Ir al contenido principal

Los dilemas y los retos de enfrentar un mundo viralizado

Mujeres por Costa Rica

Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 auguran el declive de un ciclo civilizatorio que centró el crecimiento económico en la apropiación despiadada de los recursos naturales, la capacidad productiva del trabajo humano y los conocimientos de los pueblos como mecanismos para acumular riquezas exorbitantes en muy pocas arcas.

Suponíamos, con fundamentación histórica, que en algún momento cercano pero incierto, la Naturaleza y los millones de “rezagados” del sistema capitalista no aguantarían más y encontrarían la ruta para su transformación. Esta requeriría un nuevo pacto social, animado por el desarrollo sostenible, la inclusión social y los derechos humanos.

Pero sin previo aviso, un desconocido virus, aparecido en China, provocó sorpresivamente un cataclismo sanitario y económico global sin precedentes. ¿Cómo iba a ser imaginable que, junto a China, las poderosas potencias de occidente y los demás países del mundo temblaran ante un virus, polizonte de transeúntes globales? 

La enfermedad no discrimina entre clases, género, raza o nacionalidad, pero avanza siguiendo la huella de los viajeros globales. De tal manera, ante la ausencia de una vacuna, junto a técnicas higiénicas y aislamiento social ha sido igualmente necesario cerrar las fronteras que con tanto empeño los neoliberales abrieron al forjar los sistemas multinacionales bajo la hegemonía de las grandes potencias mundiales: la institucionalización de la globalización (FMI, BID; ALCA, CAFTA, OCDE, OMC, etc.).

La crisis es siempre una oportunidad para encontrar nuevos y mejores rumbos, y había signos diversos de que se caminaba hacia ella, particularmente por las disputas cada vez más subidas de tono entre gigantes económicos.  No obstante, con sorpresa vemos cómo la aparición del COVID-19 desencadena una serie de medidas inusitadas, en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Tan súbitos e inesperados han sido su origen y su rápido alcance planetario que ha evidenciado la total incapacidad de los organismos multinacionales y del mercado para regular las tensiones, generar equilibrios y manejar la crisis económica que se ha desencadenado. Las redes globales se reventaron sin alerta previa, como cables de alta tensión en un charco de agua, serpenteando sin dirección. ¡Sálvese quien pueda!

Desprevenidos y aislados en nuestras fronteras y en nuestras casas, nos toca ahora asumir el compromiso de reinventarnos como sociedad, a partir de una nueva conciencia colectiva de nuestra vulnerabilidad, interdependencia y fuerza del actuar solidario, principal enseñanza de la actual crisis. 

En Costa Rica se ha venido forjando, no sin dificultad, pensamiento y acciones que hoy surgen como las mejores alternativas para enfrentar con acierto estos tiempos de crisis mundial con medidas basadas en la equidad, la economía solidaria, el cuido y uso responsable de nuestras riquezas ambientales y culturales comunes, la práctica de los derechos individuales y colectivos. Hoy más que nunca ha quedado en evidencia la necesidad de contar con un Estado fuerte, eficaz y transparente que, a través de la política pública y el quehacer de sus instituciones, satisfaga las aspiraciones de su pueblo.  Esto debe ser rescatado y fortalecido.

La paralización económica que ha causado la crisis del COVID-19, el desencadenamiento de la economía global producto de las medidas sanitarias urgentes y la recesión que de ello derivará en el muy corto plazo, obliga a redimensionar el valor del mercado interno y sus encadenamientos intrarregionales, la significación de la autosuficiencia alimentaria y por tanto el fortalecimiento de la producción agropecuaria, la industria local, los emprendimientos turísticos sostenibles y las formas alternativas de comercialización y redistribución, dentro del paradigma de la sostenibilidad, frente a un capitalismo en crisis, depredador y generador de desigualdades crecientes. No hay otra forma de derrotar la avaricia de los mercados y los intereses financieros que hoy evidencian sus límites y sus consecuencias nocivas sobre los ecosistemas y los derechos de las mayorías.

La crisis es período de reacomodo: las fuerzas del capital aspirarán a recuperar terreno a partir de modelos aún más centralizados, aprovechando la destrucción de capitales y mercados en la actual coyuntura. Frente a esta fuerza, cabe reivindicar otras alternativas, es igualmente posible su posicionamiento en los tiempos que vendrán, si en torno a ellas se agrupan fuertes alianzas de actores públicos y privados comprometidos con la justicia social, el progresismo económico y la convivencia democrática.

