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Se debe promover la prohibición de la exportación de aletas de tiburón

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Por Freddy Pacheco León

LAMENTABLEMENTE confunden la situación al interior de Costa Rica, los que se suman irreflexivamente a las bien financiadas campañas en pro de declarar a los tiburones como especies silvestres, para supuestamente acabar con su matanza. Tienen buenas intenciones, pero de ellas está empedrado el camino al infierno.

En nuestro país no es ningún problema la pesca del tiburón para el mercado nacional, porque en Costa Rica se trata de un mercado poco significativo y, además, no se consume sopa de aletas de tiburón. Por tanto, el tiburón se pesca como lo que es, una ESPECIE COMERCIAL, que se consume en los hogares y soditas costarricenses, a veces deliciosamente preparado y muy nutritivo. Es una fuente de proteína usual en los «casados con pescado».

Así, con esa limitada pesca no se pone en peligro ninguna de las 80 especies de rayas, mantarrayas y tiburones presentes en los mares costarricenses, aparte de que es fuente de ingreso para nuestros ya muy sufridos pescadores. Además, como en nuestro país el Incopesca no ofrece licencias específicas para pescar peces cartilaginosos (como sí existen para el atún y existían para los camarones… que ahora mueren de viejos), no se puede afirmar, ¡porque no se pueden tener estadísticas!, que nuestros pescadores artesanales estén «acabando» con una u otra especie.

Entonces, más bien, lo que sí habría de merecer nuestra atención es la cruel práctica del DESALETEO, mediante la cual se pescan esos peces, y luego de cortarles sus aletas, son lanzados al fondo del mar a morir desangrados. DESALETEO que pese a que es ilegal el desembarque de aletas desprendidas de los cuerpos para supuestamente evitarlo, no tiene buenos resultados pues las aletas siguen siendo desembarcadas clandestinamente a lo largo de los 1.200 km del litoral Pacífico. Aletas, que al no ser para consumo interno, SE EXPORTAN a mercados orientales donde se adquieren a precios, si se quiere, caprichosos (a cientos de dólares por kilo) para satisfacer lo que los chinos consideran es una exquisitez en la forma de sopa.

Por eso, es un error pretender eliminar la muy limitada pesca comercial del tiburón a nuestros pescadores, mientras en la práctica, se promueve la EXPORTACIÓN LEGAL DE ALETAS, obtenidas por desaleteo. Entonces amigos, lo que ha de hacerse en Costa Rica, es PROHIBIR esa exportación, algo que una vez anunció la expresidenta Laura Chinchilla y su ministro René Castro, al firmar un muy mal redactado decreto ejecutivo con el que supuestamente se tomaba esa medida. Decreto en el que no solo NO aparece siquiera la palabra «exportación» sino que, paradójicamente, más bien autoriza la IMPORTACIÓN DE ALETAS, para que sean exportadas desde Costa Rica. Como esa situación nacional (el desaleteo) se repite en otros países, por eso, hacia donde tienen que dirigirse los esfuerzos internacionales es hacia prohibir el comercio de aletas en el planeta.

Tiene Costa Rica la oportunidad de emular a islas Bahamas, un buen ejemplo, y prohibir la exportación de aletas. Si lo hacemos (aunque los que se dicen protectores de la fauna marina no parecen interesarse) le estaríamos señalando al mundo un camino a seguir, y le estaríamos dando a los tiburones la protección que merecen.

Imagen: FECON.

Costa Rica: el virus de la desigualdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jaime Ordóñez

¿Por qué la antigua Suiza de Centroamérica se volvió uno de los países más desiguales del mundo?

En su época de oro, en las décadas de 1980 y 1990, Costa Rica estaba rankeado como el país 37 del mundo en justicia y equidad, y como el mejor de América Latina, junto con Uruguay, al lanzarse la medición mundial del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, en 1991.

Hoy se encuentra en la lista de los 10 países más desiguales del planeta (World Bank Report, Taking on Inequality, 2018), compartiendo esta lamentable lista de la inequidad con Sudáfrica, Haití, Honduras, Panamá, Ruanda, Brasil, México, Colombia, Chile. El problema no empezó con la COVID-19, desde luego. Venía de mucho atrás, y la pandemia solo lo agudizó.

¿Adónde se perdió Costa Rica? ¿Por qué la nación que se ufanaba en llamarse a sí misma la Suiza centroamericana «El país más feliz del mundo» llegó a esta lamentable situación? Las siguientes notas buscan explicar la gravedad del problema, las causas (que son varias) y explorar si hay soluciones para corregir esto.

Uno de cada tres costarricenses es pobre en 2021

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para junio de 2020, cuando la COVID-19 apenas empezaba, indicaban que ya la pobreza se había disparado y no era culpa de la pandemia. Del histórico 22% de línea de pobreza que el país tuvo en las últimas décadas, en junio de 2020 ya habíamos llegado a un 30.5%. Para junio de 2020 se habían añadido 321,000 personas, para un total de 1,529,255 personas pobres. Para el cierre del presente año 2021, se proyecta un total 1,850,000 de personas pobres, sumada la pobreza extrema y general.

Al escribir estas líneas, uno de cada tres costarricenses es pobre y la situación se sigue agudizando. Ese 33% de pobreza con el cual llegaremos a fines de 2021 tiene, además, un componente explosivo, que nos recuerda mucho de lo que sucedió recientemente en Chile y Colombia (dos países que comparten la nefasta lista de inequidad del Banco Mundial) y es que la pobreza se acelera mucho más en las zonas urbanas que las rurales.

El aumento de la pobreza fue de + 6.5% en zonas urbanas, vs. 2.8% en zonas rurales, lo cual se explica por el destrozo sistemático de la pequeña empresa y el cierre de pequeños negocios. Las zonas rurales tienen pequeños «colchones de bienestar», pequeños fundos, economía rural, etc., de lo cual carecen las zonas urbanas, dependientes de pequeños negocios, alquileres y economía comercial que ha sido destrozada, además de la covid, por errores de política económica, como se indica abajo.

Pero el problema no termina allí. El crecimiento de la pobreza es grave (como ha sido estudiado en teoría del desarrollo), pero es más grave aun cuando crece también la desigualdad. Y Costa Rica es el ejemplo de lo que no se debe hacer por parte de sus políticos y gobernantes: entregarse a los grupos de presión y poder económico y empobrecer a las clases medias y bajas en el proceso.

La desigualdad: de los más justos a uno de más inequitativos del planeta

Para 1986, Costa Rica era uno de los países más equitativos y justos del hemisferio. Poseía un índice de GINI de 0.34 (el mejor de América junto con Uruguay), no muy lejos de Noruega, que posee un histórico 0.23. Pero el país se destrozó en cosa de pocas décadas. Para diciembre de 2020, el GINI llegó a un 0.52 (con un subregistro de 3 o 4 puntos, por subregistro del quintil superior), lo cual lo ranquea hoy dentro de los 10 países más desiguales del planeta.

La desigualdad empezó a crecer a partir del año 2007 y 2008 (ver los indicadores del Banco Mundial y de nuestro propio INEC) y vino en franco deterioro desde entonces. El problema se agudizó entre 2016 y 2018, y tuvo como disparador la Reforma Fiscal de diciembre de 2018, la cual fue absolutamente regresiva: afectó clases medias y bajas, y sobre todo pequeños y medianos empresarios.

Los factores que agudizaron la desigualdad en Costa Rica son varios, pero se pueden sintetizar así: es un país cuyo mercado económico reparte mal, muy mal, pero que, asombrosamente, su sistema tributario, en lugar de corregir, ayuda a agravar esa desigualdad. Los distintos indicadores de la OCDE, del BID y Banco Mundial parecen coincidir en algo absurdo y paradójico: que en los últimos lustros la sociedad se vuelve más desigual en + 1.5 o + 2, después del pago de impuestos. Esto es absurdo. El sistema tributario debe servir para ayudar a quienes menos tienen, y no al contrario: para hacer más ricos a los que reciben más ingresos.

Una reforma fiscal que se ensañó contra las clases medias y bajas

¿Por qué fue tan regresiva la Reforma Fiscal del 2018? Básicamente, porque se ensañó contra clases medias y clases bajas, incluidas PYMES, lo cual hizo cerrar a decenas de miles de empresas. Veamos brevemente las medidas que incluyó:

Se subió un 5% a cada tramo del impuesto de renta. Los tramos quedaron en 20%, 25% y 30% y ello afectó a todas las personas y empresas que sí pagan impuestos en el país.

