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Congreso de hidroeléctricas en Costa Rica y la farsa de las “energías limpias”

Osvaldo Durán Castro

Asoc. Proyectos Alternativos/PROAL-FECON-REDLAR

Sociólogo, profesor ITCR

En la “Conferencia sobre cambio climático (COP25)” recientemente celebrada se anunció que, en nuestro país, en el año 2021, se realizará el “Congreso Internacional de Hidroelectricidad”, con el lema “Energías renovables trabajando juntas en un mundo interconectado”, auspiciado por el Gobierno de Costa Rica. La escogencia de Costa Rica por parte de la COP25, o la oferta que no sabemos si fue del mismo Gobierno, responde a la visión “ambiental” y falaz de que las represas son energía “limpia, verde y sostenible”.

El problema energético y la generación de electricidad, en cualquiera de sus formas, responden a la visión de sociedad que defendamos y por tanto no están aislados o fuera de contexto. Cuando por ejemplo la burocracia técnica de la Comisión económica para América Latina, CEPAL, dice que “la región podría crear un gran sistema interconectado, pero para eso habría que modificar o ampliar las infraestructuras. Ahí está la gran oportunidad para invertir” y exalta que “Gigavatios, más gigavatios es lo que se necesita en América Latina”, (https://elpais.com/economia/2015/04/24/actualidad/1429894886_485908.html), es claro que alienta un modelo económico expansivo que requiere hacer uso intensivo de los ecosistemas, lo cual está asociado a toda la maquinaria financiera y política para promoverlo. Eso es imposible sin la competencia de los gobiernos y ninguno de ellos diría que construye represas o cualquier otro tipo de infraestructura energética, fuera de estándares “ambientales”. Todo queda ajustado y legalmente justificado, incluidos, claro está, los estudios de impacto ambiental. Pero los impactos de las represas en todo el planeta han sido letales por la destrucción social y ecológica provocada.

Podemos coincidir en que la agenda ambiental/climática es muy compleja, pero esa complejidad depende de qué definamos como problemas “ambientales” y cómo los atendamos. En realidad, lo que padecemos son las consecuencias del modelo de crecimiento económico ilimitado con aumento cada vez más grosero de la inequidad social. Esos no son problemas del “ambiente”; son los resultados provocados por la visión errada y las prácticas gubernamentales y empresariales en la mayoría de los países, que nos están llevando al abismo.

En general, ningún programa de “compensación de emisiones”, “energías limpias”, “carbono neutralidad”, etc, podrán detener la crisis que viven las sociedades y el planeta, porque no atienden el origen de los problemas. La crisis que vivimos es provocada principalmente por los países del norte del mundo por sus modelos de producción y consumo voraces a los que las élites de esos, y de nuestros países, han sometido al planeta. Hace unos años, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaría los acuerdos de París, los titulares del mundo alabaron la frase del presidente francés Macrón: “No importa donde vivamos, tenemos la misma responsabilidad”, lo cual no era más que una sugestiva falacia; una democratización de desastre, y una difuminación de la culpa, porque colocaba a toda la gente como igual; con la misma responsabilidad, y evadía señalar a quienes más responsabilidad tienen, empezando por ellos mismos, como generadores del desastre que vivimos todo.as. En todo caso esos acuerdos, como muchos otros documentos, no hacen más que plasmar “deseos” y obviedades, y nunca exigen nada ni a los gobiernos ni al mundo corporativo; hacer algo concreto es “voluntario”. Es lo mismo que ocurre cuando en el Foro de Davos, los multimillonarios y las corporaciones, dicen que el mundo es cada vez más inequitativo. Un papel más, y nada de acciones para cambiarlo. “Nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijera el escritor Oscar Wilde.

En el modelo de economías y sociedades que vivimos todo puede llegar a ser “sostenible” gracias a que los discursos se crean, se diseminan y se imponen en el imaginario de la gente como verdades; como la “verdad oficial”. Costa Rica es especialista en esto. Hasta la pesca de arrastre puede ser sostenible. Los monocultivos pueden ser ambientalmente implementados. La subasta del agua puede justificarse. Las energías sucias, como la solar, pueden devenir en limpias y verdes, porque se divulga la tecnología de punta, pero nunca se explica la hecatombe ecológica y social que provoca la extracción del litio, el “oro blanco” moderno, usado para las baterías de almacenamiento.

En Costa Rica podemos enumerar decenas de ejemplos de incongruencias entre el discurso del “país verde” exhibido en los escaparates del márquetin internacional y la realidad nacional. Todo se puede justificar legalmente, porque ser “ambientalista” muchas veces no es más que ajustarse a estándares legales, oficiales y asumir como válido y bueno lo que en realidad destruye. Para eso están las regulaciones de entidades como SETENA; para muchas veces hacer viable lo que de ninguna manera debería construirse. Ésa es la diferencia sustancial entre regular y limitar; entre lo ambiental y la justicia ecológica y social, estas 2 últimas absolutamente ligadas. Todo puede quedar perfectamente alineado con postulados verdes, y con eso la oficialidad y el espectro empresarial/corporativo estarán satisfechos, más no los pueblos y los ecosistemas a los que, de paso, ya es tiempo de adjudicarles derechos propios.

Cuando logramos la suspensión del PH Diquís (https://surcosdigital.com/ph-diquis-en-suspenso-un-triunfo-social-y-una-oportunidad-para-cambiar-el-modelo-electrico-de-costa-rica/) reafirmamos lo que hemos señalado desde hace muchos años: LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ, y en paralelo, que Costa Rica requiere un nuevo modelo eléctrico sustentable, inclusivo de la gente y participativo; no uno excluyente y destructivo como ha sido hasta hoy. Debemos reorientarnos hacia un modelo ecológica y socialmente sustentable que sustituya y supere el que tenemos hoy “ambientalmente sostenible”.

Afiche de Allan Sojo García/Pacuare.

Los éxitos comunitarios del año 2019 como la suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón de la empresa nacional HSolís, (https://youtu.be/2vUTCys7DSk) y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, de la misma constructora (https://surcosdigital.com/ni-una-represa-mas-en-turrialba/) demuestran sensatez y reconocen que la generación de electricidad nacional debe ser reorientada. (En el caso de los PH Bonilla, las comunidades y organizaciones sostenemos la alerta pues ni el MINAE ni el ICE, que firmó contratos de compra de electricidad con la empresa, han emitido un dato oficial sobre la liquidación de los mismos).

Suspender Diquís (no liquidarlo), no dar conveniencia nacional al PH San Rafael y frenar los 2 PH Bonilla, han sido decisiones acertadas de esta Administración y en particular del MINAE y su ministro Carlos Ml. Rodríguez, pero que no son unilaterales, si no que responden a los argumentos técnicos y luchas de las comunidades y organizaciones sociales por más de 3 décadas y en la actualidad. Esto demostró oportunidades de coincidencia. Podríamos decir también que el anuncio del ICE de no construir más represas es un reconocimiento de la necesidad técnica y la urgencia ecológica de detener la destrucción de los ríos y sus ecosistemas asociados y de respetar los derechos de las comunidades, aspectos que desde el ámbito civil hemos sostenido por décadas. Otro asunto de fondo por discutir es con cuáles fuentes energéticas y en qué condiciones será atendida la demanda nacional. Es un problema que habrá que resolver, y si hay diálogo al respecto, la sociedad costarricense dará pasos importantes hacia los nuevos modelos de energía y electricidad que requerimos.

Esos son elementos del nuevo contexto de avances hacia el respeto de los ecosistemas y las comunidades, en el que el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 para promover las represas, resulta un anacronismo, un sinsentido y una contradicción con lo que el mismo MINAE ha avanzado. En el mundo entero la destrucción, y no construcción de represas, es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y las economías locales por la recuperación de los ríos y las nuevas oportunidades de economía de pequeña escala, asociadas con los ríos vivos y libres y no con los estanques (muchas veces hediondos y llenos de basura) como siempre han dicho sus promotores.

Lo mejor que puede hacer el Gobierno, y en este caso el MINAE, es desistir de realizar ese evento en Costa Rica. Ya no existe manera de justificar la promoción de las hidroeléctricas como energía “limpia”, “verde” o “renovable” a la luz de las evidencias de destrucción. Solo para titular, sabemos que los llamados “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% o el porcentaje que sea del flujo de un río, son la forma elegante en que los promotores de los PHs intentan ocultar su deterioro irreversible y hasta su muerte. En todo el planeta la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental insiste en que esos “caudales mínimos” evitan la destrucción de los ríos y de elementos naturales asociados con ellos. A esto se suman todas las formas de usurpación, irrespeto y violación de derechos de las comunidades y, en muchos países, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, la persecución y los asesinatos de gente opositora.

Desde las organizaciones sociales y las comunidades que soportan todos los impactos destructivos por las hidroeléctricas, la posición ante el Congreso Internacional de Hidroelectricidad del 2021 es y será de rechazo absoluto.

Ojalá que contrario a promover cualquier tipo de hidroelectricidad, encontremos espacios de diálogo y coincidencia para que Costa Rica inicie su propia era de demolición de represas y busque, como corresponde, un modelo energético inclusivo, justo y respetuoso de los ecosistemas y de la gente.

Si algo podemos sostener desde el mundo comunitario es que nunca, ni las empresas estatales ni las privadas, locales o transnacionales, han respetado los derechos de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. La historia de oposición a las hidroeléctricas es muy voluminosa en el mundo y por supuesto en Costa Rica. Y en todas las oportunidades que se ha logrado frenarlas temporalmente, condicionarlas o impedirlas, ha sido, exclusivamente, porque la gente se ha organizado, ha defendido sus derechos y logrado torcer el brazo de las entidades estatales y las empresas, tras incansables y desgastantes alegatos y disputas legales, técnicas y políticas. Los casos mencionados de suspensión del Diquís, la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba, son la mejor muestra reciente de que si las personas no enfrentan a la institucionalidad y a las empresas, sus derechos y los de los ecosistemas son simplemente arrasados. ODC.

Enviado por Osvaldo Durán Castro.

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¿DON IGNACIO, POR QUÉ NO SE MIRAN EN SU PROPIO ESPEJO?

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La frase de don Ignacio Santos: Cuando uno se ve en el espejo y no le gusta lo que ve, no es culpa del espejo; la prensa ha hecho su trabajo” (La Nación, 25 enero del 2020, p.13) resulta “célebre” en tiempos donde se ha desplegado una de las más odiosas y mal intencionadas campañas de desprestigio y difamación de los empleados y pensionados del sector público, por parte de la “dictadura mediática”.

Sí, don Ignacio, la prensa que usted representa y defiende ha realizado un triste trabajo creando una imagen de los empleados y pensionados del sector público como enemigos del pueblo para llevarlos a la hoguera, considerándose juez impecable. ¡Vaya fariseísmo barato por parte de La Nación y Canal 7 que negociaron entre bambalinas el pago de deudas que suman más de 5.000 millones de colones por evasión al fisco! Si miraran la viga de su propio ojo no se atreverían a levantar ni un terrón para lanzarlo a los empleados y pensionados del sector público. Claro, que el rostro que les pintaría el espejo no sería otro que el de una prensa cuyas armas son las propias del terrorismo lingüístico al estilo de Goebbels, el nefasto propagandista del régimen nazi.

No pudieron recurrir a una mejor fuente que a un abogado fraudulento hoy condenado penalmente a la cárcel, que creo el término “pensionados de lujo”. ¡Vaya falta de creatividad de la oligarquía periodística! Han cumplido así a cabalidad el papel de manipuladores de la información, utilizando esta campaña delirante para tirar una cortina de humo sobre la evasión y elusión de impuestos de DOS BILLONES de colones de las grandes empresas, muchas de ellas, además, premiadas con la amnistía tributaria, y pretenden ahora adjudicarse el mérito de ser medios que “investigan” y develan el mundo real de los privilegios en este país.

¿Dónde están los reportajes de los salarios de lujo de gerentes y directores de las grandes empresas y bancos privados que no pagan impuestos ni las cuotas de CCSS? Y si se considera un contrapeso incisivo e imparcial, que no es cómplice de intereses de grupos de poder y del mismo gobierno, por qué no denuncia los salarios de más de 9 millones del Superintendente de Pensiones y del Gerente del Banco Central, quienes no aportan contribución solidaria ni les aplican rebajas que ascienden a un 55 %, en el caso de algunos de los catedráticos pensionados. Más aún, por qué no consideran salarios de lujo los de los diputados, de más de 4 millones de colones, cuando superan en mucho el promedio de lo que devengan los catedráticos pensionados del Magisterio, que SÍ han pagado religiosamente sus cuotas por décadas y los gobiernos NUNCA crearon el fondo obligado por ley que hoy ascendería a más de CUATRO BILLONES DE COLONES, eso se lo han robado a los docentes de este país, y ni usted ni la prensa que representa han dicho ni media palabra, porque aunque sea la verdad, no les conviene a sus jefes..

