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Se cerró el telón del campeonato mundial de fútbol femenino sub-20

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Ayer se cerró el telón del campeonato mundial de fútbol femenino sub- 20. Para Costa Rica en lo deportivo, hace rato se había acabado dado el mal desempeño de nuestra selección nacional. Pero en lo que a la organización se refiere, había que cumplir con muchas otras actividades y al parecer, se cumplió con éxito.

Estuvimos por más de veinte días bajo la atención y miradas de muchos países. Era muy importante hacer las cosas bien y según los comentarios efectivamente se logró. Felicitaciones a quienes estuvieron a cargo de dicho evento.

En lo deportivo, hay que decirlo con buena voz, fue un torneo con una gran calidad de fútbol. Grandes jugadas, grandes goles, grandes espectáculos.  Y también hay que decirlo, un fútbol muy diferente al que presenciamos en la rama masculina.

No vimos revolcones inventados, lesiones artísticas que no existían, no vimos encontronazos y otro sin números de situaciones que por lo general se dan en el fútbol masculino y lo hacen, en muchos casos, feo y aburrido.

Felicitaciones también a todas las jugadoras y los cuerpos técnicos que participaron. Sin el temor de caer en error, la selección campeona del mundo fue la que mejor hizo las cosas, pero también otras selecciones jugaron maravillosamente, con gran entrega y pundonor, Japón por ejemplo. No es casualidad que esta final fuera con las mismas selecciones de la final del campeonato llevado a cabo en Francia en 2018. Ahora el resultado favoreció a España anteriormente había sido a Japón.

Dios quiera que gracias a la organización llevada a cabo Costa Rica pueda ser tomada en cuenta para organizar algún otro campeonato mundial, femenino de otra categoría mayor o incluso en la rama masculina.

Felicidades, campeonas.

Felicidades organizadores.

Toda la población tendría que pagar la importación de gasolina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Hasta los que no compran gasolina, tendrían que pagar por su importación. ¡Qué bonito!

El proyecto de ley 23.308 establecería que, por nueve meses, el precio de la gasolina súper no podría sobrepasar los ¢950 por litro, el de la gasolina regular los ¢900 y el del diésel, ¢870.

Si los costos internacionales de los combustibles provocan que los precios superen esas cifras, como ocurre actualmente, Recope, que funciona sin fines de lucro (¡no tiene «buchaca»!) solo podría cumplir con los costos de importación con financiamiento del Estado, pues según el proyecto los recursos “provendrán de las partidas asignadas anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República”, sin mayor especificación.

Si esa política se hubiese aplicado en agosto, Hacienda habría tenido que entregar ¢31.000 MILLONES en un mes a la Refinadora para que pudiese financiar la importación impostergable.

Como las promesas populistas son costosas, o más bien, irrealizables, veremos si aprueban semejante proyecto, que por cierto, no modifica el impuesto único a los combustibles…

Situaciones que ponen en duda la inteligencia humana

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Luis Pacheco Murillo

Seguimos observando acontecimientos que no concuerdan con lo que se supone es la inteligencia humana y los adelantos tecnológicos que se tienen en este ya avanzado siglo XXI.

– Han pasado seis meses de una guerra de la que no se tiene cifras de la cantidad de muertos, de la cantidad de desplazados y de la cantidad de destrucción que ha dejado. Seis meses de barbarie y de absurdo enfrentamiento, sin hacer esfuerzos para acabar con eso. Al parecer se sienten a gusto los países involucrados y como que se acostumbraron los demás países de tener esa masacre activa y engrandeciéndose. Una guerra de dos en la que intervienen muchos otros países aportando material bélico, pero sin poner muertos, es decir, “tomen, síganse matando, nosotros los vemos como lo hacen”. Eso deja mucho qué pensar sobre la inteligencia humana.

– Todo el mundo sabe que lo más beneficioso para la humanidad es dejar de depender de los hidrocarburos. Sin embargo, cada día se llevan a cabo actividades que dicen lo contrario. La fabricación de vehículos de todo tipo que requieren de esos combustibles no cesa de crecer en comparación con los vehículos cuya movilidad no dependen de esos hidrocarburos. Un contrasentido, pues a estas alturas, en el mundo deberíamos estar libres de la contaminación por esos vehículos y tener mayor accesibilidad a los vehículos eléctricos, pero los intereses económicos siguen prevaleciendo.

– No se logra entender cómo a estas alturas del desarrollo humano tengamos que lidiar con una atención en el área de la salud que está cargada de corrupción y de atrasos en la atención de los que requieren de servicios médicos. Filas interminables para una atención de pocos minutos y tratamientos llenos de elementos químicos que a veces afectan más que la misma enfermedad. La falta de educación sobre alimentación y salud nos tiene enfermos pudiendo evitarse muchos de los padecimientos que tenemos.

Dios quiera que la humanidad vaya más hacia el humanismo y el desarrollo adecuado a mejor calidad de vida y a logros mucho más cercanos a la paz que a la estupidez de una guerra. Ya basta de comportarnos como cavernícolas en el siglo de mayor desarrollo humano y tecnológico.

Justa conmemoración

Escrito en . Publicado en Formación.

Jiddu Rojas Jiménez

El 27 de Agosto de 1943 es aprobado en la Asamblea Legislativa (Congreso) el Código de Trabajo, –que tras acaloradas discusiones desde su presentación en Junio–, entrará en vigencia a partir del 15 de Setiembre de 1943.

Hoy como ayer los argumentos «apocalípticos» de la derecha y del gran capital vaticinaban desastres económicos, por estas medidas sociales progresistas. El resultado, obviamente, fue el opuesto.

Curiosamente la fecha coincidía con el Natalicio de Manuel Mora Valverde (27 de agosto). Extraño homenaje, al parecer, de parte del Presidente de turno, Dr. Rafael Ángel Calderón y del Oficialismo (y de su concepción política caudillista), para con el líder y fundador del Partido Comunista de Costa Rica (luego Vanguardia Popular), y entonces Diputado: Lic. Manuel Mora Valverde.

¡Qué mejor forma que celebrar el cumpleaños de Manuel Mora Valverde, que rescatando su memoria histórica y su legado político democrático, auténticamente patriótico, socialista, y verdaderamente humanista!

Para nadie es un secreto, las repercusiones y la trascendencia, de esta maravillosa gesta democrática, que consolida el Capítulo de las Garantías Sociales y el comienzo del Estado Social de Derecho. Y por lo tanto, la calidad de vida del pueblo costarricense.

