Desde hace años, Gaza vive bajo castigo permanente, pero después de octubre de 2023 la situación entró en otro nivel de destrucción y crueldad. Lo que el mundo ha visto desde entonces no es solamente una guerra, porque una guerra supone al menos algún límite, alguna regla mínima, algún reconocimiento de la vida humana. Lo que ocurre en Gaza es otra cosa, una operación de devastación contra una población atrapada, cercada y bombardeada sin descanso. Millones de personas viven encerradas en una franja pequeña, sin posibilidad de escapar, mientras aviones, drones y tanques convierten barrios enteros en montañas de cemento roto y cuerpos enterrados.
Lo más duro no es solamente la cantidad de muertos, sino la manera como se ha normalizado el sufrimiento palestino. Las imágenes de niños sin piernas, madres cargando cadáveres envueltos en sábanas, hospitales convertidos en ruinas y personas buscando comida entre escombros aparecen todos los días en redes y noticieros, pero gran parte de los gobiernos occidentales sigue actuando como si nada grave estuviera pasando. EEUU continúa enviando armas y dinero, mientras la Unión Europea habla de “derecho a defenderse”, aunque las víctimas principales sean civiles desarmados.
La relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, afirmó que existen razones suficientes para hablar de actos de genocidio en Gaza y denunció que el objetivo parece ser destruir las condiciones de vida del pueblo palestino. Su informe describe bombardeos masivos sobre zonas civiles, desplazamientos forzados, hambre provocada y destrucción sistemática de hospitales, escuelas y sistemas de agua. La propia ONU señaló que Gaza se convirtió en “el primer genocidio transmitido en directo”.
Uno de los casos que más indignó al mundo fue el de Hind Rajab, una niña palestina de seis años que quedó atrapada dentro de un carro rodeada por los cadáveres de su familia. Durante horas pidió ayuda por teléfono a los rescatistas de la Media Luna Roja. La niña lloraba, decía que tenía miedo y preguntaba cuándo llegarían a salvarla. La ambulancia enviada para rescatarla también fue atacada. Días después encontraron el cuerpo de Hind junto al de los paramédicos. El horror de ese caso mostró algo terrible, en Gaza ni siquiera los niños pequeños logran escapar de la violencia.
Otro símbolo de la destrucción fue el hospital Al Shifa, el más importante de Gaza. Las fuerzas israelíes lo rodearon durante días, atacaron el lugar y dejaron fuera de funcionamiento áreas vitales para atender heridos y enfermos. Médicos denunciaron que bebés prematuros murieron porque se quedaron sin electricidad y sin incubadoras. Organismos internacionales advirtieron que destruir hospitales en medio de una emergencia humanitaria equivalía a condenar a miles de personas.
Los ataques contra personal médico y humanitario también se volvieron constantes. Informes denunciaron la desaparición y tortura de médicos palestinos detenidos por Israel. En otro hecho espantoso, trabajadores de rescate y paramédicos fueron encontrados en una fosa común, varios con señales de disparos y manos atadas. La guerra dejó de distinguir entre combatientes y civiles hace mucho tiempo, porque el castigo parece dirigido contra toda la población palestina.
En Gaza también se utiliza el hambre como arma. Israel ha bloqueado alimentos, combustible y medicinas, mientras millones de personas sobreviven apenas con algo de pan, agua sucia o ayuda humanitaria insuficiente. Organizaciones internacionales denunciaron que familias enteras pasaban días sin comer y que niños comenzaban a morir por desnutrición. La destrucción de panaderías, mercados, granjas y sistemas de agua agravó todavía más la situación. La ONU advirtió que esas medidas mostraban intención de destruir a la población mediante condiciones imposibles para vivir.
Todo esto ocurre frente a un mundo que parece acostumbrarse lentamente al horror. Renán Vega Cantor lo define como la normalización de la crueldad. Antes los imperios intentaban ocultar sus crímenes o maquillarlos. Ahora muchos dirigentes israelíes hablan públicamente de expulsar palestinos, borrar ciudades completas o impedir el ingreso de alimentos. Y lo hacen sin miedo, porque saben que cuentan con respaldo político y militar de las grandes potencias.
El problema no comenzó en 2023. Palestina lleva décadas viviendo ocupación, despojo y apartheid. Los asentamientos israelíes crecieron sobre tierras palestinas, las familias fueron expulsadas de sus casas y la población quedó fragmentada por muros, retenes militares y leyes discriminatorias.
Diversos organismos internacionales denunciaron desde hace años que existe un sistema de segregación contra los palestinos. Lo que pasa hoy en Gaza es la expresión más brutal de una política larga de ocupación y castigo.
Desde América Latina, todo esto recuerda demasiadas cosas. Recuerda pueblos arrasados en Guatemala, dictaduras apoyadas por Washington, desapariciones forzadas y masacres justificadas en nombre de la seguridad nacional. También recuerda cómo los medios poderosos llamaban “terroristas” a quienes resistían invasiones, dictaduras o despojos. Por eso mucha gente en esta parte del mundo mira hacia Palestina y reconoce una historia conocida, la de un pueblo pobre enfrentando una maquinaria militar gigantesca respaldada por los poderosos de siempre.
Lo más grave es que el sufrimiento palestino parece valer menos para Occidente. Si miles de niños europeos murieran bajo bombas durante meses, el escándalo mundial sería inmediato. Pero cuando las víctimas son árabes, musulmanes y pobres, muchos gobiernos hablan solamente de “conflicto” o “daños colaterales”. Esa doble moral deja al descubierto el racismo profundo que todavía marca la política internacional.
Israel ha convertido a Gaza en un territorio donde la vida humana parece no tener ningún valor. Escuelas bombardeadas, periodistas asesinados, familias completas desaparecidas, hospitales destruidos y personas obligadas a huir una y otra vez hacia supuestas “zonas seguras” que también terminan atacadas. La relatora Francesca Albanese advirtió que cuando el mundo comprenda completamente lo que ocurre en Gaza, probablemente sentirá vergüenza por no haber detenido antes tanta destrucción.
A pesar de todo, el pueblo palestino sigue resistiendo. Y esa resistencia explica también el nivel de violencia desatado contra Gaza. Porque Palestina representa algo que incomoda profundamente al poder mundial, un pueblo que se niega a desaparecer, aunque le destruyan las casas, los hospitales y hasta los cementerios. Cada familia que vuelve a levantar una carpa sobre las ruinas, cada médico que sigue operando sin luz, cada periodista que continúa grabando mientras caen bombas alrededor, demuestra que incluso bajo el horror más grande todavía existe dignidad humana.
Gaza ya quedó marcada como una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. El mundo entero ve la destrucción en vivo, escucha las denuncias, observa a niños pedir ayuda bajo los escombros y aun así las bombas siguieron cayendo. Dentro de muchos años, cuando se estudie este período de la historia, probablemente la pregunta más dura será cómo fue posible que tantos gobiernos y corporaciones vieran todo esto y decidieran seguir apoyándolo.
Desde América del Sur observamos con mucha preocupación la política, maniobras y ejercicios militares que realizan los países miembros de la OTAN en el mundo y que pueden desencadenar una tercera guerra mundial que tendría consecuencias devastadora para todos los países, incluida América Latina, ya que una tercera guerra mundial contra Rusia o China, eventualmente, podría involucrar armas nucleares.
De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG):
Colombia: Es socio global de la OTAN desde 2018, lo que implica una cooperación estrecha en seguridad, aunque no es miembro pleno.
Perú: Designado en 2026 como aliado principal no miembro de la OTAN por EEUU, facilitando cooperación en defensa y tecnología. Además, cuenta con certificación Nivel 2 en catalogación OTAN.
Argentina: Mantiene el estatus de aliado importante extra-OTAN desde 1998, fortaleciendo sus lazos.
Chile: Vinculado desde 2004 al Sistema OTAN de Catalogación (SOC), avanzando en modernización logística con software de la alianza.
Brasil: Usuario del sistema de catalogación de la OTAN y reconocido aliado importante de la OTAN.
Todos estos países, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina tienen los más altos gastos militares en América Latina. Por supuesto, en nuestro continente está el aliado más importante de la OTAN que son los Estados Unidos y también está Canadá con los más altos gastos militares.
En el caso de Chile queremos denunciar que el año 2025 la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, firmaron una “acuerdo técnico con Alemania que apunta a facilitar el intercambio de material militar” que, de paso, permitirá “el acceso a la logística del sistema OTAN -Organización de Tratado del Atlántico Norte-”.
La firma del acuerdo con Alemania es parte de una serie de requisitos de la OTAN para que Chile avance al Nivel 2, lo que permitirá al país catalogar sus propios productos y ofrecerlos en esta vitrina internacional.
El año pasado también, el diario electrónico El Mostradordenunció que existía una operación secreta entre Chile y Alemania. Alemania pedía a Chile la transferencia de al menos 30 vehículos de combate de infantería Marder 1A3. Estos carros de combate, posteriormente, serían enviados a la guerra en Ucrania que es de público conocimiento el gobierno alemán le está enviado equipamientos y armas a Ucrania en esta guerra contra Rusia.
