Una y otra vez la humanidad asiste expectante a una puja amenazante de conflictos bélicos entre países, por territorios, recursos, poder, entre otras cosas.
Estados Unidos en su afán de expandir y consolidar su imperio, en sociedad con los países que conforman la OTAN, envía tropas y armamento, a Europa del Este, más allá de su propia frontera, a miles de kilómetros, fomentando conflictos y creando una situación beligerante, en este caso, entre Ucrania y Rusia. Ocultando los verdaderos intereses.
Otra vez estamos inmersos en una correntada de violencia y resolución de conflictos a través de guerras, armas y muertes, cómo en una rueda destinada a repetir y repetir sin ver la posibilidad de construir un futuro en donde sea eliminada esa carrera nuclear armamentista cómo resolución de conflictos, acercando la posibilidad de un mundo más humano y no violento.
Desde el Movimiento Humanista del cual el Partido Humanista es parte, se ha venido advirtiendo sobre estas manipulaciones mentirosas y larvadas para promover la guerra y por lo cual se realizó una” Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia”, la primera en su tipo de la historia, comenzando en Nueva Zelanda y finalizando el 2 de enero de 2010 en Argentina, en la cordillera de Los Andes, en Punta de Vacas, al pie del Monte Aconcagua.
Allí se pidió por los desarmes nuclear y convencional, el retiro de tropas invasoras, la firma de tratados de no agresión entre países, la renuncia a las guerras como solución de conflictos y el repudio a todas las formas de violencia.
Muchas otras manifestaciones en contrario de la guerra se han producido en los pueblos, pero en el poder establecido no está contemplado ese clamor, se ponen intereses que van por encima de las pérdidas humanas y la barbarie de acontecimientos que lleva aparejado la arremetida de unos contra otros en el violento apoderamiento de la subjetividad de las personas, en un sistema en donde tiene como valor central el poder económico y se descarta la vida humana, mientras se hacen jugosos negocios bajo la consigna de la libertad y resguardando la paz, como en el caso de la OTAN, no queda más que decir que esto es una acción mentirosa y fraudulenta en la que unos pocos se erigen como triunfadores, mientras muchos quedan postrados en un macabro sufrimiento sin encontrar una salida y aquellas promesas de mejorar las condiciones de vida quedan convertidas en un mal sueño del que se quiere despertar, pero no se sabe cómo hacerlo.
Desde el Partido Humanista Internacional cuya metodología de acción es la No Violencia activa vemos claramente el muro que separa al humanismo del anti-humanismo, levantamos esas exigencias promulgadas en La Marcha Mundial por la Paz y la No violencia y no claudicaremos en este intento, ya que aspiramos a un mundo múltiple, a una Nación Humana Universal y por lo tanto ¡Exigimos la vida humana como máximo valor!
Equipo de Coordinación Internacional Federación de Partidos Humanistas 8-2-2022
No olvidemos: el voto, cuyo significado a veces es menospreciado con ligereza, es una conquista democrática que sintetiza una larga historia de luchas. Ni surgió fácil, ni fue fácil que se universalizara, cuando por mucho tiempo fue negado a las mujeres y a una porción mayoritaria de hombres. No exijamos del voto, más de lo que éste en sí mismo representa: la democracia debe ser mucho más que el voto, pero la democracia sin voto dejar de ser democracia.
Este domingo debemos ir a votar. Creo no exagerar si digo que esta elección no es una elección más. Más aún diré: creo que están en juego cosas importantísimas.
Lo resumo así: el Estado social costarricense, con sus múltiples defectos y limitaciones, con el cúmulo de distorsiones que en los últimos 35 años le ha sido introducidos, con su debilitada y desfalleciente capacidad de liderazgo estratégico, sigue siendo un patrimonio importante, fruto de muchas luchas a lo largo de muchas décadas, y, en particular, es el logro esculpido con lucidez por generaciones enteras de mujeres y hombres, comprometidas con los valores de la paz, la democracia, la justicia social y la equidad.
Nunca, como en esta oportunidad, he visto candidatos a tal punto dispuestos a ignorar esa historia y despreciar ese legado. Nunca vi candidatos con tal ímpetu mesiánico, dispuestos a arrasar con ese patrimonio. O, para ser más preciso, sí los hubo antes, pero nunca contando con tan poderosos altavoces para hacer oír su voz e influir en el ánimo de un electorado, al que la frustración y el disgusto, lo hace más vulnerable a esos cantos de sirena.
Una cosa es evidente: el paisaje electoral costarricense se ha movido pronunciadamente hacia la derecha del espectro político. No solo hay profusión de partidos que se sitúan a ese lado de la acera, sino que, claramente, las tesis de derecha se han vuelto ruidosamente dominantes y, cada vez más, aparecen algunas propuestas bastante recalcitrantes, enredadas en posicionamientos de tono subidamente autoritario.
Son muy pocas las opciones progresistas, o, por lo menos, relativamente sensatas y moderadas, dispuestas a reconocer y valorar el legado histórico que, en su momento, hizo de Costa Rica un país líder a nivel latinoamericano, y líder, además, en muchos aspectos a la vez: por su madurez democrática y su paz social; por la relativa equidad social lograda, pero, también, por su avance económico.
Ese legado se ha debilitado de a pocos a lo largo de los últimos 35 años. Hoy hay candidatos que parecieran dispuestos a darle una patada para, de una buena vez, tirarlo al canasto de la basura.
Votaré con mucha congoja en el corazón y teniendo todo esto en mente. Mi sugerencia para usted, supremamente respetuosa, es solo una: no deje de votar, por favor, y, al hacerlo, medítelo con mucho cuidado. Lo que hay en juego, es mucho y es muy grande.
Presentamos los Aportes para la Plataforma de la Ciudadanía y los Movimientos Sociales Ante el Proceso Electoral 2022.
Este es un esfuerzo que continuará con nuevas propuestas de más personas, movimientos y organizaciones pues se trata de un esfuerzo continuado de educación popular y ciudadana, al cual invitan el Foro Confluencia Solidaria, el TCU666-UCR Dialogando el Presente, y las personas y agrupaciones que aparecen en la página de agradecimientos.
Le invitamos a descargar, leer y compartir el documento:
Desde diferentes colectivas feministas denunciamos el abordaje que se le ha dado a la candidatura de Rodrigo Chaves Robles por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en donde se ha encubierto de manera solapada las diferentes denuncias por acoso sexual presentadas en su contra, mientras trabajó para el Banco Mundial (organismo internacional).
A lo largo de su campaña electoral Chaves se dejó decir que dichas denuncias eran falsas, sin embargo, en el debate del día viernes 04 de febrero transmitido por Teletica canal 7, el candidato dijo:
“Don José María (Villalta) habla de invitarlas a hacer una orgía con seis especies de animales diferentes; eso fue un chiste y a ellas les molestó, así como le molestó a una que yo dijera ‘amor de lejos, felices los cuatro’, porque ella consideró que, al tener ella un novio en Europa, yo estaba insinuando algo”.
Le recordamos a Rodrigo Chaves y al equipo que lo respalda, que realizar insinuaciones de carácter sexual, es acoso. Asimismo, le recordamos que el Banco Mundial sí sancionó su accionar, después de abrir un procedimiento administrativo por acoso sexual y ambiente laboral hostil en su contra, el cual terminaría en una degradación de su puesto, imposibilidad de ascenso y congelamiento de salario; dictamen por el que usted renunció y luego sería recibido en el país como ministro de Hacienda en el 2019.
En el debate de Canal 7 Chaves señaló que tres instancias judiciales determinaron que sus conductas no fueron acoso sexual, insistiendo en que las dos colegas denunciantes habían dicho que las situaciones fueron “comportamientos de carácter subjetivo”. Además, Chaves agregó: “Lamento muchísimo lo que pasó; me hubiera encantado que alguna de ellas se hubiera quejado”, sin embargo, en la Decisión 649 del Banco Mundial, en el punto 223 referente a las conductas de Chaves se señala claramente que: “Las denunciantes demostraron un inmenso coraje al presentarse a denunciar la conducta de un miembro del personal que se encontraba en una posición de poder sobre sus carreras”.
