. Redunda si un prontuario de varios aspectos de carácter administrativo, tan a la mano en momentos como el actual, en que se necesitan. La Contraloría General de la República la inhabilitó el 13 de julio de 2015 y en 2021 la Contraloría extendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Siendo Diputada de la Asamblea Nacional, registra una situación difícil, que la lleva a un callejón sin salida, al aceptar ser embajadora alterna del gobierno de Panamá, en una sesión plenaria de la OEA, en que se invocaba, torticeramente, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, buscando sancionar a Venezuela; actuando, pues, como agente de un gobierno extranjero. Esto sobrepasa en violación todos los presupuestos constitucionales para que un originario de un país aspire a ser el presidente de esa República.

La falta de consistencia

Pues está bien que, sin tarjeta electoral, sin opción de participar en las elecciones presidenciales, engañe a incautos y/o enajenados por la dictadura mediática nacional e internacional. Pero a Jefes de Estado o a quienes dirigen el ejecutivo nacional de un país, prácticamente es desconcertante. Sorprende, suspende el ánimo, tanto de seguidores electores, en Colombia, como de cualquier desprevenido analista.

 Mienten al decir que el gobierno bolivariano la inhabilito y que le teme a su fantasiosa candidatura. Ella reta y mantiene su ilusa candidatura pese al veto oficial. Resume una ambición personal de poder personal. También al decir que inhabilitar a María Corina Machado significa una violación de los acuerdos de Barbados, sin sustentación alguna probatoria al respecto. Corresponde rechazar las amenazas e intentos de desacatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela e intentar desconocer el proceso electoral de 2024. También repudiar el ultimátum dado por los EEUU.

Es dado el concluir que no existe asomo de un “golpe democrático” en el limpio o preclaro proceso electoral analizado. Tampoco existe punto de comparación con algún caso similar en Colombia. Y en lo de la recolección de firmas.

La conducta asumida por la señora María Corina Machado es tan cómplice, que ya ad-portas de vencerse el plazo de inscripción, mutuo propio, designó a una sucesora, a quien busco con asonancia a su nombre de pila y presentó a la octogenaria Corina Yoris; resultando un fiasco, al no obtener el apoyo necesario de partidos de oposición que si parecían registrados y con capacidad legal de avalar.

Pero la oposición cuenta con otro u otros candidatos. La Plataforma Unitaria logra registrar, en una extensión del plazo, al diplomático Edmundo González Urrutia, antiguo integrante de Un Nuevo Tiempo, bajo las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. El CNE, al parecer, abrió una prórroga de algunas horas para inscribir al candidato de la MUD. Eso pareció volvió a darle alas a la insulsa María Corina. También aparece registrado un candidato de la oposición menos pensado: Manuel Rosales.

La frustrada aspirante decidió no tomar la opción legal electoral de acudir a la recolección de firmas, siendo que decía tener mas de 2 millones de votantes. Tuvo todo el tiempo requerido y no lo hizo. Valga aquí explicar que ese recurso de grupos de electores, por iniciativa propia, de recolección de firmas, esta muy lejano, en Venezuela, a la practica de casino, de mejor postor y de compra de votos, imperantes en el corrupto sistema electoral colombiano. Vendrán las elecciones. Amanecerá y veremos.

Docente luchando, también está enseñando

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Rocío Alfaro Molina

Queremos enviar un saludo al Magisterio Nacional, que hoy nuevamente salió a las calles a reclamar un derecho laboral básico, como recibir el pago acordado por el pago que se realiza.

Un saludo en este caso al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), que hoy dio la campanada en las calles, indicando que magisterio no está dispuesto a seguir con el engaño que el Ministerio de Hacienda ejerce, al no pagar lo adeudado por inflación desde hace tantos años y también por el no pago de los recargos, que para muchos docentes y muchas docentes significa prácticamente la mitad de sus salarios, saludamos que haya tomado la iniciativa, porque no podemos seguir con un ministerio de hacienda que incumple constantemente con sus responsabilidades y hacemos un llamado al magisterio nacional, a todas sus organizaciones, a sumarse a esta justa lucha.

