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Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Para no serruchar a un Roble: para Don Fernando Cruz Castro

Jiddu Rojas Jiménez

Para no serruchar a un Roble: Para Don Fernando Cruz Castro, jurista y maestro.

  1. Una anécdota jurásica personal:

Quisiera comenzar con un inolvidable testimonio propio, de mis andanzas atolondradas de estudiante universitario, entre Derecho (carrera con cupo) y Filosofía en la UCR.

Venía la tormentosa matrícula universitaria, y a mí me tocaba en Derecho, una pesadilla a medio camino entre ‘Matilde’ y las nuevas hojas a rellenar a lápiz para ser leídas por la nueva Oficina de Informática del Registro. Un caos.

Era creo mi Tercer año en la UCR, empadronado en Derecho, y yo quería estudiar Filosofía. Realmente estaba decepcionado de la Facultad de Derecho, aunque llevaba algunos Cursos aún. (Pobrecito mi Tata todavía Profesor en la Facultad. Pero siempre tuve su apoyo). 

La matrícula por entonces, era un verdadero calvario burocrático para Profesores y Alumnos. Una tortura sádica y psicótica.

La malla curricular, hoy también, exigía lógicamente que para llevar un curso de Derecho, –como de casi todas las carreras–, había que cumplir con todos los requisitos, o sea con la aprobación de otros cursos previos. Recordemos que ni siquiera había Sala Cuarta, estaba por crearse en 1989. (Gracias don José Miguel Corrales).

Fui a Filosofía, –una especie de República independiente universitaria de entonces–, y me mandaron olímpicamente a Derecho, donde según ellos, por arte de magia, debían aprobarme los Cursos de Filosofía, sin ningún comprobante de parte de la Escuela de Filosofía. No conocían el ‘modus operandi’ de la Facultad. Iba directamente a una emboscada, a una telaraña gigante, o gran limbo burocrático… 

Me tocó entonces de Profesor Consejero en la Facultad de Derecho, a un más joven, Fernando Cruz, ya con fama de buen profesor de Derecho Penal, pero sobre todo de ser muy severo.

Don Fernando, era ya don Fernando.

 —»No me diga Doctor, eso no me agrega nada, dígame Profesor o sino dígame si puede, don Fernando.» 

 Así le contestó a la excesiva zalamería de un alumno, en frente de la clase. (Si luego, fui su alumno en Derecho Penal.).

El tema es que Don Fernando, quien no ne conocía obviamente, y seguramente observando mi previo y atribulado ir y venir de Derecho a Filosofía y viceversa, sólo me volvió a ver severamente, me llamó a cuentas, y me interrogó viéndome directamente a las pupilas de los ojos (un viejo truco de Fiscal):

—»¿Usted tiene los requisitos para matricular estos cursos de Filosofía?»

Y yo le respondí con toda sinceridad:

 — «Desde luego, el Currículum de Filosofía es abierto a diferencia del de Derecho.»

 — «Comprendo», dijo seco y sonrió mordaz. Y bajó su cabeza como sonriendo más.

Y firmó mecánicamente sin decir nada mi autorización, de la matricula de cursos de Filosofía en Derecho, y sin siquiera  levantar la cabeza.

Yo que soy yo, una vez con su firma en mi Hoja de Matrícula, y ya con 18 años y tres curtidos años de UCR, desafié la fila, me le acerqué, y lo abordé lateralmente, y le expeté con respeto, pero con cierto reclamo y calculando el riesgo:

 —»¿Y si tiene dudas, por qué sino entonces autorizó mi matrícula?»

Carajo. Paró sus labores administrativas. Estaba cansado, agobiado. Pero era fuerte y contundente en palabras y gestos.

 Me volvió a ver con cara de ogro. Y me dio una lección sin gritar:

 —Vea, ¿cuántos alumnos quieren estudiar Filosofía? Dígame francamente. No creo sinceramente, que un alumno que quiera estudiar Filosofía, mienta para llevar cursos de esa carrera. Lo felicito, es un héroe.

 Buenas tardes, con permiso, el siguiente…

 Hasta yo me reí, un razonamiento penal brillante e impoluto.

 —Gracias Don Fernando, le contesté. Y me fui desafiante para Filosofía con mis cursos aprobados en Derecho.

 Lección ética práctica aprendida.

Paso de la figura de carne y hueso, a otros menesteres menos agradables. Ni modo.