Insistimos en que este remezón planetario que estamos viviendo obliga a poner la mira en la construcción de alternativas que consideren un cambio profundo de nuestra relación con la Naturaleza, una nueva concepción de nuestra salud y nuestro cuerpo, una relación de respeto con las diferencias culturales y una nueva espiritualidad basada en la equidad, la inclusión, la solidaridad y el respeto a las individualidades en un contexto de libertad y autodeterminación. 

Menuda tarea, sí. Pero no podemos dejar que este sistema económico tan nocivo se recomponga y cobre fuerza a costa de mayor sacrificio humano y deterioro de los recursos naturales. Los augurios apocalípticos que predican falsos profetas solo sirven para inhibir la capacidad de las colectividades para trabajar en función del bien común, sin discriminación alguna.

Como país nos toca definir en democracia cuáles son nuestras prioridades para enfrentar no solo la pandemia, sino el reacomodo de los mercados y los sistemas financieros a futuro, pues si se perpetúa la condición imperante se profundizarán las condiciones de desigualdad y pobreza en el mundo. Eso pasa por fortalecer las instituciones del Estado y sus programas sociales para un desarrollo con equidad, una estructura tributaria justa y progresiva que le dé contenido económico a las acciones que fortalezcan el bien común, coordinación institucional eficiente y con objetivos de largo plazo, así como la redefinición de las relaciones internacionales y comerciales que centre el desarrollo en el uso sostenible de los recursos naturales y la equidad.

No podemos entonces, desaprovechar una oportunidad de salir fortalecidas las mujeres de la crisis y coadyuvar en la construcción de un nuevo orden nacional y mundial

Habiendo pa’todos, no tiene por qué haber patadas

Edgar Gutiérrez Espeleta, Luis Felipe Arauz Cavallini, Alexander Mora Delgado y Carlos Segnini Villalobos

Costa Rica habrá cambiado en formas aún imprevisibles sus hábitos y costumbres luego de superar la pandemia ocasionada por el Covid19.  Esta “nueva” Costa Rica merece toda nuestra entrega y desprendimiento, y debe erigirse respetándose como una sociedad justa y libre, abierta al mundo y en la que cabemos todas y todos; basada en el diálogo sin cortapisas, el respeto a la diferencia, la educación para todos, el amor por el trabajo digno y la prosperidad económica.

Por ello, no podemos dejar pasar las intenciones de aprovechar la coyuntura actual para distraer al gobierno y reducirle espacio político en la atención de la crisis, mediante el impulso altisonante de agendas contrarias al vigor de las instituciones públicas que hoy día son las que atienden esta emergencia con la mística y la efectividad de un Estado que ha sabido colocar el bienestar de las familias en el centro de sus preocupaciones.

No podemos estar más en desacuerdo con una opinión recientemente publicada en el periódico La Nación, “Si hay patadas hay pa’todos”, en el que sus autores ponen foco en una sola parte de la situación, dejando de lado la reconstitución del tejido social y económico tras una crisis con impactos multidimensionales.

No podemos admitir que, al amparo de una definición insana de solidaridad, argumenten la conveniencia de introducir medidas de austeridad económica y contrarias a la capacidad de consumo de un sector importante de la población, desconociendo el fracaso histórico de estas tesis y el hecho de que ningún otro país del planeta esté proponiendo tal curso de acción frente a la crisis

Carece de toda lógica económica restarle capacidad de compra a un segmento importante de la población mediante la propuesta de reducir su salario a la mitad, lo cual no solo irrespeta derechos adquiridos, sino que es perjudicial en momentos en los que el consumo tiende a la baja.

De igual manera, es tanto o más absurdo hablar de un recorte de gasto en las actuales circunstancias de crisis, cuando todo el esfuerzo público debe dirigirse a solventar la emergencia sanitaria e impulsar la actividad económica.

La respuesta más coherente de Costa Rica ante la pandemia actual es construir desde la solidaridad, la cooperación y la fuerza de los hechos; velando por toda la población, compensando a los sectores necesitados; mejorando las condiciones económicas de los perjudicados, sin que ello empeore las perspectivas de los demás.

