Los fangosos lodazales sancarleños no daban tregua a los bueyes y boyeros; las carretas se hundían y los boyeros tenían que ingeniárselas para sacarlas y poder llegar a su destino, ojalá antes de que oscureciera. La mayoría de los boyeros derrochaban energías empujando la carreta y chuceando a los pobres bueyes, hasta hacerlos sangrar. “Morriña Silencia”, así le apodaban sus compañeros por cabizbajo y silencioso, hacía la diferencia. Se recostaba a un árbol, sin decir palabra. Cuando algún compañero de caravana le llamaba la atención, él le respondía: “Mire, descanso yo y descansan los bueyes”, para luego tomar el chuzo y apenas insinuárselo a los bueyes, que salían airosos sin sufrir la mínima agresión. Aquel boyero, con sus gestos apacibles, nobles y serenos nos dejó una lección imperecedera: siempre hay una forma más humana y más digna de hacer las cosas. Parecía saber que la realidad es posible modelarla de diferentes formas, atendiendo al imperativo ético de Heinz von Foerster: “actúa de tal manera que se creen nuevas posibilidades” (citado por Paul Watzlawick). Hoy, la patria es una carreta atascada en los “lodazales” de la inequidad con rostro de tugurio y cuartería, la violencia con rosto de mujer, la discriminación con rostro indígena, la pobreza con rostro de desempleado o subempleado informal… Para salir de estos “lodazales” nos viene bien apelar a la sabiduría del boyero. En primer lugar, no dejarse abrumar por la urgencia y actuar de manera precipitada, muy propia de las salidas mesiánicas y las recetas salvadoras, que pueden significar “sangre, sudor y lágrimas” innecesarias. En segundo lugar, asumir una actitud reposada, saberse recoger para ejercitar la autocrítica y disponerse a actuar con buena voluntad para servir a los más caros intereses de la patria. Y, en tercer lugar, disponerse, en un ambiente distendido y afectivo, a dialogar con humildad y buena voluntad para concertar propuestas viables y oportunas, que permitan amortiguar los impactos de la crisis sanitaria y proyectar al país hacia un futuro de más justicia, equidad y sostenibilidad. Si queremos construir con sentido patriótico, hoy más que nunca hay que aplazar los intereses políticos electorales y supeditar los intereses particulares, con generosidad y espíritu solidario, a los del bien común. Asimismo, priorizar las políticas y medidas que permitan crear condiciones para el trabajo digno y decente. Y no escatimar esfuerzos para ofrecer la asistencia inmediata y necesaria que demandan las familias ante una crisis humanitaria, que ya empieza a manifestarse. “Solo para aprender me senté con disfraz de lluvia a su lado, al pie del árbol, a ver sus bueyes atascados en el río, descansando, y a verlo a usted drogado de silencio montaraz, descansando también, el chuzo en el suelo, para qué hundirlo en mis hermanos si la carga es su castigo, oigo que piensa usted. Le hablo así de usted, porque usted está más arriba del respeto y no me sale el vos, boyero de la armonía, pacifista sin palabras necias, predica usted la dignidad de todo lo que nace y muere. Ahora se levanta, ya pasó una hora, camina hacia el barro acuoso, el chuzo toca apenas una testa, ¡jesa!, y salen briosos como si nada los tres. Señor Morriña, enséñeme más sobre el silencio” (recreación del relato “El boyero” por Campos, Gerardo (2016). Conversación en tiempo de bolero. San José, BBB Producciones, p.19).
El Programa de Gestión Local le invita a participar del webinar: «Perspectiva de género en los proyectos de desarrollo comunitario», programado para el día el miércoles 26 de agosto, a las 7 p.m.
Para poder participar, debe completar el formulario de inscripción y enviarlo antes del lunes 24 de agosto, a la 1 p.m.
Arturo Fournier compartió con SURCOS el siguiente documento, como un aporte histórico desarrollado por el Consejo de Defensa de la Institucionalidad que encabezó el expresidente Rodrigo Carazo Odio. El documento cobra relevancia en el momento que vive el país en este 2020.
Según información del índice mensual de actividad económica(IMAE), las consecuencias económicas de la pandemia por el covid-19, han provocado la caída de la actividad en junio del 2020 en un 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior, periodo en el que las actividades más afectadas son alojamiento y suministro de comida que tuvo una caída interanual del 59.5%, mientras la industria alimentaria disminuyó un 7.2% por la menor fabricación de productos alimenticios, sobretodo de arroz, bebidas, frutas, legumbres y café.(LN,12-8-2020).
Las medidas de restricción sanitaria han llevado a sodas y restaurantes a cerrar o trabajar a media jornada, arrastrando a la crisis a las empresas productoras de pollo y cerdo, las cuales reportan fuertes contracciones debido a que no hay donde colocar el producto.
Las cadenas de producción de porcicultores, avicultores y en menor medida agricultores, están imposibilitados de poder colocar sus productos, los cuales en su mayoría se comercializan a nivel local. En el caso del cerdo, se calculó entre $7 y $8 millones la pérdida en productos que no se están vendiendo y se está buscando la forma de congelarlos para que no se pierdan. Según los porcicultores el consumo de carne de cerdo cayó en un 30% por la crisis.
En el caso del mercado avícola, los grandes suplidores del mercado nacional, constituido por las empresas PIPASA y Pollo el Rey, con cerca del 70% del mercado nacional, se han visto impactados, el primero entre un 15 y un 20% de sus ventas totales y el segundo de una manera más crítica porque han llegado al 35% en la reducción de sus ventas, a partir del cierre de restaurantes, bares y food services.
Junto a esas grandes empresas, las pequeñas y medianas granjas familiares que venden sus productos a esas grandes comercializadoras y dependen de la actividad, han sido severamente afectadas y se encuentran en peligro de no poder continuar trabajando. (CRHOY.com,19-8-2020).
Además de los efectos sobre la producción de las industrias cárnicas y avícolas, otras actividades como la producción de queso y derivados lácteos, habían reportado desde inicios de la pandemia haber sido afectadas debido a la interrupción de las cadenas de comercialización generada por el cierre de hoteles y restaurantes.
En algunas zonas del país, como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de Turrialba, los pequeños productores de leche y de quesos, han comenzado a tener problemas para colocar los productos y han visto una reducción significativa de la demanda de los mismos. Los afectados de Upala unos mil pequeños lecheros producen de 25.000 a 30.000 litros diarios, pero por la reducción de sus compras debieron despedir a unos 2.000 empleados y botar 1.200 litros de leche.
En Las Brisas de Zarcero, el gerente de Coopebrisas, advirtió de que 69 productores pequeños tienen la entrega del alimento en peligro. Esto porque la empresa, desde hace varios años, distribuye productos a los hoteles, sobre todo en Guanacaste, los cuales cerraron sus puertas y dejaron de comprar. Mientras que en Santa Cruz, muchos pequeños productores que no van a las ferias del agricultor a vender quesos, dependen de las compras de intermediarios quienes llegan a sus fincas, por lo que son los que más están sufriendo con la menor demanda. (Alterdescr,4-2020).
En el caso de la actividad agropecuaria según el IMAE, el decrecimiento interanual fue de 1.3% por la menor producción de flores, follajes y plantas, descenso que no ha sido tan pronunciado debido a que las exportaciones de azúcar, café oro y carne impulsaron al sector agrícola y a que la producción interna de hortalizas y frutas se ha mantenido relativamente estable gracias a la permanencia continua de los mercados locales como las ferias del agricultor.