A su vez le recordamos a Chaves y a su partido que las acusaciones por acoso sexual, especialmente cuando este se encuentra mediado por puestos de poder, son un proceso complejo de llevar a cabo para las personas denunciantes, especialmente cuando dichos comportamientos suceden de manera repetida.
Finalmente, repudiamos la violencia política con la que se ha encarado a la candidata a la presidencia Lineth Saborío Chaverri (PUSC), en los dos debates desarrollados el día jueves 03 de febrero y viernes 04 de febrero en televisora nacional, de parte de los candidatos José María Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), en donde además de hacer muecas en las intervenciones de Saborío, Chaves a la hora de responderle a su pregunta sobre las acusaciones de acoso sexual, mencionó que Lineth “debería tener la ´capacidad intelectual´ para leer las respuestas a resoluciones judiciales”, comentario que además de fuera lugar, permite visualizar la misoginia internalizada del candidato Rodrigo Chaves.
Adjuntamos el documento oficial del Banco Mundial.
En estos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó la preocupante situación del empleo que actualmente enfrenta el país: La tasa de desempleo cerró al finalizar el año 2021, en 13,7 %. De acuerdo al INEC, el país tiene a 333 mil personas sin empleo y, por tanto, sin ingreso alguno. Mientras tanto el subempleo alcanza un 13, 1 % y hay casi un millón de personas dentro de la informalidad. Otro dato que también debe generar preocupación es que 217 mil personas tuvieron reducción de su salario o ingresos asociados a suspensión o reducción de jornada, o bien tuvieron que suspender la actividad propia o negocio durante la pandemia. Este sector afectado por esta situación alcanza el 10,3% de la fuerza laboral.
Como se puede apreciar, se trata de datos nada halagüeños en un contexto donde el gobierno hace malabares con las cifras para mostrarnos un crecimiento económico, que tiene como base de referencia la estrepitosa caída de la economía en 4,1 % que se dio en el pandémico 2020. Ese crecimiento económico relativo lo disfrutan, entonces, algunos sectores de la sociedad; no así los miles de personas que están desempleadas, subempleadas, tienen ingresos reducidos o padecen las limitaciones económicas y en derechos propios de la informalidad laboral.
Es muy probable que la cifra de desempleo sea un poco mayor, ya que hay un sector de la población en edad productiva que no está, debidamente, considerada en la investigación estadística, por la particularidad de ser personas con discapacidad. Se trata de un sector invisibilizado en muchos aspectos.
En sentido general, la metodología para determinar la Población Económica Activa (PEA), se hace indagando si la persona está trabajando en alguna actividad remunerada y, en caso que no lo esté, preguntando si ha realizado alguna gestión de empleo en las últimas cinco semanas. Si esa persona responde que afirmativamente, se considera que forma parte de la PEA pero está desempleada.
En caso de responder que no ha realizado gestiones de búsqueda de empleo en el lapso indicado, se coloca dentro de la Población Ecomómicamente Inactiva (PEI). Valga precisar que la PEI es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; es decir, que no realizan ni buscan desarrollar alguna actividad económica.
Aquí habría que considerar a las personas económicamente desalentadas o desanimadas. Y ahí, en primerísimo lugar se deben colocar a las personas con discapacidad en edad productiva, que no han realizado una gestión de empleo en las últimas cinco (o cuatro semanas, como fija el INEC), no porque no aspiren a conseguir un empleo sino porque han realizado múltiples gestiones –o conocen gestiones de otras personas con discapacidad–, con resultados reiteradamente negativos. Obviamente que tal experiencia termina por desanimarlas para seguir realizando gestiones de búsqueda de empleo. El estar chocando contra una pared que les dice que “no”, las persuade a que no realicen más gestiones.
El desempleo asociado a discapacidad tiene varias causas a considerar, siendo la principal la subvaloración y los prejuicios existentes que la mayoría de empleadores asocian con discapacidad. Los modelos prevalecientes en nuestro entorno socio-cultural tienden a subvalorar a las personas con discapacidad, en general y, más aún, cuando se trata de su independencia, su autonomía y su capacidad productiva y laboral. Otro factor que limita o impide la contratación de personas con discapacidad son las múltiples barreras de acceso físico, informativo y comunicacional, que se presentan en la gran mayoría de centros de trabajo. Dentro de esta misma barrera se puede incluir las condiciones ergonómicas inapropiadas que presentan muebles y equipos, que complican su accesibilidad para personas con discapacidad. En la suma de limitaciones se debe incluir asimismo la accesibilidad en el transporte público. En este rubro aunque podemos reconocer algunos avances, es más lo que sigue pendiente.
Hay otro valladar que también complica el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es la calidad de mano de obra que ofrece el sector. El limitado acceso a la educación y a la formación técnica que enfrentan las personas con discapacidad, les impide aprovechar las escasas oportunidades laborales que se han presentado en los últimos tiempos.
Se podría pensar que la otra opción laboral es a través del auto-empleo propio de pequeños emprendimientos productivos. Sin embargo, con tan escaso apoyo del Estado y con tantas obligaciones y requisitos, es una actividad casi vedada para las personas con discapacidad.
De esta manera, de ese 18, 2 % de personas con discapacidad en edad adulta dentro de la población nacional (ENADIS, 2018, INEC-CONAPDIS), un porcentaje reducido es el que tiene acceso al trabajo. Con ello, el desempleo es más la norma que la excepción.
Consecuentemente, el derecho al trabajo contemplado en la Ley 7600 (artículo 23) y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 27), por ahora son más expectativa que realidad concreta, para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del país.
Desafortunadamente, en esta campaña electoral que ya llegó a su fin (por lo menos, en su primera ronda), la situación de discriminación y exclusión social que padecen las personas con discapacidad, no ha estado presente, en la urgencia y profundidad necesaria, ni en el diagnóstico, ni en los programas, ni en las intervenciones de los candidatos presidenciales. Y este debería ser un tema importante, tanto por el peso del sector poblacional como por el agravamiento de su situación general como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
En un deteriorado Estado Social de Derecho como el nuestro, las esperanzas de mejora en inclusión laboral para las personas con discapacidad están marcadas por la incertidumbre. Para revertir tal situación habrá que apostar a la movilización y la lucha de las personas con discapacidad y sus aliados, guiados por la consigna inevitable: ¡Sin acción, no hay derechos!
Hace algunas semanas, la mayoría del Ayuntamiento de Pamplona aprobó una declaración en un Pleno para que el reloj de la antigua estación de autobuses de la ciudad se convierta en un espacio de memoria. La medida supuso un homenaje a los dos republicanos que se escondieron en su interior para escapar de la represión franquista tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
Los dos republicanos que utilizaron el escondite del reloj para evitar ser detenidos y probablemente encarcelados y fusilados fueron Enrique Cayuela, secretario del Ayuntamiento de Pamplona por Izquierda Republicana durante la Segunda República Española, y Ramón Díaz-Delgado, catedrático de Filosofía, profesor de instituto y miembro de Acción Republicana y de Izquierda Republicana posteriormente.
Los dos hermanos de Enrique Cayuela fueron fusilados. Uno era el presidente de Osasuna, Natalio Cayuela.
Pedro Pérez Bozal, en su artículo dedicado al reloj salvador de Pamplona publicado en El Cierre Digital, nos explica: «Enrique Cayuela, con la complicidad del vecindario, se escondió junto al profesor Ramón Díaz-Delgado en el cubículo, de dos metros cuadrados y apenas uno de alto, del reloj de la ya jubilada estación de autobuses de Pamplona. Este escondite les sirvió para sortear a las tropas franquistas, que visitaban sus casas, y para trazar el plan que les permitió salir disfrazados a las calles y cruzar la frontera por Francia».
La ayuda de un mugarali fue clave en el éxito de la huida de ambos a Francia.
Enrique Cayuela volvió a la España republicana en plena Guerra Civil para al final tener que marchar al exilio de Chile, después de pasar por Francia. En 1973, Cayuela tuvo también que exiliarse en Argentina tras el Golpe de Estado de Pinochet. Al poco tiempo, tuvo que regresar a Chile tras el Golpe de Estado de Videla en Argentina. En definitiva, una vida de película. Cayuela falleció en Chile rodeado de los suyos.
