En el programa Cátedra sin Fronteras, participó como invitada Claribel Sánchez Arias, tutora de la asignatura «Perspectiva sociológica de la realidad costarricense». Se abordó el tema de la división sexual del trabajo, por medio de una contextualización histórica de lo que es el sistema patriarcal y cómo este conjunto de ideas y prácticas han relegado a la mujer a una posición inferior a la del hombre.
Esta división se ve claramente representada por la esfera de lo productivo/reproductivo, dónde los hombres se han desenvuelto con facilidad en los medios de producción, en el trabajo fuera del hogar y a las mujeres, por mucho tiempo, se les “relegó” a lo privado, a lo doméstico y estas tareas de cuido, según la perspectiva del sistema capitalista, que privilegia únicamente un tipo de trabajo (el que genera acumulación de dinero y que se sostiene de la desigualdad), siguen siendo desvalorizadas en la actualidad.
Concluyen que el feminismo asusta a todas las estructuras, grupos de poder e instituciones que se benefician por la desigualdad inherente al sistema patriarcal y neoliberal. A pesar de los muchos avances en materia de erradicación de la violencia de género, derechos reproductivos y búsqueda de la remuneración del trabajo doméstico, el Estado costarricense sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres de este país.
Para escuchar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace:
Sin duda que hay broncas que el Presidente Rodrigo Chaves no se quiere comer. Ya hay varias y en el futuro, con certeza, vendrán más. Porque no es lo mismo enunciarlas en campaña electoral o en los primeros cien días de su gobierno, (que han sido una prolongación de su campaña electoral, en múltiples aspectos), que convertirlas en decisiones y acciones de gobierno.
Cuando Chaves Robles al despedirse del cargo como efímero Ministro Hacienda de la administración anterior, expresó mediante una carta, que “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.
Asimismo cuando todavía era el candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en disputa verbal con Carlos Alvarado, expresó: «¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año…».
Desde luego, eran otros tiempos. Tanto en el balance de sus primeros cien días como en los anuncios programáticos de medidas que impulsará, no apareció en ningún momento el compromiso de luchar contra la evasión fiscal, la elusión y el contrabando, que hace que el fisco deje de percibir más de cinco mil millones de dólares al año. Es decir, un monto similar a tres veces el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como se puede apreciar, estas fuentes relacionadas con el no-pago de impuestos, son a las que el país debe acudir para obtener recursos que ayuden a paliar la deuda pública y afrontar el impostergable impulso de iniciativas que formen parte de la reactivación económica y social.
El Presidente Chaves mostrando un estilo belicoso y efectista ha logrado un respaldo popular bastante significativo. Según una encuesta de OPOL (sospechosa de sesgo) este apoyo alcanzó una cifra del 91, 5 %. mientras un estudio más confiable del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR), concluyó que siete de cada 10 costarricenses califica la labor del presidente Chaves como “buena” o “muy buena” al cumplirse dos meses y medio desde el inicio de su gobierno. No obstante que han aparecido otros estudios que bajan tal porcentaje, es indudable que Chaves y su gobierno, han arrancado con un respaldo significativo de la población.
El estilo «ejecutivo», práctico, confrontativo y hasta calculadamente chabacano que ha exhibido hasta el presente, el Presidente Chaves, al mismo que le acompaña una intensa campaña para promover el respaldo popular (haciendo uso eficiente de redes sociales), le ha traído buenos frutos políticos.
Cuando todavía no se disipa la “luna de miel” con la población, este sería un buen momento para anunciar medidas orientadas a recaudar recursos tocando los privilegios de las élites económicas y los grupos poderosos, que han evadido y eludido el pago de impuestos.
Ya ha tenido enfrentamientos con representantes de esas élites. Un caso concreto es el protagonizado con el “Grupo Nación”, relacionado con las restricciones al uso del Parque Viva. Pero hasta ahora, más parece una vendetta («una sacada de clavo») que una diferencia sustantiva en la visión económica y política de lo que debe hacerse en el país.