Justo también es reconocer que el apoyo público al proyecto del Arzobispo Católico, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, fue estratégico. Y por eso encabeza también el desfile popular.

Monseñor Sanabria (1898-1952) fue un sacerdote culto, gran historiador, y además un clérigo sinceramente comprometido con las causas justas y la justicia social.

Una verdadera excepción en un clero conservador, reaccionario y anticomunista, –propio de un Vaticano cercado por Mussolini y el Fascismo italiano–; un personaje singular y adelantado para la Jerarquía de su Iglesia.

Hay sin más, que reconocer que su labor política, fue indispensable para legitimar la aprobación del Código de Trabajo y de las Garantías Sociales, sobre todo frente al Oficialismo y al pueblo costarricense mayoritariamente prejuiciado y muy religioso.

La histórica amistad y empatía de Monseñor Sanabria, –así como su solidaridad efectiva para con Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra (Isabel Carvajal) y para con otros compañeros del PVP histórico–, se mantuvo aún después de la persecución e injusta ilegalización, del Partido Comunista después de la Guerra Civil de 1948.

Lo mismo ocurrió con el discreto, pero patriótico y valiente, contacto personal, entre Manuel Mora Valverde y el líder opositor José Figueres Ferrer. Fortalecido después por el Pacto de Ochomogo (1948), que permitió profundizar las conquistas sociales y el desarrollo posterior del Estado Social de Derecho con la Segunda República (1949).

La foto corresponde a la vez, a una foto de celular (o sea mal tomada) de una de las fotografías originales, propiedad de Manuel Mora Valverde (1909-1943) y luego de su hijo, el Compañero, Manuel Mora Salas. La foto original corresponde al histórico desfile nacional de Celebración, por la entrada en vigencia del Código de Trabajo, el 15 de Setiembre del mismo 1943.

Aparecen en primer plano del desfile, Manuel Mora Valverde, Calderón Guardia y Monseñor Sanabria.

En la esquina de la foto original, se observa la caligrafía de Don Manuel Mora Valverde, marcando la histórica fecha.

Nota histórica previa: El 2 de Junio de 1943 el Congreso aprobó el histórico Capítulo de Garantías Sociales…

Gracias Manuel Mora Valverde y gracias a sus compañeras y compañeros de lucha. ¿Es acaso momento de un nuevo pacto social y popular?

Foto histórica: Desfile del Pacto social de 1943 por la firma del Código de Trabajo. Manuel Mora Valverde (PVP- histórico) con 34 años, Monseñor Sanabria, y Presidente Calderón Guardia… todos Beneméritos de la Patria.

¿Pero qué hay de diferente?

Nota: Ojo al detalle de esta foto. Véase la fecha en la esquina superior izquierda y su caligrafía del propio prócer Manuel Mora Valverde: 15/setiembre/1943. ¡Sin palabras!

Y EL PÚBLICO ¿ESTÁ LOCO? ¿POR QUÉ APLAUDE?

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La convivencia en un país como Costa Rica se ha vuelto compleja, inmanejable, agobiante. La exacerbación de sentidos de exclusión, discriminación y rechazo muestra una cotidianidad conflictuada, alimentada por la laxitud y la proliferación de una comunicación mediada en redes sociales provista de discursos iracundos, acríticos, canceladores de cualquier disidencia, de cual manifestación de la diferencia.

El video que circuló el pasado 18 de agosto en el que se ve a un hombre aceptando ser el asesino del dirigente recuperador bröran del territorio de Térraba Jerhy Rivera, en Costa Rica, es por mucho expresivo de una forma incontenible de racismo, discriminación y exclusión social que se ha venido instalando en la sociedad costarricense en los últimos años, a pasos agigantados.

En el material audiovisual, reproducido en redes sociales de forma viral cientos de miles de ocasiones, se logra apreciar el momento en que un hombre de apellidos Varela Rojas indica haber cometido el asesinato con el que acabó la vida de Rivera.

Por este caso al hombre se le sigue una causa penal aún en proceso.

Lo más dramático de este hecho no es solo la confesión pública, realizada inclusive ante autoridades gubernamentales durante un acto oficial en el que se reunía la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, desarrollada en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, sino los gestos de exclamación y júbilo provenientes de un público en apariencia de acuerdo con el acto cometido.

Los aplausos y la aprobación observados confirman una ruptura del tejido social costarricense en todos sus extremos. Se producen en una fecha que recuerda otro hecho condenable, en la que exactamente cuatro años atrás, el 18 de agosto de 2018, una turba nacionalista y xenofóbica organizara una marcha odiosa y repudiable dirigida hacia el Parque de la Merced ubicado en la ciudad capital, con el objetivo de “expulsar a los nicaragüenses que allí se encontraran”.

Hace apenas unos días un entrenador y exjugador de futbol costarricense, Walter Centeno, fue objeto de insultos y cánticos homofóbicos por parte de una barra rival. Los hechos fueron denunciados, pero hasta la fecha no se conocen acciones reparadoras en este caso.

El escritor argentino Jorge Bocannera en su texto poético “Universo” reflexiona:

“El domador que mete su cabeza dentro de la boca

del león, ¿qué busca?

¿La lástima del público?

¿Que tenga lástima el león?

¿Busca su propia lástima?”

Y de inmediato se pregunta:

“Y el público, ¿está loco? ¿por qué aplaude?”

En tanto el público continúe aplaudiendo frenético ante la muerte, mientras siga sintiéndose empoderado para insultar, ofender y excluir simbólica y físicamente, esta sociedad continuará requiriendo una intervención urgente en su acuerdo social. Hoy más que nunca es necesario un nuevo contrato incluyente y respetuoso de las diferencias. Es impostergable.

La presentación del programa de trabajo del Sector Agropecuario por parte de la Ministra de Agricultura: entre el sesgo exportador y otras controversias

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

La participación de la Ministra de Agricultura y Ganadería en la presentación del programa de trabajo del Sector Agropecuario en el Colegio de Agrónomos efectuada este viernes 26 de agosto, permite visualizar su perfil como funcionaria a cargo de este Ministerio y las características que podría tener su gestión al frente del MAG.  Con el propósito de ser fiel a sus argumentos se reproducen textualmente parte de sus intervenciones durante la presentación.

En la presentación de la Ministra, se destacaron sus rasgos egocéntricos y arrogantes, de empresaria exportadora, que en su posición Gerencial, ve la participación subsidiaria de los técnicos (Agrónomos) en un equipo de trabajo que estará a su servicio (no al del Ministerio), rasgos evidenciados por el continuo uso de la primera persona (yo) y de la frase “es sumamente importante”, poniendo en evidencia un estilo de dirección centralizado y vertical de planificar y tomar decisiones.