A la situación de descenso en la demanda interna de productos, se suma el diferendo en las últimas semanas con el vecino país de Panamá por el bloqueo impuesto a las exportaciones de algunos productos alimenticios que ha afectado a productos de 19 plantas costarricenses de lácteos y derivados lácteos, carne de bovino, carne de cerdo, carne procesada de aves y de embutidos, que en lo que respecta a la leche ha supuesto la prohibición de exportación de 80 mil litros diarios de leche. Las Autoridades del Ministerio de Agricultura han elevado la denuncia a la Organización Mundial del Comercio. (LN.com,6-8-2020).
La producción agroalimentaria y algunas de sus principales cadenas productivas, se han visto afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, reduciendo considerablemente el consumo y la demanda de productos alimentarios, sin embargo, han logrado enfrentar los cambios en los procesos de comercialización mediante mecanismos para reducir la producción, adecuar las líneas de procesamiento y buscar mercados alternativos.
Según la FAO, pareciera ser que los sistemas alimentarios han resultado ser más resilientes de lo que se esperaba y que las amenazas y riesgos que podrían afectar al comercio de productos agrícolas a causa de la crisis económica, pueden ser enfrentados a través de la optimización de los canales de comunicación e información, así como implementar herramientas de inteligencia comercial con el fin de realizar un monitoreo del comercio y de la demanda de productos agroalimentarios para garantizar la seguridad alimentaria.(FAO, Boletín #12,8-2020).
Bajo el lema «Hacia un nuevo paradigma de Estado», el Colectivo político humanista de Ecuador organizó recientemente un conversatorio, en el que participaron desde Quito, el sociólogo y profesor universitario Hernán Reyes; desde Córdoba, el investigador del Centro de Estudios Humanistas y columnista de Pressenza Javier Tolcachier y desde Guayaquil, el integrante del colectivo Rafael Monsalve.
«Sigue el modelo de aquello que nace, no de lo que camina hacia la muerte.» Silo. Humanizar la Tierra (Imagen de Manseok kim vía Pixabay).
Reproducimos a continuación el aporte de Javier Tolcachier.
Pensar y construir un nuevo modelo de Estado no es ningún desvarío trasnochado sino una necesidad ante la evidente la caducidad de esquemas instalados hace poco más de doscientos años. Un tiempo considerable para un ciclo, si se toma en cuenta la aceleración histórica que atraviesa la humanidad.
Tal como sucedió en su momento con las monarquías y se verifica aún hoy en varios Estados en los que formalmente éstas subsisten, la institucionalidad estatal establecida presenta un funcionamiento de muy baja intensidad, en el que el ritual permanece pero ha perdido su alma.
Sin embargo, no es un asunto tan sencillo pensar y construir un futuro diferente. La dificultad reside por un lado en la resistencia de lo residual, pero también en el hecho de que nuestro modo de ver las cosas se ha forjado en un mundo de Estados, incluso viendo nacer muchos en la última oleada independentista de la posguerra en África y Asia.
Voy a tratar de aportar a esta conversación desde una escueta perspectiva histórica latinoamericano-caribeña.
Antes de entrar en las propuestas, quiero apuntar brevemente las lógicas que han operado en la condición de origen de los Estados actuales, que como veremos, no se condicen con las aspiraciones de desarrollo humano, entendidas como evolución dentro de los marcos culturales e históricos actuantes.
La matriz burguesa, colonial, patriarcal y las revoluciones recientes
Como todos sabemos, los Estados actuales surgen inspirados en la independencia estadounidense (1776) y en la Revolución Francesa (1789). En ambos casos, paralelo al principio de libertades individuales, las constituciones santificaron el principio de la propiedad. Tal es así que la esclavitud, pilar de la economía colonial, más allá de las declaraciones, recién fue abolida efectivamente a partir de la mitad del siglo XIX.
Algo similar sucedió en relación a las mujeres, que recién pudieron participar en la vida política -y todavía con enormes restricciones-, a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea: la base sobre la cual se fundaron los actuales Estados fue el ascenso burgués, la explotación colonial y el patriarcado.
A pesar de su clamor independentista, la institucionalidad de los estados de América Latina y el Caribe durante el XIX y el XX se miró en el espejo de lo que era considerado un “modelo civilizado”, es decir, aquel impuesto por las oligarquías locales, siempre con la mirada puesta en el Norte y por el poder neocolonial, con la mirada siempre puesta en las riquezas del Sur.
Mirada vigilante y entrometida que tuvo como sello permanente evitar todo disenso y toda rebeldía. Rebeldía con la que la revolución cubana pudo perforar el muro neocolonial, adoptando a partir de entonces un modelo de socialismo centralista, alejado del multipartidismo liberal.
Más recientemente, en los albores del nuevo milenio se producen tres revoluciones constitucionales, en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Éstas reformulan la institucionalidad reivindicando los derechos de las poblaciones marginadas en el camino hacia democracias populares participativas.
Todas ellas se asientan en principios de autodeterminación, paz y justicia social, adoptando en el caso de Bolivia y Ecuador, en conexión con las características de sus poblaciones, conceptos como la plurinacionalidad, que abre la puerta a la incidencia de las culturas indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho pleno en la vida social y política en esos países.
Al mismo tiempo, todas estas constituciones refrendadas democráticamente mediante plebiscitos, incorporan una lógica de participación y contraloría ciudadana, superando la falta de real representatividad en el decadente esquema liberal. En todas ellas hay además una fuerte pretensión de fortalecer la autonomía local articulando el poder popular con los estamentos del Estado.
El avance positivo que este nuevo modelo representa para el pueblo se refleja en la férrea resistencia que enfrenta por parte de los poderes establecidos. En todos los casos, la oligarquía y el imperio se han esforzado por impedir primero, por poner trabas después y ahora por vaciar de hecho y contra todo derecho, las premisas de estas nuevas constituciones.
En la actualidad se está fraguando en el hermano Chile la posibilidad de una nueva revolución constitucional, la que tiene enormes posibilidades de configurarse desde el pueblo mismo, a pesar de las enormes trabas que ponen el oscuro legado dictatorial y las fuerzas económicas corporativas.
Nos toca pensar hoy más allá y colocar nuevos horizontes revolucionarios para la acción que retomen los elementos más evolutivos de estas últimas constituciones y propongan profundizar sus características humanistas con nuevos elementos.
Contenidos que sean acordes al futuro que se quiere construir, pero también que permitan adaptación incidente en las rasantes transformaciones que se verifican en el planeta en la actualidad. Propuestas que recojan el sentir de las generaciones jóvenes, de una mayor horizontalidad y paridad y de una definitiva despatriarcalización social.
Una institucionalidad acorde al futuro
Entendemos que el papel de la institucionalidad es formalizar un marco de funcionamiento común, que posibilite el libre desarrollo de todas y todos los habitantes. Por tanto, los futuros Estados deben poner en duda y contrarrestar la concentración de la riqueza, que indudablemente conspira contra la libertad de opción de las mayorías.
El derecho de todo ser humano a existir debe ser garantizado a través de un ingreso o renta universal, pensado no solo como base de subsistencia para las mayorías excluidas sino también ampliando la autonomía para decidir a cada persona en situación de dependencia.
