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Ecologistas ganan batalla contra los transgénicos

Lucha sigue pero ahora es posible presentar oposiciones a permisos

FECON - Procuraduría profundiza criterio contra reglamento de transgénicos

La Sala Constitucional ha determinado que la manera en la que se otorgan los permisos para liberar transgénicos en Costa Rica es inconstitucional, pues viola los derechos de todas las personas.

Tras la Acción de Inconstitucionalidad (12-017013-0007-CO) presentada por diversos grupos ecologistas y productores el 12 de diciembre de 2012 contra el Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado, señalando que este viola los derechos de toda la población costarricense al manejar de manera confidencial la información técnica que ha servido de base para autorizar la liberación de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional; la Sala ha dado la razón sobre las violaciones a la Carta Constitucional.

Con ello, se garantiza que los procedimientos para la autorización de transgénicos de ahora en adelante sean accesibles para todas las personas, lo cual permitirá presentar oposiciones para garantizar que el cultivo de estos organismos no se oponga al equilibrio de los ecosistemas ni la salud de las personas. Adicionalmente, los permisos que se encontraban en trámite –para liberar maíz transgénico- no se pueden otorgar, hasta no ajustar la norma a las disposiciones de la Sala y garantizar que los interesados cumplan con los nuevos requerimientos que se establecerán.

 

La lucha sigue

La resolución 2014-15017 solamente representa la victoria en uno de los frentes de lucha en la guerra contra los transgénicos. Se reconoce que los alcances de esta sentencia no detienen, de manera definitiva, las posibilidades de liberar transgénicos en el país. Sin embargo, resulta un antecedente importante para demostrar que los intereses de las empresas vinculadas a esta actividad –entre ellas la transnacional Monsanto que tramitaba permiso para sembrar maíz – han sido beneficiados con el otorgamiento de permisos en contra de los derechos fundamentales de toda la población.

Desde el movimiento ecologista hacemos un llamado a seguir con los esfuerzos dirigidos a la paralización total y definitiva de la liberación de transgénicos al ambiente; especialmente, sobre el decreto de moratoria nacional y el proyecto de ley sobre el mismo tema.

 

Información enviada a SURCOS Digital por presidencia de FECON y Graciela Blanco Martén.

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Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas

Reunión 17 de setiembre en SERPAJ

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas

El COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA, que desde su formación en el 2009, ha estado integrado por Organizaciones y Movimientos Sociales (Sindicatos, Ecologistas, Federaciones y Asociaciones Estudiantiles Universitarias, Pastorales de distintas Iglesias, Mujeres, Derechos Humanos – Paz y No Violencia, Humanistas y Asociaciones de Profesionales entre muchas otras), en nuestra última reunión los Movimientos y Organizaciones que hemos continuado reuniéndonos, hemos decidido CONVOCAR a una amplia reunión de Organizaciones y Movimientos Sociales para el próximo miércoles 17 de setiembre a las 5:00 p.m. en las oficinas del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia-CR).

Las razones por las que hacemos esta convocatoria son parte de nuestra preocupación, que se origina en una “campaña” de ataques, desinformación e incluso acusaciones infundadas y temerarias, tanto contra líderes indígenas miembros del FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI), así como contra Organizaciones miembro del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía.

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas2

En razón de los últimos hechos de violencia contra la Comunidad Indígena de Salitre (quema de casas, agresiones físicas e indígenas heridos, comunidad sitiada y amenazas), promovida por terratenientes NO indígenas con la complicidad y apoyo de empresarios y algunas autoridades de la zona, se realizaron dos Misiones de Observación del OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA (ODHAIN), que en sus informes reitera una persistente violación de Derechos Humanos contra el Pueblo Bribri de Salitre a pesar de que las leyes y los tratados internacionales, así como las resoluciones judiciales amparan sus derechos. La falta de cumplimiento de esos derechos, en mucho responsabilidad del Estado, permite la usurpación del territorio indígena y las agresiones violentas en contra de sus habitantes.

Desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía, el FRENAPI, junto con el ODHAIN hemos denunciado esta situación, y por esa razón estamos siendo perseguidos con campañas difamatorias y amenazas de agresión si continuamos apoyando la lucha por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas3

Para ampliar los detalles de esta situación, es que les convocamos de manera URGENTE para este miércoles 17 de setiembre, con el fin de analizar juntos las alternativas que podamos impulsar con el fin de impedir y prevenir nuevas y mayores agresiones que atenten contra personas, Organizaciones y Movimientos Sociales, como un mal precedente.

Contamos con ustedes, les esperamos, SITA: Oficinas de SERPAJ –CR, 25 metros Sur de FONABE, (Fondo Nacional de Becas), frente línea férrea. Entre Avenidas 10 y 12, Calle 13, Casa #1081. OTRA DIRECCIÓN: De la parada de Buses de Turrialba, por la Corte, 275 metros Sur, sobre línea férrea. Teléfono 22-23-44-72.

 

Fraternalmente,

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

 

Información enviada a SURCOS Digital por Diego Molina y Marcela Zamora-Cruz.

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Las luchas por el agua, por parte de las comunidades guanacastecas

Valoran control de constitucionalidad para Ley de Recursos Hídricos2

Sergei Moreno*

 

El agua es uno de los líquidos más importantes en el desarrollo humano, la conservación de muchas especies depende del vital recurso hídrico. Por lo que en los últimos años este ha pasado a ser el causante de muchos conflictos entre las comunidades y las empresas hoteleras e inmobiliarias, pues se ha desatado una “guerra por el agua” (Shiva, 2004). Los empresarios quieren tener acceso al uso desmedido del vital recurso como medio de desarrollo económico. Recientemente, la comunidad de Playa Potrero; esto en Guanacaste, lugar donde intereses políticos /económicos que siguen una lógica capitalista y colonizadora de las riquezas que poseen las comunidades, enfrento una nueva invasión e intento de apoderarse de una de sus tantas riquezas(el agua), por parte de empresas, claramente apoyadas por políticos/as. Cabe destacar este ha sido un proceso de larga duración, que pareciera su inicio es 1492, momento en el que este proyecto de conquista,(el más importante por parte de la corona española); y que a lo largo de la historia se ha buscado saquear, explotar y exterminar la formas diversas de organización comunales y al manejo que hacen las comunidades de los recursos naturales y se ponen en las manos de los capitalistas que sin dudas como ya ha quedado demostrado las comunidades solo reciben las sobras de los recursos que en primer instancia, les pertenecían. Playa Potrero estuvo dispuesta a dar la lucha en contra de los constantes intentos por colonizar las riquezas de la comunidad, las mujeres tomaron un papel protagónico y en contra de todo pronóstico social, salieron a las calles y con pancartas en manos junto a sus hijos/as y maridos, no estuvieron dispuestas/os a rendirse hasta obtener una respuesta positiva para la comunidad. “El agua es para las comunidades” (Moreno, 2014), fue el lema de todas las luchas realizadas por la comunidad en la congruente, constante y valiente decisión de no permitir más saqueos a la zona. Pero en la actualidad donde hay una fuente de agua, esta también una mina de oro para los capitalistas.