Las crisis solo son de utilidad si se emplean para provocar cambios a favor de la dignidad de las personas.  Costa Rica requerirá la construcción de un nuevo pacto social, que le permita nuevamente conciliar la prosperidad económica con instituciones fuertes, ágiles y adecuadamente financiadas para afrontar las dificultades de los años venideros.

Debemos trabajar y pensar con innovación, abrir un amplio debate sobre las prioridades a atender, sin oportunismos, y en plena armonía con el ambiente, porque difícilmente estaremos en posibilidad, como humanidad, de sobrevivir a este tipo de crisis en un contexto de mayor apremio ante las consecuencias del cambio climático.

Esta visión implica empoderar a las mujeres de forma igualitaria a la economía, vincular de manera más directa a los consumidores con la producción nacional, promover un sector público y privado convocado por los más altos intereses nacionales, y seguir llevando educación académica y técnica, infraestructura vial, salud, vivienda, infraestructura hídrica y de saneamiento, energía y asistencia a las poblaciones más vulnerables en todo Costa Rica.

También hay que enfocarse en el bienestar de las familias y en el bolsillo de la gente. Debemos comprometernos a aprobar el proyecto de ley para bajar las tasas de interés de usura, las iniciativas para rebajar los precios de medicinas y otros artículos de primera necesidad, luchar contra la evasión y la elusión, establecer una moratoria este año en los pagos de intereses por deudas hipotecarias y productivas hasta que pase la situación. Asimismo, se debe mantener y tratar de incrementar la inversión pública, ayudar a las pymes con Banca para el Desarrollo y pedir la condonación por dos años de los intereses de nuestra deuda a los bancos multilaterales, como medida excepcional para mitigar los impactos de esta crisis.

Todo lo anterior demanda un esfuerzo extraordinario de los tomadores de decisión, generadores de opinión pública y ciudadanía en general para deponer diferencias e intereses, y centrar los esfuerzos en la misión de solventar la emergencia sanitaria, impulsar la actividad económica y proteger el empleo de las y los costarricenses.

Costa Rica está a las puertas de repensar su orden cultural, refundar sus esquemas de convivencia ciudadana y renovar el espíritu de sus instituciones democráticas. No es empobreciendo a un segmento importante de la población como sobrellevaremos los impactos económicos de esta crisis, sino aprovechando su capacidad de consumo para reactivar el mercado interno, que es el segundo motor de la economía.

Nuestros deseos y nuestros esfuerzos frente a este desafío deben anclarse en la sabiduría popular, la misma con la que crecimos y que debe ser eterna: habiendo pa’todos, no tiene por qué haber patadas.

Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.

Revisemos los datos sobre la epidemia de SARS-CoV-2 en Costa Rica

Dr Fernando García, microbiólogo, catedrático, vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica

Para que se controle la epidemia, nos tendremos que «vacunar naturalmente» (contagiar) con el virus aproximadamente el 70% de la población (unas 3,500,000 personas) para generar inmunidad de rebaño (herd immunity), es ahí cuando baja la curva. Ese proceso es inevitable. Se espera que la tendencia incremente fuertemente desde ahora hasta por 2 o 3 meses más (8-12 semanas) y tal vez luego empiece la tendencia hacia abajo; en efecto, el Ministro de Salud afirmó que las actividades masivas se van a poder programar a partir del mes de setiembre 2020 (aunque a un 50% de la capacidad de las instalaciones).

Un 80% o más de los contagios no van a tener síntomas (infecciones subclínicas) o tendrán infecciones leves que se pueden manejar desde la casa sin ir a los servicios de salud. Un 15% de los contagios van a necesitar eventualmente asistir a los servicios de salud, principalmente por neumonía y otras complicaciones, y un 5% (personas con factores de riesgo) van a necesitar atención médica especializada, incluyendo un respirador.

Los siguientes datos son importantes: la CCSS tiene en estos momentos disponibles un total de 5,400 camas, de las cuales hasta un 30% (máximo 1,600) se podrían utilizar para atender a ese 15%, pero solo 420 respiradores (de los cuales no todos están disponibles, aunque se están comprando más) para atender a ese 5% más grave. El peor escenario sería que ese 70% (3,500,000 personas que se necesitan para generar inmunidad de rebaño) nos contagiamos todos al mismo tiempo: desde el punto de vista clínico 2,800,000 tendrían infecciones asintomáticas o con síntomas leves, 525,000 personas necesitarían atención de los servicios de salud con un máximo de 1,600 camas, y 175,000 personas necesitarían uno de los 420 respiradores disponibles.

