La moral es infiel – Programa Alternativas
Le invitamos a sintonizar el programa Alternativas de este viernes 2 de junio con el tema La moral es infiel.
Cacerías de brujas y estado de excepción en Costa Rica (II)
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La pacífica y bucólica Costa Rica nunca ha estado exenta de la tentación de las cacerías de brujas, en distintos momentos de su historia, las que si bien no alcanzaron jamás las dimensiones de las ocurridas en la localidad de Salem, Massachussets, cuando un grupo de mujeres fueron acusadas de presuntos “tratos” con el diablo, siendo ejecutadas en la horca, durante los últimos años del siglo XVII, entre 1692 y 1693, no han estado ausentes del todo en nuestro horizonte político y social, teniendo como punto de partida la intolerancia religiosa, política o racial aún existentes entre nosotros.
La intolerancia y el fanatismo en materia religiosa y cultural, por parte del alto clero católico se puso de manifiesto durante el conflicto con los liberales, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, el que se saldó con las leyes liberales y la prohibición al clero de participar en la vida política electoral. Sin embargo, hubo cierta persecución hacia quienes predicaron y adoptaron el protestantismo liberal durante las primeras décadas del nuevo siglo, especialmente en las zonas rurales donde el predominio católico era casi total.
Los protestantes, por su parte, se institucionalizaron y expandieron su ámbito de influencia a través de la creación del Hospital Clínica Bíblica, concebido para favorecer a los sectores populares (propósito que fue distorsionado durante la segunda mitad del siglo XX al convertirse la medicina privada en un gran negocio), y del Seminario Bíblico Latinoamericano fundado en 1923, que se convirtió en los últimos años del siglo XX en la Universidad Bíblica Latinoamericana, heredera de la tradición académica y de los recursos documentales del primero.
Por otra parte, no hubo partidos políticos confesionales hasta un siglo después, cuando las sectas neopentescostales irrumpen en la vida política, durante los últimos años del siglo XX, desde posiciones muy reaccionarias, integristas y proclives al neofascismo, que establecieron vínculos estrechos con Jair Bolsonaro en Brasil y Yanine Áñez en Bolivia. La incidencia de este factor terminó por favorecer al statu quo político, representado por el PAC en las elecciones de 2014 y 2018, especialmente esos comicios en que Carlos Alvarado se enfrentó al neopentecostal Fabricio Alvarado, a quien venció en las urnas con un programa político proclive a la derecha y al autoritarismo, como herramienta para imponer las políticas de shock impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Tal y como habíamos dicho líneas atrás, Costa Rica vivió en un estado de excepción e intolerancia políticas, mucho más sufridas y percibidas por las víctimas que por los victimarios, quienes por lo general tienden a naturalizar o restarle importancia a estos hechos, durante el primer cuarto de la segunda mitad del siglo pasado, lo que constituye un período bastante extenso del devenir histórico de la sociedad costarricense, suficiente como para no haber dejado huellas profundas en la mentalidad de la población.
Con la derogatoria, más bien modificación, del párrafo segundo del artículo 98 de la constitución política de 1949, si bien se garantizaron los derechos políticos a la izquierda costarricense, se dejó siempre en manos del Tribunal Supremo de Elecciones todo lo relativo a la formación, medios de acción, ideología y estructuras organizativas de todos los partidos políticos, un hecho que a lo largo de los últimos años del siglo anterior y las dos primeras décadas del presente, terminó por dar al traste con la partidocracia costarricense, al distorsionarla esencialmente por la conversión de los partidos políticos en meros apéndices del estado, pudiendo el mencionado TSE disolverlos o distorsionarlos de acuerdo con los intereses de sus integrantes, por lo que la corrupción ha sido monstruosa, especialmente en lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales.
A pesar de la existencia del sostenido estado de excepción, a que hemos venido haciendo alusión y del feroz anticomunismo de oficio que imperaron durante la segunda mitad del siglo XX, el estado social de derecho y las conquistas sociales más importantes de la década del cuarenta mantuvieron su dinamismo hasta bien entrados los años ochenta, cuando empezaron los programas de ajuste estructural y se impuso en la región el mal llamado “Consenso de Washington” en la década de los noventa, dentro de lo que resulta una paradoja que confunde a mucha gente.
¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS? (Parte II)
M.Sc. Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial
Los errores de bulto o presuntos maquillajes descubiertos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (https://surcosdigital.com/se-acabaria-la-luna-de-miel-entre-expertos-de-oit-y-maquillistas-de-la-ccss/) ya eran conocidos desde hace décadas por “Reymundo y todo el mundo”, incluyendo los altos jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Tuve la oportunidad de comunicar algunos de ellos desde el año 2005. En el año 2018 le hice una excitativa al presidente ejecutivo de la CCSS, Sr. Román Macaya Hayes, sobre “la función actuarial”, refiriéndome a su importancia para una adecuada gestión de los seguros que administra la Caja. Primero le transcribí múltiples lineamientos internacionales y nacionales sobre la práctica actuarial en relación con la ética, el profesionalismo y la independencia de los actuarios, la definición de hipótesis, la transparencia, la información y la comunicación, entre otras.
Luego le emití a don Román la siguiente opinión: “A pesar de todo lo anterior, la experiencia en la CCSS en el campo de la actuaría ha venido a menos principalmente en los últimos años, en mi opinión debido a que el profesionalismo, la ética y la objetividad han sido seriamente lesionados por las jefaturas de la Dirección Actuarial y las influencias políticas que existen sobre dicha unidad, tanto internas como externas.”
