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Chile: a medio siglo de un sueño que no pudo ser…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Si los combatientes del Palacio de la Moneda y del Ministerio de Obras Públicas, en la capital chilena, nos dieron una muestra del potencial revolucionario que existía, y que se expresó en medio de la mayor adversidad, en aquel desigual combate del 11 de septiembre de 1973, la actitud omisa de buena parte de la izquierda chilena acerca de lo que estaba ocurriendo: el golpe militar en marcha, planificado esencialmente desde la Marina, y buena parte de los mandos de la aviación, con la participación de algunos generales del ejército (el caso de Sergio Arellano Stark), el que fue denunciado por los sargentos y soldados de la marina de Valparaíso y Talcahuano, durante los primeros días del mes de agosto de 1973, como un hecho que se saldó negativamente para los sectores populares, demostrando la incapacidad de cambiar las estrategias o tácticas políticas, en momentos en que ya las fuerzas más reaccionarias se habían decidido por la acción militar, todo esto fue configurando un cuadro de indefensión, y de pérdida de la iniciativa de los mandos políticos de la Unidad Popular Chilena, donde no existió la alternativa o esta se fue desdibujando en los meses anteriores a un desenlace que no tenía por qué ser sorpresivo, en modo alguno. Envalentonada, en cambio estaba la derecha más radical, pues en sus filas se encontraban los conspiradores golpistas de los altos mandos de la marina, además de los grupos paramilitares de la ultraderecha como el denominado Movimiento “Patria y Libertad”, la develación del golpe hacia el interior esa arma tan importante les sirvió, para seguir actuando de manera abierta, en un sentido contrario al que era dable esperar, como también para establecer sin tapujos que el gobierno que representaba la continuidad del orden legítimo en el país no tenía ningún derecho a defenderse, la mera idea de plantear una defensa del orden constitucional se había convertido ya en un “acto terrorista”, y el gobierno como tal y sus fieles defensores serían calificados, después del 11 de septiembre de 1973, bajo la denominación genérica de “extremistas” a los que había exterminar, primero mediante el terror masivo, y luego mediante el empleo del terror selectivo como parte de una guerra de aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias, dentro de la que ese terror operó como el arma principal del régimen restaurador que instaló en Chile, a partir de la derrota del movimiento popular chileno. Sólo Carlos Altamirano Orrego, el entonces Secretario General del Partido Socialista de Chile, alcanzó a advertir a la población mediante un discurso ante un pleno de su partido, que fue difundido por las ondas de Radio Corporación, el domingo 9 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, de que el golpe ya se encontraba en marcha, con lo así se había llegado al punto de tener que enfrentarse con lo imposible, tal y como se reveló apenas un par de días después… ese fue el desenlace de la tragedia de aquel proceso de transformaciones sociales, emprendido apenas tres años antes aunque sus raíces históricas se remontaban, muchas décadas hacia atrás.

Todo esto nos lleva a destacar que en lo esencial, pareciera que el devenir histórico latinoamericano, durante la mayor parte del siglo XX, fue la expresión de lo pudo ser pero finalmente no alcanzó a materializarse, en gran medida por la reacción de las fuerzas conservadoras y la agresiva irrupción de las potencias imperialistas decididas a no perder jamás el control social, político, económico e incluso militar, todo ello aconteció a pesar de las enormes energías desplegadas por muchos de los protagonistas de algunos procesos de transformación social, impulsados acorde con las esperanzas y expectativas forjadas dentro del imaginario de una modernidad “occidental”, la que nunca terminó por instalarse en la región, tal y como sucedió en el caso de la llamada “vía chilena al socialismo” de la que hemos venido hablando, “la primavera democrática guatemalteca” (1944-1954) o la “revolución justicialista” del decenio peronista en Argentina, deviniendo en la inmensa tragedia de que no sólo no se afianzaron a consolidar las conquistas sociales penosamente logradas (en el caso de que esto fuera posible), sino que los desenlaces político-militares trajeron o significaron profundas regresiones sociales y políticas, las que en su despliegue mostraron la siempre amenazante posibilidad de retornar al pasado colonial (todavía presente en las mentalidades colectivas), con todas sus formas coercitivas de explotación y de sometimiento en los órdenes de lo social y lo político.

No fue simplemente la subjetividad de los protagonistas de estos dramas históricos, como lo fue también el caso de la malograda democracia guatemalteca, destruida a sangre y fuego por la intervención imperial, llegando a convertirse en la democracia que nunca fue (El gobernante de ese país, coronel Jacobo Árbenz a lo sumo pretendía alcanzar una “democracia” al estilo anglosajón, mientras que los estadounidenses lo vieron siempre en un “espejo bolchevique”, como resultado de la hábil propaganda mediática, desplegada en los propios EEUU). Más que las subjetividades, fueron las rígidas estructuras sociales y políticas las que hicieron imposible ese paso hacia la modernidad, indispensable para que existan democracias de verdad y no sólo avariciosos regímenes plutocráticos, sostenidos por mascaradas electorales y el poder del dinero. En el caso de la Argentina del decenio peronista, cuando la coyuntura económica se volvió desfavorable, a partir de 1952, los aliados burgueses del peronismo y la misma derecha peronista decidieron bajarse del carro “revolucionario” de mejores salarios y políticas de bienestar para los trabajadores, el tamaño del pastel a repartir con la clase patronal se había vuelto más pequeño y los intereses estadounidenses en el país demandaban un régimen político más obsecuente con sus intereses económicos y geopolíticos, de ahí en adelante la materialización del golpe de Estado y la consiguiente “revolución fusiladora” (Rodolfo Walsh OPERACIÓN MASACRE Ediciones La Flor Buenos Aires 2001) no tardarían mucho en aparecer en el horizonte, mientras los que a pesar de todo, nunca dejaron de luchar, a lo largo de las siguientes décadas fueron los obreros argentinos (nominalmente peronistas muchos de ellos), protagonistas del Cordobazo(1969) y otras memorables jornadas de lucha heroica e insobornable.

Al conmemorarse en este mes de septiembre los 47 años del golpe militar reaccionario en Chile y los 65 del que terminó con el régimen peronista (un 16 de septiembre de 1955) cabe hacernos al menos una pregunta sensata y sincera ¿seguiremos lamentándonos y añorando lo que no pudo ser, como una especie de sino histórico fatal o habrá llegado la hora de enfrentarnos a nuestras realidades, con los ojos bien abiertos y con determinación para la lucha que nos lleve a concretar la gran tarea histórica que sigue pendiente?

