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Honduras en llamas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila

Cuando al menos la mitad de la institucionalidad catracha ha sido destruida y corrompida, todo el país se desploma y cae en pedazos. Nada funciona adecuadamente.

Los servicios básicos al público, incluyendo los privatizados, son sumamente ineficientes. Hospitales y clínicas privadas están cobrando hasta diez veces los precios, porque el gobierno no les controla, al contrario, funcionarios públicos se asocian a ellos. Frecuentemente la energía eléctrica, privatizada, no funciona, por ende, el internet, los celulares, todo esto privatizado, mantiene un deficiente servicio. En mucho, la industria y comercio apenas funciona horas si tienen instalada plantas generadoras privadas. El sistema educativo, ahora más dependiente (a distancia) de la energía eléctrica, consecuentemente, tampoco funciona casi en un 50 por ciento.

El sistema de salud, como el peor del continente, termina en un mar de lágrimas y un funeral inagotable, sin dejar un minuto de respiro. No se logra un manejo confiable del Coronavirus, aunque esta población de 9 millones acepte casa por cárcel para el resto del año y más allá. Se dan instrucciones desde comisiones políticas, más que técnicas, pero no se dice por cuánto tiempo, dada la inexistencia de una estrategia viable, apegada a la realidad. El gremio médico, quien a través de su colegio ha hecho propuestas adecuadas a las circunstancias, no ha sido escuchado por los políticos en el poder, aun cuando sigue luchando contra decisiones descabelladas, siendo otra víctima al frente de esa guerra global contra el Covid-19, pero sin herramientas de combate. Honduras dispone de escasa investigación científica, su recurso humano intelectual ha carecido de apoyo oficial en toda la historia y menos ahora.

Los partidos políticos, están entusiasmados haciendo campañas políticas para tomar el poder, pero sí lo ganan no sabrían qué hacer, pues su objetivo llega hasta allí: tomar el poder. Que Dios nos guarde, después, con los pleitos que se darán por beneficios a la clase política que gane.

La sabiduría popular no está lejos de saber esto. Sí lo deseado por más del 80 por ciento de la población en cuanto a que desde EUA saquen, extraditen, expulsen, les corten las ayudas externas, a la cúpula gobernante, sencillamente es porque no creen que la oposición nacional lo haga. Por eso, un significativo porcentaje de trabajadores y juventud emigra, aun sabiendo los altos riesgos que conlleva irse hacia el norte. Sí la oposición ha tenido 11 años sin lograr hacer un cambio estructural, ahora que han visto que Bolivia lo hizo en 11 meses, saben que ha habido más que un error o desinterés en la dirigencia de la oposición local para concretar el cambio a fondo exigido.

Decir esto, molesta a los que dicen ser de izquierda, pero el cuestionamiento lo dan los hechos y no las palabras. Desde luego, hay escasas excepciones en este asunto. Quién se atreve a levantar su voz crítica dentro de la oposición, se arriesga a ser linchado por sus correligionarios.

La gran pena es ese pueblo trabajador, marginado del sistema de salud pública, al cual le siguen robando hasta lo más elemental para su salud. Cuando fallece un ciudadano humilde, simplemente lo entierran en una fosa común.

Ya no podemos hablar de un «sistema de educación» puesto que hasta esto se le ha sobrecargado a los padres y madres de familia. A adultos con un promedio de educación formal de cuarto grado de primaria, sino es menor, con los efectos del año 2020. Sin acceso a medios electrónicos y sin internet, no digamos a una computadora que les cuesta más de un año de salario. La señal electrónica cubre un tercio de la zona rural, si hay fluido eléctrico. Una proporción elevada de municipios de tercera categoría viven a oscuras la mayoría del tiempo.

No existe duda alguna que este gobierno está manejado por una mafia de narcos, que el poder fáctico se ha beneficiado a lo grande, por lo que un cambio de poder a manos de una izquierda democrática popular (quien ganó las dos últimas elecciones, pero perdió por fraude), será muy difícil que obtenga el beneplácito del nuevo gobierno de EUA y de la banca, comercio e industria nacional con mayor influencia política actualmente.

Muchos analistas ven nuevamente la preparación de un nuevo fraude para noviembre del presente año.

Así que el futuro inmediato es incierto, tanto para los partidos progresistas. Irónicamente, el mismo gobernante, quien ahora solamente parece sostenerse en el poder de la cúpula militar y financiera nacional tiene seguro su futuro inmediato. Algunos analistas piensan que, al solo concluir su mandato, será extraditado por la Corte Suprema estadounidense.

 Este pueblo quiere ver, ansiosamente, lo que Joe Biden hará con el presidente Juan Orlando Hernández, líder de un cartel de drogas, según datos de la Corte de Nueva York.