Seguidamente le recordé al Sr. Macaya los siguientes hechos, como ejemplos de la pésima gestión en materia técnica actuarial, por si no los recordaba o no los conocía: El manejo político de la base mínima contributiva; el cálculo erróneo del costo del aumento en la cesantía hasta los 20 años; el uso de estudios actuariales paralelos y contradictorios para justificar beneficios; la contratación de un estudio actuarial de IVM a la OIT que fue recibido por la CCSS sin revisión alguna y que contiene serias deficiencias técnicas; la elaboración de un estudio actuarial de IVM conjunto entre la OIT y la CCSS con serias deficiencias técnicas; la derogatoria del Reglamento de la Dirección Actuarial en el año 2011 por medio de un procedimiento lleno de vicios e incoherencias, con el fin oculto de allanarle el nombramiento al director actuarial; la estructura inapropiada de la Dirección Actuarial y la realización de estudios actuariales del seguro de salud violentando los artículos 11 de la Constitución y las leyes 5349, 5905 y 7374, que se traduce en desvío de fondos, entre otras.
Finalmente, le solicité al Sr. Macaya, entre otros asuntos, lo siguiente: “Se fortalezca el Departamento Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica tanto en su personal como en las funciones, dentro de las cuales incluir la elaboración de los estudios actuariales del seguro de salud y trasladar al Área de Análisis Financiero aquellas actividades que no forman parte del campo actuarial y que saturan al Departamento Actuarial”.
Para quien quiera leer el documento completo, aquí lo dejo.
Sinceramente el Sr. Macaya me sorprendió, me hizo recordar el refrán que dice: “el zorro muda de pelo, pero no de costumbre”, pues envió mi excitativa a la guarida de los zorros. Lo hizo agregando la palabra “PRIORIDAD”, en mayúscula, resaltado y en rojo, en oficio firmado por la coordinadora administrativa de su despacho, dirigido a Carolina González Gaitán, directora a.i. de la Dirección Actuarial y Económica -coautora del estudio hoy cuestionado por OIT-. Y él se hizo el zorro hasta dejar su puesto y aún estará haciéndose, pues dadas las falencias descubiertas por los “expertos” de la OIT, deduzco que no hizo nada para evitar que eso ocurriera.
La misma decisión tomó el Sr. Macaya cuando le solicité que interpusiera sus buenos oficios para detener el desvío de fondos que le hacen al seguro IVM, que lo tienen al borde de la quiebra, lo trasladó a la misma madriguera. Ver oficio que le envié aquí.
El Semanario Universidad publicó un reportaje sobre este asunto (https://semanariouniversidad.com/pais/actuario-denuncia-presunta-ilegalidad-en-reparto-de-recursos-de-seguro-de-salud-en-la-caja/), en el que también se informa sobre los posibles conflictos morales y de interés que tendría la Sra. Gonzalez Gaitán, al haber recibido pagos salariales presuntamente indebidos, aprobados por quien fuera su superior, el Sr. Luis Guillermo López Vargas, quien fue el revisor y aprobador del estudio actuarial que, para los técnicos de OIT hoy sería la manzana de la discordia. El tema ha sido ampliamente informado, ver por ejemplo estas tres publicaciones:
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/376734/funcionaria-cobr-15-mills-sin-derecho,
Es decir, sobre el desvío de fondos de IVM Macaya se lavó las manos. ¿Se las lavarían también las actuarias de la Dirección Actuarial y los otros directores de la Junta Directiva de la CCSS? Lo veremos en la siguiente entrega.
Desprecio a los expertos y académicos
Por Sergio Ortiz Pérez
Administrador de Empresas
Presidente de ACOTEL
Este es otro de los síntomas que experimenta la democracia enferma en la que vivimos y que propicia el Gobierno de Rodrigo Chaves.
Desde tiempos muy antiguos la política y la religión, a menudo han entrado en conflicto con la ciencia. Pero muy en particular cuando existen orientaciones fanáticas, autocráticas o populistas.
En la actualidad, Costa Rica, experimenta un rechazo a los conocimientos especializados de académicos y expertos, cuando van en contra o señalan debilidades de alguna decisión populista del Gobierno de Rodrigo Chaves.
Este rechazo, a corto plazo, puede tener un impacto perjudicial en la toma de decisiones políticas, culturales, sociales, de infraestructura, manejo de fondos públicos, salud y hasta en el avance científico de nuestro país.
Minimizar o desacreditar la experiencia y el conocimiento de los expertos y en cambio favorecer opiniones basadas en emociones, retórica simplificada o en rencillas personales, nos traerá como país, políticas ineficientes, ineficaces o incluso dañinas, que nos afectarán a todos, seamos o no partidarios del Presidente.
Algunos ejemplos son: paralizar las obras de infraestructura de la CCSS, despedir a directivos que aprobaron un aumento a empleados de la Caja y que se basaron en criterios técnicos para hacerlo, incumplir el voto constitucional del Parque Manuel Antonio y perseguir a quienes dieron su criterio técnico, despedir a directivos de instituciones públicas que se oponen a decisiones arbitrarias del Gobierno y sus jerarcas, querer eliminar los criterios vinculantes del Lanamme, concentrar poder en los Ministerios y eliminar instituciones autónomas que hoy poseen criterios técnicos independientes y vinculantes o crear una mampara en el SINART para posiblemente asignar pauta publicitaria a medios de información aliados.
Para ello Rodrigo Chaves, se nutre de una retórica muy similar a la del señor Juan Diego Castro, en la que siempre se señala y generaliza con ciertos delirios de persecución que los mandos medios de las instituciones están tomados o que se lucha heroicamente contra la corrupción.
Muletillas y generalizaciones como «canallas», «sicarios políticos», «corruptos» «burócratas» o «filibusteros» «pericos» «resentidos» «comunistas enclosetados» también se nutren de un desprestigio hacia el empleado público que iniciaron los partidos como el PLN, PUSC y PAC para aprobar el TLC, Ley AntiHuelgas, Empleo Público y Combo Fiscal. Por esto es por lo que tampoco estos partidos pueden rasgarse las vestiduras en el plenario, con flaca memoria, porque antes deberían hacer un examen de conciencia, un mea culpa y una disculpa pública por haber preparado eficientemente el terreno para la llegada de un populista a Zapote.
