Dirigentes políticos principalmente de Ciudadanos, el PP y VOX han declarado en no pocas ocasiones que la bandera de España actual viene de la Edad Media, de los Reyes Católicos, etc. La bandera de España actual, conocida como la rojigualda, es bastante más reciente. Su recorrido histórico es mucho más corto de lo que muchos piensan.
La actual bandera de España fue adoptada por primera vez en 1785, dentro del ámbito de la Marina. En 1843, Isabel II decretó que se utilizara en las Unidades del Ejército e Infantería de Marina. Su uso no se generalizó hasta finales del siglo XIX, siendo obligatoria en edificios públicos solo a partir de 1908.
Antes de la aparición de la bandera actual de España, durante siglos, no se conoció en España, en aquella época las Españas, más bandera que la bandera de paño blanco con una Cruz de Borgoña en rojo. Su introducción data de 1506 y se produce con la Guardia Borgoñona de Felipe el Hermoso.
La bandera blanca con la Cruz de Borgoña en rojo ondeó por primera vez como insignia de las Españas en la batalla de Pavía en 1525 y fue la utilizada por los tercios y regimientos de infantería. Los tercios la portaron como bandera incluso con paños de diferentes colores como el amarillo, entre otros.
La prueba más evidente de que la bandera blanca con la Cruz de Borgoña en rojo fue la bandera de España hasta hace relativamente poco tiempo la tenemos en las banderas actuales de lugares que formaron parte del Imperio español.
Esas banderas no reproducen en su diseño ninguna bandera rojigualda, sino que son una fotocopia casi exacta de la bandera de paño blanco que lucía la Cruz de Borgoña. Dos ejemplos son las banderas de los estados de Florida y Alabama.
El olvido que sufre la antigua bandera de España, que durante siglos y hasta hace relativamente poco tiempo fue la oficial, responde a un desconocimiento histórico de una parte de la derecha; y también a un rechazo visceral de la izquierda, por la utilización que hicieron los Carlistas de la misma. Pero la historia es la que es, guste más o guste menos, y no puede tergiversarse.
Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.
La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)[1] a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones[2]. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.
Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades[3]. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)[4] desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR[5].
Costa Rica por su parte, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica[6]. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.
Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos[7], que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses[8].
Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:
El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones[9], orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.
Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria [10].
La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis[11], muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 2022[12]. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” [13].
Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).
Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse[14], el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.
Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo[15] para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.
Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.
Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.
Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.
[1] Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La imposibilidad del lenguaje que venimos usando, al menos desde el siglo anterior, para designar los procesos, situaciones concretas o posturas ideológicas de una gran variedad de gentes, para dar cuenta de la realidad del mundo en que vivimos, es algo que se ha tornado evidente por sí mismo, aunque por serlo es que resulta muy difícil –sino, incluso imposible- que los afectados o concernidos puedan darse cuenta del hecho, mucho menos de sus graves consecuencias, incluso en el orden de lo patológico.
De tanto hablar del libre mercado, de la competencia, y de la magia misma del “mercado”, cuyas virtudes nos recetan, casi todos los días, los neoliberales (en realidad neoconservadores que tienen muy poco de liberales y se aproximan cada día al autoritarismo que lleva todas las trazas de culminar en un nuevo totalitarismo) de todo tamaño, calidad y pelaje, no nos hemos dando cuenta de que son precisamente esas posturas fundamentalistas y delirantes, las que se han encargado de ocultar la verdadera naturaleza del régimen imperante.
En vez de vivir en una sociedad capitalista de libre competencia, en la que el mercado se encargaría, al parecer, de asignar y reasignar los recursos, supuestamente de una manera equilibrada, donde el afán de lucro de unos terminaría por beneficiar a todos(Adam Smith, dixit), incluso como consecuencia de los postulados de la “posmoderna” teoría del derrame (trickle down effect), sucederá que cuando los más ricos hayan acumulado “lo suficiente”, llenándose la copa hasta el borde, entonces la riqueza se derramará para todos los demás, nada más falso, pues lo que sucede más bien, es que un puñado de gentes, cercanas a los detentadores nominales del poder político, y a los insaciables poderes fácticos (acaparadores innatos de la tajada más grande de la riqueza social), tienen monopolizados u oligopolizados los filones más lucrativos de la actividad empresarial, dejando por fuera a aquellos otros sectores empresariales que aspiran a jugar sus cartas en un mercado y una sociedad abiertos (Von Mises, Hayek y otros, dixit) que no existen.
Después del inicio de la contrarrevolución neoconservadora que llevaron adelante Ronald Reagan y Margaret Thatcher a escala planetaria, durante la década de los ochenta, que fue el comienzo de la demolición de las políticas económicas y sociales del new deal rooseveltiano estos neoliberales, en realidad neocon, se han pasado durante cuarenta años hablando de que el estado es el problema y que hay que achicarlo. En los hechos las cosas han funcionado de esta manera, casi sin que nos demos cuenta:
Priorizando la salud del mercado, y de las “finanzas”, presuntamente públicas los corifeos del régimen imperante en casi todos nuestros países, se olvidaron de salud y el bienestar de las gentes, cosa que se ha puesto en evidencia en medio de la llamada pandemia del covid 19, cuando el sistema de salud ha terminado por mostrar algunas de sus grietas más visibles.
