La Resistencia Palestina rechaza de forma contundente el plan de “paz” de Donald Trump aprobado por el Consejo de Seguridad, considerándolo una imposición que favorece la ocupación israelí y desarma a la resistencia.
Postura de Hamás y otras facciones de la Resistencia
Las principales organizaciones de la resistencia palestina —incluyendo Hamás, Yihad Islámica y Al-Muyahidin— han expresado su rechazo frontal a la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respalda el plan de Trump para Gaza:
Hamás denuncia que el plan impone una tutela internacional sobre Gaza, despoja a la resistencia de su función defensiva y favorece los intereses de Israel. Considera que la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) propuesta en el plan no es neutral, sino parte activa del conflicto, al tener como mandato el desarme de los grupos armados palestinos.
Afirma que el armamento de la resistencia está vinculado a la presencia de la ocupación, y que cualquier proceso de desarme solo sería legítimo dentro de un acuerdo político que garantice la autodeterminación y el fin de la ocupación.
Critica que el plan separa Gaza del resto de los territorios palestinos, introduciendo una nueva arquitectura política sin conexión con los principios nacionales.
Rechaza que la ayuda humanitaria esté condicionada por mecanismos políticos o chantajes, y advierte que la misión internacional podría convertirse en una herramienta de presión.
Argumentos jurídicos y políticos
Las facciones de la Resistencia sostienen que el plan viola principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, al imponer una autoridad administrativa extranjera sin consentimiento popular. Reivindican el derecho a la resistencia armada como legítimo y reconocido por convenciones internacionales.
Denuncian que el plan busca legitimar objetivos que Israel no logró por la fuerza, como el desarme total y la desradicalización de Gaza.
Contraste con la Autoridad Palestina (AP)
Mientras la Resistencia rechaza el plan, la Autoridad Palestina lo respalda, considerándolo un paso hacia la retirada israelí y la creación de un Estado palestino.
Esta diferencia refleja una fractura interna en el campo político palestino entre quienes apuestan por la vía diplomática y quienes sostienen la lucha armada como forma de resistencia.
Redactado por Juan Carlos Cruz a partir de cables de agencias de prensa.
SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.
El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.
Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.
Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro
(Transcripción textual del documento oficial)
Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:
Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.
Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.
Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.
Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.
Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.
Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.
Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.
Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.
Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.
14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
El programa Alternativas dedicará su transmisión del 21 de noviembre de 2025, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica, -6 UTC), a un tema de relevancia regional: la situación actual de Cuba, desde perspectivas políticas, geopolíticas, comunicacionales y diplomáticas.
El espacio contará con un panel de especialistas con amplia experiencia en análisis internacional, comunicación social y relaciones exteriores, quienes compartirán interpretaciones y claves para comprender el momento que vive la isla.
Panel invitado
Martín Chinchilla Castro Periodista y comunicador social. Conferencista. Expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
Rafael Ángel Ugalde Quirós Licenciado en Derecho y notario público. Comunicólogo y periodista (UCR). Con 45 años de experiencia profesional. Analista de la Red Mundial Antimperialista. Estudia Filosofía, Música y Geopolítica del Petróleo.
Alejandro Arguedas Sibaja Comunicólogo, periodista y productor audiovisual. Miembro de la Comisión Política del Partido Vanguardia Popular y del Movimiento de Solidaridad de Amor por Cuba.
Eric Valdés Martínez Licenciado en Derecho y Máster en Relaciones Internacionales. Más de 50 años en el servicio exterior de la República de Cuba, cumpliendo misiones en diversos países. Jefe de Misión de Cuba en Costa Rica.
Transmisión en vivo
El programa podrá seguirse en las plataformas habituales de Alternativas: Facebook Live, YouTube y Spotify.
Este 16 de noviembre recordamos a los mártires de la UCA: ocho vidas que eligieron la verdad, la justicia y a los pobres en tiempos de miedo.
Su legado nos sigue alumbrando: una universidad que no se vende, que incomoda al poder, que dialoga con todas las tradiciones —creyentes y no creyentes— y que pone a las víctimas en el centro.
En un momento donde la criminalización y el silencio cómodo avanzan, su martirio nos recuerda algo esencial:
La ética no es discurso; es un compromiso real con quienes cargan la desigualdad, la violencia y el despojo.