Cuando los líderes políticos autocráticos o populistas desacreditan constantemente los criterios expertos, se genera una desconfianza generalizada hacia las instituciones científicas, colegios profesionales, universidades y sus hallazgos, además pone en entredicho el objetivo de la profesionalización de muchos jóvenes que hoy estudian para ejercer éticamente sus carreras, ya que podrían desarrollarla en un país que les desprecie cuando brinden sus criterios y estos no sean armoniosos con los discursos populistas.
Esta falta de confianza puede socavar el progreso científico, ya que la ciencia se basa en la evidencia, experimentación y el análisis riguroso. Además, la falta de credibilidad en las instituciones científicas puede llevar a una menor aceptación de medidas necesarias, como las relacionadas con la salud pública o el cambio climático y por ende qué retrocedamos en lo poquito que hemos avanzado y precisamente en temas que ante el mundo hemos dado un ejemplo a seguir.
Otro punto es que el desprecio de los criterios expertos puede alimentar la polarización y el debilitamiento del debate público fundamentado en la evidencia, por ello es por lo que, a pesar de evidenciarse hechos sumamente obvios, sin contar los troles, veremos comentarios tales como «crema de rosas», «usted es del PLN o del FA», «a usted le pagan los de Canal 7» y otras estupideces.
Las orientaciones políticas autocráticas o populistas suelen promover la idea de que la opinión de una supuesta mayoría es más valiosa que el conocimiento especializado, lo que puede desincentivar el análisis crítico y la búsqueda de soluciones equilibradas. Esto conduce a una sociedad dividida y menos capaz de abordar los desafíos complejos de manera constructiva.
Día Mundial Sin Tabaco
José Luis Pacheco Murillo
El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987, con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia.
Se trata de disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar al consumo de tabaco y divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo.
Dejar de fumar es un reto para quienes poseen ese vicio y les resulta muy difícil lograrlo. En muchas ocasiones se requiere de ayuda profesional para de esa forma cumplir con ese propósito. Actualmente existen clínicas especializadas en ayudar a quienes deseen dejar de fumar. Dentro de la CCSS se presta este servicio.
El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. Además, el tabaquismo supone también la inversión de millones de dólares en los tratamientos qué hay que dar a quienes ya padecen las consecuencias del tabaquismo.
Cáncer, problemas al corazón y problemas respiratorios son algunas de las consecuencias bien la salud. Además, la economía familiar se ve afectada y el gasto por los cuidados sanitarios aumenta cada vez más.
Dejar de fumar es el mejor de los negocios y el mejor regalo para la familia y amigos.
Dios quiera que podamos tomar conciencia de los efectos nocivos del tabaco y lleguemos efectivamente a tener un día libre de tabaco.
¡Apoteósico! ¡Formidable!
Freddy Pacheco León
El mejor escenario imaginable en nuestro país. La emoción se desbordaba desde todo el público. El acontecimiento esperado no tuvo una silla vacía. La comunicación entre actores y espectadores era electrizante.
Un domingo para recordar.
Así fue el espectáculo que nos brindó el Coro Sinfónico, magistralmente dirigido por Ramiro Ramírez, sus invitados, la Orquesta Sinfónica Nacional y, por supuesto, ese artífice que ha sabido forjar tan espectacular agrupación musical, el Maestro Carl Saint Clair. (Si quizá la ministra de Cultura y su jerarca asistieran alguna vez, no estarían tan empeñados en afectarlos presupuestariamente. Hasta, como premonición, se les habría dedicado el RÉQUIEM de Giuseppe Verdi).
“A diez años del asesinato de Jairo Mora Sandoval ¿Dónde está su huella?”. Voces y Política
Este miércoles 31 de mayo tendremos el programa: “A diez años del asesinato de Jairo Mora Sandoval ¿Dónde está su huella?” con la participación de Alicia Casas, comunicadora e investigadora y Ana María Arenas del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar.
Además, familiares y personas defensoras de las tortugas.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica: https://www.facebook.com/radiouniversidad
OES-UNA: Urge retomar una política social más proactiva
Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el coordinador y economista, Fernando Rodríguez Garro, nos comparte un análisis de la notable situación que se vive en busca de la recuperación socioeconómica del país post pandemia.
La pandemia del COVID-19 provocó una situación inédita en la historia económica reciente del mundo, una crisis profunda provocada por las medidas sanitarias, que fue repentina, relativamente rápida, pero de efectos importantes. En Costa Rica implicó la duplicación del desempleo, el aumento de la pobreza y el deterioro de la capacidad del gobierno de responder con medidas anticíclicas, que permitiese responder con fuerza ante los efectos que el cierre de negocios y la paralización de actividades económicas provocó entre la población del país. A esto debe sumarse que la Administración Alvarado Quesada no impulsó medidas para buscar ingresos adicionales temporales, que permitiese extender las ayudas del Bono Proteger, que solo funcionaron 3 meses, y tampoco quiso suspender la aplicación de la regla fiscal, lo que pudo hacer dadas las condiciones excepcionales existentes. Entonces, no solo enfrentamos problemas económicos importantes de forma muy intensiva, sino que no tuvimos las condiciones financieras para compensarlas, no buscamos ingresos adicionales para hacerlo y no le dimos al Estado la flexibilidad para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Como sociedad no previmos la principal implicación en el mediano y largo plazo de esta situación: su efecto en el bienestar humano y el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población más vulnerable. Aunque hubo, en efecto, una recuperación en medio de la propia pandemia e incluso en la etapa actual, que podemos llamar post pandémica, el deterioro de algunos indicadores se mantuvo o se acumuló a los problemas que venían desde antes. El desempleo, por ejemplo, se disparó desde la anterior crisis en el año 2009, debido a la caída del sector inmobiliario en el país, situación que incluso ya había empezado a desmejorar previo a la pandemia, propiamente en el año 2019, cuando el crecimiento económico del país empezaba a ralentizarse y el desempleo tocaba el máximo de la década previa, llegando a un 12%.
