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36 años después de que Oscar Arias decidió acabar con el agro

Carlos Campos Rojas

Ese tiempo ha pasado desde el 17 de setiembre de 1986, cuando a eso de la 1:30 pm, 1500 agricultores de maíz, organizados en la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (UPAGRA) y con la participación de algunos representantes de otras organizaciones, se hicieron presentes en San José al Banco Central para exigirle a Oscar Arias (entonces presidente de la República) y a Eduardo Lizano, (su mentor ideológico y presidente del Banco Central), EL DERECHO A PRODUCIR.

Oscar Arias -oriundo de la oligarquía cafetalera, transformó sus fincas en desarrollos urbanísticos-, ya había anunciado días atrás que la producción de granos básicos sería sustituida por importaciones, comenzando por el maíz, a través del PL 480, un convenio firmado con EEUU, para traer subsidiado el maíz desde el extranjero, mientras su acólito Otón Solís, encargado de Planificación, aplaudía gozoso, pues como nos dijo en la mañana de ese día “ese dinero lo ocupo para hacer política” y en un tono muy característico de su personalidad, nos advirtió “ustedes no pueden hacer la movilización sin mi permiso”.

La decisión de Arias no era una ocurrencia, era el cumplimiento del mandato del FMI, producto de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), que desde la administración Monge y con el apoyo del INCAE y la UCCAEP, habían puesto en marcha.

Los únicos que habían entendido las consecuencias de las decisiones tomadas por las administraciones verdiblancas, fueron los productores de maíz del atlántico, quienes alertaron a los maiceros de todo el país.

Liberación Nacional claro en su estrategia, había movilizado en apoyo a sus presidentes y el mandato del FMI, a todas las organizaciones sindicales bajo su tutela y otras agrícolas que crearon de camino, para desmentir la situación, alegando que vendría una agricultura de exportación denominada “Agricultura de Cambio”, con la cual, los agricultores se volverían ricos en poco tiempo. Que era mentira que se eliminaría la producción de granos básicos, que nunca comeríamos gallo pinto importado, que nuestros productores de arroz y frijoles estarían siempre protegidos.

Todavía recuerdo, cuando Oscar Arias me dijo en Casa Presidencial: “¿Por qué son tan majaderos de seguir sembrando maíz? Si se vienen a San José a trabajar en una fábrica de chips de computadora, en un mes se ganarán lo que no se ganan en un año, sembrando maíz”.

Habíamos convocado una conferencia de prensa internacional en la esquina sureste del Banco Central, eso no lo contempló Arias, los agricultores estaban sentados pacíficamente en la Avenida Central al costado del Banco Central, cuando arremetió la policía sin contemplaciones, atacando hasta las mujeres con niños.

La televisión transmitió en vivo la garroteada y la voladera de gases. La conmoción en San José no se hizo esperar, nos refugiamos en la Catedral, por cierto, es la única vez que ha sido tomada. Después de eso la enrejaron.

Desde el atrio de la Catedral yo llamaba a los compañeros a refugiarse, cuando dos compañeras de Guatuso, a mi lado, cayeron heridas de bala por parte de la policía. No me tomó por sorpresa, momentos antes, un policía había puesto una pistola en mi cabeza. La orden de odio estaba dada. Estuvimos ahí tres días, hasta que liberaron todos nuestros compañeros y volvimos a nuestras casas.

La solidaridad de los josefinos fue ejemplar, se preocuparon de buscar los campesinos que en la refriega se perdieron en una ciudad que no conocían, nos llevaron café, pan, comida, recogieron y nos fueron a entregar las cosas que quedaron perdidas (ropa, enseres, etc.) nunca lo olvidaremos.

Los debates posteriores fueron elocuentes, pero la suerte de la producción nacional ya estaba echada. La orden de Arias de bajar del 29% la Población Económicamente Activa (PEA) que estaba en la agricultura al umbral del 2%, nos llevaría -según él- a ser un país desarrollado.