El Archivo de Navarra recoge que, en 1940, Enrique Cayuela, exiliado ya en Chile, recibió además una multa de 2.500 pesetas y 15 años de destierro por «estar afiliado a Izquierda Republicana al iniciarse la Guerra Civil, desempeñar cargos en la junta directiva de dicho partido, tomar parte en actos públicos como propagandista y permanecer en el extranjero desde el 18 de julio de 1936 sin reintegrarse al territorio nacional en un plazo de dos meses».
Ramón Díaz-Delgado, por su parte, tuvo una vida algo más tranquila que su compañero Enrique Cayuela. Se limitó a regresar a España tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, impidiéndole la dictadura que se había instaurado en el país ejercer su profesión durante cinco años.
Entre los descendientes de Enrique Cayuela, destaca José David Weinstein Cayuela. Hijo del psiquiatra judío-chileno Luis Weinstein Grenovich y de la cardióloga María Luisa Cayuela. José David fue ministro en Chile con el gobierno de Ricardo Lagos.
Weinstein conoce muy bien la historia del reloj salvador. «Mi abuelo Enrique Cayuela, republicano, debió esconderse durante meses de la Guerra Civil Española en un reloj de Pamplona. Agradezco el trabajo por mantener la memoria de una guerra cuyos hechos deben ser conocidos por las nuevas generaciones para no repetirse», afirma.
El Instituto de la Memoria de Navarra ha actuado siguiendo esas palabras del nieto de Cayuela. Incluirá en la red de espacios para la memoria el reloj que salvó a dos republicanos de Pamplona. El Ayuntamiento de la ciudad colocará una placa junto al reloj salvador.
Los procesos electorales y las elecciones en Costa Rica han sido elemento clave del desarrollo de su vida democrática institucional, de afirmación de la democracia como modo de vida, y de ejercicio de participación ciudadana para la escogencia y nombramiento de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Costa Rica, como país, ha tenido en la práctica una gran estabilidad política. Como grandes períodos históricos desde la Declaración de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, hemos tenidos un primer período, inmediato a la Declaración de la Independencia, hasta 1823, que se caracterizó por el establecimiento de Juntas Superiores Gubernativas, como órganos colegiados de gobierno. A partir de 1823 y 1824 formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal de Centroamérica, donde nos constituimos como Estado de Costa Rica, situación que formalmente llegó hasta 1848 cuando el 30 y el 31 de agosto el Congreso y el Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, declararon la ruptura definitiva de la Federación Centroamericana al declarar la Fundación de la República de Costa Rica.
En ese período ya habíamos salido de la República Federal en 1838, integrándonos nuevamente en 1842, cuando Francisco Morazán intentó de nuevo reactivar ese proyecto político regional, y salimos de esa intención con la caída de Morazán en setiembre de 1842.
Desde 1848 se empezó a desarrollar institucionalmente la República. Este proceso llegó hasta 1948, cuando por situaciones políticas y electorales, de la década de 1940-1948, se agudizó una crisis que condujo a un conflicto militar, durante los meses de marzo y abril de 1948, que condujo al establecimiento de una Junta de Gobierno, durante los años de 1948-1948, en manos de quienes se habían sublevado, atrasando por dos años la asunción en el Gobierno de Otilio Ulate Blanco, a quien le habían anulado la elección de 1948, lo que justificó el movimiento armado en defensa de esa elección, que se expresó en esa lucha armada.
La Junta de Gobierno declaró el 8 de mayo de 1948 la fundación de la llamada Segunda República, período histórico que llega hasta nuestros días.
Durante los períodos del Estado, 1824-1848, de la República, 1848-1948 y de la Segunda República, 1948-2022, el proceso electoral se fue perfeccionando y mejorando. De un voto exclusivo en pocas personas se llegó al voto directo, en 1913, al voto secreto, en 1924, y al voto universal en 1949. En 1890 surgieron los partidos políticos haciendo que desde entonces solamente a traves de partidos políticos se pueda aspirar a puestros de representación popular, de elección de gobiernos municipales, de diputados y de Presidente. Un mecanismo desarrollado en 1935 de establecer el 40% de votación para definir al ganador de la Presidencia de la República, contribuyó a darle gran estabilidad al sistema político electoral.
Restricciones electorales se establecieron en 1898 para partidos religiosos, impidiendo la participación de estos y prohibiendo aducir sentimientos religiosos en campañas electorales. Restricciones político-ideológicas se establecieron, en 1903, con motivo de unas huelgas, para la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo. Electoralmente esto se llevó al Gobierno de Cleto González Víquez, 1928-1932, que estableció que con el nombre de Partido Comunista no se podía participar en elecciones, obligando a este partido, que al fundarse en 1931, participara en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, 1932-1942.
Este año, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, declarada la guerra al eje nazi fascista en diciembre de 1941, se crearon condiciones para una alianza política extraordinaria, que culminó en 1943, cuando el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, se alía al Gobierno y a la Iglesia Católica, impulsando una gran Reforma Social y un Código de Trabajo, junto a otras importantes reformas institucionales que había impulsado el Gobierno de Calderón Guardia. Esta alianza duró hasta 1948 cuando acabó el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, a cuyo final se produjo la Guerra Civil.
Al terminar la segunda Guerra Mundial dió origen al período de la Guerra Fría. En este contexto la Junta de Gobierno puso fuera de la ley, al Partido Comunista de Costa Rica, por el Decreto Ley No. 105, de julio de 1948, y en la Constitución Política de 1949, con el segundo párrafo del Artículo 98, se prohibió la participación electoral de los partidos que por sus vinculaciones internacionales amenazaran la democracia, concepto que solo se aplicó al Partido Comunista o Vanguardia Popular, y partidos que se consideraban era su fachada electoral, hasta 1975.
Hasta 1948 la columna vertebral de los partidos políticos era el movimiento liberal clásico que venía desde el siglo XIX. Frente a ellos surgieron las primeras manifestaciones contestarias, partidos obreros, partidos reformistas, socialistas y el comunista. También surgieron las corrientes político-ideológicas social cristianas y socialdemócratas.
La prohibición de participación de los comunistas, y por ampliación, a las fuerzas políticas de izquierda se mantuvo hasta 1975.
Electoralmente, el dominio político nacional hasta 1948 estuvo en manos de las fuerzas político-liberales, en sus términos más generales. Desde 1953 hasta el 2014, 15 gobiernos, el control del gobierno, del Poder Ejecutivo, estuvo en manos de dos partidos políticos, Liberación Nacional, y la oposición política a éste en tres coaliciones, y por el Partido Unidad Social Cristiana, dando origen a lo que se ha llamado el bipartidismo nacional. Los últimos dos gobiernos, 2014-2022, los ha tenido el Partido Acción Ciudadana, con lo cual tres partidos son los que han ejercido el control del Poder Ejecutivo nacional. Así, Liberación Nacional ha gobernado nueve de los 17 gobiernos habidos desde 1953, la Unidad Social Cristiana seis y el partido Acción Ciudadana dos.
A nivel legislativo el bipartidismo nacional se manifestó en que hasta 1998, esos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tenían por sí o juntos la mayoría legislativa. Desde ese año la Asamblea Legislativa no la controla ningún partido político en particular, constituyéndose de hecho una situación en la cual todos los partidos políticos allí representados son “minoritarios”, pero con capacidad de realizar alianzas parlamentarias, que contribuyen a la gobernabilidad nacional.
A nivel de participación electoral desde 1948 ha venido creciendo el número de partidos políticos, con candidatos presidenciales, desde dos partidos hasta 25 partidos como están participando en el actual proceso electoral, que se resuelve el próximo 6 de febrero. A nivel legislativo, aparte de los partidos nacionales también participan partidos regionales, específicos de las siete provincias que tiene el país. El algunas de esas provincias hay hasta 30 partidos políticos luchando por sus diputaciones, 57 en total en el país.
A nivel de participación ciudadana el país goza de un alto nivel de participación. Desde 1953 hasta el 2018 el abstencionismo electoral ronda el 23%, comprendiendo a los que votan en blanco o anulan su voto en urna, y de los que del todo se abstienen de ejercer su derecho al sufragio. Desde 1953 hasta 1998 el promedio de abstencionistas rondaba el 18% y desde 1998 hasta el 2018 era de un 31%.