Este pueblo ha resistido más de lo imaginable y aunque le sigan cerrando rutas de salida, seguirá tratando de escaparse, pues su barco está en llamas.

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

Si la educación es gratuita, gratuita debe ser la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Vladimir de la Cruz

La reanudación del ciclo escolar es un acierto. La intensa y larga huelga magisterial del 2019 y la pandemia del 2020, que aún no se ha acabado, hicieron perder prácticamente casi año y medio de clases a los estudiantes desde la preescolar, la escolar y la secundaria, así como por el impacto de la pandemia que afectó notablemente la vida universitaria.

Solo en estos niveles, excluyendo el universitario hay alrededor de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes, entre la escuela pública y la privada, en números redondos, 150.000 en la preescolar, 600.000 en la primaria, 500.000 en la secundaria y en otras modalidades educativas casi 100.000.

La pandemia puso de relieve, de manera muy destacada, las falencias en el sector público, más que en el privado, las condiciones materiales de estudio y de trabajo docente, tanto de estudiantes como de profesores. Puso en evidencia, además, las carencias informáticas y tecnológicas de las escuelas públicas, especialmente las que están fuera del Valle Central, y de la Gran Área Metropolitana, las limitaciones de las redes informáticas y alcances de disponibilidad para estudiantes, maestros y profesores. Evidenció también los atrasos académicos de formación en el personal docente para atender, en situaciones como las que hemos vivido, y seguimos atendiendo, la educación a distancia, la teleeducación, las clases virtuales, las redes informáticas, el uso de ellas, y especialmente las dificultades de los hogares con aparatos tecnológicos, computadoras, iPads, tabletas, más que teléfonos para darle seguimiento a las actividades académicas que se programaban a distancia. Obliga sin lugar a dudas a una mayor intensidad en los hogares de apoyo a los estudiantes por parte de sus padres, exceptuando a los niños y jóvenes que disponen de esos artefactos electrónicos como parte ya de su vida cotidiana.

La interrupción de las clases condujo a la presión de los padres de familia, especialmente de la enseñanza privada, a cuestionar los pagos mensuales que tenían que hacerse, que no se veían en correspondencia con la educación y atención recibida. En bastantes casos en abandonar fácticamente la educación privada y trasladar sus niños hacia la pública, acompañado esto por el impacto en el desempleo ocasionado por la pandemia, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y por la reducción de jornadas, que impuso también la reducción de salarios.

A todo esto, las políticas públicas, de destruir a la clase media, de desemplear, de reducir pensiones, salarios e ingresos reales, de aumentar las cargas impositivas, incluso cobrando los mismos impuestos dos veces, en dos vías, de manera directa y por las vías municipales, recargando impuestos y tasas impositivas en salarios y pensiones, ha provocado un mayor empobrecimiento nacional de los sectores laborales, especialmente de las clases medias. Los techos y las rebajas a las pensiones tuvieron su efecto hacia los salarios, a los que les pusieron también techos, incluso al incremento anual por costo de la vida, devaluación e inflación, que al menos por los próximos dos años no van a crecer.

Así es como hemos recibido el 2021, el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia.

La crisis que golpea la educación es también el resultado del abandono que ha habido histórico del sector, en cuanto a que los recursos asignados, el 8% del PIB, no se garantizan acertadamente, no se impulsan las políticas por mejorar la infraestructura ni por impulsar de manera constante la capacitación del personal docente, tarea que no tienen los sindicatos magisteriales. Las escuelas y colegios en su infraestructura se han tenido abandonados por el Ministerio de Educación y por las Juntas de Educación encargadas de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones escolares y educativas.

El debilitamiento de los alcances de las redes informáticas para la educación en todo el país no se justifica de ninguna manera, sobre todo cuando se sabe que hay más de un millón de millones de colones, un billón, guardados en las instituciones a cargo de controlar, y de promover, las comunicaciones y telecomunicaciones, sus distintas redes y modalidades, la internet entre ellas, la fibra óptica, la banda ancha, que llevadas a todo el país, ojalá de manera gratuita, sirvan para las actividades educativas y también productivas.

No se puede atender el proceso educativo con teléfonos que se pagan a puchitos, desde mil colones, por tarjeta, en los supermercados y otros puntos de pagos telefónicos.

A los hogares y a los padres de familia, y a los escolares de todos los niveles, hay que asegurarles el acceso a estas redes y medios gratuitamente.

Si la educación, desde 1869, se declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, llevada esta obligación prácticamente hasta el nivel secundario, de igual manera los medios de alcance educativos, como la internet, la banda ancha, la fibra óptica, por medio de los cuales se lleva a cabo a modalidad de estudiar en las casas, debe ser gratuita para todos los costarricenses.