Obviamente nuestros servicios de salud no pueden manejar esa demanda y la mortalidad sería muy elevada. Algo así, pero no tan extremo, aunque sí dramático, está sucediendo en España (en un hospital en Barcelona no le colocan respiradores a pacientes de más de 80 años) o Italia (hay un respirador para cada 6 pacientes que necesitan uno, se lo ponen a uno y a los cinco restantes los dejan morir).

Por eso la necesidad de bajar la curva, es decir, disminuir la transmisión del virus para extender la epidemia todo lo que se pueda (en Alemania calcularon al menos 18 meses), para que ese 5% que requieren respiradores sea lo más bajo posible, en un mismo tiempo, de manera que los servicios de salud no se saturen.

Otras implicaciones en salud, especialmente el perfil patológico normal (demanda de servicios de salud de pacientes con otras enfermedades, como las infecciones respiratorias y diarreicas que surgen con el inicio de las lluvias), la salud mental de la población en cuarentena y del personal de salud, y las consecuencias sociales, económicas e incluso políticas contribuirán a la dinámica epidemiológica. La bioética debe jugar un papel esencial en ese balance de fuerzas.

Foto: trabajadores del ICE acondicionan salas de atención en CENARE-CCSS.

Durante y después del coronavirus

Óscar Madrigal, abogado.

A estas alturas del desarrollo de la crisis sanitaria que estamos atravesando resulta claro que las políticas neoliberales han explotado y resultado ineficientes: la austeridad, la regla fiscal, el déficit fiscal y la política fiscal se han ido al carajo. Los dos ejes centrales de la economía neoliberal, tanto la reducción de los programas e instituciones sociales como los impuestos regresivos no han resistido el embate de la crisis actual. Al cajón de los recuerdos habrá que enviar a nuestros “sabios” economistas junto con la Contralora, corifeos y directores del coro neoliberal.

El Gobierno debe salir a apoyar a los trabajadores y trabajadoras con una renta que compense la reducción salarial, apoyar a los pequeños y medianos propietarios, así como a los trabajadores independientes. Tendrá que echar mano de todos los fondos necesarios, sin pensar en déficit fiscales.

Resulta también evidente que vamos a necesitar de una nueva concepción económica o de una nueva economía para salir de lo que nos dejará el coronavirus

Una sociedad más empobrecida, mayor pobreza y salarios disminuidos; instituciones sociales púbicas deprimidas por el esfuerzo y gasto, un déficit fiscal muy grande y una producción económica muy disminuida también.

Será necesario un nuevo pacto social entre el capital y el trabajo, entre gobernantes y gobernados.

Imposible será cargar sobre las espaldas de los trabajadores (as) el costo de la recuperación económica Será necesario que sean los sectores empresariales más poderosos los que aporten vía cargas impositivas el costo de elevar la producción.

La deuda pública, íntimamente ligada al déficit fiscal, no podrá pagarse. Este dilema será universal, puesto en los siguientes términos: o pagamos la deuda o comemos. Tendrá que posponerse su pago a muy largo plazo sin intereses y sin multas.

Los salarios de los trabajadores (as) deberán recuperar rápidamente su monto y mantener una política de salarios crecientes por los próximos años.

Resultaría increíble que se siga manteniendo un régimen de privilegio tributario en un amplio sector de la economía, mientras la mayoría pasa por penurias económicas y sociales.

Las instituciones públicas y los servicios públicos deberán recuperar su poder financiero con el apoyo del Gobierno.

Es necesario, tanto en tiempos de crisis como de recuperación, de una nueva política, innovadora, creativa, que recupere y supere rápidamente los niveles sociales y económicos del pueblo trabajador. Pero para ello se hace necesario un nuevo pacto social.

Suspensión exprés y a la carta de contratos de trabajo (III)

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS

Manuel Hernández

El sábado de la semana pasada, se aprobó el proyecto de ley que espolea a los y las trabajadoras más explotadas, facultando a los patronos recortar unilateralmente las jornadas de trabajo y castigarlas con una reducción proporcional hasta en el orden de un 75% de sus exiguos salarios.

Esta ley fue votada por diputados y diputadas de todas las fracciones políticas, que uno no puede ser tan ingrato y dejar de reconocer que se arrollaron las mangas, incluso sacrificando un sábado, para atender los demandantes intereses de las cámaras patronales.