Los procesos electorales a nivel presidencial se definen por quien saque el 40% de los votos válidamente emitidos. Cuando esto no ha sucedido, elecciones del 2002, 2014 y 2018 se pasa a una segunda ronda con los dos resultados más altos de la primera ronda. De esta manera, de hecho, en términos generales, el 70% de la población votante ejerce su derecho al sufragio, aunque en momentos cercanos al día de las votaciones pueda estar indefinida en torno a su decisión de por quién votar.
En esta misma historia electoral la alternabilidad de partidos políticos en el ejercicio de Gobierno ha sido la huella fundamental. En esto, todo el período desde 1953 hasta el 2018 conoce momentos en que un partido se reelige en el gobierno una vez, pero nunca se ha dado que se reelija dos veces consecutivas, que es el reto que tiene al actual partido Acción Ciudadana, gobernante en este momento. El reto se amplía a retornar a los partidos que han ejercido el gobierno, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, antes de elegir nuevas fuerzas políticas o de improvisar partidos sin experiencia en Gobierno o la Asamblea Legislativa, o que amenacen aspectos fundamentales de la convivencia y vida democrática y de Derechos Humanos de la sociedad costarricense.
Finalmente, el número de votantes es de 3.500.000, ligeramente un poco más de mujeres que de hombres. Poco más de la mitad de los votantes son mayores de 40 años. Los que por primera vez votan, mayores de 18 años, rondan los 250.000, y son los que históricamente muestran su mayor abstencionismo.
A nivel social la Población Económicamente Activa, que es también votante, al momento de iniciar la pandemia, giraba alrededor de 2.500.000 de personas. De ellas una tercera parte es de mujeres. De estas mujeres el 52%, 350.000, son cabeza de familias, principales ingresos de sus hogares aún cuando tienen esposo o compañero. En marzo del 2020 había 220.000 desempleados.
Con la pandemia la desocupación llegó a finales del 2020 a 600.000 y otros miles fueron afectados con reducción de jornadas de trabajo, y reducción de sus salario o ingresos. A finales del 2021 los desempleados alcanzaban la cifra de los 450.000 y las cabezas de familia se habían reducido a 250.000.
La situación social actual muestra que 1.500.000 de personas tiene ingresos de ¢120.000 (ciento veinte mil colones ó $200 dólares) mensuales, que son literalmente salarios o ingresos de extrema pobreza, que no garantizan una vida digna, decorosa, decente.
Las clases medias bajo los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana han salido altamente golpeadas, con sus diversas políticas económico-sociales, las han reducido en sus aspiraciones y las conducen hacia los niveles de pobreza nacional.
Frente a esta situación social los 25 partidos políticos, que están participando en las elecciones, no tienen un planteamiento público para sus electores, para ver cómo se recuperan, al menos, los índices del económico sociales del 2019.
Estos son parte de los retos que afrontan las nuevas autoridades gubernamentales que puedan ser electas el próximo domingo 6 de febrero. Este es el nudo fundamental del proceso electoral, sobre el que no se oyen mensajes positivos.
Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)
Costa Rica se enfrenta a su segunda disyuntiva de este siglo. Debe escoger un proyecto, seleccionar unos planos de construcción para levantar su edificio con distintos materiales, que pueden fortalecerlo o llevarlo a perder los cimientos que durante décadas se han levantado para garantizar inclusión, igualdad, oportunidades.
El primer momento clave fue en 2007 cuando hubo de dirimir también entre dos tesis que partieron en dos el mapa de las culturas políticas locales. El referéndum para decidir la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significó no sólo un resultado, sino la escogencia de una ruta que a la vuelta de lo años ha implicado polarización, polifonía, incertidumbre. La imposibilidad de vernos y hablarnos entre diferentes: el diálogo truncado.
Son estos juegos electorales, los sextos del presente siglo. Los primeros de la era pandémica, los que inauguran una nueva posibilidad civilizatoria. Los que marcan la continuidad de las votaciones de la diáspora costarricense que algunos medios comerciales utilizan como anécdota, pero que en lo profundo implica reconocer qué hay gente que se ha ido y se ha alejado del paraíso costarricense por distintas razones.
Serán estos los primeros comicios donde la idea de franquicia ha pulverizado de una vez y para siempre el significado de los partidos políticos en su sentido amplio, como organizaciones intermediarias entre los sujetos y la sociedad.
Si bien se presentan a si mismos como la oportunidad de elegir entre 25 opciones, la cantidad no implica diversidad en un espectro ideológico que tiende a correrse en su amplia mayoría del centro a la derecha, con muy pocas, poquísimas alternativas hacia el otro lado.
Los juegos del hambre electoral no resuelven las profundas fracturas de un país sin proyecto común, sin comunidad amplia, sin ruta integradora hacia el futuro. En su lugar, la idea del consumidor político ha sustituido a la de ciudadano que elige. Por ello la “burguerización” del espectáculo electoral, la hamburguerización del debate, la sensación de superficialidad en la discusión, la confirmación de que el principal partido existente en todas las encuestas de intención de voto sigue siendo el indeciso.
A esta hora otro país espera y aguarda. Estaremos a punto de decidir o ya habremos decidido. En la novela Cruz de Olvido del escritor costarricense Carlos Cortés el personaje central comenta “En Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang”.
En efecto, habremos de haber pasado de nuevo por una hora clave y probablemente el estupor y la cacofonía de las redes sociales disputarán para si el sentido de la discusión profunda y necesaria.
Otra vez, de nuevo, temas como la desigualdad, la pobreza, la desterritorialización de los pueblos originarios, la violencia, la fragmentación territorial, cederán a la lectura epidérmica y con ello la memoria irá de plano dando paso a la urgencia del presente.
Muchas veces hemos dicho en esta columna la necesidad de recomponernos como comunidad, ampliada e imaginada. No para homogenizarnos. Sino para salvarnos.
A esta hora, otro país que no necesariamente sea el de la bullaranga electoral, aguarda por lo segundo.
Organización Política Carmen Lyra, Costa Rica, 2022
La tradición democrática costarricense posee un secreto a voces: la proscripción, invisibilización y exclusión de la izquierda durante 25 años posteriores a la guerra civil de 1948. Dicho accionar de marginación y exclusión, instaurado en el artículo 98 de la Constitución Política del 49, y reiterado por el Parlamento en diversas ocasiones a vista y paciencia del Tribunal Supremo de Elecciones, fue modificado apenas en la década de 1970. Esta condición ha provocado, sin lugar a dudas, un impacto importante sobre la percepción de la izquierda en la población costarricense, así como en la organización misma de la izquierda costarricense.
Para los años 80, el panorama centroamericano de diversos conflictos armados y la firma de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe tuvieron repercusiones sobre Costa Rica y sobre la organización de la izquierda. La escisión del Partido Vanguardia Popular en los ochentas es producto tanto de los factores internos como externos del país; y en el marco de esta escisión surgen diferentes corrientes que hasta el día de hoy continúan por caminos “distintos”, que sin embargo parecen coincidir en diversos aspectos programáticos claves.
En este contexto de escisión los movimientos sociales y la sociedad costarricense han tenido que enfrentar, desde inicios de siglo, los embates del proyecto neoliberal que ha buscado de forma permanente el rompimiento con el modelo del Estado Social de Derecho. Primero fue la lucha contra el COMBO ICE (2000), que se logró detener en las calles; después, en 2003 inició la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y su agenda complementaria, que finalmente fue aprobado con fraude electoral el 7 de octubre de 2007, en el primer referéndum dentro de la II República; por último, la aprobación del nefasto COMBO fiscal de 2018, a pesar de haber tenido las manifestaciones más grandes del siglo.
Hoy se presentan al proceso electoral costarricense 25 organizaciones partidarias diferentes, lo cual refleja la descomposición política existente y un aparente pluralismo político nunca antes visto en la historia del país. En el marco de reflexionar el papel de la izquierda en este proceso electoral, la OPCL (Organización Política Carmen Lyra) presenta a continuación un balance de los tres partidos de izquierda: Partido Pueblo Unido, Partido Frente Amplio y Partido de los Trabajadores; los tres con participación en el proceso electoral del 2022 a escala nacional y provincial.