Ya en la introducción misma de la actividad, la ministra de Agricultura muestra su autosuficiencia y su visión utilitarista del papel del Colegio de Agrónomos al agradecer “la oportunidad que me da el Colegio de presentar el programa de trabajo para el sector agropecuario 2022-26, porque considero que tenemos que trabajar articulados, yo voy a ocupar del apoyo de todos Ustedes, ustedes son muy técnicos y estoy totalmente abierta a la ayuda que me puedan dar, aquí hay 80 años, de historia, de conocimiento y es sumamente importante que trabajemos articuladamente desde el Colegio y el Ministerio de agricultura”.

Ese perfil de “outsider” que llega al Ministerio por petición del Presidente, se reafirma al hablar de su origen y trayectoria en la actividad agrícola, cuando expresa “para los que no me conocen quiero decirles que yo en la sangre llevo la agricultura, vengo de una familia de zona rural, que con mi padre siempre nos dedicamos a la agricultura, he pasado de tomates, apio, gallinas, vendimos huevos, hasta que finalmente empezamos con el tema de chayote, yuca, malanga, jengibre, he tratado con papaya, luego también el valor agregado, que es sumamente importante, tengo 16 años en la Cámara de Exportadores y 9 de ellos liderando la Cámara”.

A partir de esa referencia a su origen y trayectoria, es que comienza a hacerse presente el sesgo empresarial y exportador, de su visión de la problemática del sector agropecuario, del papel preponderante de la agroexportación, el único motor que arrancó y que es el que genera las divisas y la riqueza; el otro es la agricultura nacional relegada a la producción de alimentos, que considera necesaria (porque es la comida) y que por el que dice pretende luchar.

En ese sentido argumenta “veo a la agricultura como dos motores, un motor que arrancó que es el sector agroexportador, también tenemos una agricultura que es la agricultura nacional, que ahí es donde deben estar todas nuestras fuerzas y la lucha por esos pequeños agricultores, pero también sin descuidar al agroexportador, porque creo que tenemos unas tierras benditas, tenemos los dos océanos y lo más importante es que tenemos una excelente imagen en el exterior, que vendemos productos de calidad, que hemos trabajado certificaciones, hemos avanzado mucho con ese tema”.

Dado este panorama, agrega,  “veo muchas posibilidades y mucho futuro, lo que tenemos que hacer es que producir, producir y producir para generar empleo y por supuesto generar alimento, digo que el Ministerio tiene que ser uno de los más importantes, cada tres horas nos da hambre y quienes damos la comida somos todos los agricultores del país, tengo un gran compromiso de ver como le subimos el nivel que el Ministerio tenga la importancia que se merece, podemos tener el mejor metro, el 5G pero con hambre a uno le dan unas chichas, cuando uno tiene hambre de ahí la importancia».

En otra de sus intervenciones, la Ministra deja claro su perfil estrictamente gerencial y el lugar que tendrá su equipo de trabajo, al decir que en “estos 100 días he llegado al Ministerio a hacer lo que he hecho toda mi vida, que es Gerenciar, gerenciar empresas, porque para eso tengo a los técnicos y a mi equipo y eso es lo que hecho a través de la cámara de exportadores y la empresa B y C y Bajo cero, lo primero que hice fue trabajar con planificación estratégica en un trabajo en equipo articulado, hemos escogido 5 ejes estratégicos para el plan del sector agropecuario 2022-26, que son: productividad, producción sostenible, comercialización seguridad alimentaria y nutricional  y el fortalecimiento de la institucionalidad y también dos ejes transversales, que son la inclusión y el financiamiento.

Luego entrando propiamente en la presentación de las orientaciones del programa de trabajo que realizará el Ministerio, se extraña la ausencia de evaluación y diagnóstico de la situación del sector y sobre el quehacer de la institución en los períodos anteriores y sobre todo la ausencia de SEPSA en la formulación de los ejes de trabajo y los lineamientos del programa, generando por el contrario dudas y controversias sobre el enfoque de cada uno de ellos y si éstos constituyen una verdadera política sectorial agropecuaria.

En la exposición de los ejes y objetivos específicos del programa, destaca la particular perspectiva que tiene sobre cada uno de ellos y los aspectos en que enfatiza para avanzar en su ejecución, como en el eje de productividad, la importancia del registro de agroquímicos sin mayor referencia al tema de la tecnología agropecuaria y la exigencia de una extensión agrícola moderna, pero con escasos recursos humanos y financieros.

Dice la Ministra, “en el eje de productividad, de las primeras metas que tenemos es la extensión agropecuaria, necesitamos una extensión agropecuaria moderna, pero principalmente una extensión agropecuaria que llegue a ayudar a los productores y no que llegue a ponerles trabas, hay limitación de personal y de financiamiento pero con eso tenemos que trabajar, he estado acostumbrada a trabajar sin plata”.

Uno de los temas prioritarios “es la simplificación de trámites, vamos a digitalizar, estamos trabajando con el IICA y le hemos solicitado aplicaciones para que sea más accesible al agricultor, el segundo tema es el registro de agroquímicos, que estoy liderando personalmente y ya se trabajó un decreto para optar por el registro de ingredientes activos mediante el reconocimiento de los países miembros de la OCDE, es una necesidad prioritaria, en estos momentos es indispensable con lo que estamos sufriendo con los altos precios de las moléculas y este país requiere de nuevas moléculas”.

Al respecto, llama la atención la visión sobre la producción sostenible, en la que como indica no sólo es importante la parte ambiental y en el que sus actividades parecen estar restringidas a la producción orgánica y de bioinsumos, sin profundizar en el uso sostenible de los recursos suelo, agua y recursos de la finca, frente a la dependencia de insumos químicos importados y prácticas productivas fijadoras de CO2, que no favorecen la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, a pesar de que se amplíen los programas Nama’s a otros actividades.

Argumenta la ministra, “Cuando hablamos de producción sostenible, no solo hablamos de la parte ambiental, sino también de la parte económica y social, ya se trabajó en la ruta orgánica, que Costa Rica tiene una gran oportunidad, ya se hizo el lanzamiento, estamos trabajando en el tema de producción de bioinsumos, ya se comenzó con las capacitaciones en las oficinas regionales y tenemos como meta hacer 86 capacitaciones y 148 biofábricas, esa es nuestra meta en lo que se refiere a productos sostenibles, otras de las metas son el aumento del valor agregado y la trazabilidad de productos agropecuarios y comentarles de los Nama’s, darles el seguimiento a los ya implementados que queremos hacer a nivel nacional y tenemos cuatro en proceso, dentro de esos hay mucho interés por incluir la piña y también la caña”.