  1. Serruchando al Roble: Una Injusticia Moral y Política.

 Permitanme pasar de lo particular a lo general, de lo anecdótico y personal, a los temas actuales de interés público.

Hay ahora un sector de la ‘Gradería de Sol’ desatado, que en su ‘discurso de odio’ y en su reclamo irracional de ‘baño de sangre’ populista, –claro, frente a la crisis política y económica nacional e internacional, la Desigualdad Social creciente, y el exceso de corrupción–, que pide ahora, la cabeza de Don Fernando Cruz, Presidente de la Corte Suprema.

 Es como un ritual sacrificial para una mentalidad colectiva mágica y pre-moderna, manipulada por control remoto.

Lo culpan hasta de la imposibilidad de la Liga de ganarle a Saprissa; hasta de la subida del precio de la gasolina, y obviamente de la Invasión Rusa a Ucrania, y antes, de la Invasión de Ucrania al Donbass.

 De verdad, –y más allá del humor negro–, la Ignorancia con mayúscula es atrevida.

Don Fernando, nunca ha sido un «Yesman» de los Mandarines del poder económico y político. Y eso no se lo perdonan. 

 Pareciera ahora en cambio, hasta que Don Fernando inventó las demostradas ‘Pensiones de Lujo’. En fin, lamentable la campaña de difamación en contra de un Tayacán.

Por otra parte, la investigación penal en curso contra de Don Rodrigo Chaves, por el presunto financiamiento ilegal de su Campaña Electoral, no es un tema menor. Y no se debe reducirse a la descalificación soez, por parte del Ejecutivo.

Voy a explicarles algo a continuación, aunque francamente, hasta pereza me da. Seré breve y puntual porque urge educarnos.

III. Al grano y por la Defensa del Estado Social de Derecho. 

1) Hay una crisis de Legitimidad democrática y el Poder Judicial no es la excepción. Pero que no nos manipulen más…

  1.1. El Poder Judicial ha involucionado y ha perdido credibilidad, sin duda.

 1.2. Falta también, mucha más eficacia y mucha más eficiencia, en su labor pública. De acuerdo.

 No es mi intención hacer apología ciega del Poder Judicial, ni de ningún funcionario. 

 1.3. Repito no defenderé conscientemente jamás, ningún privilegio de ese Poder.

 El manejo judicial dudoso del caso ALDESA, me retumba en la consciencia. Y hay muchos más casos. Tampoco lo olvido. Jamás.

 1.4. Tampoco creo que pienso exactamente igual que Don Fernando, –ni puedo tener jamás su bagaje jurídico tan siquiera–, ni tampoco puedo dar una opinión calificada a la altura del Doctor Román Solís, o del Ex-Magistrado Arroyo, etc. No me atrevería ni mucho menos. Hablo en un registro cívico y de educación popular. Y por favor, hablo por mí nada más. 

 Hablo como un simple ciudadano costarricense de a pie.

 1.5. Pero recordemos también, que la dirección del Poder Judicial es muy compleja y tiene un mando colegiado, como en cualquier Estado Democrático moderno.

 La Corte es una compleja institución, llena de microespacios y micropoderes. 

Es la vieja sentencia sociológica de Max Weber: «A más democracia más burocracia (necesaria)». Es el precio de la Autonomía institucional. Así de simple y brutal, como Weber. 

2) Pero precisamente, es Don Fernando Cruz, un «error del sistema» (y eso es un piropo ético), el actual Presidente de la Corte Suprema, quien ha mantenido dos líneas claras de la Constitucionalidad:

 2.1. La lucha por la defensa del Estado Social de Derecho y su función reguladora frente a la Ofensiva Neoliberal.

 2.2. La lucha contra los privilegios y por la Ética en la función pública, incluidas las mejores prácticas, y la Autónomía, relativa a veces, del Poder Judicial de los grandes intereses económicos y políticos.

3) Sobre don Fernando y su probidad:

  3.1. Precisamente cuestionar gratuitamente a Don Fernando Cruz, es parte de la estrategia de la Contrarreforma Neoliberal y de su Campaña de Desinformación.

  3.2. Él, Don Fernando, –junto a dos, tres, cuatro o cinco, Magistrados más–, les estorba por su calidad de jurista y su alto nivel ético.

 Cómo nos recordó recientemente, la compañera y contertulia <a href=»/leda.zamora?refid=52&amp;__tn__=%2As-R»>Leda Zamora</a>, los Magistrados F. Cruz y G. Armijo, salvaron su voto frente a la Consulta de Constitucionalidad, del TLC impuesto con Estados Unidos. (La Patria les agradece.).

