Desconocido del público en Costa Rica hasta su aparición en el equipo de Carlos Alvarado, su breve incursión en el ministerio de Hacienda le dio el impulso que lo llevó a la presidencia de la República.
Como en el caso de Alvarado, una serie de circunstancias –más que el peso mismo del candidato o lo atractivo de sus propuestas– hicieron posible el resultado electoral. El presidente electo no tenía antecedentes políticos conocidos en el país y esto –en las circunstancias actuales– terminó favoreciéndolo.
Pero su historia política no era del todo desconocida. Durante seis años –entre 2013 y 2019– fue el director de la oficina del Banco Mundial en Indonesia. Si no me equivoco, la mayor oficina del banco fuera de Washington. Desde allí implementó políticas que podrían ser también impulsadas aquí. No solo eso: esas políticas son parte de una visión del mundo, de una concepción de desarrollo que no fue discutida en campaña.
En las páginas del Banco se puede encontrar estimaciones positivas de esas políticas. En otras páginas hay evaluaciones críticas, aportes a un debate que no deberíamos rehuir.
Traté de buscar antecedentes cuando Chaves apareció en el ministerio de Alvarado. Algo escribí cuando fue designado en Hacienda. Durante la campaña no quise escribir nada. No me sentía representado por ninguna de las candidaturas en la segunda vuelta y expuse mi posición sobre eso en un artículo “En defensa del abstencionismo”.
Pero no dejó de sorprenderme que la candidatura de José María Figueres no hiciera ninguna alusión a las políticas promovidas por su adversario al frente del Banco Mundial en Indonesia. Hay algunos aspectos devastadores, como veremos.
Pensé, al principio, que era resultado de la dirección de una campaña mediocre. Pero después me pareció que no se podía descartar una cercanía a políticas privatizadoras, de promoción de mejores “ambientes de negocios”, cosas así, en las que ambas candidaturas se diferenciaban poco y que me hacían imposible inclinarme por alguna.
Lo cierto es que los grandes temas de campaña fueron el acoso o la corrupción, naturalmente relevantes pero insuficientes para ilustrar un debate entre aspirantes a la presidencia del país.
Escenario electoral
El resultado final es conocido: poco más de 43% de ciudadanos prefirió no participar. Si se les suman los votos blancos y nulos tenemos alrededor de 46% de los electores.
Me parece imposible disociar el crecimiento de ese porcentaje de una cierta desilusión con la política a partir del desarrollo del modelo neoliberal que, desde principios de los años 80, fue demoliendo las bases de un estado social cuya piedra angular –desde mi punto de vista– fue el decreto de nacionalización de los depósitos bancarios de junio de 1948.
Considerando que “las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y por el ordenamiento social, no es justo que pertenezcan a los accionistas que representan una parte exigua del capital movilizado, sino que deben convertirse en ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado”, la Junta Fundadora de la Segunda República decretó la nacionalización de la banca. Una lógica impecable, de la que se derivó la resolución de que “Sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público”.
No es casualidad que el primer paso en el camino de las políticas neoliberales haya sido el de la privatización del negocio bancario, con plata de la AID norteamericana. El proceso siguió luego, implacable: la educación, la salud, las telecomunicaciones, los seguros, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, etc… Lo público al servicio de los privados. El país transformado en una enorme alcancía donde los costarricenses echan sus monedas para engordar el chanchito de otros. Esas políticas fueron desdibujando el llamado “bipartidismo”. Uno y otro venían y avanzaban en la misma dirección, con las consecuencias conocidas para la forma de desarrollo del país y para el nivel de vida de las mayorías.
Para los que les gusta poner fecha a las cosas, permítanme sugerir una para el fin del bipartidismo en Costa Rica: el día en que Guido Fernández pasó a integrar el gobierno de Oscar Arias. El triunfo total de ANFE no puede haber pasado desapercibido por Figueres, en su tumba.
No es posible entrar aquí en detalles de ese proceso. El pasado 3 de abril los electores tenían dos opciones: votar por un candidato que no solo había sido parte de ese proceso de descomposición política, sino que se había ido del país para evitar ser preso por acusaciones de cohecho; y otro, del que el gran público desconocía todo…
… Pero no todo era desconocido
Sin antecedentes políticos en el país, volvamos la mirada al mundo político de Rodrigo Chaves: el del Banco Mundial en Indonesia, la oficina a su cargo.
Para dar seguimiento a esto nos parece útil un trabajo bien documentado –Indonesia: the World Bank failed East Asia miracle–, realizado por una fundación norteamericana orientada especialmente a temas ambientales: The Oakland Institute (el texto original, en inglés, puede ser visto aquí: https://www.oaklandinstitute.org/indonesia-world-bank-failed-east-asian-miracle).
No nos vamos a referir a las políticas promovidas por el Banco en Indonesia en los 31 años de la dictadura del general Suharto (1967-1998). Aunque sus consecuencias se extienden hasta hoy, trataremos de referirnos a lo más reciente, relacionado con el período en que Rodrigo Chaves estuvo al frente a la oficina, o a lo que, desde años anteriores, se proyectó sobre ese período.
Lo que sigue son referencias sacadas del texto del Oakland Institute. Ahí se menciona el “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report” donde el Banco destaca el papel de Indonesia como uno de los diez casos más exitosos de reformas económicas orientadas a “mejorar el clima de negocios” y atraer inversiones privadas.
Es el punto de vista optimista del Banco, para quien la aplicación de las políticas neoliberales hicieron de Indonesia un ejemplo de milagro económico en el lejano oriente. Pero el estudio analiza luego las diversas consecuencias de esa política. En la carrera por las reformas y por atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques hasta entonces manejados por la población local, han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, provocando inevitables conflictos sociales, deforestación, desigualdad y pobreza para la vasta población afectada.
Como Costa Rica, Indonesia adoptó las políticas de ajuste estructural en los años 90’s. En 1998 firmó un memorando con el FMI en el que, a cambio de apoyo financiero, debía promover una política de privatizaciones acelerada, de liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras y desregularización de las actividades locales. En 2003, los resultados de esas reformas, promovidas por el BM, desataron protestas en el país. Las imágenes que ilustran el texto son sobrecogedoras.
Entre 2009 y 2017 el Banco prestó o respaldó préstamos por 20,6 mil millones de dólares a Indonesia, 22% de los cuales se destinaron a promover medidas de desregularización en las más diversas áreas, como reducción de impuestos, facilitación de procedimientos administrativos, reformas en la administración de tierras o proyectos de infraestructura comercial, entre otros.
Todo esto puede presentarse como grandes avances modernizadores del país. Algo parecido a lo que ha hecho el actual ministro de Hacienda de la administración Alvarado, que presume de haber puesto “orden” en las finanzas de Costa Rica, como si eso reflejara el resultado exitoso de una administración.
Como consecuencia de estas reformas, Indonesia se adelantó rápidamente en el índice de negocios del Banco Mundial, pasando de la posición 106, en 2016, a la 72, en 2018, transformándose en la mayor economía del sudeste asiático. Supongo que el resultado fue considerado como un gran éxito de las políticas del Banco, precisamente en los años en que Chaves encabezaba la oficina. Un proceso del que es también gran entusiasta el presidente Joko Widodo, que gobierna Indonesia desde 2014. Widodo creó una Fuerza de Tarea coordinada por el ministro de Economía para promover las reformas. En Costa Rica un proyecto de reforma del Estado podrá estar en manos de una comisión legislativa que el diputado electo Rodrigo Arias ya anunció su interés en presidir, además de promover proyectos de cooperación público-privado mediante el cual avanzar en las privatizaciones.
Pero es evidente –dice el documento del Oakland Institute– que estos “logros” se alcanzaron a expensas de los trabajadores indonesios, de las comunidades indígenas y del ambiente. Un crecimiento destructivo mediante la atracción de inversión extranjera, que descuidó los derechos de los indígenas a la tierra.
En un documento sobre el marco de la cooperación con el país entre 2016 al 2020, el Banco reafirma su papel orientador en la política económica de Indonesia. La transferencia acelerada de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos a manos de empresas que buscan los beneficios corporativos “provocó el masivo desplazamiento de pequeños propietarios y de pueblos indígenas”. En muchos casos eso no se pudo hacer sin el uso de violencia extrema (nuevamente, las fotos que lo exhiben son estremecedoras). Solo en 2011 se registraron más de 600 conflictos por la tierra en Indonesia, con 22 muertos y centenares de heridos. Este proceso fue acelerado por el programa de reforma agraria aprobado en julio del 2018 y financiado por el Banco que, desconociendo el papel de las comunidades indígenas, sistemáticamente minó sus derechos en favor de las corporaciones.