No apoyar declaración a favor de la Corte Suprema de Justicia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.

No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:

  1. Por ser extemporáneo, ante el hecho de haber renunciado a la competencia y en consecuencia dejar de conocer del caso de investigación penal adelantado contra el senador Innombrable. 2. Ser la Resolución AEI-0179-2,020, del Magistrado Ponente, de 31 de agosto de 2.020, notoriamente contraria a la Constitución Política de 1991, generando una hecatombe en el Estado de Derecho.

MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.

Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.

Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.

Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!

Voz experta UCR: Costa Rica y su plan de adhesión a la OCDE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR

¿De qué trata el acuerdo de adhesión?

Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

El Poder Ejecutivo presentó el 4 de septiembre de 2020 el proyecto de ley que regula el acuerdo de adhesión del país a la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus protocolos, con el fin de culminar el proceso de incorporación a dicho órgano, luego de cinco años de escrutinio en 22 Comités que examinaron distintos ámbitos de la Administración Pública nacional como salud, empleo, seguridad social, educación, comercio, inversión, agricultura, hacienda, finanzas, entre otros, que busca la implementación de buenas prácticas de políticas públicas en Costa Rica.

Previo a conocer de qué se trata el acuerdo de adhesión, es importante repasar las etapas de este proceso de más una década:

En la primera etapa, durante la Administración Arias Sánchez (2006-2010) se inició el acercamiento con el programa internacional para la Evaluación de Estudiantes en el 2009 (conocidas como pruebas PISA), también en temas de competencia y transparencia fiscal, así como al Centro de Desarrollo de la OCDE para exponer experiencias de políticas de desarrollo económico y social.

Posteriormente, en la gestión de Chinchilla Miranda (2010-2014) se comunicó formalmente a ese organismo el interés de formar parte como miembro de la organización, con un plan de trabajo en los ámbitos político (lobby con otros países miembros) y técnico (mejoras en inversión, educación y comercio entre otros temas).

Esto implicó una ardua participación del país en el Centro de Desarrollo de la OCDE, así como el cumplimiento de tres condiciones específicas:

  • Sometimiento a revisiones de políticas públicas (p. e. gobernanza pública, educación vocacional y técnica, agricultura, estadística y apertura de mercado).
  • Adopción y suscripción de instrumentos jurídicos relevantes para la Organización (i.e. asistencia administrativa mutua en materia fiscal, corrección, integridad y transparencia en la conducción de los negocios y las finanzas internacionales).
  • Participación en distintos comités y grupos de trabajo de la organización.

Debido a estos esfuerzos, es que durante la Administración de Solís Rivera (2014-2018) se consolida el proceso con la invitación formal y el inicio de un análisis de las condiciones del país en 22 Comités evaluadores. Esta ruta se mantiene vigente en la gestión Alvarado Quesada (2018-2022), en la cual, no se finalizan los exámenes en marzo de 2020, sino que Costa Rica recibe el 15 de mayo la invitación de formal del Consejo de la OCDE para convertirse en el miembro número 38 del organismo.

En dicho contexto, para formalizar la adhesión, con el expediente No. 22.187 se presenta el proyecto de Ley “Aprobación del acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo Adicional N°1 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y el Protocolo Adicional N°2 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960, y normas relacionadas”.

Esta formalización requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de cuatro artículos:

En el artículo 1 se aprueban los términos de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, con base en:

  • El Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la OCDE, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020;
  • La Convención de la OCDE, suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960;
  • El Protocolo Adicional N°1 a la Convención de la OCDE, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y
  • El Protocolo Adicional N°2 a la Convención de la OCDE, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960.

En el artículo 2 se crea el Consejo Rector Nacional para la OCDE como responsable de la aprobación y el seguimiento del Plan de Trabajo que el Estado costarricense deberá desarrollar y promover en el marco de la OCDE.

Este Consejo estará integrado por:

  • Ministerio de Comercio Exterior, quien preside y actúa como Secretaría Técnica,
  • Ministerio de la Presidencia,
  • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
  • Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y
  • Ministerio de Hacienda.

Este artículo, además de requerir un reglamento que regule el actuar de las diferentes instancias, establece que el Ministerio de Comercio Exterior “será responsable de la coordinación nacional entre los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno, a efecto de formular e implementar el referido Plan de Trabajo”, mientras que las responsabilidades en “la definición y ejecución de la política exterior del Estado costarricense” recaen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El artículo 3 regula el presupuesto, el pago de cuota de membresía y las obligaciones derivadas en el marco de la OCDE, donde el Ministerio de Comercio Exterior deberá incluir en su presupuesto el monto correspondiente al pago de la cuota de membresía anual a la OCDE y la operación de la Delegación Permanente de Costa Rica ante dicho organismo. A la vez, las otras instancias públicas también deberán incorporar el monto correspondiente para desarrollar los compromisos y las acciones derivadas del Plan de Trabajo aprobado por el Consejo Nacional Rector.

En todos los casos, se incorporará en el anteproyecto del presupuesto ordinario de la República que presenten ante el Ministerio de Hacienda, o en el proyecto de presupuesto ordinario que se presente a la Contraloría General de la República, según corresponda.

De esta forma, el Ministerio de Hacienda incorporará los recursos para atender tales compromisos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República, que se presente por parte del Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.

El artículo 4 establece que corresponde al Poder Ejecutivo la designación del funcionario que represente al país en la OCDE en su sede en París (Francia), previa consulta al Consejo Nacional Rector de la conformación de la delegación permanente.

En el caso en que este proyecto se aprueba y el país obtenga su membresía, ¿qué implicaciones se adquieren durante la permanente etapa de “Diseñar mejores políticas para una vida mejor”?

Primero, el país tiene la responsabilidad de participar en más de 300 comités, foros y grupos de trabajo en diferentes ámbitos de temáticas de políticas públicas.

En paralelo, debe desarrollar un plan de trabajo para implementar las recomendaciones de los 22 Comités, así como continuar bajo las evaluaciones periódicas que realiza la OCDE para comprender los desafíos y fortalecer sus políticas. Aunado a estas evaluaciones, están los exámenes de pares, en los cuales, de manera voluntaria, se trabaja en la mejora de la provisión de servicios públicos al ciudadano.