Mal que bien, está claro que tanto a estas élites privilegiadas como al Gobierno de Chaves les unen diagnósticos y soluciones, enmarcadas dentro de la doctrina neoliberal que ha imperado en las últimas administraciones, desde el decenio de los años ochenta del siglo anterior.
Prueba de ello es que cuando se busca reducir el monto de la deuda pública, el Presidente Chaves proponga como solución la venta de activos del Estado. Lo que más «ruido» ha generado del todo lo anunciado por el Presidente el 16 de agosto, ha sido su propósito de vender el Banco de Costa Rica, el BICSA y casi la mitad del Instituto Nacional de Seguros (INS). Es seguro que como reacción inmediata algunos representantes de esos grupos poderosos de los que ha hablado Chaves, ya se frotan las manos por los pingües negocios que harían con las eventuales compras de tales activos. Mal negocio para el país; magnífico para quienes han venido esquilmándolo.
Con el respaldo con que cuenta en el presente el gobierno, el Presidente Chaves podría impulsar medidas más audaces y justas, para mejorar la situación económica y fiscal del país, pero algunas de ellas (como iniciativas radicales contra la evasión fiscal) habrían de tocar «intereses y sensibilidades profundas». Entonces ha preferido un camino que, en muchos aspectos, es bien visto por esas élites y cuenta con su bendición y aquiescencia. Al fin y al cabo, en materia de orientaciones neoliberales son coyotes de la misma loma.
También haciéndose eco de ese respaldo social inicial, el Presidente Chaves podría impulsar un proyecto de valor social dirigido a luchar contra la pobreza y desigualdad que afecta a sectores mayoritarios de la población nacional, pero no lo ha hecho. Sigue anunciando medidas para bajar el costo de la vida, cuyos dudosos resultados podrían concretarse en varios meses y estarían muy lejos de lo que se espera en impacto real significativo. Está claro que el enorme deterioro de nuestro Estado Social de Derecho no forma parte de las preocupaciones de Chaves y su gobierno.
Este respaldo de hoy caerá inevitablemente en los próximos meses. Mientras más se aleje de este momento de anuncios esperanzadores y efectistas, el respaldo social –a pesar de campañas en redes sociales (con la legión de troles incluidos) –, empezará a difumarse y debilitarse. El límite de esta caída de esperanzas perdidas, lo fijará el estómago de amplios sectores sociales y poblacionales.
La vertiginosa inflación, generada tanto por causas internacionales como internas, hará que el elevado costo de la vida acabe por impacientar a miles de hogares cuando la desesperación y el hambre, toque sus puertas. Entonces es muy probable que la bronca que no quiso comerse el Presidente Chaves con estas élites avariciosas, tendrá que comérsela con un pueblo en las calles, al que se le habrá acabado la paciencia.
Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial
El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.
Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.
Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.
Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.
Información relevante sobre el caso:
¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?
Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?
Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?
Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.
¿Qué sigue en el proceso?
Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.
El señor Rodrigo Chávez, en vez de reformar al BCR, al BICSA y al INS para ponerlos por completo al servicio del Pueblo, por cierto su único dueño, ahora descaradamente pretende quitárselos, y, siguiendo los dictados de los grandes ricos a través de sus agencias la OCDE, el FMI y el BM, se los ofrece como suculento manjar a esos sus patronos archimillonarios, en vez de imponerle a estos últimos el pago de los impuestos justos que deben pagar y, con los cuales, sí que se empezarían a resolver los problemas fiscales que esas mismas argollas han provocado.
En fin, cleptocracia y plutocracia en plena acción. ¡Unidad y Poder Popular ya!
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
Sostenerse y aprender a querer-se. Son dos máximas de vida. Dos proclamas políticas. Dos constituciones firmadas a fuego y tinta indeleble. Reafirmarse a pesar de la industria. Contra ella todo. Con ella nada.