El proceso de “mercantilización” (Marx) del agua, en las últimas décadas ha crecido de forma acelerada, ante esta situación ha habido un despertar en las organizaciones de carácter rural/comunitario, en las que se han atrevido a desafiar al poder económico, político e intelectual que atenta contra la autonomía de los pueblos y que sigue desarrollando su proyecto impositor a como mejor les conviene. El despertar apenas inicia y el espíritu del “indio” guerrero Chorotega, parece aun seguir vivo, y estar dispuesto a proteger sus territorios, “no estamos dispuestos/as a desaparecer por completo” (Dionisio, 2014) fueron las palabras de un indígena Chorotega en una reciente conferencia realizada en Playa Potrero. Sus formas de producción en general y sobre todo los recursos naturales, a los que tanto aprecio y apego expresan, “no nos rendiremos seguimos en pie de lucha”, es el lema, meses después de enfrentar una de las luchas más fuertes en la defensa del agua. Es evidente que estas “luchas por el agua”, apenas inician lo que se aproxima sin afán de ser pesimista será mucho más difícil de enfrentar por parte de las comunidades. Una famosa frase expresada por (Galeano, 1971, p.17); “La peor desgracia de américa latina fueron sus propias riquezas…”, parecen repetirse y en este documento quisiéramos pensarnos sobre si las desgracias que vive el pueblo guanacasteco, tales como la pobreza, el desempleo y los diversos intentos de saqueo de las enormes riquezas naturales que contienen sus tierras; incluidas sus fuentes de agua, se deben a esa aparente maldición de contar con riquezas innumerables. Sin embargo los sistemas políticos/económicos y sociales parecen presentarnos un Guanacaste pobre, ante esto es importante rescatar una frase expresada recientemente por el ahora diputado por esta provincia: “Guanacaste no es pobre, nuestras tierras han sido empobrecidas…”(Vargas, 2014); pese a esto las empresas inmobiliarias de la zona siguen diciendo que son los vecinos de las comunidades; esto en el caso de Potrero, los/las responsables de que otros/as, se lleven las riquezas y así lo expresaron en un reciente conversatorio sobre el tema del cuido de las aguas en la comunidad, al decir: “uno como empresa , que puede hacer; si la gente que llega a pedirle trabajo no le sirve, entonces nos queda solo traer a las personas que nos sirven…”(Hoteles Bahía del sol y Conchal).Ante el irrespeto a la autonomía de los pueblos Guanacastecos y sus formas de organización, producción e identidad , las/los habitantes se han organizado. Las comunidades ante los ojos de muchos/as, parecen estar quietas y en un silencio frente a las situaciones que se enfrentan , pero al llegar a las zonas con ideas impositoras y ajenas al pensamiento de los pueblos estos parecieran despertar y alzar la voz , las manos y hasta su fuerza con el afán de defender, lo que para otros/as es una forma de recibir ganancias económicas, pero para las comunidades es parte de sus vidas, de lo que son y de lo que se sienten en la responsabilidad de proteger .Sin dudas faltan muchas cosas por hacer, sin embargo las acciones emprendidas por la comunidad de Playa Potrero y otras zonas de esta provincia son alentadoras y parecieran apuntar un futuro prometedor, como bien dice uno de los miembros comunitarios: “A ataques inesperados, luchas organizadas…”(Morales,2014).

En conclusión las comunidades se están empoderando y eso es el reflejo del despertar que antes hemos mencionado, aunque los ataques continúen, ahora tenemos esperanza en una comunidad que no está dispuesto a rendirse y dejar que desaparezcan sus verdaderas raíces, las cuales han estados amenazadas a lo largo de la historia por un proyecto colonizador que aun continua vigente.

 

*Estudiante de sociología de la Universidad Nacional De Costa Rica

Correo-e: morenofajardos@gmail.com

Publicado originalmente en http://primeroennoticias.com/2014/09/08/opinion-las-luchas-por-el-agua-por-parte-de-las-comunidades-guanacastecas/

 

Compartido mediante SURCOS Digital por James Siu.

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Una política participativa para resolver problemas de pequeños agricultores

La política agrícola con la participación de foros regionales1

German Masís,

Académico de la Escuela de Economía

UNA

Cuando se presentó la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, la entonces Ministra afirmó que “la estrategia se aplicará en los próximos cuatro años, pero también debe ser a largo plazo y que trascienda los gobiernos”,  también señaló que la prioridad “son los pequeños agricultores, muchos de ellos dedicados a la agricultura familiar, y el reto es llevarlos a producir con una perspectiva de negocio”.

“Ese sector incluye a paperos, cebolleros, arroceros, horticultores y otros cuyos rendimientos por hectárea se estancaron desde hace años, enfatizó.”  Agregó, “La estrategia del sector agrícola estatal para estos cuatro años pretende elevar el nivel de vida de los productores “vulnerables”, mediante su introducción en los circuitos comerciales”.

Pero “el objetivo no es trabajar con una parcela o una finca, sino mediante la gestión del territorio rural. Por eso, este programa se realizará con un trabajo en los 15 cantones prioritarios del país por sus niveles de pobreza… lo que implica focalizar los recursos disponibles”.

Sin embargo, “reconoció que en el MAG y el sector agrícola hay una estructura institucional muy pesada y que lleva muchos años haciendo lo mismo, pero igualmente fue clara en que el reordenamiento de las entidades no es una prioridad actual.(MAG anuncia prioridad en agricultores vulnerables LN 31-5-2010).

Esta referencia de hace 4 años,  cuando se presentó la política agropecuaria, pone en evidencia  la ambigüedad y la inconsistencia con que se ha formulado la política agrícola del país.

Como se puede observar la misma se mueve entre el corto (4 años) y el mediano plazo, entre la prioridad en grupos vulnerables y  el énfasis en la agroexportación,  entre la política productiva y la política social, entre la dirección política del MAG y el abandono de la institucionalidad del sector y entre la formulación de la política y el divorcio con los actores de la actividad agrícola y sus necesidades.