También debe asegurarse para escuelas públicas, las privadas no tienen este problema, la adquisición de computadoras y medios electrónicos que garanticen estas nuevas modalidades educativas.

Hay que garantizar de igual modo que todos los maestros y profesores también tengan las suyas, como asegurar que al menos en cada hogar donde haya un escolar haya también una computadora o un aparato electrónico, que no sea un teléfono, que garantice recibir las horas de clase por día que se van a dar bajo la modalidad virtual, no presencial.

Esta es una demanda patriótica, más que una lucha. Pero, también debe ser una lucha nacional, presente y permanente en cualquier movilización ciudadana que se haga, bajo cualquier pretexto y justificación, en las próximas semanas, meses y con vista a la campaña electoral que ya se metió.

Los sindicatos, los padres de familia, las Juntas de Educación, los estudiantes deben presionar para que así se disponga. Solo así se podrá atender, de mejor forma, la situación impuesta por la pandemia, el desempleo ocasionado, y el empobrecimiento por reducción de ingresos de las familias, que se está sufriendo. Solo así podemos impedir una mayor deserción de la que se calcula que ya impacta el sistema educativo, desde la Huelga del 2019 y la Pandemia que nos acompaña desde el 2020.

Los sindicatos de educadores son los más obligados, junto con los padres de familia, a convocar en esta demanda y lucha.

El Gobierno tiene las posibilidades reales y económicas de poner al alcance de todo el proceso educativo, de los estudiantes y sus familias esta posibilidad de acceso real y gratuito, de la infraestructura tecnológica y sus distintas redes de comunicación, para optimizar, en medio de la crisis generada por la pandemia, esta situación.

A la educación gratuita, gratuita la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo.

Acuerdo de Escazú: Argentina y México depositan su respectivo instrumento de ratificación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

El pasado 22 de enero del 2020, Argentina y México depositaron cada uno su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en marzo del 2018: de manera a saber cuáles son los diez Estados que ya lo habían hecho antes de Argentina y de México, remitimos a nuestros estimables lectores al estado oficial de firmas y ratificaciones de Naciones Unidas.

Breve puesta en contexto

Como se recordará, este tratado es el resultado de nueve rondas de negociaciones realizadas entre el 2014 y el 2018 bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), las cuales contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica.

En la literatura jurídica especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú. Al contrastar esta lista del 2012 con la de los primeros diez Estados en ratificar este instrumento, varias ausencias evidencian la poca consistencia de algunos y su falta de compromiso con la democracia ambiental en la región.

En efecto, Argentina y México se suman a diez Estados que habían ratificado anteriormente este instrumento regional, y que incluyen, en América Latina, únicamente a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

Una fecha de entrada en vigor que se precisa

Más allá de las inconsistencias de unos y otros a través del tiempo, el depósito de ambos instrumentos de ratificación era esperado por la región de América Latina y del Caribe, al permitir fijar de manera exacta la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú: la cual se cuenta tres meses después del 22 de enero, al registrarse el número de ratificación número once.

El Acuerdo de Escazú entrará oficialmente en vigor el próximo 22 de abril del 2021 (véase nota oficial de su depositario), una fecha en la que se conmemora a nivel internacional, el Día Mundial de la Tierra. Nótese que los aparatos diplomáticos de cuatro otros Estados se esmeraron también en su trámite de aprobación, de manera a depositar su instrumento de ratificación en Nueva York justo al cumplirse el primer año desde la apertura a la firma de este tratado, el 26 de setiembre del 2019: Bolivia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Foto extraída de nota de prensa titulada «En abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú y Colombia sigue sin ratificarlo», Semana (Colombia) edición del 25/01/2021

Escazú … sin Costa Rica

Habíamos tenido la oportunidad, en el caso de Costa Rica, de referir a los repentinos argumentos circulados por diversas cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, dados a conocer a partir de octubre del 2020, y que, según todo pareciera indicar, han surtido efecto en algunos sectores políticos (Nota 2).

Cabe precisar que ni en el caso de Argentina, como tampoco en el de México, ni en el de ninguno de los demás Estados que ya ratificaron este instrumento internacional, se mencionó durante el trámite de su aprobación el efecto para las finanzas de la justicia que – supuestamente – conlleva el Acuerdo de Escazú: un verdadero «hallazgo» del Poder Judicial de Costa Rica y utilizado por la Sala Constitucional en dos ocasiones, con un único magistrado (de siete) advirtiendo en sus dos votos salvados su total desacuerdo con el proceder (algo original) de la Sala Constitucional (Nota 3).