La acción inmediata fue cerrar los créditos bancarios a la producción, tomando ese dinero para darlos a empresarios que serían futuros dueños de bananeras. Los productores de maíz, dueños de sus tierras se vieron obligados a deshacerse de ellas y pasaron a ser peones donde fueron dueños. La segunda acción fue cambiar el sistema educativo y enseñar que era despreciable el trabajo agrícola, que eso era de extranjeros pobres, que tenían que aprender a ser empleados de empresas extranjeras, pues pasábamos de ser un país agrícola, a un país de servicios, así lo sentenció Arias.

El país dejó de ser de iguales para pasar a ser el más desigual de América y uno de los más desiguales del mundo, así nació la violencia en Costa Rica, así se acrecentó la pobreza, así murió la democracia económica que nos caracterizaba. Porque la violencia es la fiel compañera de la desigualdad.

En los años siguientes murieron productivamente los que apoyaron a Arias: propietarios cafetaleros, exportadores de follajes, arroceros, etc. Así se deterioró y se vino a menos el Sector Agropecuario, por eso sus múltiples ministros no tienen poder. Para eso se fortalecieron a los “dirigentes agropecuarios”, para negociar el futuro de los pocos productores que quedan.

Hoy Eduardo Lizano tiene que reconocer que se equivocó.

Hoy, el mismo FMI alerta que todo país que dependa de la importación de alimentos corre peligro en su estabilidad, nosotros somos totalmente dependientes de la importación de ellos. La crisis internacional no tendrá compasión, la hambruna que se avecina nos obliga a actuar de inmediato, sin repetir los errores anteriores. La seguridad alimentaria que irresponsablemente se impuso, que consiste en importar “comida barata” con el dinero de las exportaciones, es una quimera. Debemos ser capaces de producir todo lo posible. Lo podemos hacer con las nuevas tecnologías nacionales que hemos desarrollado, buscando importar lo menos posible, reconstruyendo la economía y retomando la democracia económica.

Nos toca producir urgentemente nuestra comida, debemos identificar a los sátrapas que nos llevaron a esta crisis y que todavía levantan añejos e ineficaces postulados. Debemos tomar en nuestras manos el futuro de Costa Rica, la Constitución Política nos da la potestad y el mandato.

¡¡Para eso somos El Soberano, para poner en orden en este bello país!!

17 de setiembre de 2022

San José

Magistrada Julia Varela Araya solicita votación pública para elegir presidencia de la Corte

La magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Julia Varela Araya solicita, mediante una carta que llegó a la redacción de SURCOS, votación pública para elegir a la presidencia de la Corte.

Compartimos el documento:

Señores y señoras Magistrados Corte Suprema de Justicia

Estimados compañeros y compañeras Magistrados.

Me dirijo a usted de forma respetuosa para exponerles algunas reflexiones y solicitud, sobre el tema de la votación para elegir a la persona que asumirá, durante los próximos cuatro años, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos viviendo momentos de cambio importantes no solo en el país sino también al interno del Poder Judicial.

Este Poder de la República, en los dos últimos años ha logrado reconocimiento en el tema de la transparencia. Obtuvo el primer lugar en transparencia con relación a otras instituciones y órganos del sector público.

Desde el año 2017, un grupo de Magistrados y Magistradas de esta Corte enviamos a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se procediera a eliminar las normas que establecían las votaciones secretas para el nombramiento en puesto de la Magistratura, entre otros supuestos.

Recientemente la Asamblea Legislativa hizo una modificación al Reglamento Interno que rige su accionar, para lograr que las y los futuros Magistrados de esta Corte sean electos bajo la votación pública. Esa decisión responde a los principios de transparencia, publicidad, dando al ciudadano la garantía de que los actos de ese órgano respondan, con mayor precisión y transparencia a los intereses del país, el que merece tener en la más alta jerarquía de lo jurisdiccional a personas que garanticen la independencia, la objetividad en todas las decisiones que deben tornar, el compromiso real en la mejora de la administración de justicia para cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y así lograr el aumento de la credibilidad en el Poder Judicial.