Honrar su memoria es seguir defendiendo la vida donde está amenazada.
UNIR-Haití lanza la campaña “6 días con Haití” y la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la
La Universidad Itinerante de la Resistencia de Haití (UNIR-Haití) lanzó la campaña “6 días con Haití”, una invitación internacional a escuchar, compartir y acercarse a la realidad haitiana desde las voces de sus mujeres, en medio de una crisis marcada por el aumento de la violencia, la inestabilidad y la migración.
La iniciativa acompaña la presentación de la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la: Mujeres en lucha y en resistencia, una serie de seis episodios realizados en Puerto Príncipe “en medio de muchas dificultades”, según expresan sus creadoras. La producción, que combina narrativas íntimas, testimonios comunitarios y análisis cultural y social, es una apuesta por mantener viva la mirada haitiana desde dentro, lejos de los estigmas y de las imágenes reducidas a la violencia.
El material llega en un momento crucial para Haití, cuando múltiples sectores sociales —especialmente mujeres, jóvenes y comunidades locales— continúan sosteniendo formas de organización, resistencia y creatividad frente al deterioro de las condiciones de vida. La campaña busca amplificar esas voces y sumar apoyos de organizaciones, personas y medios aliados.
Los materiales fueron compartidos con SURCOS por Rafael Salgado, de ITECO.
Los seis episodios del podcast “Fanm nan batay la”
Cada día de la campaña se destaca uno de los episodios. A continuación, la descripción y enlace de cada uno:
1. La voz joven que acompaña y resiste – Naïma Andris
¿Qué mueve a una joven feminista haitiana a sostener la esperanza en medio de la crisis? Naïma Andris comparte su trabajo acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia y reflexiona sobre el papel de la juventud haitiana organizada. https://youtu.be/mQRcA3ICJ2U?si=XAyoCqQnlH9A8h4A
Roseverlande comparte su investigación sobre el aborto voluntario en el vodou, y reflexiona sobre la importancia de producir conocimiento desde Haití y para Haití. https://youtu.be/6jBavnCTFGo?si=LPZgSlxBlBbPtQ4y
4. Vodou jazz y voz feminista – Vanessa Jeudi
Cantante, compositora y militante feminista, Vanessa Jeudi explica qué es el vodou jazz, cómo se vive y por qué es una expresión contestataria, espiritual y profundamente haitiana. https://youtu.be/SCMQ1q1g-Kg?si=4gl4uKrRk8H3y8_q
5. La vida cotidiana que sostiene al país – Patricia Jean
¿Cómo se gestiona el agua, los residuos o la esperanza en un país golpeado? Patricia Jean muestra una Haití cotidiana y valiente, sostenida por quienes deciden quedarse y cuidar. https://youtu.be/sysOhH0WjyY?si=x0msApmJUf3crjRD
6. Preguntas esenciales sobre Haití – conversaciones desde adentro
Dos mujeres haitianas responden preguntas frecuentes sobre el idioma, el territorio, la cultura, el vodou, la situación actual y sus sueños. Un episodio íntimo, lleno de orgullo y humor. https://youtu.be/x0msApmJUf3crjRD
Invitación pública
UNIR-Haití y las productoras solicitan apoyo compartiendo los episodios durante los seis días de campaña para amplificar estas voces y construir un relato alternativo y necesario sobre Haití: un país vivo, que lucha, crea, enseña y sueña.
A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.
Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.
Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?
RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.
Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.
Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.
En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.
Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?
RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.
Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.
El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?
RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.
En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.
Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.
EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?
RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.
Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.
Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.
Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?
RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.
Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.
Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.
Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?
RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.
Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.
Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.
Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.
¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.
La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.
La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.
La Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica anunció la conformación de la Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel, un espacio amplio de articulación social que busca frenar la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel, negociado y presentado por el Poder Ejecutivo sin transparencia hacia la sociedad civil.
Según la organización, el Gobierno ha anunciado su intención de presentar el TLC ante la Asamblea Legislativa en diciembre, pese a que el régimen israelí continúa enfrentando acusaciones de Crímenes de Guerra ante la Corte Penal Internacional y acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra la población palestina en Gaza y Cisjordania.