Se introdujeron reformas al IVA, ampliando la gama de bienes y servicios, que no afectaron a grupos exonerados, y sí a la mayoría de la población que vio encarecida su vida.

Se introdujeron los impuestos de ganancias de capital del 2.5% al 15%, los cuales tampoco afectaron a grupos exonerados, pues se imputan en las exoneraciones de renta, lo cual ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda.

Se subieron los impuestos municipales y las cargas parafiscales.

Se debilitó el rango de la canasta básica.

Y algo fundamental. Se introdujo el impuesto a alquileres, lo cual hizo que se desalojaran miles de locales (vía IVA para el arrendante y renta para el arrendador).

Simultáneamente, para «grupos exentos» (sectores de zonas francas y otros grupos exentos del pago de impuesto de renta) esta Reforma Fiscal de diciembre de 2018 los dejó intocados, otorgándoles aún más beneficios.

No se tocaron regímenes de exención del impuesto de renta en zonas francas y otros regímenes exonerados.

Se reformó ley del IVA y se exoneró adicionalmente del Impuesto de Valor Agregado a las empresas de zonas francas en todas sus compras internas, generando una distorsión adicional.

Y lo más bochornoso: no solo se preservaron todos estos beneficios, sino, adicionalmente, la Asamblea Legislativa exoneró del pago del impuesto de bienes inmuebles (impuesto territorial) a todo el régimen de zonas francas, generando, además, un grave deterioro en la recaudación municipal.

Es decir, mientras hay una Costa Rica que sí paga impuestos (pequeños y medianos negocios nacionales, asalariados del sector público y privado, personas que tiene su base imponible en una planilla de pago, etc.), existe otra Costa Rica que no paga impuestos sistemáticamente desde hace más de dos décadas. Y la Reforma Fiscal del 2018 no solo los dejó intocados, sino que, además, los exoneró tanto del pago de renta como también de otros tributos como el IVA y el impuesto de bienes inmuebles.

¿Y cómo está exactamente distribuida la riqueza en Costa Rica?

Para junio de 2020, de acuerdo con el mismo INEC, el 20% más rico de la población recibía un 51.9% del ingreso, versus apenas 4.49% del 20% más pobre de las personas. El segundo quintil recibía un 8.56% del segundo y el tercero un 13.49%. Es decir, más de 3,300,000 personas reciben apenas el 20% del ingreso de una población.

Sin embargo, la situación es mucho peor. Según la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y OXFAM, de Londres, en todo América Latina existe un grosero subregistro en el 5% superior del quintil superior de ingresos, es decir el 20% más rico de la sociedad. Dicho en palabras simples, el 20% más rico esconde gran parte de sus ingresos.

En el caso de Costa Rica, el análisis cruzado con CEPAL y OXFAM nos lleva a plantear este escenario para el cierre de 2020, según el cual el subregistro en el quintil superior es de tal magnitud, que la distribución de ingreso real del país sería la siguiente:

Quintil superior (20% más rico), recibe entre el 75% y el 80% del ingreso.
Cuarto quintil: 12% del ingreso.
Tercer quintil: 7.1%.
Segundo quintil: 5.1% del ingreso.
Primer quintil (20% más pobre): recibe apenas el 3% de la riqueza.

Esa proyección es absolutamente coincidente con la evolución de la desigualdad en América Latina. Para el año 2015, el 10% más rico de América Latina y el Caribe poseía el 71% de la riqueza y tributaba solo el 5.4% de su renta (CEPAL, Informe 2015). De acuerdo con Oxfam, Londres (Informe 2020), para fines del año pasado 2020 el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 80.2% de la riqueza y tributa solo el 5% de su renta. Todos los números empatan, pues Costa Rica es hoy no solo uno de los países más desiguales de América Latina, sino el octavo en desigualdad en todo el planeta, según el Banco Mundial.

El costo de la evasión fiscal y las exoneraciones

¿Y cuáles son las causas del agravamiento de la distribución en Costa Rica? Se puede sintetizar de la siguiente manera. El mercado distribuye mal, desde luego, pero la mano del Estado (el sistema tributario) agudiza la desigualdad. En la última década y media se agravaron dos tendencias en América Latina, pero con más fuerza en Costa Rica en virtud de la evasión fiscal y el régimen de exoneraciones.

Evasión fiscal: representa 3,200 millones de dólares anuales (5.2% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, año 2020).

Exoneraciones: representan un 5.7% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, Informe 4 de diciembre, año 2017).

Ese 11% del PIB combinado de no pago de impuestos, por evasión o por exoneraciones, se concentra básicamente en el 5% del quintil superior (lo cual lleva al GINI general de una concentración del 52% en el quintil superior a casi un 75%-80%). Corresponde con el análisis de CEPAL y Oxfam en el índice general de desigual distribución de la riqueza para América Latina.

El resultado es un escenario de grandes ganadores y grandes perdedores. Son las dos caras de la moneda. Por un lado, está una Costa Rica que no goza de exoneraciones y no evade fiscalmente; una Costa Rica a la que las altas cargas tributarias, el alto costo de los precios del país y la pandemia, para rematar, ha puesto en una situación grave. Los números de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) de Costa Rica son los siguientes:

Un proceso acelerado de quiebra y cierre entre 3 y 5 pequeñas empresas por día en los últimos 18 meses.

Una carga tributaria compuesta de entre el 45% y el 55%, incluyendo renta, IVA, contribución CCSS, otras cargas parafiscales nacionales.

Casi 500,000 personas más pobres en 24 meses (quizá 1.8 millones para fin del 2021).

Las PYMES representan a más de 1,500, 000 personas; es decir, más del 80% de los trabajadores del país.

¿Y cuál es la otra cara de la moneda?

Las empresas privilegiadas con zonas francas y regímenes de excepción crecieron un 10% ininterrumpidamente durante los últimos 5 años.

Representa una PEA de 120,000 personas, menos del 10% de la totalidad del país.

Hay aproximadamente 380 empresas, de las cuales el porcentaje mayor no son empresas de pie suelto (no son transnacionales) y muchas de ellas son empresas de capital nacional disfrazado.

¿El cambio vendrá de fuera?

¿Cómo cambiar esta grave situación de un país que reparte mal su riqueza y que —pasmosamente— tiene un sistema tributario que, más bien, agudiza aún más la desigualdad en el ingreso? Curiosamente, parece ser que el cambio vendrá de fuera, del exterior.

El pasado 5 de junio de 2021 los países del G-7 (Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá) anunciaron la imposición de una tasa global del 15% para todas las empresas y corporaciones del planeta, buscando eliminar todos los regímenes de exenciones y paraísos fiscales del mundo. Lo que busca esa reforma, desde luego, es acercar ingresos a las administraciones tributarias de los grandes países industrializados. Pero, de paso, ayudará a la equidad interna de los propios países de América Latina, Asia y otros lugares, donde se tienen tales regímenes de exención y de paraísos fiscales que generan inequidades nocivas, como acaba de demostrarse en Colombia y Chile.

Costa Rica debería dar un paso adelante y no esperar que, del exterior, se imponga la reforma en forma draconiana. Se trata de preservar regímenes o zonas de atracción de inversiones, pero con otros incentivos y requiriendoles solidaridad tributaria, optando por el modelo de Irlanda que, en determinando momento adoptó el single digit: un 9% para las zonas francas por un período de 5 años, después llevándolos al 15% y dejándolos allí, tal y como propone ahora el G-7.

Es urgente hacerlo. Que los que hoy no pagan, paguen impuestos y quizá bajen la recaudación para las clases medias y bajas, las que hoy soportan sobre sus hombros mucho del esfuerzo tributario del país. Otras reformas serán necesarias sobre empleo, reforma del Estado y diferentes áreas, y a eso dedicaré el próximo artículo.

 

Fuente: Pressenza International Press Agency

Celebrar el 4 de julio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¿Qué representa el obelisco del parque de Cartago? ¿Qué se celebra el 4 de julio? ¿Quién es Pablu Presberu? Parecen preguntas ajenas entre sí.