La garantía social de existencia y la nivelación socioeconómica entre sectores, asiento necesario para la igualdad de oportunidades vitales, es un paso ineludible hacia la reducción del dolor que produce la carencia y para una mayor libertad de elegir el tipo de vida que se quiere.
La redistribución de riquezas que se requiere debería ser encarada, a pesar del sufrimiento infligido por la expoliación necolonial y la explotación oligárquica, no desde un espíritu revanchista destinado a fracasar, sino desde la exigencia de reparación histórica que ensanche la senda hacia la reconciliación social.
Lo mismo debe decirse sobre la necesidad de desmonopolizar la comunicación. Una democracia verdadera no puede admitir la espantosa concentración de los medios de difusión, que ejercen de hecho el control social a través de la manipulación informativa.
Por otro lado, la nueva institucionalidad debe transformar el concepto actual del Estado como detentor del monopolio de la violencia para que éste pase a tener un carácter conciliador, de mediación y armonización de los conflictos, abandonando el rol de padre controlador y castigador.
Constituciones para un mundo de diversidades
El mundo que hoy adviene es un mundo de diversidades, por lo que las nuevas revoluciones constitucionales deben apuntar a conformarse alrededor de la convergencia de esta diversidad.
La idea del Estado-Nación surgió de la premisa de absorber la diferencia y de forjar un espíritu uniforme, con un proyecto que pretendió forzadamente la adopción de una identidad común, negando facetas culturales propias preexistentes. Está a las claras que pese a la presión uniformizante, el factor cultural de los sometidos y los dominadores continúa existiendo y pretender su inexistencia impide comprender y acometer adecuadamente las tensiones que genera.
En este sentido, el reconocimiento de la plurinacionalidad es un gran avance. Sin embargo, también debemos reconocer que hay una interculturalidad manifiesta, lo que permite pensar en forjar una nueva identidad común que recoja lo mejor de cada cultura, que fomente el diálogo y la paridad entre culturas, sin imposiciones supremacistas.
De este proceso de interculturalidad ya en marcha, se desprende la posibilidad de una identidad latinoamericana y caribeña con múltiples ingredientes culturales, a partir de la cual se pueda crear un nuevo tipo de nación, primero regional, integrada, hermanada, solidaria y cooperante y luego, aspirar a una fusión planetaria en el marco de una Nación Humana Universal.
Paz, No Violencia y desmilitarización
Este transcurso solo puede ser guiado por ideales de paz y no violencia entre los pueblos. Por ello es imperativo dar pasos decididos hacia la desmilitarización.
En la historia latinoamericana, las fuerzas armadas, lejos de haber sido un resguardo de soberanía, han fungido como un poder de desestabilización interno. Las transnacionales, en la lógica de la penetración neoliberal, se han hecho con los recursos naturales, han endeudado a Estados y poblaciones; las plataformas digitales extraen y usan los datos personales, explotan a distancia a los trabajadores condenándolos al precariado; los recursos que deberían servir para mejorar la salud y la educación son evadidos y fugados al exterior de los países. Es evidente que ninguna institución militar es efectiva para defender la soberanía arrebatada.
Por lo demás, tanto la policía como los ejércitos educan a sus componentes en una lógica de disciplinamiento, lo que es poco compatible con las prácticas democráticas. La realidad es que ejércitos y policía se nutren habitualmente de los sectores excluidos de la sociedad, por lo que es posible pensar que a través de la construcción de sociedades inclusivas, equitativas y protectoras, las personas ya no quieran reprimir, matar o morir en conflictos bélicos que sirven siempre a los intereses del poder.
Un nuevo paradigma de Estado transformará las actuales fuerzas armadas en Cuerpos de Paz, promoviendo su desarme progresivo, estrategias de protección civil no violentas y una democratización en su conformación, apuntando incluso a la elección directa de sus autoridades.
Hacia el poder comunal
Quiero también referirme a un aspecto de máxima centralidad en la configuración de una imagen futura y es el tema de la descentralización. Descentralización que debe trascender el carácter administrativo para pasar a ser una transferencia de poder real a la base social.
Hoy existe en el mundo una tendencia a la desestructuración de formas anteriores y a la reconfiguración de la organicidad en nuevas matrices. Es posible entonces aprovechar esta tendencia mayor de manera consciente y elaborar estrategias para la transferencia creciente del poder de decisión y acción a las comunas, los municipios y los territorios como paso ineludible para recuperar la soberanía arrebatada por una superestructura estatal cada vez más alejada de la base social.
Este reconfiguración institucional, para no caer en una atomización secesionista y conservar un carácter de conjunto, debe pensarse en términos federativos, en las que los municipios puedan expresar las necesidades particulares de sus habitantes y colaborar con otros en la búsqueda de soluciones y proyectos compartidos.
La imagen del poder comunal no solo permite una mayor incidencia democrática y un contralor más efectivo por parte del pueblo mismo, sino que también coloca el tema de la reconstitución del tejido y los lazos en la misma base social como un primario.
La recomposición de las relaciones humanas en el seno de la comunidad reviste máxima importancia estratégica ya que provee una respuesta existencial certera a la indefensión y el desarraigo al que nos condena el individualismo. Respuesta que, por su parte, colabora como barrera al avance de integrismos retrógrados, los que utilizan la contención humana y el sentido de pertenencia como una de los principales canales para ganar adeptos.
En la transición hacia sociedades de poder descentralizado, proponemos forjar fuertes alianzas entre lo público y lo comunitario, que valoricen y potencien la enorme energía popular que es la que en definitiva, sostiene a nuestras sociedades.
La constitución social, expresión de la dinámica histórica de la intencionalidad humana
Por último, mencionar el carácter dinámico que tiene toda constitución social, motorizada por el surgimiento permanente de nuevas generaciones, cuya posibilidad de crítica tiende a renovar el paisaje humano y desplazar lo establecido.
De este modo, toda construcción social debe favorecer la irrupción de nuevas sensibilidades generacionales, abriendo plenamente los espacios para que estas se expresen, colocando las premisas vigentes en estado de revisión y transformación. De este modo, el Estado no será una camisa de fuerza limitante a la que los seres humanos deben obedecer, sino la expresión misma de la intencionalidad humana, que va expresando su íntima necesidad de evolución a través de la dinámica histórica.
En un artículo anterior, que lleva este mismo título, presenté una semblanza de la gobernanza de la emergencia sanitaria, con sus implicaciones económicas y sociales, destacando la importancia y la imperiosa necesidad de un proceso de diálogo social, que con vocación política transformadora comprenda amplios sectores y colectivos de nuestro país.
Pues resulta que el Gobierno de la República lanzó en estos días una iniciativa con una sugestiva denominación, aunque nada provocativa, titulada: “Costa Rica escucha, propone y dialoga.”
Hay algunos que afirman y hasta celebran que, por fin, el Gobierno está impulsando un proceso de diálogo social.
Pero, lo primero, sin ánimo de ser aguafiestas, que tenemos que plantearnos es si esta iniciativa, tan publicitada, constituye efectivamente un ejercicio político de diálogo social real.
1.- ¿Qué es Diálogo Social?
Tratemos de despejar esta ecuación partiendo de la premisa que la democracia supone una pluralidad de intereses divergentes.
Nos dice la filósofa alemana Hannah Arendt que la política representa la experiencia de compartir un “mundo común”, por parte de una diversidad de sujetos.
