Hasta el momento la pandemia ha sido enfrentada centralmente, con éxito, por el Ministro de Salud y el presidente de la CCSS, pero ya ha empezado a salirse de control. Por una parte, el enclaustramiento con desempleo y sin recursos básicos no puede prolongarse, y por otra el centralismo en condiciones de la democracia costarricense tiene límites, que no los tiene por ejemplo en China con otra cultura, recursos y disciplina militar.
En cuanto a lo primero, la población expuesta al dilema del hambre o al Covid-19 en la calle, no tendrá alternativa más que salir a buscar ingresos en la informalidad.
En cuanto a lo segundo o sea la organización vertical desde casa Presidencial, esta ha dado síntomas de estarse agotando. La propuesta del presidente de la CCSS, de contratar “informantes” que algunos llamaron espías en las comunidades, denota, no solo falta de información operativa a nivel de comunidades, sino de conocimiento de las funciones, que la reforma del sector salud, a principios de los noventa del siglo pasado, le asignó a los EBAIS una relación estrecha con la comunidad.
La organización centralizada es insuficiente, como se está haciendo cada vez más evidente, para educar y gestionar la salud en las comunidades. Hace falta que la organización descienda en cascada hasta las comunidades aprovechando las ventajas del programa EDUS, pero con una participación efectiva de las comunidades y aquí es donde está el problema de fondo. Hay una interpretación de participación implícita en el quehacer institucional, esto es que las comunidades atiendan y ejecuten las directrices que se les transmite desde arriba, que a menudo se limita a ejecutar labores de apoyo como utilizar los recursos del Estado o conseguir recursos adicionales. Esta forma de “participación” que el profesor Raff Carmen de la Universidad de Manchester llama “participulación” no genera entusiasmo ni el necesario involucramiento de las comunidades en las tareas de prevención y apoyo a los trabajos ejecutados en el área de salud.
La participación que sí involucra a las comunidades, es aquella descrita por la antropóloga norteamericana Lynn M. Morgan, en su libro “La política de atención primaria en Costa Rica” como el modelo seguido, en esencia, por la experiencia del Hospital sin Paredes. Este modelo perfila la participación por 1) Un proceso en que la comunidad participa en el diagnóstico de la salud, donde la salud no se limita a lo médico preventivo o curativo, sino que abarca las condiciones de vida e ingreso; 2) Una planificación de las medidas a tomar; 3) Una implementación del Plan; 4) Un control continuo sobre los avances; 5) evaluación de resultados; y 6) reformulación y adecuación de las actividades.
Los logros alcanzados por la experiencia de San Ramón merecieron premios de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud y su impulsor el Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier ha sido declarado por su trabajo como Benemérito de la Patria.
Lamentablemente, como bien lo describe la doctora Lynn Morgan, el concepto de participación tomó connotaciones políticas y provocó el rechazo de muchos técnicos acostumbrados a que se obedecieran sus órdenes y “Conforme se hicieron más aparentes estas contradicciones, la participación fue redefinida y eventualmente eliminada de la lista de iniciativas estatales”.
La actual pandemia, por sus alcances y consecuencias nos está obligando a desechar viejos paradigmas que nos conducen a callejones sin salida y abrirnos a reconsiderar las mejores prácticas democráticas del pasado reciente.
Las finanzas públicas no están en condiciones de atender por muchos meses más, sin ingresos frescos, la atención del desempleo y la pobreza creciente. En el horizonte se perfilan negros nubarrones y desequilibrios sociales y políticos. La organización vertical está llegando a sus límites y sus rendimientos tenderán a ser decrecientes.
Descentralizar involucrando a las comunidades, no solo en el diagnóstico y puesta en marcha de la política sanitaria y de atención a los financiamientos que contribuyan a encadenar las economías locales es fundamental, aunque no pueda realizarse de un día para otro. Debemos empezar cuanto antes aprovechando la experiencia que nos dejó el Hospital sin Paredes, es una buena oportunidad para una buena práctica cívica que abra un sendero a la reforma institucional urgente que requiere nuestro país.
Con esto no se resuelve el problema de los ingresos, pero se generan condiciones para utilizar mejor los que existen y las condiciones para estimular que cada uno tribute en esto momentos cruciales de acuerdo con sus ingresos y las oportunidades que se abran en una nueva economía más encadenada. Cosmopolita, pero enraizada profundamente en nuestro medio.
Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.
Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.
Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).
En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.
¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).
A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.
A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.
En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.
Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.
Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.
Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.
Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.
En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.
Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.
Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.
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*Es justo aclarar que vivo fuera de Nicaragua y escribo esto auspiciándome en datos y notas de medios oficialistas e independientes, así como del Ministerio de Salud (MINSA) del país*
Joel Herrera
En la actualidad, como ya todas las personas estamos enteradas, la población global se encuentra enfrentándose a una pandemia. Un virus relativamente nuevo que ha cobrado una cantidad muy significativa de vidas alrededor del mundo, que ha logrado colapsar los sistemas de salud de todos los países y que paralizó a una sociedad que desde hace mucho tiempo estaba corriendo de una forma muy acelerada. Es cierto que todas y todos estamos aprendiendo sobre este microorganismo y el padecimiento que causa , por la simple razón de que nadie se esperaba una crisis de salud pública de esta magnitud y el paroxismo con el que apareció fue solamente un preámbulo de la velocidad de su expansión; no obstante, a pesar de este aprendizaje sobre la marcha y de estar enfrentándose a una pandemia, existen países como Nicaragua, que también enfrentan a un desgobierno que pone en peligro la vida e integridad física de la ciudadanía.
Desde el inicio de la expansión de la pandemia y las primeras recomendaciones que han brindado las organizaciones regionales y mundiales de la salud, la población Nicaragüense vislumbraba como la situación se podría tornar incluso más complicada en el país, el presidente Daniel Ortega , la vicepresidenta –quien también es primera dama y vocera del gobierno- Rosario Murillo y todo el aparataje estatal y oficialista iniciaron a emitir discursos irresponsables al tildar a esta enfermedad como un “padecimiento de ricos y burgueses” , se negaban a acatar recomendaciones mientras convocaron concentraciones masivas en las calles –la marcha llamada “amor en tiempos de covid”, es solo un ejemplo- y actividades deportivas/culturales que a la fecha se continúan realizando ; aunado a todo esto, iniciaron una campaña de comunicación para deslegitimar cualquier noticia sobre el virus, adjudicándolo a otro intento de desestabilización de la oposición.
Con el paso del tiempo y debido a que era innegable la presencia del virus en Nicaragua, el ministerio de salud encontró su escaparate al implementar un sistema de manipulación de información, elaborando actas de defunción donde la causa de muerte se adjudicaba a una “neumonía atípica” y se continuaba replicando el discurso que Nicaragua solo tenía un par de casos importados, pero que no había transmisión comunitaria; durante el tiempo transcurrido del primer caso diagnosticado el 18 de Marzo a la fecha del 12 Mayo, se contabilizaban 25 casos positivos y 8 fallecimientos, pero el último informe emitido, el día 19 de mayo, expresa que han incrementado a 254 casos, lo que representa una alza significativa en la curva de contagio; no obstante, el mandatario en su última comparecencia admite una alza de muertes por neumonía en el país, en comparativa con los datos obtenidos en los últimos 5 años.
Ante la desinformación y la falta de transparencia de las autoridades de salud y el estado de Nicaragua, la población optó por establecer mecanismos de observación y comunicación de manera independiente, surgiendo la iniciativa del “Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua”, que –como sus redes sociales indican- son un esfuerzo colaborativo para brindar información sobre el COVID-19; esta iniciativa representa solo un ejemplo de las medidas que ha tenido que implementar la población nicaragüense debido a que el gobierno no responde, no informa y no protege a sus conciudadanos, pero, a pesar de los esfuerzos individuales y colectivos que puedan llevar a cabo las y los nicas, el panorama a mediano y largo plazo se ve muy negativo, el sistema de salud –significativamente pobre- puede colapsar, las personas no pueden hacer cuarentena porque no tienen garantías para el sustento de un par de semanas o un par de meses , los precios de mascarilla, guantes y alcohol en gel se han disparado por los cielos y, como si se tratase una competencia por cual es la situación más trágica, muchas localidades del país no tienen acceso a agua potable.
Es cierto que el papel de la ciudadanía es llevar a cabo las medidas de prevención y protección ante el virus, pero también el estado tiene una gran responsabilidad de velar por la salud, integridad física y bienestar de la población a quienes –en teoría- representan, pero lamentablemente la tiranía y sed de poder ciega a sus gobernantes a tal punto de dejar morir a sus gobernados, incluso a sus fieles seguidores.
