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Elecciones municipales: ¿Qué sacamos en conclusión?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

El examen de quién ganó, quién perdió.

Se ha cerrado el telón de las elecciones municipales, enseguida con afán y curiosidad me he puesto a leer y prestarle atención a todo aquello a lo que he tenido acceso, tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación escritos y televisivos. Observo que el acento de los comunicadores y analistas, en general, ha estado puesto desmedidamente en quién ganó, quién perdió entre los partidos políticos nacionales y cantonales, cuáles dirigentes cayeron o cuáles más bien se catapultaron hacia la cima de las estructuras de poder local.

Entre los análisis más interesantes y con observaciones muy atinadas dentro de esta perspectiva del examen de los partidos políticos y sus estructuras, destaco el artículo del calificado profesional en Gobierno y Políticas Públicas y en economía, Dr. Luis Paulino Vargas Solís. El artículo se intitula: “Algunos apuntes sobre las elecciones municipales.” En mi opinión, la reflexión sigue teniendo este sesgo que he mencionado de hacer prevalecer en el escrito, sobre todo el relevante tema de la corrupción, junto al otro relativo a la crisis u obsolescencia de algunos de los grandes partidos políticos, en particular del Partido Liberación Nacional. Además, se adentra en la mención de las debilidades territoriales de otros partidos (FA, PAC), que provoca tanto su incapacidad de convocatoria en el plano cantonal, así como para establecer alianzas en ese mismo ámbito local. Luis Paulino aborda también el auge de los partidos de extrema derecha con su ideología de “sálvese quien pueda”, y cómo están capturando mucha de la población joven. Destaca como un hecho sobresaliente, el triunfo del joven y talentoso profesional, el historiador Diego Miranda en el cantón central de San José, que lo menciona como la derrota de un estilo político corrupto e inepto, el de Johnny Araya. Finalmente, alude a la mengua de la tendencia del abstencionismo a crecer. Por lo que lo conozco, como un analista muy profundo y con gran capacidad de análisis, sé que es apenas, como se advierte en el título, una aproximación a la trama de las elecciones cantonales que acabamos de presenciar.

Toda esta temática es importante, claro está, puesto que los partidos políticos nacionales y cantonales son el mecanismo por medio del cual se accede al poder local. Además, nos quejamos de la corrupción en muchos de los gobiernos locales que, se ha atribuido en gran parte a la “eternización de muchos de los liderazgos locales”. Convengamos en que, siendo cierto lo anterior, constituye solamente una parte de las múltiples causas de la corrupción en la esfera de lo local y, de la debacle o ruina, en medio de la cual viven una mayoría de los vecinos de una enorme cantidad de cantones costarricenses.

El análisis desde la perspectiva de la realidad local

Parte de la realidad del mundo local está determinada ciertamente por esta dinámica de los partidos políticos nacionales y cantonales y el entramado de la corrupción en los poderes locales, pero la cuestión tiene mucha más hondura. Hemos detectado un artículo muy interesante, el del economista Roberto Jiménez Gómez (Cfr. Jiménez G., R. “Guía para los gobiernos locales” La Nación,6.02.24, Pp 26) y una eminente entrevista que realizó el comunicador Ferlín Fuentes, miembro de “Noticias Repretel” y “La Nación”, al ministro y presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, señor Luis Barroso (Cfr. Fuentes, Ferlín. “Los excluidos son las presas más fáciles del autoritarismo.” LN. 4.02.24. Pp.21). Ambos, el artículo de Roberto Jiménez y la entrevista realizada a Luis Barroso hacen aportes, a mi modo de ver, desde una perspectiva diferente que la que dejamos planteada supra y que conviene rescatar ahora.

El aporte del economista Roberto Jiménez al examen de los gobiernos locales. Una Cruda realidad de desigualdad e inequidad que, a los costarricenses no nos gusta ver.

Roberto se nutre de varias instituciones para acopiar datos de las realidades locales y presentar un panorama francamente desolador:

1. En primer término, retrotrae un dato que tiene como fuente de información al Banco Central de Costa Rica, mostrando que del Producto Interno Bruto Cantonal (PIBC), el 77,4% lo aportan una minoría de los cantones de la región central del país. Esta “brutal diferencia” entre las comunidades del Valle Central del país y las restantes que constituyen la periferia, determina la imposibilidad de que los habitantes de los cantones más pobres y rurales puedan tener acceso a una vida digna, con bienestar. Esta realidad tan cruda impide que los gobiernos locales de los entornos rurales de Costa Rica hayan logrado contribuir a sacar adelante a miles de familias que viven por debajo de la línea de pobreza; muchas otras familias que están en peores condiciones aún, ya que padecen la miseria extrema, están verdaderamente postradas, las cabezas de familia y sus hijos.

2. Luego el Dr. Jiménez acude al “Atlas del Desarrollo Humano de la Universidad de Costa Rica”, para afirmar que en concordancia con los datos del PIBC del BCCR, son los cantones de la Gran Área Metropolitana o GAM, los que poseen los mejores índices de desarrollo humano, dejando completamente rezagados a los cantones fronterizos concretamente, que se encuentran en el extremo opuesto.

3. En la misma dirección de desigualdad e inequidad apunta el índice de “Promoción de la Competitividad”; en este caso, el Consejo aporta indicadores de los 82 cantones (hoy 84), de diversas instituciones públicas que permiten hacer una valoración de la totalidad, dejando patente que, los cantones de la GAM poseen por mucho la mayor competitividad respecto de los cantones de la periferia, porque Costa Rica, a pesar de los esfuerzos emprendidos por las organizaciones que trabajan por auspiciar el desarrollo socioeconómico en los cantones rurales y urbanos más pobres, continúa siendo un país muy centralista.

4. Como corolario Jiménez adopta el término de la “Patria Desigual” para referirse a Costa Rica. El profesional resalta como factores críticos de los últimos años, las migraciones, la inseguridad ciudadana (hoy espoleada por el flagelo del narcotráfico agrego yo), los riesgos climáticos y el desempleo como carlancas que impiden el desarrollo en las realidades locales rurales pobres y urbano marginales. Frente a todos estos retos y otros no mencionados, advierte el Dr. Jiménez, se requiere una cohesión territorial institucional, en conjunto con los gobiernos locales -agrego yo- para modificar esta realidad tan ominosa. Tal es el contexto en el que se acaban de desenvolver las elecciones municipales donde, en lugar de continuar descendiendo el abstencionismo, como lo mencionó el Dr. Luis Paulino Vargas, volvió a subir hasta alrededor de un 68%.

El hermoso aporte por medio de una entrevista del juez y magistrado brasileño que nos visitó. ¡Qué hermoso pensamiento nos dejó! Lo secundo. Veo las cosas muy parecido a él.

El planteamiento del Dr. Luis Barroso lo expongo de la siguiente manera:

1.El profesor Barroso sentó primero la siguiente premisa: En muchas regiones del mundo, de manera particular en varios países de América Latina, hay una fuerte emergencia del pensamiento conservador, capturado (mucha atención a esto) por la extrema derecha no democrática, no constitucional y no pluralista. Como cuando un liderazgo del ejecutivo intenta fagocitarse o tragarse al sistema judicial y al legislativo juntos, y si puede y lo dejan, anula al ente contralor de la República y al Tribunal Electoral. ¿Cómo les va sonando? No sean mal pensados no es un atributo solamente de Costa Rica, ha ocurrido en Brasil con Jair Bolsonaro; en los propios Estados Unidos con Trump. Barroso agrega en otra parte de la entrevista que, el populismo puede ser de izquierda o de derecha, pero más recientemente lo hemos visto en la derecha.