Como organizaciones manifestamos al Ministerio de Defensa de Chile nuestro rechazo a esta venta o transferencia de estos carros de combate y pedimos al gobierno neutralidad y que pusiera fin a esta operación. No estamos de acuerdo que Alemania involucre a Chile en ninguna guerra.
Como ven, Alemania está muy activa en asuntos militares y sumemos a esto que un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señala que Alemania ha alcanzado, en secreto, las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares. Aunque digan que no tienen intenciones nosotros no creemos lo que dice el gobierno alemán porque en la práctica podrían fabricar armas nucleares en muy poco tiempo lo que es concordante con su discurso belicista y sus intenciones de construir el ejército más poderoso de Europa y su apoyo a la política de disuasión nuclear que impulsa la OTAN.
También es preciso señalar que en América Latina sigue la presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas donde han realizado en estos años diversos ejercicios militares para asegurar el control estratégico del Atlántico.
El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) examina anualmente la «Cuestión de las Islas Malvinas» desde 1964, reafirmando que es un caso de colonialismo que requiere negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Argentina ratifica su soberanía e insta a la descolonización, rechazando la autodeterminación isleña.
Así mismo, Página 12, denunció “un nuevo avasallamiento del Reino Unido sobre la soberanía argentina y sus recursos, el gobierno local de las Islas Malvinas habilitó el proyecto de las petroleras Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel, para extraer 55 mil barriles diarios en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros de Puerto Argentino”.
La OTAN es un instrumento para la guerra y para que las grandes empresas de armamento sigan haciendo negocios y lucrándose con la muerte y la destrucción. Al mismo tiempo, son instrumentos para el saqueo de recursos naturales y para la geopolítica del petróleo.
Denunciamos el ataque a Venezuela y la extorsión que realiza el gobierno de los Estados Unidos y las sanciones impuestas unilateralmente contra el pueblo venezolano.
Denunciamos el bloqueo unilateral contra Cuba y las amenazas constantes que hace Estados Unidos de atacar a este país considerado por Washington como una amenaza. Denunciamos que EEUU sigue manteniendo control ilegal en Guantánamo que no es solo una base militar sino también una cárcel.
Finalmente, manifestamos nuestro apoyo con las diversas iniciativas de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN ya que es deber de todos defender la paz y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
* Este artículo ha sido preparado y compartido en el webinario “OTAN: ¿sigue expandiéndose a nivel global?” organizado por IPB y la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.
Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org
La humanidad atraviesa un momento de grandes tensiones militares, en el que la impunidad, la ruptura del orden jurídico internacional y la normalización de la crueldad se han convertido en amenazas para la vida de todos los pueblos. Las acciones genocidas del gobierno de Israel contra los pueblos de Palestina y Líbano son un testimonio de cómo la guerra avanza sin consideración alguna por la protección de la vida de personas inocentes, ni de escuelas, hospitales o iglesias.
El pasado jueves 30 de abril, ese gobierno ha atentado nuevamente contra la humanidad al dirigirse también contra activistas humanitarios. La flotilla Global Sumud, que navegaba por aguas internacionales, fue interceptada por las fuerzas militares de Israel, poniendo en riesgo la vida de su tripulación. Posteriormente, los ocupantes de estas embarcaciones han sufrido detenciones que atentan contra acuerdos internacionales que garantizan la paz y las relaciones internacionales basadas en el respeto a los derechos humanos.
El secuestro de este grupo de activistas se suma a los crímenes con los que el gobierno de Israel ha castigado a toda persona que busca tomar acciones contra el genocidio del pueblo palestino. No podemos olvidar que ese mismo gobierno ha asesinado a más de 220 periodistas en Gaza, al tiempo que ha mantenido cierres y prohibiciones absolutas a la entrada de ayuda humanitaria para la población civil bajo asedio.
En medio de esta crisis para la humanidad, nos sumamos a las voces que denuncian la detención ilegal de los activistas Saif Abukeshek, de nacionalidad española, y Thiago Ávila, de origen brasileño. Ambos se encuentran bajo arresto impuesto por tribunales del Estado de Israel, aunque no han garantizado su derecho a una defensa adecuada. Estas personas deben ser inmediatamente liberadas, y sus derechos a la defensa deben ser garantizados plenamente en acuerdo con los estándares internacionales respectivos.
Desde el Frente Amplio, exigimos la protección de la vida de toda la población palestina y el respeto pleno de todos los derechos de las personas activistas. Demandamos, también, la liberación de todos los presos políticos retenidos porel Estado de Israel, el cese inmediato del genocidio contra el pueblo palestino, el respeto irrestricto a sus derechos humanos y la devolución de las tierras que han sido ilegalmente ocupadas.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 27 de abril, un titular de un artículo de La Nación se lee como sigue: “¿Vendrá el presidente o el primer ministro de Israel a la toma de posesión de Laura Fernández? Esto dijo el canciller Arnoldo André”.
La lectura del artículo no permite saber (al menos hasta este 3 de mayo del 2026) cuál de los dos dirigentes israelíes vendrá a Costa Rica (o si será, finalmente, otra alta autoridad israelí de menor rango la que se hará presente en Costa Rica para el acto oficial de traspaso de poderes).
La duda ha persistido desde que se editó esta nota (el 27 de abril pasado), al no haberse precisado en los días subsiguientes y hasta la fecha del 3 de mayo, la identidad del dirigente israelí que se hará presente el próximo 8 de mayo: salvo error de nuestra parte, ningún medio o periodista costarricense tuvo la curiosidad de solicitar una pequeña aclaración a las autoridades nacionales costarricenses desde esta publicación de La Nación y hacerla pública.
Si el objetivo de este titular de La Nación era simplemente el de sembrar una duda en la opinión pública, hay que reconocerle a su autor que logró plenamente su objetivo.
No es usual que un Estado, que ha sido objeto como Estado de una demanda por genocidio interpuesta desde diciembre del 2023 ante la justicia internacional – véase texto de la demanda que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 1) – envíe a su Presidente a un acto oficial de traspaso en el exterior; y mucho menos que envíe, en su lugar, a su Primer Ministro, objeto (como individuo) de una orden de captura por crímenes de guerra cometidos en Gaza, emitida desde noviembre del 2024 por la justicia penal de La Haya. Salvo error de nuestra parte, no se ha registrado presencia de altas autoridades israelíes en los últimos años en actos de traspaso de poderes en América Latina, lo cual refuerza el carácter inusual de la presencia anunciada de uno de estos dos dirigentes israelíes a Costa Rica este próximo 8 de mayo.
Cabe precisar que es muy probable que lleguen para la ocasión a Costa Rica, jefes de Estado de América Latina muy cercanos a Israel en la actualidad, como los de Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.
Resulta oportuno recordar que Paraguay abrió una embajada en Jerusalén en diciembre del 2024, en abierto desafío al consenso existente sobre el estatuto internacional particular de Jerusalén desde 1947 (véase nota del TimesofIsrael); y que el único Estado que se resiste en reconocer a Palestina como Estado en toda América Latina, es Panamá (véase nota del año 2014 de La Estrella, en la que se indica que Panamá «considera» proceder a este reconocimiento). Recientemente, en su tercer viaje a Israel, el Presidente de Argentina reafirmó los lazos que lo unen a Israel (véase comunicado oficial del prensa del 19 de abril del 2026).
Con relación a los viajes emprendidos en el exterior, hace ya un buen tiempo que el único destino de los vuelos internacionales del Primer Ministro israelí se reducen a uno solo: Estados Unidos. El temor a ser capturado o a sufrir algún desliz explican en parte esta gran limitación a la hora de realizar viajes en el exterior.
Ahora bien, la cercanía de Costa Rica con Israel, incapaz de condenar oficialmente el genocidio en curso en Gaza desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023, con una diplomacia omisa en Naciones Unidas en cada una de las ocasiones en las que hubo que condenar a Israel desde entonces, así como la suscripción en diciembre del 2025 de un tratado bilateral en materia de libre comercio entre Costa Rica e Israel, inclinan a pensar que las autoridades de Israel verán la forma de «agradecer» a Costa Rica, enviando para esta ocasión, a una de sus máximas autoridades a San José el 8 de mayo.
De manera a tener una idea más completa de los invitados internacionales que se hacen presentes en los traspasos de poderes recientes observados en América Latina, remitimos a este artículo publicado en ElPais (España) relacionado al acto oficial celebrado en Santiago de Chile el pasado 11 de marzo; así como a esta nota de prensa sobre el acto realizado en La Paz en el mes de noviembre del 2025; y a esta otra nota de prensa (La Nación /Argentina) sobre los invitados observados en Buenos Aires en diciembre del 2023. Es de notar que a ninguno de ellos asistió una alta autoridad israelí.
En esta nota de prensa sobre el traspaso de poderes anterior (mayo del 2022) en Costa Rica, se lee el detalle de los invitados internacionales de mayor rango que se hicieron presentes en la capital costarricense.
En las líneas que siguen intentaremos explicar el alcance exacto de las obligaciones internacionales que pesan sobre los Estados a la hora de cooperar con la justicia penal internacional de La Haya, y ello a partir de la precitada duda provocada por la publicación de La Nación.