Aquí es donde el diálogo social, particularmente en escenarios de crisis, juega un papel importante, en orden a reconocer las capacidades de los distintos actores para asumir, enfrentar y procurar la solución compartida de las situaciones conflictivas que alteran la convivencia social y la estabilidad política.
El diálogo social es un instrumento esencial de la democracia plural, un cauce de participación democrática de los distintos actores que asumen la representación de intereses que se aprecian socialmente legítimos.
Hay que resaltar que el diálogo social es un fenómeno esencialmente político, una opción de interlocución política de los agentes públicos, sociales y productivos, en la construcción y definición, pactada si fuera posible, de las cuestiones sociales y económicas que resultan de interés general o del bien común.
En fin, el diálogo social es un mecanismo de gobernanza democrática, que se diferencia de los esquemas unilateralistas y autoritarios de administración de las crisis o conflictos que regularmente sobrevienen en las sociedades.
2.- La iniciativa “Costa Rica escucha, propone y dialoga”
Varios países del viejo continente, por ejemplo, Italia y España, y de América Latina, Argentina y Uruguay, desde el advenimiento de la pandemia, promovieron y articularon instancias de diálogo social, particularmente en el ámbito de las relaciones de trabajo.
Si algo tiene de exitoso la gobernanza de la pandemia en Uruguay, por cierto, en manos de un gobierno muy a la derecha del nuestro, precisamente radica en esa apuesta política por el diálogo social.
Por contrario, en nuestro país, no es sino hasta ahora, cinco meses después que irrumpió el fatídico virus y se declaró el estado de emergencia sanitaria, que el Gobierno de la República lanzó al vuelo aquella iniciativa. Tanto tiempo después que la pandemia terminó de destruir nuestro tejido productivo y social, que nos llevó a duplicar la tasa de desempleo en menos de seis meses.
¿Pero, en qué consiste y cuáles son los alcances de esta iniciativa?
Analicemos la iniciativa gubernamental, tratando de establecer un orden sistemático, recurriendo a tres dimensiones: temática-funcional, la participación de los sujetos y finalmente, la dimensión procesal.
i.- La dimensión temática y funcional
La oferta gubernamental invita a las personas y organizaciones interesadas remitir sus propuestas acerca de tres ejes que constituyen la agenda de la iniciativa: 1) Finanzas Públicas y el acuerdo con el FMI, 2) Reactivación Económica y 3) Creación y Protección del Empleo.
La agenda baja a la llanura ya encorsetada, con una temática numerus clausus, restringiendo que la ciudadanía pueda colocar en la agenda pública otros ejes temáticos.
Desde el punto de vista funcional, se convoca a la ciudadanía a presentar propuestas relacionadas con la ejecución de decisiones políticas tomadas de antemano y no a concertar la definición de estas políticas.
Por ejemplo, en el tema del Acuerdo de financiamiento con el FMI, la exposición de motivos de la invitación advierte lo siguiente: “que la vulnerabilidad de las finanzas públicas (…), agravada por la emergencia sanitaria, obligan a un acuerdo de financiamiento con el FMI”.
Es decir, a buen entendedor con pocas palabras: aquí no hay ningún espacio de interlocución, ni siquiera propositivo, porque anticipadamente se determinó que no hay otra alternativa, que se define obligada, que no sea necesariamente aprobar el Acuerdo con el FMI; aunque sea con todas las implicaciones que sabemos que tendrá en (contra) la institucionalidad pública.
La participación de la ciudadanía, entonces, queda circunscrita a la remisión simbólica de propuestas en aquellos exclusivos temas previamente escritos en el libreto oficialista, acompañada de foros poéticos que quedan en el limbo, sin que se definan espacios formales de negociación o concertación, destinados a pactar acuerdos, que constituyan la base de políticas concretas que se materialicen, ex post, en actos de gobierno, programas de acción o proyectos de ley.
ii.- La dimensión de los sujetos intervinientes
En teoría pueden participar, en abstracto, todas aquellas personas físicas o jurídicas con interés de remitir las correspondientes propuestas.
Se trata de una participación socialmente difusa, que no se articula con instancias orgánicas de intervención políticamente activa de actores sociales que ostenten suficiente legitimidad reconocida, para asumir la representación de los intereses plurales y diversos de la sociedad.
Esta difuminación de los sujetos intervinientes enerva el desarrollo de un proceso de interlocución e intercambio político con actores socialmente legitimados.
Esta carencia política afectaría sustancialmente la propia legitimidad del proceso. La efectividad de un verdadero proceso de diálogo social depende mucho de la legitimidad de los actores sociales.
Por otra parte, en esa nebulosa tampoco queda claro cuál es el rol que asumirá el Gobierno, en tanto que poder público.
No pareciera que asumirá una actoria política, cuya función instrumental queda minimizada a la de un simple anfitrión o coordinador “neutral”.
En otras palabras, el Gobierno no tendría el status de interlocutor del pretendido diálogo multipartito, con el que otros agentes sociales pudieran negociar y pactar acuerdos.
iii.- La última dimensión concierne a las reglas adjetivas del proceso.
En un proceso de diálogo que se estime democrático, normalmente lo primero que se pacta son precisamente las reglas del proceso.
En la iniciativa que se comenta las reglas también vienen prefabricadas.
Quienes tengan interés de participar, deberán someterse, de manera incondicional, a las reglas fijadas unilateralmente de previo.
Tampoco se disciplina una hoja de ruta transparente, ordenada y estructurada de las fases o etapas del sinuoso proceso.
No existe definición o claridad de los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que conlleven a compromisos de los actores involucrados, y mucho menos que garanticen su cumplimiento.
En conclusión, no puede sostenerse que el Gobierno esté convocando a un verdadero diálogo social, destinado a desarrollar un proceso de interlocución con los actores sociales, que ostenten la legítima representatividad de los diferentes sectores y colectivos, enfocado a discutir y concertar los grandes consensos políticos, de carácter transformador, que el país urgentemente demanda, en una sociedad estructuralmente marcada y dividida por la creciente desigualdad de todo tipo, que ya la conocíamos, pero que ha sido desnudada en toda su crudeza por la inclemente pandemia.
Veremos, eso sí, hasta dónde nuestra devaluada democracia puede llegar a sostenerse y soportar tanta injusticia social y desigualdad.
En definitiva, una caricatura de diálogo social, una desesperada y oportunista iniciativa de buzón de sugerencias on line, palabras más, palabras menos, como acertadamente la calificó un dirigente sindical.
Todo refleja que el Gobierno no sale del autismo y la ceguera política que ha sellado su modelo de gobernanza: “Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Ensayo sobre la ceguera, Saramago)
SURCOS recibió este documento de parte del Grupo Economía Pluralista
20 de agosto de 2020
Sra. Epsy Alejandra Campbell Barr Primera vicepresidenta de la República Sr. Marvin Rodríguez Cordero Segundo vicepresidente de la República
Estimada señor vicepresidenta, estimado señor vicepresidente:
En atención a su nota de fecha 14 de agosto (PV-M-2020-238 DSV-299-2020), y a la convocatoria “Costa Rica escucha, propone y dialoga” formulada por el gobierno de don Carlos Alvarado, adjuntamos nuestros aportes, como integrantes del Grupo Economía Pluralista, en el documento que hemos titulado: “La crisis del Covid-19: Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos. Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República ‘Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga’”. Aclaramos que este documento ofrece un abordaje integral, en el cual se incorporan las facetas, estrechamente interconectas, de la reactivación, la creación de empleos y las finanzas públicas.