2. Los líderes populistas aparecen con mayor frecuencia cuando se produce lo que Barroso llama “disfunciones del sistema democrático”, que es cuando hay una “recesión del sistema democrático” que, no puede garantizar el desarrollo con bienestar para toda la ciudadanía. En estas condiciones, a lo Bukele se imponen los legalismos autoritarios, en los que “…líderes carismáticos con posturas anti institucionales y anti pluralistas son quienes manipulan los sentimientos y temores de la sociedad…” (Cfr. Ibidem). Se debilitan los ideales democráticos, principalmente, como lo reflejan las encuestas -dice Luis Barroso- entre las poblaciones más jóvenes, por diferentes razones, entre otras porque desconocen la historia. El ascenso del populismo autoritario, como en Costa Rica hoy, penetra con más fuerza entonces, cuando la propia democracia no puede garantizar la prosperidad e igualdad de oportunidades para todos, así lo expresa Barroso textualmente. Pero, (mucha atención con esto también), en tales condiciones los excluidos son las presas más fáciles de los discursos autoritarios.

3. También expresa Barroso, los discursos populistas ofrecen “soluciones simples y erróneas” ante problemas complejos, como cuando se intenta exacerbar prejuicios y sentimientos de la gente en contra de las poblaciones de inmigrantes y la Suprema Corte. ¡Qué cierto es esto!!! Luis Barroso profundiza aún más y nos deja un pensamiento profundo, que nos debe hacer meditar en estas circunstancias en que vive nuestro país: “La erosión de la democracia…ya no se manifiesta con golpes de Estado (ojo)…sino mediante cambios incrementales que, de manera aislada no son dictatoriales, pero que, en conjunto y con el tiempo, revelan un carácter autoritario y dictatorial (…) La frase termina magistralmente con lo siguiente: “Si se debilita la prensa y los órganos de la sociedad civil, gradualmente se instala el autoritarismo.” (Ibid. La frase en negrita es de mi peculio personal, he querido dejarla resaltada).

4. El Juez Barroso, casi concluyendo la entrevista, nos lega un fragmento de su sabiduría, que cito textualmente, pues no lo podría expresar de mejor manera: “Quizás -expresa- el gran problema en América Latina radica en que, pese a tener buenas constituciones, teorías sólidas, destacados constitucionalistas y cortes constitucionales competentes, no se han alcanzado niveles mínimos de igualdad social en las oportunidades de participación.” (Cfr. Id. la Negrita también es mía). Y, asimismo afirma que: aunque en Costa Rica se percibe una mayor presencia de la clase media, las estadísticas de desarrollo humano en nuestro país confirman la siguiente realidad, la riqueza se concentra cada día más en un grupo social muy pequeño, y la distancia social y económica del resto de la población hoy es más abismal que nunca. La anterior constituye una verdad como un templo y algunos de nosotros, investigadores sociales, lo venimos constatando y repitiendo en el terruño desde hace mucho tiempo.

En conclusión, con respecto al tema de las elecciones municipales, tenemos que estas se han desarrollado en un ambiente político crispado por la polarización, con una diferencia entre municipios ricos y pobres del cielo a la tierra, en medio de una erosión tremenda de todos o casi todos los partidos políticos, y los que no, o los que parecen tener un repunte, es prematuro todavía afirmar si ello es debido a un mejor clima de participación y organización popular, en el cual estas agrupaciones políticas hayan tenido algo que ver, o por el contrario, repuntan a expensas de la erosión de los otros partidos políticos y por circunstancias aleatorias. No observo un mejoramiento general del sistema municipal, aunque existen ejemplos en contrario de ciertos gobiernos locales que han tenido éxito en su gestión, como podría ser el caso de la Municipalidad de Acosta que conozco. No ocurre así en la Municipalidad de San José, donde más bien se acusa un clima de turbiedad en el manejo de los recursos públicos locales que, explica la erosión del liderazgo. Tampoco se puede decir que se siguió abatiendo el índice de abstencionismo como ocurrió al final de los dos cuatrienios anteriores, sino que más bien, ese índice subió. Ello, no obstante, una campaña del Tribunal Electoral muy acertada y linda, consistente en tocar el corazón de los ticos llamándonos a votar por nuestro “pedacito de Costa Rica”. La contrapropaganda en muchas de las redes sociales parece haber tenido su efecto contraproducente.

Enviado a SURCOS por el autor.

¿Qué sigue hacia las elecciones nacionales del 2026? Una mejor distribución de elección de los diputados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En el proceso de las elecciones municipales se ha avanzado mucho. Queda poco, tal vez, por perfeccionar y avanzar en este campo.

Las llamadas elecciones nacionales comprenden la elección del Presidente y sus vicepresidentes y la elección provincial de los diputados, que son llamados diputados nacionales. Es decir, son electos por cada provincia pero tienen carácter nacional. Esto hace que un ciudadano de una provincia pueda ser candidato por otra provincia. No existiendo gobiernos provinciales, gobernaciones provinciales, y la figura del Gobernador, como hasta 1998 existieron, ese carácter nacional está acentuado y consolidado.

En las elecciones nacionales SI falta, en la perspectiva de la mayor igualdad posible de elegibilidad de diputados, hacer una mejor distribución de las plazas, de los puestos a elegir por provincia.

En el caso de las elecciones de diputados, en mi opinión, falta hacer dos reformas importantes y urgentes, que mejorarían la gobernabilidad y gobernanza nacional. Una requiere reforma constitucional, lo cual es más difícil de realizar con miras al próximo proceso electoral del 2026. Es la de separar la elección de diputados de la presidencial. Primero la Presidencial, el primer domingo de febrero y luego, un mes después, la de diputados. De esto hablaré en otra oportunidad. Queda siempre el primer domingo de abril para definir el resultado electoral en el caso de una segunda ronda.

La otra propuesta no requiere reforma constitucional de ningún tipo. El Tribunal Supremo de Elecciones, con las facultades constitucionales y legales que le rigen, puede acordarla, declararla, implementarla y hacerla, incluso en atención a un concepto esencial de mayor representatividad ciudadana, y bajo los mismos estándares de mayor igualdad posible de género.

Lo que propongo, en adelante, es para partidos nacionales y provinciales. Los nacionales son los que participan en todas o varias provincias a la vez. Los provinciales son los que participan exclusivamente en una sola provincia.

El número de diputados a elegir por provincia lo determina el Tribunal Supremo de Elecciones, así está establecido por la Constitución y la ley, de conformidad al número de ciudadanos que hay en una provincia, de manera que haya una proporcionalidad numérica de ciudadanos por provincia. Esto se hace con resultado de los censos nacionales cada diez años. Por eso hay provincias que ganan un diputado y otras que lo pierden, como ha sucedido en los últimos años.

Si hay 57 diputados en la Asamblea Legislativa ellos responden, por ejemplo, a los 5 millones de habitantes que tiene Costa Rica, que habitan en el territorio nacional, en sus diversas provincias.

Así, con este mismo ejemplo, un diputado representa a 88.000 habitantes, en número redondo. Ese registro y contabilidad lo realiza minuciosamente el Registro Civil que es una dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

De ese registro se separa el de Ciudadanos, que son los mayores de edad que configuran e integran el Padrón Electoral, que se elabora, igualmente, por ubicación de los ciudadanos en los distritos, cantones y provincias.