Convencida de que el Poder Judicial, en aplicación directa del derecho de la constitución que registra, entre otros, los principios constitucionales de transparencia y publicidad, reiterados por la Sala Constitucional en el voto 4182-2014, puede separarse de la literalidad de la forma prevista en el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo de interés, dispone “… Designar, en votación secreta, al Presidente al Vicepresidente de la Corte, …”. Esto es así, porque, corno bien se colige del citado voto, “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho”.

Y si alguna duda quedara en que fa votación programada para el próximo 5 de setiembre pueda hacerse de forma pública y debidamente razonado el voto, esa duda desaparece en mi caso, porque en aplicación directa de la Constitución Política y sus principios de publicidad y transparencia, no puede caber el alegado delito de prevaricato, porque la designación, que es el acto administrativo en si (art. 59. inciso 6. De la LOPJ), no depende para su validez de hacerlo de forma secreta: pues no está sancionado con nulidad si no se hace de esa forma (quedando esa formalidad en una ritualidad desfazada a la fecha). En consecuencia, si la designación no está sancionada con nulidad si no se cumple con la formalidad de hacerla de forma secreta, no parece lógico que pueda encuadrar en un delito de prevaricato si se cambia una simple formalidad que no afecta el resultado del acto administrativo de nombramiento.

Como puede notarse, esa norma no dice que lo resuelto de forma contraria sea causal de nulidad. No podría serlo porque solo se trata de una formalidad que no vicia el acto y por contrario, lesiona el principio de responsabilidad in eligiendo, porque si se llegara a nombrar a una persona que no garantice el interés público y los altos intereses de la institución (Poder Judicial), esa formalidad del secreto impide a quien esté legitimado para exigir responsabilidad por una mala elección, para pedirle cuentas por daños al interés público por eventuales hechos de la persona a la que se le dio el voto, pues imposibilita la identificación de la decisión del votante.

No se ve la razón por la cual ese tipo de formalidad deba cumplirse, cuando se trata de una decisión tan importante, donde los pares de la persona que deba asumir la Presidencia de la Corte, tienen responsabilidad en la decisión. Esto es, que si la persona designada afecta a la institución, en sus diversos ámbitos y más aún en la imagen y credibilidad, los ciudadanos no solo le pueden pedir cuentas y exigir responsabilidad para mantener el reconocimiento público del Poder Judicial, de estar ante una institución con alto porcentaje de transparencia, sino que, para mantener esa credibilidad se necesita que esta Corte tome la decisión de realizar el nuevo proceso de votación de forma pública, pues el anterior se agotó sin lograr el objetivo (elección de la persona que asumirá la Presidencia de la Corto Suprema de Justicia).

En aplicación de los principios constitucionales antes citados (publicidad y transparencia),que están sobre la formalidad establecida en el artículo 59, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una norma desfasada en relación con los principios contenidos en la Carta Magna de transparencia y publicidad, solicito que se proceda a realizar de forma pública la votación, para elegir a la persona que ostentará La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que estoy pidiendo tiene el sustento legal antes indicado y además, en este momento histórico la exigencia de hacer el nombramiento de la autoridad que debe liderar el Poder Judicial (Presidencia), de forma pública no es solo de la ciudadanía externa al Poder Judicial, sino que a ese clamor ciudadano se han unido grupos organizados que representan a gran parte de las personas que laboran en este Poder de la República; quienes tienen cuestionada dicha norma ante la Sala Constitucional. Esto tiene un sentido de lógica y sentido jurídico, pues si se motiva el voto para elegir en esos puestos, nadie puede evadir la responsabilidad in eligendo si toma una decisión que luego le depare perjuicios a la Institución y desmejore la credibilidad en el Poder Judicial. Debernos merecer credibilidad y para ello se hace necesario transparentar la motivación y asumir la responsabilidad por la emisión de un voto de tanto interés para el Poder Judicial y para el País.