Pero, además, hay que advertir, cómo si esta medida legislativa no fuera salvaje, que el jueves de la misma semana, se promulgó un Decreto Ejecutivo que disciplina un procedimiento de excepción para resolver las solicitudes patronales  de suspensión de los contratos de trabajo, que presionan y hacen fila en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.[1]

1.- CONTENIDO SUSTANTIVO DEL DECRETO EJECUTIVO

Tratando de resumirlo, el objeto de ese decreto es regular el procedimiento excepcional de suspensión de los contratos de trabajo, que los patronos y empresas presenten en las oficinas de inspección de trabajo.

La solicitud debe indicar los hechos en que se fundamenta la gestión, si la suspensión es parcial o total, los puestos afectados y el plazo de suspensión de los contratos de trabajo.

Además, el patrono debe aportar una declaración jurada, que indique las causas justificantes de la solicitud, que paga los salarios mínimos y cumple otras obligaciones de ley.

Una vez recibida la solicitud, el inspector informará inmediatamente a la jefatura de la oficina de Inspección de trabajo, que deberá dictar resolución dentro de los dos días hábiles siguientes.

Este es sumariamente el contenido de este novísimo decreto, cuyos extremos más relevantes se comentan a continuación.

2.- ASPECTOS MEDULARES DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

El objetivo del decreto ejecutivo es regular el procedimiento y facilitar a los patronos, de la manera más urgente posible, la suspensión temporal de los contratos de trabajo, parcial o de toda la planilla, liberándolos del pago de los salarios de las personas trabajadoras.

i.- En primer lugar, hay que subrayar que las disposiciones del decreto remiten olímpicamente a los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo (CT), que determinan las causas colectivas de suspensión temporal de los contratos de trabajo.

Aquí traigo a colación un artículo anterior que escribí [2], en que sostuve y justifiqué, desde el punto de vista jurídico, que los motivos económicos que están invocando las empresas, relacionados con las consecuencias que en su actividad ha producido la pandemia, para hacerse de la suspensión de los contratos de trabajo, no tienen el mínimo respaldo en estas disposiciones legales.

Por tanto -afirmé y reitero-, que la autoridad administrativa tendría que hacer una interpretación jurídica muy retorcida de la ley, a contrapelo del principio indubio pro operario, para que se declaren con lugar las tantas solicitudes de los patronos, que ahora claman y pegan el grito al cielo, pero que en las situaciones de bonanza económica, nunca repartieron sus utilidades con las y los trabajadores.

ii.- El decreto configura un caricaturesco procedimiento, que evidencia que su ratio essendi es darle una apariencia de legalidad, de la forma más célere, a la decisión patronal de suspender los contratos de trabajo, respaldada en una resolución administrativa, nada más ni menos que del propio Ministerio de Trabajo, que le compete velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

No se exige prueba idónea que justifique la suspensión de los contratos de trabajo, cuyo rigor probatorio –onus probandi-, por las consecuencias tan extremadamente gravosas que produce la resolución administrativa, no puede devaluarse con un requisito tan laxo como una simple declaración jurada patronal, algo así, como el juramento de estilo que rinden los políticos y que ya conocemos sus frutos.

iii.- Resulta totalmente improcedente que en un Estado de Derecho ese procedimiento administrativo ablatorio se tramite y resuelva sin la mínima intervención de las personas trabajadoras que socialmente sufrirán el hurto de sus salarios.

No está contemplada ninguna audiencia al trabajador, ni siquiera una rutinaria entrevista del inspector de trabajo, para someter al contradictorio la solicitud patronal y confrontación de la declaración jurada, para que la autoridad administrativa tenga más elementos de mérito para dictar la resolución final.

Una gravísima violación al respeto y dignidad de la persona trabajadora, que causa una vulneración del debido proceso y el derecho de defensa; que por lo visto, estas garantías quedaron levantadas o suspendidas de facto, veremos hasta cuándo, bajo la excusa incontestable del estado de emergencia nacional.[3]

 iv.- El decreto no tiene enfoque de género y tampoco contiene medidas que prohíban actos de discriminación contra las mujeres y otras personas trabajadoras.

En la eventualidad de una suspensión de los contratos que no afecte la totalidad del personal, el decreto libra a total discreción del patrono seleccionar las personas trabajadoras cuyos contratos quedarán suspendidos temporalmente, que no tengo la menor duda que las mujeres serán las primeras que tendrán esta suerte.