El Tribunal Supremo de Elecciones informa constantemente, como prueba de idoneidad y transparencia política y electoral, a los partidos políticos, del movimiento poblacional: de los nacidos, de los fallecidos y de los nuevos ciudadanos.

Precisado el dato se sabe cuántos habitantes hay por provincia y con relación a ellos se fija el número de diputados que corresponde elegir por provincia.

Definida esa situación los partidos políticos saben cuántos candidatos pueden postular a diputados por provincia.

Con el mismo ejemplo, en el supuesto que una provincia tenga 450.000 habitantes elige cinco diputados, si tiene 880.000 elige diez, y así sucesivamente. Por ello la Asamblea Legislativa hoy tiene 19 diputados de la Provincia de San José, 11 de Alajuela, 7 de Cartago, 6 de Heredia, 4 de Guanacaste, 5 de Puntarenas y 5 de Limón.

Los partidos se enfrentan en cada proceso electoral a ver cómo distribuyen sus posibles candidatos. Toman en cuenta los cantones de mayor número de votantes, la calidad, méritos, reconocimientos y liderazgos de los candidatos. Esto coloca a cantones, dentro de cada provincia, con ventajas sobre otros, de manera discriminada y con casi nulas posibilidades de que un candidato que viva en esos cantones tenga posibilidad de salir electo.

Así, se configuran las listas de diputados que se presentan a los electores, a los ciudadanos. Actualmente, los partidos políticos, nacionales y provinciales, presentan una sola lista de candidatos a diputados por cada provincia, alternando género en forma vertical y horizontal, si el partido participa en varias provincias.

Con los mismos datos registrales de población que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, se puede hacer una labor quirúrgica de análisis de cómo la población de una provincia se distribuye en sus respectivos cantones.

De esa forma, el Tribunal podría hacer una distribución regional por cantones del número de diputados, que le corresponde elegir a una provincia, con base a la distribución poblacional, precisando, al interior de las provincias, cuántos diputados podrían ser electos por grupos o regiones de cantones, que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones puede determinar. No se altera en nada el número de habitantes y ciudadanos por provincia ni cambia el número de diputados. Pero, al interior de las provincias se coloca con mayor fuerza y participación real a los habitantes y a los ciudadanos electores, para que puedan elegir mejor a sus propios representantes populares, que en la lista oficial que se presenta a los electores no importa donde vayan ubicados, porque eso no va a producir el resultado de su elección. La elección se determinará por los votos recibidos en cada región.

Los partidos políticos tendrían mayor obligación de escoger mejor sus candidatos, poque estarían más cerca de sus votantes. Los votantes estarían más cerca de sus diputados electos. Las regiones tendrían mejor representación legislativa o parlamentaria. Los grupos regionales se activarían más en los procesos electorales. Sin duda alguna se provocaría una baja sustantiva del abstencionismo. Se fortalecería la representación política, la participación ciudadana y la democracia nacional.

Al elegir de esta manera a los diputados también se fortalece la elección por género, porque a los niveles de las microrregiones que se harían de la población, en cada provincia, por grupos de cantones o regiones de habitantes, las listas que se propongan de diputados tienen que armarse de la misma manera, considerando los criterios de paridad vertical y horizontal según correspondan, lo cual haría más eficaz la elección posible de más mujeres en la Asamblea Legislativa.

Si el Tribunal Supremo de Elecciones exitosamente ha organizado procesos electorales simultáneos en 84 cantones, de diversa cantidad de población, no le sería nada difícil hacer una elección nacional de diputados, en siete provincias, donde al interior de ellas se harían unas cuantas microrregiones que difícilmente llegue a constituir un rompecabezas de unas doce regiones electorales en todo el país, en el conjunto de las siete provincias.

Estamos a tiempo para que esta propuesta se conozca, se discuta, en todos los ámbitos políticos interesados, con todos los sectores sociales nacionales también interesados, y se pueda aprobar. El próximo 1 de enero del 2025, dentro de 11 meses, el Tribunal Supremo de Elecciones, deberá estar anunciado el cronograma electoral de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene toda la capacidad técnica, profesional y de personal para evaluar esta propuesta, desde ahora, e irla puliendo con colaboración de las fuerzas vivas de la nación costarricense.

No perdamos esta oportunidad de mejorar la representación popular legislativa. Sobre todo, no perdamos tiempo en mejorar la democracia nacional.

Ciudad Gobierno y alquileres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Por supuesto que creemos, que el Estado ha de ir sustituyendo los alquileres que pagan algunas de sus instituciones, por bienes de su propiedad. Pero, igualmente creemos, que dichas nuevas construcciones han de obedecer a una adecuada PLANIFICACIÓN, para así tratar de garantizar un uso eficiente de las mismas. Que sus espacios obedezcan a necesidades actuales y futuras, ni muy pequeñas ni muy grandes, para que los funcionarios trasladados, encuentren las mejores condiciones, y así, el dinero público invertido, tenga óptimo aprovechamiento. Lo que se ha de pretender es que los servicios que allí se brindarán, sean sustancialmente mejores, y que las condiciones laborales de los que allí trabajarán, así lo permitan.

Sin embargo, ¿verdad que hay algunas cosas que parecen no ir bien? Tanto la ministra como su viceministra de Planificación, que se presentaban como encargadas de la importantísima planificación, de un proyecto que albergaría a miles de trabajadores, dejaron el gobierno, como parte de la ola de renuncias que se diera a lo largo del año pasado. Surge entonces, la interrogante de si habrán dejado estructurada y en funcionamiento, una oficina ejecutora, encargada de toda la compleja logística que demanda un proyecto de tal magnitud. Esperamos que así haya sido.

No sabemos si ustedes, amigos, habrán tenido la oportunidad de conocer el proyecto integral, con el nivel de detalle necesario, que justifique para la ciudadanía, el préstamo por US$450 millones, que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o si existe, como habría de ser, una página web, donde los ciudadanos que pagaríamos el préstamo y acudiríamos por los servicios públicos que allí se ofrecerían, podamos conocer, y valorar, si es del caso, las instituciones que se mudarían, los espacios que ocuparían, la cantidad de funcionarios para los que se ha planificado, los diseños y distribución finales, la inversión en el nuevo mobiliario y equipo, lo que se ha pensado sobre los problemas del transporte hacia y desde la «ciudad», la cantidad y ubicación de los espacios de estacionamiento para funcionarios y usuarios, las previsiones presupuestarias para el pago del préstamo extranjero, y los costos de mantenimiento. Por eso, si alguien sabe de la existencia de esa página informativa, o, por lo menos, cómo se podría conocer una actualizada información del mismo, muchos agradeceríamos esa información.