Partido Pueblo Unido
El Partido Pueblo Unido (PU), consolidado en 2018, es una formación política que busca rescatar el nombre del Partido Pueblo Unido fundado en 1978 como una coalición entre los partidos de izquierda Partido Vanguardia Popular, el Partido Socialista Costarricense (refundado en 1973) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (1974). En la elección de 1982, cuando el país se encontraba en una aguda crisis económica y social, llegó a conseguir 4 diputaciones en la Asamblea Legislativa. Nótese que, pese a haber vuelto a la legalidad apenas tres años antes, ya la izquierda costarricense se había dividido en, al menos, 3 partidos, lo cual requirió que, para esas elecciones de 1978 tuviera que acudir a la figura de la coalición.
PU presenta un plan de gobierno titulado “Por una vida digna 2022-2026” en un total de veinte páginas, lo que antaño podríamos llamar el “programa mínimo”. El plan se divide en tres ejes: 1. El Estado al servicio del pueblo, 2. Desarrollo social y cultural: Salud, Seguridad Social, educación, inclusión y violencia social; 3. Economía, producción y trabajo en armonía con la naturaleza: Una economía centrada en el bienestar del pueblo.
A lo largo del plan se identifica un componente preponderante para el Fortalecimiento del Estado social de derecho, donde se pretende invertir en las instituciones públicas y se apuesta a la creación de empresas estatales para el mejoramiento de la economía y productividad del país, poniendo el bien común en el centro.
En el primer eje, se hace énfasis en rescatar el Estado Social de Derecho para convertirlo en un instrumento al servicio del pueblo. Se enfocan en la seguridad jurídica, nacional y ciudadana; así como en la revisión de la legislación pertinente a los medios de comunicación. Este eje también incluye un apartado de movilidad para mejorar la productividad, en el cual se propone la mejoría del sistema de transporte público por medio de fuentes energéticas renovables, aunque sin mencionar cuáles serían esas fuentes, así como la derogación de la Ley de Concesión de Obra Pública. El último aspecto de este eje es el de Conservación y Protección Ambiental, el cual se enfoca en la prohibición de la explotación petrolera y minera a gran escala, sin embargo, no se plantea claridad en torno a los tipos de minería que se vetarían, o qué se haría con las actividades actualmente en desarrollo. También se hace un llamado a respetar los acuerdos internacionales que Costa Rica ha firmado en materia de pesticidas y agroquímicos. Finalmente prometen continuar con los esfuerzos que han hecho los recientes gobiernos para alcanzar la carbono neutralidad.
El segundo eje aborda la temática de la Salud, la Educación y la Cultura, el deporte, la Recreación y el Arte, la Inclusión y la Salud Animal. Para la niñez y la juventud proponen principalmente fortalecer el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con más personal y los programas de cuido. No existe un despliegue sobre de dónde o cómo se hará este fortalecimiento, así como tampoco propuestas concretas en torno a proyectos de ley nuevos para la modificación o la modernización de leyes actuales.
El último y tercer eje contiene apartados para la transformación de la matriz productiva mediante la sustitución del modelo Neoliberal que actualmente rige al país, por un modelo Económico Social Inclusivo; sin embargo, queda pendiente la definición de lo que se entiende por este modelo Económico Social Inclusivo. Además, abogan por una Reforma Agraria y Pesquera para garantizar la soberanía alimentaria. Como organización entendemos la importancia de esta propuesta, no obstante, en el plan no se proponen acciones concretas para este fin. También se abordan temáticas de economía social, política fiscal, empleo, la inversión extranjera directa, entre otros.
Es importante mencionar que los ejes que se abordan más ampliamente tienen que ver con las aspiraciones sociales y económicas. Sin embargo, se muestra un débil planteamiento en materia de medio ambiente, ya que no se abordan las temáticas que tienen que ver con el recurso hídrico (ley de aguas y tratamiento de las aguas residuales o planes hídricos nacionales). A pesar de que hablan sobre el fortalecimiento de distintos ministerios e instituciones, no se hace mención sobre la figura del SINAC y el MINAE, que, como entes administradores de los Parques Nacionales, actualmente presentan grandes falencias presupuestarias. Los recursos marino-costeros y su ley respectiva se dejan de lado, así como la problemática de la ausencia de una rectoría clara en el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental en general en Costa Rica.
Se encuentra otra carencia importante en el tema de género, no se visualizan propuestas reales para la igualdad de género y los retos que afrontan las mujeres en el campo político, económico y social. Además, a pesar de que se habla del apoyo al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, no se plantea nada con respecto a las otras minorías poblacionales del país, como la LGTBIQ+ y las afrodescendientes.
Partido Frente Amplio (FA).
Fundado en 2004 con una trayectoria de 4 campañas electorales, históricamente ha mantenido una presencia principalmente en la asamblea legislativa con un diputado, siendo la excepción el año 2014 donde logró el posicionamiento de 9 diputados, teniendo 6 curules masculinos y 3 curules femeninos.
De los tres planes de gobierno analizados, la propuesta frenteamplista es la que brinda mayor estructura y diversidad de temas, lo que refleja una madurez política en torno a una posible conducción del gobierno nacional. Ausente de discursos claros en torno a la lucha de clases o la conflictividad del modelo económico vigente, el FA plantea una propuesta moderada.
Este plan cuenta con un abordaje de 25 ejes de trabajo entre los que rescatamos los siguientes: Política económica, Política Social, Derechos de las Mujeres, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y de inmigrantes, Vivienda, Trabajo Digno, Medio Ambiente, Lucha contra la corrupción, Políticas culturales, Ciencia y tecnología, Protección Animal.Se logran propuestas concretas para la atención de aspectos determinantes en la economía actual, una diversidad de propuestas encaminadas a la reactivación económica y un fortalecimiento del Estado Social de Derecho. A diferencia de las otras tendencias de izquierda costarricense analizadas anteriormente, el FA posee un amplio bagaje en propuestas vinculadas al ordenamiento territorial y el medio ambiente, teniendo dentro de su plan una muestra clara de hacia dónde apuntar políticas para una mayor sustentabilidad en el desarrollo del país.
Dentro de los aspectos que se podrían considerar falencias se encuentra la poca o nula conflictividad con el modelo “democrático” costarricense, que como ya vimos se suele inclinar en contra de los intereses populares, así como baja conflictividad con las clases dominantes. Consideramos que este partido ha perdido mucha de la conexión con sus bases y se ha enfocado en la labor legislativa, lo cual se evidencia en el discurso político de su candidato. El FA como partido de izquierda promulga un trabajo en donde el escenario político legislativo toma un papel más importante que un discurso consecuente de izquierda. Como partido electorero el FA propone más un continuismo progresista que un verdadero cambio revolucionario.
Partido de los Trabajadores
Esta formación política se conformó en el 2012 producto de una evolución política que inició en el Movimiento al Socialismo, resultado de las disidencias del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Desarrolló su primera participación en elecciones nacionales en el año 2014, y en adelante ha participado en elecciones municipales y nacionales, sin obtener, a la fecha, ninguna representación en un puesto de elección popular.
El programa que presenta el PT se divide en 7 ejes principales, cada uno de ellos muestra un fuerte componente ideológico de carácter clasista, revolucionario y anticapitalista. En este sentido existe un enfoque claro de no apuntar a un trabajo político de diálogo entre sectores, ni entre la izquierda, sino de confrontación directa con la burguesía y los grupos de poder económico, además de un rompimiento con el modelo político y económico actual, para abogar por una refundación en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.
Al hacer una revisión de la estructura que posee la propuesta de Plan de Gobierno, se puede determinar que los componentes más fortalecidos se ubican dentro de aspectos como el empleo y el salario, con más de 36 propuestas concretas entre las que destacamos: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y el reconocimiento por parte de patronos de todos los trabajadores de plataformas digitales. El segundo componente de peso es lo referente a servicios como salud y educación. Varias de las medidas propuestas por el PT se encuentran dentro de un abanico de luchas que el movimiento sindical y social ha venido dando en las últimas décadas como son aumento del presupuesto en educación pública, congelamiento del precio de los alquileres o garantizar el financiamiento de la salud pública sin endeudamientos. No queda claro cuál sería el sustento económico de esas reformas.