Don Ignacio ha realizado la declaración más elocuente de un periodista aparentemente informado de lo que pasa en este país, donde la mentira se transforma en verdad sin sonrojo alguno por parte de sus publicitas. Una prensa que se ha convertido en el principal aliado de un gobierno que deja que los sectores económicos poderosos le impongan su agenda. Ahora, pretenden también imponerla al Poder Judicial; sin embargo, en este Poder de la República todavía quedan jueces, como el mismo presidente de la Corte don Fernando Cruz, que no se prestan a las triquiñuelas de los poderes fácticos y defienden los derechos humanos y la institucionalidad democrática, aunque eso lo lleve por el camino de la amargura y el escarnio público.

 ¡Que lamentable que en este país sin ejército tengamos una prensa emulando a esa barbarie periodística que apela a las más innobles armas del terrorismo de la mentira! Por algo dijo don Pepe que su gran error histórico-político había sido entregarle el periódico La Nación a la oligarquía de este país, suavizando sus términos.

 

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La política social según el enfoque sobre la pobreza y el ajuste institucional regional

Miguel Sobrado

Nuestro país realiza una de las mayores inversiones per cápita, en política social en el continente, pero está estancado desde hace 20 años en su esfuerzo por reducir la pobreza, mientras que Uruguay en ese mismo período de tiempo eliminó la pobreza extrema y redujo la pobreza a un 7%.

Conviene rastrear nuestra política social, especialmente la promocional para hacerla más efectiva. En días recientes se realizó un video foro en el Museo de Jade sobre algunos de los productos del proyecto Germinadora realizado durante la última década en 5 cantones de la región sur, mostrando los resultados que puede dar la inversión social cuando, por una parte se incorpora a la comunidad organizada a las soluciones, y por otra se ajusta el quehacer del órgano regional, en este caso JUDESUR, a las necesidades de la gente organizada.

Las visiones contrapuestas y la participación

Existen dos enfoques predominantes en la aplicación en las diversas modalidades de la política social, de los cuales dependen los resultados obtenidos.

Estos enfoques van más allá de las declaraciones de la política y de sus de principios formales. Se definen por su aplicación en la práctica, esto es en el diseño institucional y con la consecuente forma de elaborar y aplicar los programas y proyectos en las comunidades y grupos.

Los perdedores

Se trata de un enfoque ideológico, a menudo subyacente que se sustenta en las relaciones sociales y políticas prevalecientes, que ve a la población pobre como perdedores, en contraposición con los “ganadores” que tienen buen ingreso. Esto se le atribuye a que carecen de capacidades adaptativas, interés y voluntad de tensar el arco creativo para superarse. En otras palabras la pobreza, aunque tenga diversas causas, es un problema de las personas que solo puede resolverse a través de una intervención realizada por profesionales capacitados desde las instituciones. Esta intervención puede adquirir forma de asistencia con las personas que no pueden valerse por sí mismas, donde los profesionales definen criterios para asignar recursos. O puede adquirir forma “promoción” donde los especialistas intervienen para que los pobres salgan adelante, elaborando desde los escritorios proyectos o designando a los ejecutivos su tutelaje directo. En este proceso, rara vez los beneficiarios participan en la definición y ejecución del proyecto. De tal forma que éstos lo ven como un proyecto institucional, no como algo propio, y así asumen su éxito o fracaso. Los funcionarios institucionales, por su parte, ven los fracasos como una confirmación de la incapacidad de los perdedores.

Este tipo de enfoque es simbiótico con los sistemas de clientelismo político, donde se buscan grupos de apoyo y lealtades, más que resultados. No es casual que desde el diseño institucional se impulse el paternalismo y la intervención de los funcionarios “para ayudar a la gente”, castrando simultáneamente la iniciativa y creatividad de los supuestos beneficiarios.

La construcción de capacidades y apoderamiento a través de la actividad objetivada impulsada por la capacitación masiva.

Aquí hay también visión ideológica, que habla del potencial humano, incluso en los casos donde se requiere de asistencia por razones de edad y salud, ya que no se limita a facilitar recursos básicos, sino que estimula la calidad de vida con actividades y ocupaciones.

Para efectos de promoción social, esta concepción parte que los seres humanos estamos configurados por el papel y la experiencia organizativa que hemos desempeñado hasta el momento pero, y esto es fundamental, no estamos determinados. Podemos reconfigurarnos, eso sí, a través de una nueva práctica. Un proceso de capacitación donde percibamos lo límites de las inercias históricas y sus techos sociales, al mismo tiempo que descubrimos y aprehendemos los nuevos modelos organizacionales y sociales, ajustando simultáneamente las expectativas a las nuevas realidades y posibilidades.

Dentro de esta visión los excluidos son considerados protagonistas activos de su propio desarrollo que requieren, de capacitación organizacional y alfabetización en el montaje de sus propios proyectos. Al apoderarse organizacionalmente en el montaje de sus propios proyectos se inician también el sendero de gestión ciudadana.

Con este tipo de participación se formaron las primeras cooperativas de autogestión con campesinos y obreros bananeros en Costa Rica; se desarrolló el programa Hospital sin Paredes en cinco cantones con más de 161 puestos de salud con resultados que fueron premiados por la Organización Mundial de la Salud. Se construyeron 1063 empresas asociativas también con campesinos y obreros en el proceso de reforma agraria hondureña en los años 70 y centenares de experiencias en Brasil, México, y Sur África donde actualmente aplica en 49 cantones de seis provincias para el desarrollo municipal.

Evidencias de la efectividad del método están registradas en artículos, informes e incluso libros donde se detallan experiencias en tres continentes como “Un futuro para los excluidos” de la editorial de UNA. La resistencia a su aplicación, producto de su choque con las relaciones de poder y el paternalismo y comodidad institucional, que prefiere servirse que servir a las comunidades, también está documentada en artículos e informes. Un caso reciente ha sido el informe sobre una década de obstáculos en la aplicación del proyecto Germinadora en la zona sur del país, que a pesar de todos los obstáculos que se le interpusieron, pudo presentar logros destacados.

El problema del archipiélago institucional y ajuste institucional

En el caso costarricense vale la pena destacar que la evaluación intermedia del proyecto Germinadora en 2103, señaló por una parte, la eficacia de la metodología de capacitación masiva aplicada e incluso la recomienda como método para un proyecto país, pero por otra parte la incapacidad institucional de darle seguimiento. Por tal razón pide suspender la capacitación porque el aparato institucional, no ofrece seguimiento ni atiende al decreto presidencial que declara al proyecto de interés público, y propone concentrarse en el seguimiento. El aparato institucional nacional es un archipiélago, donde cada isla desciende hasta lo local, que no tiene instancias regionales de coordinación y ejecución. En el caso de Germinadora, aunque está pendientes el ajuste de la estructura institucional nacional, se dio un fenómeno regional a través de la asignación de recursos financieros y acompañamiento por parte de los Grupos de Acción Territorial. Esta fue una pieza complementaria que ajusto la acción institucional a las necesidades de los emprendedores generando éxitos en el proyecto. Pero este es un tema que amerita estudio y aprendizaje para quienes trabajan en la reforma del Estado. Más claro no canta un gallo, incorporar a las comunidades como actores de un quehacer institucional articulado a sus necesidades es fundamental para incorporar el haz de voluntades local y obtener resultados y productos. Sin este ajuste, por más funcionarios que se contraten no se pueden realizar las transformaciones necesarias ya que va contra naturaleza de la capacitación y el aprendizaje de adultos.

Foto: Semanario Universidad

La Era Del Algoritmo: La Desinformación Como Herramienta Política

Luis Andrés Sanabria Zaniboni 1

Resumen: La desinformación como herramienta política ha estado presente durante la historia de la humanidad. El engaño ha sido usado para la distracción, desmoralización o convencimiento del adversario, su capacidad de replantear las condiciones con las cuales se interpreta/proyecta alguna idea o proyecto, permite (in)justificar las condiciones y (des)legitimar sus consecuencias, las revelaciones de las acciones de Cambridge Analytica son parte del juego, y no la novedad como analizaremos en este texto.

Es a través de la desinformación en el ámbito político que encuentra cauce la posverdad. Esto esconde un artificio de la comunicación: la propaganda. Los trabajos de Edward Bernays dejan entrever muchas de las estrategias y técnicas que hoy presenciamos, por ejemplo, las narrativas para enaltecimiento o desmoralización, que adecuan los hechos a ideas para crear percepciones a favor o en contra de alguna persona, grupo u objetivo predefinido.

Es con los avances en las infocomunicaciones, que nos encontramos en una encrucijada que difícilmente puede dejarnos indiferentes; la clave se centra en la construcción y aplicación de algoritmos. La informatización de las comunicaciones, la compilación de datos, su estructura e interacción (big data) y la minería de datos han desarrollado un complejo territorio de disputa que siembra desconfianza y desasosiego ante la velocidad de sus cambios y la profundidad de sus consecuencias.

Analizamos el caso de la empresa Cambridge Analytica y su relación con campañas políticas, lo que nos plantea algunas interrogantes a profundizar: ¿Cómo potencian los algoritmos la desinformación? ¿Cuáles dimensiones/condiciones previas y consecuencias presenciamos ante esta relación algoritmos-desinformación? ¿Cuáles son las herramientas/procesos políticos que debemos fortalecer desde una perspectiva de defensa de los derechos de la ciudadanía y la construcción de relaciones democráticas?

“Y recuerden: todos nuestros Ubiks han sido usados exclusivamente de acuerdo con las instrucciones»

Ubik – Philip K. Dick (1969)

«Ultrón nos cree unos monstruos. Lo que está mal en el mundo.

No sólo debemos derrotarlo; sino mostrar que no es así»

Los Vengadores: La Era de Ultrón (2015)

  1. Fake News ¿Lo viejo de lo nuevo?

Hay una matriz de opinión que intenta hacernos pasar las tendencias de las Fake News como elementos propios de una época de redes sociales digitales, impulsadas por un ambiente de interconexión altamente inestable que no puede controlar los flujos de información de todas las personas que intervienen en él, y a razón de esto se dan condiciones ideales para el caos al que asistimos.

Sin embargo tras las revelaciones de Edward Snowden y Wikileaks, conocimos una representación que desnuda nuestra época, diferente a la que se anunció como la tierra prometida de la democratización, donde la amplia difusión de información y el casi nulo control por parte de los centros de poder hizo alucinar a toda una generación, pero terminó siendo un mero espejismo, y más bien el control y orden son parte de la norma, ya que “el avance de la tecnología de la información encarnado por Google anuncia la muerte de la privacidad de la mayoría de las personas y reconduce al mundo al autoritarismo…la erosión de la privacidad individual en Occidente y la consiguiente centralización del poder hacen que los abusos resulten inevitables” (Assange, 2014; 70).

1.1. Cómo potencian los algoritmos la desinformación: ¿Qué hay de viejo?

“La propaganda es el brazo ejecutor del gobierno invisible»

Edwards Bernays

Unas de las principales conclusiones del periodista Gleen Greenwald tras conocer de primera mano las revelaciones de Edward Snowden, fue la necesidad de legitimación de sentidos que necesitan las elites dominantes a través de perjuicios para fortalecer una identidad de exclusión, por esto destacaba que “Las expansiones radicales del poder suelen implantarse así: convenciendo a la gente de que afectan solo a un grupo concreto, diferenciado. Dejando a un lado sus obvios puntos débiles – no nos oponemos al racismo porque va dirigido a una minoría, o nos da igual el hambre porque disfrutamos de abundante comida – , la postura refleja casi siempre cortedad de miras” (Greenwald, 2014; 248).

Una de las formas de construcción de sentidos es a través de la estructura de contenidos que conforma la información, para impactar a través de los diversos canales de comunicación. Las Fake Newsson un claro ejemplo: en lo particular no sólo representan informaciones tendenciosas o manipuladas, sino explícitamente engaños dirigidos. Aquí surge la necesidad de ubicar esta modalidad en un entramado mayor de relaciones de poder, ya que “son informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero” (Amorós, 2018; 35).

Centrémonos ahora en este aspecto: informaciones diseñadas para garantizar objetivos. De esta manera hallamos la presencia de lo viejo: “La Propaganda” un concepto fundamental para el siglo XX, que permite articular las dimensiones de diseño de información para obtención de objetivo(s).

Un personaje clave para entenderla fue Edward Bernays 2 quién contribuyó a la formulación teórica de este concepto, que lo definió como “el intento consecuente y duradero de crear o dar forma a los acontecimientos con el objetivo de influir sobre las relaciones del público con una empresa, idea o grupo” (Bernays, 2010; 33). Hay elementos centrales que debemos tener siempre en consideración cuando pensamos la relación entre Fake News y propaganda, ya que ambas comparten la característica central por la “creación de circunstancias, resaltando actos significativos y escenificando asuntos de importancia” (Bernays, 2010; 142).

Siguiendo a Bernays “La nueva propaganda no sólo se ocupa del individuo o de la mente colectiva, sino también y especialmente de la anatomía de la sociedad, con sus formaciones y lealtades de grupos entrelazadas” (2010; 36). Estos aspectos nos permiten encontrar elementos que relacionan las Fake News como una forma de propaganda, ya que procura relacionarse entre las lealtades de los grupos, y así influir en las posiciones políticas de estos actores a favor o en contra de una determinada concepción, categoría o proyecto.

