-Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA -Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno -Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Este jueves 25 de junio a las 6 p.m. tendrá lugar el conversatorio: «Frontera, migración y pandemia«, con la participación de María Gabriela Castillo Cartín, Tania Rodríguez Echeverría, Adilia Solís Reyes, Gustavo Gatica López.
El conversatorio será transmitido por en vivo por medio de la página de Facebook de CIEP UCR y Programa Kioscos Socio-ambientales de la UCR.
A tono con este tema compartimos esta canción de Wilson Arroyo:
El presente libro es una recopilación de experiencias y reflexiones que ha hecho la autora sobre lo vivido, de acuerdo con el propósito que tuvo su alma durante esta existencia: decir No a la violencia.
En él se narra la historia de violencia domestica que vivió la autora en carne propia desde su niñez y que la preparó y sensibilizo para poder luchar contra ella el resto de su vida.
Expone que si es posible vivir sin violencia y explica como lo ha logrado junto a su esposo e hijo, así como los conocimientos adquiridos, sus avances a nivel personal y espiritual.
Milena Barrientos Blanco es Licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional Costa Rica, ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.
Mucho de su tiempo laboral lo dedico a proteger a las mujeres de la violencia de género y la violencia doméstica, capacitándolas y empoderándolas para que hicieran use de las herramientas legales disponibles a nivel nacional e internacional para su defensa y protección.
En este momento de su vida esta jubilada y dedica su tiempo a ser escritora para compartir sus vivencias y los conocimientos adquiridos en esta trayectoria como defensora de los derechos humanos.
Ante los diversos cuestionamientos surgidos en contra de las universidades públicas-estatales
INDICA QUE
El tejido social acoge la diversidad de formas de vida y prácticas sociales, y su conformación ha sido una preocupación permanente de la humanidad. por cuanto se requiere de acuerdos y respeto mutuo, de manera que nadie sufra por falta del debido reconocimiento social. En virtud de ello, la pregunta por los modos como se preserva y fortalece dicho tejido social también ha sido una preocupación de instituciones públicas y privadas. Por supuesto, los logros han sido desiguales, y en tiempos alejados de la normalidad habida, nuestro tejido social se ha mostrado vulnerable, de lo que algunos sectores se aprovechan.
La sociedad que queremos resulta de una concertación de esfuerzos venidos de los personajes políticos, empresarios, líderes de diferente índole y por supuesto de la ciudadanía. Diatribas e informaciones malintencionadas contribuyen a generar animadversión y dificultar el debido funcionamiento de una sociedad en la que todos quepan equitativamente;
CONSIDERANDO QUE:
1.- Que las universidades pública-estatales han sido objeto de ataques públicos por la prensa y las redes sociales, y la información transmitida no se basa en un conocimiento del funcionamiento de dichas instituciones Por lo que, estos ataques contrastan profundamente con el papel que han tenido estas instituciones en la escena nacional.
2.- El protagonismo de las universidades públicas-estatales durante las últimas décadas de la historia de Costa Rica, en particular, las constituyen en claro mecanismo de movilidad social, para una creciente cantidad de ciudadanos y ciudadanas.
3.- La cada vez mayor y diversa oferta académica ha garantizado un creciente número de profesionales cada año, todos con alta empleabilidad y, por ende. ha contribuido al crecimiento de la vida económica del país.
4.- Los proyectos de acción social e investigación a través de los cuales las Universidades se han comprometido con el desarrollo, promoción y bienestar de la comunidad, particularmente de aquellos grupos o sectores sociales menos favorecidos.
5.- La confianza depositada por la mayoría de nuestros gobiernos, así como por la comunidad nacional para con la universidad pública-estatal. reconoce no solo una trayectoria sólida y humanística sino que, a su vez e implícitamente, el uso responsable de los recursos asignados.
6- Las universidades son instituciones públicas, de administración estatal, abiertas a todos y todas las personas interesadas, como también a todas las instancias gubernamentales pertinentes, para que conozcan desde dentro su funcionamiento y mostrar cómo llevan a cabo su gestión.
7.- El lugar que las universidades han puesto al país en la escena internacional a través de la tecnología, la ciencia, las letras y las humanidades. es de privilegio; por lo que. estas instituciones gozan de convenios de cooperación y movilidad en virtud de los cuales estudiantes, docentes y funcionarios logran llevar el quehacer a otras latitudes, así como aprender de otros modos de trabajo universitario. promoviendo visiones más cosmopolitas e integradoras.
MANIFIESTA:
1.- Su rotundo rechazo frente a aquellas críticas de las que han sido objeto las universidades públicas-estatales cuando se han fundado en razones incompletas, tendenciosas y desconocedoras de la gestión del trabajo universitario integralmente, de los modos como se recolectan e invierten los fondos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del uso y mantenimiento de la infraestructura y de los procedimientos para la toma de decisiones y la proyección democrática y humanística.