Así de intensa esta oratoria, este acto de fe, este caminar no hacia ninguna iglesia, sino al centro de uno, la verdadera devoción.
Miro al niño que tiene todo inflado: el sueño, la fantasía, el dulce. Lo miro y le digo que todo está bien. Que todo estará bien. Que ninguna sociedad, por sobrevalorada que esté, por sobrepasada, le va a quitar los kilos de felicidad, los textiles inmensos de amor de una poesía que lo viste y arropa. Ninguna sociedad. Ninguna burla. Con la burla nadie. Con el cariño todos.
El fardo de una vida que se lucha tratando de alivianarse. Es como ese bulto repleto de piedras que debe ser sacudido cuando la caída libre es inminente.
Todos alguna vez habrán soñado con quitarse esas piedras, soltarse, irse despegando y planear en franco ascenso: porque ya no pueden más con su historia, con su dolor, con su biografía. El lastre de una vida menos densa. Solo vida.
Hoy millones de personas aquilatan sus luchas íntimas entre la densidad de una industria que lo infecta todo y esa imperiosa justicia de solamente ser y aparecerse. En esos quicios estoy yo que alguna vez escribí esta declaración de principios:
El hombre de ceniza
Estoy seguro de que ya hice esto. Desviar la atención de los encuentros, nacer, como se abren tantas veces las cuentas del asombro. He viajado en ciertos trenes y permanezco en sus viejos olores. Sé, de mensajes desde un mar con peces muertos. He sido embestido por esta sed y no hago nada para salir de sus aguas sin color. Pongo atención en el rastro de mujeres y hombres caminando fronteras sin retorno. Me faltan ciertos días en el cuerpo. Esculturas en las manos. Y sé, ya lo sé. Todo cuenta en las penas, el frío despierta una mañana cualquiera en cualquier sitio. ¿Qué dirán de mí esos sonidos, ahora que soy la interrupción de la bruma y ningún escenario me contiene? Ya antes he vestido así, como un topo con 105 kilos de ingravidez lunar. Ahora que ya no distingo sonidos solo cuando dices algo parecido a un nombre. Ahora que me desvisto como árbol, he cruzado los ruidos de quien busca salirse de la noche.
Hoy ese hombre topo lunar tiene 30 kilos menos. Eso es lo que soy. Acompaño y declaro otras luchas iguales a las mías. Porque son igual o peor de duras. Porque resisten. Hoy el peso que soy me duele menos. Pero agradezco lo que he sido. Lo que mi vida me ha permitido ser. Y por ello motivo, abrazo, invito. Hoy este peso que soy resiste y responde.
La Red de Interculturalidad fue creada hace algunos años por docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (UNA) y de la Sede de Occidente (UCR). Participan también otras personas: estudiantes, gestoras culturales, educadoras, entre otras.
Su principal objetivo es visibilizar la diversidad cultural de la sociedad costarricense.
Por eso, esta Red considera importante conmemorar el cambio que en el año 2015 se realizó en el artículo 1 de la Constitución Política. Finalmente, después de muchos siglos, se reconoció que somos un país multiétnico y pluricultural.
Ese cambio debe tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida nacional: en las políticas educativas, migratorias, culturales; en el campo de la salud, del derecho; en las relaciones internacionales, etc.
Es por esa razón que la Red, con el apoyo de la Universidad Nacional, organizó la campaña “Costa Rica multiétnica y pluricultural”, que se desarrollará entre los días 9 y 20 de agosto.
La campaña consiste en la difusión, cada día, de una imagen o video sobre el tema de la diversidad cultural de Costa Rica. Con esta campaña se busca contribuir a la superación de todas las formas de violencia cultural que todavía dificultan nuestra convivencia.
Compartido con SURCOS por José Mario Méndez Méndez.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Para la UNESCO cada educando es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad.