Es importante hacer énfasis en que los puntos más débiles que posee el plan planteado por el PT se vincula a los temas ambientales, de donde no se pueden extraer con claridad las propuestas a nivel ambiental, qué se hará con la ley de aguas, qué se plantea trabajar o reformar entorno a instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o medidas para la protección de riquezas naturales terrestres y marinas del país. Situación similar sucede con lo vinculado al ordenamiento territorial, concepto ausente dentro del plan, dado que si bien dentro del plan se plantean “agresivos planes” de infraestructura en obra pública, no hay una claridad en torno a cómo plantean disminuir o compensar los impactos de dicho desarrollismo, u ordenar la situación a nivel nacional en este tema.
Reflexión final
Las propuestas de la izquierda para este proceso electoral 2022 coinciden de forma plena en los siguientes 10 puntos:
Detener el proceso de tercerización y privatización de las entidades públicas
Reconocer los derechos plenos de las personas trabajadoras de los sectores digitales (como DiDi, UbeEats, Uber, Pedidos Ya!)
Desarrollar las fuerzas productivas del país con sostenibilidad, soberanía, responsabilidad y distribución de la riqueza
Mejorar el sistema educativo vigente con énfasis en condiciones de infraestructura y laborales
Desarrollar políticas agresivas de inclusión y promoción de trabajo para las mujeres
Reactivación económica a partir de una reforma fiscal progresiva
Mejorar las condiciones laborales aumentando el salario de las personas trabajadoras
Respetar y buscar garantizar la autonomía de los pueblos indígenas
Fortalecimiento de las instituciones de seguridad social
Un Estado laico
El modelo electoral costarricense posee una serie de sesgos, por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas a diputaciones, que permiten únicamente votar por listas de personas aspirantes de los partidos políticos y sin la posibilidad de cambiarse o modificar su orden, así como no permite candidatos únicos; además el método del subcociente como barrera legal para la participación por plazas en el ámbito de las elecciones parlamentarias provoca distorsiones en el comportamiento del voto, que no aportan ni ayudan a tener una representación más plural de ideas, sino todo lo contrario, ayudan a que el poder se concentre en algunas fuerzas políticas, que, como es tradición, ya han logrado amasar un flujo de votos y presupuestos que convierte las contiendas electorales en un escenario imposible para pequeñas o medianas fuerzas políticas.
A estos sesgos político-electorales de carácter nacional, se suma la manipulación de opinión a través de los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales. Actualmente muchas de las campañas políticas se basan en la imagen e interacciones en redes sociales, lo cual puede estar incluyendo sobre todo en el voto joven. Las autoridades electorales no poseen controles en redes sociales, ni sobre la veracidad de la información ni de los perfiles o seguidores de cierta afiliación política. Así mismo, la información que se distribuye a través de redes sociales, al igual que en los principales medios de comunicación tradicionales, tiene mucho que ver con el capital económico del partido político, resultando en una exclusión ex profeso de otras corrientes políticas con menos capital.
Bajo este escenario de “tradición democrática”, consideramos que la izquierda costarricense no ha logrado hacer una lectura dialéctica del contexto. Debilitada por un vicio de atomización, cada una de sus fracciones hace un nicho propio de lucha que, ante un escenario electoral, no queda claro cuáles y dónde están las fuerzas vivas que sostienen o canalizan el descontento ante el evidente fracaso del modelo neoliberal; cayendo y reproduciendo lo que el enemigo estructural quiere: dividir y vencer cualquier oposición. En este sentido, observamos que la única forma de vencer el modelo económico neoliberal es la unión de las corrientes de izquierda en el país, de manera que podamos continuar avanzando en la reconquista de las garantías sociales, políticas y ambientales del estado y la sociedad.
Pese a que en los úlitmos 25 años ha habido un descontento popular frente a las políticas neoliberales, los partidos de izquierda no han sabido canalizar ese decontento y ofrecer un frente permanente suficientemente robusto como para que se refleje en los procesos electorales. Ese descontento ha sido absorbido por una propuesta de centro izquierda que no vacila en invocar el anticomunismo cuando se habla de reformas sociales más profundas o que prioricen a la clase trabajadora o al sector público. No hay voto que logre salvar el panorama; a pesar de que existen propuestas concretas y amplias como las del FA, aunque exista un espíritu combativo y claro antisistema por parte del PT, o PU que nos presenta un romántico plan de volver al desarrollo del capitalismo con rostro humano del siglo XX y a intención del programa mínimo.
La única forma de poder ganar espacio en la contienda electoral es bajo una coalición de la izquierda, una coalición que bajo un programa mínimo de consignas se unifique y trabaje de forma conjunta con equidad representativa. Sin embargo, esta coalición debe gestarse y operar más allá de lo meramente electoral y surgir del intercambio de experiencias con las luchas y necesidades de las fuerzas vivas, comunales, sindicales, gremiales y estudiantiles.
Conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera
El pasado 6 de enero del 2022, según se ha indicado oficialmente por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI, conocido también por sus signas en inglés ICSID), se constituyó un Comité Ad Hoc para examinar una solicitud presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold: se trata de una solicitud de nulidad de un laudo arbitral anterior, dado a conocer por el CIADI en junio del 2021, y bastante favorable a Costa Rica.
Esta solicitud de anulación constituye un nuevo episodio, en la larga polémica que ha generado el proyecto minero de esta empresa minera canadiense en Costa Rica.
A su vez, esta batalla legal se enmarca en un momento en el que se cuestiona la lectura (bastante peculiar) que hacen algunos árbitros del CIADI sobre los alcances de las regulaciones ambientales, y que salió recientemente a relucir en el caso de una demanda presentada por una empresa minera (también canadiense) en contra de Colombia (Nota 1).
Colombia constituye un caso bastante insólito: se trata de un Estado que hoy es el segundo con mayor cantidad de demandas pendientes ante el CIADI (14 en total) y que, a diferencia de los demás Estados de América Latina, había logrado hasta el año 2016 resguardarse, manteniendo una legislación muy restrictiva con relación a la posibilidad, para un inversionista extranjero, de recurrir al arbitraje internacional (Nota 2).
El proyecto minero de Crucitas: una (muy) breve puesta en contexto
Como se recordará, este proyecto minero ubicado en Las Crucitas fue declarado sorpresivamente (y de manera inconsulta) de “conveniencia nacional” por el Poder Ejecutivo costarricense en octubre del 2008: a raíz de varias decisiones de la justicia costarricense declarando ilegal este proyecto en el 2010 y el 2011, la empresa minera canadiense Infinito Gold presentó una demanda contra Costa Rica ante el CIADI en febrero del 2014, la cual fue parcialmente rechazada después de un largo proceso en junio del 2021, evitándole a Costa Rica el pago de compensación alguna. Desde Canadá también organizaciones ecologistas elevaron la voz al informarse de la demanda ante el CIADI presentada por Infinito Gold (véase comunicado conjunto de febrero del 2014).
Es de recordar que esta demanda contra Costa Rica fue presentada en el 2014 ante el CIADI unos pocos días después del resultado de las elecciones (2 de febrero) (véase texto con fecha del 6 de febrero del 2014): no se ha dado explicación alguna sobre esta interesante espera de la empresa minera canadiense, que pudo acudir al CIADI desde mucho tiempo antes.
El documental “El Oro de los Tontos” realizado en 2011 desde la Universidad de Costa Rica (UCR) – véase enlace en YouTube – permite tener una idea del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero suscitó en gran parte de la sociedad costarricense a partir de octubre de 2008. En particular para quienes, desde fuera, asocian a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental. De alguna manera, este proyecto minero de Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, una faz que también se deja entrever con relación a la expansión descontrolada de la piña desde el 2007 (véase reportaje de la DW -Alemania- del 2018 e ilustrativa nota del Semanario Universidad del 2017).
Minería química y derecho ambiental en Costa Rica: el caso Crucitas
En el caso del proyecto minero Crucitas, tres valientes jueces detectaron inusitadas anomalías provenientes de las más altas esferas del poder que gobernaron en el período (2006-2010), que calificaron en el 2010 de “concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (Nota 3). Es la primera vez, en la historia judicial costarricense, que uno de sus tribunales refiere a una “orquestación de voluntades” en una decisión del 2010 (que fue luego confirmada en todos su extremos por la misma Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el 2011).