Osvaldo Durán-Castro (Sociólogo Y Profesor ITCR)

El 4 de julio del 2012 el Semanario Universidad publicó un artículo del sociólogo Osvaldo Durán-Castro en el cual formula las siguientes preguntas: «¿Qué representa el obelisco del parque de Cartago? ¿Qué se celebra el 4 de julio? ¿Quién es Pablu Presberu?» Por la vigencia del texto, SURCOS lo reproduce e invita a leerlo y compartirlo:

Si buscamos el significado del obelisco de la “plaza mayor” de Cartago, aparece de primero la respuesta de la “historia oficial”: representa la unión entre los poderes eclesiástico y político; explicación que rima con la condición planetaria exclusiva –a no ser por el propio Vaticano- de Costa Rica como Estado confesional aliado al catolicismo. Tal unión “colonial” mantiene tradiciones y acciones ceñidas en el conservadurismo.

Si preguntamos, supongamos que a gente medianamente informada, qué se celebra el 4 de julio, muchas personas contestarán que “la independencia de América”. Así: “América”, de donde son los “americanos”, distintos a la gente del resto del continente. Algo que abona para hacer realidad el delirio del Presidente William H. Taft de los Estados Unidos, de tener 3 banderas: una en el Polo norte, otra en Canal de Panamá y otra en el Polo sur, para recordarnos que ellos son “moralmente” y por “superioridad racial”, los dueños de este continente.

Y si preguntáramos quién es Pablu Presberu, es casi seguro que muy poca gente daría una respuesta acertada, pues este nombre nunca ha sido expuesto a profundidad, y si lo fue en alguna rápida mención en la primaria o el colegio, es probable que haya sido borrado a falta de “uso” y necesidad. Pareciera que se logró borrar de la memoria colectiva la sangre indígena.

El “ñak”, palabra cabécar que significa encuentro o conjunción, entre las preguntas puede resultar impensable, pero no es así si aceptamos la historia real y la multiculturalidad costarricense. Desgraciadamente nos estancamos en una versión de la vida de herencia colonial, inquisidora y eclesiástica, reforzada por el neocolonialismo moderno. Ambas visiones, antigua y moderna, refuerzan el racismo, la negación de la-os otra-os, y hacen pensar que la gente “no blanca”, ya sea indígena, negra, o simplemente distinta, es salvaje, incivilizada, infiel, hereje, inferior, chola.

El 4 de julio es el aniversario del asesinato de Pablu Presberu. Fue exhibido encima de un caballo por las calles de Cartago, con un pregonero gritando sus crímenes, amarrado a un palo y fusilado con arcabuz. Luego fue decapitado y su cabeza fue “puesta en el alto para que todos la vean en dicho palo”, según reza la sentencia del entonces Gobernador de su madre patria –y la iglesia católica- Lorenzo A. de Granda y Balbín. (Tatiana Lobo Wiehoff, autora de Asalto al paraíso, posee una copia completa de esta sentencia, y también puede verse una transcripción en el libro “Indios, reducciones y el cacao” de León Fernández. 1976. ECR). Esa cabeza clavada en un palo, subida y exhibida en la plaza mayor de Cartago, era para que herejes y rebeldes supieran del poderío de la iglesia católica y de España. Casualmente la cabeza de Lev Traru –Lautaro- el guerrero indígena chileno, también fue clavada y exhibida en una “pica” en 1557, y la de Tupac Amaru igual en 1781 en Ecuador, pero luego de que le arrancaron la lengua e intentaron, sin éxito, descuartizarlo jalándolo con 4 caballos.

Ciertamente “Pablo Presbere y otros aliados suyos, indios bárbaros infieles de las montañas de Talamanca”, según el gobernador, dieron muerte a curas y soldados (unos diez) y quemaron iglesias, para que Arä, nombre real de la región, nunca fuera conquistada. Pero esas muertes son incomparables con el exterminio por esclavitud y asesinato de la población originaria. Esa masacre se mantiene en la memoria indígena, y ha sido recuperada en parte por la historia crítica, y en la mejor obra sobre el tema que es libro Tatiana Lobo Wiehoff.

Hace 302 años Pablu, “Rey de las Lapas”, fue asesinado. Ese crimen nunca ha sido reconocido como tal, sino más bien “suavizado” y hasta negado por la historia oficial. Ahora los territorios y pueblos indígenas siguen enfrentando invasiones: represas como las que el ICE ha querido construir en Pacuare, en Térraba o en el río Duchí. A las represas se suman exploraciones petroleras, mineras y biopiratería, y prácticas productivas y comerciales que explotan a la tierra y a la población originaria. Mientras tanto mucha gente blanca piensa que “no hay” o “casi no hay indios” y que con llevarle a esos “pobrecitos” vacunas, juguetes plásticos en navidad, cuadernos y unas bolsas de fideos, arroz y azúcar, se arregla su “miserable” existencia.

Pero ante ese sino mucha gente indígena está recuperando su cultura y sabiduría y no quiere que se le tenga como miserable y despojada. Cuando se recorre Arä hasta sus cimas en Alto Urén, Coen, Lari, cuando se camina por las calzadas en el sagrado SuLayӧm o en sus ríos, Presberu sobrevuela de muchas formas sensoriales, espirituales y materiales. En territorios Cabécar y Bribri desde Pacuare, Duchí, Telire, Lari y otros ríos, y en los valles y montañas entrecruzadas que se tocan con el atlántico sur, no ha muerto el más indómito indígena y anticolonialista de Costa Rica.

Ojalá este país se permitiera un destello de decoro y vergüenza con su propio origen, para que esa “pica” de exhibir cabezas conocida como “obelisco”, sea derribada (o al menos escondida), para recuperar un poco de dignidad y para que el 4 de julio tenga sentido costarricense. Tal vez ese día las lapas quieran retornar a Cartago.

 

Imagen tomada de la página de la UCR.

Desvío de fondos de los seguros sociales es bien conocido por autoridades de la CCSS y su Junta Directiva – Fue hecho público en informes oficiales de la CCSS – (Parte 5)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MSc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Quienes dedicaron unos minutos para leer lo que he venido escribiendo sobre la seguridad social, seguramente vieron los siguientes cuadros, figuras y notas que aparecen en las páginas 100 a 104 del documento oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) titulado “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017”, que tiene la firma del Sr. Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial de esa institución:

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1Xl9WvgMBBmqYoWVEuXwxzziEhv7a5Loo/view?usp=sharing

Al observar las cuatro imágenes y texto anteriores a muchos lectores les quedará claro el desvío no autorizado de fondos del “seguro social” que se ha venido haciendo en la CCSS y que está llevando a la bancarrota al régimen de pensiones (IVM). Pero si alguien aún no lo ha entendido, se lo vuelvo a explicar. En mi artículo anterior (https://wp.me/p6rfbZ-fjq) comenté que el “seguro social” es la parte de la “seguridad social” que cubre a los trabajadores asalariados y a sus familiares dependientes, tal y como lo establece el artículo 73 de la Constitución Política y el transitorio tercero de su artículo 177, para el cual la CCSS recauda mensualmente un 25.66% sobre los salarios, que aportan en forma tripartita los trabajadores asalariados (9.5%), sus patronos (14.5%) y el Estado (1.66%). Como se observa en el Cuadro 51 anterior, el costo del seguro de salud de los trabajadores asalariados es un 7.11% sobre los salarios -a confesión de parte relevo de pruebas-, por lo que restándole al 25.66% este 7.11% sobra un 18.55%, el cual según el artículo 32 de la Ley del seguro social (N° 17) debería ser trasladado al seguro IVM; si no lo hicieran, estarían violentando los artículos 11 y 73 de la Constitución Política. El artículo 32 de la Ley N° 17 dice textualmente lo siguiente: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo”.

En el Cuadro 49 anterior la CCSS informa -repito, a confesión de parte relevo de pruebas- que los gastos del seguro de salud para el año 2018 serían ₡2,055,797 millones y que los Asalariados consumirían un 41% de dicho gasto (según la figura 43); es decir, el gasto en salud de los Asalariados sería ₡2,055,797 *41% = ₡842,877 millones. En el Cuadro 49 la CCSS informa que los ingresos reglamentarios para 2018 serían ₡2,489,752 millones, de los cuales (según la figura 42), un 71% sería aportado por los Asalariados (junto con sus patronos y el Estado), es decir, aportarían en forma tripartita un monto de ₡2,489,752*71% = ₡1,767,724 millones (es el 15% sobre salarios que la CCSS les cobra). Entonces para cubrir el gasto del seguro de salud de los asalariados (y sus familias), los trabajadores asalariados, sus patronos y el Estado, solo ocupaban contribuir un 47.68% (= ₡842,877 / ₡1,767,724) de lo que la CCSS les cobró de cuotas tripartitas. Dicho de otra forma, en 2018, del 15% sobre los salarios que la CCSS cobró (9.25% a patronos, 5.5% a trabajadores y 0.25% al Estado), solo ocupaba cobrar 15%*47.68% = 7.15%; es decir, el 7.11% del Cuadro 51. El excedente en 2018 sería ₡1,767,724 – ₡842,877 = ₡924,847 millones, o un 7.85% sobre los salarios.