El ente está integrado por un equipo interdisciplinario e interinstitucional de organizaciones vinculadas con la educación en Costa Rica
Con el objetivo de promover una educación inclusiva y de calidad, el pasado 24 de junio fue el lanzamiento se conformó el Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva (ONEI). .El ente quedó integrado por un equipo interdisciplinario e interinstitucional de organizaciones vinculadas con la educación en el país: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, el Ministerio de Educación Pública, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
El ONEI nace para construir un futuro social equitativo y busca que todas las personas tengan la misma posibilidad de acceder a una educación de calidad. Una educación inclusiva promueve oportunidades de aprendizaje. El observatorio se comporta como un espacio de articulación, impulsor de la generación de conocimiento en el ámbito, así como generador de alianzas que apoyen la toma de decisiones, la innovación y la incidencia en políticas públicas.
La coordinadora del Observatorio, y profesora de la Universidad de Costa Rica, Rocío Deliyore Vega, destacó que “el ONEI promueve espacios en los cuales se puedan observar y compartir experiencias y prácticas educativas, en todos los ciclos del desarrollo humano, para la promoción de la educación inclusiva, desde la valoración de la pluralidad y la variabilidad”.
El Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva de Costa Rica (ONEI) se constituye en el año 2018 con el objetivo de analizar e investigar acerca del desarrollo de la educación inclusiva en Costa Rica y el mundo.
¿Y qué es educación inclusiva?
El ONEI trabaja desde un abordaje en el cual la educación inclusiva es aquella educación de calidad en la que todas las personas son acogidas y reconocidas en su diversidad y que se fundamenta en la equidad, la disminución y eliminación de barreras para el acceso, la participación, la permanencia y el aprendizaje exitoso en todos los niveles, modalidades, así como oportunidades educativas y culturales.
Los ejes de acción que marcan el norte de este observatorio se basan en la generación de nuevo conocimiento a la luz de las tendencias vigentes en educación inclusiva; promover la articulación intersectorial para la actualización a la luz de esas tendencias vigentes en educación inclusiva; contribuir con información precisa en la toma de decisiones políticas, de formación y la evaluación de acciones relacionadas con la educación inclusiva en el país.
La especialista de la UCR también destacó que se espera que las coordinaciones interinstitucionales que conforman el ONEI se materialicen en acciones o proyectos concretos, de gran impacto positivo para el país. “El acceso a la educación de calidad para todas las personas forma parte de las metas que Costa Rica ha suscrito dentro de sus compromisos de trabajo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales. Trabajamos para que ONEI se convierta en un actor clave en el alcance de dichas metas”.
Carlos Gutiérrez Vargas; Eric Chinchilla Araya, Carlos Gutiérrez Vargas primer estudiante sordo usuario de Lesco que se gradúa del Bachillerato en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).Eric Chinchilla Araya Intérprete LESCO – Lengua de Señas Costarricense – tanto en el área televisiva como en aula universitaria.
Tenemos el compromiso como sociedad de ser inclusivos, de respetar y respaldar cada día el derecho a la comunicación de la persona sorda
Las personas sordas tienen la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) como lengua materna, reconocida desde el 2012 a través de la Ley No.9049, así como desde el 2020 con la Ley No. 9822 en la que se reconoce como patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país y se declara el 19 de julio el Día Nacional de la Lengua de Señas Costarricense.
Una fecha que reitera el compromiso como sociedad con la accesibilidad y medidas que deben adoptar las instituciones públicas y privadas, para que las personas sordas tengan acceso en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información, la educación y las comunicaciones; incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
Esta fecha nos convoca a reconocer la LESCO, celebrarla y promover su aprendizaje. La Ley No. 9822 Reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricense reconoce y promueve en nuestro país “la lengua de señas costarricense como lengua de las personas sordas, que libremente decidan utilizarla, así como el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral”.