Lo viejo no termina ahí, las Fake News no desean ser reconocidas como mentiras o información falsa, ni mucho menos intencionada para la obtención de cierto fin, sino todo lo contrario, que sea reconocida como “verdad”. Esta tentación también se desarrolló en las dimensiones de la propaganda durante los períodos de guerra, cuando las diversas agencias gubernamentales de espionaje la llegaron a conocer y clasificar como Propaganda Negra.

Esta modalidad se caracterizó por esconder “su origen detrás de nombres falsos y, habitualmente, da a entender que su origen se encuentra en organizaciones clandestinas dentro del país enemigo que no están necesariamente en contra de su gobierno. Algunas veces finge nacer del público objetivo de las propias autoridades” (Newcourt-Nowodworski, 2006; 21). Esto llama la atención, ya que precisamente una de las características de las Fake News es la desaparición de la fuente y remplazar esto con el uso indiscriminado de criterios (acreditaciones falsas, usar opiniones como criterios técnicos, etc) para justificar la supuesta “veracidad”.

Durante los períodos de guerra, fue habitual su uso para desconcertar y generar errores de información en las líneas enemigas, para capitalizar acciones que de otra forma hubieran sido previstas por los adversarios. Por esta razón el “éxito de la propaganda negra depende de la total ocultación de su verdadero origen” (Newcourt-Nowodworski, 2006; 21), este aspecto es relevante, ya que las Fake News necesitan también ocultar su origen, para no evidenciar sus intenciones.

Cabe mencionar que precisamente unas de las características de las Fake News es su capacidad de validarse como murmullo; la fuente no es importante, sino sólo la impresión que genera. Es así que dentro de su accionar toman relevancia “los rumores, como cualquier otro instrumento de propaganda, se crean con propósitos definidos y concretos com… socavar la moral de este, minar la confianza en sus dirigentes o confundir y engañar… un rumor puede fundarse en la verdad, pero en cuanto empiece a circular ya se habrá librado de su parte verídica” (Newcourt-Nowodworski, 2006; 157-156).

Como hemos podido evidenciar, la propaganda negra y las Fake News encuentran puntos en común ya que ambas procuran como estrategia “dirigirse tanto a los temas como a las personalidades, y que debe estar disfrazada. Antes que crear nuevas dudas y discusiones, debe aprovecharse de las existentes, aproximándose a ellas de manera indirecta. Debe ser dinámica, respondiendo instantáneamente a los cambios que se den. No se valdrá de conceptos abstractos como “patriotismo, libertad o esperanza”. Su mensaje deberá ser concreto e, idealmente, combinar elementos sociales y egoístas” (Newcourt-Nowodworski, 2006; 25).

Este entramado nos lleva a identificar que hay mucho de viejo en las actuales tendencias de las Fake News, pero cabe entonces preguntarnos, ¿qué representa esto para las infocomunicaciones de hoy? La pregunta no es a la deriva, sino que busca evidenciar cómo lograr situar la posición de las Fake News dentro del actual entramado de redes digitales. En estos tiempos que corren a través de las autopistas de la información, hemos llegado a percatarnos que no todo lo que se encuentran es fiable, ni tampoco inocente.

1.2. Cómo potencian los algoritmos la desinformación: ¿Qué hay de nuevo en las Fake News?

Hay un elemento clave para entender esta época, el desarrollo de las tecnociencias en los últimos 60 años y sus implicaciones políticas para nuestras sociedades. Pablo González Casanova nos describe cómo estas tecnociencias, en su dimensión de la información construyen los parámetros disciplinantes de nuestra sociedad:

“las nuevas matemáticas del control o de la información, de la teoría de los juegos, de la investigación de operaciones, de los modelos, las simulaciones y los escenarios, combinadas con los estudios sobre los “dispositivos inteligentes” sobre “ingenierías inteligentes”, sobre “control de la incertidumbre” y de los pasos equivocados; permiten también establecer más redes y más rutas óptimas, así como mejorar y corregir las decisiones en la defensa y creación de una sociedad posible que imponga sus creencias para el dominio de lo que se ha llamado humano” (González, 2005; 387).

Ante esto, es necesario empezar a reflexionar sobre la importancia de ¿Cómo estamos delineando nuestras categorías de percepción y reflexión?, para lograr problematizar: ¿Qué instrumentos están utilizando para delimitar en nuestras sociedades los significados de las mismas?, esto toma relevancia ya que:

«las nuevas teorías sobre la construcción social del conocimiento replantean el problema de la verdad no sólo frente al conocimiento en lo que tiene de ideología, enajenación o colonización, o de mentira, ilusión, auto-engaño, o malicia, sino en relación al conocimiento como verdad construida desde una posición. Si las relaciones importan, la posición es fundamental» (González, 2005; 410).

Esta época se sigue caracterizando por la preeminencia de los procesos informáticos en la construcción de esa percepción de verdad. Por esta razón no es extraño que:

“Las ciencias de la información sirven para mejorar la toma de decisiones y el control de los negocios. Las ciencias de la información, su captación y tratamiento de las informaciones, son “inseparables de los intereses específicos”, como dice Mosse. En ellas se traslucen las contradicciones de lo particular y general. Los “intereses conspiran” para decidir qué versión de la realidad son legítimas” (González, 2005; 189).

Es así como esta época a la que asistimos está siendo reflejo del poder de las elites dominantes, y las tecnociencias representan una de las herramientas más importantes en la disputa por la construcción de su legitimidad, es así “cómo tecnologías y como ideologías, las tecnociencias y las ciencias de la complejidad han contribuido, más allá de cualquier predicción, a reestructurar el poder y eficacia de las súper potencias y de las macro-empresas” (González, 2005; 393).

  1. Algoritmos y desinformación… Pero ¿Cómo llegamos a esto?

“Ante el descontento social, las autoridades suelen tener dos opciones: apaciguar a la población

con concesiones simbólicas o reforzar el control.»

(Greenwald, G. 2014; 221)

En el marco de los procesos descritos anteriormente sobre las ciencias de la información y las nuevas matemáticas, se ha impulsado un campo de diseño y profundización que viene marcando nuestra época, precisamente por la alta dependencia cotidiana y la entrega de procesos claves de nuestras sociedades, desde el respaldo de información hasta un extremo por ejemplo como la gestión de producción de los alimentos, lo que lleva a pensar que el mundo informático está delineando nuestra época, y la clave para su desarrollo es el “algoritmo”.

Su definición parece simple: se trata de una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado problema. También puede considerarse un conjunto de instrucciones que siguiendo en orden se obtiene la resolución de un problema.

Sin embargo, la situación se complejiza ya que para el desarrollo de los algoritmos es necesario conocimientos en informática avanzados y la mayoría de los existentes se encuentran protegidos por las leyes de derecho de propiedad intelectual, lo cual en primera instancia nos impide conocer cuál es la secuencia de instrucción. Este es un elemento clave para comprender de qué posición parte, cómo determina el orden y los resultados, que criterios utiliza para esto y cuáles son las relaciones que establece.

Una vez puesto en marcha el algoritmo “las máquinas de procesamiento de datos filtran nuestros datos por su cuenta, buscando nuestro hábitos, esperanzas, temores y deseos. Con el aprendizaje automático, un campo de inteligencia artificial de rápido crecimiento, el ordenador se sumerge en los datos y sigue sencillas instrucciones básicas. El algoritmo encuentra patrones por sí solo y después, con el paso del tiempo, los conecta con los resultados” (O´Neil, 2017; 95-96).

Precisamente aquí encontramos el elemento central del por qué es fundamental la construcción de esa secuencia de instrucciones, ya que el algoritmo puede re-construir su ordenamiento a través de la interacción/recopilación de los datos almacenados no sólo para encontrar patrones, sino también crearlos.

Por esta razón el mundo actual de las infocomunicaciones, en su deriva informática son altamente “opacas, nadie las cuestiona, no dan ningún tipo de explicaciones y operan a tal escala que clasifican, tratan y “optimizan” a millones de personas. Al confundir sus resultados con la realidad sobre el terreno, la mayoría de ellas crean bucles de retroalimentación perniciosos” (O´Neil, 2017; 21).

Este bucle de retroalimentación se caracteriza precisamente por las consecuencias que traen consigo los filtros personalizados que “pueden perturbar de dos maneras importantes nuestro equilibrio cognitivo entre el fortalecimiento de nuestras ideas existentes y la adquisición de otras nuevas. En primer lugar, el filtro nos acerca con ideas con las que ya estamos familiarizados… En segundo lugar, eliminar de nuestro entorno algunos elementos claves que nos hacen querer aprender” (Pariser, 2017; 89).

Llegando a este punto encontramos el riesgo que estamos viviendo: la articulación entre las Fake News entendidas como propaganda y la utilización de algoritmos para crear una mayor difusión/influencia de estas mismas a través del uso del big data, es este escenario en que nos describe “el moderno marketing orientado al consumidor ofrece a los políticos nuevas vías para decir a grupos concretos de votantes lo que saben que esos electores quieren oír. Y cuando lo hacen, es más probable que dichos votantes acepten la información tal y como se la presentan porque confirma sus creencias anteriores, un fenómeno que los psicólogos llaman sesgo de confirmación” (O´Neil, 2017; 232).

Esta mezcla entre una infraestructura técnica capaz de generar vinculaciones a discreción y la intencionalidad política de engañar a través de contenidos tendenciosos o manipulados para favorecer de manera explícita a actores, que además pueden adquirir esta infraestructura como un servicio de comunicación estratégica, abre un escenario para plantearnos la desinformación como una herramienta política de posverdad, un desafío que adquiere dimensiones antes insospechadas.

2.1. Algoritmos y desinformación: ¿Quiénes pueden hacerlo?

“Si [el espionaje] se lo permitimos a los miembros de la sociedad más privilegiados por su riqueza,

política o poder militar, y no encontramos maneras de subordinarlos al público,

dejamos de ser sus socios, solo somos sus súbditos.»

Edward Snowden

Las secciones anteriores nos dan una descripción detallada de la relación entre la propaganda y las Fake News como herramienta política para la desinformación, ya que ambas expresiones representan dos lados de la misma moneda de la posverdad (distorsión intencionada de la realidad para beneficio de un grupo), pero ¿Cómo relacionar esto con los algoritmos?

Cómo se citó anteriormente, la propaganda procura la obtención de objetivos para una persona, grupo, empresa o Estado, y hoy se diversifican las herramientas de difusión y persuasión para favorecer estos fines ya que, dentro de la evolución de las tecnociencias, aparecen empresas, organizaciones y unidades estatales especializadas en el aprovechamiento de las potencialidades de las dinámicas que se permiten a través del big data.

Para aprovechar estas potencialidades, se requiere de una importante infraestructura. La constitución de Google o Facebook son claros ejemplos de la re-dimensión que adquieren las empresas dentro de este marco, su complejidad y dinámicas las vuelven altamente opacas para un gran sector de la sociedad.

Sin embargo, no sólo este tipo de empresas/organizaciones surgen, sino también aquellas dedicadas a la minería y análisis de datos (que permiten la optimización del big data), que tienen cómo activo principal el promover la posición/influencia de determinados clientes (partido político, empresas, etc), lo que podríamos identificar como una modalidad de “Relaciones Públicas” (otro nombre que obtuvo la Propaganda tras su paso por el siglo XX).

Estas empresas procuran a través de la obtención/creación de bases de datos de usuarios de plataformas y redes sociales, generar estrategias de comunicación para hacer llegar determinados mensajes con el fin de influir y persuadir sus concepciones y percepciones, según el interés del cliente. Esto se logra gracias al amplio conocimiento de cómo funcionan las redes de algoritmos existentes para trabajar el big data, para que les permiten influir y transformar a su conveniencia los flujos existentes de información.

Un claro ejemplo, es la existencia de un mercado de redes a través de bots 3, trolls 4 y cibertropas 5 a servicio de estas estrategias, que responden en muchos casos a “Perfiles automatizados…sus acciones son la parte más compleja de todo este proceso, y la más difícil de probar, por la dificultad de acceder a los algoritmos y los datos que almacenan de cada usuario las grandes empresas digitales” (Alandete, 2019; 145), la complejidad que representan estas empresas/organizaciones, son que al mismo tiempo son maquilas de intervenciones, donde para evitar la identificación como plataformas robotizadas, tienen participantes humanos para disimular los tipos de intervenciones, y así generar la percepción que su actividad es humana y no artificial.

Lo importante de la infraestructura que ofrecen estas empresas/organizaciones recae en la capacidad de reproducción y distribución de información que ofrecen en base al tratamiento a través de algoritmos sobre el big data, la posibilidad de generar interacciones sobre su mismo contenido es la llave para influir en el posicionamiento, ya que “Los algoritmos de Google, Facebook o Twitterson los encargados de canalizar y discriminar esa información, que tiene una vida propia después de haber sido publicada. La clave es la viralidad, la capacidad de hacer reaccionar a los lectores, que compartan esas noticias y ayudan en su difusión, muchas veces atendiendo, como se ha visto, sólo al titular o una imagen” (Alandete, 2019; 109).