Con la segunda decisión de la justicia constitucional costarricense de agosto del 2020 (véase texto completo de la sentencia 15523-2020), se deberá retrotraer todo el procedimiento de aprobación, iniciado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2020 con una aprobación unánime obtenida en primer debate.

El magistrado Paul Rueda, en esta segunda oportunidad, indicó en su voto salvado (cuya lectura completa se recomienda) que:

«Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”.

Para reiniciar nuevamente el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo deberá incluir el Acuerdo de Escazú en la lista de proyectos de ley remitidos al Congreso para su conocimiento.

Pese a lo externado recientemente por Costa Rica en la última reunión de Estados signatarios del Acuerdo de Escazú realizada en Antigua y Barbuda (véase nota de la CEPAL y video con los discursos oficiales), resulta oportuno mencionar que en la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias que enlista los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo costarricense, no aparece el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú: véase listado en esta nota de prensa del 27/11/2020 . Ese mismo día, una nota de prensa se tituló de manera muy justa “Pese a dar respaldo, Gobierno excluyó Acuerdo de Escazú de convocatoria a sesiones extraordinarias” (programa radial de Amelia Rueda): una diputada calificó de “vergüenza” tal omisión por parte del Ejecutivo (véase audio incluido en esta nota de prensa del medio CRC891).

Cabe señalar que la Municipalidad de Palmares adoptó recientemente un acuerdo municipal de manera unánime exigiendo a las autoridades nacionales la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo del acuerdo municipal con fecha del 11/01/2021 comunicado a la Presidencia de la República el 18/01/2021): una valiosa iniciativa ciudadana, desde el poder local y que posiblemente interese a otras organizaciones (y a muchas otras municipalidades).

A modo de conclusión

Una verdadera campaña de desinformación ha logrado suspender la aprobación del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano (en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú); así como en Costa Rica, en la que fue antecedida por una Sala Constitucional que vino a complicarla significativamente (cambiando su jurisprudencia anterior con relación a subsanar vicios de procedimientos por parte de la Asamblea Legislativa).

Con relación a esta campaña desinformativa, en nuestra precitada nota señalábamos lo inédito que resulta observar la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados que han ratificado este valioso acuerdo regional (Nota 4):

 «Esta campaña de argumentos falaces y (hasta fantasiosos en algunos casos) puede ahora incluir un dato real (e insólito): a casi tres años desde su adopción en Escazú, los dos principales promotores del Acuerdo de Escazú no lo han ratificado».

En el caso de Colombia, el asesinato de líderes ambientales y comunitarios recientemente objeto de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto completo de su comunicado del 22/01/2020) evidencia la urgente necesidad de establecer un marco protector como el que, por vez primera en un tratado ambiental internacional, ofrece a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú.

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace); de igual forma véase ASTROZA P., NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú«, Colección Documento de Trabajo 40/2020, Fundación Carolina, pp. 7-8, cuyo texto integral está disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., » «Llegaron los mitos»: a propósito de los recientes argumentos contra el Acuerdo de Escazú», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace .

Nota 3: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes”, DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitímos indicar que:

«La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla».

Nota 4: Véase BOEGLIN N.,«Llegaron los mitos»: a propósito de los recientes argumentos contra el Acuerdo de Escazú», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR); Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.

 

Texto escrito por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado a SURCOS por el autor.

El gobierno de Biden: más allá de la multiculturalidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El desajuste no es de raza, sino entre tener y no tener. La diferencia entre el 1% más rico y el otro 99% es terrible.
Jesse Jackson

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Después de la tragicomedia de Donald Trump en la casa blanca cualquier cambio merece ser celebrado, dirían algunos. Para otros, el optimismo alza vuelo con los cambios y rectificaciones anunciados por Joe Biden, como si se tratara de un presidente sin rostro imperial.

Recuerdo haberme acercado a un profesor para comentarle cómo el líder de los derechos de los negros, Jesse Jackson, celebraba con lágrimas el ascenso del primer presidente negro a la casa blanca, Barack Obama. Su comentario fue contundente: “Ninguna garantía, un negro con chofer en Estados Unidos se emblanquece”. Y una profesora de secundaria me compartía que un estudiante le comentó: “Profesora, qué bueno un presidente negro en Estados Unidos”, a lo que le respondió: “Ojalá que no tenga el hueso muy blanco”.