Estos neoliberales, cada vez más dogmáticos y autoritarios, a semejanza de los estalinistas de la antigua Unión Soviética, y el diz que “comunismo” que dijeron llevar adelante o profesar, cuando nunca fue otra cosa que un capitalismo de estado malavenido incluso con la llamada libertad de la mano de obra (el Gulag fue la monstruosa demostración del regreso del trabajo esclavo en gran escala para ese régimen, al igual que la palabra stalag lo representó para la Alemania Nazi), se empeñan en decir que el neoliberalismo no ha fracasado, y que así como los problemas de la democracia, no se resuelven con más democracia (Óscar Arias, con su “dictadura en democracia”, dixit), los problemas de la economía, y de la sociedad se resuelven con más desregulación del mercado, en particular el financiero, dejándonos al resto de los mortales en sus garras.
Mientras tanto, el comunismo que nunca fue, cuando han pasado más de treinta años de la caída de la Unión Soviética, está más presente que nunca, aunque no es más que una palabreja para asustar a los incautos y a frenar a las gentes que se salen del rebaño, por cierto no al que aspiran los epidemiólogos a propósito de la Covid 19. Todo el que no se comporte de manera políticamente correcta recibirá el calificativo de “comunista”, aunque no pase de ser un socialdemócrata despistado que se atreva a sugerir algún tímido planteamiento keynesiano, en materia económica y social, como eso de que para reactivar la economía hay que poner circulante en manos de la gente.
El escándalo de las empresas Meco y Hernán Solís (pronto pasará y se irá hacia el olvido más grande), que acapararon durante más de dos décadas el mercado de la llamada concesión de obra pública, en materia vial obedece, al parecer, dentro de la lógica del régimen, a algunos “problemas técnicos” que pronto se resolverán, mientras tanto “el libre mercado” y la competencia no se asoman por ningún lado, aunque se siga hablando de sus “bondades”.
El monopolio de la actividad portuaria en la región del Caribe, por parte de la empresa holandesa APM Terminals, y sus protectores locales, no sólo ha venido a representar servicios más ineficientes, además de tarifas más caras para las compañías navieras y los exportadores locales, sino que ha conducido a la quiebra a la Junta Administrativa para el desarrollo de la vertiente Atlántica(JAPDEVA, por sus siglas), la otra empresa que había venido brindando el servicio portuarios, en condiciones más favorables para los beneficiarios, sus muelles y grúas están hoy casi abandonados, lo que ocasiona el júbilo de los editores del diario La Nación, como también de los propietarios de medios radiofónicos y televisados más importantes, los que en muchos casos resultan ser los mismos
Lo que nos ha acontecido, es que unos cuantos y señores o señoras muy notables se ha convertido en “empresarios” a costillas nuestras, monopolizando las actividades más rentables en algunas áreas que manejaba el sector público, las compras del Estado especialmente en la CCSS o en el ICE, instituciones a las que no cesan de dañar e incluso desprestigiar. Estos personajes que evaden el pago de impuestos reportando cero ganancias, obligan al Estado a emitir bonos, unos títulos que luego ellos compran, y con cuyos intereses crecientes se dedican a lucrar para asfixiar al fisco, han terminado por crear una realidad para la que las palabras, o categorías de análisis hasta ahora empleadas para designarla, han sido vaciadas de casi todo su valor semántico.
Lo único cierto, mal que le pese a algunos, es que vivimos en un mundo de sombras, confundiendo la mentira con la verdad, porque la realidad parece ser otra… ¿será así?, o ¿seguiremos acaso en el mundo de los sueños y las pesadillas recurrentes, esas que algunas gentes asocian a palabras como “cochinilla” o cleptocracia? Por cierto que la última palabra parece estar más cerca de designar lo que de verdad estamos viviendo.
Sí aún no sabe por qué motivo el IVM está en grave riesgo de no poder cumplir sus obligaciones con los pensionados y asegurados, le explico paso a paso que el desvío de fondos de los seguros sociales es lo que está llevando a IVM a la quiebra y a sus asegurados a pagar los platos rotos.
Primero es necesario conocer la diferencia entre “seguro social” y “seguridad social”. A pesar de que cotidianamente escuchamos ambos términos, lo cierto es que no existe una definición consensuada sobre el significado de “seguridad social”. Una de las definiciones más amplias aparare en [1], pág. 10 y dice así: ‘‘La expresión ‘‘seguridad social’’, concebida como parte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender o propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual’’. Bajo esta definición, las siguientes instituciones, fondos o empresas, prestan apoyo y servicios de seguridad social en el caso de Costa Rica: IMAS, AYA, ICE, INS (RT y SOA), INVU, CCSS, los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, BANHVI, PANI, INAMU, JPS, Operadoras de Pensiones, Jupema, hospitales y clínicas privadas, las universidades, Bomberos, ASADAS, IAFA, Fondo de Pensiones del Poder Judicial, Fondos Complementarios de Pensiones, etc. Como se aprecia, la definición es amplia, sin excluir a ningún individuo de la sociedad y las coberturas son prácticamente ilimitadas, pues lo que se persigue es el bienestar del individuo.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el concepto de “seguridad social” es menos amplio, pues dice así, según [2]: “La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”. En este caso tampoco se excluye a ningún individuo de la sociedad; pero se reducen las coberturas, por lo que la lista de instituciones o fondos de “seguridad social” o de apoyo, se reduce de la siguiente manera, en el caso de nuestro país:
La CCSS, pues administra y/o gobierna los siguientes regímenes de seguridad social:
El “seguro social” creado por la Ley N° 17 de 1941, ratificado en el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (CP). Por este motivo la CCSS se llama así, de “Seguro Social”, aunque desde 1973 se debería llamar “Caja Costarricense de Seguridad Social”, con las mismas siglas.
El régimen no contributivo de pensiones creado en el artículo 4 de la Ley N° 5662.
El régimen obligatorio de salud de los pensionados creado por la Ley N° 5905.
La cobertura obligatoria de salud de las personas de escasos recursos, creada en el artículo 2 de la Ley N° 5349.