A mayor abundamiento de razones para no temer la aplicación de los principios supra citados en contra de la forma establecida en el numeral 59 de la LOPJ, conviene traer a colación lo que la penalista Rosaura Chinchilla en su artículo publicado en el periódico La Nación el 29 de agosto del año en curso, titulado «Votación Pública también en la Corte Suprema de Justicia», indicó: «Si bien comete este delito (se refiere al de prevaricato) quien dicta resoluciones contrarias a la ley (artículo 357 del Código Penal), en el derecho penal existen causas de justificación, y una de ellas es el cumplimiento de un deber jurídico y la colisión de deberes. (artículo 25 del Código Penal). Si una norma impone algo (cumplir la ley, votación privada, etc.) y otra de mayor jerarquía impone lo contrario (acatar el derecho de la Constitución, publicidad), al votar de forma pública no se incurre en delito cuando se elige una de las imposiciones normativas, y menos la de mayor valor, puesto que a ello compromete el juramento constitucional (artículo 194 de la Constitución Política). Además, las magistraturas, como simples depositarias de un poder de la nación (artículo 11 de la Constitución Política), son responsables, en forma personal, incluso con su patrimonio, si la designación efectuada no es idónea y si el nombrado o la nombrada incurre en actos indebidos o ilícitos que al momento de la elección podían preverse razonablemente. Se trata de una responsabilidad in eligendo, surgida ante un hecho ajeno…Por lo anterior, resulta esencial que cada magistratura vote, en todos los casos sometidos a su conocimiento en su labor de gobierno o administrativa, en forma pública y fundamentada. No solo porque es lo que jurídicamente procede…, sino también porque es la única forma de liberarse de una posible responsabilidad personal por un hecho ajeno, derivada de su actuación in eligendo … “.

De ese criterio experto se extrae, sin ninguna dubitación, que no se configura el delito de prevaricato cuando en la emisión de una resolución (en este caso de un acto administrativo de nombramiento); se atienden principios de rango superior a una formalidad contenida en la norma legal, como es el caso de cambiar la formalidad del voto secreto por el voto público.

Esta solicitud también la formulo tomando en cuenta que todos los postulantes dijeron, el lunes 29 de agosto, que están de acuerdo en promover cambios para que los nombramientos de interés dentro del Poder Judicial, entre los que está el que nos convoca, sean hechos bajo los principios de transparencia y publicidad, esta es la oportunidad para hacerlo, demostrando al país el verdadero compromiso con los principios constitucionales antes citados, pues como lo indiqué antes, hay normas de rango superior al artículo 59 de la LOPJ que lo exigen, de manera que. en mi criterio no hay excusa válida para no proceder a la elección mediante el voto público. Y, si alguna duda les asalta (la que yo no tengo), les invito a que emitamos un voto suspendiendo la votación prevista para el lunes 5 de setiembre y hacer la consulta a la Sala Constitucional sobre el tema.

Esperando respuesta afirmativa a esta solicitud, suscribe de ustedes con toda consideración y estima,

Julia Varela Araya
Magistrada Sala Segunda
Corte Suprema de Justicia

Puede descargar el documento original:

Conversatorio: Interseccionalidad del Yo Integral

La Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos, le invita este viernes 2 de setiembre de 2022 a las 5:00 p.m. hora de Centroamérica, al conversatorio con el expositor MSC. Marvin Mayorga sobre la “Interseccionalidad del Yo Integral”.

Esto como parte de la iniciativa desde la diversidad sexual por los derechos humanos. Puede ingresar a la página de Facebook de la OIDH en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/oidhcr/ 

¿Quiénes financiaron a Rodrigo Chaves – Campaña electoral 2022

SURCOS comparte el siguiente documento que llegó a nuestra redacción con esta nota informativa:

¿Quiénes financiaron a Chaves?

Nota: Este informe tiene carácter inicial en la medida en que no se ha divulgado la liquidación final de gastos de la campaña electoral 2022 del PPSD y el TSE ha dicho que su investigación sobre las estructuras paralelas es preliminar. Las fuentes de información son los informes presentados al TSE por el PPSD sobre estados financieros, donaciones voluntarias y tenedores de certificados de cesión de la eventual contribución estatal, que se encuentran en la página web www.tse.go.cr, el Informe No. IDI-DFPP-001-2022 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, la información disponible en el Registro Civil del TSE, así como información pública recolectada en la red Internet a través del buscador de Google.