Reflexión de una enfermera del Hospital Escuela: Lo que la pandemia sacó a la luz
Osiris Rovelo
Para mí salir a trabajar significa ponerme en una situación de peligro inminente, es ir a una guerra desarmada, cansada y frustrada por el desolador panorama. Gente tirada en el piso, familiares buscando sus parientes, heridos sin opción a una camilla porque las que hay están ocupadas, quirófanos cerrados por solo haber un anestesista de guardia, máquinas y equipos funcionando a medio vapor por falta de reparación desde hace mucho tiempo y, así muchas cosas que no se han resuelto por décadas ya que no ha existido voluntad política para resolver.
Les escribe una enfermera, una profesional de salud con muchos años de experiencia, les escribo desde nuestro querido Hospital Escuela en Tegucigalpa donde me desempeño como Supervisora de Enfermería desde el año 2015. Les escribo no sólo a título personal, si no cómo vocera de este sentimiento colectivo que existe en el silencio de las que nunca dejamos de trabajar, las que sólo escuchamos a la distancia los debates en la televisión sobre los insumos y los corruptos. Las que no nos vemos en la pantalla, ni en los periódicos, ni se nos escucha en la radio y que se nos conoce hasta que la desgracia ha llegado y los y las pacientes les toca experimentar de primera mano está desgracia que nosotras vivimos todos los días.
Esto ya era un desastre, pero este desastre con la pandemia se convirtió en una calamidad. La carpa que se instaló en el hospital, y que ahora es un lugar de atención donde a diario hay más de 40 personas hospitalizadas en condiciones deplorables y otras decenas más haciendo fila paras ser atendidas, se ha convertido en un centro de batalla para las enfermeras que cada día somos testigos de la inequidad social y de la falta de interés de este gobierno para mitigar el sufrimiento de un pueblo empobrecido por corruptos. Es lamentable que lo único nuevo de todo esto es la cantidad de pacientes que hoy demandan atención médica.
Atrasos
Se atrasaron en todo: en contratar personal, en hacer hospitales, en comprar hospitales provisionales, en comprar insumos, en arreglar el equipo, en pagar los salarios, en definir más espacios de atención, en mantener a la gente restringida, en mantener cerrada los sectores no esenciales de la economía. Se atrasaron en todo, menos en gastarse el dinero. Y se vienen atrasando no desde marzo, si no desde hace muchos años. La pandemia sólo saco a flote la podredumbre que cubría un río que ya se secó.
Lo irónico es que la Organización Mundial de la Salud declaró el 2020 como el año Internacional de Enfermería, considerando que desempeñamos una función crucial en el cuidado de la salud de los pueblos en todos los niveles asistenciales de los sistemas sanitarios del mundo. “El personal de enfermería y partería son la columna vertebral de todos los sistemas de salud: en 2020 alentaremos a todos los países a que inviertan en el personal de enfermería y partería como parte de su compromiso con la salud para todos¬” mencionó el Dr. Tedros Adhanom G, Director General de la OMS.
Aunque fue alentador el que se reconociera nuestro esfuerzo y dedicación a nivel mundial, y a una la emocionen esas campañas en las que nos aplauden y se nos reconoce, bastante rápido regresamos a una realidad que nos golpea la cara.
Por la emergencia sanitaria se nos fueron quitados feriados que por ley nos corresponden y que los demás centros de atención sanitaria e instituciones públicas gozaron aun haciendo trabajo desde casa, tampoco tenemos otros beneficios ni garantías.
Para nosotras no es nada nuevo la falta de insumos, equipos médicos de atención hospitalaria, personal de enfermería suficiente para atender a los miles de pacientes que llegan a este centro de atención médica a diario, ni siquiera los actos de corrupción, tráfico de plazas y contratos, compras amañadas, en fin, todo lo que se ha escuchado en los medios de comunicación y que mucha gente con poder hizo caso omiso pensando que no le afectaría.
Lo nuevo aquí es la pandemia y la cantidad de hondureños necesitando asistencia médica y para los cuales no hay respuesta sanitaria, y entre ellos nosotras las enfermeras y enfermeros que dedicamos nuestras vidas al cuidado de los pacientes, hoy necesitamos de esos cuidados, también sumamos a las cifras entre los positivos y las defunciones por Covid 19 que anuncia SINAGER cada día en Cadena Nacional.