Lo que sí se conoce es que se pagó US$50.000 a un arquitecto venezolano que diseñó el complejo de edificios para 35 instituciones públicas, y 11.000 servidores. Números redondos que evidencian, escaso nivel de detalle, y que no creemos el diseñador haya tampoco conocido a la hora de hacer su trabajo bien remunerado. Y es que, hay que valorar, que el proyecto, fraguado inicialmente durante la segunda administración de don Óscar Arias, fue cambiando con el tiempo, hasta ser heredado al presente gobierno, por la administración de don Carlos Alvarado, originalmente consistía en una «Ciudad Gobierno» de US$320 millones, que se desarrollaría mediante la modalidad de concesión a 30 años plazo. O sea, un ente, que podría ser un fideicomiso, lo construiría con sus propios fondos, cubriría su inversión y obtendría sus ganancias, mediante el pago de alquileres, por ejemplo. El proyecto recibido y anunciado por la administración de Rodrigo Chaves, tiene un costo US$130 millones más caro. Mediante una diferente modalidad, se haría un préstamo con el BCIE, y el mismo banco centroamericano, se encargaría de su construcción en los terrenos estatales, y del cobro de un alquiler a su favor durante 25 años, con el cual indemnizar el endeudamiento que se trasladaría a los costarricenses. Al final de los cuales (esto no está claro todavía) el BCIE traspasaría el complejo de edificios, o no, al Estado.

Alrededor de unos 160.000 metros cuadrados de construcción (más o menos porque tampoco eso está suficientemente definido) sería la magnitud de la obra, pero, quizá porque la “oficina ejecutora” que debería existir en el Ministerio de Planificación, no ha sido lo competente que se requiere, hay algunos aspectos que todavía están sin definirse, y que, en este momento, hacen inviable el proyecto. Específicamente, llama la atención que los asesores jurídicos de dicha oficina, no se hubiere percatado y llamado la atención a sus compañeros, que, por tratarse de un préstamo internacional, el mismo debería contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, Poder que tiene el deber de aprobar los presupuestos de la República y, como en este caso, conocer las condiciones del préstamo, y la viabilidad de dicho endeudamiento. Es mucho el dinero y razonablemente, jamás se podría tramitar como algo ajeno a las normas constitucionales, pues podría comprometerse el Estado con una operación crediticia que en la de menos no podría honrarse.

Erróneamente, los encargados de ese trámite, empezando por el presidente Chaves, no aceptan que un endeudamiento tan significativo tenga que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, e insisten, sin ninguna posibilidad de cambiar el criterio legal, en no enviar el respectivo proyecto a conocimiento del Congreso, al tiempo que acusan, hasta soezmente, a la señora Contralora General de la República, de estar “interpretando” indebidamente la legislación que todo funcionario, y principalmente el ente contralor, tienen el deber de cumplir, según su leal entender. Y para profundizar el error que no quiere admitir la asesoría jurídica de la Casa Presidencial, anunciaron la presentación de un proyecto de ley de “interpretación auténtica” de una legislación específica, pero solicitando, en el mismo acto, la modificación de los dos artículos de la ley que, dicen ellos, deben ser interpretados por la Asamblea Legislativa. Error tras error, si no es gallo es gallina, dice el refrán popular.

El proyecto presentado, en el fondo, no se trata de una “interpretación auténtica” (que presienten que no cabe) sino de una modificación en el contenido de una ley, cuyo texto obviamente les incomoda. La finalidad de una interpretación auténtica, es la de aclarar conceptos oscuros o dudosos de la ley que se dice, hay que interpretar, para así entender de manera precisa cuál es el sentido real de la intención del legislador. Por lo cual, al plantearla sobre una ley diáfanamente clara, se estaría, por el contrario, ante la necesidad de crear un texto sustituto al original. Modificación que es válida presentar, pero jamás acompañada de una solicitud de interpretación auténtica que, creemos, los señores diputados no entrarán siquiera a conocer, por insólita.

En términos formales, el gobierno presentó dos proyectos de ley sobre la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir Ciudad Gobierno, sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo. Un proyecto plantea la interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública, para “esclarecer el espíritu del legislador y el contenido de estas normas”, a fin de que no restrinjan el desarrollo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos. El otro es una reforma a la Ley General de Contratación Pública, en los mismos artículos 67 y 77, para que la normativa permita el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales, en terrenos del Estado. O sea, desde la misma propuesta, la oficina ejecutora del proyecto Ciudad Gobierno, reconoce de antemano, que ante la interpretación que hace la Contraloría General de la República, lo que hace falta es, en forma casuística, a partir del caso particular que obliga a un trámite equilibrado que demanda transparencia, modificar la legislación que se está aplicando, para adecuarla a deseos expresos del presidente, de pagar por un alquiler de unos edificios construidos por un extraño en terrenos del Estado. ¿Raro verdad?

Y es que la administración Chaves quiere que la construcción de Ciudad Gobierno se efectúe bajo una figura de arrendamiento operativo, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, pero para situaciones que no conlleva deuda. Además, el Ejecutivo pretende desarrollar Ciudad Gobierno, sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en una cuadra ocupada hoy por el MOPT, unas propiedades privadas cercanas, y una cuadra perteneciente al Liceo de Costa Rica, fundado en 1887, por ley específica a su favor, que impulsara el expresidente ex liceísta don Daniel Oduber.

No solo la Contraloría General de la República (órgano de la Asamblea Legislativa), ratificó la ilegalidad de la iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que, además, resulta que la cuadra que hasta hace unas semanas era arrendada por el MOPT al centenario Liceo, situada al sur del edificio oeste del colegio, sigue siendo propiedad del mismo. Pese a ello y a que no se puede construir en una finca ajena, el Ejecutivo no ha siquiera presentado iniciativa legal alguna, para negociar con los representantes del Liceo de Costa Rica, una expropiación regulada por la ley específica, o la aplicación de otro mecanismo a determinar, que fuere beneficioso para ambas partes. Hoy ese terreno está inscrito registralmente a nombre del Liceo, y sobra decir, NO puede ser usado para la eventual construcción de los edificios citados, aunque Chaves desdeñe el conflicto.

Cabe anotar, que, con la complicidad de una junta administrativa asesora del director del Liceo, sin más funciones que esas, los ministros del MEP, MOPT y Planificación, firmaron un espurio “convenio de cesión”, tan falso como la representación que se adjudicó la presidenta de la citada junta, quien, de un día para otro, regaló la propiedad al gobierno central. No es de extrañar que ella y otros de esa junta administrativa, están procesados por la Fiscalía…

¡Pero no todo se ha perdido!

Con el intercambio de opiniones que ha generado la intransigencia presidencial, han surgido unas ideas sobre proyectos que quizá sean más factibles, menos costosos, más recomendables, y con mayores beneficios para las comunidades de regiones alejadas de la ciudad capital de San José. Hablamos de sedes de oficinas gubernamentales descentralizadas, ubicadas en regiones por determinar. Así como el Poder Judicial lo ha venido haciendo por regiones, el Poder Ejecutivo, puede planificar la instalación de oficinas regionales de diversas instituciones estatales, para atención del público, donde recibir solicitudes y canalizar respuestas, a las oficinas centrales, así como y resolver casos sencillos, gracias a la comunicación digital. En una misma sede, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, podría tener una oficina, al lado de una oficina del Ministerio de Ambiente, otra de Salud, otra de Educación, del AyA, de Migración, del INS, y otras dependencias como Agricultura, para algunos trámites, que hoy, por ejemplo, habitantes de Osa, de Guápiles, de Upala, de Cahuita, de Los Santos, de Filadelfia, de Sarapiquí, de San Carlos, de La Cruz, de la península de Nicoya, de Limón, de Esparza, de Garabito, de Paraíso, de Turrialba, etcétera, no pueden realizar sino en San José. Sería, algo así, como un servicio local, en un mismo lugar, que poco a poco se iría posiblemente desarrollando, para comodidad de los habitantes. Con ello se acabaría con los alquileres que con los años han ido sumando cifras altísimas, por pequeños edificios más cercanos a los olvidados habitantes de hoy, mientras, las instalaciones centrales de los entes de gobierno, ocuparían, necesariamente, espacios más reducidos, menos costosos de mantener y más eficientes.