Segundo, el país tiene que continuar su ruta de reformas legislativas y administrativas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales. Para ello, se deben presentar informes de progreso y reportes periódicos en áreas evaluadas como: mercados financieros, inversión, ciencia y tecnología, asuntos fiscales, comercio, salud, agricultura, política educativa, empleo, trabajo y asuntos sociales, política regulatoria, política de consumidor, economía digital, seguros y pensiones privadas, estadísticas, cohecho, entre otros.

Tercero, el país se compromete en compartir sus experiencias exitosas mediante el intercambio de buenas prácticas, lo cual, no solo implica exponer sus resultados en medio ambiente por ejemplo, sino, adoptar estándares en temas como lucha contra el soborno internacional, elusión y evasión fiscal entre otros.

Y un cuarto aspecto tiene que ver con la consolidación de un sistema de estadísticas e indicadores confiables para la toma de decisiones, con el fin de poder realizar comparaciones entre sus países miembros, evaluar así la efectividad de las políticas públicas y mejorar la consecución de los resultados.

Finalmente, esto puede tener resultados positivos en el sistema de gobernanza pública, entendida como una mejora en la calidad de la gestión de la Administración Pública, así como una mayor efectividad y eficiencia en el gasto e inversión pública. También, le abre las puertas al país para participar en las decisiones globales y de la propia organización, ya que, los países de la OCDE representan el 80% del comercio internacional e influye en las dinámicas de inversión, sostenibilidad e inclusión. En todo caso, esta dinámica de mejora continua y reformista obliga a todos los sectores a buscar un consenso en el qué y en el cómo construir una Costa Rica más equitativa en su desarrollo económico y social. Este proceso, requiere transparencia y comunicación permanente.

 

Dr. Esteban O. Mora Martínez
Profesor e investigador del Cicap-UCR

Crítica a la política de relaciones exteriores

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

En el día de la Patria, 15 de septiembre de 2020, el gobierno presidido por Carlos Alvarado ha dado una vergonzosa demostración de rendición absoluta ante el dictatorial poder del autoproclamado dictador de América, Donald Trump, al votar por el candidato impuesto a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde la creación del BID el propio gobierno de los Estados Unidos, presidido por el General Eisenhower, estableció como norma la presidencia alternativa de representantes de América Latina en ese organismo. Sin embargo, por primera vez en la historia del Banco el gobierno Trump impone su candidato en la presidencia para los próximos cuatro años.

El gobierno de Costa Rica, por iniciativa de la expresidenta doña Laura Chinchilla, presentó el nombre de ella como candidata al puesto de Presidente del BID. Una dignísima propuesta que pretendía lograr el respeto a la tradición de relativa independencia en la conducción de ese organismo interamericano. Los gobiernos latinoamericanos liderados por los gobiernos cipayos de Bolsonaro y Duque en Brasil y Colombia, no lo entendieron así y se doblegaron ante el designio del Gobernante estadunidense.

Para culminar dignamente su política independiente, Costa Rica tenía la opción de abstenerse de votar, dado el retiro del nombre de la señora Chinchilla como candidato a la presidencia del BID con lo cual habría quedado clara la divergencia ante la imposición imperialista.

No fue así, el gobierno de C. Alvarado se inclinó temeroso ante Trump y le dio su voto al candidato de este, el señor Claver Carone.

¿Qué significado tiene esta designación?

Con esta designación el Gobernante Trump pretende cerrar cualquier portillo de neutralidad política en el Banco Interamericano e introducir claramente la línea de confrontación hacia los países que no se doblegan a los dictados de su gobierno.

No dejemos de recordar cómo amenazó y luego sometió a México imponiéndole el cierre de su frontera, luego hizo lo mismo con Centro América. Ya había convertido una ficción jurídica en realidad, reconociendo a un gobierno venezolano que no tiene poder de gobernanza en su país, requisito básico para ser reconocido como tal. Obligó a cincuenta gobiernos a hacer homologación de su absurda política. Incluyendo al nuestro.

El gobierno Trump ha establecido una política de guerra económica contra Venezuela y contra Cuba, donde no sólo sanciona a las autoridades de esos gobiernos sino también a aquellos que negocien con ellos. Ha llegado a la máxima obscenidad de establecer recompensas económicas para quienes capturen a los gobernantes de Venezuela. E inclusive hay sospechas muy bien fundadas de que ha mandado a matar al presidente de Venezuela, señor Maduro.

Propició descaradamente con la complicidad del secretario general de la OEA y de otros representantes de este organismo, un golpe de Estado en la República Plurinacional de Bolivia.

Su influencia sobre el Fondo Monetario Internacional para que este concediera el mayor préstamo de su historia al Gobierno Macri para que este lograra el triunfo en las elecciones en Argentina.

No esconde sus intenciones de someter a toda América Latina a sus designios y no escatimará esfuerzos para obligar a estos países a renunciar a sus relaciones económicas con países extracontinentales, sobre todo con China. Es para eso que nos quiere someter desde el asiento de la presidencia del BID en estos álgidos momentos en que la pandemia nos tiene en una grave crisis de producción y de comercio exterior.

Esta debilidad económica y financiera, le dio el triunfo absoluto en esta designación, en la cual lo único que se pudo hacer por parte de los países que aun guardaron un ápice de dignidad, fue abstenerse de votar.

El gobierno de Alvarado una vez más mostró su vergonzoso gatopardismo.

 

Imagen ilustrativa.