 3.3. Recordemos además, que don Fernando está posiblemente en franca minoría, frente a otros sectores de juristas, –todos y todas respetables Magistrados/as con grandes méritos técnicos y académicos–, pero con diferentes visiones del Estado de Derecho. La Corte es gigante y compleja.

 3.4. Recientemente han sugerido separar o desconcentrar más a la Fiscalía General, de la misma incluso.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es un Monarca Absoluto del Poder Judicial, ni debe serlo. 

 3.5. Atacar a don Fernando Cruz, de forma gratuita y repitiendo ‘slogans’ y consignas baratas Neocon y Populistas, es atacar a un aliado estratégico del Estado Social de Derecho.

4) Sobre el avance del Populismo de Derechas y el Autoritarismo del Ejecutivo:

 4.1. La estrategia del Populismo de Derechas, –para encubrir con distracciones, el avance de la estrategia Neoliberal de privatización y recorte de nuestras conquistas sociales–, es precisamente, canalizar el justo descontento popular contra los ‘molinos’ de la institucionalidad democrática. Lo advertimos hace rato. 

4.2. El resultado de lo anterior, y de la ira y justa frustración ciudadana acumuladas, sólo será el debilitamiento y el posible colapso de la institucionalidad democrática, para así allanar la ruta de Contrarreforma Neoliberal económica. Sumemos a este escenario, la crisis económica nacional y mundial. 

4.3. Parte de la operación mediática es confundir y fragmentar y sectarizar aún más a la Izquierda nacional, al Progresismo, y a los sectores populares organizados y movimientos sociales, para apoyar esta campaña contra la institucionalidad democrática nacional.

 ¿Van a crear a una nueva pseudo- «Izquierda canalla» que apoye el giro populista y autoritario del Ejecutivo?

No cuenten conmigo.

 Espero equivocarme, repito.

 5) Costa Rica y su Estado de Derecho están primero:

 Este reclamo político mío, va más allá de cualquier reclamo de Campaña Electoral o tema ideológico, y menos puede convertirse sólo, en un tema personal contra el Señor Presidente. El ‘juego democrático’ incluye el debate, la crítica frontal, el humor político punzante (por eso el meme de abajo), la denuncia ciudadana cabal y sin insultos, pero también la autocrítica.

Por eso no hay que temerle ni a los «Trolls» que insultan en redes, ni al Fanatismo político.

6) Esperamos muy pronto, el franco reencuentro institucional democrático, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La Patria y el Estado Social de Derecho están primero. 

 Incluso, los proyectos patrióticos y cívicos, que fortalezcan al Estado Social de Derecho y a nuestra Soberanía, por parte de algún Jerarca del Ejecutivo, deben ser apoyados sin ninguna mezquindad.

 Con la prudencia de no ser instrumentalizados, como ‘cortina de humo’ por la Contrarreforma Neoliberal en boga.

 7) Así sucedió por ejemplo, con el tema de RITEVE y de la Ruta 27, donde el nuevo MOPT tomó medidas correctas.

 Es claro también el sesgo de algunos medios adversos al Gobierno, y de la derecha más tradicional.

 No podemos obviar este sesgo mediático tampoco, así como tampoco jamás, coartar la libertad de expresión. 

Hago en consecuencia, públicos votos, para que esta pequeña y simbólica crisis institucional, no se convierta en una grieta mayor, contra la estabilidad de la República.

Hago finalmente, un llamado a un verdadero Diálogo patriótico, institucional, social, económico y político. Todavía hay tiempo y voluntad.

Gracias por leerme.

P.D. Debería estar hoy en la Asamblea Legislativa con mi amigo Dionisio Cabal Trejos en el Homenaje a su Padre, el Cantautor Dionisio Cabal Antillon.

Por razones personales de salud, no pude asistir, sirva este modesto artículo para homenajear su memoria, desde la trinchera de ideas en la lucha por la Patria, y por la defensa de nuestras conquistas sociales.

Compartido por Jiddu Rojas Jiménez en su Facebook. La publicación original puede ser encontrada en el siguiente enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02c8puqr5QRhmZ5Y32QwzZe4HSctXvRn8SBmf6QpVjScXAp4pke2Uy9yMuf8GbvQtjl&id=100002969526277&sfnsn=mo

Una reflexión en torno a la respuesta de Don Fernando Cruz

Jiddu Rojas Jiménez

El Maestro vs. «El Malacrianza»: Una reflexión en torno a la respuesta del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República. 