El debate en el plano nacional fue tal a partir de octubre del 2008, la argumentación técnica de la empresa y de las autoridades tan débil y los argumentos en contra de la minería en zonas tropicales tan contundentes, que hacia finales del 2010 fue la misma Asamblea Legislativa de Costa Rica la que adoptó una ley prohibiendo la minería química a cielo abierto a gran escala (se trata de la ley 8904 que declara “a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto“).
Sobre este preciso punto, en su larga decisión del 3 de junio del 2021 (véase texto en castellano), se leyó en la parte dispositiva (párrafo 799) que el tribunal arbitral del CIADI:
“c. DECLARA que, al sancionar la Prohibición Legislativa de la Minería de 2011 e implementarla por medio de la Resolución del MINAET de 2012, la Demandada ha incumplido su obligación en virtud del Artículo II(2)(a) del TBI de otorgar a las inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo; d. DETERMINA que no puede otorgar compensación por daños por este incumplimiento“.
Declarado ilegal el proyecto minero en el 2010 en una sentencia (confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica en el 2011), la prohibición general operada por en materia de minería química a cielo abierto (que fue saludada tanto en Costa Rica como en el resto del mundo) … ¿atenta a disposiciones de un tratado bilateral con Canadá suscrito en 1998 (según dos de los tres árbitros)? Es a estos insólitos resultados a los que se está llegando lamentablemente en algunos tribunales del CIADI: lo cual viene a reiterar el riesgo de verse afianzada esta lectura tan peculiar (bastante cuestionable en nuestro modesto parecer) que están haciendo los árbitros del CIADI de regulaciones ambientales adoptadas por los Estados. Resulta de interés notar que, en su comunicado del 4 de junio del 2021, este punto fue convenientemente omitido por las autoridades de Costa Rica al congratularse por la decisión del CIADI (véase comunicado oficial del Ministerio de Comercio Exterior – COMEX del 4/06/2021).
Más allá de algunos aspectos pasados por alto al conocerse la decisión del CIADI en Costa Rica, esta lectura errada de los árbitros del CIADI puede tener un efecto muy negativo, contribuyendo a paralizar a otros Estados en su objetivo por resguardar y por proteger mejor el ambiente (ampliando zonas de protección, reforzando el régimen de protección vigente, o bien prohibiendo cierto tipo de actividades particularmente dañinas para los suelos, las aguas y la biodiversidad). Dada la angustiante situación ambiental a nivel global, se esperaría de una entidad adscrita al Banco Mundial como el CIADI que acompañe los esfuerzos de los Estados y de la comunidad internacional en favor del ambiente, interpretando las normas en este mismo sentido y privilegiando el objetivo (legítimo) que persigue un Estado al adoptar este tipo de regulaciones, en vez de llegar a conclusiones tan desafortunadas como discutibles desde el punto de vista jurídico.
La solicitud de anulación prevista en la Convención de 1965
La solicitud de anular un laudo arbitral de un tribunal del CIADI es un procedimiento previsto en los mismos artículos 52 a 55 del instrumento internacional que estableció el CIADI en el año 1965: se trata de un mecanismo abierto tanto al Estado como al inversionista extranjero.
El artículo 52 de la Convención que crea el CIADI, también conocida como Convención de Washington de 1965 (véase texto completo en español), establece que:
“Artículo 52:
(1) Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: (a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; (c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o (e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.
(2) Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra (c) del apartado (1) de este Artículo, el referido plazo de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
(3) Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbitros. Ninguno de los miembros de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1)”.
Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraida de artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013).
Una vez registrada la solicitud de nulidad del laudo arbitral, ambas partes (Estado e inversionista extranjero) serán nuevamente convocadas para debatir ante este Comité Ad Hoc del CIADI, tomándose este último uno o varios años para dictaminar una decisión al respecto.
La solicitud de anulación presentada por Infinito Gold en el 2021
Según la información proporcionada por el CIADI (véase enlace), la solicitud de nulidad fue registrada formalmente por la empresa minera al CIADI el 18 de octubre del 2021. Al parecer, el equipo de asesores legales de la empresa minera se tomó un extenso tiempo de reflexión, y por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), optó por presentar formalmente la solicitud de nulidad ya vencido el plazo de 120 días estipulado.
Pese a este pequeño detalle, el Comité Ad Hoc quedó conformado por tres integrantes y así anunciado oficialmente el pasado 6 de enero del 2022 por el CIADI: un paraguayo (véase hoja de vida y experiencia en el CIADI), una española (véase hoja de vida y experiencia en el CIADI), y un tercer miembro (que fungirá como presidente del Comité) de nacionalidad norteamericana (véase hoja de vida y experiencia como árbitro).
Según la escasa información oficial destinada al público que ofrece el CIADI sobre esta demanda contra Costa Rica (una situación que no debe en nada sorprender a nuestros estimables lectores, y que se extiende a las demás demandas registradas en el CIADI), no se tiene acceso a la solicitud de nulidad presentada por la empresa minera canadiense ni se conoce su fundamentación. No obstante, un artículo recientemente publicado indica que algunos en Costa Rica sí han tenido acceso a información al respecto (véase artículo publicado en La Revista.cr, con fecha del 21/12/2021).
El CIADI en números en el caso de Costa Rica y del resto de América Latina
Más allá de la poca transparencia del CIADI que llevó, conjuntamente con otras razones, a tres Estados de América Latina a denunciar la Convención de 1965 – Bolivia en el 2007, Ecuador en el 2009 (Nota 4) y Venezuela en el 2012 -, el recelo de información también se ha verificado en el caso de Crucitas desde las mismas instituciones estatales costarricenses (y persiste hasta la fecha). Cuando analizamos el contenido de la decisión bastante favorable a Costa Rica (véase texto oficial en inglés y en español) dada a conocer en junio del 2021, nuestra breve nota se tituló precisamente: “Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica“.
Como indicado anteriormente, esta solicitud de anulación presentada por Infinito Gold se resolverá dentro de uno o varios años, dependiendo del grado de complejidad que presente para los tres integrantes del Comité: la práctica del CIADI evidencia cierta amplitud reconocida a estos Comités con relación al tiempo que pueden tomar en adoptar una decisión (Nota 5). Esta solicitud reciente de Infinito Gold se viene a añadir a tres demandas pendientes que tiene Costa Rica en su contra registradas en el CIADI: una que fue presentada en el 2013 (véase la – poca – información disponible), otra en el 2020 (véase información) y otra más en el 2021 (véase información y breve nota publicada en el sitio especializado de CiarGlobal).
Actualmente en América Latina, Perú es el Estado con mayor número de demandas registradas en su contra ante el CIADI (con 22 demandas pendientes de resolución), seguido por Colombia (14), Venezuela (13), México (10), Panamá (7), Argentina (6), Guatemala (5), Chile (2), Nicaragua (2), República Dominicana (2) mientras que Bolivia, El Salvador y Honduras registran una sola en su contra (al tiempo que Ecuador no registra ninguna – Nota 6). Como bien se sabe, Brasil, principal receptor de inversión extranjera en América Latina, nunca ratificó (ni tan siquiera firmó) la Convención de Washington de 1965: tampoco ha ratificado uno solo de los tratados bilaterales de inversión (más conocidos como TBI) que ha suscrito (Nota 7).
Con relación al costo que significa una demanda en el CIADI para el presupuesto de los Estados demandados, en el párrafo 782 de la precitada decisión de junio del 2021 (véase texto), se indica que Infinito Gold pidió que Costa Rica fuera condenada a pagarle los más de 3,5 millones de US$ en los que incurrió para presentar y tramitar su demanda; en el párrafo 790, se lee que por su parte, Costa Rica solicitó el pago de un poco más de 3 millones de US$ a la empresa por los gastos sufragados durante este proceso legal. Se trata de pretensiones que finalmente rechazó el tribunal (párrafo 798). Sobre este aspecto particular, cabe precisar que la cifra establecida por Costa Rica con respecto al costo de su defensa legal se sitúa muy, pero muy por debajo de lo que usualmente se ha observado en el CIADI en años recientes: este monto plantea algunas interrogantes que consideramos muy válidas, en particular cuando se compara a los de otros Estados demandados ante el CIADI (Nota 8).
A modo de conclusión
No cabe duda que esta solicitud de anulación de la empresa minera canadiense contra el laudo de junio del 2021 viene a reforzar la creciente desconfianza que conoce el CIADI en América Latina en diversos círculos.