“Generaciones Perdidas” en Uruguay y Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

En un reciente programa de Alto Voltaje de Radio CRC 89.1, la exministra de Cultura señora Mimi Prado y el analista político don Fausto Amador hicieron una referencia comparativa al estilo de desarrollo de Uruguay y Costa Rica, mostrando que, para la década de 1980, mientras en Costa Rica el índice de pobreza era de 20%, en Uruguay era de 39%, y que actualmente Uruguay lo ha reducido a un 8% mientras Costa Rica lo ha incrementado en más del 20%.

Por otra parte, destacaron que en Costa Rica se inició un programa de capacitación en informática educativa y acceso a computadoras 15 años antes que Uruguay, bajo un convenio entre la Fundación “Omar Dengo” y el Ministerio de Educación Pública, sin embargo, hoy Uruguay la ha superado al contar con cobertura total de internet para estudiantes de primaria y secundaria, así como acceso a computadoras, facilitadas por el Estado, gratuitamente, a estudiantes y profesores. Efectivamente, en Uruguay ya para el año 2009 el 100% de sus estudiantes de colegios públicos poseía un dispositivo para conectarse gratis a internet desde su centro educativo. Un primer logro del plan Ceibal, una política de Estado que puso a Uruguay a la delantera en virtualidad, de tal manera que lo sembrado durante trece años evitó que la emergencia por el COVID 19 tuviese un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes (https://www.elespectador.com/educacion/el-secreto-de-uruguay-para-ser-el-lider-en-educacion-virtual-en-a-latina-en-cuarentena-article/).

A finales de la década de 1980, Uruguay mostraba una población con un rostro de adultos y adultos mayores; había emigrado, a diferentes países, casi toda una generación relativamente joven -“generación perdida”-, debido a la persecución, represión y tortura a que se vieron expuestos desde la década de 1970 por los regímenes dictatoriales represivos que adherían a la denominada doctrina de seguridad nacional, y que devastaron la institucionalidad democrática de la mayoría de países de Suramérica. Por su parte, Costa Rica mostraba una “generación perdida” de estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios, lo que contribuyó a incrementar el índice de pobreza, debido a otra forma de represión: el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían el derrotero neoliberal de menos Estado y más Mercado, cifrando esperanzas en un mercado globalizado, donde la copa del crecimiento económico una vez llena se derramaría para “bendición” de los pobres.

A diferencia de Uruguay, para los analistas citados, Costa Rica perdió el rumbo, precisamente por haber apostado a un estilo de desarrollo donde no se ha logrado articular el crecimiento económico con la integración y cohesión social, la equidad. Hoy, después del comprobado fracaso de ese estilo de desarrollo, se continúa priorizando el crecimiento económico, apelando al viejo cuento de que “no se puede hacer chocolate sin cacao”, cuando lo que sucede es que el cacao está en manos de una minoría, y así la mayoría está destinada quedarse sin chocolate.

Un ejemplo de este equivocado derrotero salta a la vista en la negociación del Fondo Especial para La Educación Superior (FEES). En un conversatorio propiciado por La Revista, el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, señalaba que un presupuesto de gobierno expresa las prioridades del mismo; y llamaba la atención sobre la necesidad de poner a la educación en primer plano, ante el desafío que representan los acelerados procesos de cambio. Por su parte, el jurista constitucional, don Rubén Hernández, destacaba que independientemente de cuál fuese el nuevo gobierno su expectativa era que este tendría que prestarle atención especial y urgente a la educación; el “apagón educativo” sería una prioridad.

El país puede pretender jugar en primeras en calidad de vida y bienestar social. Tenemos condiciones para hacerlo, precisamente, gracias a la apuesta decidida y valiente que hicieron nuestros grandes estadistas, particularmente en el siglo pasado, por la salud y la educación, dos pilares esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Eso sí, se requiere retomar el rumbo fortaleciendo el régimen de seguridad social en salud y revolucionando el sistema educativo, invirtiendo más y mejor en todos sus niveles. Es decir, poner de nuevo a la educación como prioridad de una política de Estado.