Palma aceitera
Gracias a ese proceso, Indonesia se convirtió en el principal productor de palma aceitera del mundo. Las 6,9 millones de toneladas de aceite de palma que producía en 2000 se convirtieron en 32 millones en 2016. Más de 50% de los recursos dedicados por el Banco para la producción de palma se destinaron a Indonesia. “Solo entre 1995 y 2015 (Chaves asumió la dirección de la oficina en Indonesia en 2013), un promedio de 117 mil hectáreas anuales de bosques –un área mayor que Hong Kong– fue devastada todos los años para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas de Indonesia, el total del área de las plantaciones de palma aceitera en el país eran de cerca de 14 millones de hectáreas, en 2017. Un área mayor que la de Grecia.
“Las inversiones privadas en palma aceitera son presentadas por las compañías y los funcionarios gubernamentales como una forma de crear empleo y construir carreteras, escuelas y casas. Pero la expansión de grandes plantaciones también amenaza la supervivencia de cerca de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos del bosque para su sustento”. Los responsables de las plantaciones destruyen pequeñas aldeas, campos de arroz, cementerios ubicados en los bordes de sus concesiones, mientras contratan a obreros en zonas lejanas, sin contacto con la población local, para el trabajo en las plantaciones.
Minas
Pero no se trata solo de la palma aceitera. El Banco desempeña también un papel clave en el apoyo de actividades mineras en Indonesia, principalmente mediante operaciones de su International Finance Corporation (IFC) y la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Una actividad que, según el Banco, puede tener un impacto en la reducción de la pobreza.
Las enormes reservas de oro y de cobre son operadas por subsidiarias del gigante minero norteamericano Freeport McMoRan Inc, según el documento del Oakland Institute. Explotaciones que descargan diariamente 200 mil toneladas de productos contaminantes en los ríos. El resultado es que lejos de beneficiar a la población local, lo que fue alguna vez una fuente de alimentos para ellos se transformó en una tierra devastada por la minería. Como ocurre en todas partes y que también en Costa Rica ha provocado un intenso debate.
Turismo
En 2018, cuando preparaban su reunión anual en Bali, el Banco aprobó 300 millones de dólares para mejorar la infraestructura y el servicio y atraer inversión privada en el sector del turismo.
Pero construir nuevos aeropuertos y expandir el turismo de lujo para compartir la prosperidad con las comunidades locales es otra “falsa promesa”, dice el documento que hemos venido analizando.
Las políticas gubernamentales incluían una amnistía impositiva y eliminación de restricciones para nuevos proyectos de inversionistas extranjeros, incluyendo la expansión de la red nacional de carreteras, mil km de carreteras concesionadas; 3.258 km de nuevas líneas férreas; 15 nuevos aeropuertos (mejorías en otros 10) y 24 puertos marítimos (Indonesia es un archipiélago con más de diez mil islas, de las cuales 922 están habitadas).
La costa fue entregada a inversionistas extranjeros. El Banco apoyó los megaproyectos de desarrollo turístico, provocando nuevos problemas. La construcción de la autopista Batang-Semarang, en Java central, por ejemplo, provocó el apoderamiento de tierras de la población local y el desplazamiento de la comunidad de nueve ciudades, en abril del 2018. Vía Campesina, una organización local, denunció que el ambicioso proyecto de infraestructura del presidente Widodo “había traído miseria para miles de familias campesinas”.
El documento concluye afirmando que la asesoría del Banco para favorecer la inversión extranjera en infraestructura y turismo se basa en la explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia. Pero “el fanatismo de la atracción de inversionistas para la nueva frontera de desarrollo pasa por alto los severos impactos en los medios de vida de los habitantes locales y del ambiente”.
El escenario político
Este es precisamente el debate, en vísperas de que Chaves asuma ahora, no la jefatura de una oficina del BM, sino la presidencia de Costa Rica.
Es razonable pensar que traerá las mismas recetas al país. Si es así (y conociendo los resultados de su aplicación en Indonesia y en el mundo, donde los años del neoliberalismo han llevado las tensiones y las desigualdades a niveles nunca vistos), también es razonable que sectores importantes de la sociedad se opongan a su aplicación.
Chaves no ganó las elecciones con este proyecto de gobierno. Como sabemos, los programas presentados en las elecciones no solo pecan de vaguedades, sino que son, en gran medida, una formalidad para cumplir con los requisitos electorales.
Pero el futuro gobierno cuenta con amplio apoyo en la asamblea para este tipo de políticas. Con Rodrigo Arias en la presidencia de la asamblea tendría una palanca importante para avanzar sobre la institucionalidad y las empresas públicas que todavía resisten los intentos privatizadores. Una persistente y abusiva campaña sobre abusos del sector público (que deben ser corregidos) ha sido orientada a minar todo apoyo a esa institucionalidad , sin que sectores importantes de la población alcancen a ver el objetivo de esa campaña. Y que los sectores que la adversamos no hemos sido capaces de explicarlo claramente.
Este será el escenario de los próximos cuatro años y la debida discusión de esas políticas es indispensable para que podamos enfrentar los esfuerzos privatizadores que la alianza Arias-Chaves (a la que se sumarán otras fracciones) impulsará en los próximos cuatro años.
En su decisión dada a conocer este 21 de abril (véase texto completo en francés y en inglés), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Colombia cesar todo tipo de interferencia en las zonas que corresponden a Nicaragua en el Mar Caribe desde su decisión del 2012, además de anular las regulaciones que había tomado, de conformidad con el contenido de su sentencia del 19 de noviembre del 2012.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar este procedimiento contencioso incoado por Nicaragua contra Colombia ante la justicia internacional en el mes de noviembre del 2013 y de mencionar algunos detalles pasados por alto por algunos analistas y colegas en Colombia (véase nuestra breve nota titulada: «Nicaragua / Colombia: a propósito de la lectura de la sentencia de la CIJ «).
El contenido de la decisión en breve
Como era previsible, los alegatos de Colombia no surtieron mayores efectos, al tiempo que Nicaragua logra mediante esta sentencia consolidar y reafirmar sus derechos en estas zonas marítimas que le fueron otorgadas desde el 2012 por la CIJ.
Las expectativas (erróneas) creadas en estos últimos tiempos en Colombia deberán ahora ser explicadas por los mismos responsables de crearlas en la opinión pública colombiana. Una situación muy similar observada en Colombia en las semanas que antecedieron la lectura de la sentencia de la CIJ en noviembre del 2012.
De los siete puntos resolutivos, el último sobre las líneas de base recta adoptadas por Nicaragua en el 2013 y en el 2010 permite a Colombia evitar una sentencia que la condenaría en todos los puntos dispositivos de la sentencia.
Se reproduce a continuación la parte dispositiva final (párrafo 261) en la que se lee que la CIJ:
«1. Finds that its jurisdiction, based on Article XXXI of the Pact of Bogotá, to adjudicate upon the dispute regarding the alleged violations by the Republic of Colombia of the Republic of Nicaragua’s rights in the maritime zones which the Court declared in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua, covers the claims based on those events referred to by the Republic of Nicaragua that occurred after 27 November 2013, the date on which the Pact of Bogotá ceased to be in force for the Republic of Colombia;
2. Finds that, by interfering with fishing and marine scientific research activities of Nicaraguan-flagged or Nicaraguan-licensed vessels and with the operations of Nicaraguan naval vessels in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone and by purporting to enforce conservation measures in that zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
3. Finds that, by authorizing fishing activities in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
4. Finds that the Republic of Colombia must immediately cease the conduct referred to in points (2) and (3) above;
5. Finds that the “integral contiguous zone” established by the Republic of Colombia by Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, is not in conformity with customary international law, as set out in paragraphs 170 to 187 above;
6. Finds that the Republic of Colombia must, by means of its own choosing, bring into conformity with customary international law the provisions of Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, in so far as they relate to maritime areas declared by the Court in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua;
7. Finds that the Republic of Nicaragua’s straight baselines established by Decree No. 33-2013 of 19 August 2013, as amended by Decree No. 17-2018 of 10 October 2018, are not in conformity with customary international law«;
…/…
«1. Dit que la compétence qu’elle a, sur le fondement de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations, par la République de Colombie, des droits de la République du Nicaragua dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus à cette dernière dans son arrêt de 2012, couvre les demandes fondées sur les événements mentionnés par la République du Nicaragua survenus après le 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la République de Colombie ;
2. Dit que, en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua et en voulant faire appliquer des mesures de conservation dans cette zone, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime ;
3. Dit que, en autorisant des activités de pêche dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime
4. Dit que la République de Colombie doit immédiatement cesser le comportement visé aux points 2) et 3) ci-dessus
5. Dit que la «zone contiguë unique» établie par la République de Colombie par le décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, n’est pas conforme au droit international coutumier, ainsi qu’exposé aux paragraphes 170 à 187 ci-dessus ;
6. Dit que la République de Colombie doit, par les moyens de son choix, mettre les dispositions du décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, en conformité avec le droit international coutumier, en tant qu’elles ont trait aux espaces maritimes que la Cour a reconnus à la République du Nicaragua dans son arrêt de 2012 ;
7. Dit que les lignes de base droites de la République du Nicaragua établies par le décret no 33-2013 du 19 août 2013, tel que modifié par le décret no 17-2018 du 10 octobre 2018, ne sont pas conformes au droit international coutumier«.