Con respecto al eje de comercialización, es válida la preocupación por el funcionamiento del Cenada como centro mayorista de acopio y formador de precios para el comercio de productos agrícolas, pero es fundamental la participación de los productores en su gestión y el fortalecimiento de los otros canales de comercialización como las ferias del agricultor, las mercados regionales y la intervención del programa de Abastecimiento institucional (PAI), como mecanismos de comercio para incrementar la participación de los productores y para reducir el papel de la intermediación agrícola.

La ausencia de esos temas se observa al abordar la importancia de las instituciones del sector en el tema de canalizar la oferta y la demanda de productos, ya que nuevamente la referencia es a la posibilidad de mejorar la oferta de productos para exportación y el papel que podría tener PROCOMER en esa labor y no en el mejoramiento de los canales de comercialización interna.

Apunta, “Otro de los ejes es la comercialización, ahí hay un grave problema, ese es otro de los temas que estoy liderando, lo que estamos haciendo es hacer una transparencia en la formación de precios, ordenar la casa que es el Cenada, siempre se ha dado una queja del margen de intermediación y estamos definiendo si vamos a utilizar subasta o mesas electrónicas, porque afecta a las ferias y a los precios que llegan a los consumidores; en la transparencia en el PIMA, van a estar disponibles los precios en la página de esa institución y ahí va estar el boletín disponible, también es importante el reacomodo de los dispositivos de entrada, hemos reducido que la plaza sean solo 8 horas, estamos en estudio para ver la factibilidad económica”.

También dice es “importante la capacidad institucional para canalizar la oferta y la demanda, esto es nuevo en el Ministerio hemos contratado un economista agrícola, que nos haga estudios de las necesidades de la industria principalmente y hacer la conexión con los productores, el ejemplo más clásico es del plátano, hay 6 industrias que ocupan plátano en el país y muchas veces no hay plátano y a veces si hay, esa persona debe hacer ese clic entre la oferta y la demanda y no perder mercados por quedarle mal al cliente internacional y también vamos a trabajar la diversificación de la oferta”.

Sin embargo, lo más inquietante de la presentación del programa es la visión (o la ausencia de ella) sobre la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), cuya intervención se limita a la revisión y modificación del Plan nacional de la SAN y la nula referencia a la perspectiva del Ministerio y las demás instituciones del sector sobre el tema y mucho menos retomar el proyecto de ley sobre seguridad y soberanía alimentaria, existente en la legislatura anterior y considerado estratégico por los actores de la SAN.

Al respecto la ministra expone, “Sumamente importante este tema, por lo que está viviendo el mundo, en relación con este tema hay un Plan de SAN del sector agropecuario, pesquero y rural 2021-25 que se está revisando y se está modificando y vamos a presentarlo para el mes de octubre, este es uno de los temas fuertes que va a trabajar esta administración por lo que está pasando el mundo entero”.

Con similares dudas se plantea el eje sobre el fortalecimiento institucional del sector, dada la afirmación sobre la pérdida de Rectoría del MAG, que no considera los esfuerzos de los gobiernos anteriores por fortalecer la rectoría y lograr una mayor articulación y coordinación, que tal vez haya resultado insuficiente, pero debe ser valorado como punto de partida y también las dudas sobre la intervención de MIDEPLAN (dejando prácticamente fuera a SEPSA) en el proceso de articulación institucional.  También resulta cuestionable que la solución al problema de desarticulación institucional esté en la formulación de un proyecto de ley para mejorar las competencias y maximizar los recursos, cuyas causas se deben principalmente a la conformación del sector en varias instituciones con leyes constitutivas diversas y al papel que se le ha asignado a la institucionalidad del sector en la economía y el Estado costarricense desde la década de los 80.

La ministra manifiesta la importancia del Fortalecimiento institucional, ya que “se ha perdido la rectoría en el sector, son varias instituciones y eso es muy grande, vamos a trabajarlo, queremos dialogar y consensuarlo, contamos con ustedes, estamos trabajando con MIDEPLAN para mejorar esa articulación y próximamente vamos a presentar un proyecto de ley para mejorar las competencias del sector agropecuario y articular la planificación para la maximización de los recursos”.

Por su parte, los ejes transversales de Inclusión y Financiamiento aparecen como meros apéndices y tímidos acercamientos a la problemática de la participación de los jóvenes y de la mujer en los procesos productivos agropecuarios y en los espacios rurales, cuya exclusión en las actividades y en el acceso a los recursos como la tierra y los activos, no se resuelven con un programa de capacitación. Señala sobre el financiamiento, que su participación en la junta Directiva de la Banca de Desarrollo puede ser muy positiva, aunque se desconoce si podría conducir a una reforma a este sistema para crear un fondo de crédito agropecuario.

Con el propósito de poner en perspectiva la presentación del programa de trabajo para el sector agropecuario, vale la pena confrontar lineamientos de este programa con la posición de actores y grupos involucrados en el desarrollo del sector agropecuario en los últimos años, como por ejemplo la posición del Exministro Arauz sobre los cambios necesarios en el mismo, cuando señala “una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”.

Agrega el Exministro, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”.  Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022).

Igualmente es oportuno confrontar el programa, con los planteamientos efectuados por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.

En su propuesta, incluyen además fortalecer la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria. (Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.).

La presentación del programa presentado por la Ministra, deja la sensación de un ejercicio de la planificación agropecuaria apresurado y que de constituirse en la política agropecuaria para el período, tendrá probablemente un sesgo hacia la agroexportación y la empresariedad ligada a ésta, en tanto que la pequeña producción familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno tendrán una atención parcial y subsidiaria, mientras que la prioridad de la acción institucional será la productividad y la eficiencia de las actividades no tradicionales y en menor medida la comercialización (sobre todo la que se dirige al mercado externo).

Una referencia contundente respecto a la posición de la Ministra es cuando afirma que “yo creo en las políticas públicas del país, porque provengo de la política Volver a la tierra, cuando pasamos de los productos tradicionales a los productos no tradicionales y siempre me he quejado porque una vez lo hicimos, fuimos exitosos, sabemos hacerlo y no lo volvimos a hacer; cuando PROCOMER sacó el programa Descubre me identifiqué montones porque siento que es el equivalente (a aquel programa), eran 10 productos y ahora incluimos el aguacate, tenemos 11 productos, vamos a trabajar desde el Ministerio muy articuladamente con PROCOMER que es quién conoce los mercados, tiene para hacer inteligencia comercial, tiene fondos disponibles para que nos ayude para hacer más variedad de productos a la hora de comercializar”.