La Red denuncia que el acuerdo comercial se estaría utilizando para “lavar la imagen genocida y criminal del régimen sionista”, además de constituir un riesgo para la soberanía de la producción local y los recursos nacionales. Señalan que el contenido del TLC permanece bajo manejo reservado, con características de “Secreto de Estado”, lo cual impide el escrutinio ciudadano.
Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel
El comunicado informa que este sábado 15 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 medio día, se realizará el Encuentro por una Plataforma de Lucha contra el TLC con Israel, en el local del sindicato UNDECA (350 metros al norte del Hospital de Niños, calle 20 norte).
En esa sesión se formalizará una mesa de coordinación general, con participación de una persona delegada por cada organización adherida. El objetivo es sumar voluntades de personas, colectivos, sindicatos, asociaciones, organizaciones comunitarias y actores sociales para desarrollar acciones conjuntas que impidan la aprobación del tratado comercial.
La actividad incluye análisis político, exposición de motivaciones de la lucha contra el TLC e intercambio de propuestas entre sectores.
Convocatoria a Marcha Nacional
La Red de Solidaridad con Palestina CR anunció además la realización de la marcha “NO al TLC con el Genocida Israel”, en el marco del Día Mundial de Palestina, el próximo:
📅 Sábado 29 de noviembre 🕒 2:00 p.m. 📍 De la Casa Amarilla al bulevar de la Avenida Central, finalizando en la Asamblea Legislativa
Se espera una movilización amplia que exprese rechazo al acuerdo comercial, solidaridad con el pueblo palestino y defensa de la soberanía costarricense.
Organiza y convoca:
Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica — @palestinacostarica
El 11 de noviembre del 2025, en el marco de las actividades del 25 Aniversario de la Cátedra José Martí de la Universidad de Costa Rica, en la Sede del Pacífico, se llevó a cabo la charla: “La guerra proxy en Ucrania de la geopolítica unipolar”. En la exposición participaron el Dr. Serguey Krutko, en representación de la comunidad rusa en Costa Rica, el Ing. José Luis Callaci y el máster Miguel Alvarado, profesionales egresados de la ex Unión Soviética. La actividad contó con una valiosa asistencia de estudiantes y docentes de la Sede del Pacífico, quienes acogieron con gran interés la temática expuesta, interviniendo con acotaciones y preguntas que enriquecieron los contenidos de la plática.
Entre los asuntos que se abordaron en la exposición se encuentran los orígenes y las premisas históricas que influyeron en el contexto actual del conflicto en Ucrania. Se hizo énfasis en las consecuencias devastadoras que tuvo para Ucrania el golpe de Estado del 2014 (conocido como el Euromaidán, patrocinado por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN), golpe de Estado que derrocó el gobierno legítimamente electo e instaló un régimen que, en contubernio con grupos ultranacionalistas de inclinación nazi, implementó una persecución social, cultural, idiomática, religiosa contra la población de origen ruso en todo el país.
Además, se argumentó con profundidad por qué es un error considerar la confrontación bélica únicamente entre Ucrania y la Federación Rusa. En este sentido, se presentó una narración secuencial de los hechos que explicaban cómo el Occidente colectivo planificó y organizó con años de anticipación la estrategia de guerra híbrida (sanciones, rusofobia, fake news, etcétera) contra la Federación de Rusia. Igualmente se señaló la participación directa del Occidente colectivo en la preparación y abastecimiento militar del ejército ucraniano para reprimir y aniquilar a la población rusoparlante, en particular en la región del Donbás. Se subrayó los esfuerzos reiterados de la Federación de Rusia en resolver el conflicto por la vía pacífica y diplomática. También se destacó su afán para llegar a los acuerdos de Minsk I y II, que lamentablemente, ni el gobierno de Ucrania ni los países de la OTAN, estaban interesados en cumplirlos. En la exposición se examinaron tanto el contexto de violencia ejercido por las políticas rusofóbicas de la junta de Kiev, contra la población civil de las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, como la necesidad de la Federación de Rusia de reconocer a estas repúblicas para salvaguardar la vida de sus poblaciones y la obligada intervención de la Operación Especial Militar. Ante la sistemática agresión ucraniana contra las poblaciones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, la ciudadanía de estas cuatro regiones, en referéndum y acorde al derecho internacional, votó por adherirse a la Federación de Rusia.
