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Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.

El próximo Timonel de la Patria, ¿el número 95, el 83, el 71, el 66 o el 19?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El próximo Timonel de la Patria se sumará a la lista de Jefes de Estado y Presidentes de la República que ha dirigido la Nación costarricense, como Autoridades Superiores, desde el Estado, cuando así se estructuró la organización político institucional del país, desde 1824 hasta 1848, denominándose Jefe de Estado a su conductor, o desde la República, así establecida desde el 31 de agosto de 1848, denominándose Presidente de la República a quien la dirige.

A estas Autoridades Superiores hay que agregar y considerar a quienes dirigieron Costa Rica desde el momento mismo que se declaró la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

La noticia de la Declaración de Independencia hecha en Guatemala el 15 de setiembre nos llegó el 13 de octubre, la que se puso en conocimiento de los pueblos para que nombraran sus delegados que se reunirían en Cartago el 29 de octubre para decidir sobre esta importante noticia, Independencia de Costa Rica que se hizo en este fecha. A cargo de Costa Rica se encontraba el último Gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas.

Declarada la Independencia se procedió a comunicar la Decisión de Cartago a los pueblos para su respectiva Jura, quedando hasta el 12 de noviembre el Gobernador con el cargo de Jefe Político Subalterno. En esta fecha, 12 de noviembre por el rechazo de San José y Alajuela a la autoridad de Juan Manuel de Cañas y su desconocimiento como Autoridad a cargo, se dispuso integrar la primera forma de gobierno nacional, Junta de Legados de los Pueblos, del 12 de noviembre al 1 de diciembre de 1821, a la cual le siguieron la Junta Interina, del 1 de diciembre de 1821 al 5 de enero de 1822, la Junta Electoral, del 5 al 12 de enero de 1822, la Junta Superior Gubernativa, del 13 de enero de 1822 al 14 de marzo de 1822. Durante todo el año 1822 hubo cuatro Presidentes de esta Junta. Esa primera Junta fue la que preparó la redacción de la Primera Constitución Política, la del Pacto social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821.

Del 14 al 29 de marzo de 1823 funcionó la Diputación Provincial a cargo de un Presidente y, del 29 de marzo al 5 de abril a cargo de dos Comandantes Generales de las Armas y hasta el 6 de mayo de 1823 a cargo del Presidente del Congreso Constituyente.

Luego le siguió la Junta Superior Gubernativa hasta el 8 de setiembre de 1824, cuando se estableció el Estado de Costa Rica, desarrollándose la Jefatura de Estado Interina hasta el 7 de abril de 1825 y luego la Jefatura de Estado constitucional.

Durante este período del Estado de Costa Rica ejercieron la Primera Magistratura figuras con el nombre de Jefe de Estado Interino, Jefe de Estado Constitucional, Jefe de Estado Provisorio, Vice Jefe de Estado Constitucional Encargado del Poder Ejecutivo, Jefe Supremo de las Armas, Senador Encargado del Poder y Presidente del Estado, según los distintos momentos de la Historia Nacional y según hubiese un Gobierno Constitucional o un Gobierno provisorio, donde se gobernaba con Constitución Política o sin ella.

A partir del 31 de agosto de 1848 se estableció la República de Costa Rica. Quienes asumieron la representación del Poder Ejecutivo, en sus distintos momentos, se les llamó Presidente de la República, Representante Encargado del Supremo Poder de la República, Vicepresidente en Ejercicio del Poder, Presidente Constitucional, Presidente Provisorio, de acuerdo a los distintos momentos históricos y de conformidad a la existencia o no de una Constitución Política vigente.

La República en su aspecto formal llegó hasta el 8 de mayo del 1948 cuando se declaró la Segunda República, que llega hasta nuestros días.

Siendo así el desarrollo del Poder Ejecutivo, y de quienes lo han dirigido, hemos tenido durante el período 1821 hasta 1824, trece personas, en orden cronológico, independientemente de si se repetían en el cargo, que dirigieron los primeros gobiernos, o Juntas, antes de la constitución del Estado de Costa Rica. Dos de ellas repitieron el cargo una vez.

Durante el período del Estado de Costa Rica, que coincidió también cuando formábamos parte de la República Federal de Centroamérica, hubo 17 personas que asumieron el cargo de dirigir el Poder Ejecutivo durante esta época. De estas, cuatro repitieron el cargo una o dos veces.

No considero para estos datos a los pocos Presidentes de la República Federal de Centroamérica, 1824 -1838, que en sentido formal también fueron Presidentes para los costarricenses en tanto formábamos parte de esa República, como Estado.

El único que ejerció la Presidencia del Estado fue el Dr. José María Castro Madriz.

Durante la República de Costa Rica, la que podría considerarse la Primer República, 1848 – 1948, ejercieron cronológicamente el cargo de Presidente 45 personas, de las cuales once repitieron el cargo.

Durante la Segunda república, desde 1948 hasta el gobierno del 2018-2022 inclusive, 19 personas han ejercido la dirección del Poder Ejecutivo, considerándolo desde la Junta de Gobierno, de las cuales dos han repetido su Magistratura, uno dos veces y otro una.

De esta manera si consideramos la continuidad de gobiernos o administraciones desde 1821 hemos tenido 94 Gobiernos o períodos gubernativos a cargo de un Jefe o Presidente del Poder Ejecutivo, y por ello 94 personas que han dirigido estos gobiernos.

Si consideramos que algunas de estas personas ejercieron el cargo varias veces, una o dos veces, hemos tenido 69 personas que han desempeñado el principal puesto del Poder Ejecutivo. De esta forma, el próximo Presidente de la República puede ser el número 95, por ser el Gobierno número 95 que se ha dado desde 1821, o puede ser el número 71 si consideramos el número de personas que se han desempeñado en el alto cargo de presidir o jefear el Poder Ejecutivo Nacional desde ese año.

Si solo consideramos el período de la Segunda República, a partir de 1949, desde esa época hemos tenido 17 gobiernos constitucionales, partiendo del Gobierno que se eligió en 1953, por lo que el próximo será el 18, y a cargo de ellos hemos tenido 15 personas, por los dos que han repetido la Presidencia, José Figueres y Oscar Arias, por lo que el próximo Presidente será el 16 de la Segunda República.

En cuanto a Presidentes de la República, desde que el Dr. José María Castro Madriz la Presidió como Presidente de Estado y como Presidente de la República, hemos tenido 65 Presidentes, por lo que el próximo será el 66.

Finalmente, solamente durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821 –1824 estuvieron en el gobierno Presbíteros o sacerdotes ejerciendo la presidencia del mismo.