Las obligaciones internacionales que pesan sobre Costa Rica
De venir en persona el actual primer ministro de Israel, objeto de una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) desde noviembre del 2024 (véase anuncio oficial de la CPI), las autoridades de Costa Rica deberían en buena lógica, proceder a capturarlo y ponerlo de inmediato a disposición de la justicia penal internacional de La Haya.
Esta posibilidad resulta difícil de considerar: si el Primer Ministro emprende un largo vuelo desde Israel hacia Costa Rica, es porque ha recibido seguridades oficiales de que no será capturado por las autoridades costarricenses (dispuestas en este caso, a hacer a un lado todas las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica); y porque se han realizado las consultas correspondientes con el aparato de inteligencia de su incondicional aliado, Estados Unidos, en aras de prevenir cualquier desliz y/o riesgo de captura en suelo costarricense.
De no ordenar su captura el Poder Ejecutivo, sería entonces la justicia costarricense la llamada a proceder a ordenar su captura y puesta a disposición de la justicia internacional de La Haya. Con, en perspectiva, un eventual nuevo pulso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo: uno más de tantos que se han observado en los últimos cuatro años en Costa Rica.
Somos de la opinión que es la incertidumbre que puede pesar sobre la suerte de una orden de captura emitida desde la justicia costarricense, la que podría obligar al primer ministro israelí … a reconsiderar su presencia en el suelo costarricense.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, Costa Rica es un Estado Parte al Estatuto de Roma (véase texto), un tratado que cuenta con 124 Estados Partes y que establece una serie de obligaciones a los Estados Partes en materia de cooperación con relación a la captura de personas requeridas por la CPI, en particular en sus artículos 86 a 102.
Es de recordar que desde el 2002, la ley 8272 (véase texto), tipifica en la legislación penal costarricense, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En respuesta a la consulta prescriptiva con relación al Estatuto de Roma, la Sala Constitucional en su voto Nº 09685 – 2000 del año 2000 (véase texto completo) señaló que:
«Desde la perspectiva del derecho costarricense, la detención y entrega de un extranjero no plantea dificultades de orden constitucional, porque no hay norma alguna en la Constitución que pudiera invocarse para impedir su detención y entrega en el marco del Estatuto«.
Este documento colgado en el sitio de la CPI (sin fecha, ni autoría, ni tampoco encabezado oficial…) posiblemente haya sido elaborado por las autoridades diplomáticas de Costa Rica a la hora de sistematizar a la CPI las diversas iniciativas para implementar el Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico costarricense, algunas de ellas aún encontrándose en trámite en la Asamblea Legislativa.
Cabe también indicar que desde abril del 2009, Costa Rica es Estado Parte a la Convención de Naciones Unidas de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), planteándose una interrogante bastante válida sobre el hecho de haber esperado Costa Rica 41 años para ratificar este valioso instrumento internacional.
En esta respuesta de la Sala Constitucional de octubre del 2025 a un ciudadano costarricense indignado por la total inacción y omisión de Costa Rica con respecto al genocidio en curso en Gaza, al parecer el recurrente no cumplió con elementos formales exigidos en su recurso.
Una pequeña aclaración
No está de más aclarar que la captura de una persona sospechosa de haber cometido, ordenado o instigado crímenes que interesan a la justicia penal internacional de La Haya, no da pie para una condena inmediata.
Esta persona primero será sometida en La Haya a un juicio penal, en el que tendrá la posibilidad de contratar a los mejores abogados para demonstrar que los cargos que se le imputan por parte del Fiscal de la CPI no se sostienen, y que no hay manera de establecer su responsabilidad penal individual por estos crímenes.
De ser objeto de una primera sentencia condenatoria en su contra por parte de los jueces de la CPI, esta misma persona tendrá entonces toda la libertad de presentar una apelación ante las instancias correspondientes de la CPI. Al respecto, esta extensa opinión conjunta (190 páginas) del 2019 de jueces de la CPI con relación al caso del presidente de Sudán, al invocar en su defensa las inmunidades de jefe de Estado para poder seguir viajando en el exterior pese a tener una orden de arresto en su contra, resulta de gran interés (véase texto).
Esta pequeña aclaración de nuestra parte permite rechazar algunos supuestos «argumentos» que se leen a veces en Israel (y en el seno de algunos círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), indicando falazmente que, tan pronto sea capturado y enviado a La Haya, el primer ministro israelí no tendría cómo defenderse ante los jueces de la CPI. Hay que recordar siempre algo bastante sencillo, pese al carácter expeditivo de algunas jurisdicciones nacionales y pese a un ejército como el israelí que desde hace ya varios años, procede al asesinato deliberado de «personas sospechosas«: toda persona, por más sospechosa sea, se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario en el marco de un juicio penal. Si le resulta, estimado/a lector/a, bastante sencillo lo que algunos intentan omitir cuando de Israel se trata, lo invitamos a releer lo que comentaristas, columnistas, analistas y supuestos «expertos» escriben con cierta frecuencia para intentar defender a Israel a la luz de las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional, reglas procedimentales de la CPI incluidas.
Viajar en el exterior con una orden de captura en su contra y un cerco de la justicia que se cierra
La lista de los 124 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) explica la escogencia de destinos «seguros» para el primer ministro de Israel como Washington, Miami y Nueva York: se trata de ciudades a las que ha viajado de manera repetida en los últimos tiempos. En América Latina, los dos únicos Estados que no son Estados Partes al Estatuto de Roma, son Cuba y Nicaragua (que tan siquiera han firmado este instrumento internacional adoptado en Roma en julio de 1998).
El primer ministro israelí evitó, por ejemplo, pese a recibir una invitación oficial, viajar a Roma para honrar los restos fúnebres de su Santidad el Papa Francisco en abril del 2025. Tampoco se hizo presente en mayo del 2025 para las ceremonias celebrando el Papado de su Santidad el Papa León XIV (véase nota de prensa).
En el caso de Estados Unidos, desde que fue electo en noviembre del 2025, el nuevo alcalde de Nueva York ha enfatizado que sí ordenaría la captura del Primer Ministro israelí en su calidad de alcalde de Nueva York (véase nota de prensa), y que estaría dispuesto a enfrentar a las autoridades federales de Estados Unidos si fuese del caso: será de sumo interés observar si viajará nuevamente (o no) a Nueva York el actual Primer Ministro de Israel para la próximo Asamblea General de Naciones Unidas, a realizarse en el mes de septiembre del 2026. Rehuir una cita internacional en razón de una orden de arresto emitida por la CPI es una cosa: rehuirla en razón de la posición de un nuevo alcalde… es otra.
La coherencia y la consistencia (también…) puestas a prueba
A las diversas obligaciones jurídicas que derivan de un instrumento como el Estatuto de Roma, en particular en los artículos 86 a 92, hay que añadir la coherencia y la consistencia de las actuales autoridades costarricenses con respecto a la CPI, que las obligarían también a proceder a la captura del actual primer ministro israelí.
A menos … que las actuales autoridades costarricenses salientes estén dispuestas a realizar un nuevo ejercicio sobre incoherencias e inconsistencias, y ello a la faz de la comunidad internacional, este próximo 8 de mayo.
Al respecto, cabe recordar que el 22 de marzo del 2023, la máxima autoridad de Costa Rica visitó en La Haya la sede de la justicia penal internacional (véase comunicado oficial de la CPI), ocasión en la cual externó que:
“In these times of great global challenges, it is essential to have an independent and impartial International Criminal Court to guarantee that the worst international crimes do not go unpunished. Costa Rica reaffirms its unwavering commitment to international criminal justice, the integrity of the Rome Statute and the protection of the judicial independence of the International Criminal Court”.
De igual manera, durante la última Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, celebrada en La Haya en diciembre del 2025, Costa Rica reafirmó su pleno apoyo a la labor de la CPI, indicando que (véase comunicado oficial):
“Costa Rica recordó que todos los Estados Parte del Estatuto de Roma están llamados a trabajar de manera comprometida con la Corte, y a brindar un apoyo consistente para que esta pueda cumplir con su mandato de forma eficaz y coherente, en todas las situaciones bajo su jurisdicción”.
El texto anterior proviene de un comunicado de prensa elaborado por el aparato diplomático costarricense, cuyo actual titular fue el que anunció, el pasado 27 de abril, la presencia de altos dirigentes de Israel en Costa Rica el próximo 8 de mayo, sin precisar su identidad exacta.
Como no ha habido cambios de titular en la conducción de la diplomacia costarricense desde el mes de mayo del 2022, podemos considerar que la coherencia y la consistencia de lo escuchado en La Haya en el 2023 y en el 2025 se mantienen.
Resulta de interés señalar que en marzo del 2026, mientras que la comunidad internacional repudió la adopción de una polémica ley en Israel instaurando la pena de muerte de manera discriminatoria, al ser aplicable únicamente para condenados palestinos (véanse entre muchos comunicados oficiales, el de España, de Francia, de la misma Unión Europeay el comunicado conjuntode Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido así como este comunicado de varios expertos de Naciones Unidas), el aparato diplomático costarricense se mantuvo totalmente omiso y enmudecido. Al respecto resulta oportuno leer el comunicado oficial de Costa Rica del 2024 en el día internacional de la abolición de la pena de muerte en el que reafirma su defensa de principios … pasados por silencio tratándose de Israel en el 2026.