Sabia respuesta del maestro y amigo, Magistrado Fernando Cruz Castro, al gesto autoritario del Señor Presidente de la República frente a la Corte Plena.

Una respuesta muy prudente, pero muy clara.

 Lo anterior, –aclaro–, sin ánimo de justificar jamás los serios errores internos del Poder Judicial. Ni de avalar ningún odioso privilegio.

 Pero a ver, que alguien le explique al Señor Presidente, que el investigar la formal denuncia contra el posible financiamiento ilegal de su Campaña Electoral, no es una «denuncia canalla».

 Al contrario, es de obligado acatamiento legal. Punto.

 Si le gusta bien y sino también.

El Presidente no está por encima del Imperio de la Ley. 

 ¿Se puede entender esto último tan básico del Estado de Derecho?

 También claro, esperamos que pronto sea nombrado el Fiscal General, y que el Poder Judicial colabore. 

 La cita básica de Montesquieu señalada por Don Fernando, en todo caso, fue para ilustrar al Presidente, y para recordarle la División de Poderes.

 La escena institucional vista en los medios, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, fue realmente lamentable.

Eso no contribuye al diálogo ínter-institucional entre los Poderes de la Segunda República. Y afecta directamente la Legitimidad Democrática de Costa Rica. 

 Esperemos que el Presidente entienda, que esto no es la Colombia de Duque, el Brasil de Bolsonaro, o la vieja Honduras del Dictador JOH, o la Nicaragua de Daniel Ortega.

 La Democracia también es procedimental.

 Mientras toda América Latina avanza políticamente, hacia posiciones políticas Progresistas, y hacia la Soberanía Nacional, nuestro Ejecutivo se empeña en imponer, junto a la Oposición de Derechas, un modelo fallido y cipayo, de exclusión Neocon y Neoliberal. 

 En todo caso, no sigamos tratando de polarizar más y gratuitamente, y de manipular y esconder con cortinas de humo «populistas», la imposición de la Contrarreforma Neoliberal.

En los temas en que el Poder Ejecutivo, actúe de forma correcta y para el beneficio del Estado Social de Derecho, de las clases populares, y de la Patria, –como en el caso del nuevo MOPT y el Contrato de RITEVE y la Ruta 27–, recibirá nuestro apoyo cívico.

Pero el Ejecutivo, deberá siempre actuar dentro de los límites del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho.

Advertidos y advertidas estábamos, de este posible rumbo del nuevo Gobierno, mezcla de Neoliberalismo y Autoritarismo populista…

Espero de corazón equivocarme, y que prive la paz social, y la lucha racional y democrática, contra la desigualdad social y la pobreza. 

  Nota: Y para los «Trolls» y Fanáticos de Rodrigo Chaves, pues recordarles que no les tenemos miedo.

  Muchas gracias, mi opinión respetuosa.

PD: Abajo una parte del discurso y de la excelente respuesta, del Magistrado Don Fernando Cruz Castro

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Un insumo sobre la educación y su crisis

Jiddu Rojas Jiménez

Seamos honestos: Sobre nuestra educación y su crisis. 

¡Qué daño le ha hecho a nuestra Educación Pública (y Privada) la sutil infiltración Conservadora, el fanatismo religioso Fundamentalista e Integrista, y el bajo nivel educativo y científico entre las y los docentes! 

Confundir lo tecnocrático e instrumental con el espíritu científico y lo Racional Sustancial, es parte del problema

De qué sirve tener una nueva PC, si hay un techo con goteras que permite que la lluvia le caiga encima.

Pero lo peor es eso de confundir los «valores positivos» con la mera represión y la intolerancia, eso es letal.

Agrego: Eso de nunca estudiar con profundidad, o desconocer a Jean Piaget, a Lev Vigotsky, o de satanizar a Freud, o tan siquiera de no mencionar a Freire, mucho menos de leer a otros clásicos (pobre Italo Calvino), es parte estructural de un daño irreparable.

No se entienda esto jamás como un ataque a nuestros Educadores/as. Al contrario, soy al final del día un compañero docente más.

Pero, ¿quién educa a nuestros educadores?

¿Cómo país cuánto estamos leyendo y qué tipo de textos y literatura?

¿Qué roce cultural o sensibilidad artística tenemos?

¿Qué pasó con la maravillosa herencia docente de aquella histórica Escuela Normal?