Lista de Autoridades Superiores de Costa Rica, que han ejercido la jefatura o Presidencia de los órganos del Poder Ejecutivo de Costa Rica, desde los primeros gobiernos 1821-1824, hasta la Jefatura de Estado y la Presidencia de la República

Timoneles de la Patria – en orden cronológico numerado

Lista de los Presidentes de las Juntas de gobierno (1821-1824), de los Jefes de Estado (1824 – 1848) y de los Presidentes de la República (1848 – 2018)

Presidieron las Juntas de Gobierno 1821 – 1824 las siguientes personas:

01 – Presbítero Nicolás Carrillo Aguirre, Presidente Junta de Legados de los Pueblos, 12 noviembre – 1 diciembre 1821
02 – Presbítero Pedro José Alvarado, Presidente de la Junta Interina, 1 diciembre 1821 – 5 enero 1822
03 –Rafael Barroeta Castilla, Presidente Junta Electoral, 5 –12 enero 1822
04 –Rafael Barroeta Castilla, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
05 –Santiago Bonilla Laya, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
06 –José María Peralta, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
07 –José Rafael Gallegos, Presidentes de la Junta, 13 enero –31 diciembre 1822
08 –José santos Lombardo, Presidente de la Junta Superior Gubernativa, 1 enero –14 marzo 1823
09 –Rafael Francisco Osejo, Presidente de la Diputación Provincial o Triunvirato, 14 marzo –29 marzo 1823
10 –Joaquín de Oreamuno, Comandante General de las Armas, 29 marzo –5 abril 1823
11 – Gregorio José Ramírez, Comandante General de las Armas, 2 – 16 abril 1823
12 –José María Peralta, Presidente Congreso Constituyente, 16 abril – 6 mayo 1823
13 –Presbítero Manuel Alvarado H., Presidente Junta Superior Gubernativa, 16 mayo 1823 –8 setiembre 1824

Jefes de Estado, 1824 –1848

01 – Juan Mora Fernández 1824 – 1833
01 – Juan Mora Fernández 8 setiembre 1824 – 7 abril 1825 Jefe de Estado Interino
02 – Juan Mora Fernández 7 abril 1825 – 8 marzo 1829 Jefe de Estado Constitucional
03 – Juan Mora Fernández 8 marzo 1829 – 8 marzo 1833 Jefe de Estado Constitucional
04 – José Rafael de Gallegos Alvarado 8 marzo 1833 – 4 marzo 1835 Jefe de Estado Constitucional
05 – Juan José Lara Arias 4 – 17 marzo 1835 Jefe de Estado Provisorio
06 – Manuel Fernández 18 marzo – 5 mayo 1835 Vice Jefe de Estado Constitucional Encargado Poder Ejecutivo
07 – Braulio Carrillo Colina 5 mayo 1835 – 28 feb 1837 Jefe de Estado Constitucional
08 – Joaquín Mora Fernández 1 marzo – 17 abril 1837 Jefe de Estado Provisorio
09 – Manuel Aguilar Chacón 17 abril 1837 – 27 mayo 1838 Jefe de Estado Constitucional
10 – Braulio Carrillo Colina 27 mayo 1838 – 12 abril 1842 Jefe de Estado Provisorio
11 – Francisco Morazán Quesada 12 abril – 11 setiembre 1842 Jefe de Estado Provisorio
12 – Antonio Pinto Suárez 11 – 27 setiembre 1842 Jefe Supremo de las Armas
13 – José María Alfaro Zamora 27 setiembre 1842 – 28 noviembre 1844 Jefe de Estado Provisorio
14 – Francisco María Oreamuno Bonilla 29 noviembre 17 diciembre 1844 Jefe de Estado Constitucional renunció
15 – Rafael Moya Murillo 17 diciembre 1844 – 30 abril 1845 Senador encargado PE
16 – José Rafael de Gallegos Alvarado 1 mayo 1845 – 7 junio 1846 Senador encargado Poder Ejecutivo
17 – José María Alfaro Zamora 7 junio 1846 – 8 mayo 1847 Jefe de Estado Provisorio