De ayer, de hoy y de siempre

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Vladimir de la Cruz

En Costa Rica desde el Siglo XIX, empezando en 1848, hasta el Siglo XXI, se han declarado y aprobado 119 Días Conmemorativos, 12 Semanas Conmemorativas. Diecinueve de estas fechas se han emitido por Ley y 111 por Decretos Ejecutivos.

En el caso costarricense, como en todos los países, hay muchas celebraciones, calendarizadas, por Ministerios, como los de Educación, de Agricultura y de Salud, entre otros, como parte de sus actividades y rituales institucionales de existencia, pero de poco conocimiento público, y de poca celebración concreta, más allá del recordatorio de la fecha respectiva.

Existían calendarios de los ministerios. No sé si todavía los programan y publican cada año, aunque sea solo para uso institucional. En los viejos calendarios escolares, como los de mi época de escuela, en la década de 1950, estas fechas tenían más sentido y razón. De alguna manera se celebraban, y nuestras maestras nos hablaban de ellas. Al menos me parece recordar a mi querida maestra, de primero a sexto grado, la Niña, como cariñosamente le llamábamos, Julieta de Vargas. Así la conocimos siempre. Hoy sé que su apellido era Vives.

En el calendario nacional de celebraciones tenemos o existen varias categorías de celebraciones nacionales, no todos feriados ni todos se celebran con igual pompa. Algunas de estas fechas pasan prácticamente inadvertidas.

Así como hay símbolos nacionales mayores y menores, bien podría hablarse de celebraciones de fechas mayores y menores. Algunas de éstas hoy adquieren notoriedad y publicidad porque se han comercializado, vulgarizado y despreciado en su real contenido. El comercio las ha engullido y su simbólico valor se ha mercantilizado. Estas fechas no necesariamente destacan nuestra identidad, nuestra Historia, nuestra Cultura, aunque evidencien rasgos de este desarrollo institucional.

Las gestas que contribuyeron a forjar nuestra cultura costarricense, como Estado y Nación independiente y soberano, y que nos identifican en el mundo, se destacan solo en el día de su celebración. Así, por ejemplo, el próximo 11 de abril o el 25 de julio próximo, por la Batalla de Rivas y la Incorporación, bicentenaria del Partido de Nicoya a Costa Rica. Aun así, a pocos días de la Batalla de Rivas, no hay nada a la vista, salvo el redoblar de tambores que a veces escucho en la escuela al frente de mi casa. Pero, el Bicentenario de la Anexión, es para que todo el año se hubiera declarado festivo en ese significado. Tan solo será para el gobierno una fecha más de realización, de una ceremonia quizá conjunta con la Asamblea Legislativa en Nicoya, donde debe ser la celebración de este Bicentenario.

Si de la Batalla de Rivas se trata, se oculta y pasa inadvertida la Batalla de Sardinal del 10 de abril, a pocas horas de la Batalla de Rivas. Las tropas que derrotaron a los filibusteros en Sardinal, impidiendo su penetración al Valle Central por el río Sarapiquí, se trasladaron de inmediato, prácticamente sin descanso alguno, a Rivas para reforzar la cruenta, larga y heroica Batalla, de 20 horas que se libraba en Rivas.

A las fechas nacionales se han impuesto también fechas de celebración internacional, por organismos internacionales en los cuales, como país, participamos y de los que somos parte, como el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así declarado por la ONU, el próximo día del Libro que se celebra a nivel internacional el 23 de abril, o el Día Internacional del Trabajador, el primero de mayo, que para los costarricenses es feriado y se celebra desde 1858, como día de la Rendición de William Walker. ¿Quién se acuerda, y quién celebra esta rendición ese primero de mayo? En los discursos oficiales esto está ausente. Los miembros y amigos de la Academia Morista Costarricense y los de la Tertulia de 1856 los celebramos y recordamos, y hacemos el esfuerzo de que tengan la relevancia nacional que requieren.