¿Necesitamos todavía de la culpabilidad religiosa, para desarrollar nuestros valores solidarios? ¿Parodiando a Kant, sólo somos buenos por el temor infantil al Infierno?

 ¿Así de primitiva opera nuestra psique individual y colectiva? ¿A base sólo de temor y sobre-represión? 

Gran parte del problema de formación de los formadores, es la pésima preparación filosófica y epistemológica ,que padecen en universidades de garage. ¿Estarán tan lejos nuestras Universidades Públicas?

 Y por favor no me salgan con esa infinita ridiculez burocrática de la meros procesos de Acreditación de algunas Universidades privadas. (Podrían empezar por mejorar los salarios de hambre de los y las Docentes).

 Respecto a la preparación científica del docente, posiblemente no hay mucho que inventar. La construcción activa del conocimiento en el niño, es un proceso altamente estudiado en términos científicos desde hace décadas.

 No está escrito nada en piedra, y siguen y seguirán obviamente creciendo los aportes educativos, pero hay que estudiar y aplicar y adaptar creativamente. 

Si a eso agregamos la eterna confusión entre valores religiosos y valores éticos (ambos válidos en diferentes dimensiones), tenemos una peligrosa mezcla tóxica.

Enfrente del tradicional Conservadurismo, tenemos a la agresión mercantil de una cultura vulgar y narcisista sin límites racionales, éticos o morales, y sin responsabilidad social. Comenzando por los mismos Padres de familia. Obviamente, de ese egoísmo caníbal y serial, tampoco se puede construir nada saludable. 

Aclaro:

No desconozco ni me son ajenos, los temas de infraestructura en el MEP, la famosa Desconexión Digital, los atrasos salariales, los abusos, las «argollas» burocráticas, el acoso laboral, los abusos, las presiones, la fatiga laboral, la improvisación administrativa, y obviamente, la crisis económica general (agravada por la Pandemia) que afecta no sólo a los y las Docentes y personal administrativo, sino a los niños, niñas y adolescentes y sus familias y entornos.

La violencia de todo tipo, la deserción escolar, la improvisación, las justas huelgas mal conducidas hacia la eternidad, la cultura hegemónica y los anti-valores híper-mercantiles, todo contribuye a esta deshumanización y opacidad imperante.

Servido está el tema del «Apagón Educativo» y de la crisis permanente en nuestra Educación. Más allá del Gobierno de turno.

No digo que haya soluciones fáciles. Es un problema estructural muy complejo.

 Se dice incluso, que la planilla del MEP es la más grande de toda Centroamérica. Y eso es un orgullo nacional.

 Max Weber señaló sociológicamente, » que a más democracia más burocracia» (necesaria).

En fin, es parte de la complejidad de la Administración Pública y de un Estado Nacional carente de un gran proyecto nacional inclusivo.

 Sólo les recuerdo que la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho necesitan de ciudadanos y ciudadanas ilustrados, libres, humanistas, y tolerantes.

Gracias, mi opinión.

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¿Qué está pasando en la democracia costarricense?

Foto: Gerardo Iglesias

El nuevo gobierno

Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.

Gerardo Castillo

La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.

Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.

El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.

La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.

La pandemia como espejo

El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.

Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.

Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.

¿“Quo vadis” Costa Rica?

Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.

El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.

Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.

Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.

Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?

En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.

Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.

El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.

Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.

Soberbia

En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.

Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?

El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.

Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.

No de “los mismos”
La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.

La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.

Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.

Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.

Como las lluvias de mayo

Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.

En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.

Con más dudas que esperanzas

Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.

A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.

Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.

Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.

De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.

La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”

Gerentes

Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.

El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.

¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.

Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/que-esta-pasando-en-la-democracia-costarricense/

Colombia: fin a la larga noche de terror oligárquico y a la pesadilla neoliberal

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En Colombia, después de 200 años de dominio oligárquico y de una esclavitud cuasi feudal para las grandes mayorías campesinas, indígenas y afrodescendientes, vamos a construir un capitalismo de verdad (ojalá democrático y no retrógrado y sanguinario), en una nación donde nunca terminó de llegar la modernidad, dijo anoche Gustavo Petro el victorioso candidato presidencial de los sectores populares, a la cabeza del Pacto Histórico y la izquierda democrática. Lo vamos a hacer, no porque amemos al capitalismo, sino porque es hora de dar ese paso hacia una democracia verdadera y salir de la estrecha visión colonialista de unas cuantas familias que ven a Colombia como algo de su exclusiva propiedad. Por ahí, las voces de una derecha totalitaria y fascistizante andan diciendo toda clase de mentiras para hacernos creer que, sin ellos, o si no nos sometemos a sus designios, el mundo se va a caer a pedazos, cuando son ellos los que se hundieron en el oprobio y la indignidad.