Todos estos elementos generan la infraestructura perfecta para la constitución de plataformas para la difusión de Fake News con objetivos políticos de desinformar. El caso de Cambridge Analytica que veremos a continuación, es un caso paradigmático por la simplicidad de su accionar, pero la complejidad de sus relaciones.

2.2. Algoritmos y desinformación: Dura y pura propaganda en el siglo XXI

Debemos comprender que “la sociedad de la información era, para la clase dominante, poco más que un conjunto enorme de datos libres de fluir hacia sus centros de datos privados, desde donde se integraban en un sistema inteligente que después actuaba como una herramienta del todo útil de control mediante provisión de servicios de pago” (Cancela, 2019, 400).

Lo anterior quedó ejemplificado cuando en el año 2018 las investigaciones de varios medios de prensa estadounidenses y británicos revelaron que Cambridge Analytica 6 ofrecía a sus clientes el desarrollo de campañas electorales “sucias”, esto por medio de la obtención y el uso de datos personales de millones de usuarios de Facebook, esta información era procesada para diseñar campañas psicográficas (basadas en la personalidad, estilo de vida, intereses, aficiones y valores), ofrecieron así, la posibilidad de generar productos para públicos específicos al segmentar los contenidos y enfoques.

Precisamente, esto fue posible gracias a la minería de datos que habían obtenido de manera legal (compra de bases de datos) e “ilegal” (utilización de aplicaciones para aprovecharse de huecos de seguridad sin el consentimiento de las personas que participaban en la aplicación), lo cual les permitió conocer y utilizar información de los usuarios para generar contenidos que favorecieran las posiciones de su cliente, mediante la generación de contenido no necesariamente verificable, para influir de manera directa sobre las percepciones del público a través de campañas sucias, por ejemplo el envío de noticias manipuladas o inventadas, publicaciones desde perfiles falsos, y otros como instrumentos de persuasión.

Esta información que recopiló Cambridge Analytica le permitió saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para persuadir de forma casi individualizada a cada persona, esto lo aprovechó para generar contenidos de Fake News expresando enfoques que reforzaron e incitaron las creencias de las personas objetivo, aprovechando para capitalizar las tendencias racistas, islamofóbicas o homofóbicas entre otras, precisamente distorsionando hechos, inventado relatos o testimonios.

Para comprender el contexto de esta empresa, es relevante saber que el propietario de Cambridge Analyticaes Robert Leroy Mercer un multimillonario estadounidense que logró amasar su fortuna a través de su incursión en los fondos de alto riesgo en los mercados financieros, debido a sus estudios en ciencias de la computación, ya que su incursión a este mundo lo hizo a través del diseño y puesta en práctica de algoritmos para influir en los mercados financieros, por lo cual como lo señalábamos más arriba, nada es inocente.

Sumado a lo anterior, vale señalar que después de este escándalo de 2018, Cambridge Analytica cerró, pero inmediatamente crearon otra empresa para los mismos propósitos llamada Emerdata Ltd.

Es así como se “reforzó un nuevo mito, donde los datos no eran una propiedad entendida como un bien común, sino como un conjunto de información que permitía a la clase dominante manejar a las masas de manera inteligente para mantenerlas recluidas en lo más profundo de la caverna” (Cancela, 2019, 401).

  1. Desinformación como arma política ¿Qué podemos hacer ante ello?

Diálogo improbable:

George Orwell 7: “Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de

haberse revelado, no serán conscientes. Ese es el problema.»

William Randolph Hearst 8: “Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo:

inventar la realidad.»

George Orwell: “En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.»

William Randolph Hearst: “Usted suminístreme las ilustraciones, que yo le suministraré la guerra.»

George Orwell: “Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio, provienen

invariablemente de gente que no está peleando.»

Una vez llegados aquí, un primer elemento que debemos cuestionarnos es como están construyendo y presentan contenidos, que están poniendo en riesgo nuestras sociedades a través del uso de algoritmos para la difusión de desinformación con objetivos políticos, llegando a construir “conexiones entre big data, portales creadores de mentiras y rumores, millonarios de extrema derecha y partidos políticos ultras están construyendo una internacional del odio” (Monedero, 2018; 197).

Una primera aproximación para reconstruir esta ofensiva es identificar las formas como se presentan las Fake News, para este motivo presentamos la Tabla No. 1 donde se destacan algunas de las formas más utilizadas en la construcción de noticias falsas:

·                     Información inventada: contenido completamente falso.

·                     Información manipulada: distorsión de información o imágenes reales, por ejemplo, un titular en términos sensacionalistas, que acaba popularizándose con más clics.

·                     Información de fuentes falsas: suplantación de fuentes por impostores, por ejemplo, con el uso de la imagen corporativa de una agencia informativa.

·                     Información malintencionada: mal uso de información, por ejemplo, disfrazando un comentario de opinión como un hecho.

·                     Contexto o conexiones falsos: Información real que se comparte con información contextual falsa, por ejemplo, cuando el titular de un artículo no refleja el contenido de este.

·                     Sátira parodia: información humorística se presenta como si fueran ciertas. Aunque no se caracteriza habitualmente como noticias falsas, esta categoría puede engañar a los lectores de forma mal intencionado.

Tomado de: Alandete, D. (2019) Fake News: La nueva arma de destrucción masiva. Deusto. Barcelona. Pp 162-163

 Tabla No – 1. Algunas formas en que se presenta la desinformación

Este aporte detallado en la Tabla No. 1 es relevante, ya que nos ofrece una clasificación para generar matrices de análisis para la lectura de medios, nos permite tener varias dimensiones de escrutinio de las informaciones que recibimos a diario.

Como comentamos, las Fake News están intencionadas para el engaño, esto profundiza la confusión e invisibilización de las relaciones, y los intereses que la promueven – en un sentido u otro – ponen en evidencia la tarea pendiente por una democratización de las relaciones de poder en estos ámbitos de producción y difusión de los conocimientos, ya que una de las consecuencias que estamos viviendo es la incapacidad de dudar y plantear los cuestionamientos sobre los canales de información que recibimos.

La introducción de la duda en nuestros procesos personales y colectivos se vuelve fundamental para la interpretación no sólo de la información que recibimos, sino también de sus canales, pero no de una manera mecánica, sino de forma tal que “la pregunta no puede limitarse al ámbito de la pregunta por la pregunta misma. Lo importante es relacionar, siempre que sea posible la pregunta y la respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que pueden llegar a ser realizadas o que pueden volver a realizarse” (Freire y Faundez, 2013; 73) en torno por ejemplo a ¿Quién enuncia?, ¿Cómo se distribuye ese enunciado? ¿Qué relación tiene con nosotros/as? ¿Cómo nos afecta? y ¿Por qué dice eso? ¿A favor de qué o de quién? ¿En contra de qué o de quién?

3.1. Mediación pedagógica y los desafíos para estar en el mundo

Otro aspecto para la disputa de estas relaciones de poder y la necesaria construcción de sentidos, pasa por la medida que logremos reconocerlas, ya que sólo cuando “penetremos en las resistencias para entenderlas y vamos conociendo mejor las expresiones culturales y el lenguaje de las clases dominantes, logramos entender también cómo encarna la ideología dominante, cuáles son los vacíos que no consigue llenar o que sólo aparentemente y en función de la resistencia de las clases populares” (Freire y Faundez, 2013; 84).

Esto pasa por la re-invención de nuestras prácticas, la necesidad por construir un pensamiento crítico, no sólo individual, sino también colectivo que contribuya así a una “comprensión del sentido común de las clases populares – cómo interpretan su papel en el mundo, en la historia, cómo se ven en su relación con los liderazgos políticos -, la comprensión crítica de sus sueños, todo eso es indispensable para cualquier esfuerzo de lucha por la transformación de la sociedad” (Freire y Faundez, 2013; 84).

Como hemos visto, la relación entre desinformación y las personas se capitaliza precisamente sobre los gustos y preferencias, ante la ausencia del diálogo y acercamiento que persiste en nuestras sociedades, da como resultado el no entendimiento entre las personas, y permite dejar por la libre el espacio la interacción y persuasión a agentes que promueven intencionalmente la exacerbación de miedos y prejuicios.

Esto nos compromete a volver a analizar críticamente los procesos de construcción de sentido y diálogo en los que participamos, para constituir prácticas de mediación pedagógica en nuestras acciones e intervenciones que democraticen y cuestionen desde los propios lugares que viven y sienten las relaciones explicitas e implícitas que han desarrollado, para profundizar una re-lectura de sus percepciones y aspiraciones.

Estos acercamientos deberían partir de las realidades, necesidades y esperanzas de quienes participamos, vinculado al desafío de aprendizajes críticos para ser y estar en el mundo.

3.2. Disputar la comunidad en la era del Algoritmo

Hoy asistimos a procesos en los cuales la comunicación se transforma “en industria pesada. Cuando el poder económico pasa de quienes poseen los medios de producción a quienes tienen los medios de información, que pueden determinar el control de los medios de producción, hasta el problema de la alienación cambia de significado. Frente al espectro de una red de comunicación que se extiende y abarca el universo entero, cada ciudadano de este mundo se convierte en miembro de un nuevo proletariado” (Eco, 2010).

Esta lucha por la comunicación no pasa por la visión de censura, sino por el desafío de una lectura crítica de la realidad y las dimensiones en disputa de la comunicación, partiendo que:

“La batalla por la supervivencia del hombre como ser responsable en la Era de la Comunicación no se gana en el lugar de donde parte la comunicación sino en el lugar a donde llega. (…) precisamente en el momento en que los sistemas de comunicación prevén una sola fuente industrializada y un solo mensaje, que llegaría a una audiencia dispersa por todo el mundo, nosotros deberemos ser capaces de imaginar unos sistemas de comunicación complementarios que nos permitan llegar a cada grupo humano en particular, a cada miembro en particular, de la audiencia universal, para discutir el mensaje en su punto de llegada, a la luz de los códigos de llegada, confrontándolos con los códigos de partida” (Eco, 2010).

Por esta razón cobra fuerza la necesidad de la democratización de los espacios de socialización, la toma del espacio físico y público para el intercambio y contraste de ideas. Un ejemplo lo encontramos en las experiencias de la comunicación comunitarias, estas experiencias nos aportan algunos principios para fortalecer las prácticas comunicativas, que pueden servir de guía para construir matrices de análisis que favorezcan no sólo el cuestionamiento, sino la construcción de otras formas de comunicación que respondan a prácticas democratizadoras, en la Tabla No. 2 podemos encontrar algunas acciones para profundizar las acciones en este sentido:

·                     Empoderar nuevos liderazgos, en especial de jóvenes y mujeres. Es necesario que no sean “los mismos de siempre” los que hablen y participen en todas las actividades.

·                     Promover espacios de diálogo, intercambio de conocimientos, información y saberes, para reflexionar y compartir nuevos problemas y propuestas.

·                     Rescatar las culturas, tradiciones y conocimientos populares y ancestrales.

·                     Llevar las voces de la comunidad hasta las instancias donde se ejerce el “poder”, como el estado o las empresas.

·                     Motivar a la acción comunitaria: ser el cambio, ser el mundo que soñamos. Comunicar no se trata solo de hablar y hablar, se trata de involucrarnos en acciones para transformar el mundo que habitamos.

·                     Partir de la realidad, necesidades e intereses de la comunidad. Escuchemos a nuestras vecinas, nuestros compañeros. Todos y todas cuentan.

·                     Recuperar y respetar las diferencias y la diversidad de personas, opiniones, edades, ideas. La diversidad nos enriquece, nos hace fuertes y nos enseña.

·                     Integrar la perspectiva feminista como eje transversal. Las mujeres siempre en igual condición de participación que los hombres, tanto en los contenidos como en el equipo de producción.

·                     Incentivar relaciones armoniosas en las que está bien que no siempre estemos de acuerdo.

·                     Garantizar la sostenibilidad económica y política de los procesos de comunicación. Cada cierto tiempo debemos preguntarnos de nuevo qué deseamos aportar a nuestra comunidad y al mundo, y con qué recursos vamos a lograrlo.

Tomado de: Rojas, G., L.León., F. Pomareda. (2018) Comunicación Popular para la Defensa de las Autonomías. Guía Metodológica para la incidencia pública y política. Voces Nuestras. San José. Pp 5.

Tabla No. 2 – Comunicación Comunitaria

Estas prácticas comunicativas presentadas en la Tabla No.2 anterior contribuyen a re-pensar las perspectivas, enfoques, la relevancia de construir nuestras propias formas de verificación de códigos y problematizar la interpretación de los mensajes que recibimos, son formas-modos que nos desafían a contribuir con prácticas al ejercicio de la comunicación como derecho, entendiendo esto en un amplio espectro de acción (medios impresos, radial, digital, etc).