En la década previa a la pandemia del COVID-19 no hubo un atisbo de recuperación del empleo, incluso los problemas se extendieron a lo largo de todo este tiempo. Según una publicación del medio La Nación, el desempleo juvenil (entre personas de 15 a 24 años) ha duplicado el nivel de desempleo general del país, desde el inicio del cálculo de la Encuesta Continua de Empleo en el año 2010. En los trimestres previos al 2020, año de la pandemia, el desempleo juvenil incluso escaló hasta el 30% a nivel nacional y sobrepasó ese nivel, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2019 el desempleo juvenil alcanzó un 35,14%. La pandemia disparó este problema, rozando el 50% de desempleo juvenil en el segundo trimestre del 2020.
Desde el Observatorio Económico y Social UNA, hemos advertido de esta situación desde el año 2019, el deterioro que estábamos sufriendo en el caso de los jóvenes y la distribución desigual de este tema en las distintas regiones del país, con las regiones costeras sufriendo el problema con mayor énfasis. Luego de esa situación, el fin de la pandemia y el fin de las medidas de restricción para casi la totalidad de los negocios, sumado a otros factores regionales y locales, los problemas de seguridad han crecido, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se incrementan y los homicidios en el país crecen de forma preocupante. Precisamente las zonas costeras y, propiamente, los cantones de Puntarenas y Limón son de los más afectados por estos fenómenos, precisamente las zonas donde desde hace tiempo el problema del desempleo juvenil viene en crecimiento, incluso desde antes de la pandemia como se indicaba anteriormente.
¿Qué hacer? La pandemia dejó una huella que aún nos afecta, pero este problema está más entronizado de lo que habíamos pensado. Jóvenes con problemas para encontrar empleo en sus primeras experiencias laborales, muchachas y muchachos que dejan los estudios sin posibilidad de integrarse al mercado laboral, una política pública insuficiente y sin enfoque regional, un gasto en educación en retroceso y una economía enfocada en la creación de trabajos calificados (los jóvenes apenas están en proceso de formación laboral), son la realidad que debemos enfrentar.
“Deberíamos dedicar más recursos a una formación técnica que sea transversal a la formación diversificada en los colegios del país, por ejemplo, enseñándoles a los jóvenes sobre manejo de aspectos que pueden incidir en su empleabilidad, como el manejo de redes o mejorando de forma importante el manejo de un segundo idioma”, indica el académico Rodríguez.
Los colegios deberían ser lugares modernos, seguros y que permitan el uso seguro de espacios de socialización, como los lugares para la práctica del deporte. Para eso necesitamos invertir en tecnología y en infraestructura física, pero no se puede lograr eso con un gasto en educación en franco retroceso. Además, es difícil mantenerse estudiando cuando las necesidades materiales en el hogar se multiplican, por lo que las ayudas públicas a los hogares con jóvenes son muy importantes. Desaplicar la regla fiscal en las ayudas públicas, como becas y subsidios es muy importante, así como no aplicarla sobre los gastos de inversión y equipamiento de los centros educativos.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Imagen ilustrativa.
Los cortesanos de Rodrigo Chaves
Martín Rodríguez Espinoza
Cuando los costarricenses votan por un candidato o candidata a la presidencia, espera que, al llegar, lo haga para legislar a favor de todo un país, pero no es así.
La verdad es que detrás de una candidatura, a la presidencia o a diputaciones, se esconde la mano que financia la campaña electoral. Esto ha quedado demostrado siempre, después de cada elección. Lo sabe el Tribunal de Elecciones que con un mazo golpea a los partidos pequeños y desfinanciados, pero que con los poderosos utiliza un plumero. El PLN, el PUSC, el PAC, los libertarios, el PASE, y ahora el partido de Rodrigo Chaves, son ejemplos de esos partidos financiados con “dinero que les cae sorpresivamente del cielo”, las páginas de los diarios están llenos de noticias sobre financiamientos fraudulentos y cuentas paralelas a esos partidos políticos. Hasta Oscar Arias Sánchez, aceptó que una empresa estadounidense ligada al narco lo apoyó en la campaña electoral de 1986. ¿Y qué hace el Tribunal de Elecciones?
También el pueblo espera que quienes gobiernan escojan a los mejores profesionales para que administren de mejor forma las instituciones y las empresas públicas. Pero ya tampoco es así. En este gobierno, como en anteriores, ha quedado demostrado que se nombran personas para que hagan que las cosas NO funcionen. En este gobierno, sin embargo, las cosas van más allá.
No son ministros, viceministros; no son presidentes ejecutivos de las instituciones públicas, no son funcionarios profesionales que asumen un cargo para desempeñar su experticia, su experiencia en la función pública, cumpliendo las obligaciones que la Constitución Política, las leyes y los objetivos institucionales que el cargo demanda y obliga.
Ni siquiera son diputados y diputadas, que con respeto a la misma Constitución Política y la independencia de Poderes políticos que exige, deben de cumplir para el pueblo costarricense, no.
Se comportan, actúan y hablan, como verdaderos “cortesanos”, siervos del mandato del autoritario Rodrigo Chaves Robles, agente de los entes financieros internacionales metido a presidente de una Nación supuestamente independiente y soberana.
Se comportan y actúan como eso, cortesanos de una monarquía en las sombras, pero de la que Rodrigo Chaves no es el Rey, ni la Reina, es tan solo la cara visible en el máximo cargo que confiere la Constitución Política. Hasta Rodrigo Chaves sirve a alguien más, a unas pocas familias que se creen dueñas de Costa Rica, que se hacen cada vez más millonarios con la servidumbre que han recibido de gobiernos, prácticamente desde las generaciones anteriores, las que asesinaron a Juan Rafael Mora Porras (Juanito Mora).