Para ello, hay que renovar el pacto social ciudadano por la equidad y la solidaridad, buscar mecanismos para renegociar la deuda pública, impulsar una verdadera reforma fiscal que ponga a tributar a las grandes empresas nacionales y extranjeras y dejar de golpear el bolsillo de la clase media y de los pobres. No se debe continuar raspando la olla de estos sectores, como se pretende ahora, poniéndole impuestos al aguinaldo y al salario escolar, mientras se continúa llenando la olla de los que más tienen.

Es tiempo de dejar atrás el discurso populista de quienes llegan al poder hablando a favor de los pobres para luego gobernar a favor de los ricos. Necesitamos un gobierno de mayorías y para las mayorías. Estas mayorías están apoyando y cifrando sus esperanzas en el gobierno actual. Se le ofrece, así, una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a este país. Urge hacerlo para bien de la democracia y la paz social.

Ya no es posible recuperar a la “generación perdida” de los años 1980, pero sí es posible crear condiciones para no perder a una nueva generación, fuertemente golpeada por la pandemia sanitaria y las pandemias de la pobreza y la desigualdad.

¿A quién asusta el feminismo hoy? Claribel Sánchez Arias en ONDA UNED

Imagen: www.ondauned.com

En el programa Cátedra sin Fronteras, participó como invitada Claribel Sánchez Arias, tutora de la asignatura «Perspectiva sociológica de la realidad costarricense». Se abordó el tema de la división sexual del trabajo, por medio de una contextualización histórica de lo que es el sistema patriarcal y cómo este conjunto de ideas y prácticas han relegado a la mujer a una posición inferior a la del hombre. 

Esta división se ve claramente representada por la esfera de lo productivo/reproductivo, dónde los hombres se han desenvuelto con facilidad en los medios de producción, en el trabajo fuera del hogar y a las mujeres, por mucho tiempo, se les “relegó” a lo privado, a lo doméstico y estas tareas de cuido, según la perspectiva del sistema capitalista, que privilegia únicamente un tipo de trabajo (el que genera acumulación de dinero y que se sostiene de la desigualdad), siguen siendo desvalorizadas en la actualidad.

Concluyen que el feminismo asusta a todas las estructuras, grupos de poder e instituciones que se benefician por la desigualdad inherente al sistema patriarcal y neoliberal. A pesar de los muchos avances en materia de erradicación de la violencia de género, derechos reproductivos y búsqueda de la remuneración del trabajo doméstico, el Estado costarricense sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres de este país.

Para escuchar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace:

http://ondauned.com/programa.php?ou=3980

Entrarle de lleno a la evasión fiscal: Una bronca que Rodrigo Chaves no se quiere comer

Luis Fernando Astorga Gatjens

Sin duda que hay broncas que el Presidente Rodrigo Chaves no se quiere comer. Ya hay varias y en el futuro, con certeza, vendrán más. Porque no es lo mismo enunciarlas en campaña electoral o en los primeros cien días de su gobierno, (que han sido una prolongación de su campaña electoral, en múltiples aspectos), que convertirlas en decisiones y acciones de gobierno.

Cuando Chaves Robles al despedirse del cargo como efímero Ministro Hacienda de la administración anterior, expresó mediante una carta, que “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

Asimismo cuando todavía era el candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en disputa verbal con Carlos Alvarado, expresó: «¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año…».

Desde luego, eran otros tiempos. Tanto en el balance de sus primeros cien días como en los anuncios programáticos de medidas que impulsará, no apareció en ningún momento el compromiso de luchar contra la evasión fiscal, la elusión y el contrabando, que hace que el fisco deje de percibir más de cinco mil millones de dólares al año. Es decir, un monto similar a tres veces el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como se puede apreciar, estas fuentes relacionadas con el no-pago de impuestos, son a las que el país debe acudir para obtener recursos que ayuden a paliar la deuda pública y afrontar el impostergable impulso de iniciativas que formen parte de la reactivación económica y social.