De igual manera es menester recordar la posición del delegado de Costa Rica (abstención) en abril del 2024, al votarse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exigiendo un embargo de armas a destinación de Israel (véase nota de Delfino.cr). A la fecha, ninguna explicación del voto se ha hecho pública al respecto, teniendo los delegados de los Estados, sea en Ginebra como en Nueva York, la posibilidad de explicarse ante las demás delegaciones. Ninguna tampoco se ha dado a conocer con relación a un insólito voto en contra de Costa Rica durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el mes de diciembre del 2022 y que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2).
Algunos precedentes recientes con respecto a Estados Partes al Estatuto de Roma que invitan a criminales de guerra buscados por la CPI
Más allá de los extraños silencios del aparato diplomático de Costa Rica cuando Israel viola principios que la misma Costa Rica ha defendido en el plano internacional en una multitud de foros, resulta oportuno precisar el hecho siguiente con relación al continente europeo: hasta hace muy poco, el actual primer ministro de Israel disponía de una capital en Europa para aterrizar sin problema, en un Estado Parte al Estatuto de Roma.
No obstante, con las recientes elecciones realizadas y el cambio de autoridades en Hungría, la única capital en Europa donde podían aterrizar sin mayores dudas los pilotos del actual primer ministro israelí, dejó de serla: véase nota sobre posición de las nuevas autoridades húngaras con respecto a la justicia penal internacional de La Haya.
Es de notar que en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (véase texto de esta decisión). Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023 (véase comunicado oficial de la CPI): la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI (véase texto).
Ambas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los 124 Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior. Pese a la claridad meridiana de ambas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), y que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia, debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del presidente de Rusia y del primer ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra. ¿Qué será lo que observamos todos y que no quieren ver unos pocos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo?
Tal y como se puede observar, pese a problemas de visión de unos, los pilotos de las aeronaves del actual Primer Ministro de Israel y del Presidente de Rusia tienen que evitar aterrizar en Estados Partes al Estatuto de Roma: de hacerlo y no ser capturados sus ilustres ocupantes, ambos buscados por la justicia penal internacional por crímenes de guerra, las autoridades nacionales de estos Estados se exponen a una fuerte condena por parte de la CPI (tal y como ocurrió con Mongolia en el año 2024 y con Hungría en el año 2025).
Estos mismos pilotos también deben preocuparse por escoger planes de vuelo o itinerarios “seguros”: en el caso de Francia, en abril del 2025, un colectivo de juristas externó su profunda indignación, al haber Francia autorizado el sobrevuelo de una aeronave en la que viajaba el primer ministro de Israel (véase cartadirigida al presidente de Francia).
En septiembre del 2025, tal y como se puede apreciar en esta nota de prensa, los pilotos israelíes optaron por evitar a toda costa sobrevolar a Italia, Suiza, Francia, pero también España y Portugal en el viaje del primer ministro israelí a la ciudad de Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Mapas extraídos de esta nota de prensa, titulada “Benjamin Netanyahu avoids French and Spanish airspace on flight to UN”, The National, edición del 25 de septiembre del 2025
Con relación al destino final de este vuelo para el Primer Ministro de Israel del mes de septiembre del 2025, evitando sobrevolar a varios Estados europeos, no está de más recordar la verdadera humillación que sufrió el dirigente israelí al tomar la palabra y al ver cómo se vaciaba rápidamente el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (véanse al respecto este video y esta nota del medio digital costarricense Delfino.cr), en señal de profundo repudio por su presencia en Naciones Unidas. Por cierto, entre las delegaciones que no salieron de la sala, figuran las de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Hungría y Paraguay y unas pocas más. Podríamos decir que el recinto dejó de ser el de las «Naciones Unidas» y se sustituyó por unos breves minutos por las «Naciones Netanyhadas«: es decir delegaciones oficiales de Estados obligadas a permanecer sentadas y que, por alguna razón que sería de interés conocer, no fueron autorizadas por sus respectivas capitales a acompañar el movimiento generalizado de indignación y de rechazo a la presencia del primer ministro de Israel en Naciones Unidas.
Nunca en la historia, un dirigente político objeto de una orden de captura por parte de la CPI se había atrevido a venir a tomar el micrófono ante la tribuna internacional que se reúne anualmente Nueva York, antes del actual primer ministro israelí.
Recientes episodios en Costa Rica con relación a Israel y al genocidio en curso en Gaza
Resulta oportuno señalar que al finalizar el mes de febrero del 2026, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios, y ello pese a la intensa campaña en su contra orquestada desde Estados Unidos e Israel y desde sus círculos afines (Nota 3).
Sobre las recientes acusaciones en su contra, se recomienda en particular leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y cuyo texto integral está disponible desde el 1 ero de abril. El pasado 2 de abril, se informó que Francesca Albanese recibió la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa).
En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más); al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión las falacias que el aparato diplomático israelí ha difundido en su contra, y ello desde su primer informe de julio del 2024, titulado «Anatomía de un genocidio» (cuya lectura integral se les recomienda leer an vez de repetir en modo casi automático lo que difunden comunicados de prensa del aparato diplomático israelí).
El anuncio hecho el pasado 8 de abril sobre la declaración como organizaciones terroristas de cuatro entidades de Oriente Medio por parte de las autoridades de Costa Rica, evidencia la total alineación de Costa Rica a Israel y a Estados Unidos (véase nota de La Nación), que tuvimos la oportunidad de señalar con relación a otra iniciativa conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos (Nota 4). Sería de interés conocer la justificación oficial exacta para declarar justo el 8 de abril del 2026, horas después de anunciar Estados Unidos un cese al fuego con Irán, a estas cuatro entidades como entidades terroristas, una iniciativa que consideramos que no es exenta de riesgos dada la fuerte tensión que se vive en Oriente Medio y la gran cantidad de turistas israelíes que visitan a Costa Rica, en particular en algunas playas en el Pacífico (Nota 5). En diciembre del 2025, tuvimos la ocasión de analizar el anuncio hecho desde Israel por parte del titular del comercio exterior costarricense, al firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel (Nota 6): se trata del primer TLC en el mundo firmado con Israel, estando su máxima autoridad (a título individual) sujeta a una orden de captura por parte de la CPI y siendo objeto Israel (como Estado) de una acción ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio, interpuesta por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023.
No está de más indicar la repentina atención de toda la prensa internacional sobre Costa Rica que provocaría la presencia del primer ministro israelí en suelo costarricense el próximo 8 de mayo; así como la presencia del presidente de Israel si no llegara a Costa Rica el primero, por algún temor a sufrir algún destiempo o desliz con la justicia costarricense.
A modo de conclusión
En el 2017, sin contar aún con una orden de captura en su contra, ya el primer ministro de Israel debió contornar el espacio aéreo de Indonesia en el marco de un viaje oficial a Australia (véase nota de febrero del 2017 del TimesofIsrael).
Con ahora una orden de captura en su contra emitida por la CPI, y una Europa y una América Latina compuestas por Estados Partes al Estatuto de Roma o casi, los itinerarios de vuelo de los pilotos israelíes son aún más complicados: es probablemente por esta razón que no ha podido materializarse la visita a Buenos Aires que le ha extendido al Primer Ministro de Israel el actual mandatario de Argentina (Estado Parte al Estatuto de Roma), al anticiparse la probable negativa de Brasil de autorizar su aeronave a sobrevolar el territorio brasileño.
Usualmente, nuestras diversas contribuciones refieren a comentarios o análisis, desde la perspectiva jurídica internacional, de hechos o de situaciones pasadas: se puede tratar de fechas conmemorativas en derecho internacional pasadas totalmente desapercibidas, de algunas de las “trumpadas” a repetición que sacuden el ordenamiento jurídico internacional desde el 20 de enero del 2025, de decisiones de la justicia internacional de La Haya, de decisiones de la misma CPI, de sanciones adoptadas contra los jueces de la CPI o su Fiscal, de un acuerdo internacional que lleva orgullosamente el nombre de un cantón costarricense y no se ratifica por parte de Costa Rica, o bien de informes de Naciones Unidas publicados, etc…
En este preciso caso, se trata de una duda persistente, inducida por el precitado título de un artículo de prensa publicado en La Nación.
La persistencia de la misma obedece al correr del tiempo y a la falta de claridad sobre la identidad de la persona que llegará al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo en proveniencia de Israel a la capital costarricense. Si hemos logrado que esta incertidumbre lo acompañe con una mezcla de intranquilidad y de pesadumbre, consideraremos, estimado/a lector/a, que estas cuantas líneas habrán cumplido con su objetivo.
De finalmente optar por no venir a Costa Rica el actual primer ministro de Israel, esperamos que estas cuantas reflexiones habrán permitido entender mucho mejor la extrema dificultad que conlleva, para un dirigente político, una orden de arresto en su contra emitida por la justicia penal internacional de La Haya.