Antes del Renacimiento, los cortesanos y cortesanas tenían la función de transmitir información a dignatarios visitantes, cuando no se podía confiar en los sirvientes. En la Europa renacentista, los cortesanos jugaban un papel importante en la sociedad de clase alta, de la monarquía, de los ricos, hoy Rodrigo Chaves cuenta con una buena cantidad de sirvientes, cortesanos que cumplen la misma función.
Entonces, ¿qué necesitamos cambiar para enderezar el país y que quienes gobiernen lo hagan para todo el país y no para quienes financiaron la campaña electoral?
El proyecto de ley «para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente» (expediente 23.588): algunas observaciones
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
En la Gaceta Oficial de Costa Rica del 30 de marzo del 2023, se publicó el Proyecto de Ley 23.588 (véase enlace, en pp.2-7): se denomina «Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente».
La lectura pormenorizada de este texto denota algunas carencias y omisiones graves que evidencian la premura con la cual fue redactado.
Ello no debe considerarse como un hecho aislado: como ya viene siendo costumbre con la Asamblea Legislativa en estos últimos tiempos, algunos proyectos de ley parecieran ser formulados de una forma tan precipitada, que se elaboran sin mayores consultas con entidades abocadas al ámbito que se pretende regular.
Una consulta previa que ¿se hizo o … no se hizo?
La lógica indica que antes de elaborar un proyecto de ley, cual sea el ámbito de este último, existe una fase previa de consultas.
Al parecer o no se hizo, o bien, se hizo con un grupo tan reducido de entidades abocadas a esta temática y de profesionales conocedores de esta temática, que muy pocos saben quiénes son. Dada la amplia y compleja problemática a la que se pretende dar respuesta con el proyecto de ley 23.588, plantea interrogantes muy válidas el hecho que:
1) – no se haya hecho ninguna consulta, o bien;
2) – que haya sido a un grupo muy pequeño de entidades y personas, o bien;
3) – que fue tal la premura para presentarlo, que se obviaron lo que consideramos las etapas básicas que requiere todo proyecto de ley de previo a su formulación.
Esta consulta a la que referimos hubiera sin lugar a duda permitido imprimir a esta propuesta un enfoque mucho más integral y abarcar los muy diversos aspectos de la problemática que se pretende resolver mediante una nueva legislación: desde la academia y desde la sociedad civil, desde las múltiples publicaciones, informes existentes, los insumos aportados hubieran sido de gran ayuda.
De algunos aspectos de forma algo básicos
Desde su mismo título, se evidencia que los autores del proyecto de ley 23.588 ignoran varias cosas que, en lo personal, consideramos bastante básicas y que a continuación detallaremos.
Desde 1995, la legislación costarricense no usa el término de “medio ambiente” usado en otras latitudes, sino el de “ambiente”, como la misma LOA (y no LOMA) por las siglas de: Ley Orgánica del Ambiente (véase texto completo). Si el planeta es uno, si la Tierra es una, no hay razón para usar el término de “medio” al referirse al ambiente, que utilizan (por ejemplo) nuestros colegas en España. Sorprende que los autores costarricenses de este proyecto de ley ignoren los términos usados en Costa Rica para referirse al “ambiente” en la misma normativa nacional. El mismo artículo de la Constitución Política desde 1994 contempla un artículo que no emplea el término de «medio ambiente» sino que se lee de la siguiente manera:” Artículo 50. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Desde el 2018, un tratado regional que buscar proteger a quienes defienden el ambiente (usando el término “ambiente “o “ambientales” y no “medio ambiente” o medioambientales” …) consagra una expresión muy precisa que engloba a defensores de los derechos humanos y defensores del ambiente. Se trata de la expresión “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, tal como la encontramos plasmada en el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Dicho sea de paso, resulta notoria la total omisión a toda referencia al Acuerdo de Escazú por parte de los autores costarricenses de este proyecto de ley. Esta omisión confirma (para algunos de nosotros) la sospecha que tenemos: muchos en Costa Rica, desde la misma Asamblea Legislativa (pero también desde el Poder Ejecutivo y desde otros espacios), opinan sobre el Acuerdo de Escazú – usualmente en contra – sin tan siquiera habérselo leído.
Cabe precisar que la propuesta original de incorporar en el futuro Acuerdo de Escazú una disposición específica sobre las personas que defienden el ambiente se debió a una propuesta conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú (véase texto): hacer mención de ello en un proyecto de ley como el 23.588 permitiría honrar esta valiosa iniciativa que Costa Rica logró plasmar con los demás Estados.
De manera a conocer mejor la problemática que enfrentan los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, referimos al informe del Primer Foro realizado en noviembre del 2022 en Quito, Ecuador, bajo los auspicios de la CEPAL (véase texto).
Dada la falta de conocimiento en la materia, es muy probable que los autores de este proyecto de ley ignoran también que el Acuerdo de Escazú cuenta con una “Guía de Implementación”, presentada formalmente en abril del 2022 por la CEPAL (disponible aquí).
La protección de los defensores del ambiente es una materia sumamente compleja y álgida, y requiere una serie de acciones del Estado para ser eficaz. Desde ya, se recomienda que los autores del proyecto de ley 23.588 se lean lo que establece dicha Guía de cara a la implementación del Artículo 9 sobre defensores del ambiente (pp.145-52): en efecto, al compararse lo que encontramos en las pp.145-152 con la parte dispositiva del proyecto de ley 23.588, quedan en evidencia los graves vacíos y omisiones que contiene este proyecto de ley.