Atentamente
Luis Paulino Vargas Solís, Fernando Rodríguez Garro, Daniel Vartanián Alarcón, Ana Rosa Ruiz Fernández, Edwin Zamora Bolaños, Jeannette Cordero Gamboa, Luis Carlos Olivares Martínez, Henry Mora Jiménez , Martín Gerardo Murillo Córdoba, Welmer Ramos González,, María Leonela Artavia Jiménez, Rosberly Rojas Campos, Bernardo Aguilar González, Montserrat Ruiz Guevara, Osvaldo Ureña Jiménez, Pablo Abarca González,, María Fernanda Vega Solano, Jorge Arturo Chaves Ortiz, Hugo Cascante Mico, Mario Devandas Brenes, Greivin Salazar Álvarez, Giovanni Beluche Velásquez, Renzo Céspedes Vargas, Eugenio Trejos Benavides, Gustavo Mena Vargas
La crisis del Covid-19: Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos. Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga” GRUPO ECONOMÍA PLURALISTA
Es un solo problema, no tres problemas sumados
Esta convocatoria lanzada por el gobierno de Carlos Alvarado, diferencia tres aspectos, solicitando respecto de cada uno de éstos, los aportes por parte de la ciudadanía. Los tres apartados, así diferenciados, son:
a) Finanzas públicas y acuerdo con el FMI
b) Reactivación económica
c) Creación y protección de empleos
Se comprende que para hacer operativa y viable la convocatoria, se hace necesario introducir algún ordenamiento conceptual y, por lo tanto, la definición de determinadas categorías de análisis. No obstante lo cual, advertimos que esta forma de plantear las cosas conllevan un riesgo importante, ya que, para todo efecto relevante, tanto desde el punto de vista político, como desde una perspectiva teórica y empírica, los tres aspectos forman parte de una sola problemática. No son tres cuestiones que se suman o superponen, ni tres cuestiones que discurren la una paralela a las otras, cada una por su propio cauce. Son tres facetas de una sola realidad compleja, entrelazadas e interrelacionadas a profundidad.
Las definiciones que se adopten en materia de finanzas públicas, inevitablemente afectarán –para bien o para mal– los esfuerzos en cada uno de los otros dos ámbitos. Los logros o ausencia de logros, en materia de reactivación y empleo, tendrán consecuencias importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Reactivación y empleo, por su parte, son caras de una misma moneda, puesto que resultaría desatinado tratar de reactivar la economía sin poner un énfasis explícito muy potente, en la creación de muchos empleos. Vale decir: crecimiento de la economía con débil creación de empleos, es una opción que debe ser descartada ad-portas, sobre todo si el objetivo principal de todo esto es no solo superar la crisis económica, sino hacerlo de forma que avancemos hacia una sociedad más inclusiva y democrática, capaz de proporcionar bienestar, calidad de vida y paz a sus habitantes.
Teniendo presente lo antes indicado, en este documento proponemos un abordaje integral, que se esfuerza por generar respuestas, coherentes y complementarias entre sí, en relación con las tres problemáticas que el gobierno ha planteado.
Acuerdo con el FMI
En reiteradas apariciones ante la prensa, algunas autoridades económicas –en especial Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central– han hecho públicas las que, al parecer, son las propuestas que el gobierno de Costa Rica está presentando ante ese organismo. Se ha dado a entender que es algo ya definido, sobre lo que no hay margen de negociación.
En primera instancia, es obligatorio que el gobierno aclare con total franqueza, si eso es efectivamente así, porque de ser ese el caso, o sea, si ya hay un paquete de políticas que, en forma opaca y de espaldas a la ciudadanía, ha sido definido y no admite cambios, el ejercicio de diálogo propuesto pierde todo sentido. Sería una grave falta de respeto hacia la ciudadanía costarricense.
Al respecto, debe quedar claro lo siguiente:
Sabemos que un acuerdo de “Derecho de giro” o “stand-by” con el FMI, como el que presuntamente está siendo negociado, conlleva metas cuantitativas pero también compromisos de política. Cada una de estos detalles deben ser explicados con absoluta transparencia, y deben incorporar y respetar los criterios que emanen de la propia ciudadanía. De otra manera, la negociación será inaceptable e ilegítima.
No es aceptable que se aprovechen las conversaciones con el FMI para colar por la puerta de la cocina una agenda de privatizaciones. Previo a cualquier decisión sobre cualquier posible privatización, es indispensable un debate por aparte, bajo condiciones muy participativas, abiertas y equitativas. Mucho más que asuntos de técnica económica, son cuestiones que conllevan complejas facetas políticas e ideológicas, relacionadas con el tipo de sociedad a la que aspiramos y nuestros objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Son asuntos muy polémicos, pero, sobre todo, terriblemente divisivos.
Pero, además, en su faceta presuntamente “técnica”, las privatizaciones no resuelven absolutamente nada. Los datos que los propios promotores de la idea aportan, muestran claramente que tan solo se le dará un insignificante mordisco a la deuda pública, al costo de agudizar las divisiones sociales y la polarización, y tan solo para favorecer algo que, claramente, es una muy inoportuna ocurrencia ideológica.
Se ha dicho que, además, la negociación con el FMI podría contemplar un incremento del IVA al 15%. Solicitamos que, de forma transparente, se le aclare a la ciudadanía si esto es cierto. Agregamos lo siguiente: en primera instancia, esto nos remite a un imperativo ético y político ineludible: por el carácter regresivo e injusto que le es intrínseco, es desde todo punto de vista inaceptable plantear posibles incrementos al IVA, sin antes plantear y avanzar en propuestas tributarias de índole claramente progresiva, que garanticen que cada quien aporte según sus posibilidades, y sin que, al mismo tiempo, se ofrezca una estrategia enérgica y precisa, así como un calendario de ejecución viable pero muy claro, para lograr dos cosas de primerísima importancia: la eliminación de todas aquellas exoneraciones que no respondan a objetivos sociales muy claros y deseables; y el más vigoroso combate a la evasión y la elusión tributaria.
Desde el punto de vista económico, y en el contexto de la profunda recesión que sufre la economía costarricense, el IVA sería el impuesto menos aconsejable, porque inevitablemente succiona poder de compra de los sectores de ingresos bajos y medios, lo que limitará su capacidad de consumo y, por lo tanto, agregará fuerzas depresivas en momentos en que, todo lo contrario, requerimos poner en marcha, fuerzas que den un empujón ascendente a la economía.
En cambio, impuestos de carácter progresivo, que canalicen recursos desde sectores de altos ingresos con elevados coeficientes de ahorro, hacia sectores carenciados que requieren urgentemente mejorar su consumo personal y familiar, y hacia necesidades que la propia crisis ha agravado, y que demandan por parte del sector público una atención urgente y prioritaria, contribuirían a atenuar la recesión económica, y aliviar las consecuencias humanas y sociales de la crisis.
Es igualmente desafortunada la idea de que el financiamiento externo que se obtenga, incluso el que provenga del FMI, deba refinanciar la deuda pública, cambiando deuda interna “cara”, por deuda externa “barata”.
En primera instancia, ello pierde de vista que el endeudamiento en moneda extranjera, disminuye los ya restringidos márgenes de soberanía monetaria de que disponemos, y agudiza las posibilidades de que el país sufra presiones externas por parte de los inversionistas, y de desestabilización del tipo de cambio, con las muy negativas consecuencias que ello provoca.