2.- Apoyamos toda rendición de cuentas fruto de una actitud sincera y responsable, siempre y cuando se parta de un conocimiento derivado de datos evidentes, reales y adecuadamente interpretados, así como de reglamentos y procedimientos ampliamente conocidos; todo lo cual, acompañado de una exhaustiva documentación de manera que se tenga una clara imagen del papel de las universidades estatales-públicas.
3- La invalidez de cualquier crítica vaciada de parcialidad y que pierda de vista el contexto institucional e histórico en que se desarrollan las universidades públicas-estatales, dejando sospechosamente de lado incluso el universo de las educación superior privada, así como desconociendo los marcos constitucionales que la tutelan.
4- Nos sumamos a la institucionalidad que ha caracterizado la historia costarricense para canalizar todo desconocimiento del modus operandi de las universidades estatales-públicas y convertir el tema en un escenario didáctico; pues estamos seguros que estas instituciones, con un alto grado de transparencia y apertura, no presentarán ningún obstáculo ante el escrutinio ciudadano, pero el mismo debe pretender la justeza y partir de la buena fe.
5- Hacer una respetuosa excitativa a las diputadas y los diputados de Asamblea Legislativa, para que promuevan un ejercicio responsable del control político de su competencia, frente al importante e incuestionable papel histórico que han tenido las universidades públicas-estatales; para que con sus decisiones procuren garantizar su fortalecimiento, en beneficio de nuestras sociedad.
Acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo, a propuesta de varios de los asociados, a los 13 días del mes de junio de 2020.
Perciben que zonas costeras enfrentan un panorama más complejo en comparación con otras regiones del país
En el conversatorio con el vicerrector de Vida Estudiantil estuvieron presentes los y las funcionarias de la Sede del Pacífico: Emmanuel Madrigal, Marcela Salas, Maureen González, Peggy Morales, Giovanny Arias, Wendy Vargas, Marta Lugo, Dinorah Salas y Maricela Figueroa (foto cortesía Wendy Vargas).
La difícil condición socioeconómica de las zonas costeras, la brecha digital que existe en muchos lugares de la provincia, y la inestabilidad emocional, son parte de los desafíos a los que se enfrenta la población estudiantil de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.
Así lo señalaron estudiantes y funcionarios de esta sede universitaria, al Dr. Carlos Sandoval García, vicerrector de Vida Estudiantil, durante un encuentro que se llevó a cabo este martes 16 de junio.
A estos retos se les suman, el proceso de adaptación a la virtualización de la docencia, el acceso limitado a recursos tecnológicos y el no contar con las condiciones óptimas para continuar con sus estudios desde sus hogares.
LEA: Estudiantes de la Sede del Caribe plantean sus desafíos en medio del COVID-19 (18 de junio, 2020)
La discusión se realizó en el marco de una iniciativa del vicerrector, mediante la cual se pretende identificar, desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, las principales necesidades y desafíos que afronta la población estudiantil de todas las sedes universitarias, a raíz de las consecuencias generadas por la pandemia.
Una situación socioeconómica difícil
En materia de empleo y otras fuentes de ingresos familiares, varios de los estudiantes que participaron del encuentro, manifestaron que las zonas costeras enfrentan un panorama más complejo en comparación con otras regiones del país.
Al respecto, la estudiante Juanita Calderón explicó que, muchos compañeros y compañeras de la sede le han comentado que las situaciones familiares que enfrentan son muy difíciles “porque va desde no tener las condiciones de estudio en sus hogares, situaciones de criminalidad en los barrios, hasta estudiantes que quedaron solos, aislados y lejos de sus familias por la pandemia”.
Asimismo, la Licda. Dinorah Salas Ruiz, encargada de la Oficina de Trabajo Social de la Sede manifestó que han estado atendiendo estudiantes que solicitan ayudas especiales de la universidad, debido a que ellos y ellas solventan muchas de las necesidades básicas de sus familias con la beca.
“Antes de la pandemia la situación ya era compleja aquí, el turismo generaba ingreso importante en muchos de los grupos familiares, y ahora con esta pandemia muchos negocios y actividades se cerraron o están con poca afluencia, y la afectación económica es bastante importante” añadió Salas.
Por su parte, la MPA. Martha Lugo, encargada de la Oficina de Orientación de la Sede aseguró que han atendido situaciones de estudiantes que antes de la pandemia no contaban con beca socioeconómica, pero que, a raíz de esta situación, su condición económica familiar cambió y ahora sí necesitan de la ayuda de la Universidad.
