German Masís

Un grupo de 66 personas integrado por especialistas en economía y políticas públicas, pidieron el jueves anterior al presidente de la República, Carlos Alvarado, reconsiderar el acuerdo al que llegó el Gobierno con los arroceros.

Una primera percepción del comunicado de los especialistas, es que se utilizan argumentos de liberalización y eficiencia económica similares a los que utilizaban en el lejano 1986 las autoridades del Gobierno de aquel momento, para exponer sus razonamientos acerca del imperativo de eliminar los precios subsidiados de los granos, restringir la participación del Estado y recomendar a los productores reconvertirse hacia cultivos no tradicionales de exportación.

Al final las políticas de cambio se impusieron, porque era más barato importar el maíz y más de 40 mil productores de la zona Atlántica dejaron de producirlo, incursionaron sin apoyo primero en cacao y después en raíces y tubérculos y finalmente se constituyeron en mano de obra de las empresas piñeras, que hoy ocupan las tierras antes dedicadas a la producción de maíz.

Pese a que la petición indicada está referida plenamente a la actividad arrocera, el documento no profundiza en la evolución de la producción nacional de arroz y sobre cuáles son las razones para que en la actualidad ésta actividad esté dominada por los consorcios arroceros quienes reciben los mayores beneficios y que en la fase de producción permanezcan los pequeños productores de recursos limitados que obtienen una baja productividad.

Al respecto es bueno mencionar que la estructura productiva de la actividad arrocera se modificó en las últimas décadas, en buena medida como resultado de las políticas establecidas en las décadas de los 80 y 90 dirigidas a desestimular la producción de granos, desmantelar el esquema estatal de apoyo a esa actividad y eliminar las licencias de importación.

Como resultado de esas políticas, los productores han venido desapareciendo progresivamente, sobre todo los medianos y grandes productores que se han trasladado a actividades más rentables como la producción de caña, melón y sandía, permaneciendo un grupo de alrededor de 500 pequeños productores que han decidido permanecer en la producción de arroz por su compromiso con la producción alimentaria del país.

Otros actores en la actividad han sido las empresas agro-industrializadoras del arroz, que con la salida de las plantas procesadoras de granos del CNP, asumieron plenamente el procesamiento del grano que es la fase que más valor genera, se han retirado de la fase de producción y han tendido a concentrar en unas pocas empresas el proceso agroindustrial de acopio, la transformación y distribución del producto terminado con diversas marcas y calidades.  De más de 12 empresas arroceras que había en la década de los 90, por la tendencia del capital hacia la concentración de las actividades, el negocio arrocero se encuentra hoy en manos de 3 o 4 consorcios agroindustriales(arroceras).

Mientras el otro gran actor de la actividad arrocera, son las empresas importadoras surgidas en la década de los 90, que por lo general importan alrededor de un 60% del arroz a precios más bajos al producido a nivel local y lo hacen según las restricciones del abastecimiento nacional, pero sabemos cuánto influyen las importaciones baratas en los precios finales al consumidor?

Finalmente, surge el actor adicional en la actividad, la Corporación Arrocera Nacional, surgido en la década de los 90 con el propósito de apoyar a los productores nacionales, regular la relación con las arroceras y con los importadores del producto.  CONARROZ ha debido cumplir su labor de apoyo a los productores, en medio del proceso de concentración de la actividad arrocera en grandes procesadoras e importadores, pero se podrían haber mantenido los productores agrícolas de arroz pilado, si ésta no organización no hubiera existido?, seguramente que no, pero ese fue el espíritu de la ley de creación de la corporación apoyar al productor nacional.

En esa perspectiva se ubica el acuerdo a que llegaron recientemente las Autoridades gubernamentales y los diferentes actores de la actividad arrocera, cuyos aspectos específicos son los siguientes:

1.mantener el mecanismo de regulación del precio porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, un precio del arroz relativamente estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que el productor pueda continuar en la actividad, ya que de efectuarse la liberalización del precio se desmantelaría la estructura productiva existente.

3.mantener la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo y las importaciones necesarias.

4.mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, es esencial para mantener la producción nacional, muchos países tienen aranceles para proteger su producción más sensible y estratégica (como Estados Unidos con su millonario programa de subsidios Farm Bill y China con su programa de protección de la producción de arroz).

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera. (Alterdescr.com, agosto-2020)

Un aspecto adicional al acuerdo, es que se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio del arroz que ocurrirá en 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

No obstante, según el mencionado documento, todos los elementos señalados son prácticas anticompetitivas, por lo que proponen “eliminar la fijación de precios mínimos y el arancel a las importaciones y abrir el mercado arrocero” (CrHoy.com,11-9-2020), con lo que consecuentemente deben desaparecer CONARROZ, los productores y presuntamente las arroceras, quienes si podrían trasladarse a otra actividad.