De algunos aspectos sustantivos inexistentes en el proyecto de ley
En el caso del proyecto de ley 23.588, nada aparece sobre las acciones penales por presunta difamación – acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios – que una y otra vez terminan desestimadas o archivadas por parte de los tribunales penales costarricenses. Una reforma al código penal permitiría que no puedan ser usadas con tanta facilidad. Estas acciones penales se presentan con una clara intención velada: la de infundir temor a una persona en Costa Rica, a su entorno más cercano, y la de perjudicar su labor de defensa y de denuncia durante los años que dura el procedimiento ante el sistema judicial costarricense (Nota 1): la doctrina anglosajona se refiere a este tipo de demandas como «SLAPP actions» por sus siglas: «Strategic Legal Actions Against Public Participaction» (Nota 2). En Costa Rica, lo que algunos denominamos el «affaire Crucitas» dio pie para la presentación de cinco demandas de este tipo (Nota 3).
Muy relacionado a la omisión anteriormente detectada, nada tampoco aparece en este proyecto de ley 23.588 sobre las garantías a la libertad de expresión que se extienden a los defensores ambientales y a todo defensor de derechos humanos en su labor: al respecto, en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, se lee (en su párrafo 100) algo que debió inspirar a los autores de este proyecto de ley 23.588:
“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».
Por cierto, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental”, que existe en un sinnúmero de regulaciones en Costa Rica y de sentencias de la Sala Constitucional (véase por ejemplo esta sentencia del 2012, y los desarrollos que en ella se lee en el párrafo V titulado «Sobre la participación ciudadana en los asuntos ambientales «), constituye una sólida base para asentar la necesaria protección de quienes defienden el ambiente. Desde 1995, la misma Ley Orgánica del Ambiente (véase texto) en su artículo 6 establece que:
«Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente«.
La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado el alcance de este verdadero derecho en su opinión consultiva OC-23 del 2017, dada a conocer en el 2018 (véase texto, en particular párrafos 226-232). Pese a su importancia, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental” no encuentra mayor referencia en este proyecto de ley. Esta omisión nos parece bastante notoria, por lo que nos permitimos desde ya plantear la siguiente pregunta: ¿tendrán algún tipo de problema con la participación ciudadana en materia ambiental los autores del proyecto de ley 23.588?
Nada tampoco aparece en el proyecto de ley 23.588 sobre la imperiosa necesidad de dotar al Estado costarricense de un cuerpo de investigadores altamente especializado para investigar debidamente hechos en los que se atenta contra la vida de personas que denuncian o defienden derechos humanos en Costa Rica. La indignante impunidad que rodea una larga serie de asesinatos o de amenazas contra personas que defienden el ambiente en Costa Rica, evidencia que el aparato estatal no sabe (o… ¿no quiere saber?) cómo se investigan este tipo de hechos.
En este proyecto de ley tampoco aparece alguna disposición sobre la necesidad de tipificar penalmente la incitación al odio en contra de los ambientalistas: al respecto, un reciente caso contra ambientalistas del Caribe Sur costarricense (véase nota de SurcosDigital ) no ha dado lugar a ninguna amonestación por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa en contra del diputado que los calificó de “terroristas” durante una audiencia celebrada en la misma Asamblea Legislativa.
De manera que los autores de esta propuesta de ley, al parecer poco familiarizados con la problemática, conozcan un poco mejor el abanico de «técnicas» para amedrentar a un colectivo de personas que claman por sus derechos, y que va desde amenazas e intimidaciones de todo tipo, a intentos de estigmatización y de campañas de desprestigio, pasando por acciones penales por presunta difamación y por incitación al odio que diversos sectores lanzan contra quienes defienden derechos humanos en distintas partes del mundo, los referimos a este informe de la ONG Amnistía Internacional y a este otro informe de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) sobre los derechos de las personas que defienden el ambiente. Leyéndolos con un poco de detenimiento, estamos seguros de que se percatarán que la Defensoría de los Habitantes no es la entidad estatal más indicada en Costa Rica para proteger eficazmente a los defensores de derechos humanos, tal como lo pretende de forma errónea este proyecto de ley.
El informe remitido sobre el asesinato de Berta Cáceres en el 2016 en Honduras (véase texto completo del informe GAIPE del 2017) evidencia la necesidad de contar con investigadores sumamente experimentados para lograr dilucidar casos como el de la muerte de esta reconocida lideresa lenca opuesta al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y para desenmascarar la estrategia (fallida) de encubrimiento intentada en un primer momento por las autoridades judiciales hondureñas para maquillar las verdaderas razones detrás de su asesinato.
La mecánica seguida probablemente seguida para llegar a este proyecto de ley
La fundamentación del proyecto de ley 23.588 denota un profundo desconocimiento de la materia objeto de este proyecto de ley. Es presentado de una manera bastante original al no referirse en ningún momento a principios del derecho ambiental vigente en Costa Rica y a las mismas regulaciones existentes desde 1995.
Intentaremos por lo tanto dar una explicación que permita entender cómo es que se pudo llegar a esta propuesta de ley con semejante formulación y redacción.
Al parecer, ante muy poco tiempo para elaborarlo, se usó un modelo de texto del 2016 sugerido en un fascículo de una reunión internacional auspiciada por Naciones Unidas (“Ley Modelo para el Reconocimiento y la Protección de las personas defensoras de Derechos Humanos” – véase texto completo y que se cita en la página 1 ) y luego se extendió su alcance de manera precipitada a las personas “defensoras del medio ambiente”, con los correspondientes añadidos que encontramos en los artículos 1 a 21 de la parte dispositiva así como en los artículos 22 (reforma a la Ley que crea la Defensoría de los Habitantes) y 23 (reforma al Código Penal).