Por una democracia directa y participativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por
Arnoldo Mora Rodríguez

No pocos analistas en el ámbito mundial tipifican la situación actual como un estado de guerra, no declarada pero real en sus dramáticas consecuencias, ya que posee todas las características de tal; las constituciones política de inspiración ideológicas liberales se han visto superadas por las circunstancias excepcionales que genera esta pandemia planetaria; vivimos en un estado de excepción; en tales circunstancias, Santo Tomás de Aquino afirmaba que la normalidad ética se rompe en aras de mantener el valor fundamental que sustenta la ley natural, cual es el de preservar la vida como valor absoluto. En ese sentido y en forma general, las medidas adoptadas por el gobierno actual a través del Ministerio de Salud y de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están haciendo lo correcto; su liderazgo ha sido con razón y justicia reconocido por la opinión pública nacional e internacional; los funcionarios de esos organismos estatales, lo mismo los de la Comisión Nacional de Emergencias, se han comportado heroicamente; la historia les reservará un lugar de honor. De igual manera, merece destacarse la labor pionera, en el campo de la investigación, emprendida por los(as) científicos(as) de las universidades públicas. El apoyo a la investigación científica de primera línea y al servicio de los mejores valores de la sociedad, constituye el único camino de que dispone la humanidad para lograr sobrevivir; no podemos pensar siquiera en la sobrevivencia de la especie humana, que superar actualmente los 7 mil millones, si no damos prioridad en las políticas y recursos presupuestarios a la investigación científica del más alto nivel; en nuestro caso, la calidad intelectual y ética del personal de nuestras universidades está demostrando con creces que los recursos invertidos en ese campo no son un gasto sino una inversión; aún más, deben verse como un derecho fundamental de nuestro pueblo, porque en ello está en juego la sobrevivencia de las generaciones actuales y futuras.

 En donde el actual gobierno parece desbarrar es en sus políticas económicas con directa incidencia en las políticas sociales. Desde sus inicios, el presidente Carlos Alvarado se ha mostrado carente de liderazgo; su retórica suena vacía, por no decir demagógica, proclive a los sectores oligárquicos, los que han impuesto su línea política en defensa de sus intereses de clase; para lo cual, cosa inaudita en nuestra historia política, tienen su vocero oficial en el seno mismo del consejo de gobierno: André Garnier es el poder detrás del trono. Todo lo cual no es más que la férrea aplicación del compromiso adquirido por el entonces candidato Carlos Alvarado ante Edna Camacho, quien lo amenazó con hacerlo perder las elecciones en segunda vuelta si no aceptaba, como punto de partida de su gobierno, lograr que el Congreso aprobara el paquete de impuestos antipopulares del IVA. Durante la campaña, Carlos Alvarado le ocultó al pueblo la verdad, pues habló de impuestos, pero demagógicamente no detalló de cuáles, consciente de que, si el pueblo se hubiese enterado de lo que se trataba, lo hubiesen rechazado masivamente. En ese contexto, a la mayoría de los ciudadanos no les quedó otra alternativa que escoger entre un candidato malo y otro peor.

La clase política costarricense está totalmente desprestigiada, como lo prueba el poco o nulo valor en que la gente tiene a los diputados. Vivimos en un régimen que dejó de ser centralizado y presidencialista para convertirse en uno semiparlamentario; de ahí el creciente protagonismo que los gobiernos locales están logrando; de hecho, un grupo significativo de alcaldes ha protagonizado una especie de huelga en contra del gobierno…¡y la han ganado ampliamente!; las elecciones de medio período, es decir, la separación entre la elección del gobierno central y el local, constituye un avance democrático, pero no suficiente; por lo que considero que la única manera de darle viabilidad a nuestro inestimable régimen democrático es que, desde las organizaciones de base en las comunidades, surjan aquellos liderazgos que hayan mostrado ser honestos y eficientes. Es necesario ir construyendo una democracia directa y participativa, de modo que la voz del pueblo sea escuchada. De esta manera, la crisis actual será vista por la historia como el salto hacia nuestra plena madurez como pueblo soberano.

Partidos políticos y la reforma a la deuda electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, en la vida nacional, surgieron en 1890. Desde entonces, solamente por medio de partidos políticos los costarricenses pueden participar en elecciones y solo por medio de ellos pueden aspirar a algún puesto de elección popular, como candidatos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a los puestos de elección municipal y cantonal.

Desde aquella época hasta hoy el proceso electoral ha evolucionado mucho, y de mejor forma. Así por ejemplo, hasta 1913 se impuso la elección directa, todavía con voto público, eliminando la elección con electores de segundo grado. En 1924 se estableció el voto secreto, dándole más fuerza al elector para que votara en conciencia si temor de persecuciones o presiones de ningún tipo. Desde 1889, con motivo de la movilización popular que se hizo para defender el resultado de las elecciones, y el papel que en esa movilización tuvieron las mujeres, el Presidente José Joaquín Rodríguez, introdujo la idea de reconocer el voto de las mujeres, lo que en ese momento no se logró, pero detonó a partir de la década de 1910 movimientos que se realizaron en esa dirección. En la Asamblea Constituyente de 1917 se discutió esto sin que se aprobara. Con la Asamblea Constituyente de 1949 se incorporó a la mujer con plenos derechos políticos y desde 1953 empezó a participar como candidata a puestos de elección popular. En 1953 se eligieron las primeras tres diputadas. En este campo se ha fortalecido su participación obligando primero la representación vertical obligada de manera alternativa y, luego, también horizontal para los partidos que inscriben papeletas en dos o mas provincias, o cantones de una misma a provincia. En 1974 se introdujo el voto a los 18 años. Entre1974 y 1975 se eliminó la traba constitucional del Segundo párrafo del Art. 98, que se aplicaba para no permitir la participación de partidos de izquierda.

Dentro de las reformas importantes, para asegurar la mayor transparencia al proceso electoral se creó, en 1946, el Tribunal Electoral, luego llamado Tribunal Supremo de Elecciones que desde 1949 goza de autonomía con rango igual a los Poderes del Estado.

En la perspectiva histórica inmediata y de mediano plazo no hay nada que conduzca a que esta situación cambie. Se seguirán haciendo elecciones con partidos políticos y solo con ellos. No hay propuestas de proyectos de ley para establecer, por ejemplo el voto a los 16 años, como existe en otros países. Hay proyectos para modificar la elección de diputados, pero no para permitir que se puedan elegir por grupos sociales organizados que no sean partidos políticos, los hay para ampliar el plazo de elección a 5 o 6 años, con reelección consecutiva y con cambio de la mitad de diputados a medio período, o para aumentar el número de diputados que es necesario hacerlo, lo mismo que proyectos de ley de revocatoria de mandatos para diputados como para el Poder Ejecutivo. Para reformas electorales hay todavía para hacer y que son necesarias.

A los partidos políticos, con la Constitución de 1949, se les reguló y se garantizó por reformas posteriores su financiamiento para las campañas electorales, a cargo del Estado, con la intención de sacarlos del área de influencia de unos cuantos ricos que antes ponían candidatos financiando sus campañas políticas y las de sus partidos.