El Presidente Chaves mostrando un estilo belicoso y efectista ha logrado un respaldo popular bastante significativo. Según una encuesta de OPOL (sospechosa de sesgo) este apoyo alcanzó una cifra del 91, 5 %. mientras un estudio más confiable del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR), concluyó que siete de cada 10 costarricenses califica la labor del presidente Chaves como “buena” o “muy buena” al cumplirse dos meses y medio desde el inicio de su gobierno. No obstante que han aparecido otros estudios que bajan tal porcentaje, es indudable que Chaves y su gobierno, han arrancado con un respaldo significativo de la población.

El estilo «ejecutivo», práctico, confrontativo y hasta calculadamente chabacano que ha exhibido hasta el presente, el Presidente Chaves, al mismo que le acompaña una intensa campaña para promover el respaldo popular (haciendo uso eficiente de redes sociales), le ha traído buenos frutos políticos.

Cuando todavía no se disipa la “luna de miel” con la población, este sería un buen momento para anunciar medidas orientadas a recaudar recursos tocando los privilegios de las élites económicas y los grupos poderosos, que han evadido y eludido el pago de impuestos.

Ya ha tenido enfrentamientos con representantes de esas élites. Un caso concreto es el protagonizado con el “Grupo Nación”, relacionado con las restricciones al uso del Parque Viva. Pero hasta ahora, más parece una vendetta («una sacada de clavo») que una diferencia sustantiva en la visión económica y política de lo que debe hacerse en el país.

Mal que bien, está claro que tanto a estas élites privilegiadas como al Gobierno de Chaves les unen diagnósticos y soluciones, enmarcadas dentro de la doctrina neoliberal que ha imperado en las últimas administraciones, desde el decenio de los años ochenta del siglo anterior.

Prueba de ello es que cuando se busca reducir el monto de la deuda pública, el Presidente Chaves proponga como solución la venta de activos del Estado. Lo que más «ruido» ha generado del todo lo anunciado por el Presidente el 16 de agosto, ha sido su propósito de vender el Banco de Costa Rica, el BICSA y casi la mitad del Instituto Nacional de Seguros (INS). Es seguro que como reacción inmediata algunos representantes de esos grupos poderosos de los que ha hablado Chaves, ya se frotan las manos por los pingües negocios que harían con las eventuales compras de tales activos. Mal negocio para el país; magnífico para quienes han venido esquilmándolo.

Con el respaldo con que cuenta en el presente el gobierno, el Presidente Chaves podría impulsar medidas más audaces y justas, para mejorar la situación económica y fiscal del país, pero algunas de ellas (como iniciativas radicales contra la evasión fiscal) habrían de tocar «intereses y sensibilidades profundas». Entonces ha preferido un camino que, en muchos aspectos, es bien visto por esas élites y cuenta con su bendición y aquiescencia. Al fin y al cabo, en materia de orientaciones neoliberales son coyotes de la misma loma.

También haciéndose eco de ese respaldo social inicial, el Presidente Chaves podría impulsar un proyecto de valor social dirigido a luchar contra la pobreza y desigualdad que afecta a sectores mayoritarios de la población nacional, pero no lo ha hecho. Sigue anunciando medidas para bajar el costo de la vida, cuyos dudosos resultados podrían concretarse en varios meses y estarían muy lejos de lo que se espera en impacto real significativo. Está claro que el enorme deterioro de nuestro Estado Social de Derecho no forma parte de las preocupaciones de Chaves y su gobierno.

Este respaldo de hoy caerá inevitablemente en los próximos meses. Mientras más se aleje de este momento de anuncios esperanzadores y efectistas, el respaldo social –a pesar de campañas en redes sociales (con la legión de troles incluidos) –, empezará a difumarse y debilitarse. El límite de esta caída de esperanzas perdidas, lo fijará el estómago de amplios sectores sociales y poblacionales.

La vertiginosa inflación, generada tanto por causas internacionales como internas, hará que el elevado costo de la vida acabe por impacientar a miles de hogares cuando la desesperación y el hambre, toque sus puertas. Entonces es muy probable que la bronca que no quiso comerse el Presidente Chaves con estas élites avariciosas, tendrá que comérsela con un pueblo en las calles, al que se le habrá acabado la paciencia.