Se recomienda la lectura completa para apreciar mejor el razonamiento seguido por los jueces de la CIJ y entender con mayor detalle la facilidad con la que Nicaragua logró convencerlos de la debilidad de los argumentos presentados por Colombia. Nótese que el único juez titular proveniente de América Latina (Antonio Cancado Trindade, Brasil) no tomó parte a esta decisión, por razones que no se explican en la sentencia. En el primer día de las audiencias orales realizadas en setiembre del 2021 (véase verbatim), se leyó por parte de la jueza que preside la CIJ que «For reasons duly made known to me, Judge Cançado Trindade is unable to sit with us in these oral proceedings, either in person or by video link» (página 12). Tener a un juez titular en la CIJ que no juzga plantea siempre algunas interrogantes muy válidas que tuvimos también la oportunidad de señalar con relación a la reciente ordenanza de la CIJ a Rusia con relación a su accionar en Ucrania, en el pasado mes de marzo del 2022 (Nota 1).
Es de notar que en relación al punto resolutivo 7, Colombia no explicó en qué ello afectaba sus derechos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), un detalle que el juez Mohamed Bennouna (Marruecos) considera era suficiente para que la CIJ desestimara esta pretensión de Colombia; y que ahora, según él, sienta un peligroso precedente para la CIJ en el futuro, al existir en el mundo innumerables decretos unilaterales de líneas de base rectas para delimitar el mar territorial (Nota 2) que no siempre se adecúan a la letra de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto su declaración). Dicho sea de paso, Colombia a la fecha no ha ratificado este importante acuerdo universal (véase estado oficial de firmas ya ratificaciones): en América Latina, además de Colombia, únicamente El Salvador comparte esta situación, así como Venezuela (que tan siquiera lo ha firmado).
Con relación a los supuestos derechos de pesca artesanal de la comunidad raizal defendidos por Colombia ante el juez (pero también ante su opinión pública), el párrafo 231 de la sentencia establece claramente que:
«231. For these reasons, the Court concludes that Colombia has failed to establish that the inhabitants of the San Andrés Archipelago, in particular the Raizales, enjoy artisanal fishing rights in waters now located in Nicaragua’s exclusive economic zone, or that Nicaragua has, through the unilateral statements of its Head of State, accepted or recognized their traditional fishing rights, or legally undertaken to respect them. In view of this conclusion, the Court need not examine the Parties’ arguments in respect of whether or in which circumstances the traditional fishing rights of a particular community can survive the establishment of the exclusive economic zone of another State, or Colombia’s contentions concerning Nicaragua’s alleged infringement of said rights through the conduct of its Naval Force».
…/…
«231. Pour ces motifs, la Cour conclut que la Colombie n’a pas établi que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou que le Nicaragua a, par les déclarations unilatérales de son président, accepté ou reconnu l’existence de leurs droits de pêche traditionnels, ou pris l’engagement juridique de respecter de tels droits. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin pour elle d’examiner les arguments des Parties quant au point de savoir si et dans quelles circonstances les droits de pêche traditionnels d’une communauté donnée peuvent survivre à la création de la zone économique exclusive d’un autre Etat, non plus que les violations desdits droits que le Nicaragua, selon la Colombie, aurait commises du fait du comportement de ses forces navales«.
Algunas perspectivas después de esta sentencia
Como lo enseña la práctica luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, los jefes de Estado de ambos Estados podrían empezar a explorar algún tipo de acercamiento, fallo en mano, en aras de reconstruir paulatinamente sus deterioradas relaciones bilaterales. Durante varios años desde La Haya sus asesores políticos y legales construyeron una estrategia de confrontación en sentido inversa, ideando pretensiones en algunos casos claramente abusivas ante el juez internacional, referidas ante su respectiva opinión pública para convencerlas de su defensa intachable de los intereses nacionales: todo ello entra a formar parte del pasado, de alguna manera se desvaneció con la lectura de una sentencia en La Haya que dio razón a un Estado en algunas cosas, y al otro en otras, desestimando parte de las petitorias de uno y de otro.
El retomar el diálogo al más alto nivel constituye un espacio político natural que deriva de la lectura de un fallo de la CIJ entre dos Estados (con la notoria excepción de Costa Rica y Nicaragua). Ello en aras de ir normalizando gradualmente sus deterioradas relaciones después de varios años de justas legales en La Haya: como todo espacio político, está sujeto a los vaivenes de la vida política; y sobre todo, a la capacidad de ambos contendores de aprovechar la ocasión que brinda el juez internacional a dos Estados que han litigado ante él (o de desaprovecharla).
Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de esta nota de prensa de Infobae titulada «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ«, edición del 1/12/2012.
Al respecto, cabe recordar que poco tiempo después de la lectura de la sentencia del 19 de noviembre del 2012, tuvieron la oportunidad de reunirse, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Luego Colombia optó por alzar el tono y sus autoridades dieron al mundo un espectáculo raramente observado: el de un Estado profundamente insatisfecho con una decisión de la CIJ adoptando una gestual inédita. Pocas semanas después de dictaminada la sentencia en noviembre del 2012, Colombia optó por denunciar el Pacto de Bogotá adoptado en 1948 (véase comunicado oficial): al hacerlo, se convirtió en el primer Estado en el mundo en denunciar un emblemático instrumento internacional que lleva el nombre de… su propia capital.
Como parte de esta gestual tan particular, llegó su máxima autoridad a declarar «inaplicable» el fallo de la CIJ del 2012 en setiembre del 2013 (Nota 3), tensando innecesariamente los ánimos con Nicaragua y llevando las autoridades de Nicaragua a presentar dos nuevas demandas contra Colombia ante el juez internacional.
Al respecto, cabe precisar que aún queda pendiente de resolución la segunda demanda planteada por Nicaragua en el 2013 (véase detalles del procedimiento en este enlace oficial de la CIJ), también relacionada al Mar Caribe. Aún se deben de fijar las fechas para la realización de las audiencias orales entre ambos Estados en La Haya, que constituyen la etapa final del contradictorio en el procedimiento contencioso ante el juez internacional: después de las cuales, se entrará a deliberar antes de dar lectura al fallo final. Es de precisar que el «délibéré» de la CIJ es usualmente de 6 meses pero puede ir hasta 13 meses (fue lo que ocurrió en el caso de la delimitación marítima entre Perú y Chile en el 2014). En el caso de Nicaragua y Costa Rica (primera sentencia del 13 de julio del 2009), la CIJ sorprendió a muchos observadores, con una deliberación de tan solo 4 meses.
No obstante la existencia de esta segunda sentencia pendiente de escucharse, esta situación no debería de servir de pretexto para no iniciar una fase de acercamiento en el plano bilateral. Ambos Estados pueden desde ya sentarse a negociar aspectos diversos a partir de esta sentencia leída este 21 de abril del 2022 aprovechando así el espacio ofrecido por el juez internacional. No está de más recordar que esta larga controversia marítima entre Colombia y Nicaragua inició en 1980.
A modo de conclusión
La lectura de una sentencia de la CIJ siempre debiera ser celebrada, al consolidar la idea que la fuerza del derecho prevalece sobre el derecho de la fuerza en las relaciones entre Estados. Esta aseveración cobra particular relevancia en este 2022, (en particular desde el pasado 24 de febrero), en el que el mundo asiste a un intento por parte de Rusia de hacer prevalecer el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho contra Ucrania, llevándola a un verdadero impasse.
Hay que saludar la perseverancia y la confianza de Nicaragua desde el 2001 en la justicia internacional ante las arremetidas (bastante inusuales) observadas en particular desde noviembre del 2012 por parte de las autoridades colombianas: estas últimas deberían revisar su accionar, sopesar los resultados obtenidos, y adecuarlo a lo que está claramente establecido desde el 2012 por el juez de La Haya.
Ojalá, a partir de la lectura de esta nueva sentencia, que las máximas autoridades de ambos Estados busquen la manera de reconducir sus relaciones hacia aguas menos turbulentas: en efecto, Nicaragua y Colombia llevan 21 años enfrascadas en complejas y costosas (Nota 4) batallas legales en La Haya sobre una controversia que usualmente, dos Estados vecinos en el mar con voluntad para resolverla, pueden perfectamente resolver mediante la negociación de acuerdos bilaterales.
Dicho sea de paso, Costa Rica, Jamaica y Panamá, que tenían tratados bilaterales de delimitación marítima con Colombia en el Mar Caribe (Nota 5) deberían ir pensando en readecuar sus tratados de delimitación a una nueva realidad (desde noviembre del 2012): uno de sus vecinos marítimos en el Mar Caribe también se llama Nicaragua.
En el caso de Costa Rica, se consideró más oportuno pedir a la CIJ determinar la frontera entre ambos (Costa Rica y Nicaragua) en los dos océanos, lo cual fue zanjado por el juez internacional en febrero del 2018.