El régimen obligatorio creado por la Ley 7983 en sus transitorios XII y XVIII, para universalizar la cobertura de la seguridad social a los trabajadores independientes.
El seguro “obligatorio” de salud del resto de la población no cubierta por ninguno de los regímenes anteriores, de conformidad con diversas leyes y convenios internacionales.
2. El Ministerio de Salud, el INS y cualquier otra entidad o institución que preste servicios relacionados con la salud.
3. El resto de las instituciones y operadoras que administran regímenes de pensiones.
4. El IMAS, FONABE y cualquier otra institución o empresa que brinde ayudas sin fines de lucro.
Podríamos decir que la “seguridad social” es el “todo”, ya sea en los términos de la OIT o como dice en [1], pág. 10: “la seguridad social se estructura para cubrir todos los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una determinada colectividad”. En cambio, el “seguro social” es una parte de la seguridad social o del “todo”, como se define en el artículo 73 de la CP:
“ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.” (Destacados míos)
Entender la diferencia entre “seguro social” y “seguridad social”, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel jurídico, es crucial para comprender el desvío de fondos que se ha venido produciendo, que de continuar llevará a la quiebra segura y muy pronta al IVM. Por eso sigo insistiendo, para que no le quede ninguna duda. La lectura del artículo 73 constitucional nos deja claro que el “seguro social” es la parte de la “seguridad social” dirigida a los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) y sus familias (así adicionado por el transitorio del artículo 177 (párrafo tercero) constitucional). El “seguro social” es obligatorio, contributivo y solidario (tripartito). Así también se lee en la Ley del seguro social N° 17 en sus artículos 1, 2 y 3. En [1], pág. 10, también se lee lo siguiente: “Son evidentes las diferencias entre los seguros sociales obligatorios y la seguridad social. Mientras los primeros protegen a los trabajadores por cuenta ajena, la seguridad social nace con el propósito de amparar a toda la población.” (Destacados míos).
Dentro del “seguro social” estarían incluidos otros regímenes (de pensiones) existentes en Costa Rica, en tanto protejan a trabajadores asalariados, sean contributivos, obligatorios y solidarios; sin embargo, en lo sucesivo me refiero solamente al seguro social administrado y gobernado por la CCSS, por lo cual también excluyo los riesgos del trabajo que son administrados por el INS. Entonces me refiero al “seguro social” que protege a los trabajadores asalariados ante las contingencias de invalidez, vejez, muerte, enfermedad, maternidad y otras que la ley determine, incluyendo cobertura familiar, administrado por la CCSS, que de conformidad con los artículos 32, 33 y 34 de la Ley del seguro social N° 17 se divide en dos partes o seguros: el de salud (reparto) y el de capitalización (IVM). El régimen de reparto no crea reservas, mientras que el de capitalización sí crea reservas. El costo para atender los beneficios del primero es de un 7,5% sobre los salarios como se observa en [3], páginas 100-104. Incluso es menos de 7.5%, vea el Cuadro 51 de [3], Pág. 104, que dice “Prima de reparto Asalariados 7.11%”. En la actualidad la prima o cuota que la CCSS recauda para el “seguro social”, de conformidad con el artículo 73 de la CP y el 32 de la Ley N° 17, es un 25,66% del salario. Según ese artículo 32, esa cuota y cualquier otro fondo obtenido por esa ley, debe separarse en dos, una para salud (reparto) y otra para IVM (capitalización). Así, la CCSS debería destinar un 7,5% al primero (reparto) y el restante 18,16% al segundo (IVM). Sin embargo, contrario con dicho artículo y con el artículo 73 constitucional, al IVM en lugar de enviarle el 18,16% solamente le trasladan un 10,66%. El otro 7,5% lo desvían para otros regímenes de seguridad social sin que ello esté autorizado por ley, lo cual no sería posible sin una reforma constitucional. Lo ilustro gráficamente de la siguiente manera, incluyendo en las esquinas, el ordenamiento constitucional y legal vigente que expresamente prohíbe esos desvíos.
Tal desvío multimillonario no autorizado de aportes tripartitos del seguro social, no solamente está prohibido por la CP, sino también por diversas leyes y sentencias judiciales. Por ejemplo, cuando se creó el seguro de salud para las personas de escasos recursos con la ley 5349, el artículo 2 recordó que “Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación”. Algo similar se ordenó en la Ley 5905 cuando se creó el seguro de salud de los pensionados, al indicar: “Si hubiere algún déficit, este será cubierto por el Estado, el cual tomará los recursos de las rentas creadas por leyes anteriores para cubrir la cuota estatal y la cuota del Estado como patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social”. (Destacado mío). Si alguien tiene duda, que le pregunte a Román Macaya Hayes o a los directores de la CCSS, cuánto le han cobrado al Estado por el hueco que hay en este seguro y cuánto ha pagado el Estado.