A la prolongación del conflicto se suma la negativa de la junta de Kiev a aceptar los derechos y la soberanía de estas poblaciones y la independencia de sus respectivos territorios. Asimismo, se puso en evidencia cómo la hostilidad se ha visto avivada por líderes europeos que, con sed de guerra, atizan y elevan cada vez más la escalada militar. En cambio, la actitud y el compromiso de la Federación de Rusia han sido establecer el diálogo y encontrar una solución pacífica al conflicto que garantice una resolución verdadera y permanente.
Al final de la exposición, se reflexionó sobre cómo el conflicto en Ucrania está entrelazado con la actual coyuntura geopolítica, que transita de un mundo unipolar a uno multipolar. En fin, la guerra proxy en Ucrania (una guerra por encargo de los países belicistas de la OTAN), es la expresión de la civilización occidental en decadencia, de su economía en crisis y sus aspiraciones de una política de guerra, con la cual, pretende conservar el viejo orden internacional del saqueo colonial e imperialista (cada vez más obsoleto). Por el contrario, el mundo multipolar, conformado por un conjunto de países emergentes, tiene como punto de partida el respeto a la soberanía e independencia de los pueblos.
Rafael A. Ugalde Quirós Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Cuando dentro de dos años, la anfitriona Bruselas, pronuncie la clásica «Soyez les bienvenus chers délégués« en la V Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC – UE), la bienvenida a lo mejor ya haya diferenciado el significado profundo en todos los idiomas entre “sumisión” y “colaboración” y así, entonces, los liderazgos de la región corran mejor suerte.
La extensa resolución final de la IV Cumbre regional y el viejo continente reflejó, por un lado, una visión de sociedad propia y tradicional de quienes defienden el llamado “capitalismo bueno”, gracias a “izquierdas democráticas” “socialismo de consensos”, “frentismos populares”, “coaliciones democráticas” etc., de marcado acervo socialdemócrata y reformista, con un excelente discurso disfrazado de “progresismo” conforme ordena el último grito de moda.
Las discusiones, por otra parte, presentes dentro de la IV Cumbre en Santa Marta, nos dejó la evidencia de una concepción diametralmente opuesta a la anterior, que cree superable el concepto tradicional de democracia como sinónimo de llamar solo a votar en ciertas fechas, encaminada a transformar el modelo con la incorporación activamente de la población en la defensa de las soberanías nacionales y la construcción del sistema de producción y sus relaciones para que, cualquier desarrollo alcanzado, se considere bien de toda la colectividad, por encima de cualquier oferta y demanda.
Se diferencian además de la primera tesis en que establecen con notoria claridad cómo el reformismo resultó en las últimas décadas un aliado incondicional de la Europa profundamente fragmentada y las plutocracias regionales decrépitas, incapaces de levantar proyectos independientes y soberanos, en relación con Estados Unidos y el viejo continente.
Se parecen, pero son como el aceite y el vinagre. Para los primeros es cuestión de “ajustar” y “focalizar” los problemas lógicos derivados de las bondades del ese capitalismo, para que nada o muy pocas alteraciones del sistema haya, al mejor estilo de Max Webber; para los segundos, en cambio, la democracia es más que elecciones cada cierto tiempo, porque creen que cualquier transformación política y económica corre a cargo de las mayorías y son, en última instancia los trabajadores quienes revolucionan toda realidad social.
Así, en Santa Marta estuvieron además sumamente activos un tercer grupo que por ningún motivo se debe perder de vista en los años venideros. Fueron quienes rechazaron a Nuestra América como zona de paz, aplaudieron las exclusiones de naciones en razón del color de la piel, gobierno, asuntos de género, despolitización de los derechos humanos, creen sin tapujos que la plaga del narcotráfico y el terrorismo basta combatirlo a bombazos y aplicación de la pena de muerte generalizada. Son los países cuyos delegados están matriculados con la nueva versión del nazifascismo-sionismo. Son, en síntesis, quienes toda su existencia depende de las órdenes dadas desde Estados Unidos y esperan que la UE tenga éxitos conjuntamente en la nueva aventura de recolonización.
Por último, no hay que perder de vista que en Santa Marta hubo una numerosa delegación de segundo nivel de Europa Comunitaria – pues de peso solo estuvo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro – que dio cátedra sobre cómo funcionan las nuevas leyes de los imperios.