Si Israel opta por enviar a su presidente en vez de su primer ministro, cabe indicar que sería la primera vez que un Estado objeto de una demanda por genocidio interpuesta desde diciembre del 2023 ante la justicia internacional, envía a su presidente para presencia un acto oficial de traspaso de poderes en el exterior.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 29 de diciembre del 2023. Texto integral disponible en esteenlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, 31 de diciembre del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Estados Unidos, en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. Desde entonces, las intensas presiones contra la labor de Francesca Albanese no han cesado: el 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre la capacidad de lectura de este alto funcionario galo y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian lo burdo de la maniobra.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente «acuerdo migratorio» sobre deportaciones vía aérea«, 27 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Son muy diversos los artículos publicados en inglés en el exterior como éste y este otro y esta nota y que detallan la presencia de una importante comunidad israelí en algunas playas en Costa Rica. Un reportaje de la televisión costarricense (véase enlace) de marzo del 2024 explica cómo en pocas horas, de surfear en un conocida playa en el Cóbano, jóvenes israelíes pasan a combatir en Gaza unos días después. Este reportaje merecería ser completado por otro para saber un poco más sobre los israelíes que, de regreso de varios meses en Gaza, entran a Costa Rica para ir a surfear en esta misma playa de Santa Teresa de Cóbano, objeto del precitado reportage. En el 2021, en esta misma playa se registró la muerte de un israelí por parte, al parecer, de coterráneos de la misma víctima (véase nota de CRHoy). En diciembre del 2025, en otra playa en Guanacaste, se registró un fuerte altercado con activistas denunciando el genocidio en Gaza (véase nota del Semanario Universidad).
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre. Texto integral disponible en este enlace.
Diversas organizaciones y personas ciudadanas convocan a una manifestación nacional contra la guerra y la impunidad, en la que se expresará rechazo a la participación de líderes vinculados con conflictos armados en actividades oficiales en el país, así como la exigencia de acciones judiciales ante presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La convocatoria plantea que Costa Rica, históricamente reconocida por su vocación pacifista, “no da la bienvenida a la guerra” y reafirma su compromiso con la paz. En ese marco, se solicita a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza para que se investiguen los hechos señalados y se proceda conforme a derecho.
En particular, se exige la detención inmediata de Isaac Herzog, presidente de Israel, a quien se le atribuyen responsabilidades en crímenes de guerra y de lesa humanidad denunciados en distintos países. Según se informa, la Red de Solidaridad con Palestina presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público solicitando su arresto.
La actividad se llevará a cabo el viernes 8 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m., frente a la Corte Suprema de Justicia en San José. Las personas organizadoras hacen un llamado a la participación ciudadana bajo consignas como “por la vida, por la dignidad” y en solidaridad con el pueblo palestino, reafirmando que “Costa Rica es y será tierra de paz”.
La convocatoria es impulsada por la Red de Solidaridad con Palestina, junto con otros colectivos que promueven la justicia internacional, la paz y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se suman consignas como “no a la guerra, sí a la paz” y el rechazo a tratados como el TLC con Israel.
El próximo sábado 2 de mayo se realizará el Festival Solidaridad por los pueblos de Nuestra América, una actividad cultural que convoca a la música, el arte y la expresión solidaria en apoyo a las luchas de los pueblos latinoamericanos.
El evento tendrá lugar en Casa Mestizzo, en Piedades de Santa Ana, a partir de las 2:00 p. m., y contará con la participación de diversas personas artistas que compartirán su talento en una jornada de encuentro y compromiso social.
La actividad tiene un carácter solidario, con una donación de ₡2000, y busca fortalecer los vínculos culturales y políticos en torno a las causas de los pueblos de la región. Para reservaciones, se habilitó el número 8311 8802.
Entre las personas artistas que participarán en el festival se encuentran:
Navy Hernández Oscar Espinoza Alvaro Zúñiga Wilson Arroyo Alejandra Espinoza Gerardo Cascante Dionisio Cabal Beto Campos Fadir Delgado Carlos Villalobos Manuel Monestel
El festival es organizado por la Asociación Cultural Musical Mestizzo y el Movimiento Popular Costarricense, con la colaboración del Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba – Costa Rica.
La actividad propone un espacio de encuentro donde la cultura se convierte en una herramienta para la solidaridad, el intercambio y la construcción de conciencia en torno a las realidades de América Latina.
El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, advierte sobre una escalada global de guerras, invasiones y violaciones al derecho internacional, señalando directamente a los gobiernos de Estados Unidos e Israel como responsables de graves crímenes contra la humanidad. En su pronunciamiento, denuncia el impacto de estas acciones sobre los pueblos, cuestiona el silencio de organismos internacionales y hace un llamado urgente a la conciencia global para detener la violencia y defender la paz como fruto de la justicia.
SURCOS transcribe el texto de Adolfo Pérez Esquivel:
Donald Trump y Benjamin Netanyahu son genocidas criminales de lesa humanidad.
El mundo se encuentra sacudido por GUERRAS, INVASIONES, BLOQUEOS, MUERTE, HAMBRE Y DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, provocados por gobernantes irresponsables que atentan contra la vida de las personas y de nuestra “Casa Común”. Privilegian el capital financiero y el poder económico de dominación, y se olvidan de Dios, de los valores, la ética y la responsabilidad con la vida de los pueblos.
Desconocen y violan todos los Tratados Internacionales, despreciando lo que tanto costó construir a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para restablecer el equilibrio y la convivencia entre los países del mundo.
Preocupa ver que los organismos internacionales, bajo presión o complicidad, guarden silencio o no tengan la capacidad de poner límite a la crueldad. Recuerdo a Martin Luther King cuando decía que no le dolía tanto el accionar de los “malos” como el silencio de los “buenos”.
¿Cómo puede ser que durante más de 64 años Estados Unidos mantenga el bloqueo a Cuba y lo refuerce actualmente con la flota naval impidiendo el suministro de petróleo y recursos necesarios para la Isla, provocando graves dificultades energéticas que afectan la salud y la alimentación de la población, y sea una permanente amenaza para su soberanía? Cuba, que no es un peligro —por el contrario, es un país solidario con los que menos tienen— está en riesgo frente a la agresión de Estados Unidos.
Trump y Netanyahu, en su delirio guerrerista, actúan por “suspensión de conciencia”, en el juego de la guerra piensan que es lícito y justo matar, no asumen la responsabilidad de la gravedad de sus acciones. Hannah Arendt llega a la impresionante conclusión sobre Adolf Eichmann en la Segunda Guerra Mundial, cuando señala al jerarca nazi como una nueva especie criminal: HOSTIS GENERIS HUMANI, es decir, el que comete crímenes en circunstancias que le hacen imposible saber que obra mal.
Trump ordena la invasión de Venezuela y secuestra al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Celia Flores; los llevan prisioneros a Estados Unidos para ser juzgados y condenados antes del juicio. Impone el bloqueo a Venezuela y cierran su espacio aéreo, violando todos los Tratados Internacionales, dañando la vida y la soberanía del país.
Es indignante que el presidente de Estados Unidos secuestre a 6200 niños migrantes, separados por la fuerza de sus familias e internados en cárceles, violando los derechos de la infancia. Hago un llamado al Congreso de Estados Unidos para que intervenga y que los niños y niñas vuelvan con sus familias.
Es urgente que el pueblo de Estados Unidos ponga límites a los abusos de poder de Trump. En diversos Estados levantan su voz contra el genocidio en Gaza y la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Se extiende la guerra regional, y es urgente reclamar la suspensión de los ataques contra el Líbano, que desde el conflicto ha provocado más de 3000 muertes y la matanza de más de 100 niñas en un colegio en Minab por los bombardeos.
El movimiento judío en Israel NO EN NUESTRO NOMBRE reclama y exige terminar la guerra contra Palestina. Hay muchas iniciativas y acciones a escala mundial, como la Flotilla Global Solidaria a Gaza.
La Corte Penal Internacional dio orden de captura internacional para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien acusa de genocida en la Franja de Gaza.
Trump y Netanyahu creen en el poder de las armas, no en el diálogo, el derecho y la razón, quieren imponer al mundo sus intereses geopolíticos y hegemónicos. Estados Unidos utiliza el veto en la ONU para impedir la condena a Israel.
La resistencia de los pueblos aumenta día a día en defensa de la vida, de su soberanía e identidad; buscan construir un nuevo amanecer, SABIENDO QUE LA PAZ SE CONSTRUYE COMO FRUTO DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS.
La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel es una ofensa a la humanidad: en el tiempo que lleva la guerra han asesinado a más de 3000 personas en Irán y ponen en peligro la vida planetaria, frente a la amenaza de una posible GUERRA NUCLEAR.
Trump, en su suspensión de conciencia, busca mantener la hegemonía mundial a través de la fuerza, imposiciones económicas y aranceles, frente a otras potencias emergentes que reclaman un nuevo orden mundial. Equivocó el camino; eligió el peor de todos: la guerra, donde todos pierden. Está preocupado por los números, costos y pérdidas económicas en la guerra, y olvida que detrás de los números hay rostros de hombres, mujeres, niños y niñas que reclaman un lugar digno en la vida.
Le pido al presidente Trump que mire su vida espiritual, si la tiene; que no olvide que la violencia y las muertes contra los pueblos ofenden a Dios y a toda la humanidad, y que lo que siembra, recoge.
El Papa Francisco, en su incansable prédica por la paz, sabía de las consecuencias de la escalada bélica y decía que el mundo ya se encuentra en la Tercera Guerra Mundial, que va aumentando a cuentagotas, y que la humanidad está frente a la amenaza de una posible guerra nuclear. Hay que hacer todo lo posible para evitarla y llamar a la conciencia de los responsables; pide orar y actuar, y saber que LA PAZ ES EL CAMINO.