Por más que valoremos la multiculturalidad y la interculturalidad, con todo lo que significa de reivindicativo en el orden de los derechos humanos y culturales, el problema fundamental de los negros en Estados Unidos sigue siendo el acceso justo y equitativo a los recursos para una vida digna. Así lo constata el articulista David López quien, a propósito de una entrevista a Jesse Jackson, señaló: “La muerte de Floyd desató la tormenta, pero ha sido la crisis del coronavirus la que mejor ha expuesto la realidad en Estados Unidos. A pesar de ser solo el 13% de la población, los negros suponen el 30% de las muertes por COVID-19. Su falta de acceso al sistema de salud, su estilo de vida —las mujeres negras son las personas más obesas del país—, la mayor exposición por sus trabajos y su alarmante diferencia de recursos —una familia blanca tiene una riqueza media de 150.000 euros frente a los 15.000, 10 veces menos, de una negra— los convierte en los más vulnerables. “Hoy luchamos por la justicia económica, por la igualdad y por la paz”, me dice Jackson”[1].

En este aspecto, lleva razón el sociólogo Zygmunt Bauman al apuntar que el multiculturalismo, en el marco de la “tolerancia liberal” y a pesar del reconocimiento a la afirmación de las identidades diversas, “actúa como una refundición de desigualdades […] La fealdad moral de la privación de recursos se reencarna milagrosamente como la belleza estética de la variación cultural. Lo que se ha perdido de vista a lo largo del proceso es que la demanda de reconocimiento es impotente a no ser que la sostenga la praxis de la distribución, y que la afirmación comunal de la distintividad cultural aporta poco consuelo a aquellos cuyas elecciones toman otros, por cortesía de la división creciente desigual de recursos”[2].

Atilio Barón, por su parte, destaca que la diversidad étnica del gabinete de Biden no es ninguna garantía de cambios sustantivos, pues la mayoría están “íntimamente ligados al gran capital”[3]. Por consiguiente, lo más probable es que seguirán prevaleciendo los intereses de los poderosos sobre las razones y argumentos a favor de un nuevo orden mundial más igualitario y menos depredador y guerrerista. Al parecer, la cuarta revolución de la inteligencia artificial y la robotización no significará la caída de la hegemonía del complejo científico-tecnológico y militar sobre el que se asienta el poder imperial de los Estados Unidos.

Y es que “cuando hablan las armas, callan las leyes”. También los intereses de los poderosos prevalecen hoy sobre los derechos, las razones y los argumentos. Para muestra un botón: la negociación actual del gobierno costarricense con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde ha quedado en evidencia que las razones no importan, los intereses sí.

El bipartidismo en Estados Unidos se asemeja mucho al costarricense de los últimos 40 años: dos caras de una misma moneda. Aunque en Costa Rica perdió legitimidad, entre otras razones por los múltiples escándalos de corrupción (CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL, para referir los más publicitados), ha buscado reciclarse aliándose con el Partido Acción Ciudadana (PAC) que enarboló la bandera de la ética y la anticorrupción, pero que sigue gobernando al mismo estilo bipartidista neoliberal.

Volvemos sobre el viejo dicho popular: “Por más que la mona se vista de seda, mona se queda” (con perdón de la mona cuyas monadas resultan tan inocentes como artísticas y lúdicas). Ya tuvo Estados Unidos en el pasado un presidente demócrata que se vistió de defensor de los derechos humanos, Jimmy Carter, pero que fue tan solo un maquillaje de su rostro imperial.

Hoy, cuando estamos siendo sacudidos por una pandemia que azota sin clemencia a los pobres de la tierra y la prepotencia imperial de los grandes poderes fácticos de la globalización neoliberal que azota sin clemencia a la tierra de los pobres, no queda otra salida que apostar por otro mundo posible: dignidad y justicia para el 99% y salud y descanso para la tierra. Que prevalezca la fuerza de la razón y los buenos afectos sobre el imperio de las armas, el egoísmo humano y el desamor.

[1] https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/jesse-jackson-reverendo-entrevista-martin-luther-king-racismo-trump/46273

[2] Bauman, Zygmunt (2009) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid; Siglo XXI p.103 (la cursiva es nuestra).

[3] https://www.pagina12.com.ar/318499-joe-biden-en-la-casa-blanca-ninguna-ilusion

 

*Imagen tomada de France24.

Renta global, un proyecto regresivo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Por regla general se considera que la renta global es un impuesto progresivo, que grava más a los que más tienen. Sin embargo, los aspectos generales del proyecto presentado por el Gobierno de Alvarado en el marco del acuerdo con el FMI no parecen ser así en lo sustancial.

1-. El monto mínimo imponible para calcular la renta de los asalariados disminuye de ¢840.000 a ¢683.000. En otras palabras, un mayor número de trabajadores asalariados que solo reciben su salario, que hoy están exonerados del pago de renta, tendrán que pagarlo una vez aprobada esta ley.

El Gobierno argumenta que exonera a la mayoría de los asalariados, pero la realidad es que pone a pagar renta a una cantidad considerable más de trabajadores, del sector público y privado.