Y es que es sabido, que la centralización crea dinosaurios poco ágiles, pesados y generalmente, ineficientes. Por eso el proyecto, realmente «medio planificado» de Ciudad Gobierno, que propone el pago de alquileres a privados, a un banco centroamericano, ¡en terrenos del Estado!, además crearía una estructura que, en la de menos, le costaría más al Estado. La alternativa de olvidarnos de la centralización, para pasar a la regionalización, ha de ser valorada.

8.2.2024

Reflexiones acerca de los indiferentes, los oportunistas y la convocatoria a elecciones del Tribunal Electoral de la Universidad Técnica Nacional, UTN

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis G. Martínez Sandoval.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

  1. Los indiferentes

En una bella carta de Antonio Gramsci publicada el 11 de febrero de 1917 en medio del “(…) nuevo estallido revolucionario en Rusia que propició el final de la monarquía zarista y allanó el camino para que los bolcheviques tomaran el poder y su triunfo supuso la creación de la URSS, el primer Estado comunista de la historia.”

Gramsci nos legó esta hermosa carta que transcribo textualmente: “Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano y partisano – guerrillero léase-. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad; aquello con que no se puede contar. Tuerce programas, y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes, que sólo la revuelta podrá derogar; consiente el acceso al poder de hombres, que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación; y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella: al que consiente, lo mismo que al que disiente, al que sabía, lo mismo que al que no sabía, al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: ¿si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto: porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos: cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho, y especialmente, qué no han hecho. Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella, la cadena social no gravita sobre unos pocos; nada de cuanto en ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes.”

Gramsci, tenía razón la indiferencia es ausencia de empatía. La indiferencia genera personas “neutrales” ni positivos ni negativos. A los indiferentes les despreocupa todo. Un indiferente que no está interesado no comparte intereses comunes no aporta. Flota en el espacio. En las organizaciones privadas y públicas abundan los indiferentes. Por eso, Antonio Gramsci – Filósofo, Político, Sociólogo y Periodista italiano- y luchador desde su partido político contra el dictador fascista Benito Mussolini en 1926- nos decía «Odio a los indiferentes”.

  • 2. Los oportunistas

Hay algo muy sui géneris – nos decía Raymond Aron- que se gesta en los momentos críticos históricos de conflicto o violencia, de tensión creativa o lucha por el poder o lucha por frenar la corrupción organizacional. En estos momentos surgen algunos individuos que sin haber sido parte nunca de la lucha que otros han librado aparecen queriendo liderar. ¡Esos son los oportunistas!

¿Qué es un oportunista? Es aquella persona que busca en la oportunidad – léase que él no ha construido– aprovechar al máximo las circunstancias que otros han construido para sacar mayor beneficio posible para sí mismo.

“Por su capacidad de manipular y aparentar lo que no son, ni están en capacidad de hacer, los oportunistas se pueden detectar analizando su comportamiento voluble y su falta de coherencia entre lo que dicen y hacen. Cambian de opinión y criterio cada vez que sus intereses lo requieran.” “El oportunista no piensa en la organización sea pública o privada. Actúa como un camaleón ya que se adapta a cada situación y en función de quien sea “la víctima seleccionada” actúa en consecuencia.” En el reino de los seres humanos es GOLLUM o SMÉAGOL -figura central de la novela fantástica épica de El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien- dado el ruido que hace con la garganta que busca para si el anillo único del poder. Su personalidad es repulsiva.

  • 3. La convocatoria a elecciones del TEUTN

Con el anuncio del TEUTN de la convocatoria para elecciones universitarias han aparecido los oportunistas. Bien descrito por el pensador italo – argentino José Ingenieros como un hombre mediocre que es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar. Sumiso a toda rutina, a los prejuicios, a las domesticidades y así se vuelva parte de un rebaño o colectividad, cuyas acciones o motivos no cuestiona, sino que sigue ciegamente. Siguiendo con Ingenieros el oportunista – mediocre es dócil, maleable, ignorante, un ser vegetativo, carente de personalidad, contrario a la perfección, solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen borrego del rebaño social. Vive según las conveniencias. En su vida acomodaticia se vuelve vil y escéptico, cobarde. Los mediocres no son genios, ni héroes, ni santos. En concreto el oportunista es un hombre mediocre que no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Como hombre mediocre entra en una lucha por envidia, intenta opacar desesperadamente toda acción noble. Estos individuos – oportunistas- buscan el poder por el poder sin tener logros ni resultados concretos, medibles y tangibles. Ni estudios universitarios del más alto nivel que mostrar. Son individuos que han hecho de la vagancia un oficio y en sus historiales profesionales abundan los expedientes de acosadores y hostigadores laborales, perseguidores y beligerantes sindicales – ayer sindicalistas confesos- – Y hoy p.ej. 3 Órganos Dirección se abrieron a 3 lideres sindicales en nuestra alma mater guiados por 3 oportunistas de Sede Central-. Estos individuos-oportunistas no conocen de la ética pública. Dada su mediocridad carecen de conexiones y vínculos nacionales e internacionales. ¡Nadie los conoce! Adicionalmente, nunca han escrito artículos periodísticos o ensayos científicos o libros indexados dado que nunca han publicado en la academia absolutamente nada. Sin experiencia gerencial o conocimiento demostrado sobre dirección estratégica en sectores públicos o privados… ¡Aspiran a cargos públicos en nuestra alma mater! Se debe estar poco loco para seguirles siendo esta una organización que produce pensamiento y se guía por el método científico. Y lo más grave de la noche a la mañana y sin ninguna vergüenza – dado que son mediocres y oportunistas – pretenden asumir el rol de líderes modelos y éticos o pacificadores a seguir en nuestra alma mater que esta sumerja en un conflicto ético intrauniversitario.

En conclusión, la lucha por el poder y hacia cargos de autoridades superiores universitaria (Rectoría, Vicerrectorías y Decanatos) con la convocatoria del TEUTN cuya inscripción finaliza éste 19 de febrero 2024 en nuestra alma mater la deberán pelear otros candidatos y candidatas (hombres, mujeres) que emergerán con mayor experiencia y mejores competencias humanas, personales y profesionales dado que lo que está en juego es construir bajo un liderazgo visionario experimentado y un equipo de alto nivel internacional (p.ej. Ex NASA) una Universidad de Clase Mundial guiada por el Humanismo, Ciencia, Técnica, Tecnología, el respeto a los derechos laborales y el desarrollo social y sus principios orientadores: “a) La libertad de pensamiento y de expresión. b) El pluralismo, el respeto a la diversidad y a la dignidad de las personas. c) La participación democrática de sus miembros en la vida institucional y en el gobierno de la Universidad. d) La formación con excelencia académica y con sentido ético, cívico y de solidaridad social. e) El papel de la educación como instrumento básico para el mejoramiento de la cohesión social y la movilidad social ascendente. f) La conservación y el mejoramiento del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible. g) El respeto a la igualdad de género y la equidad para el acceso a los diferentes cargos.”

UCR. Voz experta: La desbandada en el Poder Judicial es una lamentable situación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho, UCR.