A diferencia de lo que propone de manera bastante restrictiva el Artículo 3 en cuanto a definiciones, remitimos a lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la definición de las personas que se dedican a la defensa ambiental:
“»71. La definición de la categoría de defensoras o defensores de derechos humanos es amplia y flexible debido a la propia naturaleza de esta actividad. Por ello, cualquier persona que realice una actividad de promoción y defensa de algún derecho humano, y se autodenomine como tal o tenga reconocimiento social de su defensa, deberá ser considerada como persona defensora. En esta categoría se incluyen, por supuesto, los defensores ambientales, también llamados defensores de derechos humanos ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales» (véase texto completo de la sentencia de la Corte IDH, caso Baraona Bray c. Chile, sentencia del 24/11/2022).
La simple lectura del precitado Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase enlace a su texto) hubiera de igual manera ayudado notoriamente a los autores de este proyecto de ley a usar los términos modernos con los que se define a una persona defensora de derechos humanos en asuntos ambientales.
De algunas omisiones notables sobre asesinatos de ambientalistas ocurridos en Costa Rica
Dicho sea de paso, encontramos en la fundamentación de este proyecto de ley una cita al caso de Jeanette Kawas Fernández contra Honduras, ambientalista hondureña asesinada en febrero de 1995 en Honduras, y cuyo asesinato dio pie para una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2009 (véase texto completo). Se omite toda referencia al hecho que en diciembre de 1994 y en febrero del 1995 aparecieron los cuerpos sin vida de cuatro ambientalistas costarricenses en misma la capital costarricense: tres en una casa incendiada en Moravia y el cuerpo del cuarto integrante en un parque de la Uruca. El denominado “caso AECO” nunca dio pie a ninguna sanción. En 1999 la Procuraduría General de la República (PGR) consideró – de una manera que nos parece sumamente cuestionable y cuestionada- que:
“1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental.
2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales” (véase texto completo del dictamen de la PGR – conclusiones -).
A casi 30 años de ocurridos estos hechos, el Estado costarricense no ha querido llevar a cabo una investigación sobre estas cuatro muertes que permita identificar y sancionar a los autores de estos cuatro asesinatos, con muy probablemente dos tipos de autores: los ejecutantes y los autores intelectuales, siendo los primeros comanditados por sectores económicos afectados por la labor de denuncia de estos ambientalistas.
Cada mes de diciembre, algunos universitarios y activistas buscan mantener vivo el recuerdo de estas cuatro muertes que oficialmente el Estado costarricense considera, para tres de ellas, “accidental” y la cuarta como “natural”: véase por ejemplo este artículo de nuestro colega Mauricio Álvarez y la publicación presentada en diciembre del 2020 sobre la larga lista de personas que, además de los cuatro ambientalistas precitados, han perdido la vida en Costa Rica en defensa del ambiente y que se titula: “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica” . Dicho sea de paso, ninguna mención se hace a esta valiosa recopilación presentada en el 2020, la cual podría ser de gran utilidad a la hora de pensar en elaborar una normativa eficaz para para proteger a quienes defienden el ambiente en Costa Rica.
No incluir ninguna referencia al doloroso caso AECO resulta ser una omisión que se añade a la omisión de otro caso, mucho más reciente: en efecto, no encontramos ninguna mención en el proyecto de ley 23.588 al asesinato ocurrido el 31 de mayo del 2013 en Playa Moín de Jairo Mora Sandoval, que estremeció a toda la sociedad costarricense y a la opinión pública internacional. La investigación realizada por las autoridades fue tan deficiente que un tribunal optó en el 2015 por absolver a los sospechosos (véase nota de prensa), causando la profunda indignación de varias ONG (véase carta colectiva). En este 31 de mayo, se conmemoran los 10 años de este vil asesinato: las preguntas que planteamos al conmemorarse los 5 años de su muerte persisten en el tiempo sin mayores respuestas.
La omisión de toda referencia al caso de Jairo Mora confirma nuevamente el desconocimiento por parte de los autores del proyecto de ley 23.588 con relación a lo que han vivido en Costa Rica los defensores del ambiente. En particular, sorprende el hecho que no se mencione ninguna de las recomendaciones hechas en su informe por el mismo Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica (puntos 54 -57 sobre el caso de Jairo Mora Sandoval y las recomendaciones más generales hechas a Costa Rica en los puntos 67-68). Dado el hecho que el contenido de este valioso informe está disponible desde muchos años para todos los que se interesan por la protección de los defensores del ambiente en Costa Rica, nos permitimos reproducir lo que se lee en el informe A/HRC/25/53Add.1 (el cual fue presentado en Naciones Unidas en el 2014) en su punto 67, y que podría útilmente inspirar a los autores del proyecto de ley 23.588:
“En quinto lugar, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección».
Desde el 2014, esta recomendación (así como muchas otras) no ha encontrado eco en el aparato estatal costarricense. Dadas las omisiones de todo tipo que van en aumento conforme se lee este proyecto de ley, nos permitimos plantear las siguientes preguntas: ¿será que ignoran los autores de este proyecto de ley que en el año 2014, se presentó en Naciones Unidas un informe sobre la visita realizada por el Experto Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente? Si es así ¿será que desconocen las diversas conclusiones y recomendaciones formuladas a Costa Rica desde el 2014? Si este fuera el caso, no estamos ante un proyecto de ley que busque realmente proteger a alguien en particular en Costa Rica, sino ante algo que se asemeja a una simple maniobra de otra índole.
Es de notar que pese a estos llamativos vacíos, se citan como únicos casos en Costa Rica registrados, los asesinatos de dos líderes indígenas, Sergio Rojas y Jerhy Rivera, ocurridos en Salitre en marzo del 2019 y en febrero del 2020: al respecto, cabe precisar que la grave problemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica al verse despojados de sus derechos sobre sus propios territorios es mucho más compleja y ameritaría una legislación particular de cara a la protección de sus líderes comunitarios en sus territorios (así como fuera de ellos). Por cierto, en su informe del 2022 que tuvimos la oportunidad de comentar, el Relator Especial, a raíz de su visita a Costa Rica, sugirió al Estado costarricense presentar formalmente una disculpa pública a las comunidades indígenas: una recomendación que útilmente podría materializar la Asamblea Legislativa a través de un pronunciamiento – y que a la fecha no se ha hecho.