En particular en los Estados que aparecen con la mayor cantidad de demandas en su contra pendientes de resolución en el CIADI: Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.
En este interesante informe publicado recientemente, titulado “Casino del extractivismo” sobre empresas mineras y derechos humanos (y cuya lectura recomendamos), se lee que:
“Los procedimientos arbitrales mediante la SCIE en contra de países latinoamericanos que presentan empresas mineras y que se examinan en este trabajo sacan a la luz la indudable asimetría en las normas que rigen la inversión transnacional, las cuales permiten que las empresas demanden a gobiernos por cientos e incluso miles de millones de dólares por posibles ganancias perdidas. El mecanismo de SCIE, bien asentado en más de 3,000 tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio, les otorga a los inversionistas extranjeros importantes recursos que las empresas mineras utilizan para socavar la implementación de decisiones de tribunales y organismos de derechos humanos, y el cumplimiento de los reglamentos y otras medidas gubernamentales a favor de los Pueblos Indígenas, las comunidades afectadas por la minería y la protección del ambiente” (p.38).
— Notas —
Nota 1: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., “Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas“, edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN JIMENEZ L.F., “El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán“, 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: “33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority“.
Nota 2: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: “Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection”. Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas, véase STRONG S.I., “International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective“, Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí. Desde el año 2016, Colombia acumula a la fecha (21/01/2022) un total de 17 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 14 están pendientes de resolución.
Nota 3: Según los tres jueces costarricenses del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero”
Nota 4: En el caso de Ecuador, sus actuales autoridades, electas en febrero del 2021, decidieron volver precipitadamente a firmar y a ratificar la Convención de 1965: en efecto, la toma de posesión de las nuevas autoridades efectuada el 26 de mayo del 2021 fue seguida de la firma de la Convención de 1965, el 21 de junio, y su ratificación el 4 de agosto del 2021 (véase estado oficial de y firma y ratificación). Se trata posiblemente de la ratificación más expédita de esta Convención por parte de nuevas autoridades electas de un Estado registrada en la historia del CIADI. Nótese que el precitado estado oficial de firmas y ratificaciones de la Convención de 1965 del CIADI omite por completo indicar queEcuador, al igual que Bolivia y Venezuela denunciaron dicha convención: una omisión que denota claramente una intención que merece ser señalada. Años antes del 2021, Ecuador había explorado activamente con la UNASUR nuevas vías regionales para el arbitraje de inversión, ante la creciente desconfianza generada por el CIADI: véase al respecto GRANT K., ” ICSID’s reinforcement?: UNASUR and the rise of a hybrid regime for international investment arbitration“, Vol. 52, Osgoode Hall Law Journal (2015), pp.1115-1149, artículo disponible aquí. Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, disponible aquí. Más modesta, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en diciembre del 2013 en inglés: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America Criticism, withdrawal and the search for alternatives”, Bretton Woods Project, December 3, 2013, texto disponible aquí. En años recientes Australia también procedió a revisar sus TBI: véase referencia a artículo al respecto; así como Sudáfrica (véase artículo) o Indonesia (véase artículo), evidenciando el profundo desencanto provocado en numerosos Estados por las derivas del arbitraje de inversión.
Nota 5: De manera a tener idea de los plazos, podemos citar algunos ejemplos relacionados a Estados de América Latina. En el caso Glencore International (consorcio minero suizo) contra Colombia (véase detalle del procedimiento), la solicitud de anulación fue presentada por Colombia en marzo del 2020 y fue rechazada en septiembre del 2021 (véase decisión del 21 de septiembre del 2021). En el caso Venoklim (empresa holandesa) contra Venezuela, la solicitud de anulación de la empresa fue presentada en julio del 2015, y desestimada en una decisión de enero del 2018 (véase decisión del 28 de enero del 2018). En el caso de Occidental Petroleum et alii (consorcio norteamericano) contra Ecuador (véase detalle del procedimiento), la solicitud de anulación fue presentada por Ecuador en octubre del 2012 y parcialmente aceptada en noviembre del 2015 (véase decisión del 2 de noviembre del 2015). En el caso Victor Pey Casado (España) et alii contra Chile, la solicitud de anulación se presentó por parte de Chile en julio del 2009 y la decisión del Comité Ad Hoc anulando parcialmente el laudo anterior dictaminada el 18 de diciembre del 2012 (véase detalle del procedimiento y decisión de diciembre del 2012). En el caso Compañía de Aguas y Vivendi (empresa francesa) contra Argentina, la solicitud de anulación fue presentada por ambas empresas en marzo del 2001 y parcialmente aceptada en julio del 2002 (véase decisión del 3 de julio del 2002).
Nota 6: Con relación a Ecuador, nótese que a finales de diciembre del 2021, se leyó en Chile que una corporación minera chilena inició los trámites ante el CIADI para demandar a Ecuador, utilizando para ello como base de competencia el tratado bilateral de inversiones (TBI) vigente entre Chile y Ecuador: véase nota de prensa de La Tercera del 24/12/2021. Es probable que esta demanda se registre oficialmente en el CIADI en las próximas semanas.
Nota 7: Los diferentes TBI suscritos por Brasil en los años 90 pueden ser consultados en este enlace. En la parte derecha, se puede acceder a los TBIs suscritos y ratificados por cada uno de los Estados del hemisferio americano, con excepción de Cuba.
Nota 8: En efecto, sostener que para un juicio ante el CIADI – de más de 7 años -, Costa Rica solamente gastó 3 millones de US$ en su defensa resulta más que sorprendente. Según un especialista costarricense en materia de arbitraje, independientemente del resultado final, los costos que usualmente deben asumir los Estados en su defensa legal durante un procedimiento ante el CIADI – que normalmente dura 4 años – son de unos 8 millones de US$ (véase nota de CRHoy del 2014). En el caso reciente de una demanda contra Perú – cuyo trámite duró menos de 4 años -, el Estado peruano alegó haber gastado 6.742.880 US$ (véase párrafo 279 de laudo arbitral del febrero del 2020). Más cerca de Costa Rica, en el caso de la demanda contra Panamá interpuesta por un consorcio costarricense-holandés (caso Álvarez y Marín Corporación S.A y otros), Panamá – en poco más de 3 años que duró el procedimiento – indicó haber incurrido en un gasto de 7.210.790 US$ (véase laudo arbitral emitido en octubre del 2018, párrafo 408). En un caso en el CIADI contra Guatemala, el Estado indicó haber gastado – en 3 años de procedimientos – la suma de 5.250.047 US$ (véase párrafo 774 de laudo arbitral del 2013) y 5.312.107 US$ en otra demanda que duró también tres años (véase laudo arbitral del 2012, párrafo 511). Hace más de 10 años, en otra controversia, Panamá adujo haber gastado – durante los 4 años que duró la contienda – la suma de 10.364.183 US$ (véase párrafo 706 delaudo arbitral del noviembre 2010). El rango mínimo de aproximadamente 2 millones de US$ por año es lo que usualmente se prevé y que los precitados casos vislumbran. Claramente, se trata de un rango que puede variar significativamente en virtud de los diversos incidentes procesales cuyo efecto es dilatar el proceso, así como de los peritajes adicionales que suelen solicitarse: en el caso que enfrentó otro Estado centroamericano, El Salvador, contra (otra) empresa minera canadiense (Pacific Rim), El Salvador indicó a los árbitros haber tenido que sufragar – durante un juicio que duró 7 años – la coqueta suma de casi 12 millones de US$ para asegurar su defensa (véase párrafo 1.14 del laudo arbitral de octubre del 2016 disponible en este enlace). En un laudo arbitral del CIADI condenando a Venezuela al pago de 1.386 millones de US$ a una empresa minera (siempre canadiense), Venezuela indicó haber incurrido en el pago de más de 14 millones de US$ (véase texto del laudo de abril del 2016, párrafo 950). En un caso en el que el CIADI condenó a Pakistán a pagar una suma por más de 4.000 millones de US$, Pakistán alegó haber gastado más de 25 millones de US$ en gastos de defensa (véase párrafo 1831 del laudo arbitral emitido en julio del 2019).
El presente texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).Publicado por Curso de Derecho Internacional.