El preámbulo de las Naciones Unidas es muy claro: “Nosotros, los pueblos del mundo, queremos la paz…”
No olvidarlo y defender el derecho de los pueblos se hace urgente.
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz 1980 Presidente Honorario SERPAJ
Acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), según el artículo 2, inciso 2.9., de la sesión ordinaria 16-2026, celebrada el 9 de abril de 2026, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE EL ROMPIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PLENAS ENTRE COSTA RICA Y CUBA.
La Universidad Nacional expresa su profundo rechazo a la decisión del Gobierno de Costa Rica de romper relaciones diplomáticas plenas con la República de Cuba y ordenar el retiro del personal acreditado en ambas embajadas; esta medida constituye una ruptura significativa en una relación histórica que se remonta al siglo XIX, cuando se establecieron los primeros vínculos culturales y económicos entre ambas naciones, incluyendo la creación de la primera colonia agrícola cubana en 1891, en La Mansión de Nicoya, bajo el liderazgo del mayor general Antonio Maceo.
A lo largo del siglo XX, estos lazos se consolidaron mediante relaciones diplomáticas formales desde 1907, pese a interrupciones como la de 1961, las relaciones fueron restablecidas plenamente en 2009 ante un nuevo contexto geopolítico. La actual decisión, justificada en la situación de derechos humanos en Cuba, requiere ser contextualizada considerando factores como el prolongado bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, cuyo endurecimiento ha limitado gravemente el acceso a combustibles, alimentos y bienes esenciales.
Cuba es un país cuyo pueblo enfrenta, además de su situación política, una grave crisis humanitaria, marcada por profundas carencias en servicios de salud, condiciones higiénicas, acceso a suministros esenciales y alimentación, producto de presiones externas. En este contexto, la decisión no solo resulta desacertada, sino éticamente cuestionable, al debilitar los canales de cooperación, diálogo y apoyo internacional que son indispensables para aliviar el sufrimiento de la población, comprometiendo así los principios de solidaridad y responsabilidad internacional que históricamente han orientado la política exterior costarricense.
La Universidad Nacional, recordando los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en particular los relativos a la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias y la promoción del respeto universal de los derechos humanos, reconoce que la situación de los derechos humanos constituye una preocupación legítima de la comunidad internacional y un principio fundamental de la política exterior costarricense. Al mismo tiempo, reafirma que el tratamiento de dichas preocupaciones debe realizarse mediante instrumentos diplomáticos, canales de diálogo y mecanismos de cooperación internacional, de conformidad con las prácticas del multilateralismo contemporáneo y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.
La diplomacia es una herramienta fundamental para promover cambios, apoyar procesos y acompañar transiciones en materia de derechos humanos. El cierre de una embajada limita los canales de cooperación, diálogo y apoyo internacional, lo cual afecta directamente los principios de solidaridad y responsabilidad internacional que han guiado históricamente la política exterior costarricense.
Además, preocupan las declaraciones públicas que acompañaron la medida, pues retoman retóricas propias de la Guerra Fría y trivializan un ámbito tan sensible como la política exterior, tradicionalmente caracterizada por la neutralidad, la solución pacífica de los conflictos, el multilateralismo y la diplomacia activa.
La Universidad Nacional reafirma que Costa Rica, como nación de vocación humanista y respetuosa de la autodeterminación de los pueblos, no puede renunciar a los principios que le han otorgado reconocimiento: defensa del derecho internacional, cooperación regional, promoción de la paz y compromiso con los derechos humanos.
En virtud de lo anterior, la Universidad Nacional insta a las autoridades nacionales a valorar la reactivación de canales diplomáticos y la utilización de foros multilaterales que faciliten el entendimiento, la cooperación y la resolución pacífica de diferencias. Asimismo, reafirma el papel de la cooperación académica, científica y cultural como instrumentos de diplomacia pública y del conocimiento, esenciales para fortalecer los vínculos entre naciones.
Renunciar al diálogo es renunciar a la posibilidad de incidir en la realidad, por ello, Costa Rica debe mantenerse fiel a su vocación histórica y demostrar que incluso en escenarios complejos, la diplomacia sigue siendo su herramienta más poderosa. La hermandad entre Costa Rica y Cuba, construida a lo largo de más de un siglo, merece ser honrada mediante políticas exteriores que privilegien la paz, la cooperación y los valores que han guiado nuestra historia nacional.
Los pueblos no son solo símbolos, discursos, ni escenarios en disputa, son seres humanos. Y a las personas no se les abandona en nombre de principios que, en la práctica, dejan de protegerlas.
Dr. Braulio Sánchez Ureña Presidente
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
¿Qué hace falta para que el mundo llame a las cosas por su nombre? ¿Cuántas casas demolidas? ¿Cuántas escuelas clausuradas? ¿Cuántos palestinos muertos sin que nadie rinda cuentas? ¿Cuántas aldeas vaciadas hasta el silencio?
El 30 de marzo de 2026, más de 600 académicos israelíes —profesores universitarios, investigadores, intelectuales de las instituciones más prestigiosas de Israel, entre ellos un Premio Nobel— firmaron una petición que sacude los cimientos del discurso oficial israelí. No la firmaron desde Ginebra ni desde Washington. La firmaron desde adentro. Desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde el corazón mismo del Estado cuya conducta denuncian.
Lo que dijeron no es menor. Es devastador.
«Nuestro gobierno no solo no ha protegido a las comunidades palestinas, sino que ha habilitado a los responsables de la violencia.»
Esa frase, pronunciada por académicos israelíes en suelo israelí, en plena guerra contra Irán, con el gobierno de Benjamin Netanyahu en estado de cruzada, no es una declaración de principios abstracta. Es un acto de coraje político que merece ser leído en toda su dimensión. Y en toda su consecuencia jurídica.
Porque lo que esos profesores describieron —sin usar el término, pero dibujándolo con precisión quirúrgica— es terrorismo de Estado.
La carta: lo que dijeron y lo que arriesgaron
El documento fue impulsado desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uno de sus organizadores, el Dr. Yiftah Elazar, docente de ciencia política con doctorado de Princeton, declaró a Haaretz que el deterioro de la situación ha llegado a un punto de urgencia inmediata. Sus palabras exactas: «Esto ha sido durante mucho tiempo una fuente de repugnancia moral e indignación para nosotros, pero ahora se ha convertido en una cuestión de urgencia inmediata.»
La carta describe un patrón sostenido de ataques de colonos israelíes extremistas coordinados con el objetivo de erradicar la presencia palestina de zonas rurales de Cisjordania. Denuncia que las fuerzas policiales y militares israelíes han evitado intervenir y, en algunos casos, han colaborado directamente con los atacantes. Señala que no existen detenciones significativas. Que la impunidad persiste pese a la evidencia. Que decenas de palestinos han sido asesinados en este contexto por colonos israelíes armados.
Vincula todo esto con la política del gobierno Netanyahu: la expansión de asentamientos, la anexión de facto de Cisjordania, y las reformas judiciales que, al debilitar al poder judicial israelí, han reducido aún más la capacidad del Estado para investigar y sancionar estos crímenes.
Y concluye con una demanda de intervención internacional directa: proteger a las comunidades palestinas, reforzar la documentación de los abusos y aplicar sanciones contra individuos y entidades involucradas en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
¿Qué significa firmar este documento en Israel hoy? Significa arriesgar la carrera. Significa enfrentar el escarnio público de un gobierno que ha demostrado su disposición a criminalizar la disidencia. Significa ser señalado por ministros como Itamar Ben-Gvir —quien celebró con champán la aprobación de una ley que amplía la pena de muerte aplicable casi exclusivamente a prisioneros palestinos— y Bezalel Smotrich, quien en el funeral de un colono israelí muerto llamó abiertamente al «colapso» de la Autoridad Palestina y al control israelí total de Cisjordania. Significa pronunciarse en el mismo Israel que ha aprobado leyes para silenciar a las organizaciones que defienden derechos palestinos, que ha clasificado como «amenaza de seguridad nacional» a las ONG humanitarias internacionales y que demolió la sede de UNRWA en Jerusalén Este el 20 de enero de 2026 con bulldozers y fuerza policial, frente a las cámaras del mundo.
Esos 600 académicos israelíes sabían todo eso. Y firmaron de todas formas.
Simultáneamente, más de 2.000 artistas y figuras culturales israelíes hicieron lo mismo en una petición paralela exigiendo acción decisiva contra la violencia de colonos israelíes. Y más de 3.000 miembros de la diáspora judía mundial —incluyendo al ex ministro de Exteriores británico Malcolm Rifkind, junto a líderes religiosos, diplomáticos y académicos de Europa, América del Norte, África y Australia— enviaron una carta abierta al presidente israelí Isaac Herzog describiendo los ataques de colonos israelíes extremistas como una «abominación».