De igual manera se encuentran los pensionados y jubilados ya que el monto tributable se reduce considerablemente.

Si ahora un salario o una pensión de ¢840 mil colones no pagan impuesto de renta, con este proyecto tendrían que tributar. Es un claro retroceso para miles de trabajadores privados y públicos, por tanto, es una regresión.

2-. El monto máximo que tendrán que cancelar los grandes propietarios que reciben jugosos ingresos, contrariamente a lo pensado, la tasa impositiva, la tarifa de la renta, se disminuye de un 30% a un 27,5%.

A un mayor número de asalariados se les obliga a pagar renta al bajar la base imponible, mientras que a los que recibe gigantescos ingresos, se les reduce la tarifa. Esto significa una regresión o un retroceso tributario.

La idea de la renta global fue un acuerdo de las conversaciones con el Gobierno. Pero como todo puede pervertirse, probablemente las organizaciones populares que apoyaron este impuesto no imaginaron la perversidad que iba a realizar este Gobierno, sea cargar de más impuestos a los asalariados.

Y de esta carga no se escapan los trabajadores del sector privado.

Las organizaciones sociales que firmaron este acuerdo con el Gobierno deberían ofrecer una explicación al país o exigir cuentas a Alvarado.

Pero lo que sí es claro es que se trata de uno de los proyectos tributarios más regresivos en muchos años.

Cuando la ilusión de progresismo no alcanza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

 

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No necesitamos héroes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Esteban Beltrán Ulate
Profesor
esbeltran@yandex.com

No podemos tener un héroe de paz porque la paz es una aspiración, es in ideal, es el horizonte que debemos aspirar como humanidad. La paz no es un anhelo personal, es un anhelo que debe sentirse en comunidad. No podemos tener un héroe de paz, porque la historia del héroe esta cargada de muchos discursos del pasado, el héroe no habla del pasado, mientras que la paz nos viene del futuro. No hay paz en el pasado, no hay paz en el presente, solo esperanza de un futuro con un cielo para todos, con una tierra sin fronteras, con pan y agua, palabra y amor para cada niño y niña que nace.

No hay paz cuando se manipula la historia para inventar falsos ídolos, no hay paz cuando se manosea el código trabajo para hacer las horas más largas y los salarios más pequeños. No hay paz cuando los vicarios de la economía dictan al oído de la educación y la salud los pasos que deben dar. No hay paz mientras apaguen las voces de los pueblos originarios que claman por una ecología integral, no hay paz mientas la violación y la muerte sean sinónimo de muerte de mujer. No hay paz mientras vivamos en una sociedad colonialista, patriarcal y capitalista; no hay paz mientras los gobiernos disputen la verdad frenando la libertad de prensa. No hay libertad mientras no exista una vacuna contra la corrupción.

No necesitamos esos héroes de paz falsificados, es imposible callar las voces del ayer que muestran la violencia en manos de intereses vanidosos por administrar el poder de gobierno. No necesitamos ídolos que digan a nuestro niños y niñas como debe forjarse un pueblo. Son muchos los mitos en los que vivimos como costarricenses, a lo largo de la historia de nuestra nación, hemos construido una caverna colmada de fantasías, una caverna que no permite que veamos más que sombras, ahí olvidamos nuestros océanos, nuestros bosques, incluso a nuestro prójimo.

Pero la historia también tiene fisuras, la historia se puede escribir y leer de muchas maneras, por eso, incluso en medio caverna que los poderes políticos dominantes han construido bajo la tienda de campaña de los últimos tres partidos en el poder, la ciudadanía puede negar sus ídolos, dar la espalda a la mentira y caminar hacia la verdad, que habita en el horizonte.

No necesitamos héroes, necesitamos las manos abiertas de nuestros compatriotas, aquellos que comparten el pan de la justicia y la igualdad. No necesitamos de figura mesiánica que se presente como el absoluto salvador, necesitamos de una humanidad dispuesta a transformarse y transformar la sociedad en la que vivimos, dispuestos a todo, por una vida digna, donde el pan, el techo, el agua, el aire, todo sea todos, para nuestras generaciones y para las venideras.

A la mano de Dios (ll)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Autor: Hernán Alvarado

El conocido gol de «la mano de Dios», contra Inglaterra, despejó la recta final de Argentina hacia su segunda Copa Mundial (México, 1986). Sin embargo, se necesitó otro, también de Maradona, aún más increíble, llamado el «gol del siglo». Ambos descritos en la columna anterior. Aquí se reabre la reflexión ética que trajo a la mesa aquel primer gol mal habido.