En este sentido, la MATI. Wendy Vargas Hernández, coordinadora de Vida Estudiantil de la Sede del Pacífico afirmó que hay situaciones particulares de estudiantes que no pueden realizar actividades académicas de forma virtual porque tienen que trabajar para apoyar a sus familias económicamente, que tienen que pedir Internet o computadoras prestadas para poder estudiar, o que tienen que trasladarse porque la señal no les llega hasta sus casas.
“Uno quisiera poder hacer más por los y las estudiantes, pero estamos atados de manos ya que tenemos poco personal, y uno desea apoyarlos más porque uno sabe que son personas que se esfuerzan por ser profesionales, por tener una carrera y sacar adelante a toda su familia” expresó Vargas.
En la discusión también estuvieron presentes la Asesora Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Mag. Ruth Mora Barrantes, y la directora de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, la MBA. Anabelle León Chinchilla (foto cortesía Wendy Vargas).
Salud mental de la población estudiantil
En materia de Salud Mental, tanto estudiantes como funcionarios de la Sede del Pacífico coinciden en que la incertidumbre, la ansiedad, los problemas económicos y familiares, así como la gran cantidad de trabajos y de carga académica son algunos de los factores que afectan su salud emocional.
En este punto, la MSP. Peggy Morales Sequeira, encargada de Psicología de la Sede, manifestó que ha estado atendiendo de manera remota a los y las estudiantes, y que, a través de esta experiencia, ha podido detectar las situaciones de extrema pobreza, los problemas de conectividad, y las condiciones en las que viven muchos estudiantes.
“Muchos de esos hogares no cuentan con las condiciones óptimas para estudiar, son casitas sencillas, humildes, sin espacios que se puedan dedicar al estudio, aunado a que muchas de estas familias han perdido sus fuentes de ingreso, y esto ha provocado situaciones familiares y de salud mental en los estudiantes” dijo Morales.
Asimismo, explicó que el servicio tiene muchísima demanda, y que para subsanar el faltante de recurso humano en Psicología se ha implementado un modelo de atención centrado en acompañamiento, búsqueda de soluciones, en el cual se trabajan sesiones individuales y grupales, de intervención familiar y curricular.
Añadió que hay casos de situaciones de ansiedad, situaciones psiquiátricas, de situaciones familiares complejas, entre otros.
Al respecto, la encargada de Trabajo Social señaló que la Sede está implementando un plan de trabajo sobre el tema de salud mental, al cual se le están haciendo los ajustes para realizar las acciones de manera virtual.
Acceso a la tecnología y la conectividad
La situación de acceso a la tecnología y a la conectividad de los y las estudiantes de la Sede del Pacífico también es compleja, ya que gran parte de ellos no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios de manera virtual.
Por esta razón, las iniciativas de la UCR para apoyar a la población estudiantil con el préstamo de equipo de cómputo y tabletas han sido bien recibidas por los y las estudiantes de esta sede.
Sin embargo, aunque la institución y la sede han hecho grandes esfuerzos en materia de préstamo de equipo, la población estudiantil considera que hay otras necesidades que deben solventarse.
Por ejemplo, la estudiante Elena Hernández, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la sede manifestó que la población estudiantil tiene como reto no solo la falta de recurso tecnológico sino también el no contar con espacio o con las condiciones adecuadas para estudiar en la casa.
Además, indicó que las computadoras que ha prestado la sede no cuentan con los programas informáticos específicos que se requieren dependiendo de la carrera o área de estudio.
Por su parte, la estudiante Juanita Calderón manifestó que el nivel de incertidumbre y frustración de la población estudiantil se amplía por factores como no poder salir, estar alejado de la familia, tener mala conectividad y tener que seguir con la carga académica. Y que en su caso la estresó mucho no tener equipo tecnológico para seguir con los cursos y luego tener que acelerar el ritmo para ponerse al día con la materia.
Acompañamiento al estudiantado
Al final del conversatorio, el vicerrector agradeció a los participantes por sus intervenciones y explicó que toda la información será utilizada para el proceso de toma de decisiones y mejora de las condiciones del estudiantado para el II ciclo lectivo del 2020.
Tatiana Carmona Rizo Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.
Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.
El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.
Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.
En el contexto #COVID-19 muchas personas han querido responsabilizar directamente a las poblaciones migrantes como responsables importantes de los contagios en los últimos meses. Lo cierto es que, el estigma que se tiene a las personas inmigrantes, mayoritariamente nicaragüenses, carga con muchos mitos que es necesario corregir si queremos una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los DDHH.
Para una revisión de reflexiones y notas sobre este tema le recomendamos seguir estos dos enlaces de SURCOS:
Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.
El documento señala:
Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario
Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:
La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.
Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:
Alianza por una Vida Digna
Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
Organización Política Carmen Lyra.
Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:
El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:
Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.
Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.
Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.
Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.
Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.
Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.
Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.
* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