Los que nunca dijeron nada de las reiteradas masacres cometidas por la derecha uribista de Colombia en contra de los líderes sociales rurales y urbanos, campesinos, obreros, indígenas, estudiantes y afrodescendientes, a lo largo de las décadas más recientes, durante el pasado cambio de siglo, esos que actuaron como si Colombia no existiera, incluso algunos de ellos “autodenominándose” de izquierda o “progres”, vaya uno a saber, esos y otros de todo tamaño y pelaje vienen a poner el grito al cielo ante el indiscutible triunfo electoral del Pacto Electoral, con su fórmula que llevará a Gustavo Petro y Francia Márquez, a ocupar la presidencia de Colombia, en el Palacio de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto. Lo más irónico de todo es que hablan de una democracia que jamás existió fuera de sus cabezas, pues no pasó de ser un negociado criminal en el que unas 10 o 15 familias se repartieron el poder, y se beneficiaron durante muchas décadas con el negocio de la guerra, el narcotráfico y la corrupción galopante en los negocios públicos y privados.

La malintencionada prensa, al servicio de los intereses más tenebrosos, de aquí y de allá, habla de Gustavo Petro como el exguerrillero que está a punto de llegar a la presidencia de Colombia, con una perversa intencionalidad que no logran ocultar, tal y como lo hace en su primera plana, de este lunes 20 de junio de 2022, el diario La Nación de San José de Costa Rica. Se cuidan muy bien de decir que eso ocurrió hace por lo menos treinta y cinco años, cuando el joven Gustavo Petro militó en las filas del M 19, una organización político-militar que se disolvió en 1990, después del asesinato de su candidato presidencial para las elecciones de aquel año, Carlos Pizarro, un ocurrido a finales de 1989.

Desde entonces los del M19, nacido para luchar contra el fraude electoral de 1970, unas elecciones en las que los del Frente Nacional (la oligarquía liberal y conservadora que se repartieron el gobierno durante treinta años, a partir de 1958) le robaron el triunfo al general Gustavo Rojas Pinilla, han sido baluartes de una precaria democracia que siempre ha estado bajo la amenaza del paramilitarismo de la ultraderecha, los falsos positivos del uribismo y de sus reiteradas masacres, un día sí y otro también, contra las mayorías populares en lucha. Además, los del M19, como partido político tuvieron una participación decisiva en la constituyente de 1991, en cuya Asamblea obtuvieron un tercio de los representantes, entre ellos Gustavo Petro, desde luego.

Lo más irónico de todo fue que, en 1953 frente al terror godo que sembraron los conservadores, Mariano Ospina y Laureano Gómez, dos sanguinarias fichas del fascismo colombiano, entre los años de 1946 y  1953, acarreando la pérdida de cientos de miles de vidas, otro sector de la oligarquía liberal y conservadora le pidió al general dar un golpe de estado para detener el baño de sangre, cuatro años después lo sacaron ellos mismos para repartirse el pastel y seguir jugando a una democracia que nunca fue. En resumen, según estos codiciosos oligarcas, el único dictador de Colombia, durante el siglo XX, fue el general Gustavo Rojas Pinilla y ellos fueron los impolutos demócratas, a otro perro con ese hueso dice un vejo dicho, la hipocresía y la maldad de estas gentes no conoce límites. Por favor abramos los ojos gentes de Colombia y de toda América Latina.

¡A la carga con Gaitan! Los valientes bogotanos gaitanistas lucharon en las calles junto con la policía liberal, y toda Colombia se alzó en armas aquel 9 de abril de 1948, cuando la vida de aquel hombre que fue Colombia y encarnó las esperanzas de todo un pueblo fue cegada por las balas de la oligarquía y el imperialismo. Mi recuerdo emocionado y sincero a las luchas de aquellas generaciones heroicas y a la memoria de los que dieron su vida enfrentando al terror oligárquico. Se necesitaron casi 75 años para enderezar el camino de la revolución colombiana, en un país que todavía no ha llegado a la modernidad ni ha alcanzado a ser capitalista siquiera, como dijo anoche Gustavo Petro en el discurso que mencionábamos al inicio de este texto… estamos en una nueva etapa de una lucha sin fin que apenas empieza, pero lo más importante es el respeto e implementación de los acuerdos de paz firmados, en el año 2015, entre las ahora disueltas FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que antecedió al de Iván Duque, el sanguinario presidente uribista que jamás respetó la letra de esos acuerdos, asesinando a más 200 exguerrilleros de las FARC que habían dejado las armas. Es la hora de la paz y de una democracia de verdad para todo el pueblo, el telón la mentira y la hipocresía ha caído. La comedia è finita.