Recordemos que los artículos 42 y 43 de la Ley del Seguro Social (N° 17) dicen lo siguiente: “Artículo 42.- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.” “Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”. ¡Qué maravilla!

En 1943 el actuario Mark Kormes hizo los siguientes cálculos actuariales, para el “seguro social” -salud y pensiones de los trabajadores asalariados- que era lo único que tenía a cargo la CCSS en esa época:

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1ua6kzcTpJJuEy1B8RDLZvik3J_C5ATlp/view?usp=sharing, pag. 34.

Como puede observarse, en 1943, cuando la esperanza de vida al nacer era de solo 47 años (Ver https://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRindicadores/evida.html), por lo cual los costos de IVM eran sumamente bajos ya que muy pocos llegarían a tener pensión de vejez y las de invalidez y muerte se pagarían durante poco tiempo, el actuario calculó para IVM (pensiones) una cuota mayor a la de salud, en ambos casos para los asalariados (seguro social). Ya para las décadas de 1960, 1970 y 1980, las esperanzas de vida crecieron como la espuma hasta los 75 o más años y lo mismo sucedió con las cuotas del “seguro social”; pero al IVM, siendo parte del “seguro social”, lo dejaron abandonado, más flaco y pulguiento que perro de pobre, como dice el dicho popular. Entonces, ¿cómo explican los jerarcas de la CCSS que durante más de 35 años la cuota del seguro de salud de los asalariados fuera el doble de la cuota del seguro de pensiones de los mismos asalariados? ¿Cómo explican que hoy la cuota de pensiones sea dos tercios de la cuota de salud? ¿Cómo explican que la cuota del IVM sea solo poco más de un tercio de la cuota del fondo de pensiones del Poder Judicial, siendo el primero de reparto -forzado por la CCSS- y el segundo de capitalización completa? ¿Cómo explican que la cuota de IVM sea solo el 67% de la cuota del Régimen de Capitalización de Jupema, siendo el primero de reparto forzado y un viejo de 74 años, mientras que el segundo es de capitalización completa y un jovenzuelo de apenas 29 años?

Regresando al excedente del “seguro social” de 2018, pregunto al Sr. Román Macaya Hayes y a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS: ¿Por qué no le trasladaron al IVM en 2018 -y años anteriores y siguientes- el monto de ₡924,847 millones que le sobraría al fondo de reparto creado por la Ley del Seguro Social y el artículo 73 constitucional? Si ustedes creen o consideran que no debían trasladar al IVM esas multimillonarias sumas sobrantes del “seguro social” (de los asalariados, valga la redundancia) les pregunto: ¿Qué ley autorizó a la CCSS para cobrar a los patronos, a sus trabajadores y al Estado costos inexistentes del “seguro social” creado por el artículo 73 de la Constitución Política y la Ley N° 17? ¿Qué ley los autoriza a cobrar un 15% si el costo real es 7.11% según las cifras oficiales de la misma CCSS? (Cuadro 49 anterior) ¿Cuál es el criterio legal de la Dirección Jurídica de la CCSS y su Director el Lic. Gilbert Alfaro Morales?. Lo anterior, considerando que el artículo 1 del Reglamento de esa Dirección dice: “Artículo 1º-De la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal, la representación judicial en defensa de los intereses de la organización, en los términos y condiciones de la legislación aplicable. Otorga el apoyo y la asistencia profesional a la Junta Directiva y las autoridades superiores mediante la emisión de criterios técnico-jurídicos para la toma de decisiones estratégicas y de impacto institucional. Tendrá independencia de criterio en materia legal, en el desempeño de sus funciones, y mantendrá las relaciones de coordinación técnica-funcional con otros abogados de los demás órganos de la Administración”. (Destacados míos). Para cuyo costo y salarios, obviamente se usan las cuotas de los asegurados de la CCSS. ¿La Junta Directiva le habrá solicitado algún criterio legal sobre el desvío de fondos a esa Dirección? ¿Cuál fue el criterio emitido? ¿Lo conoce alguien? ¿A quién le rinde cuentas esa Dirección y la Junta Directiva de la CCSS?  ¿Será que la CCSS produce legislación?  ¿No existe reserva de Ley? ¿Qué hacen los 57 diputados? Mientras esto no se aclare y los asalariados sigan aguantando, seguirán llevando más garrote, les bajarán los beneficios de pensión, les aumentarán las cuotas y las edades de retiro a los 65 años de edad y más adelante a los 70 o a los 75 o más.

No está de más recordar que en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Gilberth Alfaro en el expediente 15-015096-0007-CO (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-718852), Alfaro alegó que las «Normas de Acreditación de la Discapacidad para el Acceso a Programas Selectivos y de Salud» (Decreto Ejecutivo No. 36042-S) eran inconstitucionales pues “lesionan la autonomía de la CCSS, dispuesta en el artículo 73 de la Constitución Política, al imponerle una serie de tareas y funciones que rozan con su autonomía de gobierno y administración de los seguros sociales y le llevan a desviar fondos de la seguridad social” (Destacados míos). La Sala Constitucional le recordó al Sr. Alfaro que “sólo la institución autónoma afectada por la omisión en el trámite legislativo es la que se encuentra legitimada para accionar”. Así mismo, que “el accionante no acreditó que estuviera autorizado por la Junta Directiva de la CCSS para interponer esta acción de inconstitucionalidad, por lo que carece de la necesaria legitimación para interponer esta acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano la acción interpuesta.” No es de mi conocimiento si la Junta Directiva de la CCSS enderezó lo que nació torcido y si tomó alguna acción por tan grave metida de escarpines de su máximo asesor legal. Tampoco conozco si el Sr. Alfaro fue diligente ante la Junta Directiva de la CCSS haciéndole ver que los resultados mostrados en las páginas 100 a 104 de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017”, significaban desvío de fondos de los seguros sociales, lo cual está prohibido por el artículo 73 constitucional y el 1° de la Ley 17, tal y como él lo alegó ante la Sala Constitucional. ¿O sería otra pifia? Ignoro igualmente, si el jefe de actuarios cumplió con su deber de explicar el desvío a su superior y/o a la Junta Directiva, conforme al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Todo lo anterior, en contraste con el artículo 39 de la Ley del seguro social que dice: “Los fondos de reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social son propiedad de cotizantes y beneficiarios”; pero que, en la práctica, es pura fábula, como muchas cosas en Tiquicia, el país más feliz del mundo. Por ejemplo, ¿Cuántos de los 1,500,000 cotizantes de IVM y de sus 310 mil beneficiarios votaron por alguno de los actuales y anteriores miembros de la Junta Directiva de la CCSS?  Sin duda que esa oportunidad, hoy inexistente de elección popular, constituiría un hito en la historia de la seguridad social costarricense, pues sería para elegir a distinguidas personas para que cumplan la importante función de la Junta Directiva de la CCSS: “dirigir la Caja y fiscalizar sus operaciones”, como dicta el inciso b) del artículo 14 de la ley del seguro social N° 17, una actividad que requiere de mucho talento, responsabilidad y conocimiento de los seguros sociales, la seguridad social y su gestión. Obviamente que la Junta Directiva debe estar muy bien asesorada jurídicamente para no meter los escarpines.

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Imagen principal: Semanario Universidad.

Crisis y captura: el descontento social en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

… la captura es «el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) —en favor de sus intereses y en detrimento del interés general… OXFAM

Este documento esboza una propuesta de agendas de trabajo para promover el debate sobre cómo reconfigurar el pacto social por vías institucionales en América Latina y el Caribe, fortaleciendo así los sistemas democráticos de la región y hacer frente a privilegios. Estas cuestiones son esenciales en el contexto actual de pandemia y de crisis políticas. Cruzando datos estadísticos y con los estudios de caso de financiación de partidos (Perú), desarrollo turístico (República Dominicana), telecomunicaciones (Argentina) y acceso al agua (El Salvador), este documento establece la relación entre la captura de políticas públicas, desigualdad y desafección con la democracia. Los casos demuestran cómo el lobby, las puertas giratorias y las campañas mediáticas son los principales mecanismos con los que las élites ejercen influencia abusiva para alejar del interés general decisiones políticas cruciales.

INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. JULIO 2021

Introducción

En América Latina y el Caribe (ALC), el estrecho vínculo que existe entre desigualdad, poder y dinero es central para entender cómo países con tanta riqueza generan a la vez pobreza y privilegios. El resultado es una elevada desigualdad que deslegitima el sistema democrático al permitir que aquellos que más poder tienen ejerzan una mayor influencia política. En una región donde el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza es fácil apreciar la relación entre captura política y desigualdad.

Este documento sostiene que la captura es el mecanismo por el que se crean y perpetúan la desigualdad y los privilegios, además de una de las causas principales detrás del descontento social, la desafección democrática y las protestas que se suceden en casi todos los países de ALC. La captura es, a su vez, un síntoma de la debilidad de los estados. Para demostrarlo, se analiza la extensión del fenómeno de captura política en ALC y su impacto en la democracia y la desigualdad a partir de unos casos concretos de captura en los que diferentes políticas públicas han respondido más a los intereses de una élite que al interés general.

Se trata de casos anteriores a la pandemia que siguen siendo de gran actualidad. La pertinencia de prestar atención a las consecuencias de privilegiar intereses de ciertos grupos por encima de los de la mayoría ha aumentado, si cabe, al implementarse diferentes políticas de gran calado para hacer frente a la COVID-19 en ALC. No es casualidad que algunas élites se hayan podido vacunar antes que la mayoría de la población; o la presión de las grandes farmacéuticas a varios Gobiernos en la región. Tampoco lo es que las discusiones sobre los paquetes de rescate hayan avivado los debates sobre quién se beneficia de las políticas públicas y a quién sirve realmente el contrato social. La COVID-19 ha magnificado y evidenciado el costo de la captura en estados incapaces de hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.

El contexto actual ofrece una oportunidad para llevar a cabo una reconfiguración profunda de las relaciones de poder en la región; una reconfiguración que en los próximos meses será, con bastante probabilidad, el principal punto de colisión entre las élites y la ciudadanía. El resultado de dicha lucha puede desembocar en escenarios en los que las élites mantengan su poder, pero también en otros más positivos. El ejemplo de Chile es una muestra de que hay esperanza para las mejoras en el actual contexto.

En Latinoamérica, también se está produciendo desde hace años un cierre progresivo de los espacios para la sociedad civil, el activismo, el periodismo, etc. que se está agudizando con la pandemia y la respuesta de los Gobiernos. La protesta contra el statu quo, la disidencia social y el periodismo de investigación se restringen cada vez más mediante leyes que limitan el debate público y las libertades, al tiempo que se silencian voces alternativas, se instauran falsos debates en la opinión pública e, incluso, se militariza el espacio público. Este fenómeno de cierre está asociado con el poder de algunas élites, que buscan reprimir cualquier atisbo de protesta o disidencia y blindar así sus privilegios.

Con la crisis actual se ha abierto un período de cambios e inestabilidad en el que surgen debates sobre «nuevos» bienes públicos como la vacuna, la tecnología o la provisión de servicios públicos. En paralelo, la confianza en la democracia y en los partidos políticos se encuentra bajo mínimos; la ciudadanía ya no confía en que sean capaces de garantizar el acceso a dichos bienes.

La juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; mientras que, por otro lado, hay sectores que reclaman políticas conservadoras y de orden.

Finalmente, este documento también quiere promover una reflexión sobre cuáles deben ser los cimientos a partir de los cuales reconfigurar los contratos sociales en ALC. En la cuarta sección, se plantean algunas propuestas que buscan contribuir a los debates sobre cómo fortalecer y volver a dotar de legitimidad a una democracia no asociada únicamente a una representación institucional, al acto electoral y a unos procesos participativos determinados, sino en relación con otros principios como el de igualdad y libertad.

SURCOS le invita a seguir el enlace para leer el documento completo o bien descargarlo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/Crisis-y-captura-el-descontento-social-en-tiempos-de-pandemia-en-América-Latina-y-el-Caribe.pdf

 

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Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Al conmemorarse los 40 años del asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El 1 ero de julio del año 1981, en Costa Rica, la joven Viviana Gallardo Camacho, de 18 años de edad, fue asesinada por varios disparos en una diminuta celda de detención de la Dirección General de la Guardia Civil, al tiempo que fueron heridas de bala dos compañeras suyas, también detenidas con ella.

Los tiros provinieron de un oficial de esta misma Guardia Civil, José Manuel Bolaños Quesada, quien, sin tener asignada la vigilancia de Viviana Gallardo y la de sus compañeras aquel fatídico día, llegó con su metralleta y al parecer, instrucciones muy claras.

En un texto del juez Rodolfo Piza Escalante adjuntado a una decisión de setiembre de 1983 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (véase enlace, páginas 19-31), se precisa que:

«2. El 1o. de julio de 1981, el Cabo de la Guardia Civil José Manuel Bolaños Quesada, que no estaba a cargo de la vigilancia de las detenidas, logró llegar hasta la puerta de su celda y disparar con una metralleta a través de la mirilla de la misma, causando la muerte de Viviana e hiriendo a sus compañeras Alejandra y Magaly«.

La noticia de la muerte de Viviana Gallardo estremeció a toda la sociedad costarricense y causó un profundo impacto en Costa Rica, en una época de violencia política que caracterizaba a la región centroamericana.

Desde la perspectiva internacional, el caso fue informado usando los canales usuales: por ejemplo, en este cable desclasificado de los archivos de la diplomacia de Argentina, se precisa la forma – algo escueta – en que fue informada la capital argentina por parte de uno de sus representantes en Costa Rica (véase texto). No se ha tenido acceso a otros cables diplomáticos enviados en la época desde San José (y se considera que una investigación al respecto sería muy deseable en aras de conocer mejor cómo la correspondencia diplomática comunicó al mundo este asesinato, y con base en qué tipo de fuentes).

Una reacción insólita del Estado costarricense

Desde la perspectiva del derecho internacional público, el caso del asesinato de Viviana Gallardo constituye una verdadera rareza, como lo detallaremos a continuación.

Se lee, en una primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de noviembre de 1981 (véase texto completo), que el Estado costarricense presentó una denuncia, muy pocos días después de los hechos, ante la misma Corte:

«1. Mediante telegrama del 6 de julio de 1981, el Gobierno de Costa Rica (en adelante «el Gobierno») anunció la introducción de la instancia de una demanda para que la Corte entrara a conocer el caso de Viviana Gallardo y otras. Por escrito del 15 de julio de 1981 ese anuncio fue formalizado. En su demanda el Gobierno manifestó a la Corte la decisión de someter a su conocimiento el caso de la muerte en prisión de la ciudadana costarricense Viviana Gallardo, así como el de las lesiones de sus compañeras de celda, causadas por un miembro de la Guardia Civil de Costa Rica, encargado de su vigilancia, en la Primera Comisaría de la Institución; hechos ocurridos el 1 de julio de 1981. En su demanda el Gobierno, invocando el artículo 62.3 de la Convención, solicitó que la Corte decidiera si esos hechos constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa Rica, de los derechos humanos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, o de cualquier otro derecho contemplado en dicho instrumento internacional «.

El entonces Presidente de la Corte, el costarricense Rodolfo Piza Escalante, tramitó de manera muy célere la solicitud. Se lee en esta misma precitada decisión que:

«5. Por resolución del 15 de julio de 1981, el Presidente de la Corte, Dr. Rodolfo E. Piza E., decidió someter directamente la consideración de la demanda del Gobierno a la Corte en pleno. Resolvió igualmente, según lo dispuesto por el artículo 5.3 del Reglamento, ceder la Presidencia para el conocimiento del presente asunto al Vicepresidente, Dr. Máximo Cisneros. Habiendo sido electo Presidente de la Corte el Juez Carlos Roberto Reina el día 17 de julio de 1981, pasó desde la misma fecha a presidir las sesiones en sustitución del Juez Máximo Cisneros«.

La respuesta del juez interamericano se dio en dos tiempos.