Por Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho, UCR

No queremos un Poder Judicial  “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo

En días pasados causó un enorme revuelo mediático, la muy lamentable renuncia a su puesto, por parte del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta en donde el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, señaló lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e igualmente una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de Derecho y que es en un gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.

Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que aun sin tener el don de la profecía, mencioné en el año 2017 e igualmente en 2019 y en 2020, que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y particularmente del Poder Judicial (sí, así mismo, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.

No me equivoqué -lamentablemente para mi país-, pero recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial-autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS- y que tuvo como resultado la ley 9544, fue calificada por la principal gestora, una diputada oficialista, de “emblemática”.  Ahora me pregunto jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de Derecho?  Señalo esto porque dicha diputada y ex representante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”, llegándose incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.

En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial y aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras-muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora-, se pasó abiertamente por alto, y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una Política neoliberal y dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.

No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica. 

Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal, Ley 9635, que nuevamente disminuyó los salarios, en tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada, instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria”, que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación),Ley 9796, que fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera, lo que trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello, debieron muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad. Dicha ley la Administración Alvarado, que fue la más nefasta y agresora con el sector público, la aprobó a toda prisa.

Y para remate, la Ley Marco de Empleo Público que “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos y “congela” (así en frío) los salarios por quien sabe cuánto tiempo.  No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales, es absolutamente entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado:  “Dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.

Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”, pero era lo esperable, al punto que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo y de ahí el número, altamente alarmante de personas que  pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien a propósito de la renuncia de un Fiscal, con “pensión juvenil”, sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también, la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.

Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos.  El daño ya está hecho, desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política), pero si no queremos un Poder Judicial  “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo,  sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque  no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud.  Por eso celebro la iniciativa de la Magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido por quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual, ya que el debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica.  Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.

 

Manuel Rojas Salas
Docente en la Facultad de Derecho, UCR

Reflexiones sobre las recientes elecciones municipales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Cabezas

En la mañana asistí a votar al Instituto de Alajuela en donde tuve oportunidad de compartir con ex compañeros de escuela y del colegio, amigos que no veo a menudo.

Vi a muchos jóvenes sirviendo de guías, pero ninguno votando. Me entristece el abstencionismo del 68% y la falta de interés de los jóvenes en temas vitales nacionales.

Me sorprende los resultados locales en donde ganó el partido que expulsó a su candidato quien se postuló por otro partido y nombró a otro candidato. Tres partidos obtuvieron casi el mismo porcentaje de votos. Veo por primera vez a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones quejándose de los ataques que recibieron y de la injerencia política de autoridades que no debieron tener ninguna.

El partido del que soy cofundador no obtuvo ningún puesto al igual que en las elecciones presidenciales en las cuales por primera vez voté por el candidato de Liberación al considerar al otro desconocido muy peligroso. Muchos de mis copartidarios se abstuvieron de votar ayudando tristemente a que ganara el actual presidente. Esta vez, muchos de ellos votaron por el candidato de Renovemos Alajuela, en mi opinión el mejor de todos.

Me parece que nos falta mucho pragmatismo pues de no ser por la bancada de Liberación, el peligroso presidente estaría libre para consolidar sus nefastos proyectos como vender la Caja.

Hablando de mi partido, un mea culpa pues creo que nos faltó madurez al no apoyar algunos proyectos de la presidenta Chinchilla como la carretera a San Ramón, donde el contrato era legal según algunos conocedores que lo estudiaron. Su propuesta de Reforma Fiscal no era perfecta pero sí perfectible y nos hubiera evitado muchos problemas.

¿Qué sucederá en las próximas elecciones? Me parece que las coaliciones verdaderas con personas afines desde la ética y pensamiento político son la alternativa.

Imagen ilustrativa.

Emma Sharp, 1.000 millas contra la intolerancia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Emma Sharp fue una caminadora pionera que consiguió una gesta histórica al completar una caminata de 1.000 millas en 1.000 horas en 1864. Fue la primera mujer en conseguirlo.

Emma Sharp nació en Bradford (Inglaterra) en 1832 o 1833, según las diferentes fuentes consultadas. Durante el siglo XIX, Bradford alcanzó su esplendor como centro internacional de la industria textil, en concreto de la lana. Y Emma Sharp y sus familiares fueron parte de esa realidad social y del obrerismo del Bradford industrial de la época.

Emma Sharp se casó muy joven con John Sharp, un mecánico que más tarde se convirtió en un obrero del complejo industrial Bowling Iron Works, y ambos tuvieron dos hijos. En 1853, nació Isaac y, en 1860, siete años después, Emma Jane.

Al cumplir los treinta años, Emma Sharp se interesó por las caminatas de grandes distancias, es decir las caminatas Multiday. Y, tras tener noticias de que una caminadora australiana había tratado de alcanzar sin éxito la distancia de las 1.000 millas, decidió intentarlo ella con la peculiaridad de que las 1.000 millas las llevaría a cabo en 1.000 horas.

Como referencia anterior en el tiempo, Emma Sharp tenía la caminata de 1.000 millas en 1.000 horas realizada por el escocés Robert Barclay Allardice en 1809. El famoso Capitán Barclay, miembro de una familia de cuáqueros y pariente también de los fundadores del Barclay Bank, había completado su hazaña de recorrer 1.000 millas en Newmarket, Inglaterra.

Emma Sharp quiso demostrase a sí misma que podía caminar 1.000 millas y también quiso demostrarle al mundo que las mujeres eran tan capaces como los hombres de realizar tamaña gesta. La tataranieta de Emma Sharp, Kathy Nicol, explicó en una entrevista hace pocos años que «Emma Sharp caminó 1.000 millas para demostrar que podía hacerlo y para poner a las mujeres en el mapa».

Emma Sharp empezó su caminata de 1.000 millas el 17 de septiembre de 1864 y la concluyó 42 días después, es decir el 29 de octubre del mismo año. Durante las seis semanas que duró el reto, Emma Sharp caminó muchas horas cada día por un circuito reducido de 120 yardas, en los alrededores del pub Quarry GAP en Dick Lane, cercano a Bradford, descansando y reponiendo fuerzas en una estancia del pub preparada para tal menester.

Durante la caminata, Emma Sharp se enfrentó principalmente a dos problemas. En los inicios de la misma, se le hincharon los tobillos, pero con el paso de los días se recuperó. Durante todo el transcurso de la caminata, además, padeció una prensa y un público hostiles. La prensa la criticó con argumentos machistas, señalando su ropa «masculina» o cuestiones similares, y el público le siguió el juego, utilizando unos y otros todo tipo de estrategias para que no finalizase la caminata. Emma Sharp observó que el ambiente hostil hacia ella iba a más y, en los últimos dos días de la caminata, portó una pistola, con lo cual demostró que sabía defenderse y que su voluntad de terminar las 1.000 millas era simplemente inquebrantable.

Ante miles de espectadores, con su pistola, un bastón corto en una mano y un sombrero de paja, Emma Sharp cruzó la línea de meta a las 5:15 de la mañana del 29 de octubre de 1864 y se convirtió de esa forma en la primera mujer en completar una caminata de 1.000 millas en 1.000 horas.

Emma Sharp culminó su gran caminata, gracias a saber superar tanto sus problemas físicos como la intolerancia machista de su tiempo.