Como si el desvío de un 7,5% sobre los salarios fuera poco, al 10,66% que sí trasladan al IVM le vienen dando grandes pellizcos a partir del año 2000, cuando con la Ley 7983 le ordenaron a la CCSS afiliar a los trabajadores independientes; ello a pesar de que esa ley volvió a recordar que los dineros del seguro social no se pueden usar para otros fines, adicionando al artículo 1 de la ley N° 17 parte del artículo 73 de la CP y al artículo 3 el párrafo que dice: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. La misma ley agregó al artículo 74 de la ley del seguro social, el párrafo siguiente: “Corresponderá al Ministerio de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal”. (Destacados míos). ¿Dónde están esas rentas suficientes para la universalización de los seguros sociales? Contrario a ello, el Estado le debe a la CCSS más de ₡2 billones y en los años 2007 y anteriores, la CCSS elevó las cotizaciones de los trabajadores independientes y a muchos de ellos les redujo el subsidio estatal, lo cual abrió una segunda válvula -ver el gráfico anterior- para el desvío de fondos del seguro social de los trabajadores asalariados, para atender a este grupo de trabajadores por cuenta propia, que generalmente cotiza con la base mínima; pero que requiere garantía de pensiones mínimas, por lo cual es actuarialmente deficitario, sin que se haya cuantificado el déficit que tiene en IVM. Al respecto, la OIT señala en [4], pág. 50: “… en la práctica ha resultado muy difícil aplicar este concepto en el caso de ciertos trabajadores, como por ejemplo muchos trabajadores por cuenta propia, cuya modalidad de ingresos es irregular, para quienes el propio concepto de ganancias es difícil de evaluar y quienes generalmente tienen diferentes necesidades y prioridades en materia de seguridad social.”
Así que no coma cuento cuando le dicen o le gritan que el problema del financiamiento y la crisis de IVM es el envejecimiento de la población. La OIT dice en [4], pág. 102: “El envejecimiento de la población no constituye una amenaza para los sistemas de seguridad social sino más bien un problema para la formulación de las políticas económica y social y para el mercado de trabajo”. Que no lo engañen. Recuerde, quienes propiciaron la quiebra de IVM son los mismos que deciden lo que se debe hacer con el IVM y lo quieren sumar a usted como si fuera una oveja, sin respeto, ni importarles el conflicto de intereses que poseen. En guerra avisada no muere soldado.
Hace algunos días publicamos un artículo titulado “Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras” sobre la comercialización del territorio hondureño al mejor postor internacional, como un fenómeno político mercantil sin precedentes en la época predominante del neoliberalismo. Este hecho, sin parangón en el mundo actual, en el cual un gobierno aliado a los sectores más conservadores de la denominada “comunidad internacional” y local, pone en venta el más preciado patrimonio del pueblo, para beneficio de quienes mantienen el poder político y sectores económicos de la ultra derecha, violentando la propia Constitución, los derechos humanos universales y despojando al país de su soberanía.
Una de las consultas que dejamos sobre la mesa en la publicación anterior es: “¿Está o ha estado el sionismo detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños” para iniciar y gestionar semejante aberración (ZEDEs) dentro del sistema capitalista normal?
Cuando le expresamos a un líder político del departamento de Santa Bárbara la valoración que hacemos de las ZEDEs es que detrás del telón está la Israel sionista, nos respondió: “Pues si es así, estamos listos y servidos”, sugiriendo que poco o nada se puede hacer para evitarlo. Y es que los sionistas tienen un largo historial de usurpaciones, invasiones, irrespeto a los convenios internacionales. Así mismos crímenes contra poblaciones civiles y asesoramientos en el medio oriente, particularmente cuando se refiere a Palestina[1], conflictos en el cual Washington ha estado interviniendo en favor de Israel desde 1948, por lo que no se logra ninguna solución pacífica que favorezca los pueblos deseosos de paz.[2]
Según una investigación del periodista Dan Cohen, corresponsal en Washington DC de Behind The Headlines[3], “Tras el éxito que supuso el Plan Colombia del gobierno de Estados Unidos a la hora de debilitar el movimiento guerrillero de las FARC, éste ha sido aclamado como un modelo de contrainsurgencia exportable para implantar en otros lugares, desde México a Afganistán. De 1984 a 2002, al menos 4 mil 153 miembros —incluyendo 2 candidatos a la presidencia, 14 parlamentarios, 15 alcaldes, 9 candidatos a alcalde, 3 miembros de la cámara de representantes y 3 senadores— fueron asesinados o desaparecidos, en lo que la justicia colombiana denominó como «genocidio político»[4]. Pese a algunos escándalos, la relación «Israel»-Colombia sólo se ha fortalecido a lo largo de los años. Bajo el presidente Iván Duque, los dos países han renovado los lazos y el personal militar israelí ha capacitado a sus homólogos colombianos en «contraterrorismo». El escritor del artículo identifica a un mercenario criminal israelí ex miembro del temible Mossad, Rafi Eitan, quien asesora al gobierno colombiano en su estrategia de represión y exterminio, contra la ciudadanía que lleva dos meses de movilizaciones y paros.[5][6]
Honduras tiene poco o nada que envidiarle a Colombia en cuanto al asesoramiento de criminales israelitas especialistas en represión a los pueblos que protestan contra los sistemas decadentes como el neoliberalismo. El 13 de octubre de 2009, Percy Francisco Alvarado Godoy, hace un análisis de seis páginas,[7] en el cual explica que los sionistas tienen más de cuatro décadas de asesorar a Honduras y la región centroamericana en métodos de represión al pueblo. Da los nombres de asesores como el del general Jacob Levi y el oficial Jehad Leiner, parte de los dispositivos del Mossad y de familias israelitas hondureñas como los Facussé y Canahuati que han estado involucradas desde que funcionara el tristemente famoso Escuadrón 316.
Aprovechando las ultimas fatalidades de los hondureños, la Plandemia y los dos huracanes: Eta y Iota, el gobierno estadounidense ha procurado fortalecer más la relación triangular entre Colombia y Honduras, con Israel, como tutor y asesor. Léase “Triangular Cooperation Between Honduras and Colombia” con subtítulo “Estrategia de Cooperación Triangular entre Honduras y Colombia, con el apoyo de USAID/Honduras”[8], de reciente publicación. En ese documento se informa sobre el involucramiento de los cuerpos colegiados empresariales CCIT y CCIC, en el proyecto titulado Modelo Integral de Servicios Empresariales (MISE), con el objetivo de “fomentar la articulación público-privada y promover cambios estructurales[9] y sostenibles en Honduras para crear nuevos y mejores empleos”. https://nodoka.co/es/noticias/estrategia-de-cooperacion-triangular-entre-honduras-y-colombia-con-el-apoyo-de-usaid-honduras Podríamos pensar que a través de estos proyectos que se estaría canalizando la ayuda de EUA para detener la migración. La población hondureña tiene el derecho a saber si esto es una mampara para que países como Israel apoye proyectos de despojo territorial como las ZEDES.