En Israel mismo, el ex primer ministro Ehud Olmert presentó públicamente su intención de recurrir a la Corte Penal Internacional en un intento de, en sus propias palabras, «salvar a palestinos e israelíes» de lo que describe como violencia de colonos israelíes respaldada por el Estado. Incluso el prominente analista político Amit Segal —una voz central en la conversación pública israelí y cercano al movimiento colono— dijo en cámara: «No hay duda de que esto es terrorismo.»
Esas palabras, en ese país, en ese momento, son un terremoto.
Lo que está ocurriendo en Cisjordania: los hechos
Para entender por qué 600 académicos israelíes rompieron el silencio, hay que mirar lo que está ocurriendo sobre el terreno.
Desde que comenzó la guerra contra Irán en marzo de 2026, la violencia de colonos israelíes en Cisjordania ha escalado de manera sistemática. Human Rights Watch documentó que en solo 11 días, colonos israelíes armados —tres de ellos en uniforme militar— dispararon y mataron a cinco palestinos. La ONU reportó que entre el 1 de marzo y el 27 de ese mes, más de 150 ataques de colonos israelíes resultaron en víctimas o daños materiales en aproximadamente 90 comunidades: más de seis ataques diarios.
El dato más revelador lo entregó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) el 27 de marzo de 2026: en menos de tres meses, la violencia de colonos israelíes y las restricciones de acceso desplazaron a casi 1.700 palestinos, superando ya el total registrado durante todo 2025. Desde 2023, 38 comunidades palestinas han sido completamente vaciadas de su población.
No se trata de incidentes aislados. El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) correspondiente al período hasta octubre de 2025 documentó 1.732 incidentes de violencia de colonos israelíes con víctimas o daños materiales, un aumento respecto a los 1.400 del período anterior. En 2025, al menos 240 palestinos fueron asesinados, ya sea por colonos israelíes o por el ejército.
Los ataques perpetrados por colonos israelíes incluyen disparos con munición real contra civiles desarmados, quema de viviendas y vehículos, destrucción de cosechas de olivo, robo de ganado —en un caso documentado por OCHA, colonos israelíes robaron 150 ovejas tras golpear y atar a un pastor palestino—, profanación de tierras agrícolas, y grafitis en hebreo que dicen «muerte a los árabes». En una aldea de la región de Nablus, un sobreviviente palestino relató ante PBS News cómo veinte colonos israelíes atacaron a su familia entera: «Ataron a todos, excepto a una bebé de cuatro meses que dormía. A todos los golpearon, incluidos los niños.»
El ejército israelí confirmó, en sus propias estadísticas internas, un aumento del 27% en los llamados «crímenes nacionalistas» en Cisjordania en 2025 respecto a 2024, con los incidentes graves aumentando más del 50%.
Y sin embargo: desde 2022, no se ha registrado ni una sola condena penal de un colono israelí por el asesinato de un civil palestino en Cisjordania. De 1.500 asesinatos documentados entre 2017 y septiembre de 2025, las autoridades israelíes abrieron 112 investigaciones. Una sola condena. Una.
¿Cómo se llama eso, si no es impunidad estructural de Estado?
Lo que destruye Israel: escuelas, hospitales, el derecho de existir
La violencia física de los colonos israelíes es solo una dimensión del patrón. La otra es la destrucción metódica de la infraestructura que hace posible la vida civil palestina, ejecutada directamente por el Estado israelí.
El 20 de enero de 2026, bulldozers israelíes demolieron la sede de UNRWA en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, mientras fuerzas de seguridad israelíes izaban una bandera israelí sobre las ruinas. El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la operación como una «entrada ilegal» a propiedad de Naciones Unidas. Días antes, el 12 de enero, fuerzas israelíes habían irrumpido en el Centro de Salud de Jerusalén operado por UNRWA y ordenado su cierre por 30 días, exigiendo además la retirada de los emblemas de la ONU.
El 27 y 28 de enero, Israel cortó el agua y la electricidad a múltiples instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este, afectando directamente escuelas, centros de salud y puntos de servicio para refugiados palestinos en campamentos de la ciudad. La legislación que autorizó estos cortes fue aprobada por la Knesset en diciembre de 2025.
En mayo de 2025, el Ministerio de Educación israelí, acompañado de efectivos policiales, cerró seis escuelas de UNRWA en Cisjordania, colgando órdenes de cierre en sus puertas y obligando a evacuar a estudiantes y docentes, privando de educación a más de 800 estudiantes. En octubre del mismo año, las fuerzas israelíes irrumpieron en la Escuela Secundaria de Kisan, al este de Belén, alegando que la emisión escolar había abordado la causa de los prisioneros palestinos.
En marzo de 2026, Israel notificó a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales que serían expulsadas de Gaza y Cisjordania por negarse a entregar al gobierno israelí listas completas de su personal, en lo que Human Rights Watch calificó como una politización de los requisitos humanitarios que amenaza con cortar la asistencia vital a la población civil palestina.
¿Qué se destruye cuando se demuela una escuela? ¿Qué se borra cuando se corta el agua a un hospital? ¿Qué se cancela cuando se expulsa a una familia de su hogar con una orden firmada por el Estado? Se destruye el futuro. Se borra la memoria. Se cancela la posibilidad misma de un pueblo de permanecer en su tierra. Y cuando esa destrucción es sistemática, planificada, legislada y ejecutada con impunidad, deja de ser daño colateral. Se convierte en política.
El marco jurídico: los crímenes que tienen nombre
Aquí es donde la petición de los 600 académicos israelíes adquiere su mayor peso político. Porque lo que describen no es solo moralmente insoportable. Es jurídicamente tipificable, en múltiples marcos normativos simultáneos.
La Corte Internacional de Justicia ya habló, con toda la autoridad del tribunal más importante del mundo, en julio de 2024. Su opinión consultiva es precisa y demoledora.
La CIJ estableció que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, así como el régimen asociado a ellos, han sido establecidos y mantenidos en violación del derecho internacional. Que las políticas de Israel —desalojos forzados, demoliciones masivas de viviendas, restricciones de residencia y movimiento, confiscaciones de tierra para reasignarlas a asentamientos israelíes— violan la prohibición de transferencia forzosa de la población protegida bajo el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra. Que las leyes israelíes implementan una separación entre palestinos y colonos israelíes en los territorios ocupados que viola el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid. Que Israel debe retirar a todos los colonos israelíes de los territorios ocupados, desmantelar las secciones del muro construido en Cisjordania, pagar reparaciones integrales y permitir el retorno de todos los palestinos desplazados desde 1967.
Y estableció algo aún más grave: que todos los demás Estados del mundo están legalmente obligados a no reconocer la ocupación israelí como legal y a no prestar ayuda ni asistencia para mantenerla.
El repertorio de violaciones tipificables es el siguiente:
Crímenes de guerra, bajo el derecho internacional humanitario: el asesinato deliberado de civiles, la destrucción de bienes protegidos —escuelas, hospitales, instalaciones de la ONU—, la transferencia forzosa de población civil, el uso excesivo de la fuerza, y la privación intencional de agua, electricidad y servicios básicos a la población bajo ocupación.
Crímenes contra la humanidad, bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: la persecución de una población civil por motivos étnicos o raciales, la deportación o el traslado forzoso de población, los actos de exterminio y los actos inhumanos de carácter similar cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Apartheid, bajo la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y el Estatuto de Roma: el mantenimiento de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. La CIJ ya estableció la separación discriminatoria entre palestinos y colonos israelíes; la Relatora Especial de la ONU y múltiples organizaciones de derechos humanos han concluido que el sistema en su conjunto constituye apartheid.
Transferencia forzosa de población, explícitamente prohibida por el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, codificada como crimen de guerra en Nuremberg y aplicada directamente por la CIJ a las prácticas israelíes en Cisjordania. La propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó en marzo de 2026 que el patrón de desplazamientos «parece indicar una política israelí concertada de transferencia forzosa masiva en todo el territorio ocupado, dirigida al desplazamiento permanente», generando preocupaciones de limpieza étnica. Desde 2023, 38 comunidades palestinas han sido completamente evacuadas.
Genocidio: la Comisión de Investigación de la ONU emitió en septiembre de 2025 un informe que concluye que Israel cometió genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia tiene abierto el caso presentado por Sudáfrica bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU señalaron en septiembre de 2025 que «la naturaleza colectiva y de amplio alcance del genocidio en curso se ha vuelto innegable.»
Las consecuencias en un mundo que aplicara su propio derecho
¿Qué pasaría si el derecho internacional fuera aplicado con la misma energía con que fue redactado?
Netanyahu enfrentaría la ejecución de las órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esas órdenes siguen vigentes —la CPI rechazó en julio de 2025 el pedido israelí de retirarlas— y obligan a los 124 Estados parte del Estatuto de Roma a detenerlo si pisa su territorio. Lo mismo aplica para el ex ministro de Defensa Yoav Gallant.
Los ministros Smotrich y Ben-Gvir enfrentarían, además de los mecanismos de la CPI, sanciones individuales bajo los regímenes de derechos humanos de la Unión Europea y el Reino Unido, y eventualmente podrían ser procesados por incitación al genocidio, transferencia forzosa y crímenes de apartheid. Sus declaraciones públicas —Smotrich pidiendo la «demolición» de comunidades palestinas, Ben-Gvir celebrando la pena de muerte para prisioneros palestinos— forman ya parte del registro probatorio internacional.