Frente a la perspectiva de liberalización, sabemos que los mercados agrícolas en el mundo, no son abiertos y de libre competencia, son fundamentalmente de excedentes y en ellos operan una serie de mediaciones comerciales, políticas y hasta culturales, que definen el mercado de productos agroalimentarios y también conocemos los riesgos de la dependencia de las importaciones, debido a la volatilidad de los precios agrícolas como ocurrió durante la crisis alimentaria del 2007-8.

Al respecto, el Ministro de Agricultura ha manifestado que “aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

«Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país…, sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió.(ElPaís.cr,12-9-2020)

Entre los elementos que sustentan la petición de los especialistas, se encuentra la recomendación del informe de la OCDE, que dice que “el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre este argumento, es oportuno valorar que una pretendida liberalización del precio no garantizaría que la población de menores recursos pueda acceder a las presentaciones de arroz de mayor precio y que el arroz de consumo popular (calidad 70-30) es el que se incluye regularmente en la canasta básica alimentaria al igual que el que se utiliza en los comedores escolares.

De ahí que, coincidimos con la posición de CONARROZ que “la regulación del precio ha sido beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable”.

Otro aspecto presente en el comunicado es el que afirma que “no se justifica atrasar las reformas al sectorporque con ello ganan losoligopolios grandes”, pero ¿existe una real preocupación sobre el papel de las grandes empresas agroindustriales e importadoras?

La presencia y predominio de éstas parece consustancial al desarrollo del capital en las actividades agrícolas, así en actividades como la producción y comercio de frijol prevalecen 4 o 5 empacadoras grandes que controlan la producción, las importaciones y definen el precio de todas las presentaciones del producto final que llega a los consumidores.

Este poder concentrador y oligopólico de unas pocas empresas, se manifiesta hasta en el comercio interno de frutas y hortalizas, pues se ha mencionado que el CENADA es manejado por unos pocos grandes comerciantes que controlan el comercio y el precio de los diferentes productos.

Al respecto el diputado Welmer Ramos ha dicho que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos “tagarotes”, y que la diferencia con actividades como leche, café o caña de azúcar, es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización y una entidad que garantiza la participación justa de todos los actores. (alterdescr.com, agosto 2020)

Finalmente, el otro elemento mencionado en el documento es que “para apoyar a los pequeños y medianos productores, es necesario transformar los programas establecidos en un programa de reconversión agrícola, que incluya la posibilidad de ser más eficientes en arroz o de moverse a otras actividades”. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre un posible programa de reconversión agrícola, el Ministro de Agricultura respondió “que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas”.

Además, es oportuno mencionar que en los años 2009 y 2010, las unidades de producción arrocera lograron mejorar su productividad como resultado del apoyo del Plan Nacional de Alimentos, que impulsó el Gobierno Arias Sánchez debido al aumento de los precios y el desabastecimiento mundial de alimentos.   En esa ocasión los productores de arroz y frijol lograron elevar sus rendimientos mediante la incorporación de semillas mejoradas, insumos y tecnología apropiada y prácticas postcosecha, como lo pretende efectuar ahora CONARROZ con este acuerdo.

Adicionalmente el documento agrega que “es probable que sea necesario subsidiar de manera temporala algunos productores de bajos ingresos. Debería ser un programa de asistencia social, para el cual existen los recursos”.   Contrariamente desde hace muchos años, se ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones y no de la política social, como parte de la población pobre excluida de la actividad productiva.

En ese sentido el Ministro de Agricultura ha expresado que “nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está” y añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano. (ElPaís.cr, 12-9-2020)

El desarrollo de actividad arrocera, no responde nada más al factor precio, la participación de los pequeños productores y de las organizaciones que los apoyan también importan, así como la producción nacional y la soberanía alimentaria.  El Estado ha venido apoyando la actividad con semillas mejoradas, riego y sistemas productivas más sostenibles para que la producción nacional de arroz, las semillas mejoradas de arroz y el sistema productivo se mantenga y no desaparezca. 

El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”.

En las circunstancias actuales de pandemia, es fundamental apoyar la producción nacional de alimentos y evitar que los productores desaparezcan, queden desempleados, pierdan sus recursos y pasen a formar parte de la población en pobreza y desigualdad.

Foto de Fondo creado por lifeforstock – www.freepik.es