García-Sayán, defensor de los derechos de Jeanine Añez

Fotografía: García-Sayán y Jeanine Añez.

*Galo Amusquivar

Recordemos el 2020, la posición de Diego García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU), cuando emite el Comunicado N° BOL 1/2020, expresando: “preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”, “Así como a la posible falta de respeto a las debidas garantías procesales y de defensa”, cuando mencionó persecución política e instrumentalización de la justicia, se refirió al accionar del ex Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien dijo que fueron a la “cacería” e iniciaron varios procesos penales contra ex autoridades y personalidades políticas del gobierno de Evo Morales; el Gobierno de Facto de Añez, respondió al Comunicado y trató a García-Sayán de ser activista político y defender ideológicamente el socialismo del siglo XXI. Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce, algo que no debe sorprendernos, por su falta de horizonte ideológico.

Del 15 al 22 de febrero de 2022, García-Sayán visita Bolivia, emite un informe y menciona: “finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. (…) Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”. Lamentó que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de la masacre del Gobierno de Jeanine Añez logren justicia; respaldó el informe del GIEI y le preocupó la impunidad que se estuviera generando; se colocó en defensa de los derechos humanos de las víctimas del Golpe de Estado del 2019; sin embargo, en ninguna parte del informe, menciona que Jeanine Añez merece un Juicio de Responsabilidades, es más, le preocupó que la justicia avance tan lentamente y se encuentre con detención preventiva desde marzo de 2021.

A la posición del informe emitido públicamente, García-Sayán se contrapone a su propia postura y se coloca del lado de los derechos de Jeanine Añez, por encima de los derechos de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, cuando en su Twitter menciona que: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, Esta declaración es cínica y sin vergüenza, cuando anteriormente se preocupaba por su detención preventiva, ahora que Jeanine Añez, tiene sentencia, menciona que tiene derecho a un juicio de responsabilidades; pero algo peor es, que no le interesa cómo surgió el mandato de Jeanine Añez, para los bolivianos es de vital importancia esta situación, porque a partir de la sentencia del proceso penal “Golpe de Estado II”, se mandó el siguiente mensaje: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”.

Al mencionar García-Sayán que Jeanine Añez, merece y debe ir a un Juicio de Responsabilidades, no solo toma una postura a favor de la sentenciada, sino que manda un lineamiento político. Para lo que voy a cuestionar su contraposición jurídica y política. Si bien el Derecho Internacional Público, garantiza que las altas autoridades de un Estado, gocen de inmunidad Personae y Ratione Materiae (protección frente a los tribunales nacionales y/o extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial, como de naturaleza privada realizados durante el desempeño del cargo, o con anterioridad al mismo) esta inmunidad en muchos casos se traduce en impunidad, por lo que se establecieron ciertos limitantes; es así que en el caso de Almonacid Arellano y otros, sentencia del 26 de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que: “Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes”. A los delitos de lesa humanidad (persecución política, detenciones indebidas, procesos penales fabricados, masacres, ejecuciones extra sumarias y genocidio), los Estados no pueden otorgar privilegios a partir de Juicios de Responsabilidades; no se puede otorgar una figura legal que contraponga la defensa de los derechos humanos y la investigación penal en favor de las víctimas, esta posición se encuentra ratificada en el documento “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Impunidad” emanado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando señala: “la inmunidad oficial ratione materiae, no puede abarcar conductas condenadas como delitos graves por el derecho internacional».

Los actos que atentaron contra los derechos humanos en el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, deben ser juzgados por la vía Ordinaria, sin la otorgación de ningún privilegio, por dos razones: 1) Que la asunción a la Presidencia no fue constitucional, demostrado en la sentencia del Caso “Golpe de Estado II”; y 2) Que Jeanine Añez, cometió delitos de lesa humanidad, por lo que la ley no deben y no pueden otorgar protección directa o indirecta, la norma no puede aplicarse a figuras legales de privilegio que generé impunidad.