La política agrícola con la participación de foros regionales2

Por eso, en esa ocasión los representantes de las organizaciones de agricultores y de las entidades del sector, indicaron serios cuestionamientos a la política y en particular sobre las posibilidades concretas de ejecución y sobre los recursos y la capacidad institucionalidad para obtener resultados.

“Grupos agrícolas, ex ministros y el Colegio de Ingenieros Agrónomos cuestionaron que no se definiera cómo se concretarán y financiarán las políticas agropecuarias del 2010 al 2021, presentada por el Gobierno”.

El Presidente de Upanacional, opinó que al menos “veo buena voluntad por poner el tema agrícola en la agenda del Gobierno”, el presidente de la Cámara de Agricultura, “lo calificó como un intento de pensar, por lo menos, a largo plazo en la agricultura.” y el Presidente del Colegio de Agrónomos dijo que “La duda es el cómo y con qué instituciones se va concretar esta propuesta”.  (Grupos agrícolas cuestionan efectividad de nuevas políticas 1-10-2010).

Luego de concluida la Administración 2010-2014, el seguimiento a la problemática del sector permite establecer que se ejecutó muy poco de la política presentada (de la cual se desconoce si ha habido alguna evaluación), que el apoyo efectivo a los grupos vulnerables fue muy escaso, que casi no se logró mejorar su nivel de vida, que la pobreza en las zonas rurales creció y que los cambios en las instituciones del sector fueron ínfimos, en consecuencia que las acciones mencionadas no lograron modificar la situación de exclusión de la pequeña producción.

El nuevo Gobierno, se enfrenta al desafío de hacer lo mismo que las anteriores administraciones o impulsar un cambio como lo prometió en campaña. En la propuesta de política 2014-18 manifestó que “dará un fuerte apoyo a la pequeña y  mediana agricultura,  impulsará una política de seguridad alimentaria, fomentará formas novedosas de comercialización (que incluye el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional, de los mercados regionales y las ferias del agricultor), promoverá las agroindustrias rurales y  reactivará el Consejo Nacional de Producción como una institución estratégica para la seguridad alimentaria”.(PAC.Política Agrícola 2014-2018).

Un grupo de ex profesores de Ciencias Agrarias y Sociales de la UNA está elaborando con la participación de los foros regionales de organizaciones agrícolas, una propuesta concreta y pragmática para el Fortalecimiento de la pequeña producción agro alimentaria para el mercado interno, que incluye un conjunto de acciones sobre alternativas de comercialización, innovación tecnológica, financiamiento, gestión de servicios y desarrollo agro industrial, que se pueden comenzar a ejecutar de inmediato y evaluar cada seis meses para cambiar la situación de la pequeña producción nacional.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997

Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales

Nicolás Boeglin (*)

 

Introducción

El pasado 17 de agosto del 2014, entró oficialmente en vigor la «Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación» adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 (ver texto completo). Ello obedece al hecho que en esa fecha se cumplieron los 90 días posteriores a la ratificación número 35 (la de Vietnam, obtenida el 17 de mayo del 2014), tal y como lo establece el texto de este tratado internacional, en su artículo 36.

Han sido muchos años de espera para los que pretendieron lograr, pocos años después de la adopción de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, que los miembros de la comunidad internacional aceptaran, en un instrumento a vocación universal, un mínimo de reglas (incluyendo las de carácter ambiental) para permitir una gestión y aprovechamiento conjuntos y armoniosos entre Estados de cuerpos de agua compartidos.

 

Un instrumento novedoso

Se trata de un instrumento internacional que, como viene siendo la práctica cuando se intenta explorar un ámbito nuevo del derecho internacional, recurre a la técnica de la convención marco (“convention-cadre” en francés o “framework convention” según la denominación en inglés): esta expresión refiere a un tipo de convención, usualmente utilizada en materia de salud, energía, transporte y protección del ambiente, que sistematiza un conjunto de principios generales que puedan servir de base para establecer una cooperación entre Estados. Se les reconoce a estos últimos un margen de maniobra para detallar y finiquitar en acuerdos posteriores más específicos, y con reglas mucho más precisas, el contenido de esta cooperación. “The character of an agreement as a framewok is mainly established by the decision of the contracting parties to delegate questions that are relevant for achieving the agreement´s objective to additional regulations” (Nota 1).

En el caso de la Convención de 1997, el conjunto de reglas ofrecido pretende servir de base para facilitar la cooperación entre Estados en todo lo relacionado a la gestión, aprovechamiento, uso y protección de los cursos de agua internacionales. Uno de los primeros artículos (el artículo 3) refiere precisamente (y de manera sumamente detallada) a los acuerdos bilaterales o regionales preexistentes o a los que los Estados quisieran adoptar con posterioridad a esta Convención: el artículo 3 es uno de los artículos más extensos de la Convención, con 6 incisos. Además de evidenciar la preocupación de los Estados con relación a los efectos de esta Convención sobre acuerdos previos, este artículo 3 también confirma el carácter de “acuerdo marco” antes mencionado de la misma.

El conjunto de reglas generales recogido parte de una noción mucho más integral que la clásicamente usada de «rio internacional» o de «río fronterizo» al definir su artículo 2 la noción de «curso de agua internacional» de la siguiente manera: «A los efectos de la presente Convención: a) Por «curso de agua» se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por «curso de agua internacional» se entenderá un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos;». Como se puede apreciar, esta definición va más allá que la de un caudal de agua contenido en el cauce de un río (o la de la superficie lacustre en el caso de un lago), y se extiende tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. En consonancia con este esfuerzo, podemos citar, a modo de ejemplo las recientes iniciativas en España para delimitar oficialmente “la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países” (ver artículo 3 del Real Decreto 125/2007 – 2 de febrero del 2007-, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas en territorio español).

La convención establece una serie de principios generales (los artículos 5 a 10) que deben guiar a los Estados de un curso de agua internacional en la gestión y en el aprovechamiento de este, varios de ellos muy similares a los adoptados en la Convención de Helsinki de marzo de 1992 (Nota 2). Por ejemplo, el artículo 7 sobre la obligación de no causar daños sensibles indica: “1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua. 2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos daños y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización”.

La lectura (y relectura) del artículo 7 y de algunos otros artículos posiblemente llame a la memoria un sin fin de controversias acaecidas en los últimos años entre Estados ribereños de un río internacional, o que comparten una cuenca hidrográfica en diversas partes del mundo. Muchos de estos conflictos no encuentran solución satisfactoria debido al uso de nociones jurídicas que limitan un enfoque necesariamente integral, que conlleva cualquier intento de regular un recurso como el agua: a este enfoque precisamente recurre la técnica jurídica en materia de protección del ambiente.