El 60 por ciento estamos enfermos o hemos estado, y no paramos. Mientras sigue el debate de quienes son o no los culpables, sigue también nuestro trabajo. Porque la vida depende de ello.
La Asociación Confraternidad Guanacasteca ha denunciado en reiteradas ocasiones el peligro que está afectando la salud pública por agua contaminada en Bagaces. Esta comunidad fue declarada en 2012 en estado de EMERGENCIA por la presencia de ARSÉNICO en el agua potable, y que aún no fue debidamente atendida por la señora Yamileth Astorga de AyA.
El problema del agua con arsénico en Bagaces es GRAVE y está afectando la salud de los habitantes, desde hace muchos años.
Es por ello que la Asociación Confraternidad Guanacasteca ha enviado en varias ocasiones cartas dirigidas al presidente de la República y a la Primera Dama, así como también a los diputados/as y al ministro de Salud, con la cual afirman que la intención, no es desviar la atención del COVID 19, pero si volver a poner en su lugar la DECLARATORIA DE EMERGENCIA por la contaminación con ARSÉNICO EN EL AGUA de varias comunidades del país.
Anteriormente, la Asociación presentó el caso a SALA CONSTITUCIONAL que en SENTENCIA Nº 2013-007598 de las catorce horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil trece, ordenó “adoptar todas las medidas necesarias para que las poblaciones afectadas reciban agua potable con la cantidad y periodicidad suficiente, así como con la calidad requerida… y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema”.
Hoy, 7 años después, a pesar de múltiples gestiones y denuncias que interpusieron, el AyA y su jerarca Yamileth Astorga, no ha solucionado el problema.
Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.
Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.
“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.
Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .
El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17 de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.
Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.
“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.
Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias. Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.
En primera línea con una enorme carga de moral para pedirle a la UCCAEP que frene ya su oprobiosa dinero-manía y que aspiren al menos a hacer un verdadero ejercicio humano patriótico que evite más pobreza extrema, pobreza, informalidad, concentración de riqueza.
Lo que suceda en el corto y mediano plazo en el país será responsabilidad exclusiva de este sector aliado con un Gobierno débil y un Congreso muy efectivo en destruir el Estado Social de Derecho.
Juan Carlos Durán Castro Secretario de Seguridad Social CTRN
Ya se iniciaron los análisis de las muestras de sangre del Hospital San Juan de Dios
Los investigadores pretenden elegir las pruebas ideales para determinar el riesgo de coágulos sanguíneos y si el paciente está experimentando una “tormenta” de citoquinas
Cuatro especialistas en microbiología, un biotecnólogo, una psicóloga y otros profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) están liderando un estudio único en el país, basado en análisis sanguíneos, para determinar cuáles son las pruebas más idóneas que permitan descubrir dos aspectos de los cuales depende la vida de un paciente con COVID-19.
El primero, si está generando coágulos y, el segundo, si está presentando una “tormenta” de citoquinas. Si ambos elementos están presentes en una persona, pero son descubiertos de manera temprana, se puede proporcionar un tratamiento que le disminuya al individuo la posibilidad de entrar en un estado crítico.
Al lunes 6 de julio, ya el personal científico del Centro de Investigación Hematología y Trastornos Afines” (Cihata-UCR), junto con el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CIET-UCR), ha analizado a 26 pacientes del Hospital San Juan de Dios.
Si bien los científicos pretenden investigar de manera retrospectiva cuáles son los mejores indicadores para el monitoreo de pacientes graves, algunos resultados de los análisis ya están siendo usados por los médicos de cuidados intensivos para guiar el tratamiento.
Tal es el caso de la interleuquina 6, una de las seis citoquinas que están siendo valoradas por la UCR, y la cual juega un papel muy importante en la regulación de la función inmune y del proceso de coagulación.
“La determinación de este tipo de sustancias, como las citoquinas, es importante porque podemos utilizar una terapia más dirigida en los pacientes, disminuir la mortalidad y también la disfunción de sus órganos como lo son los pulmones, el corazón, el hígado y el cerebro. El Cihata-UCR, de una manera muy gentil, se ofreció a realizar estas determinaciones de citoquinas y esto nos ha ayudado a guiar el tratamiento de manera más objetiva y eficaz”, mencionó el Dr. Juan Ignacio Silesky Jiménez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios.