En una primera decisión del 13 de noviembre de 1981 (cuyo documento original puede apreciarse en este enlace) los jueces decidieron rechazar la solicitud de Costa Rica, al leerse en la parte dispositiva que la Corte:

«1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras. 2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión«.

Reenviado el caso a la Comisión, en este enlace se puede apreciar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30 de junio de 1983, que concluye:

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el Artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«.

En un segundo tiempo, en una resolución del 8 de setiembre de 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase enlace pp.16-17), páginas decidió:

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión«.

El precitado juez Rodolfo Piza Escalante se apartó del criterio de la mayoría (véase enlace, página 31), al indicar en una larga opinión disidente (o voto salvado) que:

«MI VOTO SALVADO es para que la Corte declare: 1. Que, en virtud de la Resolución de la Comisión No. 13/83 de 30 de junio de 1983, deben tenerse por agotados jurídicamente los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Que, en consecuencia, cumplida la condición de procedibilidad impuesta por el artículo 61.2 de la Convención y de conformidad con la Decisión de esta Corte del 13 de noviembre de 1981, debe la Corte reasumir el conocimiento de la petición presentada por el Gobierno de Costa Rica«.

En los anales del derecho internacional público, este caso resulta a todas luces insólito, en la medida en que, por primera (y única) vez, un Estado presentó una denuncia … en su contra. El sistema internacional de protección de los derechos humanos funciona como un régimen que asiste a las víctimas en caso de no encontrar justicia o respuesta a sus reclamos en un Estado Parte a un tratado internacional de derechos humanos: pero nunca fue ideado para que los Estados presenten denuncias en su contra.

Cuando el caso fue enviado para conocimiento de la Comisión, órgano interamericano jurídicamente habilitado para recibir denuncias por parte de las víctimas, una desgarradora carta de la madre de Viviana Gallardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 1983 (véase texto completo) señaló las condiciones inhumanas de detención previo al asesinato de su hija y las humillaciones a la que fue sometida días antes de aquel 1ero de julio de 1981.

Viviana Gallardo: preguntas lancinantes que no logra borrar el tiempo

En este muy completo artículo publicado por la BBC en el 2017 y titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal condenó a Bolaños como autor único del crimen a 24 años de prisión, que después se redujeron a 18. Luego se le permitió visitar a sus hijos los fines de semana y el 30 de septiembre de 1987 obtuvo el beneficio de la libertad condicional.«

Una libertad condicional otorgada en setiembre de 1987 para hechos acaecidos en julio de 1981 plantea algunas interrogantes. No se ha tenido acceso a algún análisis desde la esfera penal que pueda explicar tan generoso beneficio obtenido de forma tan rápida por los defensores del señor Bolaños. Es de notar que en el precitado informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1983, el Estado costarricense se refirió a la pena de 18 años impuesta al señor Bolaños en una de sus respuestas:

» 13. El Gobierno de Costa Rica en nota del 24 de agosto de 1982 dio respuesta a la solicitud de la Comisión, adjuntando dos certificaciones debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser. También informó que la pena de 18 años de prisión impuesta al señor Bolaños se cumple actualmente en el Centro Regional de Adaptación Social de Pérez Zeledón».

Fotografía de placa conmemorativa artesanal que apareció en el 2017 y fue a las pocas horas retirada, extraída de artículo de la BBC del 2017 titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica».

En las conclusiones de su libro publicado en el 2017, titulado «El crimen de Viviana Gallardo» (véase texto completo), luego de un exhaustivo análisis, el historiador costarricense David Díaz Arias finalizó con dos preguntas que, 40 años después de los hechos, permanecen siempre muy válidas:

«El cabo Bolaños murió en junio del 2014 y la prensa comentó entonces que se había llevado a la tumba “el secreto” de por qué mató a Gallardo. En ese contexto, la segunda esposa de Bolaños repitió que aquel hombre había sido bueno, pero le indicó a La Nación que no quería ahondar en el pasado porque “ya lo que pasó pasó y él recibió la condena. Solo él y Dios saben lo que pasó y ya se lo llevó a la tumba”. Como se ve, es imposible que se dejen de tejer dudas sobre la muerte de Gallardo si la prensa insiste en crearlas o reproducirlas. No era exacto que Bolaños no hubiera dado una causa de por qué mató a Gallardo; de hecho, sí lo hizo, construyó dos explicaciones: la de que había sido una venganza, que ensayó entre julio de 1981 y marzo de 1982 y la de que había sido un plan construido desde “arriba” que primero reveló al Semanario Universidad en 1981 y que sostuvo y amplió en detalles desde 1982 hasta 1991. Su pena, además, fue drásticamente reducida de la que originalmente se le había impuesto.

Resulta claro ahora que la teoría de que Gallardo fue asesinada para evitar que delatara a los miembros de “La Familia” carece de fundamento, ya que desde el 17 de junio de 1981, las autoridades habían capturado prácticamente toda la documentación necesaria relacionada con ese grupo. Tampoco es creíble la teoría de que fueron altas autoridades políticas o policiales las que planearon el asesinato, dado que para efectos de combatir el comunismo era más estratégico que Gallardo permaneciera viva. Las preguntas de fondo, que permanecen sin responder son: ¿a quiénes les convenía que Gallardo muriera? ¿Quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales? » (pp.26-27).

En este artículo publicado por el periodista Fernando Francia el 2 de julio del 2020, titulado «Viviana Gallardo: un crimen aleccionador«, se lee que:

«El debate sobre terrorismo o revolucionaria se instaló para siempre. Los medios mantienen la versión de terrorismo, aunque estudiosos de historia, tanto David Díaz de la Universidad de Costa Rica como Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, sostienen que, por sus postulados políticos, por los documentos encontrados y por las prácticas demostradas atribuidas a la organización no puede adosárseles el término de terrorismo. Era un grupo que cuestionaba el orden establecido y las injusticias y que pretendía realizar cambios por la vía armada».

A modo de conclusión

Salvo error de nuestra parte, en este 1ero de julio del 2021, no se ha observado ninguna iniciativa para conmemorar los 40 años desde que fue asesinada Viviana Gallardo en Costa Rica.

Pese a ello, no cabe duda que en este caso (como en muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina), la exigencia de justicia y de verdad se acentúa con el pasar de cada primavera, de cada conmemoración; al tiempo que, algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir (tal vez) que ya ha llegado el momento de liberar algunas cosas ocultadas durante 40 años.

 

(*) Este texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Compartido con SURCOS por el autor.

Dos maneras opuestas de gobernanza de la seguridad social

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”

Manuel Hernández

Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.

Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.

Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.

El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.

Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.

Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.

El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.

Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:

En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.

Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.

En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.

Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.

La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.

Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.

02/07/2021

Cleptocracia: de apariencias, sombras y realidades ocultas

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La imposibilidad del lenguaje que venimos usando, al menos desde el siglo anterior, para designar los procesos, situaciones concretas o posturas ideológicas de una gran variedad de gentes, para dar cuenta de la realidad del mundo en que vivimos, es algo que se ha tornado evidente por sí mismo, aunque por serlo es que resulta muy difícil –sino, incluso imposible- que los afectados o concernidos puedan darse cuenta del hecho, mucho menos de sus graves consecuencias, incluso en el orden de lo patológico.

De tanto hablar del libre mercado, de la competencia, y de la magia misma del “mercado”,  cuyas virtudes nos recetan, casi todos los días, los neoliberales (en realidad neoconservadores que tienen muy poco de liberales y se aproximan cada día al autoritarismo que lleva todas las trazas de culminar en un nuevo totalitarismo) de todo tamaño, calidad y pelaje, no nos hemos dando cuenta de que son precisamente esas posturas fundamentalistas y delirantes, las que se han encargado de ocultar la verdadera naturaleza del régimen imperante.

En vez de vivir en una sociedad capitalista de libre competencia, en la que el mercado se encargaría, al parecer, de asignar y reasignar los recursos, supuestamente de una manera equilibrada, donde el afán de lucro de unos terminaría por beneficiar a todos(Adam Smith, dixit), incluso como consecuencia de los postulados de la “posmoderna” teoría del derrame (trickle down effect), sucederá que cuando los más ricos hayan acumulado “lo suficiente”, llenándose la copa hasta el borde, entonces la riqueza se derramará para todos los demás, nada más falso, pues lo que sucede más bien, es que un puñado de gentes, cercanas a los detentadores nominales del poder político, y a los insaciables poderes fácticos (acaparadores innatos de la tajada más grande de la riqueza social), tienen monopolizados u oligopolizados los filones más lucrativos de la actividad empresarial, dejando por fuera a aquellos otros sectores empresariales que aspiran a jugar sus cartas en un mercado y una sociedad abiertos (Von Mises, Hayek y otros, dixit) que no existen.