 

Un instrumento casi ignorado en América Latina

Al consultar el estado de firmas y ratificaciones según la tabla oficial de Naciones Unidas (disponible aquí), resulta llamativo que el continente que concentra mayores recursos hídricos, que cuenta con una interesante práctica en materia de acuerdos bilaterales o regionales en la materia (Nota 3) y en el que se contabilizan una gran cantidad de fronteras internacionales localizadas en ríos fronterizos (o cuencas hídricas compartidas) esté prácticamente ausente de dicha tabla: nos referimos a América Latina. Una firma de Venezuela (1997) y una de Paraguay (1998) parecieran ser los únicos «logros» obtenidos durante 17 años de diversas campañas a favor de su ratificación promovidas por diversas organizaciones regionales y ONG en un (también sin fin …) número de foros y reuniones en la región. A la fecha, ningún Estado de América Latina es parte a este instrumento, ya que, como bien se sabe, además de firmar un tratado, hay que ratificarlo. Una evaluación rigurosa (y ojalá crítica) de las distintas campañas de ratificación realizadas por algunas organizaciones se impone, ya que raramente se ha observado un impacto tan limitado de una campaña en favor de la ratificación de un instrumento a vocación universal.

Independientemente de su entrada en vigor, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho referencias expresas en su jurisprudencia a los principios contenidos en esta Convención adoptada en 1997: lo hizo incluso en el mismo año de 1997, con ocasión del asunto de la represa Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia, sentencia del 25 de septiembre de 1997) (Nota 4). Cabe recordar que el texto de la Convención es el resultado de más de más de 20 años de arduas discusiones en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), órgano técnico encargado de codificar las reglas del derecho internacional público según el organigrama de las Naciones Unidas: los inicios de los trabajos sobre este tema en el seno de la CDI datan de 1974, y el anteproyecto de Convención fue aprobado por este órgano tan solo en 1994. Durante esos 20 años, la CDI tuvo siempre la ocasión de contraponer los avances de su proyecto con las posiciones oficiales defendidas por los Estados, en las valoraciones de estos al texto propuesto, expuestas anuallmente en el seno de la VI Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de 1994, año en que fue aprobado el anteproyecto por parte de la CDI, los Estados miembros de Naciones Unidas conformaron, en el seno de la VI Comisión antes mencionada, un grupo de trabajo inter-estatal. Lograron adecuar el texto para garantizarle una adopción final mediante la resolución A/RES/517229 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta última resolución fue adoptada en 1997 por 103 votos a favor, 3 en contra (Burundi, China y Turquía) y 27 abstenciones. Por parte de América Latina votaron a favor: Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Se abstuvieron los siguientes Estados de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Por su parte, Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aparecen entre los «No shows» que sumaron en total 52 Estados: se trata de un número extremadamente elevado para la práctica usual en materia de votaciones en el seno del órgano plenario de las Naciones Unidas (ver detalle del voto).

 

La protección de un curso de agua internacional

La Parte IV de esta convención (reglas aplicables a cursos de agua internacionales en materia de protección del ambiente) constituye una útil herramienta para Estados partes a una cuenca hidrográfica compartida. Varias de esas reglas pueden ser interpretadas como un eco cercano a lo dispuesto en la Declaración de Río de 1992. La formulación de estas reglas puede ser contrastada con las reglas enunciadas por la CIJ en el caso de las Plantas de Celulosa (Argentina c. Uruguay, sentencia de abril del 2010): este caso, resuelto de manera sumamente cuestionable – y cuestionada – por parte de los jueces de la CIJ, recientemente dio lugar a tensiones entre Argentina y Uruguay que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en este artículo. De la misma manera el contenido de la Parte IV de la Convención deberá ser comparado con las reglas que sean enunciadas por parte de la CIJ con ocasión de los dos casos que enfrentan a Costa Rica y Nicaragua con relación al Río San Juan: el asunto del dragado del río, con la demanda interpuesta por Costa Rica en el 2010 contra Nicaragua; y la denominada «trocha fronteriza» construida por Costa Rica, objeto de la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2011 contra Costa Rica. Ambos contenciosos fueron objeto de una inusual – e inédita – “unión” por parte de los jueces de la CIJ en el 2013 (Nota 5) a solicitud de Nicaragua. Tuvimos de igual manera la posibilidad de analizar en su momento el proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas en Costa Rica desde la perspectiva de las implicaciones (para Costa Rica) de las regulaciones internacionales sobre recursos hidrográficos compartidos (Nota 6).

 

Conclusión

Como suele a veces suceder en algunos campos de la ciencia jurídica, el derecho internacional tiende a modernizar de manera mucho más ágil que el derecho nacional un marco jurídico existente, ofreciendo a los Estados una útil herramienta para guiarlos en álgidos campos donde deben encontrar soluciones de manera conjunta y consensuada. Es el caso de la Convención de 1997 sobre cursos de agua internacionales. Por ejemplo, dos Estados partes a esta Convención, España y Portugal, han entendido de manera muy clara la invitación a la cooperación que les extiende la Convención de 1997: han logrado encontrar en ella una valiosa guía para el aprovechamiento, gestión y protección comunes de las numerosas cuencas hidrográficas que comparten, sean estas superficiales o subterráneas: la Convención de 1997 ha servido de motor para articular una impresionante lista de acuerdos técnicos de aprovechamiento y de cooperación de las aguas superficiales y subterráneas que ambos Estados comparten. Leemos incluso que el primero de ellos, el convenio de Albufeira de 1998 titulado “Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas” resulta de la influencia directa del texto de 1997 al precisar el autor de un artículo reciente que: “…Finalmente tras cinco años de intensas negociaciones técnicas y diplomáticas, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, se firmó en la ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor en el ordenamiento jurídico de Portugal y España el 17 de enero de 2000. No hay dudas de que ha sido claramente influenciada por la Convención de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York, en 1997, sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (Nota 7).

Es de esperar que esta entrada en vigor reciente sirva también para inspirar a muchos Estados y los incite a ratificar este instrumento internacional. Ello en aras de facilitar, en acuerdos posteriores, la gestión conjunta de muchos cursos de agua internacionales, en particular en América Latina.

 

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Nota 1: Véase MATZ-LUCK N., “Framework conventions as a regulatory tool”, Goettingen Journal of International Law, 2009, Vol. 3, pp. 439-458, p. 441. Disponible aquí.