De acuerdo con el Dr. Silesky, con dichas pruebas se ha logrado la mejoría de estos pacientes. “Los requerimientos de soporte y los tratamientos disminuyeron. Lo que se hace es esperar que el mismo cuerpo termine de combatir el virus y los órganos restablezcan su función normal”, amplió el especialista.
El Dr. Silesky habla de su experiencia con la UCR. Escúchelo en el siguiente audio.
Detrás del enemigo
Pero, ¿qué da pie a que un paciente con COVID-19 genere una tormenta de citoquinas y por qué su medición es importante? Para contestar esa pregunta se necesita volver a la fase inicial del contagio.
Cuando el SARS-CoV-2 entra al cuerpo humano, este activa su mecanismo de defensa e inicia una guerra para contrarrestar al patógeno infeccioso. Parte de esa lucha consiste en liberar unas proteínas conocidas como citoquinas encargadas de coordinar la respuesta inmune.
Sin embargo, en algunos pacientes graves con la enfermedad del COVID-19, el cuerpo produce citoquinas de forma excesiva como una manera desesperada para eliminar al enemigo. Como consecuencia, se genera lo que médicos y microbiólogos conocen como “tormenta” de citoquinas.
Lamentablemente, esta tormenta, en vez de ayudar, lo que hace es empeorar la salud de la persona y hasta generar una falla múltiple en los órganos que puede derivar en el fallecimiento.
“Esta sobreexpresión de la inmunidad produce una inflamación en muchos órganos y es una de las causas de mortalidad de estos pacientes con COVID-19”, comentó el Dr. Silesky.
Si se quiere interpretar desde una perspectiva más gráfica, esa tormenta de citoquinas es algo similar a un “misil” generado por el propio organismo para atacar al enemigo. Pero, en el intento de contrarrestar al agente infeccioso, se originan daños colaterales: el tejido humano resulta lastimado.
“Durante la progresión de la enfermedad se dan cambios en la concentración de citoquinas en la sangre. El medir esos cambios es una herramienta fundamental para el monitoreo de los pacientes hospitalizados por COVID-19 y también para evaluar la respuesta a los distintos tratamientos”, explicó el Dr. Javier Mora, microbiólogo del CIET-UCR.
En total, se están valorando una serie de citoquinas que se pueden clasificar en tres grupos. Las inflamatorias: IL-1beta, IL-6, TNF. Las citoquinas inflamatorias con capacidad antiviral: IFN-alfa, IFN-gama. Por último, están las citoquinas antiinflamatorias: IL-10, IL-38.
“La idea de nosotros es ampliar pronto este panel para tener 10 citoquinas totales. Esto nos permitiría tener un mayor espectro de análisis y valorar cuáles son las más idóneas para que el personal médico pueda tomar decisiones. Todo esto, con el propósito de efectuar el abordaje terapéutico más conveniente para la persona. En este momento, ya los resultados de la interleuquina 6 están siendo usados para guiar algunos tratamientos”, destacó el Dr. Mora.
Uno de esos abordajes es, justamente, la aplicación de un anticuerpo que bloquea el receptor de la interleuquina 6.
“Dichosamente, en algunos pacientes moderados en los cuales se logró determinar que estaban sufriendo de esta tormenta citoquínica de manera temprana, se les ofreció el tocilizumab, que es una sustancia que actúa sobre el funcionamiento de una de las interleuquinas que tienen mayor impacto en el paciente. En algunos de estos pacientes se ha tenido mejoría, han disminuido la progresión de la enfermedad, así como una menor probabilidad de que requieran de soporte ventilatorio e, incluso, su ingreso a cuidados intensivos”, explicó el Dr. Silesky.
Él es el Dr. Javier Mora, microbiólogo del CIET-UCR, encargado de la medición de las citoquinas.
Segundo enemigo
El paciente con COVID-19 en estado moderado o grave no solo se enfrenta a la “tormenta” de citoquinas. A su condición se le puede unir un problema adicional: la coagulación.
Los coágulos, en términos simples, son una masa producto de la unión de plaquetas, células y proteínas. Su función es sellar rupturas vasculares para evitar la pérdida de sangre.
El riesgo radica cuando se forman coágulos sanguíneos que viajan por el torrente y obstruyen alguna arteria del corazón, los riñones, los pulmones o el cerebro. Ese bloqueo detiene la circulación y genera los conocidos infartos y embolias.