Después del inicio de la contrarrevolución neoconservadora que llevaron adelante Ronald Reagan y Margaret Thatcher a escala planetaria, durante la década de los ochenta, que fue el comienzo de la demolición de las políticas económicas y sociales del new deal rooseveltiano estos neoliberales, en realidad neocon, se han pasado durante cuarenta años hablando de que el estado es el problema y que hay que achicarlo. En los hechos las cosas han funcionado de esta manera, casi sin que nos demos cuenta:

Priorizando la salud del mercado, y de las “finanzas”, presuntamente públicas los corifeos del régimen imperante en casi todos nuestros países, se olvidaron de salud y el bienestar de las gentes, cosa que se ha puesto en evidencia en medio de la llamada pandemia del covid 19, cuando el sistema de salud ha terminado por mostrar algunas de sus grietas más visibles.

Estos neoliberales, cada vez más dogmáticos y autoritarios, a semejanza de los estalinistas de la antigua Unión Soviética, y el diz que “comunismo” que dijeron llevar adelante o profesar, cuando nunca fue otra cosa que un capitalismo de estado malavenido incluso con la llamada libertad de la mano de obra (el Gulag fue la monstruosa demostración del regreso del trabajo esclavo en gran escala para ese régimen, al igual que la palabra stalag lo representó para la Alemania Nazi), se empeñan en decir que el neoliberalismo no ha fracasado, y que así como los problemas de la democracia, no se resuelven con más democracia (Óscar Arias, con su “dictadura en democracia”, dixit), los problemas de la economía, y de la sociedad se resuelven con más desregulación del mercado, en particular el financiero, dejándonos al resto de los mortales en sus garras.

Mientras tanto, el comunismo que nunca fue, cuando han pasado más de treinta años de la caída de la Unión Soviética, está más presente que nunca, aunque no es más que una palabreja para asustar a los incautos y a frenar a las gentes que se salen del rebaño, por cierto no al que aspiran los epidemiólogos a propósito de la Covid 19. Todo el que no se comporte de manera políticamente correcta recibirá el calificativo de “comunista”, aunque no pase de ser un socialdemócrata despistado que se atreva a sugerir algún tímido planteamiento keynesiano, en materia económica y social, como eso de que para reactivar la economía hay que poner circulante en manos de la gente.

El escándalo de las empresas Meco y Hernán Solís (pronto pasará y se irá hacia el olvido más grande), que acapararon durante más de dos décadas el mercado de la llamada concesión de obra pública, en materia vial obedece, al parecer, dentro de la lógica del régimen, a algunos “problemas técnicos” que pronto se resolverán, mientras tanto “el libre mercado” y la competencia no se asoman por ningún lado, aunque se siga hablando de sus “bondades”.

El monopolio de la actividad portuaria en la región del Caribe, por parte de la empresa holandesa APM Terminals, y sus protectores locales, no sólo ha venido a representar servicios más ineficientes, además de tarifas más caras para las compañías navieras y los exportadores locales, sino que ha conducido a la quiebra a la Junta Administrativa para el desarrollo de la vertiente Atlántica(JAPDEVA, por sus siglas), la otra empresa que había venido brindando el servicio portuarios, en condiciones más favorables para los beneficiarios, sus muelles y grúas están hoy casi abandonados, lo que ocasiona el júbilo de los editores del diario La Nación, como también de los propietarios de medios radiofónicos y televisados más importantes, los que en muchos casos resultan ser los mismos

Lo que nos ha acontecido, es que unos cuantos y señores o señoras muy notables se ha convertido en “empresarios” a costillas nuestras, monopolizando las actividades más rentables en algunas áreas que manejaba el sector público, las compras del Estado especialmente en la CCSS o en el ICE, instituciones a las que no cesan de dañar e incluso desprestigiar. Estos personajes que evaden el pago de impuestos reportando cero ganancias, obligan al Estado a emitir bonos, unos títulos que luego ellos compran, y con cuyos intereses crecientes se dedican a lucrar para asfixiar al fisco, han terminado por crear una realidad para la que las palabras, o categorías de análisis hasta ahora empleadas para designarla, han sido vaciadas de casi todo su valor semántico.

Lo único cierto, mal que le pese a algunos, es que vivimos en un mundo de sombras, confundiendo la mentira con la verdad, porque la realidad parece ser otra… ¿será así?, o ¿seguiremos acaso en el mundo de los sueños y las pesadillas recurrentes, esas que algunas gentes asocian a palabras como “cochinilla” o cleptocracia? Por cierto que la última palabra parece estar más cerca de designar lo que de verdad estamos viviendo.

Algo sobre las próximas elecciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

En estos días conversaba o simplemente “peloteaba” con algunos amigos sobre las próximas elecciones. Reúno de manera esquemática mis opiniones:

1-. A Figueres con los votos obtenidos en la convención del PLN no le alcanza para ganar en primer vuelta. El resultado que obtuvo fue inferior al de Álvarez Desanti hace cuatro años y con ello no logró llegar ni siquiera a segunda ronda. La salida de Rolando Araya debilita aún más su candidatura.

La gente visible que rodea a Figueres, o son los mismos de siempre que no están en capacidad de producir ningún cambio, o igual o peores de neoliberales que el actual equipo económico gubernamental.

2-. La derecha ortodoxa o más ultra se muestra muy fragmentada por intereses personales y usufructo del erario público. Están Linet, Piza, Chávez, Eli, movimiento libertario, el grupo de Natalia Díaz y algunos más. A menos que una fuerza externa los obligue a unirse irán sin fuerza determinante a las elecciones.

3-. Los neopentecostales se encuentran divididos lo que los irá a neutralizar. Si bien Avendaño y su grupo manejarán la deuda política, Fabricio cuenta con el apoyo del poder mediático y financiero de las iglesias internacionales que son muy poderosas. La división les restará toda posibilidad.

4-. La influencia del PAC dependerá de quién sea el candidato o candidata. Si es la preferida del presidente Alvarado, Carolina Hidalgo, se hundirá; si eligen a Welmer podrían tratar de recomponerse con algún sector del llamado progresismo. Sin embargo, el desgaste del PAC por un gobierno entregado al PUSC y PNL, por su traición a los sectores sociales y los escándalos de corrupción, lo ponen en una situación electoral con poco futuro.

5-. Las fuerzas sociales populares deben llenar el vacío que quedará en el centro izquierda del espectro político electoral. La disputa principal será por llenar ese hueco.

José María Villalta es el candidato mejor posicionado en las encuestas que representa la alternativa popular. Villalta es como candidato mucho más que el Frente Amplio y así debería ser; tal vez una de sus debilidades sea el partido, pero su candidatura debería trascenderlo. Para ello debe lanzar casi que de inmediato su candidatura y presentarla junto a muchas otras fuerzas y movimientos populares.

La izquierda debe entender que para estas elecciones sus intereses se unen en la candidatura presidencial del candidato que esté mejor posicionado electoralmente y que, además, reúna condiciones de honestidad, valentía y compromiso y cambio verdadero. La unidad de la izquierda no se limita a ella; eso sería miope políticamente. La unidad de la izquierda tiene sentido si aglutina a su alrededor a las fuerzas populares de amplios sectores que deseen una transformación del injusto sistema tributario y defensa del Estado de Bienestar, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras y pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.

Hasta el momento quien puede reunir esas condiciones y características es el diputado Villalta. Su candidatura debería ser la del pueblo contra los grandes poderes económicos, financieros y mediáticos del país.

6-. Todo parece indicar que habrá segunda vuelta para elegir el presidente. En estas circunstancias los candidatos que pasen a una segunda ronda podrían hacerlo obteniendo alrededor de un 20% de los votos. Con un gran trabajo, inteligente y tesonero, la candidatura del polo popular podría colarse a la segunda vuelta y disputar por primera vez la presidencia de la república.

Las condiciones pueden estar dadas.

Bob Menéndez, Anticubano y su Odio Visceral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
01-Julio-2021

Roberto “Bob” Menéndez, nacido el 1 de enero de 1954, de 67 años, es senador del Partido Demócrata de Nueva Jersey. Menéndez nació en la Ciudad de Nueva York. Sus padres, de origen cubano, fueron Evangelina y Mario Menéndez, quienes Huyeron de Cuba en 1953, por desaprobar el gobierno de Batista, estableciéndose entonces en la ciudad de Nueva York.