De acuerdo a lo anterior, poca o limitada atención tendrá avanzar hacia una agricultura más sostenible, con agregación de valor y seguridad alimentaria y nutricional, a las que sólo se atribuyen acciones puntuales, que al igual que en el fortalecimiento institucional, estará supeditado a la formulación e implementación de un plan, un proyecto de ley o la intervención de otros entes como MIDEPLAN.

Quedará para el análisis de los productores y las organizaciones del sector agropecuario si el tipo de planificación sectorial realizado es apropiado para resolver los problemas del sector y si será pertinente gerenciar el Ministerio de Agricultura, como gerenciar empresas exportadoras.

La votación pública en el seno de Corte Plena

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza, docente y ciudadana

         Corte Plena, para quienes no lo saben, está constituida por 22 magistraturas nombradas por la Asamblea Legislativa. Es el órgano superior del Poder Judicial por disposición constitucional (artículos 152 a 156 de la Carta Fundamental) y tiene, entre sus funciones, resolver conflictos planteados por cualquier persona en última instancia. Aunque esta sería su labor principal,  es lo que menos suele hacer, pues —como desde los años 80 indicara don Carlos José Gutiérrez y, más recientemente, lo mostrara el III Informe del Estado de la Justicia— la mayor parte del tiempo de sus integrantes se consume en las funciones administrativas que, por arte de prestidigitación, han pasado a llamarse “de gobierno” (y se despliegan en más de 50 comisiones) pues esto tiene más prestancia y está más a tono con lo de “corte” (así, en minúscula) y la autopercepción que allí rige.

         Otras funciones de ese órgano, no menos relevantes, son las de designar magistraturas electorales, magistraturas suplentes del propio Poder Judicial, elegir a quien ostente la Fiscalía General de la República, a jueces y juezas 4 y 5 en todas las materias, así como sancionar a toda la judicatura. Estas son parte de las tareas de “gobierno” que más gustan a algunos y algunas de quienes detentan la magistratura. Y, como de entre estos-as, hay quienes aspiran a tener cortesanos-as (es decir, personas al servicio de la corte que no examinen críticamente su hacer), cada vez que pueden declaran sus sesiones secretas y se amparan en un artículo (59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer también secretos sus votos.

         Cabe indicar que la citada ley que aquello dispone, la No. 8, data del 29 de noviembre de 1937, es decir, fue emitida en el gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940, época signada por los guiños al fascismo europeo) y el numeral original (antiguo 71 inciso 3 de la LOPJ) no ha sido modificado en su contenido respecto a ese secreto, aunque sí ha sido corrida su numeración. Es decir, la ley en que se ampara la votación secreta surge antes de la Constitución Política de 1949 que, en su artículo 11 actual (con reformas del año 2000) dispone: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal…” (sic, el masculino es del original, la negrilla es suplida). De este texto y del artículo 30 constitucional (que establece libertad de acceso a la información estatal de interés público, salvo los secretos de ley) derivan los principios constitucionales de publicidad y transparencia.

Quienes estudiamos derecho sabemos que el dogma básico del sistema jurídico moderno (de cuño romano-germánico) es el de jerarquía de las normas pues, de esta deriva la supremacía constitucional y le da soporte a la convencional (al prever la jerarquía de tratados y su valor, que luego se desarrolla en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados que, a su vez, impide a los gobiernos alegar su derecho interno para desconocer un convenio internacional). Eso significa que una norma de rango inferior no puede contradecir una de superior grado. Así, las directrices y reglamentos no deberían contradecir la ley (y si lo hacen son ilegales), las leyes no deberían ser contrarias a las normas y principios constitucionales y de tratados (y, si lo hacen, son inconstitucionales o inconvencionales).

Como el funcionariado público presta juramento (artículo 195) de respetar la Constitución Política (que es la que establece aquel principio), está obligado a ser vigilante de que esa jerarquía no se viole. Por eso, el voto público y motivado (ambos efectos de la rendición de cuentas y la transparencia) no debería requerir reforma reglamentaria o legal para ser aplicable, o deberían ser cuestionadas y rápidamente resueltas las normas que lo contemplen…si las cosas funcionaran como deben.

Para el cantante y poeta ya fallecido Leonard Cohen “hay una grieta en todo, así es como entra la luz” pero, también, por la grieta, entra la niebla. Sabemos que el oscurantismo no es propio de la Edad Media y de los sistemas inquisitivos puros, sino que, como parte de una cultura arraigada que es dinámica y cambiante, se mimetiza. También por las grietas de las instituciones y de las normas entra la niebla que impide tener una adecuada visión.

A las personas les extraña que la cúpula del Poder Judicial en ocasiones haga públicas las votaciones (por ejemplo en la elección de la anterior fiscal general: ver sesión de Corte Plena 10-2018[1], artículo XVII así dispuesta ante la presión de prensa y popular ante las circunstancias que se vivían) y en otras se limite a “aplicar la ley”, como lo ha dispuesto, para esta elección, en la que el fundamento jurídico es similar y se omite hacer el análisis jerárquico de reglas y se aplica solo la ley.

Entonces, la conclusión, es que la decisión depende no de la correcta aplicación del derecho sino de si las cambiantes mayorías (que, a su vez, suelen variar según sea el voto de los y las magistraturas suplentes) dado que, inclusive, si en la CSJ existise la preocupación de estimarse incompetentes para hacer la aplicación directa de la norma superior, a lo menos efectuarían la consulta de constitucionalidad correspondiente, que tampoco se vislumbra. Es claro que tanto para la votación pública como para la secreta en el seno de la CSJ hay argumentos jurídicos, pero, como se ha podido constatar, algunos son más sólidos que otros.

Para la designación de quien presidirá la corte en los siguientes y difíciles años (y probablemente para la designación de quien resulte fiscal general) se ha tomado como parámetro la circular 88-2017 (que, a su vez, es un cambio a la circular 69-14, ambas emitidas por la misma corte, reglas esas que no tienen la virtud de dejar sin efecto los principios constitucionales de publicidad y transparencia, sino que, más bien, deberían aplicarlos).

Tanto esta circular como la Ley Orgánica del Poder Judicial son inconstitucionales e inconvencionales. Lo ha resuelto así la misma Sala Constitucional para normas reglamentarias de la Asamblea Legislativa (y hay paridad en las razones para extender el razonamiento a este caso): “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho (…) el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley 8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos (…) y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una consecuencia inherente a una democracia mixta. Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera.” Sala Constitucional, voto número 4182-14.