En segundo lugar, se insiste en no reconocer, con apego a una ortodoxia anticuada y descontextualizada, que el Banco Central posee las herramientas técnicas y de política que le permitirían reducir las tasas de interés sobre las emisiones de deuda interna, a fin de propiciar de esa forma una reducción de los pagos por intereses. Es irracional que se sigan pagando tasas de interés del orden del 8% sobre los bonos de deuda pública, y que esa situación sea observada desde lejos, con pasividad e indiferencia, por el Banco Central. Es su deber ineludible actuar, y no seguir propiciando una crisis fiscal cuyo detonante principal gira alrededor de los pagos por intereses a sectores rentistas.
Es igualmente necesario que el Banco Central ponga a punto, para su uso en caso necesario, mecanismos eficaces y expeditos de financiamiento del sector público, a bajas tasas de interés, que prevengan e impidan cualquier posible episodio de asfixia financiera y desestabilización de la institucionalidad pública. Traer a colación el peligro inflacionario es por completo desatinado: en un contexto de profunda recesión, con problemas del empleo extremadamente graves y fuerzas deflacionarias en pleno desenvolvimiento, lo que debería preocupar es precisamente la deflación –con su efecto de agravamiento de las deudas públicas y privadas existentes y, en consecuencia, de agravamiento de la recesión– y de ninguna manera la inflación.
3. Hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas
Hemos dicho que esta convocatoria al diálogo, parte de una concepción errónea, al fragmentar en tres partes, lo que claramente son distintas facetas de una sola problemática. Por ello mismo resulta imposible hablar de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin al mismo tiempo hacerlo de reactivación de la economía y creación de empleos. Y si se pretende negociar con el FMI sin tener esto presente, festinando plazos y procesos, las consecuencias para la recuperación de la economía y el empleo, pueden resultar muy negativas.
Cualquier programa que se diseñe con el fin de mejorar la situación fiscal, lo mismo en relación con las medidas que se tomen del lado del gasto, tanto como las que se adopten del lado de los ingresos, debe graduarse para hacerlo compatible, por un lado con la urgente atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica, y por otro con los esfuerzos orientados a aminorar la severidad de la recesión y a propiciar la recuperación de la economía y los empleos.
En concordancia con lo anterior, enfatizamos que las políticas de austeridad, de inspiración estrechamente contable, son dañinas al menos desde tres puntos de vista: primero, porque mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública frente a una crisis que multiplica las necesidades que deben atenderse; segundo, porque cercenan la capacidad de liderazgo que el sector público debe ejercer para llevar adelante un exitoso programa de recuperación de la economía y creación de empleos; tercero, porque, en sí mismas, las políticas de austeridad agravan las tendencias recesivas de la economía.
La crisis multiplica y complejiza las demandas y necesidades que el sector público debe atender. Es un desafío que éste debe asumir a plenitud y con máxima convicción. Es tiempo, entonces, para avanzar en todas aquellas reformas que supriman gastos superfluos, y que permitan superar ineficiencias y entrabamientos burocráticos. Requerimos con urgencia, avanzar dialógica y respetuosamente hacia una reforma que, respetando los derechos laborales y la dignidad de las personas trabajadoras del sector público, eleve la eficiencia y productividad de los servicios públicos, y, sobre todo, la calidad de tales servicios.
Al país le urge una reforma tributaria progresiva, así como la supresión de cualquier exención tributaria que no esté claramente justificada por razones de equidad social, y la ejecución de un programa vigoroso de combate a la evasión y elusión tributaria.
La reforma tributaria debería diseñarse de forma que se minimicen sus posibles efectos sobre la inversión productiva generadora de empleos. Por lo tanto, debería recaer prioritariamente y de forma muy progresiva, sobre ingresos y patrimonios personales y familiares y sobre actividades que tienen dañinos efectos sociales y ambientales. Salarios, ganancias empresariales y dividendos, rentas y ganancias de capital, patrimonios físicos y financieros, formas suntuosas de consumo, herencias y sucesiones, actividades de carácter especulativo o que son ambientalmente contaminantes o depredadoras, deben tributar sobre una base muy progresiva. La tributación tiene que funcionar entonces como mecanismo para fortalecer el Estado social, lograr mayor equidad social y romper los mecanismos de perpetuación intergeneracional de las desigualdades.
Debe avanzarse efectivamente en la aprobación e implementación de los principios de renta mundial o universal y renta global.
Debe realizarse una revisión exhaustiva de las exoneraciones existentes, y suprimir todas aquellas que no tengan una clara y sólida justificación social. En particular, es importante revisar las exoneraciones de zona franca, por diversas razones: primero, en vista del muy dudoso balance de costos y beneficios que esas exoneraciones plantean; segundo, porque el país debe avanzar hacia una estrategia de desarrollo sustentada en altos niveles de productividad, no en estímulos espurios como la concesión de privilegios fiscales a favor de reducidos grupos de interés; tercero, porque se acumula evidencia que sugiere que las zonas francas están siendo utilizadas como mecanismo de evitación del pago de tributos, por parte de firmas que fundamentalmente producen para el mercado interno.
Es necesario establecer un calendario preciso, con objetivos y metas bien definidas, para avanzar, de forma enérgica y con resultados efectivos, en el combate a la evasión y elusión tributaria. Debe reconocerse que es un problema muy complejo, que, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de muy amplios alcances, cuyos frutos se verán gradualmente a lo largo de los años. Se requieren reformas legales, mejor infraestructura tecnológica y equipos humanos altamente calificados, pero, sobre todo, se requiere valentía, voluntad y decisión política.
Como parte del esfuerzo en procura de avanzar hacia un sistema tributario moderno, justo y progresivo, debe contemplarse un decidido esfuerzo de cooperación internacional, para el intercambio de información, inclusive el máximo y más eficaz aprovechamiento de los acuerdos de intercambio de información ya vigentes. Debe también fortalecerse la cooperación con el fin de logar la supresión de los paraísos fiscales y el combate a todas las redes transnacionalizadas de ocultación de la riqueza y evitación de impuestos. Es urgente frenar la competencia ruinosa entre los Estados y gobiernos, que les induce a reducir tributos para atraer inversión extranjera, con todas las múltiples consecuencias negativas que esto tiene para el cumplimiento de objetivos de inclusión, equidad social, y bienestar y calidad de vida para la población. Con ese fin, los gobiernos y estados del mundo deben avanzar hacia el establecimiento de estándares mínimos en materia de tributación, que uniformicen las obligaciones de las corporaciones transnacionales y de cualquier inversor, en cualquier localización alrededor del mundo. La ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés), proporciona indicios de hacia dónde deben encaminarse esos esfuerzos.