Actualmente es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Su vida política está sellada por un largo historial de acciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y gobiernos o movimientos populares de América Latina y el Caribe, nunca se ruborizo, al empeñarse durante años en recrudecer el genocida bloqueo a Cuba y en fomentar el golpismo y la violencia fascista en Venezuela; para luego caer en las manos de la corrupción.

Ya en el año 2017, enfrentaba 18 cargos por fraude, soborno y corrupción, en esta ocasión, además de ultraderechista, se le acusaba de haber recibido 750.000 dólares, en forma de donaciones a su campaña, regalos, viajes en avión privado y lujosas vacaciones pagadas por un benefactor (Salomón Melgen, un oftalmólogo multimillonario de La Florida), a cambio de que defendiera sus intereses de negocio.

Al final, y bajo una serie de artimañas, como ocurre en el sistema judicial estadounidense, el senador Bob Menéndez, fue absuelto al sellarse el caso. Al parecer, así son los políticos cubanoamericanos, que logran alcanzar puestos en el Congreso y el Senado de Washington: todos envueltos en desfalcos, corrupción, lavado de dinero y otros delitos.

Pero su historial oscuro, viene de más atrás (2009), cuando con su obsesión anticubana, emprendió una acción-jugarreta chantajista para bloquear la visita de la Orquesta Sinfónica de New York a La Habana, lo cual publicaron varios sitios en internet, entre ellos Cubadebate.

Así mismo y grave, los comentarios y rumores persistentes, sobre un escándalo de prostitución que implicaba al senador Menéndez. El FBI hizo una redada en el negocio de un oculista, en West Palm Beach llamado Salomón Melgen, bajo sospecha de proveer viajes gratuitos a República Dominicana y prostitutas menores de edad, al senador Bob Menéndez.

En los inicios de su carrera política, el travieso “Bobi” comenzó a trabajar como ayudante del alcalde de Unión City, William Musto, con el que desarrolló una profunda amistad. Tan intensa fue, que muchos decían que Musto era como un padre para él.

Parece que, al pasar el tiempo, las cosas no le fueron muy bien al alcalde y a sus ayudantes, ya que estaban enredados, hasta el cuello, en problemas de corrupción y gansterismo. En el juicio que se llevó a cabo en contra de Musto, la estrella de los testigos en su contra fue, nada más y nada menos, que el controversial Menéndez. ¿Qué le habrán ofrecido los agentes federales a Bob, para que testificara en contra de su protector y guía?

Lo más probable es que fuera inmunidad, sino no tiene sentido que se prestara a ser testigo en contra de alguien que lo había acogido como un hijo. Menéndez tiene que haber sabido mucho como para poder ayudar a que su jefe fuera a parar con sus huesos en la cárcel.

Lo cierto es que este hombre, mientras ha ido pasando de cargo en cargo, en su convulsa vida política, siempre se le ha visto relacionado con algún escándalo o enredo. Menéndez es un enemigo jurado de Cuba, a la cual ha acusado de todo lo peor. Recuerden que, en su época, quiso hacer ciudadano americano al niño Elián, para que no fuera a reunirse con su padre.

Más reciente, Bob Menéndez, introdujo un recurso en el Congreso estadounidense, que busca restablecer un programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.

La idea del legislador es exigir a la administración gringa, que restituya el polémico Programa de Parole, para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el gobierno de George W. Bush y derogado al final del mandato de Barack Obama.

Durante los años que se mantuvo vigente (2006-2017), esta política constituyó un incentivo ilegal para que el personal cubano de la salud, que colaboraba en terceros países abandonara sus misiones y emigrara a los Estados Unidos.

El programa causó daños a la cooperación médica internacional de Cuba, y en especial a las naciones pobres del tercer mundo, que se benefician del aporte de los profesionales de la Isla.

Así mismo, presento un proyecto de Ley ante el Congreso, que busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos, el reconocimiento de marcas comerciales cubanas, supuestamente vinculadas con propiedades nacionalizadas después del triunfo de la Revolución en enero de 1959. Con el título “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos”, la legislación busca aumentar el cerco económico contra Cuba.

Aun más reciente, la escritora Lilliam Oviedo, señala que Bob actúa como una especie de “Caballo de Troya”, por un lado, para vengarse de Joe Biden, “en el entendido de que, igual que Barack Obama, el actual gobernante tuvo responsabilidad en la articulación de los expedientes judiciales por los cuales él tuvo que responder entre los años 2014 y 2017”, ya mencionados.  

Y por otro lado, sabotear la agenda de la actual administración formará parte de las acciones de Menéndez, con lo cual obstruiría los propósitos de Biden de rescatar la unidad bipartidista en los temas principales de la Nación, justificando su accionar solapado en la frágil mayoría de los demócratas en el Senado, y contando con el apoyo incondicional de su amigo, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio, ambos empeñados en perjudicar el diálogo constructivo de Estados Unidos con los gobiernos de la región y, definitivamente, dañar los cambios necesarios e imprescindibles de la política exterior estadounidense en el hemisferio.

En síntesis, la lealtad de Roberto Menéndez, está con Donald Trump en lugar de con el presidente Joe Biden. En New Jersey, estado que representa en el Senado, los enterados veían con asombro hace unos meses, el desinterés que mostró por la campaña presidencial del candidato de su partido, y cómo desviaba fondos de la misma para impulsar la reelección a la cámara de diputados de su amigo, el también cubanoamericano y enemigo jurado de la Revolución Cubana Albio Sires.

Al igual que los legisladores republicanos de origen cubano Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, Menéndez se manifestó reiteradamente contra la política del gobierno de Obama y Biden hacia Cuba, de la que llegó a decir que era “dramática y errada”, mientras clamaba ardorosamente junto a ellos por el endurecimiento del bloqueo.

Por otro lado, desde su asiento, Bob Menéndez, quien además ha manifestado rechazo hacia el accionar de la vicepresidenta Kamala Harris, intentará sabotear el reinicio del acercamiento a Cuba y el diálogo de Estados Unidos con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, junto a Marco Rubio, Menéndez hará lo posible por entorpecer el avance, también en la política exterior de República Dominicana.

Menéndez, aparte de su filiación política reaccionaria, su rencor contra el nuevo inquilino de la Casa Blanca y el rechazo que ha manifestado hacia la vicepresidenta Kamala Harris, lo impulsarán, como ya ha prometido en privado, a oponerse a todas las acciones de política exterior que intente el gobierno demócrata, sobre todo, las que tiendan a hacer más flexible y pragmática la política hacia los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe.

Para reiterar y finalizando, Bob, siendo demócrata, saboteo la campaña de Biden, a quien culpa de todos los juicios por el escándalo en República Dominicana, quien tiene una relación estrecha con los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, FNP. Se trata de Pelegrín, Vinicio y Juárez Castillo, hijos del abogado Marino Vinicio Castillo, quienes tienen lazos familiares y de negocios con Salomón Melgen y son socios políticos del expresidente Leonel Fernández. Esta última condición los vincula con el actual gobierno”.

Con su asiento en el senado norteamericano, mantiene la presión contra la administración Biden respecto a Cuba y otros asuntos de política exterior.

Con el indulto a Salomón Melgen, por parte de Donald Trump, Menéndez les debe favores a las fuerzas de extrema derecha.

Su cercanía con Marco Rubio, en los temas anticubanos ha levantado preocupación en el Partido Demócrata, ya que algunos directivos sospechan que Menéndez puede facilitarle a Rubio información y estrategias electorales del Partido, a cambio de votos y alianzas en el Comité de Relaciones exteriores del Senado que él preside.

Así mismo, es pública y notoria la proyección ultraderechista de Menéndez, como legislador hacia América Latina y el Caribe, al igual que las de sus colegas cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Han hecho y harán cuanto esté a su alcance por frustrar el proceso de paz en Colombia y utilizarlo como plataforma de ataque contra Cuba, apoyarán la política más dura contra Venezuela, incluyendo el apoyo al desprestigiado Juan Guaidó y también contra Nicaragua, mientras redoblan sus esfuerzos por frustrar el acercamiento a La Habana prometido por Biden en campaña.

 

Imagen tomada de https://www.alainet.org/