Presidente de Estado

01 – José María Castro Madriz 8 mayo 1847 – 31 agosto 1848 Presidente de Estado

Presidentes de la República

01 – José María Castro Madriz 31 agosto 1848 – 16 noviembre 1849 Presidente de la Rep.
02 – Miguel Mora Porras 16 – 26 noviembre 1849 Representante Encargado del Poder Ejecutivo
03 – Juan Rafael Mora Porras 1849 – 1959
03 – Juan Rafael Mora Porras 26 noviembre 1849 – 30 diciembre 1849 Vice Presidente en Ejercicio
04 – Juan Rafael Mora Porras 30 noviembre 1849 – 8 mayo 1853 Presidente Constitucional Primer Período
05 – Juan Rafael Mora Porras 8 mayo 1853 8 mayo 1859 Presidente Constitucional Segundo Período
06 – Juan Rafael Mora Porras 9 mayo – 14 agosto 1859 Presidente Constitucional Tercer Período
07 – José María Montealegre Fernández 1859 – 1863 Provisorio
08 – José María Montealegre Fernández 14 agosto 1859 – 29 abril 1860 Presidente Provisorio
09 – José María Montealegre Fernández 29 abril 1860 8 mayo 1863 Presidente Constitucional
10 – Jesús Jiménez Zamora 8 mayo 1863 – 8 mayo 1866 Presidente Constitucional
11 – José María Castro Madriz 8 mayo 1866 – 1 noviembre 1868 Presidente Constitucional
12 – Jesús Jiménez Zamora 1868 – 1870 Presidente Provisorio
13 – Jesús Jiménez Zamora 1 noviembre 1868 – 15 abril 1869 Presidente Provisorio
14 – Jesús Jiménez Zamora 15 abril 1869 – 27 abril 1870 Presidente Constitucional
15 – Bruno Carranza Ramírez 27 abril – 9 agosto 1870 Presidente Provisorio
16 – Tomás Guardia Gutiérrez 1870 – 1876
16 – Tomás Guardia Gutiérrez 9 agosto 1870 – 8 mayo 1872 Presidente Provisorio
17 – Tomás Guardia Gutiérrez 8 mayo 1872 – 8 mayo 1876 Presidente Constitucional
18 – Aniceto Esquivel Sáenz 8 mayo – 30 julio 1876 Presidente Constitucional
39 – Vicente Herrera Zeledón 30 julio 1876 – 11 setiembre 1877 Presidente Provisorio
20 – Tomás Guardia Gutiérrez 11 setiembre 1877 – 6 julio 1882 Presidente Provisorio
21 – Saturnino Lizano Gutiérrez 6 – 20 julio 1882 Presidente Provisorio
22 – Próspero Fernández Oreamuno 1882 – 1885
22 – Próspero Fernández Oreamuno 20 julio – 10 agosto 1882 Presidente Provisorio
23 – Próspero Fernández Oreamuno 10 agosto 1882 – 12 marzo 1885 Presidente Constitucional
24 – Bernardo Soto Alfaro 1885 – 1889
24 – Bernardo Soto Alfaro 12 marzo 1885 – 8 mayo 1886 Presidente Constitucional
25 – Bernardo Soto Alfaro 8 mayo 1886 – 8 mayo 1890 Presidente Constitucional
26 – Carlos Durán Cartín 1889 – 1890
27 – José Joaquín Rodríguez Zeledón 8 mayo 1890 – 1 8 mayo 1894 Presidente Constitucional
28 – Rafael Yglesias Castro 1894 – 1902 Presidente Constitucional
28 – Rafael Yglesias Castro 8 mayo 1894 – 8 mayo 1898 Presidente Constitucional
29 – Rafael Yglesias Castro 8 mayo 1898 – 8 mayo 1902 Presidente Constitucional
30 – Ascensión Esquivel Ibarra 8 mayo 1902 – 8 mayo 1906 Presidente Constitucional
31 – Cleto González Víquez 8 mayo 1906 – 8 mayo 1910 Presidente Constitucional
32 – Ricardo Jiménez Oreamuno 8 mayo 1910 – 8 mayo 1914
33 – Alfredo González Flores 8 mayo 1914 – 27 enero 1917
34 – Federico A. Tinoco Granados 27 enero 1917 – 8 junio 1917 Presidente Provisorio
35 – Federico A. Tinoco Granados 8 junio 1917 – 20 agosto 1919 Presidente Constitucional
36 – Juan Bautista Quirós S. 20 agosto – 2 setiembre 1919 Presidente Constitucional
37 – Francisco Aguilar Barquero 2 setiembre 1919 – 8 mayo 1920 Presidente Provisorio
38 – Julio Acosta García 8 mayo 1920 – 8 mayo 1924 Presidente Constitucional
39 – Ricardo Jiménez Oreamuno 8 mayo 1924 – 8 mayo 1928 Presidente Constitucional
40 – Cleto González Víquez 8 mayo 1928 – 8 mayo 1932 Presidente Constitucional
41 – Ricardo Jiménez Oreamuno 8 mayo 1932 – 8 mayo 1932 Presidente Constitucional
42 – León Cortés Castro 8 mayo 1936 – 8 mayo 1940 Presidente Constitucional
43 – Rafael Ángel Calderón Guardia 8 mayo 1940 – 8 mayo 1944 Presidente Constitucional
44 – Teodoro Picado Michalski 8 mayo 1944 – 20 abril 1948 Presidente Constitucional
45 – Santos León Herrera 20 abril – 8 mayo 1948 Presidente Constitucional

Junta Fundadora de la Segunda República

46 – José Figueres Ferrer 8 mayo 1948 – 8 noviembre 1949 Presidente Junta Fundadora de la Segunda República

Presidentes de la Segunda República

01 – Otilio Ulate Blanco 8 noviembre 1949 – 8 noviembre 1953 Presidente Constitucional
02 – José Figueres Ferrer 8 noviembre 1953 – 8 mayo 1958 Presidente Constitucional
03 – Mario Echandi Jiménez 8 mayo 1958 – 8 mayo 1962 Presidente Constitucional
04 – Francisco José Orlich Bolmarcich 8 mayo 1962 – 8 mayo 1966 Presidente Constitucional
05 – José Joaquín Trejos Fernández 8 mayo 1966 – 8 mayo 1970 Presidente Constitucional
06 – José Figueres Ferrer 8 mayo 1970 – 8 mayo 1974 Presidente Constitucional
07 – Daniel Oduber Quirós 8 mayo 1974 – 8 mayo 1978 Presidente Constitucional
08 – Rodrigo Carazo Odio 8 mayo 1978 – 8 mayo 1982 Presidente Constitucional
09 – Luis Alberto Monge Álvarez 8 mayo 1982 – 8 mayo 1986 Presidente Constitucional
10 – Oscar Arias Sánchez 8 mayo 1986 – 8 mayo 1990 Presidente Constitucional
11 – Rafael Ángel Calderón Fournier 8 mayo 1990 – 8 mayo 1994 Presidente Constitucional
12 – José María Figueres Olsen 8 mayo 1994 – 8 mayo 1998 Presidente Constitucional
13 – Miguel Ángel Rodríguez Echeverría 8 mayo 1998 – 8 mayo 2002 Presidente Constitucional
14 – Abel Pacheco De la Espriella 8 mayo 2002 – 8 mayo 2006 Presidente Constitucional
15 – Oscar Arias Sánchez 8 mayo 2006 – 8 mayo 2010 Presidente Constitucional
16 – Laura Chinchilla Miranda 8 mayo 2010 – 8 mayo 2014 Presidente Constitucional
17 – Luis Guillermo Solís Rivera 8 mayo 2014 – 8 mayo 2018 Presidente Constitucional
18 – Carlos Alvarado Quesada 8 mayo 2018 – 8 mayo 2022 Presidente Constitucional

Si solo lo consideramos a partir de la constitución del Estado de Costa Rica, en 1824, hasta hoy, ha habido 82 gobiernos por lo que el próximo gobernante sería el número 83, considerando la continuidad de gobiernos.

Voto joven en defensa del progresismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sebastián Bermúdez Morúa

La palabra “progre” se ha desvirtuado en los últimos 8 años, en parte gracias a un gobierno que ha demostrado ser uno que utiliza el poder para servir a ciertos intereses particulares y que olvida o ignora en la práctica la verdadera interpretación del progresismo. No solo con las propuestas absolutamente inconstitucionales y regresivas que promueve, como el Plan Fiscal y la ley anti-huelgas, sino también colocando a personas cuestionables en su gabinete, como André Garnier y Rodrigo Chaves. También desoyendo a los sectores que a gritos piden auxilio; líderes indígenas asesinados, cada vez más mujeres víctimas de violencia de género, etc. Este gobierno particularmente ha sido nefasto y regresivo en lo que concierne a la institucionalidad costarricense, sin embargo, se hacen llamar progresistas, y orgullosamente ponen una vez al año la bandera LGBTIQ+ en Casa Presidencial.