Nota 2: Véase artículo publicado en el Anuario de Derecho Internacional (ADI), en el año 2000, sobre el Convenio de Helsinki: TORRES CAZORLA M.I., «Otra vuelta de tuerca del derecho internacional para regular los cursos de agua internacionales: el convenio de Helsinki de 17 de marzo de 1992», disponible aquí.

Nota 3: Véase estudio publicado por la CEPAL de QUEROL M., “Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos”, CEPAL, 2003. Disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo: RODRIGUEZ HERNANDEZ J.I., “La aportación del asunto Gabcikovo-Nagymaros al derecho internacional del medioambiente”, disponible aquí.

Nota 5: Véase nuestro modesto análisis, BOEGLIN N., “Costa Rica /Nicaragua et CIJ, Une procédure incidente revisitée: la jonction d´instances”, Publicado en el Boletín Sentinelle de la Société Francaise pour le Droit International (SFDI), Mayo 2013. Disponible aquí. Lo inaudito se mantuvo unos meses después con el rechazo por parte de la CIJ de solicitudes de ambas partes de modificar la medida provisional ordenada el 8 de marzo del 2011, rechazo que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en esta pequeña nota en Elpais.cr (edición del 10/08/2013).

Nota 6: Véase nuestro artículo BOEGLIN N., «Minería química a cielo abierto en el trópico húmedo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: el proyecto minero Crucitas y sus implicaciones internacionales», Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional, Perspectivas, Julio 2009 disponible aquí. Con posterioridad al histórico fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre del 2010, se analizó el tema desde la perspectiva de los acuíferos transfronterizos en un breve artículo, titulado “Acuíferos transfronterizos: respuestas desde el derecho internacional y vacíos en Centroamérica”, Boletín Geológico y Minero (España), 2012, disponible aquí.

Nota 7: Véase OLIVEIRA DO PRADO R.C., “La obligación de cooperar en la gestión de cuencas hidrográficas internacionales. El caso del convenio de Albufeira analizado a la luz del derecho internacional del medio ambiente”, Revista Monfragüe (España), 2012. Disponible aquí.

 

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Declaración: Israel, crímenes de guerra y lesa humanidad

Llamado al BDS para el cese del genocidio en Gaza2

Segunda declaración de la Asociación Americana de Juristas relativa a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino

CONSIDERANDO:

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reitera su declaración del 15 de julio de 2014 y sus pronunciamientos sobre las políticas de apartheid y genocidio practicadas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, la criminal agresión de Israel a Gaza y la ocupación de los territorios palestinos incluyendo Jerusalén este.

Como la AAJ, múltiples organizaciones y miembros de la comunidad internacional han realizado llamados a la paz, exigido el cese del fuego y denunciado a Israel por su criminal ataque al pueblo palestino, la ocupación ilegal y la instalación de miles de colonos israelíes en la franja de Gaza y Cisjordania.

Entre las organizaciones que han dado la voz de alerta se encuentran la Cruz Roja/Media Luna Roja y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), quienes han sufrido directamente los ataques sistemáticos e indiscriminados, incluyendo las escuelas y albergues bajo la administración de UNRWA. Israel viola impunemente las Convenciones de Ginebra, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en especial el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Derechos del Niño.

A la fecha de la publicación de esta declaración, desde que comenzó la ofensiva israelí 2,008 palestinos han muerto, de los cuales 471 son niños y niñas. Según informes del Centro Palestino de Derechos Humanos con sede en Gaza, el número de desplazados asciende a 520,000 civiles de una población de 1.8 millones.

El ataque premeditado al personal de la ONU y a los voluntarios de la Media Luna Roja y contra la población civil, constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad, pues, incluso existen los elementos que configuran el crimen de genocidio, especialmente porque la población está cercada y sitiada por las tropas, tanques y armamento pesado de guerra israelí, con el apoyo de potencias occidentales, especialmente de los EE.UU.

El Convenio para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio en su art. II, no sólo prohíbe causar la muerte (inciso a), el daño físico y mental (inciso b), sino hacerlo de forma deliberada a un grupo particular (inciso c). Una clara y brutal expresión de esos propósitos es el llamado de una diputada israelí al asesinato de las mujeres palestinas, para evitar que procreen.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su sesión especial vigésimo primera, reunida para examinar la situación de Gaza, votó por amplia mayoría la constitución de una comisión de investigación sobre las violaciones en la zona. El voto en contra lo emitió Estados Unidos, que se ha caracterizado por obstaculizar y vetar los intentos de investigación y cualquier resolución en contra de Israel.

El Comité de Derechos del Niño hizo un llamado urgente el 25 de julio a que se detuviera la “espiral de violencia, se protegiera a los civiles (en particular a los niños) y se sentaran las bases para una paz sostenible”, aparte de apoyar la decisión del Consejo de Derechos Humanos a realizar una investigación.

Como Estado Miembro de la ONU, Israel está obligado a cumplir con la Carta (arts. 55 y 56) y a someterse a las Cuatro Convenciones de Ginebra que incluye las garantías contra las violaciones graves (Convención de Ginebra I, art. 50; la Convención de Ginebra II, art. 51, la Convención de Ginebra III, art. 130, la Convención de Ginebra IV, art. 147), las cuales tratan sobre la protección a la vida, trato inhumano y demás derechos fundamentales en tiempos de conflicto armado, particularmente las garantías fundamentales incluidos en la Cuarta Convención y el Art. III Común que disponen la protección a civiles, y especialmente en territorios ocupados (CG IV, arts. 49 (desplazamientos forzados), 50 (protección a niños); el art. 43 de las Regulaciones de la Haya. Se obligó también (pacta sunt servanda) a cumplir y hacer cumplir las garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 6(1) sobre el derecho a la vida, el art. 4(2) que dispone que este derecho fundamental es “no-derogable” ni siquiera en tiempos de urgencia), así como también con el Convenio de Derechos del Niño(a).

POR TANTO, la AAJ:

1. Condena enérgicamente las acciones de Israel que violan no sólo la Carta de la ONU y la Declaración Universal sino los demás instrumentos básicos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Cuatro Convenciones de Ginebra, además del Convenio de Derechos del Niño(a) y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Insta a los organismos internacionales a que adopten sanciones contundentes contra el Estado de Israel que impidan la continuidad de sus crímenes contra el pueblo palestino.

3. Hace nuevamente un llamado urgente a la comunidad internacional, a reclamar que Estados Unidos cancele en forma inmediata la ayuda económica y militar que brinda en forma permanente a Israel para sus agresiones a Palestina.