Esa reforma de por sí democrática, no lo fue tanto. Se crearon los mecanismos para que de ese financiamiento solo se favorecieran, para el reconocimiento del pago de sus gastos electorales de campaña, solo a los partidos políticos que en la elección sacaran un 4% o más de votos. En algún momento, en la década de 1950, se propuso que solo recibieran ese apoyo los que sacaban más del 10%. Con esos dos porcentajes solo dos partidos políticos se beneficiaban de ese porcentaje, exceptuando de vez en cuando que algún pequeño partido lo lograra.

Cuando estos pequeños partidos eligieron diputados sin el 4% de votos impusieron para las negociaciones parlamentarias, y el negocio de sus votos para Proyectos de Ley, que especialmente el Poder Ejecutivo necesitaba, que se modificara la disposición para que se les reconociera el derecho a la deuda electoral, como se reconoce hoy, cuando se elige al menos un diputado.

Esto ha hecho que más del 95% de los partidos que han participado en los procesos electorales, desde 1953, no se les reconozca nada respecto a los gastos electorales que incurren, aún bajo la supervisión contralora del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto el Tribunal ha mantenido una segregación y una división de los ciudadanos y electores en dos categorías, los que califican para que al partido que votaron les reconozcan pagos de la deuda y a los que no. Los ciudadanos, todos iguales, en derechos y en el padrón electoral, no lo son para el valor económico que se le asigna a cada cual en el proceso electoral. Los electores que no eligen diputados pierden su valor económico, en su partido político. En su lugar solo valen los de los partidos que sí sacan el 4% o eligen diputados. No ha habido forma que el Tribunal Electoral modifique esto.

Lo peor de este proceso es que la plata, o el valor de los votos que no se pagan a partidos pequeños, de esos pequeños partidos, a la cual deben tener derecho, se redistribuye entre los que si lograron elegir o sacar el 4% de votos, lo cual es y sigue siendo una verdadera estafa a la participación democrática, y a la igualdad ciudadana en materia electoral, y a la discriminación real y efectiva de partidos políticos.

Para financiar estos gastos se ha dispuesto un 0.17% del Producto Interno Bruto, que equivale en términos generales a una cifra grande de millones de colones.

Los partidos políticos obligados por ley a presentar presupuestos para su campaña electoral, que por presentados no pueden ser modificados, nunca han llegado a justificar en el 100% de los gastos que presentan para que se les reconozcan, y el conjunto de todos los presupuestos, de todos los partidos que participan en cada campaña electoral, que es lo que les da derecho a cobrar pasada la campaña, tampoco llega a superar más del tercio del 0.17 % que existe para este propósito. Esto se ha justificado hipócritamente en la idea que es para ahorrar dineros al Estado. Ello ha llevado a que en las últimas campañas se realicen modificaciones para que en lugar del 0.17% se cubra solo el 0.11%, y aun así tampoco se llega a gastar todo.

El Tribunal de Elecciones, para pensar lo mejor, y no lo peor, ha caído en esta trampa y en cierta manera la estimula. Actualmente hay proyectos de ley para establecer de manera permanente un techo que no sea superior al 0.11%. Los más perjudicados de esto son en general todos los partidos pequeños que están dentro de la Asamblea Legislativa y peor, o más perjudicados, los que no están con representación parlamentaria.

El IFED, instituto que tiene el Tribunal, que yo apoyo, para estimular procesos de capacitación en democracia y de los partidos políticos, hasta ahora en todas sus gestiones y trabajos, no se proyecta más fortaleciendo la estructura y la vida cotidiana de los partidos políticos, especialmente de los que no eligen representantes pero que siguen existiendo de una elección a otra, y para verdaderamente estimular nuevos partidos políticos, independientemente de que pudieran ser una “catizumba” de partidos.

Si originalmente, con garantizar el pago de las campañas a cargo del Estado, se trataba de eliminar la influencia de los ricos y el control de ellos sobre partidos y candidatos, eso no se ha podido evitar porque pueden financiar personas y partidos políticos, porque está autorizado el financiamiento privado.

El financiamiento público debería regularse de manera que se prohíba de cualquier forma el financiamiento directo a personas candidatos y a partidos políticos. Esta es la única manera que se evite ese control, porque puede darse, de la misma manera, el financiamiento de grupos narcos, mafiosos, y lavadores de dineros a candidatos y a partidos políticos.

¿Es posible esto, de prohibir el financiamiento privado? Es posible si el Tribunal ejerciera el control completo del movimiento financiero de los partidos políticos, desde que se presentan los presupuestos de campaña. ¿Cómo? Administrando toda la deuda electoral de las campañas, democráticamente de la siguiente manera, a modo de ejemplo, para entender mejor:

1.- La mitad de lo dispuesto para financiar a todos los partidos se le da, a los partidos que vuelven a participar en la elección, en proporción a los votos que recibieron en la campaña anterior. De esta manera todos los partidos, que de nuevo se inscriben, reciben su parte proporcional que es mucho dinero.

2.- A todos los nuevos partidos y a los que repiten se les proporciona de manera igual la otra mitad de dineros destinados para los gastos electorales de la campaña que viene. Así todos los partidos nuevos y viejos reciben una parte del dinero para sus gastos que ha presupuestados y han entregado en su Presupuesto al Tribunal.

3.- Ya fijados los montos posibles que les corresponderá a cada partido, viejos y nuevos, el Tribunal abre cuentas en la Banca Nacional o Privada, según cada partido disponga donde la quiere, y allí depositará lo correspondiente a pagos que deban hacerse contra los gastos que se van realizando, contra la solicitud que hagan, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos de sus contratos de servicios electorales, debidamente bien presentados y justificados. De esta manera todos los partidos tienen posibilidad de contratar servicios para su campaña, contra el derecho real que tienen, por tradición electoral anterior y por participar por primera vez. Todas las empresas, incluidas las de medios de comunicación, y sus agencias publicitarias podrían ganar más dinero si de eso se trata, porque se pone más dinero en gastos asegurando de esa manera a todos los partidos. Se evita que las empresas publicitarias se conviertan en verdaderas organizaciones “mafiosas” de control de la publicidad, solo para ciertos medios de comunicación, y se evita la manipulación perversa que se hace de las encuestas para no financiar pequeños partidos políticos. Los que contratan con los partidos pierden los riesgos de no pagos de contratos, aseguran de esta manera sus pagos. Los partidos que no logran votos se enfrentan a la posibilidad de que en la siguiente campaña les toque menos dinero.