El “progresismo” que se ha acuñado en el país en los últimos 8 años es un progresismo burgués, y no de clase. No representa en muchas medida una propuesta disruptiva al sistema imperante, al contrario, se acomoda con los grandes intereses de quienes dirigen al país, dueños de una que otra empresa, y de uno que otro medio de comunicación.

Los últimos 2 gobiernos han evidenciado el decaimiento de un proyecto alternativo (para la derecha), en el cual se ha ido desenmascarando quienes manejan los hilos del poder, las mismas personas que lo tomaron hace más o menos 40 años, por allá del primer gobierno de Oscar Arias. Como persona joven creo en la institucionalidad de este país, estoy convencido de que hay que defenderla y que es rescatable. Es por lo anterior que en las siguientes líneas expreso algunas opiniones e ideas que pienso ayudar a defender un progresismo real, que tan desvirtuado y desfigurado ha quedado luego de la carnicería con que ha hecho en PAC con ese término por 8 dolorosos años para este país.

Creo que es importante trascender la discusión del posicionamiento ideológico, que es a veces trasnochada, al igual que los resentimientos, bien fundados o no, que restan a la discusión del por quién votar este 6 de febrero. Con respecto a esa discusión trasnochada, el Frente Amplio no es un partido comunista y no pienso que deba haber discusión al respecto, ya que es algo muy evidente. Sin embargo, considero que el FA representa en gran medida un progresismo disruptivo contra el conservadurismo moralista que ejerce una violencia leonina, no solo sobre la juventud, sino también sobre las personas sexualmente diversas y las mujeres. La imposición de una clase sobre otra, de quienes tienen derecho y quienes no tienen tanto o no tienen ninguno siempre es violenta. Encontrar un espacio que unifique las luchas de quienes no tienen derecho, con una agenda que a su vez sea progresista y realista es un reto grande en estas elecciones. Hay muchos (25) que dicen tener la respuesta, analizando no sólo las principales propuestas, sino también la historia reciente de esas 25 figuras y lo que han aportado (o no) al país, es muy evidente que el FA destaca como una opción que en sus inicios estaba al frente de las demandas justas de la mayoría y en defensa de la institucionalidad. Conforme ha crecido ese partido y ha perdido claridad ideológica se ha separado, si bien no de todas esas luchas, de quienes hacen esas demandas, de la gente. Hoy en FA se presenta como una opción moderada de centro izquierda en lo económico, más a la derecha que cuando inició, pero con la bandera del progresismo como norte fijo.

Pienso que el “progresismo” puede estar jugando el mismo papel que jugó la socialdemocracia en el desmantelamiento de la propuesta socialista durante la Guerra Fría, un amortiguador que encauce dentro del sistema capitalista burgués las necesidades de quienes a él protestan. Sin embargo, existe en el progresismo una fuerza disruptiva contra el moralismo y el conservadurismo imperante, lo cual es indiscutible, al menos en un verdadero progresismo. Esta última idea me da cuerda para la siguiente, un partido de izquierda no es necesariamente progresista, y el progresismo no es necesariamente de izquierda cuando se lleva junto con una agenda compartida con un modelo económico que atenta contra el derecho, y los derechos, de la mayoría. La frase mal usada de “vivimos en un Estado social de derecho” pierde su significado cuando en la práctica sólo algunas personas tienen derecho, y estas viven en el mismo territorio, pero en un Estado sin derecho.

Como persona joven, resulta muy seductora la idea del progresismo como oposición a ese conservadurismo moralista, o incluso la marginalidad de la izquierda “tradicional” y sus luchas del siglo pasado, las cuales fueron y son justas. Al mismo fin se puede llegar por varios medios, sin embargo, no todos son los correctos, es por esto que considero importante preguntarse si es efectivamente el progresismo una propuesta alternativa al modelo neoliberal.

Hace algún tiempo me preguntaron políticamente cómo me identifico, no supe dar una respuesta clara en el momento. Quisiera encontrar la respuesta a esa pregunta en una frase de José Martí que escuché en una reunión familiar y luego leí en un libro de sus poemas: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar…”. Efectivamente, el progresismo real debe buscar devolverle los derechos a quienes los han perdido, y a quienes nunca los han tenido en el contexto del modelo explotador que ha reinado en Costa Rica desde hace 40 años. Paradójicamente el progresismo debe reconquistar las luchas que se dieron en otro tiempo y adaptarlas a los tiempos actuales, además claro, de ser la vanguardia en los nuevos espacios de lucha que abran. Cada derrota abre un nuevo espacio de lucha.

Una izquierda progresista debe necesariamente entender que existe una realidad en la cual no es justo equiparar los “problemas” pequeños burgueses con las contradicciones de clase. Ejemplifico, darles una vida digna a las mascotas otorgándoles derechos es una excelente propuesta, muy bonita, y a la cual es imposible oponerse, no obstante, se vuelve intrascendente cuando se compara con que hay realidades de personas que tienen una vida precaria, niños que no pueden comer más de una vez al día por ejemplo. Una agenda realmente progresista entiende que, el que existan perros callejeros pierde relevancia cuando se equipara con que hay niños en condición de calle, sin acceso a educación y comiendo una vez al día. A la hora de asignar recursos a una problemática, es claro que no debe haber discusión, ahora, proponer dar una vida digna a todas las personas del país suena comunista, legislar sobre los derechos de los animales suena progresista. Ambas propuestas están en el Plan de Gobierno del FA, son dos de los 25 ejes de trabajo que se desarrollan.

Los problemas que atiende una agenda realmente progresista son angulares en el juego de fuerzas que debe existir en el sano desarrollo de la democracia de un país. El Frente Amplio ha sido en la primera década de este siglo quien ha defendido, al menos en la AL, esta agenda realmente progresista. Si pensamos en la historia reciente de Costa Rica, y en las grandes luchas y conquistas sociales, quien ha llevado la batuta de ser una fuerza antagónica a los intereses de la oligarquía nacional (y lobby extranjero), en pro de las grandes masas ha sido el Partido Comunista. Un verdadero salvavidas en el mar de los intereses personales y transnacionales que amenazan con ahogar al país, como ha ocurrido en otras latitudes. Tan trascendental fue el Partido Comunista que luego de la firma de La Paz, se ilegalizó por 25 años la existencia de una formación electoral comunista, y se ordenó la ejecución de cualquier dirigente comunista que se postule en cualquier puesto de elección, obligando a muchos a esconderse por la persecución y a otros, como María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y Manuel Mora V. a vivir en el exilio. El autor de tan deshonorable y sangrienta traición es hoy conmemorado como un “héroe de la paz”. Tan hondo ha calado la herida a la democracia sobre la que se constituyó la Segunda República que todavía hoy, 47 años después de que se le permitirá a los comunistas inscribirse otra vez en las elecciones, hay una campaña de acoso permanente a cualquier agrupación que se haga llamar de izquierda. En el 2014 fue tan masiva esa campaña que se logró desplazar del primer lugar en las encuestas a José M. Villalta al tercero, llegando a una segunda ronda entre un falso progresismo y un fanático religioso, cuya única propuesta era limitar aún mas los derechos de las personas homosexuales.