Nada casual es que dos diputados nacionalistas propusieran recientemente que se declarara “Dia de la Amistad entre Israel y Honduras el 15 de junio”, previo a la visita de la numerosa comitiva que visitó Israel.
El pueblo hondureño conoce en carne propia lo que significa la presencia de sionistas israelitas en su país, puesto que llevan, al menos, 12 años de sufrir asesinatos selectivos, masacres, torturas, prisión y cualquier tipo de prácticas represivas hacia quienes opinan diferente al régimen gobernante. Los productores de cocaína y lavado de activos colombianos han sabido entrenar a los capos catrachos e influenciar los niveles más altos de la institucionalidad nacional, hasta llevarlos a la mayor corrupción e ingobernabilidad posible.
Por todo lo anterior, es iluso no pensar que el sionismo israelí y el uribismo colombiano, están involucrados en el proyecto estrella del régimen nacionalista: las ZEDES.
[6] Según el recuento de tal campaña, se han registrado 83 homicidios de civiles, de los cuales 27 son atribuibles a la fuerza pública, otros siete son atribuibles a “civiles” particulares, y en 43 casos no se ha identificado el agresor https://www.telesurtv.net/news/colombia-actualizacion-protestas-informe-ddhh-20210623-0020.html.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
La aguja del tren baja al sonido de una alarma estridente. En pie de fila se posicionan un pick up acondicionado en su parte trasera como verdadero mercado móvil. A su lado un flamante Hummer amarillo, reluciente, reverbera su motor con igual estridencia que la alarma del tren. Un poco más atrás, una mujer joven aborda una bicicleta motorizada de un “delivery”, como glamorosamente se le llama ahora a las personas flexibilizadas de las empresas de entrega que transitan por todo el país; se sostiene pie en tierra mientras revisa en su teléfono de plan prepago, la próxima entrega.
El tren de reciente factura hace su aparición y al pasar frente a mi casa se mueve rítmicamente de un lado al otro. Pienso en el daño estructural que tiene este paso a nivel de la línea férrea y que he visto ser “parchonado”, “arreglado” y vuelto a «parchonar» en los últimos 20 años. Cinco administraciones completas. Por ese paso amorfo y desnivelado, hemos visto desfilar cerca de un centenar de motociclistas por el suelo en época de lluvias y no menos cantidad de automóviles con sus llantas y sus sistemas de suspensión destruidos.
Luego pienso en el escándalo que tan candorosa y literariamente ha sido denominado como “cochinilla” para hablar de corrupción en el manejo público-privado de fondos para infraestructura vial y se me pasa.
Al levantarse la aguja, el Hummer comanda el convoy formado por la espera. La mujer del delivery logró esquivarla hace rato y su motor modificado hizo un ruido parecido a una chicharra. El vendedor de frutas y verduras del pickup mostró una salida digna, con cuidado de que los plátanos y las trenzas de cebolla amarradas a la estructura hechiza de su cajuela no fueran a dar al suelo.
Es esta una imagen permanente y recurrente en una Costa Rica cuyo idilio con la idea y la práctica de igualdad hace tiempo se esfumó. En su lugar, la diferencia, pero en particular la perfomance lacerante de la misma, se escenifica un día sí y otro también. El Hummer, el pick up y la bicicleta modificada y su conductora flexibilizada, dan cuenta de ello.
Por eso, es entendible la indignación de quienes ni siquiera pueden cuantificar en sus cabezas ni en sus vidas, la estratosférica suma que acaban de pagar dos acaudalados empresarios de la construcción como fianza para no permanecer privados de libertad. No alcanzan las calculadoras, dicen unos, da error al convertir de millones a colones, dicen otras. Es una vulgaridad, pareciera ser la palabra más empleada para definir el sentimiento que genera la actitud de los opulentos en tiempos de COVID.
Y esto es así porque la era de la ostentación nos alcanzó para quedarse, igual que la pandemia, igual que la modalidad virtual educativa. Igual que tantas otras cosas.
Esa frase, la de la era de la ostentación, se la debemos al querido y recordado científico social Carlos Sojo en su obra póstuma “Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica” (FLACSO-PNUD,2010). En esta, una de sus últimas obras de análisis sobre la realidad costarricense, Sojo dedica unas interesantes líneas al tema de la manifestación de la opulencia por los sectores hegemónicos costarricenses.
Destaco tres ideas de su texto que me parecen importantes al tenor de los últimos acontecimientos detonantes de una práctica de corrupción anquilosada y naturalizada desde hace mucho tiempo.
La primera idea es la de la ruptura de un acuerdo político para contender las diferencias. Con esa normativa tácita y horizontal se configuraba una interrelación de iguales, una comunidad de semejantes, aunque no lo fuéramos. Ese acuerdo erupcionó no más entrando este nuevo siglo y lo que antes era común y natural, es decir, una especie de contrato social de aceptación de esa desigualdad, ahora está falseado. Hecho crisis.
La segunda idea, muy metafórica por cierto en estos tiempos, nos señala “la fuga de los pudientes hacia extremos insospechados» (pero conocidos hoy como la más absoluta legitmidad de los excesos) mediante la cual, dice Sojo, se sustenta esa opulencia desmedida. Esa banalidad in extremis del consumo que “fractura la vida social” (2010, 84).