– -Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Ucrania-Rusia: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena medidas provisionales a Rusia«, DIPúblico, edición del 16/03/2022, disponible aquí.
Nota 2: Véase, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 18851-RE adoptado por Costa Rica en 1988 sobre líneas de base rectas en el Pacífico, objeto de una nota formal de protesta de Estados Unidos en 1989, al no adecuarse – en lo más mínimo – a lo establecido en la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar (disponibles ambos textos en este Número de Limits in the Seas, publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos).
Nota 3: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer «non-applicable» l´arrêt de la CIJ: breves réflexions«, Université Laval (Canada), documento disponible aquí, así como en el sitio jurídico especializado en derecho internacional en Francia denominado Sentinelle (véase enlace).
Nota 4: Por lo general, el costo exacto de una demanda en La Haya, sea para el Estado demandante, o el demandado, constituye una zona gris sobre las que los Estados mantienen cierta imprecisión. Una prensa un poco más aguerrida y curiosa que la nicaragüense (o la costarricense, o la hondureña) como la prensa colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En América Latina, algunos datos han circulado en medios de prensa de manera esporádica: no obstante, sorprende el hecho que ni medios de prensa, ni órganos encargados del erario público, ni analistas, ni partidos de oposición hayan externado curiosidad sobre este preciso tema. Es así como en Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando la fuerte resistencia del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositarle a Ecuador en el 2013 la coqueta suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). El monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 interpuesta por Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar que debería poderse afinar y completar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso que concluyó en el 2015, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com); o bien, algún otro informe oficial detallado que tengan en su poder relacionado a otro Estado que haya litigado en La Haya. Con relación a Costa Rica, se desconoce el monto gastado por el Estado costarricense para sufragar los gastos de defensa de las demandas presentadas contra Nicaragua en el 2005, 2010, 2014 y 2017, así como para enfrentar la demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011 por la denominada «trocha fronteriza«. La incapacidad demostrada por Costa Rica para negociar el monto por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en Isla Portillos que la CIJ plasmó en su sentencia de diciembre del 2015 (véase texto), invitando a ambos Estados a ponerse de acuerdo sobre el monto (párrafo 142), requirió una segunda etapa procesal que finalizó en febrero del 2018 con una sentencia de la CIJ (véase texto), fijando un monto 15 veces menor al solicitado por Costa Rica (378.000 US$ contra los 6,7 millones de US$ solicitados): remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota que redactamos sobre esta sentencia del 2018, titulada «Costa Rica- Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ» publicada en HablandoClaro.
Nota 5: En el caso de Costa Rica, se consideró más oportuno pedir a la CIJ determinar la frontera marítima entre ambos (Costa Rica y Nicaragua) en los dos océanos en el 2014, lo cual fue zanjado por el juez internacional en febrero del 2018 (véase sentencia).
Nota 6: El mapa inicial en este enlace permite entender mejor algunas cosas que han cambiado desde el 2012. En el caso de Panamá, se trata de un tratado suscrito con Colombia en 1976 (véase texto y mapa disponibles en este número de Limits in the Seas). En el caso de Costa Rica, se trata de un tratado similar de 1977 que no se ratificó nunca por parte de Costa Rica (véase texto y mapa disponible en este otro número de Limits in the Seas): ambos tratados negociados por Colombia se firmaron antes de existir la noción de Zona Económica Exclausiva consagrada como tal en la Convención sobre Derecho del Mar de 1982. En el caso de Jamaica, el tratado suscrito con Colombia es de 1993 (véase texto) y mapas (véase mapas y el texto en el anexo 2 – pp.12-15 de este número de Limits in the Seas).
(*) Esta nota fue elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La United Fruit Company firmó contratos con el Estado que luego de ser aprobados por el Congreso o la Asamblea Legislativa se convertían en ley. Fueron los llamados contrato-ley. Evidentemente esos contratos daban privilegios más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico y sobre todo no podían ser revisados o corregidos si no era por una nueva ley, un nuevo acuerdo legislativo.
En ese mimo sentido se firmó el contrato con ALCOA en 1970 que al aprobarse el 24 de diciembre se convirtió el contrato en ley de la República.
Esos convenios y otros se forjaron con el objetivo de desarrollar zonas alejadas del Centro, abandonadas por los gobiernos, pobres y sin esperanza. Para el desarrollo de esos lugares se crearon las zonas bananeras en la década del 30 en el Atlántico y luego en el Sur del país. La misma justificación se utilizó para “llevar progreso” al Valle de El General con ALCOA.
Casi un siglo después y luego de llenar de privilegios a esas compañías que llevarían el progreso y la bonanza a esos lugares, los cantones y distritos más pobres de CR se ubican en las zonas costeras y las fronterizas.
Después de ALCOA se prohibieron los contratos-ley por considerarlos demasiado onerosos, que antentaban incluso contra la soberanía nacional. Su prohibición, para mayor fortaleza, se asentó en la Constitución Política.
Costa Rica ya no puede tener contratos-ley.
Sin embargo, ahora han ideado un nuevo mecanismo que se asemeja mucho ya que por el contenido se asemejan a los contratos ley.
La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar una ley donde se encuentren todos los privilegios posibles para otorgar a las empresas sin que se mencionen o concreten los nombres del contratante. Es más sencillo, pero el propósito es el mismo, ya que no se podrán corregir o cambiar los términos de fondo del contrato con una determinada empresa a menos que se reforme la ley.
Está por aprobarse hoy un proyecto de ley cuyo fin es “llevar el Progreso” a las zonas de los litorales, rurales y fronterizas más pobres y atrasadas. La forma o mecanismo es la creación de más zonas francas pero no solo con los mismos privilegios de las actuales, sino aumentándolas considerablemente.
Según ha informado la prensa, básicamente CRHoy, el proyecto de ley persigue ampliar los beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros), y parques sostenibles de aventura. Se les dan beneficios tales no pagar totalmente algunas cargas sociales como las de FODESAF, INA y otras, así como las acostumbradas exenciones fiscales (no pagar impuestos de renta, municipales y otros). Además, la Aresep deberá dar tarifas preferenciales en electricidad y agua.
A las empresas interesadas en instalarse fuera de la GAM se les otorgaría facilidad de trámites y exenciones fiscales, con el propósito de estimular el desarrollo de sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios.
Por propuesta de los diputados Villalta, Carranza y Paola Vega, se logró aminorar algunos de estos privilegios como reducir la exención del pago a Fodesaf o que las que se acojan al régimen, sean solo empresas nuevas para impedir una romería empresarial hacia las zonas francas.
Debe quedar claro que lo que aprobarán los diputados es un régimen de privilegio con el fin, supuestamente, de mitigar la pobreza en zonas rurales y costeras. Es un privilegio que todos los costarricenses damos a las empresas a cambio, también supuestamente, de más empleo y reducción de la pobreza. Pero privilegios al fin y al cabo que todos pagaremos.
Lo único que esperamos es que no nos pase lo mismo que con las zonas bananeras, con estos nuevos y modernos contratos-ley: que al cabo de varias décadas solo tengamos más desamparo y abandono.
Este pasado 8 de marzo se llevó a cabo una vez más la marcha por los derechos de la mujer, este día tan simbólico para los movimientos feministas y cada una de nosotras, que, como niñas, mujeres, madres, amigas, parejas, pero sobre todo PERSONAS, hemos tenido que enfrentar situaciones que violan nuestra integridad; desde comentarios sexistas, agresiones verbales y físicas, acoso por parte de desconocidos en la calle y familiares, hasta violaciones y femicidios. Si usted, quien me lee, es hombre, ¿se ha tomado el tiempo de preguntarle alguna vez a una mujer cercana si ha sido acosada? o ¿si se ha sentido incómoda por elegir cierto tipo de ropa porque “no quiero que me digan cosas en la calle”? ¿ha vivido seguido o casi todos los días usted alguna de estas dos situaciones?… puedo casi jurar por lo que creo, que, si se atreve a hacerle esta pregunta a cualquier mujer, no va a tener una respuesta de indiferencia al sentimiento de frustración que es vivirlo todos los días.
Es por eso que marchamos, Costa Rica se encuentra en el 8vo puesto con la mayor tasa de violaciones a nivel mundial, ¡el lugar número 8 de 194 países reconocidos por la ONU! siendo nosotras la mayoría de la población, ¿siente usted que se le da la suficiente importancia que deberíamos darle para resolverlo? porque yo y todas podemos asegurar que no.
Eran tan solo las 2pm del 8 de marzo cuando los primeros movimientos de mujeres se hicieron presentes, bajo un sol picante, pero la marcha no empezó sino hasta las 5pm acompañado de ese característico viento veraniego de marzo, camino del Parque Central de San José y hasta la Asamblea Legislativa se escuchaban canticos de hermandad. Mujeres con camisas cubriendo su rostro, carteles con escritos verdaderamente chocantes de leer: “Te prefiero violenta que violada y muerta” y pues como no, si es el único día del año en donde nuestras voces por fin son escuchadas por el mundo gracias a los medios, ya sea de buena o mala forma, somos escuchadas.