Súper yo, el severo

Las declaraciones de Maradona al final de aquel memorable 2 a 1, fueron interpretadas de diversas maneras, en la mayoría de los casos conservando su ironía [1]. Algunos se las tomaron más literalmente y fundaron después la Iglesia maradoniana, en la ciudad de Rosario, el 30 de octubre de 1998. Esta religión posmoderna cuenta hoy con más de medio millón de seguidores en todo el mundo; se la considera paródica y tiene biblia, mandamientos, oraciones y rituales para honrar la memoria del «D10S», quien resucitó después de retirado, como si fuera un dios griego. La finalidad parece ser que la «pelota» no se manche y uno de los versos de su Credo reza: «El gol a los ingleses», que se considera un milagro. Lo más curioso es que no naciera de la fantástica narrativa de Alejandro Dolina.

Ahora bien, un gol con la mano es una trampa mayúscula. De ahí que validado como error o celebrado como milagro deja mucho qué decir. Los primeros que saltaron fueron los moralistas, que tanto creen en la pureza de los valores: ¡qué mal ejemplo!, gritaron a coro. El moralismo implica, verbigracia, que el mal no es solo el hecho, sino también el pensamiento, así que pensar en la mujer del prójimo es ser infiel.

El moralismo no respeta límite y cuanto más idealiza el valor, peor queda el ser humano de carne y hueso. Ningún ser humano, transeúnte entre cuna y tumba, alcanza plenamente sus ideales. De ahí que las mejores personas parezcan santas o sabias, incluso héroes o superhéroes. Pero cuanto más absoluto el valor, tanto más el número de infieles y pecadores. De ahí la paradoja del descubrimiento freudiano: las personas mejor portadas son más torturadas por su «conciencia moral» o «superyó», es decir, juzgan más severamente su comportamiento, comparado con la aspiración.

El absurdo moralista

Las contradicciones de ese moralismo caen por su propio peso. Puesto que «No hay santos que orinan», como dice el pueblo, casi ningún ser humano da la talla. Solo una selecta élite se considera a sí misma digna del estándar. Así hablaba Zaratustra [2]. O sea que el moralismo funciona como modelo de control y dominación para todos los que no pertenecen a la aristocracia del Olimpo y deben someterse, por tanto, a la «voluntad de poder» de los exaltados.

En el caso particular, es verdad que Maradona mete su mano izquierda, subrepticiamente, para ganarle el lance a esa leyenda que ya era Peter Leslie Shilton. Razón tenían sus compañeros en protestarle al árbitro. Pero también se sabe que una decisión arbitral, equivocada o no, es absoluta. Estrictamente hablando, no fue un gol «antirreglamentario». ¿Cuántas cosas han dejado pasar los referís? Después se validaron goles con la mano de William Gallas, Thierry Henry, Luis Suárez y Javier «Chicharito» Hernández. En suma, aquel gol no fue obra exclusiva de Maradona. Y aunque lo fuera, pedir perdón por ello hubiera sido «una estupidez», como él mismo lo dijera mucho después. Ahora que existe el VAR, los árbitros se equivocarán menos, pero el error no será desterrado. Algo que sería no solo imposible sino además inconveniente, porque el yerro es parte del encanto que tiene el deporte.

¿Y con cuál autoridad moral?

En un juego confrontativo, como el fútbol, ¿es más ético salir a empatar un partido que tratar de ganarlo con un gol amañado? Lo maravilloso del juego es que no cabe ni en sus propios límites, o sea que sus bordes también son flexibles y siguen en disputa. Quien no juega al filo de la regla posiblemente pierda; el fuera de juego ejemplifica, cotidianamente, ese desafío. Por eso, resulta ilógico juzgar las transgresiones lúdicas, como las de los interdictos culturales, desde una moral hipócrita y ajena. Por ejemplo, no puede juzgarlo una sociedad que sacraliza la ganancia del capitalista, quien extrae el excedente que producen los trabajadores productivos, mientras se roba el futuro de los niños con un sistema económica y ecológicamente insostenible con tal de enriquecerse a manos llenas. Aunque disimule aquella otra «mano invisible», que también se volvió famosa el siglo pasado, descubierta antaño por Adam Smith (1723-1790). Según él, no era la mano divina del rey la que repartía la riqueza, lo hacía el mercado, independientemente de cualquier intención, cual mecanismo impersonal y neutro. Aunque resulte sospechoso que el mercado haga más rico al rico y más pobre al pobre, el argumento asegura la apropiación privada de la riqueza social mientras amortigua la crítica a la dominación dada la desigualdad que sostiene, aunque no siempre logre contener la recurrente sublevación popular [3].