Quienes financian estas campañas anticomunistas, de partidos que no son comunistas como el FA, son los mismos que desarrollaron el referéndum del miedo en el TLC, que propusieron y aprobaron el COMBO ICE y que en esta administración aprobaron el inconstitucional y desastroso COMBO Fiscal, si no las mismas personas, al menos los mismos intereses. El Frente Amplio resalta en el radar de esos grupos de poder, y se ven amenazados hasta el punto en el cual se ven obligados a desplegar sus artilugios mediáticos y comenzar con el bombardeo de desinformación que los caracteriza. Cuba y Venezuela es lo que siempre suena rimbombante, comunistas y vividores del Estado también dicen. FA rechaza verse ligado a cualquier país de izquierda y se aleja de ser llamados comunistas, más allá de una traición a los principios de la izquierda tradicional, de los cuales los jóvenes no estamos tan anuentes, esta parece ser una estrategia electorera. En el contexto de las elecciones esto puede ser entendible, hasta que no se puede tomar una postura clara en ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo hotelero en Guanacaste, donde al menos para mí, defender una postura correcta y concreta, por más incómoda que parezca, es lo esperable. Aun cuando no se hace, llueven los ataques por todos frentes, y se extienden el tiempo que el dinero pueda comprar.

Trascendiendo esa discusión, que más que incómoda es cansada, el FA tiene sin lugar a dudas un plan de gobierno más completo y realmente progresista. Esto demuestra seriedad y capacidad, al menos discursiva, para gobernar y legislar. Es esperable de una agrupación que se auto percibe de izquierda, que realice un trabajo de acompañamiento permanente a quienes encuentra en esa agrupación un espacio para atrincherarse contra quienes hace 4 décadas pretenden hacer del Estado y de la institucionalidad una piedra en el zapato del “desarrollo”. El FA ha perdido gran parte de esa vocación, y es justo esperar que la retomen y la fortalezcan en los próximos meses y años.

En el contexto electoral en el que estamos, pienso que las personas jóvenes debemos apostarle a un proyecto verdaderamente progresista, y no dejarnos seducir por falsos progresismos ni idealismos. El FA se ha alejado mucho de las comunidades, y eso es percibible de lejos, quisiera achacar esto a la falta de experiencia, y no de voluntad o de lectura dialéctica. Espero que la curva de aprendizaje que han tenido como partido les permita volver a acercarse a esas sensibilidades que su fundador, José Merino, supo leer muy bien. Yo personalmente encuentro en el Frente Amplio un espacio con una gran capacidad de mejora, con personas muy capaces y muy bien intencionadas, lo cual se evidencia en el trabajo de único legislador y en las propuestas plasmadas en su plan de gobierno. Del FA es esperable que le haga honor a su nombre y se constituya como un verdadero Frente que tenga la amplitud para aglutinar a diferentes sectores y sensibilidades, con un progresismo real no como único norte, sino también una lectura dialéctica de la realidad y la lucha permanente de clase, que no sea una continuación del engaño PAC, sino una verdadera alternativa disruptiva al modelo neoliberal despojador de derechos.

Se dice que la fuerza hace el derecho, sin embargo, considero que en el tema del progresismo real, es prudente darle la vuelta a esta afirmación y decir que el derecho debe hacer la fuerza. En esta última premisa se condensa muy bien el tipo de progresismo que la izquierda debe promulgar y defender.

Mi esperanza, y espero que también la de una juventud analítica y crítica, cansada de los políticos tradicionales y de los discursos camuflados de progresismo falso, está en que alguna fuerza social atienda los intereses de quienes viven en este Estado sin derecho. También pongo mi esperanza en que de nuevo, una agrupación política pueda frenar las embestidas que tanto han desangrado al movimiento social y a quienes lo integran, personas trabajadoras. En un progresismo que sea congruente con las luchas de clase, y que esté de lado de quienes menos tienen. Espero que pronto exista de nuevo una agrupación sensible no solo cada 4 años, sino permanentemente todos los días del año y a todas las luchas justas.

¿Libertad de Prensa o Libertad de los Millones?

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Mainier Barboza Soto

He escuchado los distintos debates, como el de Monumental, con seis candidatos de los 25, justificando la presencia y selección por el resultado de las encuestas y la ubicación de los seleccionados.

El candidato oficial, que no aparece entre los primeros puestos de las encuestadoras, fue invitado disque por tener representación del oficialismo. Flaco servicio a la democracia, al dejar el 76% de los partidos fuera, porcentaje que no se considera. Tampoco se considera que hay un 30% que es el porcentaje histórico de abstenciones y, además, el sector de persona indecisas que cuestionan realizar un debate basado en encuestas.

A la fecha el 31% indecisos, es decir, el segmento de población que puede elegir o por lo menos emitir opinión es de un 39%.

Visto de esta forma, una minoría estaría decidiendo estos debates y por tanto genera un sesgo antidemocrático.

En el marco de los debates de Monumental y Repretel se invitó a 5 candidatos que encabezan las encuestas y al oficialista, solo por serlo…

La pregunta: ¿Es esto democrático?

Una democracia gana mucho con la verdadera aplicación de la Libertad de expresión.

Un candidato propone gobernar con referendos. ¿Se podría?

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Freddy Pacheco León

¡Veamos!

El artículo 105 de la Constitución Política, recogido en el artículo 2° de la Ley “Regulación del Referéndum”, en su párrafo primero dice:

“De conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política, NO podrán someterse a referéndum proyectos de ley sobre materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa”.   Asimismo, la Sala Constitucional ha resuelto que los DERECHOS FUNDAMENTALES constituyen un límite a la materia de referendo.  Aspectos fundamentales que 1, el candidato desconoce o 2, conoce pero aún así lanza sus promesas conociendo que son inviables.