La población con pérdida auditiva, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 2016, fue de 70.000 personas, lo que corresponde a un 1,5% de la población total para ese año. Aquí el público muestra la ya muy conocida seña del aplauso. Foto, Luis Alvarado Castro.
Bien lo señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad cuando busca “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Este 19 de julio nos convoca a luchar día a día contra la discriminación por motivos de discapacidad auditiva; “…contra cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”
Aquí LESCOntamos…
Desde el Programa Recursos para la Sordera (PROGRESO) de la Universidad de Costa Rica, “reiteramos este 19 de julio la importancia del reconocimiento y concienciación entre la población del país sobre la Lengua de Señas Costarricense como lengua materna de las personas sordas, así como la trascendencia y pertinencia, desde un enfoque social de derechos humanos, de que las personas oyentes aprendan la lengua y aprendan sobre la cultura sorda para trabajar juntos y promover espacios laborales, sociales, recreativos y otros que sean inclusivos” señala Laura Matamoros Rodríguez, profesora de la Escuela de orientación y educación especial de la UCR.
Por su parte, Ignacio Álvarez quien trabaja en la formación de intérpretes en la lengua de señas costarricense, destaca que PROGRESO nace hace 41 años, tras un convenio con la Universidad de Gallaudet, como un esfuerzo interinstitucional para trabajar y mejorar la oferta de la educación de la persona sorda. En su momento, un proyecto de corte regional, brindando atención a personas sordas, familias y personal docente de la región centroamericana.
La Universidad de Costa Rica, por medio de PROGRESO, logra la formación de intérpretes de Lesco para el país. Foto, Cristian Araya, UCR.
Actualmente PROGRESO es un proyecto nacional con una proyección de formación en la LESCO e Intérpretes de esta lengua. Es un programa de acción social de la UCR para la enseñanza de la LESCO por parte la Escuela de Orientación y Educación Especial, de la Facultad de Educación, que comprende una serie de proyectos adscritos a la Vicerrectoría de Acción Social de la universidad que apoya la enseñanza de LESCO como un medio para lograr la interculturalidad y la equiparación de oportunidades en los ámbitos del desarrollo personal y social de las personas sordas.
A lo largo de la existencia de PROGRESO se ha generado un grupo importante de personas que le reconocen como un ente sin fines de lucro, que busca concienciar e informar sobre la comunidad sorda, su cultura y la lengua entre la comunidad nacional.
El objetivo de PROGRESO es ser más que un ente que brinda cursos, es generar interés y fomentar la inclusión social. El público meta son personas sordas y oyentes, familiares de personas sordas, personal de instituciones públicas y privadas, mayores de edad, que deseen aprender la lengua de señas costarricense.
Hoy en día es más frecuente encontrar en diferentes actividades a intérpretes de Lesco que trabajan para fortalecer el derecho a de la personas sordas a la comunicación y a la información en toda clase de espacios y situaciones. Foto, Luis Alvarado Castro. UCR.
Se ofrecen cursos en los 6 niveles actuales de la lengua, volviendo paulatinamente a la presencialidad, aunque alcanzando a personas de todo el territorio, a través de las ofertas virtuales. Por medio del Programa de formación de intérpretes en la Lengua de Señas Costarricense, se preparan personas que puedan fungir como intérpretes de la comunidad sorda y oyente en los diversos entornos en los que se desenvuelven.
El equipo de trabajo se conforma por: Eugenia Córdoba, coordinadora del ED-693 Capacitación de la Lesco, Eugenia García, coordinadora del ED-3305 Capacitación de la Lesco para instituciones públicas, Laura Matamoros e Ignacio Álvarez, a cargo del ED-3595 Formación de Intérpretes en la lengua de señas costarricense. Se cuenta también con más de una decena de personas instructoras de LESCO certificadas por CRUSA y la UCR.
Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay más de 72 millones de personas sordas que se comunican en Lengua de señas, formando una diversidad de más de 300 lenguas de señas distintas alrededor del mundo.