Foto presidencia de la república de Colombia.
Un grupo de segundones de la UE que conocía el oficio al dedillo y se llevó en banda a quien pestañó.
La declaración final incluyó varios párrafos con términos cómo “colaboración”, “multilateralismo”, “democracia”, “elecciones creíbles”, obviamente como una concesión de la región para que Europa Occidental conserve el monopolio de decir qué comicios son válidos y qué gobierno deben reconocerse en sus antiguas colonias.
Esta versión sesgada a favor de los intereses de las naciones integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) produjo un intenso debate al interior del encuentro, confirmaron a la prensa local varios diplomáticos acreditados durante el encuentro.
Aunque los europeos lograron imponer contra todos los pronósticos sus intereses, junto a los de Estados Unidos -que no necesitó estar presente, pues tuvo excelentes peones –, la guerra de la OTAN en Ucrania contra la Federación de Rusia produjo el mayor cisma dentro de la cita, que se prolongó más allá del conclave.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, al terminó de la cita, contó que Nicaragua se apartó de la llamada “Declaración de Santa Marta” por un asunto de principios. “La posición del Gobierno de Nicaragua es clara: No aceptamos y debe ser excluido, eliminado el párrafo que hace referencia a Ucrania”, expresó. De esa manera, precisó a la prensa, hubo consenso para que se aprobara la Declaración de la Cumbre, de lo contrario el pronunciamiento final no sería aprobado. Se refería a que los acuerdos de la CELAC se adoptan por consenso entre sus miembros; cuando hay un desacuerdo se permite acompañar la declaración final con el documento en el cual el país deja constando sus diferencias.
La declaración final, fue suscrita por 58 de los 60 países participantes en la cumbre. Nicaragua y Venezuela se “disociaron” del conjunto del documento, por lo tanto, se promulgaron tres documentos, que ponen en evidencia que el “trato igualitario” tan invocado durante este importante encuentro estuvo lejos de la realidad diplomática.
Para la Europa civilizatoria esta cumbre en tierras latinoamericanas y caribeñas significaba una especie de “luz al final del túnel”, pues es la oportunidad de relanzar más de 500 años de vinculación con la región, dado el complicado tablero geopolítico y el innegable error de cálculo cometido por sus lideres, en relación con el conflicto en Ucrania.
Los principales voceros de la UE reconocen que su economía pasa por problemas para competir con China, sus arsenales de armas están casi vacíos, porque no paró en abastecer a Ucrania, en tanto se obligó a subir de 2 % a 5% el presupuesto para la compra de armamento procedente de Estados Unidos. Y Europa occidental vive de los réditos producidos por los despojos llevados a cabo en América, Asia y África, por eso se acostumbró a transformar materias primas que ahora se les dificulta su obtención.
Por eso, pensando en materias primas, no dudó en escalar un conflicto armado entre Rusia y Ucrania – dos países entre familiarizados y fuera de la OTAN, pensando que con 12 mil sanciones a Moscú pondría de rodilla a Putin y quedaría libre así el acceso a la codiciada zona de Eurasia, rica en enormes cantidades de gas, petróleo, cobalto, oro, uranio, hierro, tierras raras, maderas, precisamente materias requeridas por la plutocracia occidental para sus cadenas de suministros.
No hubo ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, los europeos no se llevaron de América Latina y el Caribe la totalidad de muchas de esas materias primas requeridas ahora con urgencia para enfrentar el paso arrollador del dragón chino por el mundo.
Se trata, pues, una vez puesta en contexto la terminología diplomática de la Carta de Santa Marta, de un “multilateralismo” encaminado a entregar las materias primas de la región no solo a los Estados Unidos, sino además a los europeos que, como bloque, ambos defenderán esta parte del mundo como su área exclusiva de dominio contra el surgimiento de nuevos frentes económicos, políticos y de desarrollo socioeconómico en el cambiante tablero geopolítico.
Naciones como Costa Rica, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobago, aunque refrendaron la declaración final de esta Cumbre, presentaron objeciones concretas a los párrafos 10, 18 y 47 de la Carta de Santa Marta relacionados con la cooperación en acción climática y protección del medio ambiente (Párrafo 10), el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo (Párrafo 18), y la cooperación en gestión migratoria (Párrafo 47).