4. Reactivación de la economía y generación de empleos
Se hace preciso diferenciar dos momentos, los cuales, sin embargo, están estrechamente vinculados: el esfuerzo más inmediato en procura de aliviar la recesión y atenuar sus efectos sociales y humanos; y el esfuerzo, más extendido en el tiempo, orientado a recuperar la economía y los empleos. Enfatizamos que es un solo proceso: lo primero no solo anticipa, sino que debe preparar el camino para lo segundo.
a. Aliviar la recesión de la economía y sus consecuencias, comporta al menos dos facetas igualmente importantes, interrelacionadas entre sí:
Garantizar que, en lo posible, sobrevivan a la crisis las micro, pequeña y medianas empresas, así como los emprendimientos de la economía social, solidaria, cooperativa y de base comunal, que son el tipo de empresas más amenazadas por la crisis, y las cuales son fundamentales para la generación de empleos, la más democrática distribución del ingreso y la riqueza, el cuido de la naturaleza y el logro de un desarrollo regional equilibrado. Todo lo cual es crítico, a fin de restaurador el tejido social y económico de nuestra sociedad. Desde luego, y paralelamente, deben darse el apoyo que pudiesen requerir empresas más grandes afectadas seriamente por la crisis. Un instrumento necesario, posiblemente el más importante pero no el único, para lograr esto, es poner a funcionar un fondo de avales y garantías, algo que debió estar en operación desde hace meses, y que solo recientemente fue anunciado por el gobierno. Es indispensable que este fondo privilegie el tipo de empresas que anteriormente mencionamos, y que incluya disponibilidad inmediata de créditos para capital de trabajo, y, asimismo, amplios procesos de reestructuración de deudas, con reducción significativa de las tasas de interés y ampliación de plazos. Deberían también concederse períodos de gracias de amplitud apropiada, y beneficiar lo mismo a empresas formales e informales.
Debe fortalecerse y ampliarse el programa del Bono Proteger, concebido como un esquema de subsidios altamente progresivos. Los montos que se entreguen a las personas en necesidad deberían duplicarse, o, cuanto menos, llegar a un monto equivalente al salario mínimo. Asimismo, es necesario mantener el programa todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto la situación sanitaria no se estabilice, la recesión económica no empiece a ceder y la creación de empleos no mejore de forma significativa. Un subsidio progresivo de esta naturaleza, permitirá atenuar la recesión de la economía, al poner capacidad de consumo en manos de quienes más urgentemente la necesitan, lo cual también aliviará las consecuencias humanas y sociales de la crisis. La mejor, y posiblemente la única forma de sostener financieramente este esquema temporal de subsidios es por medio de un impuesto progresivo, igualmente temporal, sobre los ingresos más altos, tanto del sector público como del privado, y tanto si son ingresos del trabajo como si provienen del capital, incluyendo las rentas, el cual podría complementarse con un impuesto generalizado sobre los patrimonios, incluidos los de tipo financiero, y sobre las transacciones financieras. Debe contemplarse seriamente la posibilidad de que el Bono Proteger sea un primer paso hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal.
b. Diseñar un programa de reactivación de la economía, centrado en la generación de muchos empleos en el plazo más corto posible, el cual debe diseñarse desde una agenda progresista, por lo tanto equitativa, inclusiva y ambientalmente responsable, animada por una visión de mediano y largo plazo propicia a la construcción de una economía de alta productividad, justa e inclusiva, y ambientalmente muy respetuosa y responsable:
Por lo tanto, no son aceptables de ninguna manera, las propuestas conducentes a deteriorar la calidad del empleo, lo mismo si se las pretende aplicar en el sector privado o en el público. Así como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas implica un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado, con implicaciones especialmente negativas para las mujeres, la pretensión de reducir las jornadas en el sector público es un completo disparate que, lejos de dar ningún aporte positivo, vendrá a agravar la crisis. Claramente se trata de propuestas que intentan recuperar la competitividad empresarial mediante medidas de “dumping social”, o, si se prefiere designarlas así, de “devaluación interna”, cuyas repercusiones son negativas desde todo punto de vista: porque redundan en menor productividad de la economía y las cuales, por su carácter regresivo e inequitativo, deterioran las bases indispensables para sostener la paz social. Si desde el punto de vista ético y moral es deplorable que se quiera aprovechar la crisis para empujar agendas regresivas como estas, debemos asimismo enfatizar que son propuestas políticamente torpes y económicamente erróneas.
Consideramos positivas todas las propuestas encaminadas a simplificar trámites y aligerar los tiempos de respuesta de las instituciones públicas. Advertimos que esto debe hacerse desde una posición muy vigilante y rigurosa: los trámites deben ser más simples y expeditos, pero no a costa de la trasparencia, el interés público, los derechos humanos ni el cuido del ambiente. Consideramos, sin embargo, que las mejoras que puedan introducirse en esta materia, a lo sumo podrían ser elementos coadyuvantes dentro del esfuerzo de reactivación de la economía y los empleos. Sería muy iluso suponer que este tipo de medidas, puedan, por sí solas, dar resultados significativos.
Mejorar la empleabilidad de las personas a través de la capacitación permanente, la formación técnica y profesional y, en general, una educación de muy alto nivel, es absolutamente deseable y necesario. Sin embargo, conviene no olvidar que las personas, incluso si mejoran su calificación, no conseguirán empleo si los empleos no existen. Es necesario crear las condiciones para que la economía aporte esos empleos.
Por razones políticas, culturales y de estabilidad política y paz social, resulta necesario recuperar las nociones de soberanía y seguridad alimentarias, e incorporarlas como componente de gran importancia, dentro de nuestras estrategias de política económica. Debemos garantizarnos la provisión, segura y a precios razonables, de los alimentos básicos de nuestra dieta popular, de forma que, al tiempo que nos garanticemos una alimentación saludable, fortalezcamos la capacidad productiva, la eficiencia y productividad de nuestras agricultoras y agricultores, y hagamos de la producción de alimentos una ocupación que garantice calidad de vida a quienes la realizan. Para ello es muy necesario definir un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore y calendarice medidas de corto plazo y aplicación urgente, a la par de otras con proyección de mediano y largo plazo. Crédito, tecnología, capacitación técnica, mercadeo y fortalecimiento organizacional, son elementos necesarios dentro de esa agenda.
La reactivación de la economía y de los empleos requiere, asimismo, de la disponibilidad de crédito, en condiciones de tasas de interés y plazos lo más favorables posible. A corto plazo es necesario una actuación más enérgica por parte de las entidades reguladoras, empezando por el propio Banco Central, a fin de propiciar un más fácil acceso al crédito, priorizando aquel que impulse la inversión productiva y la creación de empleos, pero sin olvidar que el crédito se mueve a partir de la demanda, y que en el contexto de una economía deprimida, difícilmente habrá demanda de crédito. Es decir, el crédito generador de producción y empleo, cobrará mayor importancia cuando un apropiado programa de reactivación ponga en movimiento de nuevo a la economía, y genere los estímulos necesarios para que las empresas inviertan y expandan la producción y la contratación de más personal. A mediano y largo plazo al país le urge un replanteamiento fundamental en las formas de regulación de su sistema financiero, y en las orientaciones y énfasis del trabajo que éste realiza. Ha quedado en evidencia, y la crisis del Covid-19 simplemente ha venido a ratificarlo, que ese sistema no solo no tiene la eficiencia deseable, sino, y quizá más importante, no contribuye apropiadamente a la construcción de una economía más productiva y con mayor capacidad de generación de empleos, que asimismo promueva una sociedad realmente equitativa e inclusiva, y un desarrollo regional más equilibrado. En todos estos aspectos el sistema financiero de Costa Rica acumula múltiples déficits que es urgente corregir.
c. El esfuerzo de reactivación de la economía y recuperación de los empleos, debe incorporar, como elemento central clave, un amplio y ambicioso programa de inversión pública. En vista de la severidad de la recesión, la gravedad excepcional de los problemas del empleo, y el ambiente general de gran incertidumbre y temor, la única forma de darle un impulso a la economía, que la rescate del sopor que la paraliza y la lance en un movimiento ascendente, de recuperación sostenida y autoalimentada, es mediante una vigorosa acción impulsada desde el sector público a través de la inversión pública. Este programa debería incorporar las siguientes orientaciones o énfasis principales:
Un componente de corto plazo, de fácil y rápida ejecución y planificado para generar muchos empleos en el menor tiempo posible. Ello podría incluir acciones como las siguientes: reparación, mejora y ampliación de instalaciones educativas, de atención sanitaria, de cuido, deportivas, artísticas y comunales; parques y espacios públicos; reparación de caminos; obras de infraestructura urbana como aceras y alcantarillas, etc. De forma explícita deben incorporarse, como mínimo, los siguientes criterios y orientaciones: creación de muchos empleos para las mujeres y beneficio directo a las barriadas urbanas empobrecidas y marginalizadas, y a las regiones periféricas del país.