Ahora, imagine que un paciente con COVID-19 presenta ambos escenarios (tormenta de citoquinas y coágulos). ¿El resultado? No es precisamente el más favorecedor.
“La sangre en nuestro cuerpo se encuentra en un estado de equilibro. Se ha visto que los pacientes con la enfermedad del COVID-19 rompen el equilibrio y lo llevan al extremo de formación de trombos. ¿Por qué? Básicamente, las infecciones despiertan una respuesta inmune. La reacción de esa respuesta se puede exacerbar y generar un aumento exagerado de citoquinas. Esa misma exacerbación de la respuesta inmune nos puede dar señales de la activación de la coagulación”, afirmó la Dra. Mariela Solano Vargas, del Cihata-UCR.
Los análisis de coagulación se realizan con base en dos marcadores potenciales. Los marcadores más estudiados han sido el dímero D y el fibrinógeno, junto con una batería amplia de pruebas de coagulación.
En este caso particular, aún los médicos no están usando estos resultados para guiar el tratamiento, pues el objetivo primordial del Cihata-UCR es primero analizar a 20 pacientes para relacionar los resultados con las interleuquinas y evaluar cuáles son los mejores marcadores para los pacientes.
“La idea de los análisis de coagulación de nosotros es ver si hay algún cambio asociarlo con las interleuquinas. Por eso, manejamos la misma muestra de sangre. Cuando tengamos los 20 pacientes, haremos un análisis profundo para ver cuáles marcadores son los más beneficiosos”, afirmó la Dra. Solano.
Ella es la Dra. Mariela Solano Vargas, del Cihata-UCR. La Dra. Solano, con el resto de sus compañeros, realiza los análisis de las coagulopatías.
Proceso complejo
La medición de las citocinas y los coágulos se realiza a partir de la extracción de una muestra de sangre. Las pruebas de coagulación miden los niveles del dímero D y el fibrinógeno, así como inhibidores de la coagulación, tiempos de coagulación, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y un panel de asociación genética de trombofilias.
En el caso de las citoquinas, la muestra se centrifuga y se obtiene el suero. De ese suero se evalúan seis proteínas distintas de manera simultánea por una técnica denominada citometría de flujo. Esta técnica consiste en usar esferas, con diferentes intensidades de fluorescencia, recubiertas con anticuerpos que reconocen específicamente a las diferentes citoquinas.
Posteriormente, se lleva a cabo un monitoreo las 48 horas y otro a las 96 horas. Luego, se efectúa una comparación entre su estado inicial y el avance en la respuesta inmunológica. Esto permite tener una herramienta de seguimiento y control, prevenir futuras complicaciones y probar la respuesta de futuros tratamientos.
De acuerdo con el Dr. Mora, si los resultados globales obtenidos son satisfactorios, esta iniciativa de acción social de la UCR podría extenderse a otros hospitales.
“Cuando surge la pandemia, iniciamos como equipo de investigadores e investigadoras a trabajar sobre ideas que podían ofrecerse al hospital, pensando en colaborar en medio de la crisis que sabíamos que se podía venir. Iniciamos conversaciones sobre lo que se sabía hasta ese momento, los estudios publicados y desde la experiencia del Cihata para, posteriormente, hacer esta propuesta”, comentó Carolina Boza Calvo, psicóloga clínica, en una publicación emitida el 25 de mayo por la Vicerrectoría de Acción Social.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El programa radial Alternativas (1590 am) presenta este próximo viernes 10 de julio a las 6 p.m. por Facebook Live: «Realidad psicosocial costarricense pre, en y post pandemia«.
Desde las facultades, laboratorios, institutos y centros de investigación universitarios germinan iniciativas científicas y tecnológicas que buscan fortalecer la lucha contra el COVID-19
En el campo de la innovación tecnológica, uno de los aportes de la UCR es el diseño y la construcción de prototipos de ventiladores y respiradores para atender a pacientes con COVID-19. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Nuestro país no sería el mismo si aquellas figuras visionarias que definieron la Constitución Política, hace 71 años, no hubiesen decidido invertir, prioritariamente, en la educación pública universitaria, para que de esa manera la formación de profesionales y el desarrollo de la ciencia fueran los pilares en los que se basa el progreso de Costa Rica.