La disputa que han abierto las Fake News a través de la ampliación de espectro de la desinformación, hace resaltar la importancia de estas prácticas comunitarias, ya que como señala Griselda Sánchez, su capacidad no depende de “la potencia del transmisor, sino con el hecho de representar intereses comunitarios compartidos, sea de una pequeña localidad en el campo, de una gran ciudad, un barrio, un sindicato, una comunidad universitaria, una cooperativa, una organización ecologista, etcétera. Pero no basta con representar estas preocupaciones: las radios comunitarias son participativas, el micrófono está abierto a todos, sin importar que se tenga o no un título de periodismo o de locutor” además nos señala la importancia de “los contenidos locales, la pertinencia lingüística y cultural. La programación debe responder a cualquier inquietud, grande o chica, y reflejar la realidad y cotidianidad de la gente” (Sánchez, 2016; 28).

Este acumulado de perspectivas y prácticas, nos refuerza que en los tiempos actuales:

«Podría suceder que estas formas no industriales de comunicación (de los love-in a los mítines estudiantiles, con sentadas en el campus universitario) pudieran llegar a ser las formas de una futura guerrilla de las comunicaciones. Una manifestación complementaria de las manifestaciones de la comunicación tecnológica, la corrección continua de las perspectivas, la verificación de los códigos, la interpretación siempre renovada de los mensajes de masas. El universo de la comunicación tecnológica sería entonces atravesado por grupos de guerrilleros de la comunicación, que reintroducirían una dimensión crítica en la recepción pasiva. La amenaza para quienes the medium is the message podría entonces llegar a ser, frente al medio y al mensaje, el retorno a la responsabilidad individual. Frente a la divinidad anónima de la Comunicación Tecnológica, nuestra respuesta bien podría ser: «Hágase nuestra voluntad, no la Tuya.»” (Eco, 2010).

Ante las Fake News que se potencian a través de la era del algoritmo como un horizonte amenazante que nos impone la posverdad de las elites dominantes, se levanta la posibilidad y la necesidad de profundizar la democratización real de la comunicación como derecho humano, partiendo de prácticas de educación y comunicación popular que nos permitan construir aprendizajes para ser y estar en el mundo.

  1. Más que «conclusiones», una hoja para el debate

“Si la prensa no habla

Nosotros damos los detalles

Pintando las paredes

Con aerosol en las calles”

Multiviral – Calle 13

Este apartado tiene como objetivo más que concluir algo, ser una invitación a profundizar algunos ejes temáticos para debatir, con el propósito de contribuir a mejores prácticas de lectura y análisis de nuestras realidades, pero también generar espacios de acción a partir de articulaciones comprometidas con las transformaciones de esas realidades.

4.1. Al respecto de las Noticias falsas:

  • no son un fenómeno nuevo en el campo político, representa una estrategia impulsada por actores con el fin de influenciar la percepción a partir de objetivos determinados.
  • en lo particular no sólo representan informaciones tendenciosas o manipuladas, sino explícitamente engaños dirigidos a públicos específicos.
  • no desean ser reconocidas como mentiras o información falsa, procuran ser reconocidas como “verdad”.
  • la característica dominante es la desaparición de la fuente y remplazar esto con el uso indiscriminado de criterios (acreditaciones falsas, usar opiniones como criterios técnicos, etc) para justificar la supuesta “veracidad”.

4.2. ¿Cómo potencian los algoritmos la desinformación?

  • hay una alta dependencia cotidiana a los procesos informáticos, desde la entrega de información personal hasta procesos complejos financieros, esto favorece un desmedido espectro de influencia de los algoritmos.
  • el algoritmo como herramienta puede re-construir su ordenamiento a través de la interacción/recopilación de los datos almacenados, lo que le permite no sólo encontrar patrones, sino también crearlos.
  • el universo que abre su uso de algoritmos, sumado al uso de patentes para su protección, permite la confusión e invisibilización de las relaciones de poder existentes, y así ocultar los intereses que los promueven.
  • gracias a la capacidad de segmentación y personalización de los mensajes, crea escenarios propicios para reforzar los sesgos de confirmación de las personas que reciben los mensajes y crear bucles de retroalimentación que inhibe la problematización de los contextos que viven.

4.3. ¿Qué proponer al debate?

  • profundizar elementos y prácticas que favorezcan las capacidades de dudar y plantear los cuestionamientos sobre los canales y códigos de las informaciones que recibimos.
  • debemos tener como horizonte de disputa no sólo el lugar donde se emite el mensaje, sino también los espacios donde se reciben, nuestras familias, nuestras diversas comunidades (estudio, trabajo, etc.) ya que ahí es donde interactúan los diversos procesos de construcción de sentidos.
  • visibilizar no sólo las diversas relaciones de poder explicitas en nuestros contextos, sino también aquellas implícitas en las prácticas cotidianas, esto para favorecer formas de profundizar la re-lectura desde las propias percepciones y aspiraciones.

¿Cómo es nuestra lectura de este mundo hoy? Este debate abierto hace un llamado urgente a volver a re-mirar el mundo que nos rodea, ese donde vivimos y sentimos, para seguir desafiando nuestros aprendizajes ante los retos que nuestras realidades nos presentan.


[1] Costarricense. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica. Investiga sobre epistemologías del sur, metodologías participativas y los desafíos de la Educación Popular en la formación política. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica y colabora con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Correo electrónico: luis@cepalforja.org.

[2] Edward Louis Bernays (1891–1995): Publicista, periodista y creador de la teoría de la propaganda y las relaciones públicas. Su principal obra es Propaganda publicada en 1928.

[3] Programa informático que realiza automáticamente tareas repetitivas en espacios de internet.

[4] Persona que publica mensajes provocadores o irrelevantes en una comunidad en línea (foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog, entre otros) con la intención de provocar reacciones negativas por parte de los demás usuarios.

[5] Acción combinada de cuentas digitales de personalidades influyentes, trolls, bots y seguidores regulares para generar reacciones sobre determinado tema.

[6] Fue una compañía británica creada en 2013 perteneciente al conglomerado Strategic Communication Laboratories de origen estadounidense. Empresa dedicada a la minería de datos y el análisis de datos para la comunicación estratégica en procesos electorales. Cesó operaciones en 2018 tras un escándalo por la obtención ilegal de datos personales de usuarios de Facebook en 2014.

[7] George Orwell (1903-1950): escritor y periodista británico, comprometido con procesos de luchas sociales especialmente contra los procesos de totalitarismos. Se le conoce especialmente por sus obras de “Rebelión en la Granja” y “1984”, pero desarrolló una carrera muy fructífera como ensayista.

[8] William Randolph Hearst (1863-1951): periodista, empresario, político y magnate de la prensa estadounidense, es conocido como uno de los más poderosos personajes de la escena política y empresarial de su época. Se le conoció como una persona sin escrúpulos para utilizar todos los medios posibles con el fin de garantizar su posición e interés, la más recordada es su intervención para garantizar la Guerra Hispano-estadounidense y beneficiarse de la primicia para sus medios.

Referencias Bibiográficas

  • Alandete, D. (2019). Fake News. La nueva arma de destrucción masiva. Barcelona: Editorial Deusto.
  • Amorós, M. (2018). Fake News La verdad de las noticias Falsas. Barcelona: Plataforma Editorial.
  • Assange, J. (2014). Cuando Google encontró a Wikileaks. Madrid: Clave Intelectual.
  • Bernays, E. (2010). Propaganda. España: Melusina.
  • Cancela, E. (2019). Despertar del Sueño Tecnológico. Crónica sobre la derrota de la democracia frente al capitalismo. Madrid: Akal.
  • Eco, U. (15 de abril, 2010). Para una guerrilla semiológica. Aporrea. Recuperado de: https://www.aporrea.org/medios/a98858.html
  • Freire, P. y A. Faundez (2013). Por una pedagogía de la Pregunta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
  • Gonzalez, P. (2005). Las nuevas ciencias y las humanidades. De la Academia a la Política. México: Anthropos. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.
  • Greenwald, G. (2014). Sin Lugar donde esconderse. Colombia: Ediciones B.
  • Monedero, J. (2018). La izquierda que asaltó el algoritmo. Madrid: Catarata.
  • Newcourt-Nowodworski, Stanley (2006) La propaganda negra en la segunda Guerra Mundial. Madrid: Algaba Ediciones.
  • O´Neil, C. (2017). Armas de destrucción Matemática. Capitan Swing. Madrid.
  • Pariser, E. (2011). El Filtro Burbuja. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Barcelona: Taurus.
  • Rojas, G., L. M. León., F. Pomareda (2018) Comunicación Popular para la Defensa de las Autonomías. Guía Metodológica para la incidencia pública y política. Voces Nuestras. San José.
  • Sánchez, G. (2016). Aire no te vendas. La lucha por el territorio desde las ondas. Oaxaca: IWGIA.

 

Imagen ilustrativa, tomada de http://www.resumenlatinoamericano.org/

Compartido por el autor con Alianza por una Vida Digna.

Fuente: http://www.sinergiased.org/

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La captura de la Merlano y los ejercicios conjuntos militares

Por Carlos Meneses Reyes

UNO. Y DE LA MERLANO ¿QUÉ?

Tan exacto como desconocer el desgobierno colombiano los Protocolos de Protección a los voceros insurgentes del E.L.N y de paso ofender a un país garante como Cuba; pretender que un anodino “presidente interino” insignificante, ridículo, incapaz, vacío, suso, insustancial, carente de juridicidad, como de jurisdicción; carente de control territorial, sin autoridad sobre fuerzas policiales y el aparato judicial de la República Bolivariana, pueda tramitar una solicitud de extradición o cualquier trámite por simple que sea.

Lo de La Merlano se trata de un caso de extradición pasiva: en alusión a la solicitud del Estado (no el gobierno) colombiano al Estado (no al gobierno del presidente Maduro) de la República Bolivariana de Venezuela, de solicitar a esa persona que ya fue condenada por las autoridades (no justicia) judiciales colombianas. Técnicamente es una “acción de entregar”, no de extraditar a La Merlano como delincuente condenada. Esa “acción” se genera en Colombia por la autoridad judicial (Corte Suprema de Justicia) no por el desgobierno en cabeza del presidente títere que nos representa. La función del Poder Ejecutivo,en el caso de marras, radica en la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de incoar (hacer la primera gestión) la “acción de entregar”, vía Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ( no al aparecido Guaidó), para que mediante el aspecto técnico procesal corresponda al máximo Tribual venezolano, resolver soberanamente sobre la suerte de La Merlano.

La dictadura mediática imperante en Colombia, desvía la atención en Guaidó; pero como efecto bumerang facilita al gobierno legítimo y constitucional bolivariano del presidente Maduro, entrar en escena. Simplifiquemos la situación: La Merlano fue detenida en Maracaibo por indocumentada, no por delito alguno cometido en territorio venezolano, ni porque existía una orden de la Interpol. No sea que haya sido una estrategia de sus abogados dado el desgobierno colombiano en materia de relaciones internacionales y política exterior.

Ella, La Merlano, puede solicitar asilo e inclusive refugio. No porque sea una perseguida política en Colombia, aun cuando a la luz de la Convención de Ginebra puede incoar el refugio porque su vida peligre en Colombia (circunstancias objetivas y particulares de su proceso penal). Además- en gracia de discusión- ella como ex senadora, no fue juzgada por la jurisdicción ordinaria en lo penal. Lo fue por un Tribunal de excepción (así lo haya sido la Corte Suprema), por lo de su fuero de Congresista y con esa calidad y ante esa excepción, la normativa del derecho internacional prevé que, en su caso, no prosperaría la solicitud. Quepa aquí que entre profanos, la llaman extradición y entre doctos en la materia- egresados de la Universidad Nacional de Colombia, por puro ejemplo- se denomina la solicitud de entregar a una condenada colombiana que está en un país soberano, a toda prueba, como la República Bolivariana Venezuela.

De otro lado, como el reconocimiento de “presidente provisional” no obedece a presupuesto tipificado del Derecho internacional Público, sino resultado de la política de las cañoneras del imperio gringo, esto de la captura de La Merlano contribuirá a que el presidente Maduro, con su capacidad de estadista demostrada y comprobada, gane puntos. Ya se anuncia que la Fiscalía Bolivariana la interroga. Que relata todo el historial de delitos y corrupción en Colombia por parte de una casta politiquera corrupta en el poder y avalada por un sistema electoral corrupto, como el que más, ante el mundo.

Y ojo: Siendo que la condición de asilado es facultativo soberanamente del presidente Maduro; el no reconocimiento de la condición de asilada a La Merlano, no impedirá la denegación de su entrega, por cualquiera de las causas previstas en la ley venezolana y/o tratados internacionales y en cabeza del Juez de esa República…

Presenciaremos el desenvolvimiento del acontecer comentado, con la seguridad que la independencia y soberanía de la Venezuela bolivariana dará otra lección histórica a la decadente oligarquía de castas politiquera y de militares en franca decadencia en Colombia.