4.- Los contribuyentes privados, si se mantiene el derecho de hacer donaciones, en este caso podrían hacer sus contribuciones directamente a las cuentas oficiales abiertas, del partido de sus preferencias, y bajo control del Tribunal de Elecciones. El Tribunal en estas cuentas solo tiene el papel fiscalizador de velar por los ingresos de dineros, y el de la salida contra los pagos debidamente contratados, que finalmente en todas las campañas el Tribunal siempre fiscaliza, post campaña, para autorizar los pagos correspondientes.

Mientras se mantenga abierto el portillo del financiamiento privado siempre va a haber el peligro de la mano sucia del dinero sucio en las campañas electorales. Esto ahora es más fuerte y tenebroso. Es casi inevitable. Por algunos sucesos policiales, que están sucediendo en el país, pareciera que nos acercamos a situaciones como las de Colombia y República Dominicana cuando hace algunas campañas electorales las mafias directamente tenían sus candidatos o financiaban directamente candidatos.

Es una tontería política, que no es ingenuidad parlamentaria, tratar de reducir el Presupuesto del 0.17%, que hoy existe para las campañas electorales. Ese dinero debe servir, en este momento, con más urgencia, a fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda montar para las elecciones del 2022 el sistema electrónico de las mismas, del voto electrónico, cueste lo que cueste. No habría pretexto si hay dinero para pagar el sistema que permita realizar las votaciones de esta manera. Pero, además, debe asegurarse una buena cantidad de dinero, y no migajas, para el financiamiento de las campañas municipales, que no tienen un buen respaldo económico en este sentido. Y debe hacerse una reserva de dinero, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones para procesos de consultas populares que podrían convocarse. La Democracia hay que pagarla y si “jugamos” a la Democracia hagámoslo bien.

Algunos de los diputados que están defendiendo la tesis de rebajar el 0.17% al 0.11%/, o menos, es porque sus maquinarias partidarias están aseguradas con lo que saben que les puede corresponder con ese monto, o con uno más alto, y saben que menos posibilidades tendrán los partidos pequeños, a quienes les interesa aplastar o estrujar.

Y los diputados de partidos pequeños que están defendiendo estas tesis equivocadas, lo hacen por ingenuidad, torpeza, ceguera o por idiotez política extrema, más que por demagogia. Aquí la demagogia de la austeridad en gastos no opera. La Democracia hay que pagarla cueste lo que cueste, de lo contrario vamos a tener la democracia de las mafias operando en los procesos electorales.

Además, están las elecciones municipales que hay que darles buen financiamiento, que no lo tienen. Junto a esto hay que asegurarle al Tribunal dineros para realización de Referéndums, Plebiscitos y Consultas ciudadanas que podrían estimularse más para lograr una sociedad y una participación democrática más moderna y efectiva.

La otra discusión que está en el ambiente parlamentario es hipócrita en la forma. Tal vez válida en el fondo. ¿Se debe reducir el plazo de la campaña electoral? Veamos.

Las campañas hasta hace no muchos procesos electorales, con la prensa y radio tradicionales, exigían largos períodos de campaña para poder recorrer el país por parte de los candidatos. Con la televisión sumada se aceleraron esos tiempos. Radio, Televisión, y una prensa que llegaba cada vez más largo en el territorio nacional, y el mismo día, ya no obligaba a esas giras tan largas y sostenidas. Empezaron a preocuparse los partidos por las grandes concentraciones, especialmente finales, en las ciudades y en la capital, en la víspera del día de votación. Por supuesto que intensificó la presencia en medios de comunicación, y electrónicos que empezaron a sumarse en esta contienda electoral.

Hoy, frente a este desenfreno de medios de comunicación, de las llamadas redes informáticas, con todos sus matices, las concentraciones prácticamente han desaparecido, además de que son caras en su preparación. La pandemia ha demostrado que, con sus programas de relaciones de grupos, tipo zoom y otros, se pueden atender públicos diversos, por muchas horas en el día en diferentes partes del territorio nacional. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy una conferencia por zoom puede reunir hasta 700 personas. He tenido esa experiencia. Y he salido de esa actividad y entro a otra con 70 personas, y luego a otra con otro público, y otra, incluso, fuera del país, en lugares tan distantes que si no fuera por estos medios, habría que haber programado esas actividades por los menos en tres días diferentes.

El país tiene la población educada para los procesos electorales, la tiene preparada para confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahora inmaculado de fraudes originados en su institucionalidad, o de estar sometido a un Gobierno o un partido político determinado. Su autonomía es respetada por tirios y troyanos, y la honradez y honestidad de sus integrantes también.

¿Podemos reducir el plazo de las campañas? Si las elecciones se hacen electrónicas si se puede reducir hasta un mes perfectamente para la primera vuelta, y hasta tres semanas para una segunda vuelta si fuera del caso. Hay experiencias internacionales en este sentido que pueden ser útiles y asimilables.

Hay que dejarse de carajadas. Hay que ir a la reforma del pago de la deuda electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, de manera que se garantice que todos los electores valgan igual para todos los partidos políticos, en lo que cuesta cada voto en el Presupuesto Nacional dispuesto para ello.

Hay que ir a las elecciones electrónicas, ojalá para las elecciones del 2022. ¿Se puede? Sí se puede si hay voluntad política en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos, con asiento en la Asamblea Legislativa, para asumir el costo de lo que pueda significar implementar el sistema electrónico.

Hay que asegurar, que el financiamiento privado a las campañas sea totalmente prohibido, o que en su lugar se haga canalizado a cuentas bancarias oficiales de los partidos políticos, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ante quien se justificaría la donación respectiva.

Hay intereses políticos y económicos que posiblemente no quieren que se hagan estos cambios. Es más fácil y es mejor para el engranaje mafioso que se está desarrollando en el país, que haya menos controles financieros de las campañas, que se siga facilitando el financiamiento privado, casi sin control, y que las campañas duren lo más posible por el movimiento de dineros que de manera sucia se pueden mover alrededor de los procesos electorales.