Tampoco establece ninguna protección a favor de las trabajadoras embarazadas, en período de lactancia, jefas de hogar y otras personas que puedan estar en alguna condición de vulnerabilidad social u otro tipo.

Menos contiene alguna disposición -en el supuesto de suspensión parcial- que prohíba la suspensión de los contratos de personas que ostentan algún fuero de protección.

Entonces, se diseñó un procedimiento administrativo de mero trámite, que excluye la mínima participación de las personas trabajadoras, quebrantándose el debido proceso y el derecho de defensa; es decir, un procedimiento exprés y a la carta de los intereses empresariales.

3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA QUE MITIGUEN LA SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR CONTRATOS SUSPENDIDOS

Finalmente, hay un aspecto que jamás podría dejar pasar inadvertido, expresamente regulado en el mismo artículo 74 CT, que no se trata de una disposición de poca valía y mucho menos en la circunstancia actual.

Me estoy refiriendo al párrafo final del artículo 74 CT, con fundamento en el que se dictó aquel Decreto Ejecutivo, cuyo texto dispone:

“Artículo 74.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:

a. (…)

En los dos primeros casos [falta de materia prima, fuerza mayor o caso fortuito] el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores:”

Pues bien, esta norma, que la habrán leído con atención, no la estoy inventado, ni todavía el confinamiento me está haciendo tener alucinaciones legales.

La norma legal existe –lege data-, previsoramente contemplada por el legislador desde 1943.

Aunque, insisto,  no es procedente la suspensión de los contratos de trabajo por los motivos argüidos por los empresarios, el Poder Ejecutivo amparado en esta disposición legal, en el mismo decreto que reguló este procedimiento, debió  necesariamente comprender  las medidas de emergencia para mitigar la situación vulnerable en la que caerán cientos de personas trabajadoras, a merced de las resoluciones, que cómo si fueran impresiones de máquinas rotativas de periódicos, se van a dictar en el transcurso de esta y próximas semanas.

No es menor cosa que durante el período de la suspensión de los contratos, no se sabe por cuánto tiempo, las y los trabajadores, confinados en sus hogares, dejen de percibir los maltrechos salarios, que ya con costo alcanzaban para sufragar los gastos de alimentación, transporte, servicios públicos, alquiler de la casa de habitación y otras necesidades más.

Por favor, ¿ahora, con qué recursos, las familias de los y las trabajadoras más empobrecidas van a poder satisfacer estas elementales e inaplazables necesidades?

Bueno, pues quede muy claro que el Gobierno de la República no necesita ninguna ley para atender y resolver esta situación de imperiosa necesidad social, en la que lamentablemente van a quedar ahogados en la tragedia trabajadoras de fábricas, servicios, comercio, hoteles y otras actividades, sino se definen y ejecutan, en lo inmediato, políticas públicas que protejan su condición y situación.

Lo único que hace falta es voluntad política, y menos indiferencia ante el infortunio de cientos de humildes compatriotas, que, echando mano a esta ley de la República, el Gobierno puede y debe dictar un decreto de emergencia, con la misma celeridad que se promulgó aquel, que contenga las medidas sociales y económicas que puedan paliar la situación de las personas injustamente privadas de sus salarios, que se les reducirá la jornada de trabajo o perdieron sus empleos.

¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando los mismos de siempre!

Foto: OIT


[1] Decreto Ejecutivo N° 42248-MTSS, Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de los contratos de trabajo relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo, publicado en el Alcance N° 53 a la Gaceta N° 55 de 20 de marzo de 2020.

[2] “Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo”

[3] Algunas de estas ideas las tomé prestadas de mi anterior artículo “Neoliberalismo en tiempos de pandemia”, en el que comenté la ley de reducción de la jornada de trabajo, cuyo procedimiento administrativa de autorización es  prácticamente el mismo que  contiene ese decreto ejecutivo.

El Covid-19 y la economía. No es un asunto de patadas

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
(CICDE-UNED)

La emergencia sanitaria del Covid-19 trae aparejado un severo impacto económico. Hay sectores para los que el efecto es directo y muy fuerte: hoteles, restaurantes, cines, bares, servicios vinculados al turismo y la educación. En otros casos la afectación tiene un carácter más indirecto, como podría ser el caso del transporte público y el comercio en general, y también sectores de la agricultura y la manufactura.