Es interesante destacar que el 11 de abril se celebra más como el Día del Héroe Nacional, asociado a la figura de Juan Santamaría, y no conmemorativo a la victoriosa Batalla de Rivas, como no se celebra tampoco la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo, o la de Sardinal, del 10 de abril, alusivas a las derrotas infligidas a los filibusteros en Nicaragua y en Costa Rica, por nuestro Ejército Libertador. Quizá la clase gobernante, y sus representantes más importantes, hubieran deseado que los filibusteros hubieran ganado…

Tampoco se recuerda el carácter patriótico marcado por el Presidente Juan Rafael Mora Porras, y Jefe Supremo del Ejército Libertador, que en esas batallas y en esa lucha contra los filibusteros norteamericanos, estaba en juego la Independencia, la Soberanía de nuestros países y la Libertad de los pueblos costarricense y centroamericanos, amenazados de anexión a los estados sureños de los Estados Unidos y del establecimiento de la esclavitud, como Walker la había impuesto en Nicaragua.

La clase política nacional, cómplice, de los intereses anti costarricenses, estableció hace algunos años, que las fechas patrias podían trasladarse del día correspondiente a lunes de la siguiente semana, con el propósito de facilitar la concentración de tres días para estimular el turismo. Su conciencia estaba alejada de los intereses nacionales, de la conciencia histórica nacional. Se concentraba en los intereses económicos, que respondía a la condición de vendepatrias de algunos de los miembros de la clase política gobernante, que piensa más en esos intereses que en los de forjar una verdadera conciencia nacional y patriótica.

En la condiciones del mundo globalizado e internacionalizado que vivimos es más urgente afirmar los valores nacionales, las costumbres y las tradiciones histórico-culturales que forman y afirman nuestra identidad nacional, y nuestra Historia Patria. Opera contra ello la política educativa nacional. El Ministerio de Educación está literalmente alejado de convertirse en el acicate, en el estímulo, en la punta de lanza de la forja y fortalecimiento de una real y verdadera conciencia nacional y patriótica. Los sindicatos del sector educativo poco pueden hacer. De ellos no depende la elaboración de los programas nacionales de educación.

Las clases gobernantes, sus representantes más conspicuos, especialmente en el Poder Ejecutivo, más se muestran como apátridas y vendepatrias.

Las celebraciones de ciertas fechas patrias y nacionales, consideradas feriados nacionales, se pagan obligatoriamente para quienes las trabajan. Así tenemos como días feriados de pago obligatorio en Costa Rica los siguientes: 1º de enero (Año Nuevo), 11 de abril (Día del Héroe Juan Santamaría), Jueves y Viernes Santos, 1º de mayo (Día Internacional del Trabajador), 25 de julio (Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica), 15 de agosto (Día de la Madre), 15 de setiembre (Fiesta Nacional alusiva a la Conmemoración de la Independencia de Costa Rica y Centroamérica) y el 25 de diciembre (Natividad de Jesucristo). Y, los días feriados de pago no obligatorio el 2 de agosto (Día de la Virgen de los Ángeles) y el 12 de octubre (Día de las Culturas, hoy señalado como Día de Encuentro de Culturas).

A la celebración de estas fechas les van imponiendo, calzando, otras, encima, como sucede con la fecha del 31 de agosto de 1848, de la Fundación de la República, que prácticamente no se celebra ni se tiene reconocida como fecha conmemorativa, pues este mismo día se han metido en celebración el Día del Régimen Municipal y el Día del Negro Costarricense.

Lo mismo con la fecha de Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821: ¿por qué no celebrar con toda la pompa que se merece este acto, con día feriado, y de pago obligatorio? Es cómo preguntarse: ¿Para qué celebrar la Independencia si somos dependientes? Y gobernantes, que preferirían ser gobernadores, de un Estado asociado, que presidentes de una República Libre y Soberana, como algunos se muestran cuando quieren vender todos los activos nacionales y las instituciones más valiosas del país, a intereses extranjeros sin permitir que agentes económicos nacionales las pudieran adquirir, como están diseñando la venta del Banco de Costa Rica, por ejemplo.