García-Sayán manda línea política y jurídica a la oposición boliviana, para desgastar al Gobierno de Luis Arce, por lo que es importante tomar en cuenta el escenario que se está fabricando, a fin de tomar acciones preventivas.

 

(*) Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana. (gat96@hotmail.com)

PILAR CISNEROS: LA DIPUTADA DE LAS 3 P

Marielos Aguilar

El periodista de investigación y escritor MOISÉS NAÍM, preocupado por las nuevas corrientes autoritarias que están amenazando la trayectoria del sistema de pesos y contrapesos en los países democráticos, ha publicado un interesante libro denominado LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS: CÓMO LOS AUTÓCRATAS ESTÁN REINVENTANDO LA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI. Es una obra que se propone defender el modelo de las democracias liberales occidentales del siglo XX.

Al abrir este texto, es inevitable no pensar en la periodista y diputada PILAR CISNEROS, hoy día representante del partido oficialista que llevó a la silla presidencial al economista RODRIGO CHAVES, ambos ejemplos muy claros del modelo que Naím propone para reconocer a los dirigentes políticos antiliberales de nuevo cuño.

A estos nuevos políticos Naím los denomina con el nombre de LOS AUTÓCRATAS DE LAS 3 P, para resumir la fórmula antidemocrática de la que echan mano. Esos tres elementos son el POPULISMO, la POLARIZACIÓN y la POSVERDAD, una conjunción que les permite ir desmantelando los contrapesos que en una democracia garantizan la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Esos autócratas recurren a estrategias cada vez más notorias: el uso de un lenguaje catastrofista y pesimista para dirigirse al pueblo en general, la caracterización del entorno que nos rodea como caótico y fallido y, en no pocas ocasiones, a manifestaciones de un gran desprecio por el conocimiento y el papel de los profesionales e intelectuales en la sociedad. Instituciones como las universidades y los medios de comunicación son con frecuencia satanizadas. Se trata de fomentar la polarización social agudizando el escepticismo y la apatía respecto al ejercicio de lo que ellos denominan la política tradicional, sea de izquierda o de derecha.

Al recurrir a la POSVERDAD, estos políticos de vocación autócrata van más allá de la simple mentira, niegan verdades y realidades constatables para socavar los contrapesos que ponen límites a sus excesos de poder.

Para ellos los aspectos objetivos tienen menos importancia que las opiniones y las emociones que produce su discurso populista, polarizante y demagógico, todo ello con el deseo de fomentar las condiciones necesarias en la opinión pública para justificar sus abusos de poder.

Cuando vemos cómo la diputada Cisneros insiste en transmitirle a la población costarricense su escepticismo sobre la labor que se realiza en el ámbito parlamentario, o cuando el presidente Chaves va al Poder Judicial a señalarle sus debilidades, que las tiene, sin reconocer la importancia de la separación de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, una cosa queda clara: su objetivo es socavar nuestro modelo de Estado y darle rienda suelta a sus sueños autócratas. Se vislumbra en un futuro cercano una Costa Rica convertida en una autocracia de derecha, con una población cuyas esperanzas se desvanecen a punta de mensajes catastrofistas y donde las grandes ausentes sean las propuestas para profundizar la democracia costarricense, con políticas redistributivas eficientes para combatir la pobreza y la injusticia social.

Frente a esta amenaza, los movimientos sociales tienen la palabra: ambientalistas, sindicalistas, feministas, frentes estudiantiles y juventudes organizadas, movimientos indígenas y de otras comunidades.

Nuestra herencia progresista, democrática y pluralista está por encima de todo.

¡Para mañana es tarde!

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Colombia: Respeto por la voluntad nacional y la soberanía

Edgar Chacón Morales

El candidato Gustavo Petro es el ganador de la segunda vuelta electoral del proceso colombiano, por tanto, es el presidente electo y el próximo presidente constitucional de Colombia.

En los conteos preliminares: Gustavo Petro11.281.002, 50,44%, Rodolfo Hernández 10.580.399, 47,31% para el período 2022-2026 cnn.

Felicitaciones al pueblo colombiano, por esta oportunidad de construir paz y soberanía. Felicitaciones a la democracia colombiana.

Nuestros mejores deseos para llevar adelante con éxito esta tarea patriótica y que se unan en el mejor proyecto, los intereses nacionales.

Salud colombianos y colombianas.

 

Imagen ilustrativa.