Conviene recordarlo de cuando en vez. Convendría, también, que del mismo modo que —gracias a los medios de prensa y de la población vigilante de los asuntos públicos— se modificó un reglamento legislativo para lo cual, en otros momentos, no hubo voluntad ni legislativa ni de la misma Sala Constitucional (cuya acción de inconstitucionalidad, después de varios años, sigue sin ser resuelta, aunque la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula una duración, para ello, no superior a un mes después de finalizado el trámite que es descrito puntualmente: artículo 86) del mismo modo, decía, esos u otros actores, como la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, hagan uso de las potestades que brindan los artículos 73 y 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para —alegando los primeros un interés difuso o colectivo y las últimas instituciones su rol legal— plantear, expresamente, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial o bien aprobarse, exentas de trámites dada la evidencia jurisprudencial existente, las modificaciones normativas que correspondan.

Para quienes siguen opinando que la votación secreta es propia del funcionariado público…¡Que la Patria os lo demande!

[1] Así votaron en esa ocasión, de las actuales magistraturas titulares, Rivas, Rojas, Varela, Sánchez, Ramírez, Cruz, Castillo, Rueda, Salazar y de suplentes Allón Zúñiga, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez, entre otros que ya no integran dicho órgano.

Foto: UCR

Nuestra independencia, dos fechas y un feriado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

A propósito de la ocurrente discusión legislativa alrededor del feriado equivocado (parece que es lo único que les interesa) del 15 de setiembre como parte de un final de semana largo para ayudar al turismo local, cabe recordar a los señores diputados un par de cositas que habrían de tomar en cuenta en el debate que se ha propuesto.

Lo que se firmó el 15 de setiembre de 1821 fue la declaratoria de independencia de la Capitanía General de América Central, que desconocía la autoridad colonial de España. Los costarricenses no solo no se enteraron, sino que poco les importaba lo que se había decidido allá lejos en Guatemala, pues lo sucedido ese día estaba lejos de hacernos un país independiente, aunque se reconoce que fue un paso adelante hacia el ejercicio de nuestra plena soberanía.

Al conocerse la noticia, que algunos consideraron positiva mientras otros la desdeñaban por irrelevante, sucedió un hecho de gran trascendencia histórica. Resulta que a poco más de un mes de los hechos en Guatemala y en la Diputación provincial de León, exactamente el 29 de octubre «se firmó y juró en la ciudad de Cartago, con la participación del pueblo y de las autoridades de la provincia, nuestra ABSOLUTA INDEPENDENCIA del Gobierno Español».

Hecho trascendental expresado, sin ambigüedades mezquinas, por el expresidente Daniel Oduber en su Decreto Ejecutivo N°5303-E del 23 de octubre de 1975, mediante el cual se pretende (¡porque no ha sido derogado!) recuperar la fecha del 29 de octubre como la que ha de reunirnos en la gran celebración nacional de nuestra independencia patria.

Don Daniel lo hizo, escribió, porque «la fecha del 29 de octubre de 1821 debe ser consagrada en las páginas de nuestra historia como el INSTANTE TRASCENDENTALMENTE SUBLIME en que el pueblo costarricense juró y consagró su destino a la causa de la libertad, la democracia y de los más altos ideales de justicia y de igualdad entre los hombres».

Y es que como escribe el historiador Miguel Rojas, el acta del 29 de octubre es la que registra el nacimiento de Costa Rica como país, y expresa su ligamen tierra-cosmos y su presencia internacional para siempre fuera del yugo español. Lo demás es un producto de una costumbre que no necesariamente es correcta.

Mitos y realidades en la discusión del presupuesto universitario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Examinaré en este artículo lo ocurrido en el proceso de negociación que está en curso en el momento de redactar este artículo, del presupuesto universitario o FEES. Mostraré con apego a datos e información real las falsedades que se han esgrimido por la parte gubernamental. Para mí lo ocurrido es grave. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a ir por pasos.

1.Lo primero que se debe tener claro es que, desde el 9 de junio del 2011, quedó modificado el segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política, de la siguiente manera: “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.” (Cfr. Ley N°8954 del 9 de junio de 2011.)

Sin embargo, los legisladores del período 2010-2014, le concedieron al Estado una oportunidad para llegar al 8% escalonadamente, con el objeto de que no hubiese un descalabro económico. Fue así como debieron agregar un transitorio a la ley citada, que estipuló cómo se iba a conceder ese permiso al Estado para que pudiese enfrentar el aumento del presupuesto estatal de un 6% a un 8%. El Transitorio I de la mencionada ley lo estableció como sigue: “El gasto público en educación podrá ser inferior al 8% durante los períodos fiscales anteriores al año 2014.” Pero se agregó que: “Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del PIB destinado a la educación podrá ser inferior al del año precedente.” (Cfr, Transitorio I de la ley 8954.)

Como puede apreciarse quedó formulado sin ambages que, a partir del 2014 la obligación de dotar a todo el sistema de educación del 8% cobraba pleno vigor. No había pues trampa ni engaño. Pero, los gobiernos no fueron previsores e incumplieron durante varios años con el mandato Constitucional. Lo que es peor, todavía se sigue incumpliendo, ya que solamente se ha llegado al 8% mediante una acción truculenta, ya que se buscó sumar a la dotación presupuestaria del sistema de educación en su conjunto, el presupuesto del INA y otros rubros que tienen que ver con los recursos de las redes de cuido y los CEN-CINAI, todos los cuales cuentan con su propia dotación de recursos establecidos en sus propias leyes. Además, ninguna de estas nobles instituciones ha formado parte nunca del sistema nacional de educación; el INA está bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y las redes de cuido, tanto como los CEN-CINAI siempre han formado parte del Ministerio de Salud. En cambio, el legislador ha dejado claro, tanto en el artículo 77 de la Carta Magna como en el 78 que, “La educación pública está organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.” (Cfr. Artículo 77 de la Constitución).

Como es bien sabido, en el derecho público lo que no está expresamente dicho no puede asumirse como verdadero. No existe ningún artículo Constitucional, ni ley alguna que mencione al INA, a las Redes de Cuido o a los CEN-CINAI, todas instituciones de bien público como ya lo expresé, como si fueran parte del sistema nacional de educación. Aquí tenemos pues el primer mito con el que se ha afectado el presupuesto de todo el sistema de educación nacional, incluidas desde luego las universidades públicas.