¿Avanzamos o no avanzamos, en mejorar el sistema, pareciera ser el dilema?

Curso de edición de video para principiantes

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Está abierta la inscripción para el Taller de Edición Audiovisual para Principiantes que facilita el cineasta Alejandro Ferlini Cartín. Se realizará mediante la plataforma Zoom.

El taller inicia este 19 de setiembre y está compuesto por 4 sesiones, una por semana los sábados a las 2 pm. El costo es 20 mil colones o 35 $USD.

El taller busca dar herramientas básicas de edición mediante el software profesional Adobe Premiere. Las personas que participen obtendrán conocimientos y técnicas que permiten manejar este programa y así editar videos de su trabajo, estudio o para la vida cotidiana y exploración personal. Además, se brinda una sección teórica durante las diferentes sesiones que ayudan a tener una base creativa y conceptual sobre el arte de la edición y el montaje cinematográfico.

Alejandro Ferlini estudió cine en Buenos Aires, Argentina, entre 2016 y 2018 y se graduó como realizador integral de cine y TV. Ha participado con diferentes cortometrajes en festivales de cine en Latinoamérica y Europa incluido el Costa Rica Festival Internacional de Cine en diversas ocasiones. Es productor y director audiovisual independiente y ha participado como editor para programas de la UNED, Canal UCR, TeleSur y programas independientes transmitidos por Canal 13.

Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el 19 de setiembre a la 1 pm.

Para más información:
majandrofcs@gmail.com
Whatsapp: 83712985

Chile, medio siglo después: una mirada de aquella tragedia con “otros ojos”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“En la era de la industria cultural, la conciencia existe en estado mítico, de ensoñación, estado contra el cual el conocimiento histórico es el único antídoto. Pero el tipo particular de conocimiento histórico que se requiere para liberar el presente del mito no se desvela fácilmente. Dejado de lado y olvidado, yace enterrado en cultura que sobrevive, siendo invisible justamente porque es de escasa utilidad para quienes están en el poder” (Susan Buck-Morss DIALÉCTICA DE LA MIRADA Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes La Balsa de la Medusa Segunda edición Madrid 2001 p. 14).

Las múltiples discusiones entre los historiadores contemporáneos, siempre tan celosos ante la irrupción de “extraños” dentro de lo que consideran, al parecer como su exclusivo ámbito de acción profesional, acerca del sentido que asume la consideración del tiempo histórico, visto en los términos de la larga duración (v.g.r. Ferdinand Braudel, Marc Bloch, Lucien Febvre  entre otros impulsores de la Escuela Histórica Francesa de los Anales, con su perspectiva de la “longue durée”), resultan ser sin embargo un tema, también fascinante para el resto de nosotros los mortales, necesitados de incursionar en la naturaleza(o, más bien especificidad) de algunos acontecimientos y procesos históricos que continúan afectándonos, aunque no tengamos siempre conciencia de ello. Por eso es, que cuando hablamos de la conmemoración de un hecho complejo de cierta relevancia histórica, en este caso los mil días de la Unidad Popular Chilena que culminaron en un sangriento golpe militar, en el mes de septiembre de 1973, sólo comparable a los dramáticos eventos que 18 años atrás, culminaron con la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón, en la República Argentina, durante el mes de septiembre de 1955, los que a semejanza del caso chileno dieron lugar a cruentos enfrentamientos armados o a masacres, como la resultante del bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, durante el primer intento de acabar con el régimen peronista, en junio de 1955, por parte de unos pilotos de la aviación militar (una rama que entonces dependía de la marina) que llevaban como lema “Viva Cristo Rey” en sus aparatos, unos fanáticos que asesinaron a cerca de 500 personas, en su gran mayoría civiles o, como fue el desigual combate de la Moneda, en Santiago de Chile, aquel 11 de septiembre, un evento político militar mucho más profundo en sus nunca analizados, ni asumidos alcances históricos, tanto por parte de los militares golpistas como por parte  de la mayoría de la izquierda chilena oficial y concertacionista (v.g.r la posdictadura de la concertación), que se niega todavía a valorar en su sentido más profundo el testimonio y la vivencia de sus combatientes, mientras que los militares como el general Javier Palacios, quien dirigió el ataque al Palacio de la Moneda, sobredimensionaron la mediocre actuación de sus subordinados. En cuanto a la derecha civil, en cambio no constituye algo esencial, y les resulta muy problemático todavía entrar en consideraciones específicas acerca del hecho en sí mismo, es mejor no hacer olas consideran.

Existe una necesidad imperiosa de romper con el papel legitimador de la historia como un acto político de la mayor importancia (Walter Benjamin), y en concreto con las visiones inmovilistas del tiempo histórico que se derivan de ese papel que se le ha impuesto, las que mantienen el pasado que se evoca en las conmemoraciones, como si fuera un presente mítico cuyas posibilidades de interpretación se reducen a las que expresan los intereses o visiones de las élites protagonistas de los conflictos sociales en el escenario histórico, a partir  de algunas de sus exteriorizaciones en la interpretación canónica de los hechos político militares que se produjeron, no ha lugar a otras versiones, y mucho menos, a interpretaciones alternas de lo acontecido.