DOS: DEL TRÁNSITO DE TROPAS EXTRANJERAS EN COLOMBIA

A partir del 27 de enero de 2.020, el despliegue noticioso en Colombia centró en los ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y Colombia. Con el prurito de reafirmar las capacidades de reacción y combate de las Fuerzas del ejército colombiano y en constante entrenamiento de una fuerza potencialmente agresora. El sitio de estacionamiento de las tropas extrajeras lo fue la Base Militar de Tolemaida, una de las siete tristes conocidas como bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Participaron tropas de los Estados Unidos, de Brasil y de Colombia. En esa Base funciona el Centro Nacional de Entrenamiento de las Fuerzas Militares. El lacayo Ministro de la Guerra colombiano, Holmes Trujillo, en perorata oficial de mancomunada conducta, resaltó que era un esfuerzo con el fin de enriquecer en el ejercicio de la cooperación internacional. Se necesita verdaderamente tener agallas para resaltar esa connotación. Toda la oficialidad y generalato colombiano estuvo bajo las vergonzosas órdenes del Comandante del Ejército Sur de EEUU, Daniel R. Walrath, quien ejemplifico el lema de ese ejército de defensa de sus intereses geopolíticos, disfrazados de fraternidad. Para él la fraternidad, unida a hermandad compartida, los mueve a proteger de la manera más segura “la forma de vida en nuestro vecindario (léase patio trasero) del hemisferio occidental y nuestros valores compartidos de democracia, soberanía y libertad individual”.(Su accionar en el mundo demuestra lo contrario) Pero en realidad de verdad, como lo resalta el analista político Álvaro Villarraga Sarmiento, esos ejercicios fueron una demostración agresiva y fatal precedente para la búsqueda de la salida política al conflicto armado interno colombiano.

La explicación oficial del gobierno colombiano y su cacareada mediática la centran en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Manido argumento ante el fracaso de esa guerra, con la penosa ansiedad de agredir al soberano país bolivariano.

Conviene resaltar qué legitimidad acompaña al gobierno colombiano en permitir la presencia de esas tropas de asalto especiales, de dos países, en el territorio nacional

La espuria y como tal falsa e ilegítima orientación justificante de los ejercicios conjuntos e intercambio de experiencias, basados en convenios internacionales, deja el sinsabor del engaño a la opinión pública y la violación crasa a la Constitución Política. De igual manera el manido argumento, traído de los cabellos, de la permisividad de esa conducta por ser Colombia miembro de la Otan.

El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia 1991(CP91) expresa: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Y el artículo 94, ibidem, “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los Convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

Significa lo anterior, que prevalece y debe acatarse lo especial determinado en los presupuestos de hecho de la norma. Es así como el artículo 173 de la CP91, atribuye al senado: “Permitir el tránsito de tropas extranjeras”. La presencia de más de un centenar de efectivos de tropas de EEUU y de Brasil, para el ejercicio de las mencionadas maniobras en Tolemaida, significó el ingreso y por ende el tránsito de más del centenar de tropas extranjeras, estacionadas en territorio nacional, de forma inconstitucional. Transitar alude a pasar por una vía pública, terrestre o aérea. Esas tropas penetraron el espacio aéreo colombiano y viajaron por tierra en Colombia. Permanecieron varias días, es decir, haciendo estaciones, paradas etc. Indiscutiblemente significó, las tales maniobras conjuntas de ejercicios militares, una excusa para la presencia militar estadounidense en Colombia y la ratificación que la Base militar Tolemaida, es una Base militar del ejército estadounidense, en contrario a lo discernido por el Consejo de Estado en Colombia con relación a esa materia. La comandancia del ejército, así sea en cabeza del presidente, no tiene la capacidad constitucional de autorizar, mutuo propio, esos ejercicios.

La lectura de esos ejercicios conjuntos de maniobras de los ejércitos de Colombia, Brasil y Estados Unidos, constituye un mensaje de agresividad a la libre determinación del pueblo y del Estado Bolivariano. Demuestra la posición de una línea militarista en la conducción del Estado colombiano, potencialmente agresiva para la estabilidad del continente latinoamericano y acción contra insurgente interna, en contrario al mandato del artículo 22 de la CP91: “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

 

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El INA y su Papel en el Desarrollo Regional

German Masís

El INA ha sido la institución pública fundamental en la formación y la capacitación técnica de la fuerza de trabajo del país, cuya labor ha sufrido importantes cambios como resultado de la redefinición del modelo de desarrollo de una economía de base agrícola y de industria manufacturera hacia una ligada a los servicios y a tecnologías de producción basadas en el conocimiento.

Esos cambios, han supuesto un crecimiento en la infraestructura y recursos disponibles, una modificación de la oferta de servicios de acuerdo al crecimiento de la demanda y el impulso recientemente de una reforma de la ley constitutiva de la institución para facultarla de mecanismos más ágiles de contratación y de transformación de la oferta técnica.

En los últimos años la demanda de los diferentes servicios de capacitación y formación profesional que ofrece el INA, tanto a empresas públicas como privadas, a los principales sectores productivos del país, a las cámaras de empresarios y trabajadores y la ciudadanía en general, se ha visto notablemente incrementada.

Dicho incremento responde entre muchos otros factores al advenimiento de inversión extranjera, el tratado de libre comercio, el crecimiento del sector Turismo, el programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la expansión demográfica que ha venido en aumento en lo que territorialmente se ha denominado “gran área metropolitana” (GAM), así como la incursión en nuevas áreas técnicas que permiten una mayor amplitud en la oferta de formación profesional.

Para hacer frente a esta situación, la Administración Superior ha venido fortaleciendo el modelo de descentralización regional de los servicios que ofrece la Institución iniciado algunas décadas atrás.  Esto ha llevado a que las nueve Unidades Regionales con que actualmente cuenta la Institución, hayan sufrido un crecimiento acelerado en la capacidad instalada, presupuesto, funciones y responsabilidades, así como la demanda de sus servicios.(INA,2013,p.2)

Las nueve Unidades Regionales permiten la regionalización de la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional y de los servicios de apoyo administrativo y estudiantil.  Con la ubicación de las Unidades Regionales y de los 62 Centros Ejecutores el INA logra una cobertura geográfica que abarca todo el territorio nacional.

En esta distribución geográfica, es notable la concentración de los centros de formación y centros especializados en las Unidades Regionales Oriental y Occidental, ubicadas en San José y Alajuela, con un 43 % de los Centros, mientras que en la Gran Área Metropolitana (GAM) constituida por las 4 provincias centrales incluyendo a Cartago y Heredia, se concentra un 61 % de los Centros. Únicamente un 38 % de los éstos se encuentran en las regiones periféricas Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

La justificación de este proceso de concentración ha estado asociada al crecimiento de las actividades económicas en las últimas décadas, así como a la demanda de servicios en los cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que ha derivado en el establecimiento de las Unidades Regionales Central Oriental, Occidental, Cartago y Heredia que absorben la mayor cantidad de personal, recurso económico y los centros ejecutores.

Dicha estructura institucional, revela un crecimiento y un dinamismo concentrado en la GAM, pero que debiera suponer un proceso de desconcentración como respuesta a los cambios en el mercado laboral, a la dinámica económica y comercial que han ido adquiriendo algunas regiones periféricas como la Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central, así como también a la perspectiva de un desarrollo territorial más equilibrado e incluyente.

El programa de Gobierno del hoy Presidente Carlos Alvarado planteó que “la generación de empleo, emprendimientos y riqueza tendrá un enfoque territorial, y no solo concentrada en el Gran Área Metropolitana. Activaremos polos de desarrollo regionales mediante el establecimiento de conglomerados económicos que potencien la inversión, nacional y extranjera, en diversas regiones del país.

El enfoque de desarrollo territorial debe no solo activar la acción ciudadana y participación desde las comunidades, sino que desencadene procesos de gobernanza multinivel y de reducción de las desigualdades que hoy imperan entre regiones” (Programa de Gobierno 2018-2022, p.4)

Un aspecto a tener en consideración en la vinculación de la dinámica de las unidades y recursos institucionales en la GAM y en las regiones periféricas con las necesidades actuales de un desarrollo territorial más equitativo, puede estar ligada al comportamiento histórico de las matrículas de estudiantes, a los cambios en la demanda de los distintos sectores productivos y a la relocalización geográfica de las actividades económicas. 

Según la información institucional, la distribución de las matrículas según Unidad Regional (UR) obedece básicamente, a la oferta y capacidad de planta y de recurso humano de cada Unidad Regional, así como a la densidad de población física y empresarial del área geográfica donde se ubican.

Un breve panorama del comportamiento histórico de la demanda de servicios en cada unidad regional, indica que en los últimos años, se han dado cambios en el número de matrículas y en el tipo de servicios demandados por la población en las zonas de referencia de las Unidades regionales.

En el último quinquenio (2014-2018), ha ocurrido un aumento en las matrículas y programas de las unidades de Cartago, Heredia, Pacífico Central y Huetar Norte y una reducción importante en las Unidades Central Oriental, Huetar Caribe y de manera leve en la Central Occidental.(El INA en Cifras,2018,p.20)

Por otra parte, es importante identificar la procedencia de la población que recibe los servicios de formación por cantones de residencia, tratando de establecer el origen de la demanda de los servicios de formación y su relación con las unidades regionales.

Según la información institucional, el panorama actual de la población que recibe los servicios de formación técnica revela que la mitad de la población proviene de las provincias de San José y Alajuela, que tiene como referencia las Unidades Regionales Oriental y Occidental.

Una revisión detallada de la distribución de las personas capacitadas por su residencia en los 82 cantones permite establecer que más del 60% de las personas residen en 24 cantones, siendo el cantón de San Carlos el cantón con más personas residentes capacitadas, seguido de cantones como Alajuela, San José, Desamparados y Puntarenas.

En un segundo nivel de importancia se encuentran las residentes de Heredia, Grecia, Naranjo, San Ramón, Pérez Zeledón, Limón y Liberia, y completan la imagen de cantones con más residentes capacitados, Paraíso, Turrialba, Pococí, Sarapiquí, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Golfito (El INA en Cifras,2018, p.34)

El comportamiento de la matrícula en los centros de las diferentes unidades regionales y el origen de la población capacitada por cantones plantea si el proceso de ejecución regional mediante el que se realiza la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional se realiza de forma eficaz y eficiente y si la regionalización de las funciones del INA se realiza de manera integral y favoreciendo la desconcentración de los servicios de apoyo de las unidades regionales y a los requerimientos de los sectores productivos en las diferentes regiones y en especial en las regiones periféricas, las más deprimidas del país.

Sería conveniente de acuerdo a criterios de eficiencia en la gestión administrativa, de seguimiento y control de las diversas actividades atinentes a la labor de dichas unidades y a la necesaria descentralización de los recursos y servicios, revisar y reorganizar la estructura, composición y cobertura de las unidades regionales de la GAM.

Un nuevo escenario de cambio institucional podría estar ligado a la redefinición de la estructura y organización a nivel regional, a la introducción de cambios en la oferta formativa acorde a las variaciones en la demanda de servicios y al desafío de modificar el modelo de intervención institucional concentrado en la GAM (GAMcentrismo) hacia el fortalecimiento de las unidades y centros de las regiones periféricas.

 

Imagen de INA, sede de Grecia. Tomado de la página oficial del INA.

Enviado a SURCOS por el autor.

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Violencia fundamentalista

No matarás» (Ex 20,23; Dt 5,17). Esta es la primera referencia bíblica que hace eco cuando leemos sobre la masacre de una mujer embarazada y seis menores de edad en Altos de Terrón, comunidad del territorio Ngäbe Buglé en Panamá, víctimas de una secta cristiana llamada “La Nueva Luz de Dios”.

¿Es verdaderamente “nueva” esa luz de dios? Pues lamentablemente no. Desde el siglo XVI los valores de la cristiandad han avalado procesos de conquista y saqueo de los pueblos originarios y lo siguen haciendo en la actualidad, con resultados como la desgarradora situación que hoy duele en toda Centroamérica.

La subjetividad que ha sustentado los procesos de dominación y despojo ha catalogado las prácticas religiosas ancestrales como “satanismo e idolatría”, resultando en una divinización de la cultura eurocéntrica, cuyo sello distintivo -desde hace siglos- ha sido la muerte.

Desde el DEI nos unimos en solidaridad al dolor de la comunidad de Altos de Terrón y reiteramos nuestro compromiso histórico con los pueblos originarios de Abya Yala y su autonomía.

Hacemos un llamado a todas las iglesias y comunidades de fe cristianas para que seamos críticos con nuestras prácticas litúrgicas y enseñanzas teológicas, puesto que en ellas podemos estar perpetuando practicas coloniales de muerte y despojo, contrarias a la Buena Nueva de Jesús de Nazaret y su compromiso explícito:

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5,5-6).

 

Compartido por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

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La derrota del sindicalismo costarricense

SURCOS comparte este artículo del historiador Iván Molina Jiménez, publicado en su espacio https://delpasadoydelpresente.wordpress.com/ y compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

 


 

Finalizada la guerra civil de 1948, los sectores lideradas por José Figueres se dieron a la tarea de desarticular el sindicalismo comunista que empezó a desarrollarse en el país desde inicios de la década de 1930 y arraigó con especial fuerza entre los trabajadores del sector privado.