2. Otro error en que suelen incurrir los gobiernos y hasta la Asamblea Legislativa, consiste en pretender rebajar el monto presupuestario que se asigna a las casas de educación superior, respecto del año anterior. La actual administración del presidente Rodrigo Chaves, había propuesto reducir el presupuesto de las entidades de educación pública universitaria, nada menos que en ciento veintiocho mil millones de colones (128.000 millones de colones). Aunque el gobierno ya depuso esa abusiva e inconstitucional pretensión, después de la enorme marcha de los universitarios acaecida el martes 16 de agosto, considero oportuno revisar qué hay detrás de la propuesta ya descartada. Aunque esta se desechó, opino que lo que yace detrás de la propuesta permanece incólume; por eso deseo analizarlo.

Veamos el proceder gubernamental. Los negociadores por la parte gubernamental, entre los cuales se encuentra el ministro de hacienda Nogui Acosta Jaén, abrieron el diálogo el 11 de agosto señalando su pretensión de reducir el FES de 522.822 millones de colones (dotación presupuestaria para el 2022) a 430.130 millones de colones; una rebaja del 24% del Fondo Especial de la Educación Superior. Debe tenerse en cuenta que esta tesis la sostuvo el gobierno hasta el propio día de la marcha, o sea hasta el 16 de agosto al inicio de la conversación; ello fue así a pesar de haber sido advertido por los rectores desde el comienzo de las negociaciones (es decir desde el 11 de agosto) que estaban incurriendo en una inconstitucionalidad. Debieron pasar cinco días, antes de que el gobierno reconociera su error.

Vale la pena acudir ahora al artículo 85 de la Constitución, porque el mismo no deja ninguna duda con relación al atropello en el que se pretendió incurrir por parte del gobierno de la República. Lo cito en la parte que interesa: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Artículo 85 de la Constitución Política vigente.)

Como pueden verlo, el artículo Constitucional es clarísimo. Las rentas del FEES no pueden ser “abolidas”, ni siquiera “disminuidas”, en tanto no sean creadas “simultáneamente” otras “mejoras” que las sustituyan.

¿Es creíble entonces lo que dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el mismo martes 16 de agosto, el día de la gran marcha de los universitarios, apenas unas horas después de haber reiterado la inconstitucional propuesta? Citémosle: “Ese reconocimiento de hoy (martes 16 de agosto alrededor del mediodía), no parte de un tema puramente de negociación, sino de convencimiento de las partes…caímos en cuenta que hay una disposición constitucional que nos obliga a cumplir con ese precepto de mantener los recursos, entonces no podemos darles a las universidades menos de lo que ya les dábamos.” (Cfr La Nación Entrevista telefónica, miércoles 17 de agosto. Pag.4) ¿Hemos de creerle?

Dice el artículo 129 del código civil: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.” El asunto es más delicado tratándose de don Nogui Acosta, hoy ministro de Hacienda puesto que, apenas ayer, en la administración anterior fue viceministro del mismo ramo y en varias ocasiones negociador del FEES reemplazando a la entonces ministra Rocío Aguilar. Pero la ignorancia confesada deja en un mal predicamento al resto de los ministros que están negociando el FEES con las universidades, a los abogados que los deben asesorar, y al propio presidente de la República al que, o nunca se le mostró la propuesta y por lo tanto no la conocía, o también es otro desconocedor de la Carta Magna. Cualquiera de las dos opciones pone en entredicho el prestigio del presidente. La primera en su condición de líder del equipo, la segunda porque una vez más deja al presidente de la República como un desconocedor de la Constitución.

3. Lo anteriormente dicho, más parece una jugadita política para retrasar la negociación, en vista de que, si no hubiese acuerdo entre las partes, el diferendo tendría que ir a la Asamblea Legislativa, único caso en el que los diputados pueden resolver el asunto. Así el gobierno se lavaría las manos ante la sociedad costarricense. Aunque por fortuna, después la ministra Müller se desdijo, quedó en clara evidencia otro mito pregonado por la parte gubernamental, cuando copiosamente la ministra de educación declaró en los medios de información nacionales, mediante un comunicado oficial que: “La Constitución Política de nuestro país establece que el presupuesto del sector educación es uno solo.” Para enseguida deslizar una falacia: “Dicho presupuesto debe ser dividido entre las diferentes instituciones que integran el sector: Preescolar, Escuelas, Colegios, Colegios Universitarios, Universidades Pública, Cen Cinai, Red de Cuido, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y alrededor de 50 instituciones.” Luego remató expresando: “Estamos ante un gran dilema, porque todos los niveles de educación son importantes. ¿A quién le damos más quitándole al otro?” (Cfr. CP-007-08-2022. 12 de agosto del 2022. El comunicado viene precedido con los logos de Casa Presidencial, del ministerio de Educación MEP, el de Planificación MIDEPLAN, el ministerio de Hacienda MH y el ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT.)

Una vez más se acude al ardid de querer pintar un panorama como si las universidades fueran enemigas del resto de la educación pública no universitaria. Aunque insisto, la ministra Müller después se retractó, va dejando la estela en diversos sectores de la sociedad de una mentira que, está esgrimida para corroer el prestigio bien ganado en la sociedad, de las universidades públicas del país. La mención al INA, a la Red de Cuido y a los Cen Cinai quedó desmentido supra; lo relativo a las 50 instituciones del ministerio no se sostiene pues, ellas han gozado de la dotación presupuestaria que los gobiernos otorgan al ministerio de Educación y no tienen por qué las instituciones universitarias apechugar con esa responsabilidad estatal.

Mientras tanto, el párrafo citado entra en abierta contradicción además, con el contenido de los párrafos tres y cuatro del artículo 85 de la Constitución, donde queda clarísimo el reconocimiento que le atribuye tanto el legislador constituyente como el derivado, a la educación superior universitaria estatal. Pueden corroborarlo leyendo con atención de seguido, los párrafos tres y cuatro del artículo 85 constitucional.

“El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” (Cfr. párrafos 3 y 4 del artículo 85 de la Constitución).

Cae desplomado otro de los mitos difundidos en la reciente negociación del FEES por la parte gubernamental. No ha existido, ni existe la menor intención de los universitarios de menospreciar o socavar a ninguno de los niveles de la educación pública no universitaria. Antes bien está debidamente documentado el aporte constante de las universidades públicas al sistema de educación estatal en general, tanto mediante la preparación y formación de miles de docentes, como mediante asesorías, investigaciones y trabajos de extensión o acción social que, año con año realizan las universidades en las diferentes regiones del país. No reconocerlo es mezquino, pretender negarlo es falsear la realidad.