Estamos ante el bicentenario también de la constitución del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, en cierta forma del Estado de Derecho, que surge con estos poderes desde la constitución del Estado de Costa Rica, y no se está haciendo ni programando nada al respecto. Puedo entender que el inquilino de Zapote, que no está de acuerdo con el Estado de Derecho, con el respeto al equilibrio de poderes públicos, con su intención de gobernar por la fuerza, por decreto, no promueva ninguna celebración cuando quisiera gobernar autoritariamente, y sin controles institucionales el país.

¿Acaso no debemos fortalecer estas celebraciones a favor de la democracia política que vivimos, y todavía disfrutamos? No hay autoritarismos democráticos. Los hay tiránicos, dictatoriales, sin trasparencia institucional como está sucediendo en el país, hoy puesto de último en la lista de trasparencia institucional de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las Batallas de Sardinal del 10 de abril, y la de Rivas del 11 de abril, hay que celebrarlas con el mayor fervor patriótico que nos sea posible. Por nuestros héroes y caídos en esos combates. Por la afirmación de la Independencia, la Soberanía y la Libertad que ellas consolidaron.

AYMAR

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Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al escribir estas notas leo lo que es ya una reiteración en los pasos utilizados en México por las personas migrantes, solo que las nacionalidades nombradas en eso que es ya tragedia civilizatoria aumentan y se diversifican.

Leo, dije, que 8 migrantes chinos (7 mujeres y un hombre) murieron en un accidente de la embarcación en la que viajaban, en las costas del sureño estado de Oaxaca.

Esta imagen, recurrente ya en territorio mexicano, me transporta inmediatamente a una de las lecturas más conmovedoras desde el punto de vista emocional y corporal que he hecho recientemente.

Se trata del Libro de crónicas titulado “El camino de la bestia. Migrantes clandestinos a la búsqueda del sueño americano” (Editorial Pepitas. Colección América Lee. 2016).

Escrito en primerísima persona, el autor Flaviano Bianchini decide un buen día despojarse de su identidad italiana (su pasaporte de la Unión Europea, como frecuentemente recuerda) para experimentar el viaje por México como una persona migrante indocumentada más.

Durante 21 días escribe su sentir, sus miedos, sus enojos, sus contradicciones, sus reflexiones sobre la desigual distribución entre el norte y el sur globales, que produce seres humanos fuera de categoría, como las personas migrantes que lo van acompañando y a las cuales acompaña a lo largo del viaje.

Precisamente en un trayecto del tren llamado “La bestia” y luego de haber pasado por el centro de México, él y sus compañeros de viaje descubren que en uno de los tramos donde “hay subida” de migrantes, se integran 25 personas orientales (no definen ciertamente su origen) y reflexiona que estos grupos son dirigidos por los carteles de la drogas que controlan varios de los trechos por donde pasa este medio de transporte. No son personas, son mercancías a un precio muy alto.

Dueño de una narrativa clara, honesta, directa (con algunos giros de lenguaje propios del periodismo tradicional, con los que ciertamente nos distanciamos), Aymar, nombre de un supuesto migrante peruano que Flaviano ha decidido utilizar en su camino, consigue interpelarnos y llevarnos hasta lo más profundo del dolor, la esperanza, la incertidumbre, la agencia, el frío, el calor, la violencia. el hambre, la solidaridad, el amor, la ternura, todo bajo un testimonio sobre lo que experimenta una persona migrante en su paso por México y sus distintos actores (gobierno, policía, bandas criminales, grupos de ayuda).

No será posible para mí desprenderme de este relato tan fácilmente. Antes si lo trabajaré en acciones de sensibilización que vengo desarrollando desde hace algunos años. De su utilidad, pero sobre todo de su humanidad contenida me nutriré para seguir abordando este tema desde eso que Gladys Tzul llama formas analíticas alternativas, para entender en toda su amplitud la dimensión de esta crisis humanitaria que, lamentablemente, no tiene resolución al corto plazo.