Una vez la gran mayoría de nosotras nos encontrábamos frente a la asamblea, una tarima con un par de instrumentos y micrófonos se asomaban entre la multitud, pues minutos más tarde empezarían a cantar artistas nacionales como muestra de apoyo. Entre amigas cantamos lo que nos sabíamos, bailábamos y disfrutábamos de aquel espectáculo.
Luego de acabado el concierto, captó mi atención el montón de policías cuidando la entrada de la asamblea, y más filas y filas de policías alrededor, algo que en lo que a mí respecta, no suele ser común… vaya prioridades se tienen estos defensores de los ciudadanos…
Un grupo feminista cuyo nombre no recuerdo, empezó a hacer un performance, chicas en fila encendieron una hoguera alimentada con papeles y carteles, cada una llevaba una antorcha en su mano y la fue prendiendo mientras se acomodaban en la entrada principal de la asamblea en medio de frases que gritaban en multitud: “Estado cómplice” «Justicia», «Ni una menos»… a lo que por supuesto, la Fuerza Pública reaccionó, haciendo que… ¡claro! es el día de la mujer, por su puesto se van a unir al show y van a poner a las mujeres al frente, pero siendo honesta no me queda claro del por qué… ¿temían que las chicas de las antorchas se saltaran las vallas e hicieran un desastre adentro?… mientras observaba, en mi mente rondaba la idea de que era algún tipo de manipulación para crear empatía y alivianar tención, en otras palabras, las usaron de escudo, pero, quiero pensar que es porque a pesar de que cumplen las mismas labores que ellos, reciben un 12% menos de salario anual y fue alguna forma de darles su lugar en su día.
Los canticos y bailes continuaron un par de horas hasta que poco a poco la gente fue mermando, ya eran las 9 casi 10 pm y no quedaban más que algunas personas nada comparables con el tumulto de hace una hora y el montón de policías decididos a proteger lo improtegible.
Esta fue la primera vez que asistía a la marcha, mi motivo no era ajeno, como se lo podrán imaginar, era más que personal, me sentí acompañada y empoderada, me sentí empática ante los testimonios de otras, pero también sentí rabia, rabia porque después lo único que vería en las noticias serían reportajes de las cosas que menos importan de la marcha, cosas que sí se solucionan de un día para otro, en cambio no le dan voz a las que necesitamos nosotras para acabar con todos estos problemas que nos hacen sentir mal todos los días, problemas que nos trauman e interfieren con nuestra forma de interactuar con el mundo, a nivel profesional, sentimental, psicológico y personal con nosotras mismas.
Finalmente, cansada, en el auto de regreso a casa, con la experiencia de haber vivido uno de los momentos más desafiantes emocionalmente, me quedé con la seguridad de que esta era la primera de muchas luchas que voy a enfrentar en mi vida como mujer, porque al parecer al contrario de lo que dicen las teorías, los derechos no es algo que obtenga por nacer.
Cuando ya los diputados están a punto de terminar sus labores de cuatro años, es decir, antes del 30 de abril, aparecen las ocurrencias y goles de media cancha. Muchos de esos ni siquiera son propios de los representantes, sino de vivazos que los usan para introducir perversas ocurrencias dentro de proyectos que no tienen nada que ver con el respectivo tema, pero que esperan que nadie se percate sino hasta que se hayan convertido en ley.
El ejemplo del Expediente Legislativo No. 22.428 es evidente y manifiesto. Con la excusa de cumplir con las reglas de la OCDE, que han servido para un fregado y para un cocido, introducen reformas al Código Penal, Procesal Penal, Ley del Ministerio Público, Ley de Estupefacientes y otros productos similares, todo dentro del ya famoso antigarantismo que cunde en el país.
Se reforma el Código Penal en el delito de coacción, para introducir tipos penales con penas altas en casos de que alguien compela a no denunciar un hecho delictivo, siendo que ya la figura encuadraría en la tipicidad existente . . . ¿qué será lo que se pretende con eso?
Se reforma la Ley de Extradición, para regular los casos de jurisdicción universal, sin discusión ni debate en un tema de altísima importancia.
¡Increíble!!! Se reforma la ley de intervenciones telefónicas, para ampliar a casi todo el Código Penal lo que nació como una excepción y se incluyen todos los delitos de probidad . . . y hasta la famosa entelequia del fraude de ley en la función administrativa. Se acabó la privacidad de las comunicaciones!!!
El golazo de media cancha: quieren modificar la ley de estupefacientes, para poder sancionar no solo a aquellos que presuntamente legitimen capitales cuando sepan que se originan en una actividad delictiva, sino también cuando «lo asuman como posible» . . . es decir, ya se cruza la barrera del dolo y penetran en la culpa consciente . . . es impresionante como pretenden legislar a hurtadillas y en la oscuridad de la noche . . . y acá la responsabilidad es de quienes redactan semejantes estupideces antigarantistas y con total desprecio al Derecho.
También proponen que se aplique la pena del lavado de dinero a «quien se coloque en una posición de no saber sobre el origen ilícito» . . . ocurrentes y bárbaros, que destruyen el Derecho sin ni siquiera eructar . . . además, agregan elementos para facilitar condenas a granel, propios de un talante dictatorial y autoritario . . .
Se introducen normas para fortalecer a la UIF del Instituto sobre Drogas, de tal manera que hasta los delitos de probidad quedan incluidos en su accionar.
Todo el proyecto es una colección antigarantista, ocurrente, autoritario, dictatorial y absurdo. Pero lo peor es que lo quieran pasar a hurtadillas, a escondidas y sin respeto para nadie.
Por eso agradezco a algunos diputados que me lo enviaron, a sabiendas que mis observaciones serían de TOTAL REPUDIO a semejante bodrio.
Otros posiblemente lo esconden, porque sienten vergüenza siquiera de informar acerca de esta entelequia. Aprovechemos que apenas sale de la Comisión al plenario, para evitar la sinvergüenzada de que se apruebe esta memez.
Tomado de la página del Lic. José Miguel Villalobos Umaña.
Las rutas comerciales eran caminos para transportar diversos tipos de mercancías. Un ejemplo de ruta comercial fue la Ruta de la Seda, nacida en el siglo I ANE. Unía Oriente con Occidente, Asia con Europa. Tal y como su nombre indica, el material transportado en esa ruta era la seda, aunque también se incluía el transporte de metales y piedras preciosas, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, especias, coral, entre otros productos.
La ruta comercial América-España fue muy posterior a la Ruta de la Seda. Tomó forma después de la llegada de Cristóbal Colón a América y tuvo como principal actividad trasladar a España grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas. Centrada en los puertos de Cádiz, La Habana, Veracruz, Cartagena y Porto Bello, la ruta comercial América-España, ruta en buena parte nutrida con las riquezas de América, supuso una de las primeras grandes acumulaciones de capital en pocas manos y un momento cumbre de la época mercantilista de la economía.
Tras la llegada de Cristóbal Colón a América, además de la ruta comercial América-España, se potenciaron las rutas esclavistas, rutas y prácticas que durante la Edad Media se habían casi eliminado en el mundo cristiano, aunque pervivían en el musulmán.
Las rutas esclavistas optaron por el comercio de esclavos africanos, sufriendo un incremento de la actividad hacia el siglo XVII. Negreros españoles, portugueses, británicos, franceses… nutrieron entonces de esclavos africanos los mercados de Europa y América y se enriquecieron a costa del comercio esclavista.
Desde la captura en África, los esclavos negros se convertían en una vulgar mercancía que enriquecía a los negreros.
Según el historiador británico Eric Hobsbawm, la cifra de esclavos africanos transportados a América sería de un millón en el siglo XVI, tres millones en el XVII y siete millones en el siglo siguiente. Esas cifras dan una idea del beneficio y de la acumulación capitalista que generó el comercio de esclavos africanos.
En las rutas comerciales como la España-América y en las rutas esclavistas, se encuentran las dos primeras grandes acumulaciones de capital. Los dos primeros grandes casos de una enorme acumulación capitalista.
La etapa basada en las rutas comerciales y esclavistas, un auténtico amanecer del capitalismo, duró hasta comienzos del siglo XIX, cuando por vía de la Revolución Industrial pasó a dominar la escena económica el capitalismo industrial.
Extendido por Gran Bretaña, Francia o Alemania, entre otros países, esa forma de capitalismo pudo desarrollarse gracias a la mejora tecnológica y a la explotación de los obreros. Las condiciones de trabajo inhumanas que caracterizaron el capitalismo industrial provocaron el surgimiento de numerosos críticos del capitalismo.
Poco a poco, tal como se adentró el siglo XX, el capitalismo industrial incrementó, además, la tendencia hacia la concentración, pasando de los clanes familiares a los holdings, y buscó aún con más fuerza la rentabilidad y la acumulación capitalista.