El extraordinario documental que acaba de publicarse en Chile, bajo el título de “LA ÚLTIMA ESCOLTA” (Realización de Isidro García y Fernando Galeas. Documental Formato HD/16:9), nos da un valioso testimonio que nos permite resignificar los hechos político-militares de aquel día funesto para los trabajadores, y los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena: El valioso y pormenorizado testimonio de Isidro García, a lo largo de ese documental que abarca otros elementos historiográficos, se torna esencial para dimensionar y valorar ese combate tan desigual desde una perspectiva más amplia, vista en términos del devenir histórico y de la larga duración, a partir de una narrativa en la que nos cuenta como con un pequeño grupo de compañeros del Partido Socialista de Chile, se atrincheró en el Ministerio de Obras Públicas, situado al otro lado de la Calle Morandé, un edificio casi paralelo al Palacio de la Moneda, desde donde resistió, durante muchas horas, a la asonada militar, poniendo en aprietos a los militares golpistas con apenas una ametralladora punto 30, y unos cuantos fusiles ametralladoras AK 47, enfrentando así a quienes, con tanques e infantería, atacaron el Palacio de la Moneda, en cuyo interior no habían más de treinta combatientes civiles, incluido el propio presidente Salvador Allende. Después del desenlace de aquel combate, como resultado del que fueron muertos, o más bien asesinados, el propio presidente y la mayoría de los combatientes del Grupo de Amigos Personales de éste, integrado por militantes del Partido Socialista, mientras que los soldados de infantería, contando con apoyo de los tanques, fueron incapaces de derrotar en primera instancia, al tan desigual pero decidido adversario, representado por los combatientes que se encontraban en La Moneda, y en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, dentro del llamado barrio cívico de la capital chilena, razón por la recurrieron a la aviación para bombardear el Palacio de la Moneda, el que dejaron en llamas y casi destruido para alcanzar sus objetivos político-militares, con lo que agrietaron y devaluaron para siempre su inmenso valor simbólico ante la mirada de los habitantes de la capital chilena, y  de las gentes del mundo entero, algo que nunca ha podido ser restituido  en una sociedad o estado-nación como Chile, dentro de la que esa grieta nunca ha podido ser soldada o sellada, a lo largo del medio siglo transcurrido desde entonces. Es por eso, que el conflicto en términos de legitimidad se vuelve recurrente, especialmente si lo vemos bajo la perspectiva de la larga duración histórica, pues ahora como nunca esa ruptura se ha hecho evidente: nos basta con mirar las imágenes de la lucha popular en Santiago, y otras ciudades de Chile frente a un aparato represivo, cada vez más violento y sanguinario, para constatarlo de manera irrefutable.

Valgan las reflexiones de Isidro García, un combatiente de aquel día en el Ministerio de Obras Públicas, quien en el documental nos cuenta también su vida desde niño, en medio de las mayores carencias como eran las que experimentaban las mayorías chilenas, en un país donde hasta los años sesenta los campesinos de la zona central de Chile, vivían aún en un régimen de servidumbre casi feudal, donde el hambre y la desnutrición castigaban a la niñez. Refiere con orgullo su permanencia hasta el final al lado de Salvador Allende, siempre fiel a esa memoria en términos de la larga duración histórica, nos dice “nos quitaron el partido, otros que dicen llamarse socialistas”, quienes por cierto prefieren hacer caso omiso de la memoria y el testimonio de aquellos combatientes, forjadores de esperanzas y utopías.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Nuestra Independencia. Algunos elementos a tener presente este día

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La Independencia es un acto que se caracteriza por dos elementos: pasar de ser una colonia de un imperio a ser una Nación y sus habitantes que pasan de ser súbditos a ser ciudadanos. Esas son las características del proceso independentista.

En Costa Rica por las particularidades que tuvo nuestra Independencia, la formación de la Nación y la Ciudadanía tuvieron un proceso de constitución de alrededor de unas dos décadas hasta 1841 donde el Estado logró consolidarse y definirse en sus líneas generales. La formación del Estado costarricense fue configurada por la naciente oligarquía cafetalera, que conforma una burguesía y que plantea el desarrollo de un modelo de desarrollo capitalista.

Tanto en la Independencia en 1821 como en la creación del Estado en 1841, la Nación que surgía a la vida tuvo que ser llenada de contenido. Los contenidos principales de ese Estado se pueden resumir de la siguiente manera:

A-. De hombres blancos
B-. De propietarios
C-. De católicos

La nueva Nación otorgó derechos solo a los hombres, pero no a las mujeres; a los blancos, pero no a los indígenas, negros o esclavos; a los propietarios, pero no a los peones agrícolas, artesanos o campesinos pobres; a los cristianos, especialmente a los católicos, pero no a otras minorías.

Es Estado fue representante de los hombres blancos, propietarios y católicos. A este prototipo se otorgaron todos los derechos, aunque no al resto de los habitantes del país.

La Ciudadanía que, en consecuencia, se formó fue negada a las mujeres, a los indígenas, negros, esclavos y a los que no poseían bienes patrimoniales. Los ciudadanos costarricenses fueron una pequeña minoría que gobernaba principalmente para ellos en detrimento de esos amplios sectores de la población.

La democracia fue, además, una democracia mutilada, reducida solo para ese pequeño círculo de poder de hombres blancos, propietarios y católicos. El resto de la sociedad no eran ciudadanos con el pleno goce de sus derechos.

El nuevo Estado creó una ciudadanía y democracia mutiladas. El capitalismo no nos trajo la democracia.

Tampoco la independencia creó una sociedad homogénea como algunos afirman, en relación con una sociedad donde la inmensa mayoría fueron pequeños propietarios por lo general pobres. Nunca existió en Costa Rica una sociedad homogénea, ni siquiera en la Colonia, porque siempre existieron los pobres (aunque sean los más pobres de los pobres), los negros, los mulatos, los pardos, los indígenas o los esclavos. (Los esclavos fueron determinantes en la producción de cacao que permitió la acumulación primitiva de capital que luego facilitó la explotación cafetalera).

El hecho es que la independencia fue generando una sociedad cada vez más diferenciada, estratificada, con una clase cafetalera oligárquica minoritaria sobre unas mayorías asalariadas empobrecidas.

La Independencia generó los derechos individuales de libertad personal en muchos campos para un grupo selecto, pero no así los derechos sociales que tuvieron que tardar casi un siglo para empezar a gestarse.

La Independencia generó la conciencia individual pero no la conciencia social, no solo de clase sino de pertenencia a grupos o comunidades. Los derechos sociales con plena madurez y fuerza empezarán a manifestarse en el segundo siglo de Independencia.

Durante el Primer siglo de Independencia se logró consolidar el Estado capitalista y luego la República y mantener el carácter independiente de la Nación en la guerra del 56. La influencia de la Religión Católica a lo largo de los primeros 60 años fue determinante y representó un gran poder, pero fue llevada casi hasta la nulidad con las reformas liberales; la democracia logró algunos pocos avances con las ampliaciones del sufragio.

El primer siglo de Independencia es el de la consolidación del modo de producción capitalista fundamentado en la producción y exportación de café, de una oligarquía cafetalera que se proyectará hasta nuestros días, consolidada a través de gobiernos sustentados en una democracia muy restringida, limitada únicamente a hombres blancos y propietarios. La consolidación de ese modelo se hizo a base de autoritarismo y límites democráticos para las amplias capas sociales del país.