El flanco local, la vía costarricense, es hacerlo aparecer como resultado de un emprendedurismo empresarial ascendente, la luz divina del éxito individual. En otros países de la región a esa acción se le conoce realmente como acumulación por despojo.
La tercera es una recuperación de una imagen. Nos sirve visualizar el Hummer esperando cruzar, o saltarse, la aguja del tren mientras comparte la espera (vaya paradoja) con el pickup vendedor de Plátanos y tomates y la flexibilizada y empobrecida “delivery”. Sojo la entiende como la demostración de la ostentación, es decir, la conducta de enseñarles a todos por la ventana mientras el aire golpea unos lentes para sol de dos mil dólares, la riqueza que me hace diferente a los demás, ahora si legitimada por la inexistencia de ese pacto de iguales.
El aumento exponencial de la riqueza material en el país se deriva, dijo el sociólogo, de la apertura comercial, la desregulación económica, la expansión del turismo, la bomba inmobiliaria (ya sonaba este tema desde entonces y hasta ahora) y del desordenado crecimiento de las capacidades de las élites profesionales. Todos los días es vista en la calle esta expresión.
Me gustaría sólo agregar una cuarta dimensión que Sojo no llegó a observar en su trabajo. Es la de una ostentación diferente. Es más del orden de lo sociopolítico y sociocultural.
Es aquella que expone la necesidad de presentarse, de demostrar cierto progresismo político que en lo cultural está basado en la consignación de algunos derechos que no son universales, una práctica social urbana de movilidad que también resulta excluyente, un modo de consumo que aunque parezca light, también es suntuario y reservado para personas con cierta capacidad de ingresos y un discurso de inclusión que no termina de asumir la totalidad de esa comunidad de diferentes. Es esta una ostentación permitida bajo el prisma de lo “alternativo” y «progresista», pero igual de lacerante que la señalada por Sojo años atrás.
En una experiencia de contingencia sanitaria, económica y cultural de la cual no sabemos aún como saldremos y si saldremos, transitamos hacia la profundización de un modelo de exclusión que toca en absoluto todas las fibras de la vida costarricense. Como he dicho en otros momentos, la refundación de un nuevo pacto social se impone y es necesaria. Urge.
Hay una frase que se repite a menudo en varias actividades de la vida: “no lo suelte porque se le va” y se utiliza para recalcar la necesidad de mantener a una persona, cosa o tema totalmente tomado para que no se desligue, no se pierda y además no caiga en el olvido.
Hoy lo aplicamos al caso “cochinilla”, caso de corrupción que se da en nuestro país pero que repercute en otros países dados su notoriedad y dada su influencia en asuntos domésticos y de otros países.
Por eso, seguimos con este tema indicando que se abre una luz de esperanza por medio del “Recurso de Apelación” planteado por el Ministerio Público contra la resolución que impone medidas cautelares y fianzas a los involucrados en este tema. Las medidas cautelares y las fianzas son medidas procesales para fundamentar la libertad bajo ciertas condiciones de los imputados, sin embargo, existen una serie de lineamientos para que se otorguen y entre ellos está el de valorar si esos imputados estando en libertad podrían o no obstaculizar la investigación o eventualmente evadir la justicia mediante la fuga. Esas dos premisas son probables dadas las condiciones de los imputados en cuanto a poder económico y conectes internacionales.
La justicia se debe activar desde el primer momento. En este país esa justicia al parecer, duerme plácidamente cuando “de poner el cascabel al gato” se trata. No se ha venido aplicando de manera estricta y sin mirar a quien. Precisamente el símbolo de la justicia es de una persona que mantiene el equilibrio y no mira si se trata de “fulano o mengano” actúa o debería actuar en igualdad de condiciones sobre todos. Desgraciadamente no ha sido así. Por otra parte el sistema jurídico se ha ido desarrollando para beneficiar a la delincuencia y al crimen organizado. Este es un buen momento para que se revisen muchas leyes y se impongan medidas más severas contra los delincuentes y cerrar los portillos que facilitan para esos criminales las acciones para salirse con la suya. Les toca eso a los diputados, sin embargo, estos tampoco hacen por donde llevar adelante esas acciones tan importantes pero para subir impuestos e imponer acciones gravoso contra el pueblo y trabajadores si están listos y se apuran en lograrlo.
También los jueces deben estar muy atentos para que sus acciones sean ejemplarizantes y sirvan de control y de barrera para la comisión de nuevos delitos y máxime si son contra la Hacienda Pública ya que nos afecta a todos.
Ojalá y Dios quiera que se sancionen adecuadamente a quienes participan en esas delincuencias para que los demás pongan barbas en remojo y se abstengan de hacerlo, por el bien de todos.
Filidencio Cubillo Morales, Indígena Bribri, Territorio Bribri de Talamanca
Es común escuchar cómo los sistemas ideológicos se confrontan, defendiendo cada uno su doctrina y enarbolando su bandera como el mejor sistema. Los que se denominan demócratas, social-demócratas, social-cristianos, repudian y condenan al socialismo, al comunismo, totalitarismo y a otros sistemas. Sin embargo, para los pueblos originarios en Costa Rica, Latinoamérica y todo América ¿Existen garantías fundamentales, reales para esos pueblos? o ¿Se cumplen las leyes nacionales, convenios, tratados que se han ratificado a favor de los pueblos originarios?
Para los pueblos indígenas, el conservador, el liberal, el colorado, el verde, cualquier sistema lo masacra, lo discrimina, lo reprime, le violenta sus derechos, lo extermina, se comete genocidio de manera cínica o de la forma más sutil, sistemática u orgánica.