Gracias a ese conocimiento universitario de calidad, miles de egresados de las universidades públicas han logrado impulsar el avance de todos los sectores de nuestra sociedad, tanto públicos como privados. Por ejemplo, en áreas como la industria y la producción de bienes y servicios, la innovación en aplicaciones tecnológicas, el desarrollo de construcciones de gran magnitud y otra que cobra especial relevancia en esta época: la salud.
Este 2020, vivimos en los embates de la pandemia por el COVID-19. Esta enfermedad ha cambiado nuestra cotidianidad y nos exige mantener un comportamiento solidario y empático, como vía para proteger la vida de todas las personas vulnerables ante el nuevo coronavirus.
Por eso, desde el inicio de esta emergencia sanitaria, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha estado presente para aportar —mediante la ciencia, la tecnología y la innovación— proyectos que ofrezcan soluciones a la falta de dispositivos médicos, a la necesidad de obtener y procesar datos para facilitar la toma de decisiones de las autoridades, así como al faltante de opciones que ofrezcan alternativas confiables para recuperar a los pacientes, entre otros.
Aportes claves desde la academia
Más de 100 especialistas de todas las áreas del saber de la UCR se han unido en una labor multidisciplinaria para crear más de 40 iniciativas relacionadas con la pandemia actual.
Expertos en artes y letras, ciencias agroalimentarias, ciencias básicas, ciencias sociales, ingeniería y salud trabajan desde la investigación y de manera conjunta. El objetivo es crear opciones viables, que cuiden a quienes nos protegen del coronavirus y colaboren en la tarea de recuperar a los enfermos. Estos profesionales son el fruto de la educación pública universitaria.
Con 50 años de experiencia en la producción de antivenenos para combatir las mordeduras de serpientes, el Instituto Clodomiro Picado es uno de los centros de investigación de la UCR que ha colaborado en el desarrollo de dos medicamentos para tratar a personas enfermas con COVID-19. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Así, por ejemplo, entre los proyectos creados se encuentran los protectores faciales elaborados a partir de material biodegradable, que ofrecen mayor seguridad a profesionales en enfermería y medicina, policías y todos aquellos funcionarios que se encuentran en la primera línea de exposición frente al coronavirus; los ventiladores y respiradores para proporcionar asistencia a personas ingresadas en los hospitales; los hisopos necesarios para diagnosticar la enfermedad; la formulación de un medicamento a partir del plasma convaleciente de personas recuperadas; el desarrollo de modelos matemáticos para estudiar la dinámica de transmisión local del virus y que permiten a las autoridades del Ministerio de Salud tomar decisiones; y la creación de plataformas interactivas que reúnen y aportan datos importantes para definir estrategias relacionadas con la atención de la emergencia (véase Conozca cada uno de los aportes de la UCR en el marco de la pandemia).
“La naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria de estos trabajos resulta esencial para completar de forma exitosa los objetivos de la UCR de mejorar la respuesta del país ante el COVID-19. En nuestro caso, hemos trabajado en identificar moléculas inhibidoras de un componente clave de los coronavirus, para poder crear drogas antivirales efectivas. Se trata de una de las iniciativas que pasaron por una evaluación científica rigurosa para recibir fondos del Espacio de Estudios Avanzados de la UCR (Ucrea)”, manifestó Francisco Siles Canales, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, quien participa en el proyecto denominado Plataforma biocomputacional para la identificación de inhibidores de coronavirus.
Estas propuestas han visto la luz gracias a que se han unido los esfuerzos de la UCR, instituciones públicas, como la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), y diversas empresas privadas, que han aportado el soporte tecnológico y logístico de forma solidaria para beneficio del territorio nacional.
“Hay que destacar la participación de actores externos a la Universidad en la gestión de estos proyectos. Son más de 49 empresas y emprendedores, así como entidades estatales que colaboran para cumplir estos propósitos. Parte de la visión que tiene la UCR es generar este conocimiento para que sea trasladado al sector industrial, el cual cuenta con la capacidad de masificar los resultados y ponerlos a disposición de las personas”, afirmó Marianela Cortes Muñoz, directora de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova), de la UCR.
Finalmente, un aspecto importante de resaltar es que varios de estos proyectos han sido incluidos en el Repositorio de Derechos del COVID-19, el cual fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado por el Gobierno de Costa Rica. El objetivo de esta iniciativa es compartir los datos, el conocimiento y la propiedad intelectual dentro del contexto de la pandemia, para que todos los países puedan buscar soluciones y salvar la vida de las personas infectadas por el SARS-CoV-2.