El paradigma de la situación descrita fue Estados Unidos, país que se convirtió durante el siglo XX en el gran gendarme del Capital. Los presidentes de los Estados Unidos gobernaron a caballo de los citados holdings, adaptando tanto sus políticas nacionales como internacionales a los intereses de los mismos.
Avram Noam Chomsky, reconocido lingüista y activista estadounidense, en una entrevista de 2020 concedida a Amy Goodman de Democracy News!, comentó acertadamente al respecto: “Estados Unidos está dirigido por el sector empresarial para sus propios beneficios… El país, básicamente, durante mucho tiempo, ha sido un estado de partido único: el partido empresarial”.
Los primeros años del siglo XXI trajeron la globalización, con la cual el Capital y sus holdings se extendieron e impusieron a nivel global, pudiendo aumentar aún más la acumulación capitalista alcanzada en el siglo anterior.
La globalización permitió al Capital y los holdings reducir gastos a base de deslocalizar empresas y pagar míseros sueldos a los obreros o trabajadores y mejorar beneficios por ese menor gasto y por ampliar los mercados.
Según reconoció el periodista Will Hutton, en sus conversaciones con el sociólogo Anthony Giddens (En el límite: la vida en el capitalismo global. Tusquets Editores, 2001), “el capitalismo global se está volviendo más duro y feroz. En un mundo globalizado se considera correcto y adecuado que los ganadores amasen una enorme fortuna, mientras que los perdedores viven en la miseria. Puesto que el sistema económico mundial está basado en los beneficios, la desigualdad es algo normal, natural y deseable. El 70% de la actividad económica mundial es mera especulación y en los búnkeres donde se amasan enormes fortunas no se produce nada”.
Nada excepto riqueza para los privilegiados, cabría añadir.
La acumulación capitalista ha estado presente a lo largo de los últimos siglos en las rutas comerciales y esclavistas, en el capitalismo industrial, en los holdings, en la globalización… Su presencia ha sido continua en la historia del capitalismo, porque la esencia de éste está ligada a la misma. Sin acumulación capitalista, no hay capitalismo. Es más, se podría afirmar que sin acumulación el capitalismo no tiene razón de ser.
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central www.utn.ac.cr
1. El Tráfico de influencias: ¿Es una práctica ilegal? ¡SI! ¿En qué consiste? “Consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o conexiones con personas que ejerzan autoridad para obtener favores o tratamiento preferencial; a menudo esto ocurre a cambio de un pago en dinero o especie” ¿Está penado en Costa Rica? ¡SI! La Ley No 8422 del 06 de octubre del 2004, “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, en su numeral 52, crea el delito de tráfico de influencias, sancionado con prisión de 2 a 8 años. El término es opuesto a la Transparencia.
2. En Costa Rica las formas de corrupción han variado desde el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, sobornos, extorsiones, fraudes, y la impunidad. ¿Recuerdan MECO Y HSOLIS?
3. La corrupción política facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal. En Costa Rica, estamos guiados por la corrupción política sin restricciones. ¿Acaso vamos rumbo a la Cleptocracia? Del griego clepto, “robo” y cracia, “poder” = dominio de los ladrones donde todas las acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder ya están corruptos socavando la democracia, el buen gobierno, la legitimidad y los valores democráticos, tales como la confiabilidad y la tolerancia. ¡Se nos está acabando la paciencia! Costa Rica como organismo vivo está enfermo, tiene el pus y su tejido infectado consecuencia de corrupción política.
4. En la Universidad Técnica Nacional no solo debemos apegarnos a la normativa jurídica existente, para evitar caer en la tentación, sino también al Código de deberes éticos y profesionales de los funcionarios de la UTN como también a la Guía básica para ejercer con prohibidad la función pública de la Procuraduría de la Ética. El Código de deberes éticos UTN fue aprobado el 13 de agosto de 2015. Al 2022 solo tiene 6 años de su promulgación. Este es una herramienta de principios éticos que propone una cultura organizacional saludable dentro de un marco de legalidad y respeto. A su vez una educación basada en valores y correcto ejercicio profesional. Un documento vinculante. Este código, establece, que todas las actuaciones que realicen los funcionarios de la UTN deben ser jurídicamente validas y éticamente aceptables. Deseables para la sociedad y la institución, guiados por los principios de responsabilidad, calidad, equidad, respeto y compromiso. Quiere decir que al ser funcionarios públicos debemos cuidar nuestro accionar. No podemos olvidar que cada acción tendrá una consecuencia. En Código de la UTN establece que debemos ejercer nuestras labores de buena fe, respetando los principios de imparcialidad y transparencia, salvaguardando y dando preeminencia al bien común sobre lo particular.
5. Los conflictos de intereses – dice el Código- siempre suponen particular gravedad, especialmente, cuando implican decisiones sobre gestión de recursos, procesos de compras, contratación de personal y de servicios de terceros, entre otros. Por lo cual, en ninguna circunstancia, se debe poner en riesgo ninguno de los patrimonios de la Universidad.
6. En ese sentido, son deberes fundamentales del personal universitario, abstenerse de participar en los asuntos relacionados con la toma de acuerdos que impacten a la institución, mientras tengan algún tipo de interés personal diferente al de su esfera laboral o estén vinculados por relaciones de parentesco o afinidad. Así también, los procesos electorales internos deberán gestionarse con solvencia ética y jurídica, de conformidad con la regulación vigente del Tribunal Electoral interno y en pleno apego al ordenamiento jurídico costarricense.
7. Por último, un documento no menos importante en nuestra alma mater es la Guía básica para ejercer con prohibidad la función pública, de la Procuraduría de la Ética que textualmente nos expone que: “La probidad en el ejercicio de la función pública exige del servidor no sólo el cumplimiento estricto y riguroso de sus deberes y funciones (legalidad) sino, además, la convicción plena de hacerlo con apego a los principios y valores que demanda la sociedad, el servicio público y la investidura (ética).” El deber de probidad está asociado a la prevención de la corrupción, el incremento de la ética y la transparencia en la función pública. ¿Como buenos ticos diríamos que tiene este tema que ver con nosotros? ¡NOS INVOLUCRA EN MUCHO Y EN TODO! ¡A CADA UNO Y A CADA UNA! Como parte de esta institución de educación superior universitaria – www.utn.ac.cr-, y parte de una democracia, podemos levantar la voz y no permitir violaciones a nuestros derechos ni caer en el juego que es en realidad “fuego” de algunos que, por su posición, malversan sus acciones dejando luego una institución enferma, llena de funcionarios públicos indiferentes a lo que realmente nos involucra a todos y todas. ¡USTED TAMBIEN ES PARTE DE ESTA COMUNIDAD UNIVERSITARIA! ¡En guerra avisada mueren menos soldados!
Cuando uno revisa los mapas y documentos de mediados del siglo XIX, se percata de que en la región de Sarapiquí había apenas seis puntos geográficos de cierta importancia para los viajeros que transitaban por estos lares: La Trinidad, Muelle, Rancho Quemado, La Virgen, Cariblanco y San Miguel; es decir, no existían Puerto Viejo ni Chilamate, hoy insoslayables en la ruta asfaltada que comunica el río Sarapiquí con el Valle Central. Tampoco existía Sardinal, donde esta mañana nos congregamos, en esta loma en la ribera izquierda del río Sarapiquí. Y lo hacemos porque deseamos conmemorar un hecho relevante de la Campaña Nacional de 1856-1857 contra las fuerzas filibusteras del esclavista William Walker.
En efecto, llegado casi un año antes a Nicaragua, para marzo de 1856 y con hábiles artimañas Walker ya había despojado a su coterráneo, el magnate Cornelius Vanderbilt, de la Compañía Accesoria del Tránsito. Con ello disponía por completo de los vapores que navegaban por el río San Juan y, además, tenía en su poder los cuatro sitios estratégicos de la llamada vía del Tránsito: el puerto caribeño de San Juan del Norte, La Trinidad, el Castillo Viejo y el fuerte de San Carlos, a la entrada del lago de Nicaragua. Como parte de su estrategia, había establecido una guarnición militar en La Trinidad, en la desembocadura del río Sarapiquí, la cual estaba al mando del capitán John M. Baldwin.
Pero, ¿qué es lo que conmemoramos en este sitio, si uno nunca celebra una derrota, y menos de parte de los filibusteros invasores?
Ignorante yo de ese documento, un amigo me alertó de la existencia de un artículo periodístico acerca de la batalla de Sardinal, publicado el 21 de junio de 1856 en el periódico o revista Frank Leslie᾽s Illustrated Newspaper. De autor anónimo, ahí dice que Baldwin y su contingente temían ser atacados por el ejército costarricense en cualquier momento, por lo que el 8 y 9 de abril decidieron remontar las aguas del río Sarapiquí, mientras que un grupo avanzaba por su ribera izquierda abriendo una picada o trocha, tan extensa, que para el día 9 llevaban unos 26 kilómetros de recorrido. En la mañana del 10 de abril observaron una columna de humo, proveniente de alguna fogata en la montaña, y se percataron de que ahí acampaban los combatientes costarricenses, por lo que se decidió atacarlos de inmediato.