Pero hay además regulaciones estrictas de casi imposible cumplimiento.  El proyecto de ley se ha de presentar al TSE para que en conjunto con «Servicios Técnicos» de la Asamblea Legislativa, se determine su procedencia o improcedencia legal. En caso de que pase ese filtro de legalidad, los proponentes tienen que presentar un resumen que encabezaría las hojas que se usarían para la recolección de las firmas para convocarlo (cerca de 170.000 – 5% del padrón -) donde los ciudadanos habrían de estampar su nombre y firma formalmente, dispuestas en sitios públicos previamente establecidos, donde inspectores del TSE custodiarían ese muy delicado proceso. No se autoriza recoger las firmas en hojas sueltas en manos de cualquier «voluntario».

Para esa tarea se tiene un plazo de 9 meses, por lo que se deberían recibir casi mil firmas diarias. En caso de lograr que 170.000 ciudadanos logren apoyar con su nombre la convocatoria en proceso, los documentos con sus firmas se han de presentar al TSE para que las revise (por ejemplo si hay repetidas o si todas corresponden a la identidad anotada) y si corresponde las apruebe. Cumplida esa ardua tarea, luego vendría la convocatoria a la votación general en fecha designada por el TSE, que sería muy parecida a una elección presidencial con sus correspondientes juntas electorales, fiscales, etcétera, en que igualmente podrían participar todos los ciudadanos que constituyen el padrón electoral

Por otro lado, solo se puede hacer un referendo por año (por eso van «haciendo fila») y, muy importante, no se puede convocar seis meses antes o después de una elección presidencial, por lo cual para el próximo período presidencial, difícilmente se podría tener más de un referendo. Un aspecto muy importante es el que para que el resultado de  la votación realizada tenga validez, tendrían que acudir a votar más de 1.416.000 ciudadanos (40% del padrón para asuntos que requieren aprobación legislativa). Si, por ejemplo, entre votos por el SÍ y votos por el NO no se alcanza esa cifra, cualquiera que sea el resultado éste sería nulo. (El referendo del TLC convocado por la Asamblea Legislativa superó por un pelito el 40% del padrón. Si los del NO, como estrategia se hubieran quedado en casita, el TLC no se habría aprobado…).

En fin, bajo esas circunstancias, sin financiamiento para una «campaña» a nivel nacional, el que propuso el exdiputado Otto Guevara sobre Recope y otro más reciente que busca autorizar la explotación petrolera, se desinflaron apenas empezando a recolectar las firmas,  pues para ello se requiere de muchos recursos humanos y materiales, para lo cual no se cuenta por lo menos con el mecanismo de financiamiento de deuda política.

Por DEMAGOGIA (ofrecer algo que no se puede honrar) un tema así podría presentarse a incautos como oferta electoral, pero como tal debería plantearse honestamente y no ocultando las escasas probabilidades que realmente se tienen.

La soga en la casa del ahorcado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

Visión Geopolítica: Ucrania, Guerra en Europa

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

La revista electrónica Tendencias21, durante su programa número 14, se conversó sobre el conflicto que se desarrolla en Ucrania, con el tema: “Ucrania, Guerra en Europa”.  Se contó con la participación de los expertos:

  • Marín Bello Crespo (tiene fallas de origen cuando responde algunas de las preguntas)
  • Juan Antonio Aguilar.

Se destacó cómo en Ucrania existe una guerra civil, la cual sigue abierta y olvidada, donde las grandes potencias continúan midiendo sus fuerzas. 

Se le invita sintonizar el programa por medio del siguiente enlace:

Compartido con SURCOS por José Luis Callaci

Costa Rica- panorama electoral 2022

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El próximo domingo 6 de febrero, a escasos seis días, se celebran elecciones generales en Costa Rica. Son las elecciones más suigéneris, en muchos años en el país centroamericano, por varios motivos que veremos en adelante.

Las empresas encuestadoras:

            CIEP del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

            Enfoques de Opinión Pública e Investigaciones.

             Opol Consultores de Opinión Política.

Además de la encuestadora Índice, Demoscopia S.A., La Universidad Latina y la Universidad Nacional Abierta UNA-Idespo, el Instituto de Estudios Sociales en Población.

Para el análisis numérico porcentual, nos moveremos tomando en cuenta, las encuestadoras que hicieron sus cálculos en el mes de enero, a saber: Índice, Enfoques, UNA, Demoscopia, Opol, CIEP, UL.

EL CIEP-UCR, es el estándar de cómo se deben hacer las cosas. Publican una introducción detallada, una ficha metodológica completa, una descripción del proceso de selección, un mapa de dispersión de las personas encuestadas y finalmente una tabla con variables de comparación, para que cualquier ciudadano pueda comparar su muestra con la composición del país por sexo, edad y escolaridad. El nivel de transparencia es muy alto y esto evidentemente permite hacer una lectura mejor de sus datos.

Enfoques Opinión Pública, comparte una ficha técnica resumen en una página, en la cual brindan datos con poco detalle de su método de recolección de información, brindan dos variables de control, aunque falta terminar de entender cómo mezclan, la recolección telefónica con una “muestra a pie”, o bien, de qué forma controlan la aleatoriedad de en la selección de los ciudadanos.

No obstante, estas dos anteriores, según el medio digital Delfino.cr, son las más confiables, ya que poseen mayor transparencia en el instrumento de medición (el cuestionario) y en las variables de control (para ver cómo está esa muestra), y, por tanto, permiten hacer conclusiones más adecuadas.

Estas empresas encuestadoras, además de otras, inscritas ante el Registro Electoral de Costa Rica, para la realización de encuestas de carácter político electoral, revelan un estudio de intención de votos, para las mencionadas elecciones, del mes de enero 2022.

Las intenciones de votos, según estas encuestadoras, dejan ver que, Fabricio Alvarado del Partido Nueva República PNR, con un 23% (Índice), José Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional PLN, con un 23% (Índice), y Lineth Saborío Chaverri del Partido Unidad Social Cristiana PUSC con 19% (Enfoques), lideran las intenciones del electorado costarricense.

¿Quién es Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República PNR? Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, nació en San José, un 30 de mayo de 1974, es un político conservador costarricense (también es un conservador evangélico). Fue Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por el partido Restauración Nacional, para el período 2014-2018. Fue candidato presidencial en las elecciones presidenciales de 2018.

Sus inicios en la política se remontan al 2013, en aquel momento Alvarado ya era líder religioso en una iglesia evangélica y se incorporó al partido de corte cristiano, Restauración Nacional. En octubre de 2018 anunció su renuncia al partido Restauración Nacional, y la fundación de una nueva agrupación política bajo el nombre de Partido Nueva República. Es a su vez, periodista y músico (su canción más conocida es “Batalla Espiritual”), en algún momento de su vida religiosa fue predicador evangélico, fue reportero de televisión.