Luego de su fundación en 1951 y de su ascenso al poder en 1953, el Partido Liberación Nacional (PLN) persistió en ese desmantelamiento, pero con un cambio fundamental: en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzó a fortalecer un sindicalismo “democrático”, especialmente entre los empleados públicos y, en particular, entre los educadores.

Como resultado de esa política liberacionista, dirigida a diferenciar a los sindicalistas democráticos (provenientes de las capas medias) de los comunistas (pertenecientes a las clases trabajadoras), los funcionarios estatales pronto empezaron a disfrutar de una serie de ventajas que no tenían quienes laboraban en la empresa privada.

Al promover esa diferenciación, el PLN logró no solo que ese sindicalismo democrático se convirtiera en una valla frente a los comunistas, sino que a los sindicalistas del sector público les resultaran indiferentes tanto las condiciones de vida y laborales de los trabajadores del sector privado, como el virulento antisindicalismo practicado por los empresarios.

Frente a tales desafíos, los comunistas, que siempre lograron mantener alguna influencia sindical en el sector privado (sobre todo entre los trabajadores bananeros), respondieron con una estrategia dirigida a ampliar su influencia en las comunidades populares, en el movimiento estudiantil y entre las categorías más bajas de empleados públicos.

Resquebrajamiento

Todo el trabajo realizado por el PLN para utilizar a los empleados públicos como una estratégica contención frente a los trabajadores del sector privado empezó a resquebrajarse durante la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), cuando los efectos de la crisis económica no diferenciaron a los afiliados al sindicalismo democrático de quienes militaban en los sindicatos comunistas.

Hasta entonces, los conflictos sociales se habían caracterizado por manifestarse de dos maneras claramente distintas y separadas: huelgas localizadas en empresas o actividades específicas, y movilizaciones de comunidades que demandaban mejores servicios públicos o una reducción de sus tarifas.

Ambos tipos de protesta social empezaron a combinarse en los últimos años de la década de 1970 cuando, desde la vertiente de los movimientos comunales, se agregó un nuevo instrumento de lucha: el bloqueo de vías públicas.

Crisis

Durante la crisis económica de 1980, este nuevo modelo de conflictividad se consolidó como la forma básica de protesta social frente a políticas públicas que afectaban directamente las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los sectores medios.

Tales políticas, precisamente por su alcance nacional, actuaron como un eficaz catalizador que logró unificar en la lucha común a grupos sociales muy diversos, desde campesinos hasta profesores universitarios.

Poco después, los gobiernos de Luis Alberto Monge (1982-1986) y de Óscar Arias (1986-1990) terminaron de resquebrajar el pacto entre el llamado sindicalismo democrático y el PLN, al apoyar no solo una reforma neoliberal del Estado y la economía, sino al impulsar el movimiento solidarista (que promovía la colaboración de trabajadores y patronos bajo la hegemonía de estos últimos).

Con la crisis de los partidos de izquierda, ocurrida durante la década de 1980, y con la desaparición de la Unión Soviética en 1991 (que supuso el final de la Guerra Fría), los dirigentes sindicales del sector público, pese a que ahora debían competir con el solidarismo, se vieron catapultados a una extraordinaria posición de poder.

Radicalización

Inesperadamente, esas dirigencias no solo dejaron de tener competidores por el lado del sindicalismo comunista, sino que heredaron toda la infraestructura construida por sus rivales tanto entre los trabajadores del sector privado, como entre las organizaciones comunales y estudiantiles.

Evidentemente, para poder hacer un uso más efectivo de tales recursos y fortalecer su nuevo protagonismo, esos dirigentes, que en el pasado se caracterizaron por la moderación, tendieron a radicalizarse, aunque en un sentido socialdemócrata más que comunista.

Como resultado de esa radicalización limitada, que en parte respondía a una cultura de clase media contrapuesta a los sectores populares, los dirigentes del sindicalismo estatal nunca se interesaron por empoderar a los trabajadores del sector privado e incorporarlos, en pie de igualdad, a sus luchas.

Tampoco esas dirigencias –tendencialmente gremialistas, clientelistas y divisionistas– se integraron a la nueva generación de partidos de izquierda surgida después de 1990 (Fuerza Democrática, Frente Amplio), pero sí se aproximaron al Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000 por ex liberacionistas que soñaban con retornar a las políticas socialdemócratas del período anterior a 1978.

Tregua

Entre 1990 y 2014, el modelo de conflictividad social prevaleciente en Costa Rica se caracterizó por una confrontación sistemática entre las dirigencias sindicales del sector público y los gobiernos del PLN y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), identificados con las cámaras empresariales.

La única tregua que hubo en ese casi cuarto de siglo fue durante la administración de Luis Guillermo Solís (electo presidente por el PAC para el período 2014-2018), cuando empezó a reconstruirse el pacto que existió entre esas dirigencias y el PLN antes de 1978.

Dicho proceso fue interrumpido en el año 2018, cuando un nuevo gobierno del PAC, ahora encabezado por Carlos Alvarado, promovió, en alianza con el PUSC, una regresiva reforma fiscal que lo llevó a una confrontación directa con los trabajadores del sector público y con esas dirigencias sindicales.

Proyecto

Como resultado de ese conflicto, políticos vinculados al PLN decidieron impulsar un proyecto de ley que prácticamente ilegalizaría las huelgas en el sector público y facilitaría la disolución de los sindicatos respectivos, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 16 de enero.

Tal aprobación constituye la mayor derrota del movimiento sindical en el país desde las persecuciones posteriores a la guerra civil de 1948. Se ha dado en un contexto en el cual, mientras el Gobierno de Alvarado adopta posiciones progresistas frente a los derechos de las comunidades sexualmente diversas, centra su atención en satisfacer los intereses de las cámaras empresariales y desatiende las demandas provenientes de otros sectores sociales.

El descontento generado por este tipo de gestión gubernamental ha sido políticamente capitalizado por las iglesias y los partidos evangélicos, que han logrado radicalizar en contra de la administración de Alvarado no solo a importantes sectores de educadores, sino también de estudiantes de secundaria y de padres de familia.

Costo

De esta manera, mientras el Gobierno utiliza su progresismo en asuntos relacionados con los derechos de las comunidades sexualmente diversas para tratar de desviar la atención de sus políticas regresivas en términos sociales e institucionales, las iglesias y los partidos evangélicos explotan el descontento generado por esa regresividad para atacar el progresismo cultural de la administración de Alvarado.

Luego de conocido el proyecto legislativo antisindical, que ahora ya es ley de la República, las dirigencias sindicales estatales, en vez de procurar vías que les permitieran articularse directamente con los trabajadores del sector privado, optaron por una estrategia muy diferente: a partir del año 2019, procuraron instrumentalizar a su favor la infraestructura creada por las iglesias evangélicas y los procesos de politización promovidos por sus líderes.

Al final, esta insólita alianza no terminó de fraguarse. Si bien todavía está por verse cuál será el desempeño de los evangélicos en las próximas elecciones municipales, el intento de convertirlos en aliados no logró neutralizar la nueva legislación antisindical.

Ciertamente, el PLN, al legislar ahora en contra del sindicalismo estatal, cerró el proceso que abrió en el período anterior a 1978, cuando lo empoderó para contener a los comunistas; pero el costo para la institucionalidad democrática de la nueva legislación antisindical podría ser muy alto, ya que en lugar de frenar el descontento social, quizá lo incentive a discurrir, en el futuro inmediato, por vías cada vez más incontenibles y violentas.

Historia / Iván Molina Jiménez

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Visiones de universidad pública

Por José María Gutiérrez

El año 2019 fue testigo de noticias, discusiones y análisis diversos alrededor del tema de las universidades públicas. Quizá como nunca antes estas instituciones de educación superior estuvieron en la palestra de la opinión pública, la agenda legislativa, los medios de comunicación y diversos sectores de nuestra sociedad. Ese protagonismo permitió que afloraran concepciones variadas y contrapuestas de lo que son, y deberían ser, las universidades públicas en Costa Rica. Por la importancia de estas instituciones, conviene analizar críticamente algunas ‘visiones’ de universidad que se manifestaron el año pasado y proponer otras alternativas de mayor amplitud.

Emerge en este escenario una primera visión, que se podría considerar más bien una ‘anti-visión’. Es la perspectiva de diversos sectores de la prensa y de la clase política, así como de ciertos entornos empresariales. Son quienes no aprecian la relevancia de las universidades públicas en la vida nacional y más bien procuran disminuir a toda costa su dimensión y su aporte. Empujan una agenda tendiente a reducir el presupuesto asignado a las universidades, cuestionan su papel en la vida del país y promueven una ‘minimización’ de las mismas.

En este contexto, se ha gestado una campaña mediática sin precedentes de desprestigio contra las universidades públicas. La educación superior, desde esta perspectiva, debe recibir cada vez menos apoyo del estado y reducir su injerencia en el acontecer nacional. Para esta ‘anti-visión’, el escenario ideal en la educación superior debería apuntar a la reducción de estas instituciones y el consecuente fortalecimiento de la educación superior privada.

Dentro de los sectores que valoran el aporte de las universidades públicas, existe una segunda visión, que se podría calificar de ‘profesionalizante’. Es la perspectiva que comparten quienes ven a estas instituciones básicamente como una fuente de formación de profesionales. Es decir, enfocan en la función docente el eje central del trabajo universitario, de manera casi excluyente.

Es cierto que, desde la fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y de las demás universidades públicas a partir de la década de 1970, el aporte de amplios contingentes de profesionales ha constituido una misión esencial de estas instituciones y un aporte fundamental al país. Las universidades públicas continuarán siendo centros de formación profesional de alto nivel, y requieren depurar continuamente su oferta académica docente para adaptarse a la evolución de las disciplinas, la aparición de nuevas áreas de estudio y las necesidades del país.

Pero esta visión ‘profesionalizante’ se queda corta puesto que, desde el siglo XIX, sobre todo al calor de las reformas académicas impulsadas en las universidades alemanas y luego difundidas en otros países, la función de formación de profesionales se vio complementada por la de generación de conocimiento a través de la investigación. Fue así como surgió el concepto de ‘universidad de investigación’ (research university).

A partir de esos procesos, la investigación científica y tecnológica en todos los campos del conocimiento ha sido una marca indeleble de las universidades públicas y es uno de los principales aportes de estos centros de educación superior a la sociedad. No es casual que las universidades públicas de Costa Rica sean, sin duda, el principal reservorio de ciencia y tecnología del país. Entonces, a la misión ‘profesionalizante’, nuestras universidades le han agregado la de generación de conocimiento original, en todas las disciplinas, como una de sus funciones esenciales.

Esta característica se pierde de vista con frecuencia entre quienes cuestionan el papel y el desempeño de estas instituciones. Lo anterior se hace evidente cuando se efectúan análisis de la ‘eficiencia’ de las universidades en términos exclusivos de cuántos profesionales gradúan y cuál es el costo promedio por profesional graduado, omitiendo que buena parte del presupuesto universitario se dirige a labores de creación y generación de conocimiento, o sea a la investigación. Igualmente resulta paradójico que sectores políticos que repiten la retórica de que el país requiere un desarrollo basado en el conocimiento sean los que cuestionan la asignación de presupuestos a estas instituciones, afectando precisamente los principales nichos de ciencia y tecnología del país.

Además, las universidades públicas han agregado otra dimensión que se suma y complementa la formación de profesionales y la investigación. Se trata del establecimiento de vínculos estrechos con amplios sectores de la sociedad, a través de lo que se conoce como ‘acción social’ o ‘extensión’. En América Latina esta dimensión cobró una enorme vitalidad a partir de la Reforma de Córdoba, en 1918.

Mediante múltiples mecanismos y procesos, las universidades públicas establecen vasos comunicantes con sectores comunitarios, económicos, sociales, culturales e institucionales. Al hacerlo, comparten los saberes generados mediante la investigación y, a la vez, se nutren del conocimiento que emana de la práctica cotidiana en estos sectores, en una auténtica ‘ecología de saberes’. Las universidades han de estar bien sintonizadas con las necesidades variadas y en permanente evolución de la sociedad.

Se tiene, entonces, que la visión ‘profesionalizante’ debe enriquecerse con la generación de conocimiento y la proyección al entorno societario. Se va completando así una perspectiva mucho más rica y compleja de lo que es una universidad pública, lo que se podría llamar una visión ‘integral’.

Ahora bien, cuando se discute esa función de vínculo con la sociedad, emerge, por parte de sectores a lo externo y a lo interno de las universidades, una visión que se podría calificar de ‘económico-reduccionista’. Desde esta perspectiva, el aporte principal de las universidades al país se relacionaría, casi exclusivamente, con la transferencia de conocimiento y la prestación de servicios a determinados sectores del mundo económico productivo, vale decir a las empresas. Aparejado a esto, se promueve que la formación de profesionales se priorice en las carreras que tengan una alta demanda por parte de dicho universo empresarial.