Las 500 libras esterlinas que ganó Emma Sharp, por medio de las entradas que pagaron miles de personas para verla caminar, fueron empleadas por la caminadora para fundar una empresa. Con el dinero, Sharp fundó un negocio de fabricación de alfombras en Laisterdyke, en el área de Bradford.

Emma Sharp caminó 1.000 millas siendo joven para este tipo de esfuerzos, pero nunca más llevó a cabo un reto similar. De hecho, no se tienen muchos datos sobre su vida tras su gran gesta. Se sabe, eso sí, que falleció en 1920 según la mayoría de las fuentes, es decir cuando se encontraba cerca de los noventa años, una edad muy avanzada para la media de su época, y que dejó descendencia. Una descendencia que, por cierto, la recuerda, dando a conocer su memoria. Su nieta Ann Land conservó el bastón que llevó su abuela Emma durante su caminata de 1.000 millas. Y su tataranieta Kathy Nicol habló hace algunos años en entrevistas de su tatarabuela Emma, su caminata y su lucha en pro de la igualdad de las mujeres.

Tras el fallecimiento de Emma Sharp, y ya pasada la mitad del siglo XX, surgieron otras caminadoras de grandes distancias extraordinarias tras su estela como la rusa Barbara Moore, sobre la que escribí en su momento un artículo biográfico, o la inglesa Ann Sayer, la cual había destacado en remo a nivel internacional antes de dedicarse a las caminatas de largo recorrido. Todas ellas le debieron mucho a Emma Sharp, la gran caminadora del siglo XIX, y a su memorable caminata de las 1.000 millas, ya que, en cierta forma, les abrió el camino por el cual varias décadas después transitaron.

Emma Sharp ha pasado a la historia por ser la primera mujer que consiguió caminar 1.000 millas en 1.000 horas, una gesta extraordinaria en un tiempo difícil para el deporte femenino y la igualdad. Pero también ha pasado a la historia por su valiente lucha contra la intolerancia de su tiempo, lo cual provocó que las caminatas Multiday tuviesen entre sus practicantes a mujeres y que hayan llegado así hasta nuestros días.

Por todo eso, que no es precisamente poco, la memoria de Emma Sharp ha permanecido en el tiempo, a pesar de haber transcurrido más de un siglo y medio de su enorme gesta de las 1.000 millas y más de un siglo de su fallecimiento. A día de hoy, son muchos los que la recuerdan y la admiran. Y son muchos los que la tienen muy presente. Pura justicia.

Organización comunitaria: El día después de las elecciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Esteban Beltrán Ugalde.

Esteban Beltrán Ulate
esbeltran@yandex.com

Escribo desde la condición ciudadana de un apátrida de partido político que tuvo que optar por una elección a la carta en el cantón donde habito; escribo desde el sinsabor de un proceso electoral fugaz y con carencias de comunicación asertiva; pero también, escribo desde la convicción de que las grandes transformaciones se pueden gestar desde lo local. La reflexión que comparto es producto de una serie de conversaciones con vecinos y amigos tanto de mi comunidad como de otras comunidades: “Ahora ¿Qué hacer?”

La abstención en el proceso electoral municipal, como el resultado de una serie de fenómenos multifactoriales, muestra que lo local, lo cercano, lo íntimo del tejido social, se encuentra desplazado del imaginario. Lo anterior, con un especial tinte en los territorios urbanos, -donde se identifican las grandes concentraciones de personas-, parece contradictorio, ahí donde más personas habitan, hay menos interés en la respuesta política para atender lo que afecta de manera directa la convivencia y el tejido social. Frente a esto es que, resulta urgente evitar el círculo vicioso, huir de la misma piedra a la que acostumbramos a chocar cuando tomamos el mismo camino cada mañana, dicho de otra manera, es momento de diseñar una ruta que permita a las comunidades animar el tejido social, que será la condición necesaria para un giro en los resultados de los procesos electorales, con miras a una transformación radical y no una media tinta (en el mejor de los casos).

Las comunidades deben tomar el poder, desde la construcción de proyectos externos a la institucionalidad, la organización popular con base en proyectos específicos es la manera elemental a partir de la cuál se puede despuntar un proceso que, a mediano o largo plazo, puede convertirse en la fuerza de voluntad colectiva capaz de asumir también la gobernanza desde lo institucional. Quiero ser más preciso y aclarar lo anterior de la siguiente manera: la organización popular puede y debe iniciar desde la necesidad específica que golpea la realidad de la comunidad, y, a partir de ahí, por medio de reflexión y acción, construir un poder que se legitima con el andar. Para que, una vez construido el poder de manera colectiva, la posibilidad de acceder a una legitimación de poder institucionalizado se alcance por añadidura.

Los partidos políticos han de ser ante todo movimientos donde la voluntad colectiva sea el resultado de un diálogo diáfano. El “qué hacer” no debe ser una pregunta sino una acción que parte del “hacer con quién”, el tejido social está roto, hay que empezar a anudar, ahí en medio de las tensiones de los “distintos” que miran hacia “lo común”, es ahí donde nace el poder como común-unidad. Estos nudos implican un reconocimiento del vecino, de la vecina, de los animales con los que coexistimos, del ambiente desde el que interactuamos. El día después de las elecciones, es el día adecuado para salir al encuentro del otro, en la comunidad, e iniciar la tarea de tejer un proyecto, donde en medio de la diferencia se pueda caminar hacia un horizonte común.

La interpretación del soberano

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Autor: Luis Carlos Acuña, Doctor en Derecho U.C.R

Transcrito del original en PDF por Sofía Jiménez Murillo

A partir de su discurso agresivo y provocativo, el presidente está librando una guerra contra la mayoría de las instituciones del país. Como parte de ese discurso, ahora el SEÑOR PRESIDENTE -como la novela de Miguel Ángel Asturias- se enfrenta al derecho, específicamente a la interpretación de las leyes. El señor presidente se siente con la sapiencia necesaria para poder entender e interpretar la ley, a pesar de que su especialidad académica es otra.  

Por mi formación de abogado, alzo la voz contra quien se considera ‘soberano’ de un país y ensaye conocer, entender y saber interpretar la ley, y peor aún, contradecir al ente estatal, que por ley, fiscaliza, avala e interpreta la ley.

Sin duda, omite el señor ‘presidente’ valorar los métodos ‘científicos’ o racionales del derecho, que constituyen el discurso profesional de los juristas. Cualquier ciencia para llamarse tal, está centrada en un universo teorético que la constituye. La cientificidad del derecho depende de cómo sea su lenguaje; y de cómo lo emplean sus operadores profesionales, los juristas. Mal o bien, la ciencia del Derecho utiliza un campo de juego donde se mueven los operadores jurídicos, a través de un lenguaje especializado que requiere ciertas habilidades y conocimientos específicos. 

Es habitual que surjan discusiones entre juristas y personas que carecen de formación legal sobre la interpretación de la ley; sin embargo, en el Estado moderno existe una especie de intérpretes ‘autorizados’ que zanjan la discusión: jueces, árbitros, instituciones administrativas, Sala Constitucional, interpretaciones auténticas y otras. Ciertamente cualquier lenguaje encierra imprecisiones y ambigüedades, pero ello no implica la inexistencia de cierta racionalidad en la tarea de la interpretación legal.

Pareciera que el señor presidente quiere regresar al absolutismo, pretendiendo erigirse en un intérprete autorizado de las leyes, en el soberano que descifra y entiende el único significado verdadero de las normas.