Es un frenazo asociado a un súbito colapso de la demanda y las ventas. Ello pone en marcha presiones deflacionarias que jalan la economía hacia abajo.

En las propuestas de solución planteadas, prevalece una opción: la de tratar de facilitarles a las empresas el manejo de su “flujo de caja”. De ahí que se autorice posponer el pago de impuestos y cuotas de la seguridad social, así como recortes en las jornadas laborales y la nómina de salarios. Esto último, como es obvio, afectará los presupuestos de familias trabajadoras, y traerá mucho sufrimiento e incertidumbre a sus vidas. Con demora, y de forma hasta el momento vaga, el gobierno de Carlos Alvarado plantea conceder posibles subsidios compensatorios para esas familias.

Hay aquí un detalle que es de fácil comprensión: si bien recortar jornadas laborales y salarios, puede ayudar, y ser, digamos que “beneficioso”, para una o algunas empresas individuales, sería en cambio un serio problema, si se generaliza a muchas empresas, y si afecta a una cantidad significativa de personas trabajadoras. Porque en tal caso habrá un efecto negativo apreciable sobre la demanda de consumo al nivel de la economía en general. Y muchas empresas que producen para el mercado interno, lo lamentarán.

Llover sobre mojado: ello sumaría fuerzas económicas negativas a las fuerzas económicas negativas que traen consigo las medidas que ha sido necesario aplicar contra el Covid-19. Razón de más para decir que las personas afectadas deberían recibir alguna compensación.

Por su parte, un grupo de economistas y otras personas proponen que se recorte en un 50%, el salario de todos los empleados y empleadas públicas “que no están trabajando” (aquí: «Si hay patadas, hay pa’todos»). Desde luego, es complicado saber quién sí está trabajando y quién no, pero eso es secundario, frente a un hecho que resulta insultantemente obvio: hay gente que no logra bajarse de su borrachera ideológica, ni siquiera en un contexto crítico como el actual.

¿Quién gana con soltar una ácida polémica ideológica como esta, justo en este momento?

Hay que tener la mente freída en ideología y el corazón envenenado de odio ¿No era siquiera factible esperar un tiempito, a que esta emergencia pase o por lo menos se alivie, para sacar a relucir esos temas tan ideologizados?

Pero, en fin, está visto que el fanatismo ideológico no conoce de cordura ni generosidad. Pero, ¿es que siquiera sabe de economía? La pregunta es relevante, puesto que la propuesta cuenta con la firma de varios economistas.

Vuelvo sobre algo que comenté más arriba: si tantas fuerzas empujan hacia abajo la economía ¿no deberíamos estar en búsqueda, de fuerzas compensatorias que la levanten? Pues resulta que, todo lo contrario, estos economistas nos proponen sumar fuerzas descendentes a las fuerzas descendentes que ya están en operación.

Si usted le reduce su salario a la mitad a 200.000 personas trabajadoras del sector público, tenga por seguro que el resultado será uno: un repentino y pronunciado agravamiento en la caída de la demanda de consumo ¿Dije más arriba que el recorte de salarios en el sector privado provocará lamentos en muchas empresas que producen para el mercado interno? Ahora súmele el efecto que tendría esta estúpida medida que estos economistas proponen.

¿Dije economistas? Me da una horrible pena ajena decir que son economistas, siendo que yo digo de mí mismo ser economista. En protección de mi dignidad, diré que en realidad son ideólogos fanatizados, y que lo suyo no es economía, sino un tipo de religión sacrificial, destructiva y vengativa.

Vuelvo sobre cosas que ya he dicho. Decir, primero que nada, que es tiempo de dialogar y colaborar, con ánimo constructivo, con lealtad patriótica y espíritu generoso y solidario. Y, segundo, que es tiempo para buscar, con urgencia, políticas enérgicas e inteligentes que frenen el bajón de la economía y le infundan nuevos bríos.

Macron en Francia y Merkel en Alemania lo tienen clarísimo, y hacia ahí encaminan sus propuestas de política económica frente a esta situación. Incluso Merkel se ha dejado decir cosas que, en el ortodoxo contexto alemán, resultan absolutamente heréticas, cuando públicamente afirmó que por ahora habrá que olvidarse de los equilibrios presupuestarios, puesto que en este momento lo que urge es frenar y revertir la caída de la economía.