Según el Tribunal Supremo Electoral TSE, en el periodo comprendido entre el 19 de marzo del 2020 y el 30 de noviembre del 2021

– El Partido Nueva República PNR, recibió donaciones (¿inversiones?) a nombre de Iván Barrantes Ruiz, ex asesor de campañas del PAC (partido de gobierno) y de PLN. Actual director de estrategia política del PNR, por un monto de 39.033.906,00 colones.

– Por otro lado, a través de Jonathan Robe Campos Chavarría, el PNR recibió 20.110,000,00 colones.

– También, por medio de Cesar Zúñiga Ramírez, candidato a diputado por San José, recibió el PNR 14.701.078,21 colones.

¿Quién es José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional PLN? José María Figueres Olsen (Catedral, San José, 24 de diciembre de 1954) es un ingeniero industrial, político y consultor internacional costarricense. Figueres fue ministro de Comercio Exterior de 1986 a 1988, ministro de Agricultura y Ganadería de 1989 a 1990 durante la administración Arias Sánchez (1986-1990) y 42° presidente de la República de Costa Rica de 1994 a 1998.

Controversias en su gobernanza

Caso Chemise

Figueres fue acusado por los hermanos David y José Manuel Romero en un libro titulado El caso Chemise, de haber asesinado a un narcotraficante mientras este se encontraba detenido bajo custodia policial.

Juicio ICE-Alcatel

A finales de 2004 los medios de comunicación masiva divulgaron que Figueres Olsen, había recibido US $ 900 mil provenientes de la compañía francesa Alcatel. La misma empresa que fue acusada de sobornar a otro expresidente, siendo en este caso Miguel Ángel Rodríguez, así como a varios directivos del Instituto Costarricense de Electricidad.

Además, Figueres, con recursos de Alcatel, H. F. DISA pagó también una suma aproximada a los $900.000 a Carmen Valverde Acosta, exsecretaria general del Partido Liberación Nacional (PLN) al cual pertenecía Figueres Olsen cuando fue elegido presidente.

En aquel momento Figueres residía en Suiza, fue exhaustivamente investigado por la Fiscalía y al no encontrar evidencias, esta solicitó sobreseimiento por no encontrar delito que perseguir. Una Comisión Legislativa que investigaba el asunto convocó formalmente a Figueres para dar declaraciones, pero el expresidente se negó a comparecer, argumentando compromisos laborales ineludibles, ofreciendo hacer una videoconferencia, lo que no fue aceptado por los diputados.

Cementazo

Figueres fue señalado indirectamente como una de las figuras políticas vinculadas al escándalo del “Cementazo” cuando se hizo público que había participado en viajes privados junto al empresario beneficiado Juan Carlos Bolaños.

Controversias de su Partido Liberación Nacional (que se mueven entre escándalos, deudas de su gobierno y corrupción), la Trocha, la Refinería China, la Carretera a San Ramón, El caso Crucitas, El caso La Platina, la Carretera a Caldera, El Avión Narco, El Plan Fiscal, Las Cámaras en carreteras, El Aumento de los Diputados/as, entre otros.

– El PLN recibió donaciones (¿inversiones?) de la persona, Jorge Oller Alpirez, expresidente de la agencia de publicidad Tribu DDB, por un monto de 61.300.000,00 colones.

– Moisés Fachler Grunspan, exmagistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia CSJ, por un monto de 32.475.000,00 colones.

– Carlos Manuel Uribe Sáenz, vicepresidente de la junta directiva de Cuestamoras, por un monto de 31.100.000,00 colones.

– Roberto Federsplel Pinto, director general del grupo Universal (tiendas Universal), y miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. 17.301.760,00 colones.

– Mario Arturo Esquivel Volio, empresario miembro de la junta directiva del grupo bancario Pival, por un monto de 15.925.000,00 colones.

– Alberto José Esquivel Volio, empresario, presidente de varias sociedades de inversiones inmobiliarias, por un monto de 15.000.000,00 colones.

– Carlos Ricardo Benavides Jiménez, actual diputado del PLN, por un monto de 13.882.480,00 colones.

– José Fernando Batalla Esquivel, empresario, presidente de sociedades de constructoras e inversiones inmobiliarias, por un monto de 13.316.100,00 colones.

– Tomas Arturo Batalla Esquivel, empresario, presidente de sociedades de constructoras e inversiones inmobiliarias, por un monto de 9.115.000,00 colones.

¿Quién es Lineth Saborío Chaverri, del Partido Unidad Social Cristiana PUSC? Nació un 30 de mayo de 1974, de profesión comunicadora. Experiencia política, Diputada de la República 2014-2018 (PRN) y Candidata Presidencial Elecciones 2018 (PRN).

Saborío, fue vicepresidenta de la República durante el Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006). Exdirectora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ella es la primera mujer en aspirar a la presidencia de la República por el Partido Unión Social Cristiana PUSC.

La reducción de la pobreza y el desempleo, es la gran deuda pendiente que dejó Lineth Saborío del PUSC, como vicepresidenta del gobierno de Abel Pacheco entre 2002 y 2006.

Al 01 de febrero del 2022, ya la intención de votos varió en números, pero se mantienen los mismos candidatos/as: José María Figueres Olsen, sube al primer lugar, pero baja de 23% que estaba hace algunos días (Índice), a 17,01% (CIEP-UCR); Lineth Saborío, sube al segundo sitio, con 12,86%, pero igualmente baja al estar con 19% (Índice). Fabricio Alvarado, baja al tercer lugar con 10,27%, y baja del primer sitio teniendo en ese momento 23% (Índice). Y hay un dato importante, hay un 31,76 de indecisos/as. CIEP-UCR.

Finalmente, deseamos mostrar, como el partido y candidato de la izquierda, Frente Amplio-José María Villalta, que se ha movido entre el 7 y el 8%, es el que presenta mejor plan de gobierno, según los temas, Género y diversidad, Seguridad, Población indígena, Cultura y deporte, Zonas rurales y costeras, Seguridad Social, Anticorrupción, Educación, Ambiente, Empleo, Juventudes, según la Fundación Friedrich Ebert.

En síntesis, según las encuestadoras, la intención de votos, se mueve entre dos partidos y dos candidatos/as tradicionales, y uno de los movimientos neo pentecostales.

Es seguro, que se irá una segunda vuelta, ya que ninguno alcanza el 40% requerido.