Israel como Estado enfrentaría, en un mundo que aplicara sus propias normas: suspensión inmediata de todas las transferencias de armas, establecida como obligación por la Convención de Ginebra y reafirmada por la CIJ; embargo sobre el comercio con los asentamientos israelíes ilegales; suspensión de acuerdos de asociación preferencial con la Unión Europea; reparaciones integrales a la población palestina, incluyendo restitución de tierras y propiedades desde 1967, compensación económica y retorno de los desplazados; y cooperación obligatoria con las investigaciones de la CPI y los mecanismos de la ONU.
Y los Estados que continúen prestando apoyo a la ocupación israelí —vendiéndole armas, bloqueando resoluciones en el Consejo de Seguridad, manteniendo comercio preferencial con asentamientos israelíes— estarían, según la propia CIJ, en riesgo de convertirse en cómplices de actos internacionalmente ilícitos.
Lo que los académicos israelíes pusieron en palabras
Hay algo en esta carta que va más allá del catálogo de violaciones. Es el reconocimiento, desde adentro de Israel, de que la violencia de colonos israelíes no es un problema de «manzanas podridas». Es política de Estado.
Los expertos en derecho internacional son precisos en este punto. La académica Mais Qandeel, de la Universidad de Örebro, argumenta que sancionar a colonos israelíes individuales mientras el Estado continúa operando es un error de atribución jurídica: la responsabilidad es estatal, no individual. El Instituto Lieber de West Point recuerda que el artículo 43 del Reglamento de La Haya obliga a Israel, como potencia ocupante, no solo a abstenerse de la violencia sino a proteger activamente a la población ocupada y a no tolerar tal violencia por parte de ningún tercero.
Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU lo expresaron con una claridad que pocas veces se escucha en el lenguaje diplomático: «La violencia masiva y los brutales ataques de colonos israelíes armados no pueden ser descartados como acciones de unos pocos funcionarios descarriados. Están siendo auxiliados y avalados por el Estado en todos sus niveles. Cada rama del Estado israelí —el Ejecutivo, el Parlamento y los Tribunales— ha fallado en restringir o remediar este abuso de poder.»
¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cuando un colono israelí dispara contra un agricultor palestino en Cisjordania, el Estado de Israel tiene responsabilidad jurídica directa. Cuando ese colono no es procesado, la responsabilidad se profundiza. Cuando un ministro del gobierno celebra esa impunidad, la responsabilidad alcanza el nivel de complicidad activa. Y cuando el aparato legislativo construye el marco normativo que hace posible todo lo anterior —la ley que autorizó cortar el agua a UNRWA, la que amplió la pena de muerte para prisioneros palestinos, la que expulsa a las ONG humanitarias— estamos ante la definición operativa de terrorismo de Estado.
El mundo observa. La humanidad toma nota.
Hay un momento en la historia de todos los grandes crímenes del siglo XX en que el registro documental existía, los testigos habían hablado, los juristas habían tipificado los hechos, y sin embargo el mundo no actuó. Ese momento —el momento en que la impunidad se convirtió en norma— es el que las generaciones siguientes no han podido perdonarse.
Estamos, ahora mismo, en ese momento.
Seiscientos académicos israelíes, un Premio Nobel entre ellos, lo saben. Y por eso firmaron. Porque conocen el peso de esa firma. Porque saben que el silencio tiene un costo que la historia siempre cobra.
La pregunta que nos devuelven a todos —a los gobiernos, a las instituciones internacionales, a la prensa, a los ciudadanos del mundo que observamos— es simple y demoledora: si ni siquiera los intelectuales del propio Estado agresor pueden seguir callando, ¿qué estamos esperando los demás?
A propósito de la llegada reciente de varios buques con ayuda humanitaria a Cuba (buques que no han navegado aguas tranquilas precisamente, sino que han tenido que abrirse paso entre presiones políticas, amenazas y el cerco criminal del bloqueo), es necesario decirlo sin rodeos, lo que ha llegado a la isla no es solo ayuda material, es un acto de dignidad, es solidaridad militante, es la confirmación de que los pueblos no están dispuestos a dejar sola a Cuba.
Porque, como bien lo ha señalado el combatiente revolucionario cubano Joel Suárez, “la solidaridad es el nombre político que tiene el amor”; y en el caso cubano, ese amor no es abstracto, no es retórico, no es para discursos diplomáticos, es concreto, es combativo, es profundamente antiimperialista.
Conviene dejar algo claro desde el principio, la solidaridad no es caridad; la caridad es vertical, humillante en muchos casos, funcional al sistema que produce la desigualdad.
La solidaridad, en cambio, es horizontal, es entre iguales, es conciencia. Es entender que la lucha del otro es también la propia, es asumir que no hay neutralidad posible cuando un pueblo está siendo asediado.
En nuestra América, esa verdad no es nueva, la solidaridad aquí se ha forjado en la resistencia, en la lucha, en la necesidad; no es un concepto académico, es práctica cotidiana: es el barrio organizado, es la comunidad que resuelve, es el pueblo que no se rinde. Es, en definitiva, una conducta de combate frente a la injusticia.
Y es precisamente en Cuba donde este comportamiento alcanza hoy, una de sus expresiones más claras y, al mismo tiempo, más exigentes.
Porque cuando hablamos del bloqueo impuesto por EEUU, no estamos hablando de una figura discursiva, estamos hablando de una política sistemática, prolongada y deliberada de asfixia económica.
Un cerco que impacta directamente en la vida diaria del pueblo cubano, en la alimentación, en el transporte, en la energía, en el acceso a medicamentos; es una guerra no declarada, pero profundamente real.
Frente a esta agresión permanente, lo que sostiene a Cuba no es solo una estructura estatal, ni únicamente un discurso político, lo que sostiene a Cuba, en lo más profundo, es una red de solidaridad popular que se activa todos los días.
Es la familia que comparte lo poco que tiene, son los vecinos que no preguntan, sino que actúan, son los amigos que inventan soluciones donde no las hay; es el intercambio basado en la confianza, en la reciprocidad, en ese principio no escrito, pero profundamente arraigado, “hoy por ti, mañana por mí”.
Ahí, en esa práctica cotidiana, se expresa una verdad que el capitalismo intenta borrar, que la vida puede sostenerse desde lo colectivo, desde la cooperación, desde la conciencia social.
En el discurso político cubano, términos como unidad, resistencia y continuidad no son consignas vacías, son condiciones materiales de existencia; porque bajo asedio, la división social no es una opción, es el camino hacia la derrota.
De allí que el “nosotros” adquiera una dimensión central, no como negación del individuo, sino como afirmación de que sin lo colectivo no hay posibilidad de supervivencia; el sacrificio individual, en este contexto, no se idealiza, pero se comprende como parte de una lucha mayor.
Sin embargo, sería irresponsable presentar esta realidad sin reconocer sus tensiones internas. Porque la presión constante desgasta, las dificultades materiales generan fisuras; emergen desigualdades, se fortalecen estrategias individuales de supervivencia, la migración impacta las redes comunitarias, y el cansancio social comienza a hacerse sentir.
Y aquí radica uno de los principales desafíos, la solidaridad no es infinita, no es automática, no se sostiene por inercia, requiere condiciones, requiere cuidado, requiere conciencia.
El bloqueo no solo busca limitar recursos; busca también erosionar el tejido social, debilitar la confianza colectiva, instalar la lógica del “sálvese quien pueda”. En otras palabras, intenta destruir la base misma de la solidaridad.
Por eso, la defensa de la solidaridad en Cuba hoy es, en sí misma, un acto de resistencia política. Pero hay un elemento que no puede pasarse por alto, Cuba no solo resiste hacia adentro, también proyecta solidaridad hacia afuera, a pesar de sus limitaciones, mantiene una política activa de cooperación internacional, particularmente en el ámbito de la salud.
Este hecho, lejos de ser anecdótico, revela una coherencia profunda. Cuba no comparte desde la abundancia, sino desde la convicción, no da lo que le sobra, da lo que tiene; y en ello reafirma una concepción de la solidaridad como práctica liberadora, no como instrumento de dominación.
Así, en medio de las dificultades, Cuba se convierte en un espacio donde se juega algo más que una coyuntura nacional, se juega una forma de entender la vida social, se juega la posibilidad de sostener un proyecto colectivo frente a una presión externa sistemática.
Lo que está en disputa, en última instancia, es si prevalece la lógica del individualismo o la lógica de lo común. Y en ese escenario, la experiencia cubana ofrece una lección clara, aunque incómoda para muchos, cuando las condiciones se vuelven extremas, no hay equilibrios posibles, o se fortalece la solidaridad, o se impone la fragmentación.
En síntesis, no se trata de idealizar ni de negar las contradicciones, se trata de comprender que, en el caso cubano, la solidaridad no es un adorno moral, es una necesidad histórica. Es la línea que separa la resistencia de la rendición, es la base que sostiene el proyecto colectivo.
Es, en definitiva, la expresión concreta de que un pueblo, aún bajo asedio, puede decidir no dejarse derrotar. Porque, al final, la verdad es sencilla y contundente, la solidaridad no es un gesto, es una posición, es una práctica, y en Cuba, hoy más que nunca, es también una forma de lucha.
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