Los contextos son distintos, y seguramente en Costa Rica no podremos replicar mecánicamente lo que se hace en Europa. Pero la racionalidad subyacente, como asimismo el objetivo principal, son similares: introducir estímulos positivos que propicien la recuperación de la economía. Estoy trabajando un documento más amplio que, modestamente, intenta formular diversas ideas en ese sentido, y que daré a conocer en próximos días.

Ha dicho el ministro de Salud, Dr. Daniel Salas, que nunca había visto al país responder con tanta unión. Ya vemos que hay gente a la que eso le molesta, y que quieren sembrar desunión.

No les escuchemos, por favor.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado originalmente en su blog:

https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/03/el-covid-19-y-la-economia-no-es-asunto.html?m=1

Todo lo que el coronavirus ha puesto en evidencia

German Masís

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia muchas cosas, entre ellas que es ya una enfermedad global y una emergencia mundial que ha podido diseminarse gracias a la amplia movilidad de las personas.

Pero hay otras situaciones aún más sorprendentes, como poner en evidencia la realidad de los sistemas de salud en los países algunos más fuertes y preparados y otros más débiles y vulnerables; que han sido los sistemas de salud públicos, con sus fortalezas, debilidades y capacidades los que han respondido a las emergencias nacionales.

Que son sistemas de salud diferenciados de acuerdo a las políticas que han prevalecido, dirigidas a priorizar la salud como servicio público y a mantener sistemas robustos o a reducir la acción estatal y trasladar los servicios a la actividad privada.

Se ha podido observar las distintas capacidades y recursos disponibles, marcados en algunos casos por las carencias de infraestructura, equipo y personal, como la limitación de la infraestructura hospitalaria en el Norte de Italia la ausencia de suficientes pruebas para detectar el virus en Estados Unidos, o la carencia de equipos de asistencias respiratoria en España.

La emergencia ha evidenciado el tipo de respuesta de los Estados y el manejo político que cada uno ha realizado de la misma, algunos negando inicialmente su existencia y perdiendo tiempo valioso u otros definiendo una estrategia de atención clara y oportuna.

Además, ha puesto en evidencia que es posible movilizar la cooperación entre países, que hay disponibilidad de recursos financieros en condiciones favorables y de manera crucial que las empresas pueden involucrarse junto a los Estados en la búsqueda y el desarrollo de las soluciones médicas adecuadas.

Así mismo, ha confirmado la importancia de la investigación y el conocimiento científico desdeñado o ignorado por algunos políticos arrogantes y miopes.

La pandemia ha hecho emerger el sentido más humano de la asistencia sanitaria y ha vuelto a poner a la salud en el centro del desarrollo de las sociedades.

La pandemia solo puede detenerse con solidaridad cívica

Miguel Sobrado

El Coranovirus está tomando velocidad. Los infectados se duplicaron cada 3 días hasta el 16 de marzo y aunque disminuyó en los últimos días por las acciones del Ministerio y la Caja, sin embargo, si no interviene cada comunidad conjuntamente con las autoridades de salud, tendremos 6000 afectados al 15 de abril. Como el 10% debe ser hospitalizado, esto es más de 600 pacientes, se puede saturar la capacidad hospitalaria y los médicos podrían verse obligados escoger a quien salvar y a quien dejar morir, como está sucediendo en Italia y España.

Costa Rica está sometida a una prueba de ciudadanía y solidaridad. Una parte importante de la población está reaccionando positivamente, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y la Caja estableciendo medidas preventivas y aislando a los ancianos, otra parte aunque quiere aislarse tiene que salir a las calles para conseguir el alimento vital. Un tercer grupo, bastante numeroso por cierto, se burla de las disposiciones sanitarias y organiza fiestas y reuniones donde se difunde exponencialmente el virus.

La Costa Rica respetuosa y responsable está dando ejemplo de civismo, sus huestes deben reforzarse con ayuda alimentaria a los miembros del sector informal que deben salir a la calle a ganarse la vida para que se puedan aislar. Esto exige un esfuerzo muy grande del Estado y de los gobiernos locales, de raspar la olla, de tal manera que todos colaboremos proporcionalmente.

Por otra parte hay que continuar con la información y educación de quienes niegan la gravedad de la situación, para que revisen su comportamiento. Los que no acaten las disposiciones deberán ser llamados a cuentas por atentar contra la salud y el interés público.