Según reveló el vicecanciller colombiano, Mauricio Jaramillo, una vez terminada la cita de Santa Marta, esta estuvo marcada por profundas diferencias y desacuerdos.
Con antelación a esta IV Cumbre CELAC-UE había fracasado el X encuentro denominado de las Américas con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por órdenes expresas de Estados Unidos y decisión de la Organización de Estados Americanos.
Jaramillo seguidamente amplió detalles revelando que la declaración conjunta de todos los miembros fue resultado de una negociación muy difícil entre 60 delegaciones.
Agregó que, Nicaragua optó por no respaldar el documento completo, mientras agradeció el gesto diplomático de Venezuela de retirarse de la declaración final y evitar así dar al traste con la cumbre, por mantenerse la visión sobre la guerra ucraniana.
Sin embargo, pese al innegable boicot contra esta cumbre por parte de Estados Unidos, en complicidad abierta con los altos cargos de la UE, el presidente colombiano “salvó” a su manera este difícil encuentro en puntos específicos, como el bloqueo comercial y económico contra Cuba y la situación de Palestina, aunque no logró un pronunciamiento concreto a favor de la necesidad de reconocer un Estado palestino con todas las garantías dadas por el Derecho Internacional.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, destacó en la red X el llamado de la Carta de Santa Marta contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba desde hace 61 años. Asimismo, subrayó la oposición regional a leyes y reglamentos con efectos extraterritoriales, a que hace referencia la declaración CELAC-UE.
No obstante, había lamentado que el texto final del importante encuentro careciese de una denuncia contundente por el actual despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que pone en peligro “la paz, estabilidad y seguridad regional, aun cuando fue un tema ampliamente discutido durante los debates de la IV Cumbre Celac-UEE”, reveló.
El destructor norteamericano Gerald Ford con misiles nucleares y modernos bombarderos apunta hacia la población venezolana. (F. tomada de Instagram).
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en una reacción recogidas por diferentes agencias de noticias dijo que, si se hubiera mencionado directamente la militarización del Caribe por Estados Unidos en el documento final de Santa Marta, no se habrían “logrado las firmas de algunos países”. “Así funciona la diplomacia”, añadió.
La funcionaria tiene cerca de seis meses de estar en el ojo de la tormenta porque insiste en que la UE se apropie de más de $ 300 mil millones de activos rusos confiados a bancos europeos para financiar la guerra ucraniana.
Asimismo, en declaraciones recogidas por la cadena de noticias CNN Kallas resaltó los buenos acuerdos alcanzados en Colombia y sostuvo que vamos a seguir siendo un socio comercial “predecible” y “confiable”, concluyó.
¿Qué les parece si hablamos de recolonización? ¡El que quiera entender que entienda!
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile expresa su más enérgico rechazo a las maniobras militares llevadas a cabo recientemente por Reino Unido en las Islas Malvinas, las que incluyeron pruebas del sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Estas acciones constituyen una provocación y una abierta violación de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes, Argentina y Reino Unido, a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.
Este despliegue constituye una nueva expresión de la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, una situación que continúa siendo objeto del legítimo reclamo diplomático de la República Argentina. Lejos de avanzar hacia una solución pacífica, el Reino Unido persiste en reforzar su infraestructura bélica en el archipiélago, lo que contraviene abiertamente las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu del diálogo y la diplomacia.
Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Argentina en su justo y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La presencia militar británica en las Islas Malvinas, a más de cuarenta años de la guerra de 1982, revela la persistencia de una política colonial, en completa contradicción con los principios del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Estas maniobras se enmarcan en la estrategia global de la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que busca proyectar su poder hacia el Atlántico Sur. Nuestra América Latina como El Caribe, deben ser Zona de Paz como lo proclamó la CELAC el 2014.
Rechazamos categóricamente esta política de intimidación y advertimos que la creciente presencia militar de la OTAN en el hemisferio sur —ya sea mediante bases, acuerdos o ejercicios conjuntos— constituye una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de nuestros pueblos.
Desde Chile, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina a repudiar públicamente estas acciones y a fortalecer los espacios de coordinación política y defensa común frente a las pretensiones imperialistas que buscan convertir nuestro continente en un escenario de disputa geopolítica.
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Imagen: Fotografía usada en el transporte público.