En los sistemas llamados democráticos, los pueblos originarios son ignorados, invisibilizados, sus problemas sociales, culturales, políticos, jurídicos son descaradamente desatendidos, archivados.
Los gobiernos firman tratados, convenios, promulgan leyes que al final sirven para que se limpien el trasero.
Tal vil, inicuo es el asesinato, el exterminio de un poblado de un Mapuche en Chile, de un Lenca en Honduras, de un Maya en Guatemala, de un Quechua, de un Chocó, como lo es de un Bribri en Salitre en Costa Rica, y la justicia pronta y cumplida no se vislumbra.
Los politiqueros ya están llegando a las casas, hasta el último rincón, porque perdieron su honestidad, su pudor, les vale un bledo mentir, engañar al humilde campesino, en este caso al indígena. La política como ciencia de la administración pública es excelente, pero cuando se vuelve burda es repugnante.
Este mortal, quien firma, milita en un colectivo político, más no he andado embaucando a mis hermanos y hermanas, milito de forma incondicional, es por la coherencia de sus líderes, hasta el momento, aunque hay que aclarar que existen principios doctrinales con que no comulgo. Tampoco vendo falsas promesas, expectativas, como diciendo que el alto costo de la vida se puede reducir fácilmente, que el paquete de arroz se puede bajar de precio a menos de novecientos colones, es una situación insoslayable.
Los programas sociales son obligaciones del estado, son derechos de las familias y sectores más vulnerables, porque el dinero es del pueblo. La atención de obras públicas es función o deber de un municipio, de un funcionario público, por eso se le paga, es deber del estado, no es un honor del funcionario, pues no son recursos provenientes de su bolsillo, él no se merece un monumento o una estatua. Honor o mérito se merece cuando actúa con probidad.
Los recursos del estado se generan de los impuestos que todos pagamos, si el gobierno pide prestado fondos a otro gobierno u organismo, todo el pueblo paga ese préstamo.
Para las comunidades indígenas es prioridad políticas justas en el sector agrario, que los recursos naturales sean para beneficio de las propias comunidades, políticas sociales, mejoramiento de los servicios de salud para el territorio, fortalecimiento y defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no se privatice ni la Caja ni otra institución que son parte del estado de derecho.
Hermanas y hermanos, demandemos derechos colectivos, de bien común. No apoyemos ni fomentemos el clientelismo político que favorece al politiquero, que en cada campaña cambia de bandera, no de proceder, aunque esté cuestionado, esté involucrado con la mafia, el crimen organizado, ¡ya no se ruborizan!
Artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del estado.
Exijamos respeto a nuestra dignidad. Hagamos valer nuestra libre voluntad, al final usted decide.
Señoras y señores politiqueros: tengan decencia y consideración, no se valgan de las penurias de nuestras familias.
A las corrientes políticas: todos son nefastos, cuando no se actúa con justicia social.
Pienso que estaríamos de acuerdo en que no, sin embargo nuestra historia nos confirma con significativas excepciones como ejemplo la Guerra contra los filibusteros, que tenemos memoria flaca o domesticada y en menos que el gallo cante tres veces todo se habrá desinflado. Más aún si la eliminatoria inicia y Keylor Navas se digna venir a jugar con la selección.
Como pueblo regularmente educado, en donde el 52 % de los adolescentes no terminan secundaria y de estos solo el 19 % accede a la educación universitaria, pienso que la natural malicia indígena costarricense, la de Mora y Cañas, podrá ser la que den un vuelco al estado actual de las cosas.
Quisiera pensar eso, sin ser un bucólico cuento porque a veces reaccionamos.
Es de tal magnitud el descaro empresarial y la complicidad institucional, para un entrenado que era un secreto a voces pero que hasta ahora se tienen pruebas y testimonios, que verifican lo obvio, que una reacción de peso es justificable.
Cuando todo esto se contrapone a nuestros niveles de desempleo, de pobreza y de desigualdad y cuando escuchamos historias de personas reales, de verdad, sufriendo porque están pasando hambre y viven el día a día con la zozobra de si tendrán comida para el día siguiente y vuelve a pasar que no. No podemos indignarnos solamente, es la hora de que esto tiene que cambiar. Una revolución armada? indeseable por su costo pero factible; un escoger en las elecciones al menos malo? lo más probable; un populista que nos llene los oídos de lo que queremos oír? está de camino; una manifestación ciudadana multitudinaria que exija cambios reales? lo mínimo necesario pero no suficiente, para enfrentar y parar este despeñadero.
Como costarricense quisiera no olvidar ni el más mínimo detalle de la Cochinilla y mientras tengamos este sistema patético de elección de diputados y de solo representación a través de los partidos, de que hasta donde llegue, poder al menos ejercer mi derecho al voto pretendiendo el mejor cambio posible, que espero no sea votar por el menos malo. Sin embargo este esquema está en vías de agotarse y ojalá de extinción.
Quisiera poder plantearme escenarios alternativos, pero es el tal el embudo que nos ha llevado la clase político-empresarial, particularmente en los últimos treinta años, que cualquier reacción desesperada está a la vuelta de la esquina.
Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.
En un estupendo ensayo que se encuentra en proceso de publicación por la Rel UITA, el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, y el abogado laboralista de vasta experiencia profesional acompañando la lucha de numerosos sindicatos, Frank Ulloa, ambos costarricenses, analizan exhaustivamente la génesis, la promulgación, el proceso de ratificación así como las limitaciones y obstáculos que ha encontrado en su camino el Convenio 11 que consagra la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y que este año cumple un siglo de existencia.