El autor abunda en los detalles del combate, y narra que, tal fue la eficacia del ataque, que en poco menos de una hora mermó el fuego de los costarricenses, mientras que nuestro batallón «comenzó a retirarse en escuadras y dispersarse entre el charral». Según él, murieron 30 o 40 de los nuestros, en tanto que en el bando filibustero solamente resultó herido el teniente John B. Green y muerto el teniente William Rakestraw. En conclusión, una resonante e impecable victoria filibustera, que:
…debe ser considerada como sin paralelo en los anales de la guerra, y debe reflejar un dorado y perdurable honor sobre el Capitán John M. Baldwin, que la condujo, así como también sobre el Teniente Primero J. B. Green y los hombres que tuvieron la fortuna de involucrarse en ella.
En congruencia con este relato, cuando Walker escribió el libro La guerra en Nicaragua —publicado a inicios de 1860—, anotó que:
…una columna de 250 costarricenses fue enviada al río Sarapiquí para cortar las comunicaciones de Walker por el río San Juan. El capitán Baldwin, oficial acucioso e inteligente, se hallaba en la punta de Hipp [La Trinidad] cuando supo que el enemigo estaba abriendo un camino para salir al río. No esperó su llegada, sino que se fue aguas arriba del Sarapiquí y atacó vigorosamente a los costarricenses que venían abriendo el camino y los rechazó, causándoles muchas bajas y poniéndolos en sumo desorden. En cuanto a él, tuvo un muerto, el teniente Rakestraw, y dos heridos. El enemigo dejó más de veinte muertos en el campo. Este combate del Sarapiquí fue el 10 de abril y los costarricenses en derrota no pararon en su fuga hasta San José.
Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estamos conmemorando hoy aquí, en Sardinal, si fuimos víctimas de una apabullante y humillante derrota? ¿Saben qué? ¡¡¡Estamos celebrando la victoria de nuestros valientes compatriotas, y también el triunfo de la verdad histórica!!!
Financiado con solvencia por algunos poderosos esclavistas sureños, prepotente y altanero, Walker tenía que demostrar que batalla tras batalla conseguía victorias, para así garantizarse el continuo financiamiento de su misión racista y esclavizadora. No debía mostrar ningún signo de debilidad. Por ello, con su hábil pluma —pues era periodista y abogado—, una y otra vez manoseó y retorció a su conveniencia los importantes y determinantes hechos bélicos de Sardinal, Santa Rosa, Rivas y el río San Juan.
De hecho, Walker nunca estuvo en Sardinal, y pareciera que su informante tampoco, pues acota que el campamento de nuestros combatientes estaba en la ribera derecha del río, lo cual es totalmente absurdo; además, en su ignorancia, denomina Moro a Muelle. También indica que nuestro batallón estaba conformado por 200 o 300 hombres —Walker lo calcula en 250 individuos—, lo cual también es falso. Y, finalmente, ambos alteran las cifras de muertos y heridos de ambos bandos, como se verá pronto.
Para desmentirlos, basta con ir al Archivo Nacional y revisar los partes y boletines de guerra, los periódicos de la época y otros documentos alusivos a Sardinal y Sarapiquí, así como consultar libros escritos por historiadores reputados, como Costa Rica y la guerra contra los filibusteros, de don Rafael Obregón Loría y Los soldados de la Campaña Nacional de 1856-1857, del amigo Raúl Arias Sánchez. También se cuenta con dos minuciosas y contundentes listas, intituladas Libro 1° de los que murieron en la Campaña de 1856 y Libro 2° de los que murieron en la segunda Campaña, elaboradas por el cura Francisco Calvo, principal capellán de nuestro ejército.
En realidad, por disposición del presidente Juan Rafael Mora Porras y sus asesores, nuestra tropa estaba conformada por un centenar de hombres. Y esto es así porque no interesaba que fuera un contingente grande, pues la idea no era ir a enfrentarse de manera frontal con los filibusteros, sino tan solo estar vigilantes de que —mientras el grueso de nuestro ejército avanzaba por Guanacaste, rumbo a Nicaragua— no penetraran en el territorio nacional; de hecho, ese día nuestras tropas ya estaban acantonadas en Rivas, donde al día siguiente ocurriría la célebre batalla del 11 de abril. Nuestro batallón estuvo integrado por dos destacamentos de 25 hombres cada uno, que ya estaban establecidos en Muelle y Cariblanco, pues custodiaban nuestra frontera para evitar el contrabando; sus jefes eran los capitanes Pedro Porras Bolandi y Francisco González Brenes, respectivamente. A ellos se sumarían unos 50 alajuelenses, pues eran los que conocían mejor esa zona, e iban comandados por el general Florentino Alfaro Zamora y el teniente coronel Rafael Orozco Rojas.
Los tres grupos de combatientes nuestros confluyeron en Muelle, que se ubicaba a unos 45 kilómetros de La Trinidad, donde estaba la guarnición filibustera. Pero había que actuar con sigilo, por lo que no era conveniente construir botes o balsas para llegar allá, de modo que sus jefes optaron por abrir una picada a lo largo de la ribera izquierda del río Sarapiquí. Laboriosos y tenaces, habían completado unos 20 kilómetros, cuando llegaron a un pequeño estero en la desembocadura del río Sardinal, el cual hoy ya no existe, como consecuencia de la inexorable erosión provocada por el caudaloso río Sarapiquí a lo largo del tiempo.
Fatigados, ahí se alimentaban y descansaban ellos de sus extenuantes faenas, cuando cerca de las ocho de la mañana del 10 de abril fueron sorprendidos por algunos filibusteros, «parte por tierra y parte en cuatro embarcaciones grandes y dos pequeñas, que contaba en todo con una fuerza de más de cien hombres», según un parte del oficial Orozco, quien debió relevar al general Alfaro, seriamente herido en la parte superior del brazo derecho, durante la batalla que sobrevendría. Al parecer, los filibusteros que se aproximaban por tierra habían desembarcado poco antes para, como complemento de los que venían en los navíos, atacar a fuego cruzado a los costarricenses, pues es muy poco probable que la picada de los nuestros coincidiera exactamente con la que supuestamente venían abriendo sus enemigos.
La estrategia de fuego cruzado fracasó, gracias a las valiosas y determinantes acciones de nuestros combatientes. En cuanto a la batalla, es cierto que duró menos de una hora, pero el saldo fue muy diferente del relatado por Walker y su informante.
En efecto, en nuestras filas no murieron los 30 o 40 hombres que ellos consignan, sino apenas tres: Salvador Alvarado, Salvador Sibaja y Joaquín Solís, desaparecidos los dos últimos. A ellos se sumaron tan solo siete heridos: Manuel Arias, Manuel María Rojas, Manuel Cabezas, Manuel Morera, Joaquín Arley, Desiderio Quesada y el general Alfaro; todos eran alajuelenses, excepto Cabezas y Arley, de San José y Cartago, respectivamente. Por su parte, según nuestro periódico Boletín Oficial, en las filas filibusteras se constató que cuatro individuos murieron en tierra y muchos otros en el agua, incluyendo unos 25 que estaban en una piragua que se hundió.
Pero, al margen de la exactitud de estas cifras de uno y otro bando, lo más importante es que los filibusteros no pudieron abatir a nuestra tropa y debieron recular hacia La Trinidad, mientras nuestros combatientes se desplazaron hacia Muelle, para que el médico Lucas Alvarado Quesada auxiliara a los heridos. En las semanas subsiguientes nuestras fuerzas permanecieron en Cariblanco, vigilantes ante cualquier contraofensiva filibustera, que nunca ocurriría. Por tanto, no es cierto que los costarricenses huyeran hasta San José, como lo expresara Walker con fines claramente publicitarios. Eso sí lo habían hecho 250 cobardes filibusteros tres semanas antes, rumbo a la frontera de Nicaragua, cuando nuestras tropas los habían derrotado en la hacienda Santa Rosa, en Guanacaste.
Expulsados de Santa Rosa el 20 de marzo anterior, con la batalla de Sardinal se les sacó del territorio nacional por segunda vez. Y ocho meses después, el 22 de diciembre, se les desalojaría por tercera vez, en la memorable batalla de La Trinidad —en la desembocadura de este hermoso río—, la cual marcaría el principio del fin de Walker, hasta su rendición en Rivas, el 1 de mayo de 1857.
Eso, todo eso es lo que celebramos hoy aquí, 166 años después de aquella batalla, pues todos los inenarrables esfuerzos, sacrificios y luchas de nuestros combatientes convergerían en la derrota del filibusterismo, con lo cual desapareció la amenaza de la esclavitud, se afianzó entre nosotros la libertad, y se salvaguardó la soberanía nacional para siempre.