(20 de agosto, 2022)

CIDH da curso a petición contra estado costarricense por inadecuados procesos de elección de magistraturas

  • Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial

El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.

Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.

Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.

Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.

Información relevante sobre el caso:

¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?

Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?

Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?

Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.

Reformar al BCR, al BICSA y al INS para ponerlos por completo al servicio del Pueblo

Luis Ángel Salazar Oses

El señor Rodrigo Chávez, en vez de reformar al BCR, al BICSA y al INS para ponerlos por completo al servicio del Pueblo, por cierto su único dueño, ahora descaradamente pretende quitárselos, y, siguiendo los dictados de los grandes ricos a través de sus agencias la OCDE, el FMI y el BM, se los ofrece como suculento manjar a esos sus patronos archimillonarios, en vez de imponerle a estos últimos el pago de los impuestos justos que deben pagar y, con los cuales, sí que se empezarían a resolver los problemas fiscales que esas mismas argollas han provocado.

En fin, cleptocracia y plutocracia en plena acción. ¡Unidad y Poder Popular ya!

EL PESO QUE SOY

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

Sostenerse y aprender a querer-se. Son dos máximas de vida. Dos proclamas políticas. Dos constituciones firmadas a fuego y tinta indeleble. Reafirmarse a pesar de la industria. Contra ella todo. Con ella nada.

Así de intensa esta oratoria, este acto de fe, este caminar no hacia ninguna iglesia, sino al centro de uno, la verdadera devoción.

Miro al niño que tiene todo inflado: el sueño, la fantasía, el dulce. Lo miro y le digo que todo está bien. Que todo estará bien. Que ninguna sociedad, por sobrevalorada que esté, por sobrepasada, le va a quitar los kilos de felicidad, los textiles inmensos de amor de una poesía que lo viste y arropa. Ninguna sociedad. Ninguna burla. Con la burla nadie. Con el cariño todos.

El fardo de una vida que se lucha tratando de alivianarse. Es como ese bulto repleto de piedras que debe ser sacudido cuando la caída libre es inminente.

Todos alguna vez habrán soñado con quitarse esas piedras, soltarse, irse despegando y planear en franco ascenso: porque ya no pueden más con su historia, con su dolor, con su biografía. El lastre de una vida menos densa. Solo vida.

Hoy millones de personas aquilatan sus luchas íntimas entre la densidad de una industria que lo infecta todo y esa imperiosa justicia de solamente ser y aparecerse. En esos quicios estoy yo que alguna vez escribí esta declaración de principios:

El hombre de ceniza

Estoy seguro de que ya hice esto. Desviar la atención de los encuentros, nacer, como se abren tantas veces las cuentas del asombro. He viajado en ciertos trenes y permanezco en sus viejos olores. Sé, de mensajes desde un mar con peces muertos. He sido embestido por esta sed y no hago nada para salir de sus aguas sin color. Pongo atención en el rastro de mujeres y hombres caminando fronteras sin retorno. Me faltan ciertos días en el cuerpo. Esculturas en las manos. Y sé, ya lo sé. Todo cuenta en las penas, el frío despierta una mañana cualquiera en cualquier sitio. ¿Qué dirán de mí esos sonidos, ahora que soy la interrupción de la bruma y ningún escenario me contiene? Ya antes he vestido así, como un topo con 105 kilos de ingravidez lunar. Ahora que ya no distingo sonidos solo cuando dices algo parecido a un nombre. Ahora que me desvisto como árbol, he cruzado los ruidos de quien busca salirse de la noche.

Hoy ese hombre topo lunar tiene 30 kilos menos. Eso es lo que soy. Acompaño y declaro otras luchas iguales a las mías. Porque son igual o peor de duras. Porque resisten. Hoy el peso que soy me duele menos. Pero agradezco lo que he sido. Lo que mi vida me ha permitido ser. Y por ello motivo, abrazo, invito. Hoy este peso que soy resiste y responde.

Hasta que el cuerpo aguante.