Entonces, Inglaterra, cuna del capitalismo, no tiene autoridad moral para juzgar un gol con la mano. Máxime si se considera que el imperialismo tiene el pillaje por móvil y nadie lo sabe mejor que los británicos. Por eso, el gol de Maradona pareció una revancha, porque el pueblo argentino sangraba otra vez por las Islas Malvinas, aún hoy bajo administración del Reino Unido. He ahí un rebote político inesperado de una acción deportiva semicasual.

Un juicio al sesgo

Sin embargo, queda en pie el cuestionamiento ético deportivo, porque ese gol contradice lo que se considera una competencia cortés, caballerosa o noble [4]. Esa jugada no es ejemplo de mejor actitud y la ética muerde ahí donde no se halla coherencia entre lo apreciado y practicado. Nadie puede evadir sus cuestionamientos, ningún jugador puede estar por encima del juego; como ninguna persona puede estar por encima de la ley.

Pero justo ahí es mejor suspender el juicio ético. Primero, por cortesía con un artista que merece descansar en paz; además, ningún juicio in absentia resulta solvente. Y segundo, porque al final vale más resaltar el gesto majestuoso de Edson Arantes do Nacimento, inclinado sobre la tumba del Pelusa, flores en mano; fotomontaje que se hizo viral porque porta un potente mensaje: quien honra a su adversario se dignifica a sí mismo. Hasta lo falso puede contener, entonces, una pizca de verdad, como igual puede haber cariño en la rivalidad. Por eso no hay ética sin discernimiento. En realidad, el rey Pelé envió una corona fúnebre a la Casa Rosada, con un epitafio para su amigo: «Dios le dio el genio, el mundo le dio su amor».

Notas:

[1] Diego dijo que ese gol fue «un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios».

[2] Alusión al famoso libro de Friedrich Nietzsche (1844-1900).

[3] Aunque Karl Marx (1818-1883), el mejor crítico del capitalismo, sabía bien que la norma jurídica es histórica; así que donde se considera jurídicamente válido apropiarse sistemáticamente de una parte del trabajo ajeno no hay robo sino astucia.

[4] Ya se había notado que los valores se imponen siguiendo un modelo aristocrático. Ver: Nietzsche, F. (2014). Genealogía de la moral. Un escrito polémico. Buenos Aires, Ediciones Lea. Kindle. Loc 369.

 

Publicación original en GAZeta Guatemala. Compartido con SURCOS por Hernán Alvarado.

Newton y el edificio del Parlamento costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Lo restos de Newton reposan en la histórica Abadía de Westminster al lado del formidable edificio del Parlamentos Británico, pero su Ley de la Gravitación Universal, sigue vigente y por tanto se aplica necesariamente, en el espantoso edificio del Parlamento costarricense.

Así, todas las aguas negras que se producen en los servicios sanitarios de los 22 pisos, irremediablemente fluyen hacia abajo, incluyendo (no podría haber excepciones) las de los cuatro pisos subterráneos que comprenden el faraónico salón del Plenario Legislativo.

Por algo tan sencillo, todas las aguas negras y grises de esos cuatro niveles en el subsuelo, no queda más que estarlas acumulando y bombeando hacia arriba, por lo menos hasta el nivel del suelo, donde seguramente se encontrarán con las otras aguas inmundas que han de estar cayendo desde los pisos superiores de ese horrible block de cemento, sede del Primer Poder de la República.

Pues resulta que ante la ausencia de un sistema adecuado de mantenimiento (según la Contraloría General de la República) cabe cuestionar la explicación que diera la autoridad administrativa del Congreso, acerca del derrame de las aguas de los excusados de los seis pisos inferiores del feo edificio, incluyendo obviamente los cuatro del subsuelo. Según el señor Ayales, el grave problema sanitario se debió a un tampón (podrían ser más) encontrado en uno de los inodoros del nivel inferior. Respuesta que está muy lejos de explicar razonablemente, cómo ¡al haberse taqueado un inodoro, (o quizá dos) se desbordaron algunas de las aguas negras de seis pisos! ¿No será que se trata más bien, de un posible problema de diseño y construcción del complejo sistema de recolección y bombeo de las aguas servidas de ese inmueble? ¿Habrá fallado el mecanismo de bombeo que hubo que instalar en el nivel ubicado al fondo del hueco excavado, que por cierto, provocó la salida de aguas subterráneas provenientes del acuífero alcanzado?

Hay que recordar, que como los responsables de la construcción no cumplieron con el requisito legal de haber presentado el obligatorio «Estudio de Impacto Ambiental», se podría pensar que lo sucedido quizá se podría haber evitado. La duda es razonable, pues entonces se habrían valorado aspectos de hidrología e ingeniería, por lo menos, que insólitamente, la Setena no exigió al permitir que no se tramitara la evaluación ambiental de rigor.