Por eso, al evocarlos hoy desde este sitio tan emblemático, con el corazón vibrante de emoción, una vez más les decimos: ¡Muchas gracias! ¡¡¡Infinitas gracias!!!
COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (25) Tercera época Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Esas gentes anglosajonas que se propagaron por todo el planeta como una plaga, a las que el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (El Proceso Civilizatorio) llamó “pueblos trasplantados”, han resultado ser lo más peligroso incluso para la supervivencia de la humanidad: su afición por las guerras, las limpiezas étnicas y los genocidios, más o menos encubiertos, así lo evidencian. Entre ellos destacan los estadounidenses o autodenominados “americanos” con su actitud excluyente hacia cualquier otro pueblo o nación que no pueda mirarse en su propio espejo de pueblo elegido de Dios, en primer lugar como aquellos colonos que se independizaron de su majestad británica para expandirse sobre los territorios vecinos como resultado del New Covenant, pero sobre todo estamos hablando aquí de los canadienses, los australianos y neozelandeses, unos “colonizadores” que despojaron de sus tierras a diferentes pueblos originarios cometiendo verdaderos genocidios y etnocidios como parte de su tarea “civilizadora”. Su racismo y su etnocentrismo los llevó a exterminar en menos de un siglo a la totalidad de los nativos de la Isla de Tasmania, la más austral del conglomerado territorial australiano, en el que de manera simultánea, ejecutaron la reducción a su mínima expresión a los aborígenes australianos, a los que despojaron de sus hijos por considerarlos menos que seres humanos, a lo largo de muchas décadas, durante las cuales los convirtieron en parias desarraigados, y los hicieron objeto de la explotación doméstica y aculturación más brutales, un hecho que ocurrió entre los años 1910 y 1970. Tal y como se nos muestra en la película australiana de hace unos veinte años intitulada RABBIT PROFF FENCE, en la que se nos muestra la odisea y la tragedia de dos niñas australianas arrancadas a su madre, las que se fugaron y caminaron de sur a norte dos mil kilómetros, siguiendo la famosa cerca a prueba de conejos, de tal manera que atravesaron a lo ancho todo el territorio continental casi en línea recta, hasta alcanzar el reencuentro con su madre. Se trata de un relato de una antropóloga, nieta de una de las protagonistas de esos hechos, ocurridos en 1930.
El admirado Canadá, todavía súbdito de su majestad británica y miembro de la Commonwealth o Comunidad Británica de Naciones, siguió la misma política que los australianos anglosajones, con el involucramiento de los francocanadienses católicos en contra de los pueblos originarios amerindios e inuits o esquimales, quienes sufrieron no sólo el despojo de sus hijos con la complicidad y participación activas de la Iglesia Católica en esos actos criminales: se han encontrado cientos de cadáveres en los orfanatorios o presuntas escuelas, lo que ha provocado la indignación y la justa protesta de los pueblos originarios.
Tal y como lo denunció Pierre Beaucage de la Universidad de Montreal: “En mayo de 2021, el descubrimiento de un cementerio clandestino, con cientos de tumbas anónimas, en los terrenos de un antiguo internado indígena en Columbia Británica, fue un choque para la opinión pública canadiense. Hubo que reexaminar unas páginas negras de la historia del país: entre 1880 y 1996, unos 150 mil niños indígenas fueron sacados de sus familias y comunidades y colocados en internados bajo la autoridad de la Iglesia católica (70%) o de Iglesias protestantes (30%). El objetivo explícito era borrar toda huella de sus idiomas y de sus culturas para que se asimilaran a la cultura canadiense. Esta política tuvo resultados desastrosos tanto a nivel psicosocial como físico. Miles murieron de mala alimentación y por falta de atención médica adecuada. Además, un gran número fueron víctimas de sacerdotes pedófilos. El silencio sobre este drama fue roto por la Comisión Real sobre los Pueblos Indígenas (CRPA) cuyas audiencias duraron de 1991 hasta 1996. El gobierno federal canadiense fue condenado por los tribunales a pagar importantes indemnizaciones, que nunca compensarán por los daños causados a generaciones de niños y a los pueblos indígenas de Canadá. Estos daños caben dentro de la definición de genocidio adoptada por la ONU.”
En el caso de Nueva Zelanda, si bien los anglosajones fracasaron en el intento de aniquilar a los maoríes descendientes de los polinesios, los que habitaron esas islas durante muchos siglos, a pesar de sus reiterados intentos iniciales y la persistente aculturación que no ha cesado nunca, causando el aniquilamiento de la mayor parte de las tradiciones de este pueblo.
Estos mismos anglosajones que formaron parte de esos pueblos trasplantados, en los casos de Australia y del Canadá, de los que nos hablaba Darcy Ribeiro en su mencionada obra, fueron una excelente carne de cañón para los afanes imperiales de la Gran Bretaña durante la primera y la segunda guerra mundiales. Conviene recordar, al respecto, aquella película Gallipoli, una playa rocosa en la Turquía europea del entonces Imperio Otomano, en la que dejaron sus sueños y sus vidas muchos jóvenes australianos respondiendo al llamado guerrero de su majestad británica. En estos tiempos en que vemos a los gobernantes de la Casa Blanca de Washington impulsando guerras, limpiezas étnicas y toda clase de odios, siempre cercando a otros países con bases militares y armas de destrucción masiva, en cualquier latitud del planeta, conviene reflexionar sobre la patológica naturaleza belicista de estas gentes, la que nos tiene al borde la Tercera Guerra Mundial.
Eran los tiempos cuando Putin era recibido y hablaba ante el Parlamento alemán y hacía citas de Kant en un perfecto alemán y Merkel hablaba en Moscú en un perfecto ruso. Ambos coincidían en casi en todo, los gaseoductos, el comercio, menos en la aversión enfermiza de Merkel por los perros.
Putin era importante amigo de casi todos los líderes del mundo, protegido en sus políticas de privatización y explotación de los recursos naturales y fuente indispensable de materias primas de eso que llaman Occidente.
Confiesa el propio Putin que en la última visita del presidente Clinton a Moscú, entre en serio y en broma, le manifestó la posibilidad del ingreso de Rusia a la OTAN. Las relaciones entre Rusia y la OTAN eran cordiales, tenían un convenio entre ellos e incluso se constituyó el Consejo Rusia-OTAN. El asunto podía ir en esa dirección.
Sin embargo, las cosas después comenzaron a empeorar. Putin “descubrió” que había 25 millones de rusos regados por todo lo que había sido el territorio de la URSS y el campo socialista y que había que proteger y defender. Redujo a sangre el propósito de Chechenia, invadió Georgia para proteger a dos territorios y se anexó Crimea como si se trata de dar y quitar jocotes o guayabas. La OTAN por su parte bombardeó Kosovo de manera sangrienta violentando el derecho internacional y sus propios fundamentos.
El resultado de todo fue que las relaciones de Rusia y la OTAN se debilitaron. En ese periodo la OTAN se hizo el doble de grande ya que se adhirieron muchos nuevos países. Debería llamar a la reflexión que de los 30 países que hoy forman parte de ese Tratado, 14 son países exsoviéticos o que fueron parte del llamado campo socialista. ¿Por qué todos ellos corrieron a esconderse en el paraguas de la OTAN y no de Rusia?
Putin cumple 20 años en el poder, está a punto de romper la marca de Stalin. Convirtió a la Iglesia Ortodoxa en el fundamento ideológico de su régimen, persiguió a los homosexuales, prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminó a la oposición política, fortaleció su poder a base de un nacionalismo extremo.
La guerra en Ucrania está en una escalada muy peligrosa, incluso se plantea el uso de armas atómicas con carácter táctico. Los EEUU no tienen el menor interés en una salida negociada; probablemente presionen al gobierno de Ucrania para que no llegue a ningún compromiso. Mientras los muertos sean ucranianos y rusos, los EEUU pretenden alargar el conflicto, sabiendo de antemano que es imposible vencer militarmente a Rusia. Las conversaciones para un arreglo están cada vez más complicadas, a pesar de que ya Ucrania aceptó convertirse en un país neutral, pero no se sabe mediante qué condiciones.
A situaciones complejas, soluciones sencillas: lo propio es que Rusia ingrese a la OTAN.
Si en el pasado Putin lo consideró, tal vez ahora pueda volver sobre la idea. Ello le garantizaría a Rusia que un ataque a su país se tomaría como un ataque a todos los países miembros. Estaría garantizada su seguridad.
En América Latina también podría ampliarse el TIAR con EEUU, para, cuando este y otro país agreda o invada a otro, se tome como una agresión contra todos sus miembros.
Los llamados “sapiens” como que solo sabemos convivir en un contexto de fuerza, principalmente militar. La disuasión entre unos y otros parece solo posible mediante el equilibrio de fuerzas. Quizás la incorporación de Rusia a la OTAN salvaguarde la seguridad para todas las potencias.
Que esa idea es una locura… Probablemente. Pero así está el mundo.
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