A la sugerencia anterior quisiéramos añadir otra: recomendamos que al reiniciarse (algún día) la propuesta de ley sobre autonomía de los territorios indígenas por parte de la Asamblea Legislativa (archivada sin voto en agosto el 2020, dando lugar a una actuación bastante vergonzosa de la misma Asamblea Legislativa denominada desde entonces por las comunidades indígenas “la arrastrada”), se incorporen debidamente medidas legales para proteger a líderes indígenas que defienden los derechos de sus comunidades y prevenir actos de intimidación en su contra. Tuvimos la oportunidad en el 2020, al conmemorarse los 10 años de aquella triste noche, de analizar la deuda histórica que acumula Costa Rica con los derechos de las poblaciones indígenas. Un reciente y muy completo artículo publicado en el 2021 en España titulado «La historia detrás de la muerte de Sergio Rojas» (véase enlace) detalla la complejidad de la situación de violencia que viven a diario los indígenas costarricenses en la región de Salitre: a la fecha, el Estado costarricense no ha sancionado a nadie por el asesinato de este reconocido líder indígena, acaecido en marzo del 2019.
Conclusión
Una fundamentación de un proyecto de ley tan pobre, careciendo de tantos elementos básicos, permite afirmar que resulta absolutamente falaz sostener, como se lee, que este proyecto de ley “busca constituirse como un instrumento del ordenamiento jurídico costarricense para proteger y reconocer los derechos fundamentales de las personas defensoras de los derechos humanos y defensoras del medio ambiente, con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.
Adicionalmente, unas omisiones tan desconcertantes y unos vacíos tan sorprendentes con relación a los avances que se han dado desde que se adoptó el Acuerdo de Escazú en marzo del 2018, solo pueden dar pie a una parte dispositiva que mantenga estas características, por lo que desde ya se sugiere modestamente a los autores de esta propuesta lo siguiente:
– 1) que actualicen sus conocimientos en la materia;
– 2) que pidan asesoría de colectivos de derechos humanos y de ambientalistas costarricenses que conocen de las limitaciones del ordenamiento jurídico y de personas que han sufrido intimidaciones, amenazas, intentos de desprestigio, etc… en los últimos 30 años, y;
– 3) que busquen, desde el sector académico o desde algún otro sector, la manera de pedir la asesoría a los diversos expertos y juristas con los que cuenta Costa Rica en esta precisa materia.
Todo ello en aras de garantizarse que se elaborará una verdadera propuesta de normativa, protectora de los derechos de quienes defienden el ambiente en Costa Rica y esta vez sí, “con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.
Como un pequeño detalle que puede explicar el origen de tan súbito interés en esta compleja temática, concluiremos con la siguiente idea: dado que el Acuerdo de Escazú fue formalmente archivado por la Asamblea Legislativa el 1ero de febrero del 2023 y que este proyecto de ley fue puesto a circular en la corriente legislativa el 27 de febrero del 2023 según se desprende de su ficha técnica, el proyecto de Ley 23.588 puede entenderse como un intento (algo burdo) de remediar ante la opinión pública nacional e internacional lo tristemente irremediable.
Esta sencilla relación de fechas permite entender mucho mejor la premura con la que se ha elaborado este proyecto de ley 23.588.
– – Notas – –
Nota 1: En el caso del acueducto Coco-Sardinal en Guanacaste, fueron siete las personas objeto de acciones penales de este tipo en el 2008. En el caso de la planta cementera ubicada en el centro de San Rafael de Alajuela, fueron varios los demandados en el período 2010-2011. Sabemos de varias personas que denunciaron la expansión piñera en Siquirres en el período 2007-2011 y que también fueron objeto de demandas penales acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios. En el caso del denominado proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, fueron cinco las personas demandadas en el 2011 por la empresa canadiense Infinito Gold, de las cuales dos diputados.
Nota 2: Estas acciones penales buscan ante todo presionar e intimidar a líderes ecologistas, campesinos, indígenas o bien de otros colectivos sociales que alzan la voz ante los atropellos de los que son víctimas por parte de empresas y de corporaciones. Su objetivo es claramente de carácter intimidatorio y en la doctrina anglosajona se denominan «SLAPP actions» (Strategic Legal Actions Against Public Participation). Este valioso informe titulado “Silencing Human Rights and Environmental Defenders: The overuse of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPP) by Corporations” analiza el impacto de estas acciones penales, mientras que en este enlace se encontrará un informe publicado en el 2022 que recoge parte de la práctica en América Latina, titulado «SLAPPS in Latin America”.
Nota 3: Se trata de demandas penales interpuestas por la empresa minera Infinito Gold contra dos diputados (véase nota de Panamaamérica del 2011), así como contra un líder comunal y dos profesores universitarios. Con relación a estas últimas tres demandas, en el 2012 los demandados publicaron un artículo titulado “Audiencias con el Infinito: ausencias…” en La Nación (véase artículo en la edición del 3/07/2012 y reeditado en Kioscos Ambientales) sobre extrañas patologías recurrentes de los abogados de la empresa tendientes a aplazar, en tres causas penales distintas, las audiencias ante el juez programadas para resolver estas tres demandas (que fueron finalmente desestimadas). El programa Era Verde del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) dedicó dos interesantes emisiones sobre la suerte de estas cinco demandas por presunta difamación interpuestas por Infinito Gold (véase video1 y video2), incluyendo entrevistas a las personas acusadas por la empresa minera canadiense.