4. Reitera una vez más que la paz en el Medio Oriente requiere el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:

a. al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados palestinos, incluyendo el este de Jerusalén por parte de Israel;

b. el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales;

c. el derecho al retorno de los refugiados palestinos;

d. el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica;

e. la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables.

5. Apoya las acciones tomadas por varios países latinoamericanos–Brasil, Chile, El Salvador, Ecuador y Perú–llamando a consulta a sus respectivos embajadores y considerando los próximos pasos a tomar; las acciones tomadas a través de los años por varios países– Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia– suspendiendo relaciones diplomáticas con Israel y el comunicado de MERCOSUR en la Cumbre Presidencial, condenando enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israelí en la Franja de Gaza.

6. Insta al resto de América Latina y el Caribe a reconsiderar sus relaciones bilaterales (y regionales) con Israel, incluyendo sanciones comerciales e incluso el rompimiento de relaciones diplomáticas.

 

16 de agosto de 2014

Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J.

Presidenta AAJ Continental Secretario General

(VRamos1565@aol.com) (hr21908@gmail.com)

Beinusz Szmukler

Presidente del del Consejo Consultivo de la AAJ

(aajargentina@yahoo.com.ar)

 

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El agua del Nimboyores para las comunidades

Invitación a encuentro lunes 8 en Cartagena

“Nuestras poblaciones enfrentan una crítica situación de escasez de agua. La disponibilidad del recurso hídrico ha ido disminuyendo año con año, paralelo al desordenado crecimiento hotelero de la zona”, así lo señala una invitación enviada a SURCOS Digital.

El agua del Nimboyores - detalle

“En este contexto, una vez más quieren explotar el acuífero de Nimboyores, importante reserva del líquido vital que en distintos momentos ha tenido que ser defendida por el pueblo frente a los intereses millonarios de hoteleros”.

Para discutir este trascendental tema, se realizará un encuentro en el que participarán las ASADAS costeras, hoteleros, vecinos y vecinas, entre otras organizaciones. También estará presente Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la diputada y los tres diputados de Guanacaste.

La reunión se realizará este lunes 8 de setiembre a las 4 p.m. en el salón comunal de Lorena, distrito de Cartagena.

Este proyecto de explotación de agua de desarrollos hoteleros de Guanacaste, pretendió en un momento extraer más de 70 litros por segundo de agua para riego. Hoy, suena de nuevo acompañado de la sequía de Guanacaste, dice la dirigencia local.

Se explica que la explotación pretendida es imposible, pues se quiere hacer en la zona de recarga principal. “Esa determinación es política y fuera de cualquier criterio técnico”, dice un comunicado.

Al respecto, puede considerarse el documento titulado “Articulación de metodologías de evaluación como base para la formulación del Plan Maestro Integral de la microcuenca del río Nimboyores y su área de influencia”. Este estudio, fue realizado por Esperanza Burgos y Francisco Jiménez, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), junto a Germán Matamoros del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA).

El agua del Nimboyores -2

La investigación del equipo de especialistas concluye lo siguiente:

– La demanda de agua actual y futura de los desarrollos turísticos es significativamente mayor que la demanda actual y futura de las comunidades en el área de estudio. Por esta razón, la sostenibilidad del recurso hídrico para el sector turístico pasa por un proceso de negociación y gestión para la protección de las áreas de recarga y el control de las obras y operación de proyectos de infraestructura y superestructura.

– La metodología de evaluación ambiental permitió determinar cuantitativamente y mapificar el resultado de los impactos y efectos generados por las actividades preliminares, construcción y operación de corredores viales, desarrollos turísticos y asentamientos urbanos. Se determinó que la gran mayoría de impactos ambientales son negativos, de largo plazo y con una tendencia creciente, lo cual significa que las medidas propuestas de control y mitigación deberán ser de corto, mediano y largo plazo.

– En los asentamientos urbanos, los mayores impactos fueron irreversibles; por ello, es necesario que se tomen medidas urgentes sobre el establecimiento de perímetros urbanos, determinación de áreas de desarrollo y establecimiento de áreas de amortiguamiento ambiental, así como obras de saneamiento básico que minimicen el impacto de las áreas urbanas en el ambiente.

– No existe en al área de estudio una correspondencia racional generalizada entre el número total de pobladores que demandan agua y la jerarquía de los asentamientos por tipo de equipamientos. Se deduce que la importancia de los asentamientos no radica en la cantidad de gente que albergan, sino en la cantidad de equipamientos que pueden ejercer atracción.

– Existe una tendencia hacia el crecimiento urbano en la zona de estudio, sin que se hayan dictado medidas de regulación ni de planificación urbana. Distritos rurales como Tamarindo y Cartagena, se están urbanizando y la tierra cada vez tiene mayor valor, sin que de ello se beneficie económicamente la Municipalidad de Santa Cruz.

– La sobreutilización del suelo tiene implicaciones territoriales, por cuanto se puede prever un agotamiento de los recursos y degradación ambiental. Es urgente la necesidad de establecer una reglamentación de uso y manejo adecuado del territorio.

– La utilización de SIG para la articulación de metodologías de evaluación es una de las mejores herramientas por cuanto permitió mapificar temas difíciles de especializar, tales como los resultados de la evaluación ambiental y de desarrollo regional. También permitió hacer la zonificación territorial de la relación entre oferta y demanda de servicios ambientales. Es evidente la utilidad de esta herramienta para procesos de planificación física que posteriormente deberán ser analizados con las comunidades de la zona.

– En la Planeación Estratégica Situacional se deberá fomentar la incorporación de la visión comunitaria para así tener un modelo de planeación articulado que sirva para la formulación de políticas, estrategias, programas, proyectos y planes de inversión del Plan Maestro Integral de la microcuenca del Río Nimboyores y su área de influencia.

Puede consultar el documento completo aquí:

ANALISIS-OTS-SITUACION-REAL-NIMBOYORES

El agua del Nimboyores -1

Lunes 8 de setiembre a las 4 p.m. en el salón comunal de Lorena, distrito de Cartagena

¡La participación de los vecinos y las vecinas de la zona es muy importante! ¡DEFENDAMOS NUESTRA AGUA!

Invitan: Confraternidad Guanacasteca, Instituto de Oceanología, Federación Ecologista, Bloque Verde.

El agua del Nimboyores - logo Confraternidad Gteca El agua del Nimboyores - logo Inst. Oceanología El agua del Nimboyores - logo Federación Ecologista El agua del Nimboyores - logo Bloque Verde

Ilustraciones tomadas de la invitación para el encuentro del 8 de setiembre enviada a SURCOS Digital y del estudio «Articulación de metodologías de evaluación como base para la formulación del Plan Maestro Integral de la microcuenca del río Nimboyores y su área de influencia».