Pareciera estar implícito, en esta visión, que el desarrollo nacional se circunscribe a la esfera económica y que otros ámbitos de la vida del país ocupan una posición subordinada. Se ha llegado a proponer incluso que la eficiencia en el desempeño de las universidades se mida con base en los aportes que las mismas hacen al sector económico-productivo, nada más, omitiendo de esa forma múltiples aportes adicionales que realizan estas instituciones a la sociedad. Llama la atención que esta perspectiva reduccionista sea acogida no solo por sectores políticos y económicos externos, sino también por grupos al interior de las universidades, incluyendo autoridades de algunas universidades.

Esta visión, que parte de un ‘sentido común’ imperante de lo que es el desarrollo, pierde de vista que, si bien el desempeño económico es esencial en la vida nacional y la universidad debe contribuir significativamente a su impulso, el bienestar colectivo y la calidad de vida son fenómenos multifactoriales que incluyen otros aspectos. En última instancia, se trata de crear condiciones en la sociedad que permitan que todas las personas desarrollen sus potencialidades humanas fundamentales. Esto va mucho más allá del crecimiento económico.

Las universidades públicas, en su relación con la sociedad, deben manejar un abanico de interacciones muy amplio. Además de lo económico, se requiere atender muchos otros aspectos de la vida en sociedad, y particularmente prestar atención a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, en procura de la construcción de una sociedad más justa, marcada por la equidad, el respeto a la diversidad y la racionalidad ambiental. Es necesario cambiar la visión estrechamente economicista del vínculo universidad-sociedad por uno de mayor amplitud y sensibilidad.

Esta visión económico-reduccionista con frecuencia se empata con otra de carácter ‘corporativista’ de las universidades públicas, la cual ha adquirido mucha fuerza en la educación superior del primer mundo. Se plantea que, cada vez más, el financiamiento de estas instituciones debe surgir de sus relaciones con el universo empresarial, en sustitución del financiamiento público.

Desde esta perspectiva, las universidades requieren priorizar ámbitos académicos que favorezcan esta interacción y, paralelamente, debilitar espacios universitarios alejados de esta lógica, como las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias básicas y las artes. Las consecuencias de esta tendencia han encendido las señales de alarma a nivel global, ya que se está distorsionando la integralidad universitaria al priorizar solo ciertas áreas del conocimiento y debilitar otras muy importantes. Mal haríamos en Costa Rica en caminar por estos senderos.

Hay otro tema que ha estado casi ausente en las discusiones recientes. Se refiere a la visión de que estas instituciones públicas tienen objetivos que van mucho más allá de temas coyunturales y planes de desarrollo vigentes. Esas necesidades inmediatas deben ser atendidas, pero las universidades aportan al país en un ámbito de mayor amplitud y de más largo aliento. Esto incluye la formación de profesionales que, además de ser técnicamente competentes, sean también personas con formación amplia y con la capacidad de pensar y actuar creativa y críticamente. Que cultiven la sensibilidad, la empatía y la solidaridad, que sean capaces de apreciar la injusticia y promover formas de convivencia más generosas y solidarias.

Aparejado con esto, las universidades públicas cumplen un papel fundamental, que a veces deja de apreciarse, y es el de pensar críticamente la realidad y proyectar luces hacia el futuro, apartando la mirada de las coyunturas del momento para alumbrar a la distancia y otear horizontes más plenos para todas y todos. Tener un ojo en la realidad inmediata, y aportar para que esta sea mejor, mientras el otro mira hacia adelante e imagina escenarios más íntegros, con base en el estudio de la realidad, el pensamiento crítico, la discusión permanente y la creatividad.

Una sociedad democrática necesita que las universidades asuman dicho papel. Esta faceta se alimenta de la libertad de cátedra y de investigación, de la existencia de espacios para el debate y la reflexión, para la discusión abierta y respetuosa de formas diferentes de pensar los temas de la sociedad. Dicha función se suma a las de formación de profesionales, generación de conocimiento y proyección a la sociedad, a partir de lo cual surge una visión ‘integral-humanista’ de universidad pública.

Conviene destacar que esa posibilidad la da, en gran medida, la autonomía universitaria, la cual, pese a estar claramente establecida en la Constitución Política y representar un valor esencial del ethos universitario, se encuentra en un terreno de franco cuestionamiento por algunos sectores. La superficialidad con que con frecuencia se visualiza el concepto de autonomía debe dar paso a una comprensión cabal de lo esencial de este precepto constitucional y filosófico. Sólo una institución que funcione con base en la autonomía es capaz de trascender modas coyunturales y presiones de grupos de interés y de poder, para aportar al país desde esta óptica más amplia.

Frente a las anti-visiones, y a las visiones profesionalizante, económico-reduccionista y corporativista, se requiere fortalecer estas perspectivas de corte ’integral-humanista’, que integren responsable y creativamente la docencia, la investigación y la acción social o extensión, que favorezcan el trabajo interdisciplinario y el respeto a todas las áreas del conocimiento, y que se relacionen de manera amplia, diversa y dialógica con la sociedad en la que se insertan estas instituciones.

Que las universidades públicas sean centros de pensamiento libre y de debate amplio, de visión a futuro, formadoras de profesionales competentes que sean a la vez personas críticas y socialmente comprometidas. Y que estos centros de educación superior tengan la capacidad de aportar a las necesidades del presente, pero también de proyectarse hacia el futuro, en asocio con amplios sectores sociales, para imaginar y promover senderos más generosos por donde transite nuestro país.

 

(*) José María Gutiérrez, Profesor emérito, Universidad de Costa Rica.

Publicado también en http://www.elpais.cr/2020/01/21/visiones-de-universidad-publica/

Enviado a SURCOS por el autor.

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Usurpadores y usureros contrastados

Hernán Alvarado

Anteriormente, evidenciamos a dos personajes maliciosos que vienen desprestigiando la política y la función pública (demagogo y falso periodista)[1]. La democracia tiene otros dos enemigos íntimos: el usurero y el usurpador. El usurero es a la economía, como el usurpador a la política. Los cuatro cortan la rama donde están sentados.

En pensiones, por ejemplo, la prensa condujo a los diputados a aprobar un proyecto técnica y jurídicamente insolvente; vehículo de otro impuesto discriminatorio y confiscatorio. Una vez más, tomaron la pensión como si fuera un salario, para burlar el principio de irretroactividad de la ley; como el abad que un viernes santo bautiza «pescado» a un bistec que se come sin culpa. So pretexto de algunas «pensiones de lujo»[2], atropellaron el derecho adquirido a una pensión digna. Y quieren más. Tema de derechos humanos que enardeció a Francia y que los diputados tenían la obligación de cautelar. Al contrario, obviaron 4 billones de colones de los trabajadores del Magisterio Nacional, desviados por los gobiernos que han incumplido la Ley 2248[3]. Hasta el Presidente se ha desentendido, pese a tener responsabilidad directa. El gobierno propone ahora usar 12.000 millones anuales, de la ley 9796, más la próxima pensión del presidente, no para aliviar el déficit fiscal, sino para combatir la pobreza extrema. ¿Esperará paliar así la causada por su anacrónica, regresiva, y recesiva política económica?

Varios que impusieron esa «contribución especial solidaria», disque por equidad, defienden el peor crimen económico de la humanidad: la usura. Esta corrompe todo sistema, incluido el capitalista, al que vuelve «salvaje». La prosperidad del usurero es la ruina de su cliente. En varios países, esa codicia sin límite es prohibida. Aquí no aplica por falta de una tasa de usura que permita configurar el delito. ¿Cuántas décadas han pasado los prestatarios a expensas de banqueros y prestamistas? Los usuarios de servicios financieros requieren un límite. Para los creyentes del libre mercado sería un sacrilegio, para ellos la tasa de interés es un precio. Según los expertos, la regulación del mercado financiero perjudicará a sus consumidores. Al «defensor» no le preocupa los altos intereses, sino la capacidad de pago del prestatario; así que recomienda «educación financiera» para prevenir sobre endeudamientos. Por su parte, la Asociación Bancaria atemoriza a tarjeta habientes publicando información inexacta. En breve, mejor que la norma contra la usura siga siendo letra muerta.

Más táctico sería poner la tasa de interés más alta posible (que nadie diga que el mercado funciona con promedios). ¿Acaso el 63% recomendado por el Banco Central? La ley sería así perfectamente inocua. El Presidente ha dicho que es un asunto «técnico», así que recomendó a la Superintendencia (SUGEF), que propuso un 43%.

Pero, ningún tema económico es técnico, todos son políticos, y no se vale poner al lobo a cuidar a las ovejas. ¿Y la voz del usuario? Quienes han puesto tope al gasto (regla fiscal), a las pensiones y a las huelgas, ¿temerán ahora topar, en serio, al sector financiero?

En ética de buen usurpador, lo que conviene al poderoso conviene a todos los demás. Eduardo Lizano, siendo Presidente del Banco Central, justificó el «ajuste estructural» diciendo que unos tenían que hacer «clavos de oro» para que el país prosperara. En efecto, prosperó, para ellos; pero Costa Rica se convirtió, como Chile y Colombia, en uno de los más desiguales de América Latina. El usurpador codicia el poder, como el usurero codicia el dinero. Según su credo, el poder es un fin en sí mismo, no un medio. No pertenece a la sociedad, ni al Soberano, como dice la Constitución, sino a su grupo de interés. La democracia del pueblo y para el pueblo es un cuento escolar, como el voto es un cheque en blanco. Al demagogo lo refrena un poco la próxima elección, el usurpador dice, apasionadamente, con Luis XV: «Después de mí el diluvio»; o bien, «La clase política no le tiene miedo al pueblo»[4].

La adicción al poder altera el sentido de realidad, además causa otras distorsiones severas. En Bolivia, una usurpadora cambió la constitución por una biblia para sacar al presidente en ejercicio, quien había ganado las elecciones limpiamente y contaba con indicadores de resultado envidiables. Apoyada, de afuera, por quienes aprecian más la reserva de litio que el sentido de justicia y, desde adentro, por un ejército que impone su fuerza antes que acatar razones superiores. Sin estas, el estado de derecho deviene estado fallido o totalitario. También hay otras formas de usurpación menos grotescas. Sebastián Piñera, por ejemplo, «gobierna» en Chile protegido por un ejército que cuida, ante todo, el patrimonio de los más ricos. El presidente Duque no se inmuta ante las grandes protestas, sostenido por un ejército que también se burla de los derechos humanos. Él contó recientemente, en un programa radial, su conversación con Carlos Alvarado sobre las respectivas impopularidades. Iván Duque en 69% de reprobación, Alvarado en 65%, ambos en caída libre. El colombiano quedó convencido de que su descalabro indica que está cumpliendo con su deber. El costarricense había declarado, tres meses atrás, que «si el criterio de éxito es popularidad sí he fallado», según nota de prensa titulada: «El desplome de la popularidad no preocupa al Presidente Carlos Alvarado». Ya se sabe que su discurso pro derechos humanos, que fuera su carta de triunfo, no incluía derechos políticos ni económicos de los trabajadores. El pueblo no le preocupa porque seguirá amparado en que la revocatoria de mandato, que permitiría destituirlo, también brilla por su ausencia.

El discurso de Claudia Lopez, primera alcaldesa de Bogotá, contrasta superlativamente con esa política de la usurpación. Reconoció las grandes manifestaciones, en el emblemático «Parque de los hippies», como un proceso democrático protegido por la Constitución. Las instituciones deben facilitarlas y atenderlas; ni estigmatizarlas, ni reprimirlas. Ella sabe que no se reducen a una lista de reivindicaciones justas. La gente salió a conversar, en su barrio, donde no llega la escucha ilícita de la «inteligencia» del Estado, sobre la realidad que vive y el país que quiere. ¿Cuántos muros cayeron en esos diálogos espontáneos entre generaciones?

Según la alcaldesa mayor, el pueblo demanda otra política. ¡Cuánto brilla una persona bien preparada para el reto que asume, a diferencia de los oportunistas que pululan por doquier! Reafirmó su voluntad de diálogo solicitando elegir presidente del Consejo a su principal contendiente. Carlos Galán aceptó el desafío con gallardía. Ambos parecen brotes diversos de la misma cultura de paz que viene floreciendo en las plazas, con arte, música y yoga. Enfatizaron que ganar una elección, o un puesto, no da derecho a decidir a espaldas, o en contra, de la ciudadanía. La vieja política tiene allá sus días contados, ya no más «elíjame y véame hacer bien lo que me da la gana». Lección de oro, siempre viva, para quien quiera aprenderla. Obligada para quienes ofrecen «acción ciudadana», en Costa Rica, sin honrar lo que significa.

[1] https://surcosdigital.com/privilegiados-enemigos-de-la-democracia/

[2] La prensa ha informado que la Sala III confirmó culpable de un fraude de $41 millones, a Carlos Roberto Loría, principal inventor del término.

[3] Según un estudio actuarial revelado por Roger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. La Nación, pág. 6A.

[4] Palabras de la diputada liberacionista, Yorleny León, que olvidan que Luis XVI, conoció la guillotina en Francia, el 23 de enero de 1793, en la antigua Plaza Luis XV.

 

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