Seguiremos pues construyendo camino con Aymar. Acompañándolo. Abrazándolo.

Pronunciamiento acerca de la selección y el proceso de formación en los programas de especialización médica – Junta Directiva de ACANAMED

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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Acerca de la selección y el proceso de formación en los programas de especialización médica

La formación académica-práctica de un estudiante de posgrado en una especialidad médica clínica o quirúrgica, la provee un servicio hospitalario, tanto en sus actividades académicas (análisis y discusión de casos clínicos, revisiones bibliográficas, etc.) como prácticas; por otro lado, las universidades diseñan los programas académicos, los requisitos mínimos de horas de prácticas o procedimientos y contratan tutores que laboran dentro de dicho servicio, quienes deben supervisar dichas actividades, de forma que certifiquen el cabal cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje. Es imprescindible señalar estas funciones y límites con la mayor precisión y uniformidad posible.

En la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido práctica habitual, a través de su Centro de Desarrollo Estratégico e Información de Salud de la Seguridad Social (CENDEISSS), que, dentro de un mismo servicio, convivan estudiantes de grado procedentes de distintas universidades, con sus respectivos programas y sus respectivos tutores. En el caso de los programas de especialización médica -al igual que en los grado-, debe haber concordancia en los objetivos de aprendizaje, en las horas de formación teórica y práctica, así como en la metodología de evaluación, para garantizar que la formación profesional sea de calidad y similar en todos los profesionales médicos cursando la misma especialidad, independiente de la universidad a la que pertenezca el estudiante médico; es decir, los programas deben ser equiparables, porque será en un mismo servicio hospitalario en donde todos los estudiantes de postgrado matriculados en distintas universidades los llevarán a cabo. Un ente centralizado debe estandarizar y regular estos programas.

Cada universidad debe contar con docentes contratados específicamente para supervisar el cumplimiento del programa y responsabilizarse por la asesoría de sus estudiantes de postgrado. Por otro lado, los médicos asistentes del servicio deben orientar y asesorar al estudiante de postgrado, en lo relacionado a sus responsabilidades, inherentes a las necesidades del servicio, independientemente del tutor asignado o de la universidad de donde provenga; no es admisible que cada médico en formación cumpla metas y tenga una carga trabajo señalado por su universidad ni por un tutor, ajeno a la dinámica del servicio. Cada servicio debe tener sus prácticas protocolizadas, de forma que el estudiante de postgrado se familiarice y aprenda la normativa y los procedimientos del servicio.

La Caja Costarricense de Seguro Social debe establecer el número de plazas disponibles para los estudiantes de postgrado en sus distintos servicios médicos, según sus posibilidades logísticas y sus necesidades regionales. Los centros médicos privados que reciban estudiantes de postgrado, deben certificar, ante la misma entidad reguladora, que están en condiciones de cumplir con los objetivos estipulados en los programas universitarios de especialización, equiparables a nivel nacional.

Los postulantes deben rendir un examen único nacional para ser elegibles para un programa de postgrado en una especialidad médica. Este examen podrá ser ejecutado por un proveedor con experiencia en este tipo de evaluaciones, que usualmente comprenden un número elevado de postulantes. Según el puntaje obtenido, cada estudiante podrá elegir la especialidad y la sede docente hasta que se completen los cupos, cuyo número se debe conocer con antelación. Este examen debe ser administrado y supervisado por una comisión intersectorial en la cual participe El Consejo Nacional de Rectores, el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Caja Costarricense de Seguro Social, asesorado por entidades que tengan experiencia previa en esta evaluación, como es la Universidad de Costa Rica u otras instituciones, por ejemplo, extranjeras. Posteriormente, el postulante será evaluado en el servicio elegido, en la cual se valoren sus “habilidades blandas”, su disposición para el trabajo, su afinidad con el perfil de la especialidad y su actitud ética.

Junta Directiva, Academia Nacional de Medicina 22 de marzo de 2024

Compartido con SURCOS por ACANAMED.