4. Solo me resta por ahora, tocar otro tema que es crucial. En los párrafos tres y cuatro recién citados del 85 constitucional, el legislador deja clara la importancia de planificar el desarrollo de las universidades estatales quinquenalmente. Las universidades no han dejado de cumplir con este precepto constitucional, ya que cada cinco años se presenta al poder ejecutivo el plan de desarrollo universitario, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, tal como lo ordena la Constitución, según lo acabamos de constatar. El último plan quinquenal las universidades lo presentamos en el año 2020, antes del 30 de junio; el gobierno lo recibió de conformidad, por lo que dicho plan entró en vigor en el año 2021 y rige hasta el 2026. Aún así, los gobiernos hacen caso omiso de este plan quinquenal universitario y someten a las universidades públicas, cada año, a una discusión impertinente, porque ponen en entredicho, un año sí y el otro también, las bases mismas en las que se sustenta el plan y gran parte de los preceptos constitucionales, como ha quedado demostrado en esta ocasión.

Es pues el Estado, cada gobierno, con algunas excepciones, el que incumple con su responsabilidad de planificar el desarrollo de la educación universitaria estatal tal como lo manda la Constitución. Cito una vez más, aunque sea redundante, el cuarto párrafo del 85 constitucional: “El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” Pero no ocurre así. ¿Puede alguien negar esta incontrovertible realidad? Cada persona que se haya tomado la molestia de leer este artículo tiene la palabra.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

De presuntas verdades y medias mentiras “verdaderas”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La facilidad con que algunas gentes –más numerosas de lo que solemos sospechar- opinan de toda clase de temas o asuntos complejos, muchas veces sin tener la menor idea precisa acerca de su especificidad, ni la más elemental información que tenga, al menos algunos rasgos de verdad o verisimilitud, es tan antigua como el ser humano mismo y su existencia planetaria.

En cambio la irrupción, en este cambio de siglo, de las así llamadas “redes sociales”, y de las tecnologías digitales que han venido a trastrocar la escena histórica, nos han conducido también al angustioso dilema de que ese tipo de opiniones, que eran incluso tenidas como “vergonzosas”, o quedaban reducidas a ciertos ámbitos de la vida cotidiana, como la sobremesa o la cantina donde cualquier hijo de vecino expresa sus emociones, sin comedimiento alguno, en tiempos históricos no tan lejanos, mientras que ahora en el presente continuo a la manera anglosajona, dentro del que tendemos a pensar, de una manera casi inconsciente, se han propagado o extendido, dentro de los términos de unas escalas exponenciales e incluso logarítmicas, de tal manera que además de producirnos vértigo la cantidad de presunta información que recibimos, lo que ha llevado a muchas gentes a pensar o a decir de que no es necesaria la rigurosidad en el pensamiento, ni tampoco el empleo correcto del lenguaje. De ahí la oleada de primitivismo y de cierta “barbarie” manifiestas que nos inundan y asfixian, además de que es inútil debatir o pretender hacerlo con gentes que ni siquiera razonan. Sólo nos falta gruñir, nos recordaba el periodista y escritor Carlos Morales Castro, en un artículo aparecido en este diario digital, hace apenas unos meses.

Estamos en una era en la que una suerte de totalitarismo se ha venido extendiendo desde eso que algunos suelen llamar todavía “la sociedad civil”, más parecida a un rebaño que a una sociedad de seres políticos (Aristóteles, dixit) y con mucho poco de civil o civilizado, el buen sentido de esos términos. Se expresa como intolerancia en muchos órdenes o ámbitos de la vida social, la que va desde pretender obligarnos a todos, so pena de sufrir una especie de linchamiento social, a asumir o aceptar una significación única (al parecer verdadera) para determinado término o expresión, a pesar de que su sola enunciación haga evidente su naturaleza más bien polisémica. En otros momentos o espacios de la contemporaneidad nos encontramos con la censura abierta hacia las obras de grandes autores de la literatura estadounidense o anglosajona en general, tal y lo como lo evidencia el retrógrado y ultraderechista gobernador de La Florida, Ron De Santis, en las escuelas de ese estado “porque supuestamente ofrecen ideas para analizar críticamente el racismo, la desigualdad y la discriminación en todas sus manifestaciones. Según De Santis esos libros representan la ideología “woke”, ahora supuestamente asociada con las ideas de izquierda” (Montserrat Sagot).

Es así como los jóvenes del estado donde el español Ponce de León buscara sin éxito, durante el siglo XVI, la mítica fuente de la eterna juventud, se encuentran con el engendro totalitario (por arte del paternalista hitlercillo De Santis) que les impedirá acercarse a la obra del maestro californiano John Steinbeck con sus Uvas de la Ira, a la tierna narrativa a la estadounidense afro Toni Morrison, fallecida hace un par de años, o a la de Haper Lee y su novela Matar a un ruiseñor o al inovidable Mark Twain, maestro de maestros y sus Aventuras de Huckleberry Finn que marcaron los límites entre mi infancia y mi ahora también lejana juventud…como el tema toma ribetes orwellianos, no faltaba más, la prohibición de la profética novela “1984” vino a coronar la cereza del pastel.

Los fascistas ucranianos de Zelenski no conformes con sus limpiezas étnicas dirigidas al segmento rusoparlante de su población y más afín a su historia común con la vecina Rusia, no sólo prohíben las obras clásicas de los maestros de la literatura rusa, tales como León Tolstoi, Anton Chejov, Fiodor Dostoiewski o Leonidas Andreiv, sino que expurgan sus bibliotecas de textos en ruso. Estamos en una nueva era totalitaria: la que nos anunció hace setenta años el inglés George Orwell, con su abrumadora lucidez no exenta de sobriedad.

En una especie de simultaneidad en el transcurrir de eso que llamamos “el devenir histórico” o la singularidad del tiempo como duración, notamos que la complejidad de los estudios históricos y sociológicos se torna, cada día más manifiesta a nuestra mirada, a pesar de las notorias diferencias entre ambas disciplinas de las ciencias sociales. No los recuerdan con insistencia en sus libros y en sus alocuciones el gran maestro de la sociología francesa, Edgard Morin, ya centenario pero siempre lúcido, pero también nuestras propias observaciones del transcurrir sociopolítico y cultural, en este tumultuoso, absurdo, inextricable e indescifrable cambio de siglo, en el que ni siquiera logramos distinguir lo real de lo ficticio, a pesar de nuestras inútiles tentativas.