En la segunda vuelta, se definirá el panorama electoral, que algunos consideran “extraño”.

02-febrero 2022

 

Fuente de la imagen: UCR (2018)

VACUNAS EN LA POLÍTICA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Desde el siglo XIX el Estado costarricense, en su afán de proteger a su población, y muy especialmente a sus niños, estableció que la vacunación era obligatoria, logrando erradicar o mitigar  muchas enfermedades contagiosas. Jamás los padres de familia hemos cuestionado el calendario de vacunación que inicia a pocas semanas del nacimiento de nuestros infantes, y que la Caja nos garantiza. La actual pandemia no es la excepción y por eso ya se han puesto unas 8 millones de dosis a millones de personas, evitando así que, además de los 7.500 pacientes que han muerto, haya sido mayor. 

De haber tenido a disposición las vacunas antes del año que llevamos vacunando, algunos de esos miles de lamentables fallecimientos se habrían evitado. Los políticos que hacen escándalo saben que cualquier acción legal presentada en estos días se rechazará pasadas las elecciones por no tener sustento jurídico. Después del 6 de febrero, los antivacunas se olvidarán de su «gran cruzada» en defensa de una patria potestad vista fuera del contexto que conforma la legislación costarricense. 

Costa Rica: ¿cómo votarán las personas del colectivo de las diversidades sexuales LGBTIQ en las elecciones 2022?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista / CICDE-UNED

Ni idea. Simplemente no hay forma de saberlo. Pero leo comentarios acerca de las simpatías que alguna gente de ese colectivo manifiesta a favor de Eli Feinzaig. Lo cual resulta paradójico, puesto que Feinzaig ha coqueteado reiteradamente con grupos muy conservadores, de natural hostiles a ese sector de la población, cuando, por otra parte, lo que su programa plantea en esta materia, es sumamente limitado.

Dije que es paradójico, pero no necesariamente extraño. Y aquí diré algo solamente en relación con la letra G (gay), que es la que mejor conozco, reconociendo y respetando las heterogeneidades que se ocultan detrás del mencionado acrónimo.

Como lo expliqué en un artículo que publiqué en mi blog en mayo 2018 (“Los que éramos entonces, teníamos tantos nombres pero no teníamos ninguno”), el concepto “gay” jugó en su momento un papel muy importante: para quienes habíamos tenido que sobrevivir en el territorio de la denigración y la infamia (bajo apelativos humillantes como playo, platanazo, maricón, marica, pájaro, culiolo y un largo etcétera), ofrecía, por primera vez, la posibilidad de una nominación que intentaba conceder un lugar propio y digno en la vida, o sea, una posibilidad de autoafirmación desde la propia humanidad. De ahí la idea del “orgullo”: ser orgullosamente gay era simplemente ser orgullosamente humano. Reivindicar, pues, lo que se nos había negado: el respeto inherente a nuestra condición como persona parte del género humano.

O sea, el autorreconocimiento como gay era subversivo y comportaba un gesto de rebelión frente a un orden opresivo y violento.

Con el paso de los años las cosas han cambiado. El camino que se suponía conducía al pleno reconocimiento de nuestra dignidad humana, se desvió por atajos que más bien conllevan, otra vez, su negación. Progresivamente las reivindicaciones LGBTIQ fueron asumidas por poderosas corporaciones transnacionales y, con cada vez más frecuencia, vimos a sectores del activismo aliados a esas grandes empresas. Aquella fuerza contestaria y transgresora perdió ímpetu y tendió, gradualmente, a hacerse inofensiva. Se le limaron garras y colmillos; se le domesticó y apacentó.

Pero la cuestión se centra fundamentalmente en la letra G. Por razones que habría que investigar, fue ahí donde las fuerzas del marketing y el negocio tendieron a enfocarse.

De resultas de lo anterior, la identidad gay ha sido reconfigurada, alejándose cada vez más de sus fuentes originales. Es, cada vez, una construcción mercadológicamente concebida, alrededor de ciertos rasgos estereotipados: muchachos usualmente blancos, invariablemente jóvenes, muy guapos y con cuerpo de gimnasio; lucen ropa de marca, viajan por el mundo y son manirrotos en el consumo. Chicos muy individualistas, hipersexualizados, que viven para el disfrute, despolitizados e insolidarios. De ahí que hoy tanto se hable del “dólar rosa”, toda una fuente de redituable negocio.

Es una concepción terriblemente discriminatoria, que oculta mucho más de lo que revela, y que conlleva un altísimo grado de violencia. Dicho de otra forma: es una forma de reconfigurar la discriminación y la exclusión, y de reinventar la infamia y la ignominia. Ahí no caben los muchachos gais de rasgos indígenas, de piel oscura, los que son obreros de la construcción o peones en una piñera o recolectores de basura. No caben los que son pobres, pero tampoco aquellos que no tienen ingresos lo suficientemente elevados, que son la enorme mayoría. No caben quienes no son guapos y bellos y de gustos refinados. No cabemos los viejos que, con nuestras canas y nuestras arrugas, somos la más vívida negación del estereotipo, y, por ello mismo, los más invisibles, los que en mayor grado hemos sido lanzados al canasto de lo indeseable.

Esta identidad estereotipada, esculpida por el marketing, impone una norma cuyo incumplimiento es fuente de frustración y aislamiento. Reconstruye la soledad, reinstaura la indignidad vergonzante, imposibilita a muchos ser lo que son, orgullosos de poder serlo. Nos devuelve a la vía ominosa del odio hacia sí mismo, por no lograr ser lo que se le exige que sea, en vez de simplemente ser lo que realmente es. Construye nuevos armarios, obliga a nuevos juegos de fingimiento y, por lo tanto, a vivir de nuevo una doble vida. Es, al cabo, fuente de vaciamiento afectivo y emocional, y reinstauración del divorcio entre sexualidad y afectividad. También despolitiza e inmoviliza, al crear sujetos que no ven más allá de lo que tienen entre las piernas, descomprometidos con el mundo y la sociedad de que son parte.

No es de extrañar que, entonces, algún sector de la población gay opte por votar a candidaturas -como la de Eli Feinzaig- cuyo mensaje, de tonalidad fuertemente economicista, es enemigo del Estado social costarricense, puesto que es ignorante de la opción histórica de justicia social que lo hizo nacer. Votar, si, a candidaturas como la de Feinzaig, que beben de la despolitización y se alimentan de la falta de compromiso cívico y conciencia ciudadana.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/02/costa-rica-como-votaran-las-personas.html?m=1