Información enviada a SURCOS Digital por James Siu.

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La situación del trabajo juvenil en Costa Rica: Un panorama desde la Convención Iberoamericana de Juventud, la ley de la Persona Joven y la II Encuesta Nacional de Juventudes 2013

En Costa Rica para el año 2013, según la segunda Encuesta Nacional de Juventudes la población joven entre los 15 y los 35 años representaba un 42,3% de la población total, es decir 1 763 077 personas son jóvenes, esta situación convierte a este grupo en el recurso humano potencial para cubrir con las demandas laborales.

Ahora bien, Costa Rica, es uno de los países a nivel mundial que cuenta con una estructura gubernamental que trabaja el tema de la Juventud, la cual está legitimada en la ley 6281 :LEY DE LA PERSONA JOVEN, en la cual se menciona que contamos con un Vice ministerio de Juventud quien es el ente rector de las políticas públicas en esta materia, además de contar con el Concejo de la Persona Joven encargado de la creación y seguimiento de las políticas públicas en materia de Juventud y además de la Red Nacional Consultiva de Juventud, quien aprobará las políticas públicas que se emitan y por último los comités cantonales quien formula propuestas, proyectos locales y nacionales de acuerdo con las necesidades de las que habla la ley.

Según la Convención Iberoamericana de Juventud, “los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la juventud, sin ningún tipo de inferencia o limitación”.

En este sentido, se hace necesario mencionar la importancia como un derecho real y legítimo de la apertura tanto en el sector público como desde la empresa privada, para facilitar las oportunidades y respetar el derechos de las personas jóvenes a estar organizados en sindicatos, en la búsqueda y reivindicación de derechos laborales.

Ahora bien, en relación con el tema de la Juventud y el Empleo, la Convención Iberoamericana de Juventud menciona en relación con el derecho al trabajo que los jóvenes tienen derecho al trabajo y una especial protección del mismo; los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo y a adoptar las políticas y medidas legislativas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.

Ahora bien, según le LEY DE LA PERSONA JOVEN EN COSTA RICA 6281, aprobada desde el año 2002 entre sus objetivos menciona en relación con el tema del empleo:

a)           Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología.

b)           Coordinar el conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias públicas, para que contemplen la creación de oportunidades, el acceso a los servicios y el incremento de las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía.

c)            Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la persona joven.

Por otra parte, según la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes del 2011-2013 encontramos los siguientes datos en materia de empleo:

 

1-La población joven en Costa Rica disminuyó en términos generales del año 2000 donde representaba el 43,2% de la población total, mientras que para el año 2011 según el INEC representaba un 42,3% del total de la población.

2- Según la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes para la mitad del año 2013 la población joven costarricense entre los 15 y los 35 años representaba un 1. 763 .077 del total de la población, distribuido de la siguiente manera 50% mujeres y un 49% hombres.

3- En relación con el tema de la Juventud Costarricense entre los 15 y los 35 años que trabaja según características demográficas

 

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 4

Costa Rica: Personas jóvenes de los 15 a los 35 años que trabajan, según características demográficas.

 

Genero Hombre Mujeres
% que trabaja 69% 36%
% que no Trabaja 31% 64%
Totales 100% 100%

 

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 4

Costa Rica: Personas jóvenes de los 15 a los 35 años que trabajan, según características demográficas.

 

Genero Urbano Rural
% que trabaja 55% 45%
% que no Trabaja 44% 56%
Totales 100% 100%

 

4- En relación con el tema de la Juventud Costarricense Desocupada o Desempleada que desea trabajar, según características demográficas.

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 5

Costa Rica: Personas jóvenes desocupadas o desempleadas que desean trabajar, según características demográficas.

 

Genero Urbano Rural
% de desocupados 76% 73%
% ocupado 24% 27%
Totales 100% 100%

 

5- Principales razones por las cuales las personas jóvenes desempleadas o desocupadas entre los 15 y los 35 años no han conseguido empleo en Costa Rica.

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 33

Costa Rica: Razones por las cuales las personas jóvenes desempleadas o desocupadas entre los 15 y los 35 años no han conseguido empleo

 

Razones Porcentajes
Por sexo 99.8%
Sobrecalificado 99,4%
Falta de Financiamiento 99,4%
Demora de Tramites 99%

 

6- Como principales problemas del país que afectan a las personas jóvenes, se destacó como la principal la falta de empleo que representa un 45% aproximadamente.

A partir de lo anterior, que justifica desde lo legal y desde lo estadístico la importancia y la necesidad de emprender proyectos orientados para el trabajo con la población joven en Costa Rica, es que consideramos que el Estado Apoyo de las organizaciones de la sociedad civil debería:

1-           El estado debería de realizar una campaña nacional utilizando como apoyo las organizaciones de la sociedad civil donde se divulgue la ley de la persona joven y la convención iberoamericana de cara a que este instrumento puede ser utilizado por la juventud.

2-           La creación por parte del Estado de un Observatorio de Empleo Juvenil con apoyo de los sectores de la sociedad civil, entre ellos, las organizaciones sindicales, que el mismo sirva de instrumento para fiscalizar a) La demanda laboral existente en Costa Rica y de acceso a la población joven. b) La oferta laboral: el estudio desde los espacios formales educativos, como las universidades las disciplinas académicas de la cual se egresan las personas jóvenes y si la misma está orientada a las demandas laborales. C) la identificación sobre donde se encuentran laborando las personas jóvenes, así como de las condiciones laborales con las que cuentan los mismo, como también indagar que sucede con las personas jóvenes que desean laborar y no lo están haciendo esto con el fin de buscar alternativas de solución tal y como lo establece el artículo 26 y 27 de la Convención Iberoamericana de la Persona Joven, y como lo establece la Ley de la Persona Joven en la Capitulo II, Articulo 4, como también en el Capítulo III en los Artículos 5 y 6 respectivamente.

3-           El Fortalecimiento de la capacitación a las personas jóvenes, tanto en la definición de perfiles vocaciones, como en los procesos de orientación hacia el primer empleo más allá del Programa Empléate.

4-           La incorporación de las organizaciones sindicales en la RED NACIONAL CONSULTIVA DE JUVENTUD, pues representamos una parte del sector laboral de la sociedad costarricense y podríamos dar seguimiento y solicitar el apoyo a los proyectos aquí expuestos.