En el mediano y largo plazo, los programas de inversión pública deberían priorizar la transición hacia energías limpias, tecnologías verdes, vivienda accesible a clases medias y populares, transporte público, acueductos y tratamiento de aguas residuales; infraestructura y equipamiento para los servicios educativos, sanitarios y de cuido; la consolidación de encadenamientos productivos, incorporación de conocimiento y valor agregado a la producción y elevación de la productividad; el desarrollo urbano ordenado; el desarrollo regional equilibrado, con especial atención a las regiones periféricas más rezagadas y empobrecidas; inversión en investigación científica e innovación tecnológica; consolidación de condiciones que propicien una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente más limpio y espacios de convivencia social más saludables y disfrutables.
Teniendo presente que con motivo de los anuncios sobre políticas de reactivación que el gobierno de Carlos Alvarado hizo públicos el 4 de mayo de 2020, se dijo que se disponía de financiamiento por un monto superior a los dos billones de colones, esto, más los recursos provenientes de fondos proveídos en condiciones ventajosas por diversos organismos multilaterales, deben orientarse hacia el financiamiento de estos programas de inversión pública, con una mirada prospectiva que contemple planes al menos a cinco años plazo, los cuales podrán llevarse adelante sin afectar el déficit fiscal. Además, todo ello permitirá crear condiciones para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al dinamizar la economía, elevar la productividad y generar muchos empleos.
Nuestra economía arrastra un problema de dualismo estructural a nivel productivo, que dificulta seriamente las posibilidades de construir una economía más sólida, inclusiva y ambientalmente responsable. Existen sectores muy dinámicos y competitivos ligados al mercado externo, que tan solo tienen muy débiles vínculos con la economía nacional, los cuales están amparados a regímenes especiales que les conceden generosos subsidios. Tal es el caso de la Zonas Francas. En este grupo se ubican algunas grandes empresas nacionales y, sobre todo, corporaciones transnacionales. El resto de la economía es el que proporciona la mayor parte del empleo y, asimismo, la mayor parte de los ingresos tributarios que permiten sostener los servicios públicos. Es, en gran parte, un tejido productivo conformado por micros, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos de la economía social y solidaria. Este sector está vinculado principalmente al mercado interno, y ha sido pospuesto, y en muchos sentidos olvidado, por las políticas de los gobiernos. Su productividad y competitividad se ven perjudicadas por el escaso acceso a la innovación tecnológica a todo nivel, el crédito y a la capacitación técnica, y asimismo se les dificulta incorporarse en cadenas internacionales de mercancías, puesto que, de hecho, tampoco a lo interno se han logrado desarrollar encadenamientos productivos que permitan optimizar el uso de la dotación de recursos de que el país dispone. Bajo las actuales condiciones de crisis, este sector se ha visto duramente afectado, por lo que los procesos posteriores de recuperación de la economía, deberán incorporar un esfuerzo muy serio por reconstruir, sobre bases renovadas, ese tejido productivo.
El impulso a las exportaciones y la atracción de inversiones destinadas principalmente a zonas francas, se han visto históricamente beneficiados por las políticas de promoción desarrolladas desde COMEX-PROCOMER, las cuales incluyen la activa implicación de CINDE, una agencia privada que, sin embargo, tiene a cargo la ejecución de importantes políticas públicas. Se ha carecido de una institucionalidad similar que promueva e impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos social-solidarios. Debe pensarse en la creación de una agencia que coordine los esfuerzos orientados a ese fin, y en un sistema, flexible, eficiente y expedito, que articule las diversas políticas e instituciones que deberían coopera en ese cometido, y el cual debería también establecer mecanismos muy transparentes y participativos de coordinación con el sector privado.
El caricaturista Pedro Murillo Rodrigues nos comparte su versión de el dragón más grande de Costa Rica. Como buen artista ofrece su visión crítica de la realidad que vivimos:
Oscar Jara del CEP Alforja, Maurizia D’Antoni de la UCR y Silvia Regina de Lima del DEI fueron las personas invitadas al Taller de Educación Popular y Territorios Comunitarios
José Antonio Mora y Omar Mejía*
En el marco del Taller de Educación Popular y Territorios Comunitarios, realizado por la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, han sido invitadas tres personas con amplia experiencia, las cuales han compartido parte de sus trabajos vinculados con la Educación Popular y procesos grupales.
Los aportes de Oscar Jara, del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Maurizia D’Antoni de la Universidad de Costa Rica y Silvia Regina De Lima Silva del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) han sido fundamentales en este taller, del cual participan docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica y quienes tienen además un gran interés en profundizar sus experiencias de trabajo con grupos y comunidades, desde un posicionamiento ético-político comprometido.
Las reflexiones que estas tres personas le han aportado al taller, permiten reconocer distintas aristas de la Educación Popular y su aplicación concreta en procesos comunitarios y grupales, en la búsqueda por la defensa territorial, los derechos humanos y la reivindicación política de grupos de personas históricamente oprimidas.
Los aportes de Paulo Freire, la vinculación de la Educación Popular con la Psicología Educativa, la pedagogía de la desobediencia, en un contexto educativo de represión y control hacia las personas, la pertinencia de la Investigación-Acción Participante para la transformación social, así como la importancia de las teologías de la liberación, afro y feministas y la vinculación de los movimientos sociales con las comunidades eclesiales, han sido parte de las discusiones y reflexiones que estas tres personas invitadas llevaron al grupo, en cada una de las sesiones semanales de este taller, el cual culmina el próximo 26 de agosto.
Algunos de los temas tratados en este espacio han sido los principios básicos de la Educación Popular, sus referentes y contexto histórico-geográfico, la importancia de la mediación pedagógica y la facilitación en grupos comunitarios, la pertinencia de distinguir las diversas técnicas participativas que existen para trabajar desde el paradigma de la Educación Popular y algunos dilemas ético-políticos de hacer Educación Popular desde las Universidades públicas, en un contexto de ataques y recortes a la educación superior pública.
Se espera que este sea el primero de más espacios que permitan la articulación de personas interesadas con los procesos comunitarios y la transformación. Ahora el mayor reto es vincular este trabajo con los procesos concretos en comunidades rurales, el grupo de participantes de este taller se ha planteado como pregunta ¿cómo se continúan los procesos de Educación Popular en las comunidades en un contexto de pandemia?
19 de agosto del 2020
* Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
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