Un opaco centenario
Tomando como pretexto este aniversario, los autores realizan un apretado resumen y contextualización del nacimiento de la OIT, las primeras promulgaciones de Convenios y Recomendaciones, y su desarrollo posterior.
En un lenguaje llano y didáctico, Ulloa y Castillo hacen foco en la fuerte resistencia que encontró desde su origen, en 1921, la extensión del derecho de asociación al sector agrícola mediante el artículo 1 del Convenio: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas”.
Fue necesaria la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de las Naciones que, en 1923, sentenció lo que a ciertos sectores empresariales de la época no les resultaba obvio: que el ámbito de acción de la OIT abarca a la agricultura, y que los trabajadores y trabajadoras rurales tienen los mismos derechos que los demás.
Amos y siervos
Esta visión feudal, cultural e ideológicamente incrustada en el empresariado agrícola, aún persiste con diversos matices en gran parte del planeta. “(…) darle vigencia al Convenio 11 de OIT sigue siendo una aspiración de los trabajadores y trabajadoras costarricenses para enfrentar estos retos de manera organizada y dejar de estar a merced de estas empresas”, señalan los autores.
Luego de un profundo análisis sobre la aplicación y real vigencia del Convenio 11 en Costa Rica y la región, el documento aborda entre otros aspectos la crítica al modelo de desarrollo en la agricultura exportadora, las condiciones de trabajo y los derechos de la mujer en las empresas agrícolas, las normas discriminatorias en el Código de Trabajo costarricense, la impunidad de las empresas que imponen sus propias reglas, el reto de acercar los planteamientos teóricos a la realidad, y el auge y caída de la libertad de asociación en el marco de la consolidación de los Estados corporativos.
Una foto que pocos quieren ver
En sus conclusiones, Castillo y Ulloa establecen que:
La fuerza de un Convenio no logra anidar en la conciencia ciudadana y en la sociedad si los actores sociales (empresarios, trabajadores, Estado) no están imbuidos de la trascendencia de sus fundamentos éticos y políticos.
Se constata que la aplicación del Convenio 11 en Costa Rica ha sido bloqueada, obstaculizada y debilitada históricamente en distintos momentos, formas y medios… “¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Son conscientes de las implicaciones políticas inmediatas y las que se cultivan al futuro con tales infracciones?”, preguntan los autores.
Se reafirma y demuestra que el poder de un instrumento jurídico de carácter internacional como son los Convenios Internacionales del Trabajo tiene una razón de ser en la salida de eventuales conflictos socio-laborales, y en la búsqueda de una meta ideal superior: la paz y la justicia social.
Identifican un comportamiento hipócrita presente en diversos actores económicos, políticos y sociales que supuestamente aceptan la vigencia de un sistema de derechos, pero que sin embargo lo relativizan y hasta lo violentan brutalmente para proteger sus intereses individuales y/o corporativos.
“De la misma manera −afirman los autores−, el concepto de ética se acuña bajo acepciones y perspectivas utilitaristas de mercado (RSE, Código Ética Empresarial, Comercio Justo, Certificadoras Internacionales, etc.), pero en ningún momento estos mecanismos implican el cumplimiento de la ley respecto a la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas, o el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente”.
En países como Costa Rica, geográficamente pequeños, de bajo desarrollo económico, con estructuras de poder neocoloniales y dependientes, las corporaciones trasnacionales han tenido un papel dominante cuyo peso y gravitación en los empresarios nacionales y las autoridades gubernamentales llega hasta nuestros días, constatan Ulloa y Castillo.
Se denuncia que persiste una flagrante subvaloración al trabajador, y más aún al trabajador agrícola, al que se considera como una categoría de menor rango, y la discriminación se acentúa aún más en el trato a los migrantes en el sector agrícola: hambreados, expulsados de su propio país y recibidos como un auténtico ejército de reserva explotable y desechable.
Las empresas transnacionales han perfeccionado los mecanismos de explotación e incrementado el nivel de abuso e impunidad al tiempo que se enriquecen, lo que demuestra que, en materia de negocios en gran escala, los riesgos políticos y éticos de las malas conductas no se registran en los libros contables. La impotencia va haciendo mella en la cultura ciudadana, comprometiendo el futuro de la gobernabilidad por el daño social provocado por la mala distribución de la riqueza. Asimismo, la irresponsabilidad ante el deterioro del planeta es incalculable.
Las empresas transnacionales aplican un modelo de violencia antisindical y utilizan un doble discurso: por un lado, mediante un supuesto Código de Ética, un sistema de Certificaciones, la manida Responsabilidad Social o el Comercio Justo venden en el mercado internacional la imagen de empresas respetuosas de los derechos laborales y del acatamiento al cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, en las fincas aplican una batería de prácticas y castigos antisindicales e instrumentos de relaciones laborales deformados que sirven para frenar los intentos de organización, impedir la negociación colectiva y neutralizar reivindicaciones socio económicas, al tiempo que utilizan un paquete tecnológico basado en el uso indiscriminado e impune de agrotóxicos.
Estas transnacionales han ideado y perfeccionado una verdadera caja de herramientas antijurídicas y de conductas antiéticas con las que capacita a sus mandos medios y a los trabajadores que ellas mismas designan para integrar el Comité Permanente de Trabajadores. Esto es una flagrante desnaturalización de la ley, pero se permite y hasta se acompaña, al obligar al sindicato a acudir a una institucionalidad fallida: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Tribunales de Trabajo que no se preocupan por profesionalizar la Inspección del Trabajo. En síntesis, las transnacionales hacen un uso antiético de la legalidad que contagia al resto del empresariado, erosiona las políticas ambientalistas del país y, cada vez más, va desgastando la institucionalidad democrática.
En síntesis, no hay nada para conmemorar, todavía.