Lo ocurrido entre el señor presidente y la Contraloría debe llamar a la reflexión, la exegesis que realiza cualquier intérprete autorizado, con independencia de que nos guste o no, debe respetarse, no es una elección, es una obligación, como bien dijo la contralora. Una de las funciones del lenguaje jurídico es la prescriptivo-normativa, como ocurre con la legislación de la contratación administrativa, el no entender este principio básico hace que algunos operadores jurídicos y las personas en general, caigan en la trampa de creer que el lenguaje jurídico también admite otras funciones, como relacionar la función prescriptivo – normativo con ideas de justicia. El plano prescriptivo-normativo tiene su propio campo de juego, y ahí reside el error del señor presidente, querer utilizar su propia lógica, su propia función, en detrimento de la naturaleza descriptiva-normativa de la legislación cuestionada.

Las expresiones lingüísticas de una determinada ciencia social se usan en la práctica, de acuerdo con distintas reglas específicas. A modo de ejemplo, si alguien pretende jugar fútbol soccer debe utilizar y respetar las reglas creadas para este, de lo contrario, realmente no sería un juego de fútbol y estaría jugando a otra cosa. Debido a que el lenguaje jurídico es una variante del lenguaje común, este permite que hasta un economista pueda opinar sobre interpretación legal. Empero, para evitar el caos y darle efectos prácticos a las disposiciones legales, no suele tomarse en cuenta a cualquier intérprete, por el contrario, la necesidad de armonía y orden de cualquier sistema jurídico contemporáneo, requiere de ‘intérpretes autorizados’ previamente definidos por el propio sistema y es evidente que la Contraloría General de la República es uno de esos intérpretes autorizados. Nos guste o no, ello significa que el derecho dirá, en la práctica, lo que esos intérpretes entienden lo que ahí ‘dice’. Estos específicos intérpretes son aquellos que disponen de la autoridad suficiente para decidir qué dice -y también que no dice- una ley o regla específica. Además, la interpretación que realizan los autorizados no es caprichosa, para ello la dogmática jurídica ha creado distintos métodos para la interpretación jurídica.

Se percibe que el señor presidente replica las palabras de Luis XIV “El Estado soy yo”, en lugar de practicar el juramento constitucional «¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República…”, en este país quien gobierna son las leyes, no los hombres.

Señor presidente, lo invito a respetar las leyes y las interpretaciones que realizan los autorizados, reflexione sobre su juramento constitucional, zapatero a tus zapatos. 

Imagen tomada de: https://concepto.de/ley-organica/

Elecciones municipales 2024 sin pena ni gloria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Víctor Rojas Morales

Sin pena ni gloria transcurrieron las elecciones municipales, embrión histórico de la democracia, con un abstencionismo de casi el 70% a nivel nacional. Goicoechea tuvo uno de los más altos índices: el 76.7%.

Este abstencionismo se ve agravado por la gran cantidad de votos nulos y en blanco que depositaron en las urnas los electores. Ahora todos se preguntan sobre las razones “misteriosas” de este fenómeno, que no estuvo tan lejos de lo ocurrido en las elecciones para presidente y diputados del 2022.

La razón de esta respuesta popular a los procesos eleccionarios se encuentra, muy fácilmente, en la desconfianza hacia los partidos políticos y sus candidatos, los que han demostrado ser instrumentos de dominación, condicionamiento y factor de enriquecimiento para unos pocos, quienes delinquen descaradamente sin que haya castigo alguno para ellos.

Lo ocurrido en la Municipalidad de San José y en la de Limón, son dos casos que enturbian el quehacer municipal y cambian los resultados finales. Estar en los grupos de poder político se empareja a estar con las clases más adineradas y se llega al poder no para servir, sino para servirse.

Nos han metido en la cabeza que el sistema electoral costarricense es un ejemplo en toda América y que esto es sinónimo de una democracia ejemplar, restringiendo el concepto de “democracia” a la posibilidad que tienen los partidos políticos para llamarnos a votar y olvidarse muy pronto de sus promesas electoreras.

Ya la gente no acata este llamado como “ganado al matadero” y se adquiere conciencia del engaño y, entonces, la respuesta es no votar, porque no ven en los partidos una opción real de cambio y solución a sus necesidades más sentidas.

Se ha puesto de moda que ya no se vota por un partido político, sino por determinadas figuras políticas que llegan a cautivar al elector, tal el caso de la forma en que se eligió al presidente Chaves. Hasta ahora las clases dominantes han tenido el control total y absoluto de los procesos electorales y sus resultados.

Hoy las figuras más descollantes en la esfera económica, no se valen de los políticos de oficio para que los representen, sino que lo hacen de manera directa, invirtiendo enormes sumas de dinero que, para ellos no es un gasto, sino una inversión, sean del partido político que sean, al final todos se ponen de acuerdo para repartirse el botín y sus intereses siguen cuidadosamente asegurados.

En las comunidades, los más importantes problemas y necesidades se mantienen intactos. Los presupuestos municipales siguen empleándose, mayoritariamente, en el pago de planillas y muy poco se destina al desarrollo social de las comunidades. Como vecino del cantón de Goicoechea, percibo y vivo las malas prácticas de la mayoría de los municipios del país.

A los vecinos sólo se les convoca para ejercer el voto, luego de esto, se les mantiene lo más alejados posible, no se les incorpora en el trabajo de comisiones, celebran sesiones ocasionalmente en algunos distrititos y a los vecinos se les permite hablar por escasos tres minutos, aplicando un reglamento interno de debates que es la mayor muestra de la antidemocracia; lo que importa es dar esa falsa imagen de participativos, pero aplicando la “ley mordaza”, porque el presidente del Concejo quiere dar muestras de un “buen manejo de los debates” y, como lo que les preocupa es el pago de sus jugosas dietas, todos se apresuran para irse pronto a casa y, los asuntos, mal atendidos, se dejan para dar respuestas después.

Las posibilidades de participación ciudadana que da la legislación son ignoradas sistemáticamente y se rehúsan a convocar a cabildos, plebiscitos o referéndums. Siendo las municipalidades el bastión de la democracia, son convertidas en entes formales y burocráticos, que muy poco hacen por ser un factor de cambio positivo en el país.

Por sólo mencionar uno, la recolección de basuras se ha convertido en un gran problema que atenta contra la salud de la población, cada vez son más los basureros que afloran por todas partes y la municipalidad, lo que hace, es mandar camiones a recogerlos, incentivando de esta manera esta práctica, lejos de entrar en un análisis serio de la problemática y a encontrar las soluciones adecuadas y oportunas.

El caso del cobro de multas ante estas infracciones no se ha aplicado nunca y el director de saneamiento ambiental dice que es muy complicado señalar a los infractores y que estos casos se deben llevar a la Corte, cuando su trámite es administrativo en la institución; eso dice y eso hace y nadie corrige esta negligencia.

A nivel administrativo, las municipalidades tienen mucho que superar, por ejemplo, para hacer un pago, no se tienen los bancos suficientes para ello, hay trámites que se podrían hacer digitalmente y al usuario lo obligan a apersonarse a hacer filas que son un atraso. Llamar telefónicamente es una odisea y las otras alternativas de comunicación son insuficientes y deficientes.

Estas son algunas de las razones que provocan en la ciudadanía un gran desencanto y prefieren quedarse un domingo, viendo tele y compartiendo con la familia.

Imagen ilustrativa.