5-           La importancia de implementar una Política de Empleo Juvenil, como la que fue presentada ante el Viceministro de Trabajo.

6-           Nos oponemos a la flexibilización y precarización laboral que puedan sufrir cualquier persona joven en la sociedad costarricense y le solicitamos al Estado cumplir con lo pactado tanto en la Ley de la Persona Joven como en la Convención Iberoamericana de Juventud de cara a que se garantizan oportunidades laborales y el respeto a los derechos que le asistan legalmente.

Autor: Deiby Porras Arias

Presidente Seccional ANEP-JOVEN

En el siguiente hipervínculo podrá encontrar el documento completo.

La situación del trabajo juvenil en Costa Rica

Enviado a SURCOS Digital por secretaría general de ANEP.

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Mesa Redonda, Ventajas y Limitaciones de la Ley de Referéndum

Ventajas y limitaciones de la Ley de Referéndum

La Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Tribunal Supremo de Elecciones invitan a la mesa redonda: “Ventajas y Limitaciones de la Ley de Referéndum” a realizarse el día martes 9 de setiembre de 2014 a las 4:00 p.m. en la Sala de Audiovisuales del IIS, ubicado 50 metros al Este de Plaza Roosevelt, en San Pedro.

La actividad tiene cupo limitado y requiere de previa inscripción.

Para más información comunicarse al teléfono: 2511 8690 o a recepcion.iis@ucr.ac.cr

 

Información enviada a SURCOS Digital por UCR.

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La niñez será el tema durante una semana completa en Canal UCR

El canal universitario ofrecerá programas dedicados a la salud, los derechos y las opiniones de los niños y niñas.   Del 8 al 14 de setiembre los programas de Canal UCR dejan de lado sus temáticas tradicionales para enfocarse en los más pequeños de la casa. Programas donde los conductores y los invitados son los niños, documentales donde la niñez es la protagonista y un esfuerzo por desarrollar los temas que les interesan a los pequeños, es lo que le ofrece el canal universitario durante la semana del 9 de setiembre.

La niñez será el tema - tatianamariamichelleyuriTatiana Sieza, María Fernanda Jiménez, Michelle Chevez y Yuri Muñoz conducen el especial de día del niño en Nexos.

El lunes 8 a las 3 pm Derek y Jimena nos cuentan qué opinan los niños sobre la salud y cuáles creen ellos que es la receta para Vivir mejor. A las 7 pm ese mismo lunes Tatiana y Michelle visitan el set de Nexos para aprender una palabra nueva en la Lengua de señas costarricense (LESCO), además sobre cómo convivir con niños con discapacidad y realizan una entrevista sobre este tema. Posteriormente, a las 8 pm en Era Verde veremos tres producciones creadas por niñas y niños salvadoreños y bolivianos con una mirada fresca sobre la conservación de la naturaleza y que a la vez invitan a otros niños del mundo a que les visiten y compartan sobre su papel protagónico en la conservación de los recursos naturales, por ejemplo la protección del agua. A las 9 pm el cine y la niñez se juntan en el estreno del corto documental Igualmente Diferentes, donde los niños de una escuela nos enseñan como no existen diferencias entre ellos y sus compañeros de clase los cuales poseen alguna condición de discapacidad; mientras que en estudio discutimos sobre la responsabilidad de hacer audiovisuales protagonizados con niños, todo esto en Lunes de Cinemateca. Para cerrar la jornada hablamos del programa que ofrece la Universidad Nacional para formar pequeños artistas: Arte para Niños, Niñas y Adolescentes a las 10 pm en el programa Una Mirada. El martes 9 de setiembre, el propio día de la celebración, nuestro énfasis estará en la relación de los niños con la música. En el programa emblemático de la música nacional: Música por inclusión a partir de las 5 pm tendremos la visita de 6 pequeños que nos contarán sobre la experiencia de ser hijo o hija de un músico costarricense.

La niñez será el tema - mauricioalquimiaMauricio toca la batería en la grabación de Alquimia para Materia Gris.

A las 7 de la noche es el turno de la agrupación Alquimia conformada por niños entre 7 y 9 años: Sheyla en la voz, Derek en la guitarra eléctrica, Nahomi en el bajo y Mauricio en la batería nos regalarán una presentación especial de pop-rock para celebrar el día del niño y la niña en Materia Gris. El miércoles 10 de setiembre hablaremos sobre los principales hallazgos y temáticas del informe del Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia (EDNA) y del Sistema de indicadores de los derechos de la niñez y la adolescencia SIEDNA en Conciencia a las 9 pm. Mientras que el jueves 11 tenemos una serie de eventos y agenda de espacios que la UCR ha creado para los más chicos de la casa en Desde la U a las 7 pm y a las 8 pm dejamos de lado la discusión tradicional de la política nacional para enfocarnos en conocer el estado actual de los derechos de las niñas y los niños en Costa Rica, en nuestro espacio Sobre la Mesa.

La niñez será el tema - Buena CucharaNiños y niñas del Centro Infantil Laboratorio de la UCR preparan la receta de La Buena Cuchara.

Para cerrar y prepararnos para el fin de semana, La buena Cuchara contará con pequeños chefs que nos prepararán recetas especiales desde el Centro Infantil Laboratorio de la UCR, el viernes 12 a las 7:30 pm con repetición el sábado 13 a las 11:30 am. Por supuesto durante toda la semana estará la acostumbrada franja infantil desde las 3:30 de la tarde con dibujos animados educativos y entretenidos así como los sábados y domingos a las 10 am. Según Heidi Venegas, Coordinadora de Producción de Canal UCR la iniciativa de ofrecer una programación especial durante esta semana “responde a una necesidad de producir espacios para niños, pues durante el año no habíamos producido ningún infantil y surgió la idea de dedicar todo el equipo de producción durante una semana a abordar temas de infancia. Además de que es una oportunidad para que toda nuestra producción convergiera en una sola temática.”   Canal UCR se ve por: Canal 15 UHF, Canal 5 Tigo, Canal 15 Coope Alfaro Ruiz, Canal 15 Cablevisión, Canal 15 Kölbi Hogar TV, Canal 15 Cablesantos, Canal 15 Telecable, Canal 67.7 Tigo Digital, Canal 117 Tigo Santa Cruz, Canal 64 Cable Pacayas, Canal 62 Cabletica, Canal UCR en Internet: www.canalucr.ucr.ac.cr y www.facebook.com/canal15UCR   Información enviada a SURCOS Digital por Gerardo Chavaría, director de Canal UCR. Suscripción-solidaria:  https://surcosdigital.com/suscribirse/